nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Temuco Temuco, treinta de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparece Óscar Andrés Fielbaum Villegas, abogado y Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en beneficio de don nombre reservado, pasaporte N° RUT reservado, de nacionalidad haitiana, con domicilio en domicilio reservado, Región de La Araucanía, quien interpone recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, R.U.T. n° RUT reservado, representado legalmente por don nombre reservado, R.U.N. n° RUT reservado o quien haga las veces de tal, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por infringir las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 2, 9 inc. final, 16 y 24, del art. 19 de nuestra Carta Fundamental, en atención a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:

El recurrente de autos, don nombre reservado realizó una Solicitud de Nacionalización en Chile, a través de la plataforma informática de la recurrida Servicio Nacional de Migraciones (anterior e indistintamente Departamento de Extranjería y Migración), del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, presentando todos los documentos solicitados para dicho trámite y cumpliendo con todos los plazos establecidos, lo que consta del correspondiente Comprobante de envío de solicitud de Nacionalización, n° 69212004, realizada con fecha 20.01.2024.

2. Sin perjuicio de lo anterior -y hasta el día de hoy-, la recurrente aún no ha obtenido resultado alguno sobre su solicitud de nacionalización en nuestro país. Esta circunstancia ha generado graves problemas y serias vulneraciones a derechos humanos protegidos por el presente recurso, y que se señalan a continuación.

La demora probada de ya 11 meses en la tramitación de la solicitud de nacionalización de don nombre reservado constituye una ilegalidad, por exceder el plazo de seis meses que fija el art. 27 de la Ley n° 19.880: Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, para resolver las solicitudes de los administrados.

EL DERECHO 1. Derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona (art. 19, n° 1 de la Constitución Política de la República)

La situación señalada que vive en la actualidad la recurrente le mantiene en un estado de permanente angustia y desesperación, ocasionando de esa forma un gran detrimento en su integridad psíquica, ya que la actual falta de pronunciamiento sobre su solicitud de nacionalización, por parte de la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, no le permite efectivamente ejercer en el país ninguno de los legítimos derechos que se encuentran consagrados en la Constitución Política de la República y tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, como se detallará más adelante en el presente libelo.

2. Igualdad ante la ley (art. 19, n° 2 C.P.R.)

La carta magna dispone que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

Se ha demostrado en el presente recurso el trato totalmente arbitrario y discriminatorio del Servicio Nacional de Migraciones -en definitiva, del Estado de Chile-, hacia un ciudadano haitiano que, cumpliendo con cada uno de los requisitos exigidos por la legislación nacional, no ha visto aún resuelta en ya 11 meses la solicitud de nacionalización que le permita ejercer cada uno de los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a los residentes de la nación. Peor aún, la citada autoridad se muestra indiferente frente a las reiteradas consultas y reclamos recibidos otorgando sólo respuestas evasivas y erróneas sin solucionar el problema de fondo.

Lo anterior, insistimos, ha ocasionado de esa forma un gran detrimento en la integridad psíquica de nuestra representada, sin perjuicio de recalcar que la actual falta de pronunciamiento sobre su solicitud de nacionalización, por parte de la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, demuestra claramente que el Estado de Chile le ha discriminado arbitrariamente, sin una justificación que permita explicar la evidente negligencia.

Sobre las ventajas de tramitar la nacionalidad chilena.

Las personas que tramitan la obtención de la ciudadanía chilena acceden a un conjunto de beneficios, producto de adquirir plenos derechos ante las leyes y normativas vigentes. Del mismo modo, contar con un pasaporte chileno permite a sus portadores la apertura de muchas puertas (expectativa con la que nuestra representada cuenta absolutamente).

Por una parte, las personas que adquieren la nacionalidad chilena no pierden la ciudadanía de su país de origen. Esto significa que Chile reconoce la doble nacionalidad, lo que es bastante positivo para quienes desean o necesitan conservar su ciudadanía original. Más allá de esto, es importante saber que las ventajas de tramitar la nacionalidad chilena se traducen en los siguientes aspectos:

- Mejora la empleabilidad del interesado, ya que el hecho de ser ciudadano chileno aumenta su valoración para optar por puestos gerenciales en el sector público y privado.

- Se puede postular a cargos de elección popular.

- El procedimiento para realizar trámites es más sencillo.

- Ya no es necesario renovar visados o documentación de residencia.

- Es posible abrir una empresa con menos papeleo.

Además, el pasaporte chileno permite ingresar sin necesidad de visa a 174 países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido y los integrantes de la Unión Europea. Sin ir más lejos, este documento ocupa el puesto 14 en la lista de pasaportes más ventajosos del mundo.

La consecución de todos los beneficios señalados anteriormente se está viendo injustamente suspendida para nuestro recurrente, a causa de la demora injustificada en la que actualmente incurre la autoridad administrativa recurrida, a la hora de tramitar la correspondiente solicitud de nacionalización que ha sido ingresada.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en favor del recurrente, don nombre reservado, ya debidamente individualizado, disponiendo que la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, R.U.T. n° RUT reservado, representado legalmente por don nombre reservado, R.U.N. n° RUT reservado o quien haga las veces de tal, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, resuelva la solicitud de nacionalización de la recurrente de autos, ya debidamente individualizada, dentro de un plazo razonable, que no exceda de 30 días hábiles, de conformidad con los principios impuestos por su reglamentación en los artículos 37 de la Ley n° 21.325 y 46 de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo n° 296, de 2022. Lo anterior, con el evidente objetivo de poder sacar al recurrente-solicitante de la incertidumbre en que actualmente se encuentra, a causa de la falta de pronunciamiento por parte del Servicio Nacional de Migraciones.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

Comprobante de envío de solicitud de Nacionalización de don nombre reservado, emitida por el Servicio Nacional de Migraciones, con fecha 20.01.2024.

A folio 5, informa nombre reservado, por la Dirección Regional de la Araucanía del Servicio Nacional de Migraciones, quien dice:

Que en virtud de este acto, vengo en evacuar el informe requerido en la presente acción constitucional de Protección, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes de la misma, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1. Que, el extranjero nombre reservado, de nacionalidad haitiana, ingreso a nuestro país con fecha 17.02.2018, por el aeropuerto Arturo merino Benítez.

2. Que con fecha 09.03.2018, solicito visa por primera vez, la cual se otorgo mediante Resolución Exenta N°1325, de fecha 17.07.2018.

3. El recurrente solicito permanencia definitiva por primera vez con fecha 13.11.2019, la cual no se otorgo y se otorgo visa por un año.

4. Posteriormente solicito nuevamente Permanencia Definitiva con fecha 16.06.2021, la cual fue otorgada mediante Resolución Exenta N°23420443, de fecha 23.06.2023, la cual se encuentra vigente a la fecha por lo que el extranjero se encuentra residiendo de forma regular en nuestro país.

5. El recurrente remitió 20.01.2024, ante el Servicio Nacional de Migraciones solicitud de carta de nacionalización, a través de la plataforma SIMPLE, bajo el número ID 69212004.

6. Que es la subsecretaria del interior quien debe pronunciarse respecto de la solicitud y no el Servicio nacional de Migraciones.

7. Que su solicitud se encuentra actualmente en etapa de “primer análisis” según consta en la fotocaptura, proceso que se esta conociendo por la Subsecretaria del Interior:

8. Cabe informar que la competencia del Servicio Nacional de Migraciones cesa al enviar los antecedentes al Ministerio del Interior, conforme el art. 157 N° 8 de la Ley N° 21.325, sugiriéndole a la autoridad ya señalada la aprobación o el rechazo de la solicitud.

9. Finalmente, en la tramitación de una solicitud de Carta de Nacionalización y su otorgamiento, intervienen distintos Organismos Públicos, a saber, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, por lo que su otorgamiento escapa a las facultades de este Servicio, cumpliendo cada uno de los organismos señalados una determinada función, siendo finalmente el Ministro del Interior quien otorga o no la nacionalidad chilena, por delegación de facultades del Presidente de la República.

II. ANTECEDENTES DE DERECHO.

SITUACIÓN MIGRATORIA DEL EXTRANJERO.

Como bien se ha expuesto, el recurrente cuenta con un permiso de residencia definitiva actualmente vigente.

La residencia definitiva se encuentra regulada en el artículo 78 de dicho cuerpo normativo, en el siguiente tenor:

Artículo 78.- Definición. Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

Como consecuencia de lo anterior, el recurrente ostenta la calidad de extranjero residente en nuestro país, en los términos del artículo 1 N° 17 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

17. Residente: Extranjero beneficiario de un permiso de residencia temporal, oficial o definitiva.

Así, la situación de pendencia de la solicitud del recurrente no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de sus derechos o el desenvolvimiento natural del extranjero en el territorio nacional.

2. EN CUANTO A LA CONCESIÓN DE LA CARTA DE NACIONALIZACIÓN La carta nacionalización es, por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia.

En primer lugar, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política de la República de Chile, según lo siguiente:

“Artículo 10: Son chilenos:

1. Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar a la nacionalidad chilena;

2. Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1°, 3° o 4°;

3. Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, y 4. Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.”

En segundo lugar, en cuanto a la autoridad y sus atribuciones legales para dictar resolución sobre una solicitud de nacionalización, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior.” Que la delegación para ser firmado por el ministro del Interior y Seguridad Pública,y en consecuencia la facultad de refrendar los Decretos de nacionalización, se encuentra consagrada en el artículo 1°, Título IV, N°4, de la Ley 16.436 de 1966, la que señala que: “Las materias que a continuación se indican, podrán ser objeto de decretos o resoluciones expedidos por las autoridades que se señalan, con la sola firma del respectivo funcionario:

IV.- MATERIAS CORRESPONDIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR: Ministro.

4°- Otorgamiento o denegación de cartas de nacionalización.”

En cuanto a las causales y requisitos legales para dictar resolución sobre una solicitud de nacionalización, los requisitos legales para solicitar dicha carta se encuentran consagrados en el artículo 2 del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, que señala los requisitos mínimos que los migrantes deben cumplir para presentar dicha solicitud ante la autoridad competente, agregando la forma y requisitos que la petición de nacionalización debe cumplir al ser presentada, lo que se encuentra contemplado en los artículos 4° y 5° del D.S. N°5.142 de 1960, ya señalado. Asimismo, el artículo 3° del mismo cuerpo legal señala los casos en los que no se podrá obtener esta gracia.

La nacionalización, es por su naturaleza jurídica, unaconcesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimientode los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia.

Cabe tener presente que la legislación se refiere a la carta de nacionalización como a una gracia. La Real Academia de la Lengua define gracia, en su tercera acepción, como un: “Don o favor que se hace sin merecimiento particular; concesión gratuita.”(Diccionario de la Real Academia española, Edición tricentenario, actualización del año 2018, versión digital, pagina web: www. https://dle.rae.es/?id=JOCFpLb.)

Que, en consecuencia, se trata de un privilegio o dispensa concedida por la autoridad competente.

La solicitud de nacionalización se encuentra consagrada en el artículo 10 N°3 de la Constitución Política de la República, que señala que “Son chilenos: 3. Los extranjeros que obtuvieron la carta de nacionalización en conformidad a la Ley. (…)” Y agrega en el inciso final del mismo artículo, que: “La Ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad Chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas denacionalización, y la formación de un registro de todos estos actos.”

Lo expresado anteriormente, hace referencia al Decreto N°5.142 de fecha 29 de octubre de 1960, del Ministerio del Interior, el que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, que contempla en su artículo 2° los requisitos que deben ser cumplidos por los solicitantes para obtener la carta de nacionalización. Dicha norma señala que: “Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad, que tengan más de cinco años de residencia en el territorio de la República y que sean titulares del permiso de permanencia definitiva. (…)” agrega que la solicitud “(…) Estará dirigida al Presidente de la República, en un formulario que se proporcionará por la autoridad correspondiente, sin costo alguno para el extranjero. Se presentará con posterioridad a la calificación favorable que la autoridad haga de la solicitud de nacionalización.” Y finaliza el mismo artículo señalando que “(…) Corresponderá al Ministro del Interior calificar, atendidas las circunstancias (…)”.

Uno de los trámites esenciales del procedimiento asociado a la concesión de la carta de nacionalización es la elaboración de un informe por parte de la Policía de Investigaciones, el cual debe contener la información indicada en el artículo 5 del Decreto 5142. Para elaborar su informe la Policía de Investigaciones debe citar al solicitante de carta de nacionalización a una entrevista presencial en sus dependencias y, recabada la información el organismo policial deberá remitir el informe a esta autoridad en un plazo de 15 días, en virtud del artículo 6 de dicho Decreto.

Artículo 5.o El Intendente o Gobernador remitirá la solicitud a la Unidad de Investigaciones de su jurisdicción o, a falta de ésta, a la de Carabineros. Inmediatamente de cumplido este trámite, el Intendente o Gobernador deberá dar cuenta de ello al Ministerio del Interior. La respectiva unidad policial enviará directamente la solicitud informada a Investigaciones de Chile, quien remitirá los antecedentes al Ministerio del Interior con los informes respectivos, debidamente ratificados y confirmados por ese Servicio. Las solicitudes presentadas directamente al Ministerio del Interior serán enviadas a Investigaciones de Chile para el informe pertinente. Investigaciones de Chile deberá necesariamente informar sobre los viajes que hubiere realizado el peticionario hacia o desde el territorio nacional, señalando las fechas de sus ingresos y salidas; y además, previa consulta al Gabinete Central de Identificación, sobre la circunstancia de que el solicitante tenga cónyuge o hijos chilenos.

Artículo 6.o Las Unidades de Investigaciones o de Carabineros, e Investigaciones de Chile, deberán evacuar los informes señalados en el artículo anterior de un plazo de quince días. En caso de excederse de tal plazo, las unidades mencionadas deberán dejar constancia en el respectivoinforme de las causas que justifiquen el retraso y, si así no lo hicieren, éste se tendrá como negligencia del Jefe dela Unidad.

En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, teniendo presente que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esta autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

3. EN CUANTO A LA LABOR DEL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES ESTABLECIDO EN LA LEY RESPECTO DE LA TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE CARTA DE NACIONALIZACIÓN Es necesario hacer presente y recalcar que la competencia del Servicio Nacional de Migraciones respecto de las solicitudes de carta de nacionalización solamente se limita a la tramitación de dicha solicitud y no se extiende a la resolución de la misma, en virtud del artículo 157 N° 8 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería:

Artículo 157.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional De Migraciones las siguientes funciones:

8. Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Así, la participación del Servicio Nacional de Migraciones en este tipo de procedimientos termina con la remisión, mediante oficio ordinario, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior.

Todo lo anterior, para que la autoridad competente, el Presidente de la República, resuelva su concesión o rechazo y se emita el acto administrativo final, firmado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.

La remisión del oficio con la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización del recurrente se encuentra pendiente.

4. EN CUANTO AL TIEMPO DE TRAMITACIÓN:

Según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de naturaleza migratoria, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

Esta parte entiende que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, se impone como un plazo “no fatal”, esto es, un plazo referencial y prudencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado, además a su respecto no se ha establecido la sanción de caducidad.

Solicita tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la persona extranjera recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

Acompaña a su presentaciónlos siguientes documentos:

1.Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°795/2024, de fecha 14 de febrero de 2024, otorgada ante la notaría de Temuco, de don nombre reservado.

2. Sentencia causa ROL 5834-2024, de fecha 10 de octubre de 2024, de la corte de apelaciones de Temuco 3.Sentencia causa ROL 5837-2024, de fecha 24 de octubre de 2024, de la corte de apelaciones de Temuco 4. Sentencia causa ROL 5835-2024, de fecha 18 de octubre de 2024, de la corte de apelaciones de Temuco 5.Sentencia causa ROL 5614-2024, de fecha 27 de septiembre de 2024, de la corte de apelaciones de Temuco A folio 10, informa María José Sotomayor Bueno, abogada, en representación, según se acreditará, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien dice:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado 94-2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, vengo en informar sobre la acción de protección de autos, conforme los siguientes antecedentes de hecho y derecho que paso a exponer.

I. ANTECEDENTES.

1° Con fecha 19/12/2024, se interpuso una acción de protección en favor de nombre reservado, en adelante también e indistintamente la parte recurrente, mediante la cual, en síntesis, se alega una omisión ilegal y arbitraria consistente en la no dictación de un acto administrativo terminal que resuelva su solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización.

II. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE AL CASO CONCRETO.

2° En primer lugar, cabe señalar que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior de este Ministerio, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley.

3° Lo anterior, según lo dispuesto en los artículos 84 de la ley N° 21.325; 1° y 2° del decreto supremo N° 5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior;y 1, apartado IV, N° 4, de la ley N° 16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarseque “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados.

4° Por su parte, el artículo 157, N° 8, de la ley N° 21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte de este Ministerio. Ello, en la práctica, implica que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, a fin de revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago-aspecto último que se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto supremo N° 5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, en concordancia con lo establecido en el artículo 178 de la ley N° 21.325-, para luego proponer su resolución a la autoridad superior de este Ministerio, la cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento.

III. SOBRE EL ESTADO DE LA SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE CARTA DE NACIONALIZACIÓN DE AUTOS.

5° Precisado lo anterior, y en relación con el caso de autos, es posible informar a S.S.I. que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parterecurrente se encuentra, actualmente, en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, lo cual, tal como se indicó anteriormente, es una etapa previa a la entrega de los antecedentes a esta Cartera de Estado para su posterior resolución, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

IV. SOBRE LA IMPERTINENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE AUTOS, AL NO EXISTIR MOTIVOS PLAUSIBLES PARA LITIGAR.

6° Sin perjuicio de lo anterior, y habiéndose informado a S.S.I. sobre el fondo del asunto, esta parte considera que la acción de protección de autos no solo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente, por cuanto, en el fondo, no existen motivos plausibles para litigar, según los argumentos que se expondrán a continuación.

IV. Inexistencia de una omisión arbitraria o ilegal.

7° En primer lugar, es necesario señalar que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, lo cual, en ocasiones, significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan. Cabe hacer presente que el referido análisis se encuentra plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar una carta de nacionalización a una persona extranjera.

8° En segundo lugar, cabe recordar que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República.

9° Lo anterior significa que este tipo de solicitudes son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos.

10° En ese contexto, es útil precisar, a modo ejemplar, que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado -en promedio-3.400 solicitudes mensuales de otorgamiento de cartas de nacionalización. Sin embargo, dicha cifra debe contextualizarse en el total de solicitudes relacionadas con nacionalizaciones que, anualmente, se han ingresado en los últimos años: el 2021, se contabilizaron más de 10.000; el 2022, más de 30.000; y el 2023, más de 40.000.

11° De ahí que corresponda desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino dela verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

12° Por lo demás, y en relación con una supuesta ilegalidad relacionada con la no dictación del acto administrativo terminal en comento dentro de un determinado plazo, cabe señalar que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N° 19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, tal como ambos organismos han razonado, en su sentencia ROL N° 115.064-2022 -la cual ha sido respaldada reiteradamente por dicha Excma. Corte, a modo ejemplar, en ROLES N° 252.117-2023, 190.711-2023, 182.755-2023, 147.371-2023y149.658-2023, entre otros-y en sus dictámenes N° 45.312, de 2013; N° 7.626, de 2014; y N° E170.194, de 2021, entre otros, respectivamente.

13° A mayor abundamiento, dicha Excma. Corte, mediante la sentencia ROL N° 115.064-2022, ha concluido que este tipo de procedimientos migratorios son reglados y constan de diversas etapas, por lo que la sola demora en la tramitación de las solicitudes respectivas no permite apreciar alguna vulneración en los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a las personas, ni aún en grado de amenaza, razonamiento que ha sido confirmado recientemente mediante sentencia ROL N° 38.231-2023, de esa Excma. Corte.

14° Por lo mismo, y al no verificarse una omisión ilegal ni arbitraria en el caso concreto, la acción de protección de autos no puede prosperar.

IV.II. Inexistencia de una privación, perturbación o amenaza de garantías o derechos constitucionales.

15° Ahora bien, incluso cuando se pudiese considerar que se está ante una omisión arbitraria o ilegal en el caso concreto, corresponde recordar que las hipótesis normativas de procedencia de la acción de protección se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En ese contexto, es la parte recurrente quienno solodebe probar la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, sino, además, que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías a que se refiere el referido artículo, para efectos de que su acción de protección sea admisible y, eventualmente, acogida.

16° De ahí que sea manifiestamente improcedente que la parte recurrente considere que el solo hecho de que su solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización no se encuentre resuelta es, por sí mismo, una circunstancia que implica una vulneración de derechos fundamentales. Por el contrario, la parte recurrente debe explicar por qué, en este caso, la no dictación del acto administrativo terminal es ilegal o arbitraria, además de señalar expresamente cuál o cuáles derechos o garantías tuteladas se encontrarían privadas, perturbadas o amenazadas por esa circunstancia y la relación de causalidad entre la supuesta omisión antijurídica y el agravio a dichos derechos o garantías, tal como acertadamente razona la Excma. Corte Suprema en el considerando primero de su sentencia ROL 10.494-2023.

17° Por lo mismo, no sería procedente -a modo ejemplar-, que la parte recurrente alegue vulneración de sus garantías constitucionales de integridad psíquica o igualdad ante la ley, sin aportar evidencia suficiente que permita a S.S.I. apreciar que efectivamente se ha afectado su integridad, o cómo esta parte habría actuado de una manera distinta ante uno o más situaciones de hecho similares, todo lo cual, por cierto, no podría entenderse cumplido a través de meras alegaciones genéricas sin respaldo alguno.

18° Además, se debe recordar que el solo hecho de solicitar el otorgamiento de carta de nacionalización significa que la persona extranjera se encuentra en situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes, y con permanencia definitiva vigente en nuestro país, lo que se traduce en que puede ejercer sus derechos sin limitación alguna. De ahí que sea improcedente afirmar que una eventual demora en la tramitación de su solicitud sea lesiva de derechos, razonamiento que ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema en numerosas sentencias, tales como en los ROLES N° 14.784-2024y 149.658-2023, entre otras.

19° Lo anterior es relevante ,toda vez que, por esta vía jurisdiccional, de naturaleza cautelar y de emergencia, no es pertinente declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, como aquellas relacionadas con la resolución de solicitudes migratorias presentadas a la autoridad, por cuanto aquello desnaturaliza la finalidad de la acción de protección. Por ello, si la arbitrariedad o ilegalidad no son manifiestas, o si, en caso de serlo, no implican una privación, perturbación o amenaza ostensible de algún derecho o garantía de aquellas tutelables por esta vía, la acción de protección no puede prosperar.

20° Teniendo ello presente, cabe señalar que la acción de autos no satisface ninguno de los requisitos expuestos precedentemente: la parte recurrente no ha aportado antecedentes suficientes que permitan apreciar que este Ministerio ha incurrido en actos u omisiones manifiestamente arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen ostensiblemente sus derechoso garantías tutelables por esta vía, por lo que la discusión del asunto de autos excede con creces las materias que deben ser conocidas en esta sede, razón por la cual la acción de protección que nos ocupa no puede prosperar.

Potencial vulneración a la garantía de igualdad ante la ley en caso de acogerse acciones como la de la especie.

21° Para finalizar, debe tener presente que, el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud.

22° Lo anterior, además, atenta directamente contra la propia naturaleza de la acción de protección, al no ser el medio idóneo para obtener la aceleración en la tramitación de este tipo de procedimientos-razonamiento que, asimismo, ha sido respaldado por la Excma. Corte Suprema, a modo ejemplar, en sentencias ROLES N° 32.598-2022 y 38.220-2023, entre otras-.

23° Por lo demás, cabe recordar que no procede instrumentalizar un requerimiento de otorgamiento de carta de nacionalización mediante una acción de protección, al corresponder su otorgamiento única y exclusivamente al Presidente de la República, por medio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, razonamiento que, asimismo, ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema, en sentencias ROLES N° 32.598-2022 y 52.030-2023, entre otras. Esto, por cuanto el otorgamiento de cartas de nacionalización es, por su naturaleza jurídica, una concesión que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, y siempre que la autoridad facultada para ello así lo estime pertinente, toda vez que el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, indica los requisitos mínimos para solicitar la carta de nacionalización, así como el procedimiento que debe seguirse para resolver dicha solicitud, pero no contiene artículo alguno que altere la naturaleza de concesión potencial de su otorgamiento, siendo entonces evidente que se trata de una facultad y no de una obligación, debiendo, en todo caso, respetarse los impedimentos establecidos en el artículo 86 de la ley N° 21.325.

24° Así las cosas, queda de manifiesto que con la interposición de estas acciones solo se desvirtúa este remedio constitucional, distrayéndose indebidamente a la judicatura y al personal de la Administración del Estado que debe abocarse al conocimiento e información de causas como la de la especie.

25° Por todo lo anterior; a juicio de esta parte, corresponde que la parte recurrente sea condenada en costas, al no poseer motivos plausibles para litigar.

Solicita tener por evacuado el informe requerido al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, resolviendo el rechazo de la acción de protección de autos por las razones aquí expuestas, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación constitucional como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, así, en estos autos se ha interpuesto recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el excesivo tiempo que ha tardado el recurrido en resolver la solicitud de carta de nacionalización, presentada con fecha 20 de enero de 2024, por parte del recurrente, lo cual vulnera la garantía fundamental contemplada en el N°1 y Nº 2 del artículo 19 del Constitución Política de la República, al transgredir además los artículos 7, 23, 24 y 27 de la Ley N° 19.880.

TERCERO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, que regula la actividad de la Administración, estableciendo reglas básicas que se deben aplicar de forma imperativa.

Al respecto cabe subrayar que los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la Administración, deben ser respetados en el procedimiento administrativo, y al respecto cabe reseñar que el artículo 4º de la citada ley establece cuáles son tales principios, entre los que se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad.

A mayor abundamiento, el inciso segundo del artículo 3º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que, entre otros principios, la Administración del Estado debe observar el de impulsión de oficio del procedimiento. A continuación, su artículo 8º indica que los órganos de la Administración del Estado deben actuar “por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte cuando la ley lo exija expresamente o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites. Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos.”.

En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 19.880, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8 de esa misma ley, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

CUARTO: Que, del mérito de lo informado por la parte recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión de la solicitud de carta de nacionalización presentada el 20 de enero de 2024, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.

QUINTO: Que, no correspondiendo a esta Corte determinar si procede o no otorgar la petición de las recurrentes, desde que no existe un acto administrativo que adopte una decisión sobre el particular, es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado al recurrido, en tanto han transcurrido más de seis meses desde la presentación de la solicitud, manteniendo al afectado en la incertidumbre, pese a la obligación legal que tiene de pronunciarse y aun cuando el estado de los antecedentes le permite hacerlo.

Lo expuesto es relevante, toda vez que sólo a través de la expedición del acto administrativo respectivo surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional del mismo, revisión que, como se ha señalado, no puede llevarse a cabo en autos debido a la ilegalidad en que ha incurrido el recurrido.

SEXTO: Que la omisión en que incurrió la administración no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del actor en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

Por lo anterior y de conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA con el sólo objeto que la citada autoridad emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de carta de nacionalización, presentadas ante ella por la recurrente, requerida la información que estime necesaria, dentro del plazo de noventa días contados desde que quede ejecutoriada la presente sentencia.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

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