nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

C.A. de Temuco Temuco, doce de abril de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece don Manuel Bulnes Ossa, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, viuda, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, organismo que a través de su Director Nacional, don Fernando Barraza Luengo, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien mediante un acto arbitrario e ilegal (oficio ordinario número 31 de fecha cuatro de enero de 2022), ha amenazado, perturbado o afectado, el legítimo derecho de la Recurrente de la igualdad ante la ley, asegurado a todas las personas por el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, pidiendo que sean tomadas las siguientes medidas imprescindibles para restaurar el imperio del derecho: (i) se deje sin efecto el oficio ordinario número 31 de fecha cuatro de enero de 2022; (ii) se declare que doña nombre reservado adquirió el 50% de los derechos de los inmuebles inscritos a fojas 4126 vuelta, número 4776 del Registro de Propiedad a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Temuco correspondiente al año 1993 y a fojas 4127 vuelta, número 4777 del Registro de Propiedad a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Temuco correspondiente al año 1993; todo con costas.

Funda el recurso en que doña nombre reservado es una mujer de 87 años, quien vive hace 60 años en la comuna y ciudad de Temuco, Novena Región de la Araucanía. Estuvo casada bajo régimen de sociedad conyugal con don nombre reservado, matrimonio que se terminó por la muerte de este último, acaecida con fecha 13 de abril de 2005. Durante la vigencia del matrimonio, los cónyuges adquirieron a título oneroso dos campos ubicados en la comuna de Freire, Región de la Araucanía, y que fueron inscritos a fojas 4126 vuelta, número 4776 del Registro de Propiedad a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Temuco correspondiente al año 1993, y a fojas 4127 vuelta, número 4777 del Registro de Propiedad a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Temuco correspondiente al año 1993. Al fallecer don nombre reservado se produce el término del matrimonio, procediéndose a disolver la sociedad conyugal. En consecuencia, doña nombre reservado quedó dueña del 50% de los derechos del inmueble que le correspondían por liquidación de la sociedad conyugal. Respecto del restante 50%, de propiedad del causante, procedió a transmitirle a sus herederos, por lo que se procedió a practicarse la inscripción especial de herencia a fojas 1596, número 1535 de Registro de Propiedad del Segundo Conservador de Bienes Raíces de Temuco correspondiente al año 2016, y a fojas 1595, número 1534 de Registro de Propiedad del Segundo Conservador de Bienes Raíces de Temuco correspondiente al año 2016.

Afirma que por medio de escritura pública de fecha 10 de septiembre de 2021, la recurrente, junto con los demás comuneros de los predios ya mencionados, procedió a la venta del 100% de los derechos a la empresa FP Inmobiliaria SpA, por un precio total de $1.700.000.000, refiriendo que con fecha cuatro de enero del presente, el Servicio de Impuestos Internos publicó un ordinario firmado por el Director Nacional don Fernando Barraza Luengo, por el cual determinó que respecto de los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal el cónyuge sobreviviente se hace dueño de los mismos al disolverse la sociedad conyugal por el fallecimiento de uno de ellos. Luego, al fallecer uno de los cónyuges con posterioridad al 1 de enero de 2004, debe entenderse que la fecha de adquisición de los derechos sobre los inmuebles por el cónyuge sobreviviente es con posterioridad a dicha fecha , debiendo, en consecuencia, tributar el mayor valor obtenido en la enajenación conforme lo dispone la letra b) de número 8 del artículo 17 de la Ley de Impuesto a la Renta, dando cuenta que hasta antes de la reforma tributaria introducida por la ley 20.780, no habiendo habitualidad, y tratándose de contribuyentes de primera categoría que determinen su renta según contabilidad completa, el mayor valor obtenido en la enajenación de bienes raíces (delta entre el precio de compra y el precio de venta) no pagaba impuestos, ejemplificando la figura legal.

Señala que el momento en que se entienda adquirido el bien raíz es sumamente importante, toda vez que, si la fecha es antes del primero de enero del año 2004, cumpliendo los requisitos legales, entonces el delta no tributa. Por el contrario, si la adquisición se produce desde el primero de enero del año 2004, entonces se tributa por el exceso de las 8.000 Unidades de Fomento. Pues bien, señala que el oficio justamente entiende que, tratándose de un matrimonio terminado por muerte del marido sucedida desde el primero de enero del 2004 en adelante, los derechos que le correspondía a la cónyuge sobreviviente (50%) por la disolución y liquidación de la sociedad conyugal se entienden adquiridos con posterioridad al primero de enero del año 2004, debiendo en consecuencia tributar por el mayor valor por el exceso de las 8.000 UF. En el caso de la recurrente, los predios fueron adquiridos el año 1993, mientras estaba casada bajo régimen de sociedad conyugal. Ella tuvo con su marido cuatro hijos. Por tal, la recurrente tendría el 50% de los derechos sobre el inmueble por derecho propio al haberlo adquirido la sociedad conyugal habida con su marido, más el 2/6 del 50% restante, a título de herencia, que corresponde a un 16,66%. Entonces el porcentaje total que tendría derecho doña nombre reservado sería de un 66,66%. Pues bien, señala que de seguir el oficio del Servicio de Impuestos Internos que considera que por el 50% de sus derechos que le corresponden como cónyuge sobreviviente al disolverse la sociedad conyugal con posterioridad al 1o de enero de 2004 (que es obligatorio para los funcionarios del mencionado servicio), el impuesto a la renta que la recurrente tendría que pagar ascendería aproximadamente a 1.562 Unidades de Fomento, solo si considera que ella tributa un 10% de la ganancia de capital en la venta de su parte alícuota del referido 50% de sus derechos en la sociedad conyugal habida con su marido.

Refiere que el mencionado oficio es ilegal, arbitrario, y produce una diferenciación arbitraria atendiendo al régimen patrimonial de bienes y por género. Es ilegal en tanto confunde la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal con un patrimonio y persona jurídica distinta de los cónyuges entre sí. En tal sentido, los bienes deben entenderse adquirido por los cónyuges el año de adquisición del bien por parte de la sociedad, con independencia de la fecha de fallecimiento del marido. Es arbitrario porque, tratándose de un bien adquirido por un matrimonio, no hay ningún fundamento racional para sostener que, al fallecer un cónyuge, el otro lo adquiere con posterioridad a la fecha del fallecimiento. Añade que establece diferencia arbitraria entre los que se encuentran casados en sociedad conyugal con aquellos que se casaren bajo régimen de separación de bienes. En efecto, si la recurrente se hubiese casado bajo separación de bienes, la fecha de adquisición de su 50% habría sido el año 1993, por lo que el mayor valor en la venta no estaría afecto a impuestos. La sola circunstancia de estar casados balo un régimen u otro no es justificación racional suficiente para justificar que en un caso se pague impuestos y en el otro no. Produce una diferencia arbitraria por género en tanto si hubiese fallecido la mujer y no el marido, éste no pagaría impuestos toda vez que la fecha de adquisición de su porcentaje siempre será la inscripción original, la que permanecerá vigente. Destacar que la injusticia se producirá en el caso de todas las mujeres casadas bajo régimen de sociedad conyugal con respecto al mayor valor en la enajenación de toda clase de inmuebles adquiridos a título oneroso antes del primero de enero del 2004.

En cuanto al derecho, dando cuenta de la procedencia del recurso, refiere que el acto ilegal contraviene las normas de la sociedad conyugal establecidas a partir del artículo 1749 del Código Civil. En efecto, para el Servicio de Impuestos Internos en el acto impugnado la sociedad conyugal es tratada como si se tratara de una persona jurídica distinta a los cónyuges y con patrimonio propio. Esto explica que el Servicio de Impuestos Internos citara a oficios que tratan derechos adquiridos por el cónyuge sobreviviente por herencia de su marido. En el último caso, efectivamente se termina la sociedad conyugal por fallecimiento de uno de los cónyuges, produciéndose en ese minuto una comunidad entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido. Por tal, cree que los derechos que fueron transmitidos se entiendan adquiridos desde que se formó la comunidad. Pero, por el contrario, tratándose de los derechos propios, es decir, del 50% del cónyuge que por derecho le correspondía, evidentemente que la situación es distinta. Destaca que, tratándose de la sociedad conyugal, y aunque su nombre lo indique, no se trata de una sociedad propiamente tal, sino que es un régimen de administración que los cónyuges tienen respecto de los bienes comunes. En virtud de lo anterior, lo que corresponde es entender que la sociedad conyugal, al igual que todos los otros regímenes patrimoniales en un matrimonio, corresponde a una forma especial de administración de una comunidad. Cuando hablamos de comunidad no estamos haciendo referencia al cuasicontrato de comunidad, sino más bien a una comunidad sui géneris, propia, que es aquella que se forma entre los cónyuges, y que es administrada de acuerdo con el régimen especial de administración de que se trate. En consecuencia, los bienes adquiridos por los cónyuges a título oneroso se deben entender haberse adquiridos en la fecha en que la sociedad conyugal se hizo de ellos. De esta forma, el oficio recurrido es ilegal en tanto desnaturaliza la sociedad conyugal, haciéndola símil a una persona jurídica, con patrimonio propio, y distinto al de los cónyuges, agregando que no existe razón para sostener que, tratándose de bienes adquiridos por un matrimonio, un cónyuge adquiere los derechos de dominio recién al fallecimiento del otro cónyuge.

Afirma que lo anterior afecta el derecho contenido en el artículo 19 número 2, haciendo referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, afirmando que el oficio no sólo produce una diferencia arbitraria basada en el régimen patrimonial de bienes, sino que también existe una diferenciación por género hombre-mujer, que a todas luces es repudiable, ya que de acuerdo con el oficio impugnado, los derechos que le correspondían por la disolución de la sociedad conyugal se entenderán adquiridos al momento de la muerte. Entonces, con independencia de cuando se adquirió el inmueble por el matrimonio, lo cierto es que, falleciendo el marido en el año 2005, se entenderá que la cónyuge lo adquirió a partir de este año, por lo que el mayor valor debe pagar impuestos, produciendo la repudiable diferencia por la cual si fallece primero el marido la mujer paga impuestos, pero si fallece primero la mujer, el marido no paga impuestos.

Por todo lo anterior, solicita tener por interpuesto recurso de protección dentro de plazo en contra del Servicio de Impuestos Internos, acogerlo a tramitación, ordenado el informe de estilo del recurrido, y, en definitiva, acogerlo, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, a saber: (i) Que se deje sin efecto el oficio ordinario número 31 de fecha cuatro de enero de 2022, ya que de lo contrario los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos deberán fiscalizar en caso de que no se declare la renta por el mayor valor obtenida en la venta de los Predios; y (ii) Que se declare que, tratándose del cónyuge sobreviviente, siempre se entenderá que la fecha de adquisición por parte de un cónyuge sobreviviente, únicamente en lo que se refiere a su 50% de los derechos que adquiere como consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal, será la fecha en que el bien fue adquirido por el matrimonio administrado bajo régimen de sociedad conyugal. Lo anterior elimina la diferenciación por régimen patrimonial de bienes, como también la diferenciación por género sexual.

Acompaña 1) Oficio ordinario número 31 de fecha cuatro de enero de 2022. 2) Compraventa de inmueble celebrada por escritura pública de fecha 10 de septiembre de 2021, en la Notaría de Temuco de doña nombre reservado, Repertorio N°9992 3) Copia de inscripción de dominio a nombre del comprador de los inmuebles de fojas 7661 número 3191 del registro de propiedad del año 2021 del Conservador de Bienes Raíces de Temuco.

A folio 12, con fecha 10 de marzo del año 2022, comparece don nombre reservado, abogado, por el Servicio de Impuestos Internos, quien evacua informe requerido en estos autos, solicitando el rechazo de la acción de protección interpuesta, dando cuenta que con fecha 10 de septiembre de 2021, se recepcionó por el Servicio una presentación de don nombre reservado, solicitando al Director emitir un pronunciamiento confirmando un criterio respecto a la tributación aplicable al mayor valor obtenido en la enajenación de un bien raíz adquirido antes del año 2004, bajo la vigencia de la sociedad conyugal; en circunstancias de que el mismo habría sido adjudicado a la mujer después de la disolución de aquella, producto de la muerte del marido ocurrida con posterioridad al 1° de enero del año 2004. Dando cuenta de los antecedes específicos de la consulta, referían que con fecha 4 de enero de 2022, mediante Oficio Ordinario N° 31, el Sr. Director de este Servicio, dio respuesta a la citada presentación, teniendo presente la normativa civil y tributaria aplicable al caso, esto es, los artículos 1750 y 1765 al 1774, del Código Civil, Oficios N° 1642 y N° 1851, ambos del año 2021, Oficio N° 1298, del año 2002, Circulares N° 37, de 2009 y N° 43, de 2021, señalando en términos generales que, en el supuesto que los inmuebles fueron adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal, el marido se reputa frente a terceros, incluyendo al Fisco, dueño de los bienes que formaban parte de la sociedad conyugal, tal como lo expresa de forma categórica, el artículo 1750 del Código Civil. Luego, tras la muerte de aquél, se da término al matrimonio y a la sociedad conyugal, iniciándose una comunidad sobre los bienes que pertenecían a ésta, entre la cónyuge sobreviviente y la sucesión del fallecido. Agrega en el oficio que, únicamente, tras la partición de la masa de bienes y su adjudicación, el cónyuge sobreviviente y los herederos del cónyuge fallecido se entenderán dueños exclusivos de los bienes, pues con anterioridad sólo tenían derechos a título universal sobre la masa de bienes de la sociedad conyugal. Asimismo, indica que, como instruye la Circular N° 37, de 2009, la adjudicación o partición tiene efectos meramente declarativos, de manera tal que la cónyuge sobreviviente se entiende dueña de los bienes que le fueron adjudicados desde la formación de la comunidad, es decir, desde el término de la sociedad conyugal. De esta manera, concluye que al fallecer uno de los cónyuges, se pone término a la sociedad conyugal, formándose una comunidad sobre los bienes que la componían, todo ello con posterioridad al 1° de enero de 2004, los derechos sobre los inmuebles se entienden adquiridos con posterioridad a dicha fecha, y que, en consecuencia, el mayor valor obtenido en la enajenación de los derechos antes indicados tributará conforme a la letra b) del N° 8 del artículo 17, de la Ley de la Renta, actualmente vigente, en tanto cumpla con los requisitos que dicha norma establece. Agrega que a la fecha no se ha realizado ningún proceso de fiscalización en relación con la utilidad o mayor valor obtenido en la o las ventas de bienes raíces de propiedad de la actora, no se ha citado ni se han determinado diferencias de impuestos que la afecten. Finalmente, con fecha 4 de febrero de 2022, se interpuso el presente recurso de protección.

Manifiesta la improcedencia del recurso de protección, ya que la acción constitucional incoada tiene como objeto el Oficio Ordinario N° 31, emitido con fecha 04 de enero de 2022, por el Sr. Director de esta repartición pública, por el cual se da respuesta a una consulta sobre la interpretación o aplicación de las normas tributarias formulada por el señor Manuel Bulnes Ossa, consulta destinada a obtener una declaración cierta de la autoridad tributaria, en relación a la fecha de adquisición de ciertos derechos, de modo de confirmar que al efectuar la venta de ellos, el mayor valor o la utilidad obtenida no se afectaría con los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Refiere que el recurso deducido, en sus peticiones, no duda en exponer que lo perseguido es que se declare que, se deja sin efecto un criterio interpretativo del Servicio, por lo que se busca resolver discrepancias jurídicas de fondo, y una consiguiente calificación jurídica tributaria referida a que la utilidad obtenida de la venta de bienes raíces, en la especifica situación de hecho que plantea, no tributará, constituyendo la controversia incoada una cuestión tributaria de fondo, destinada a obtener que, en favor de un contribuyente en particular, se establezca un régimen tributario favorable o de exención, y no la cautela de garantías concretas vulneradas. Refiere que no es posible, a través de este medio, obtener declaraciones de derechos o soluciones propias de procedimientos declarativos regulados por Ley, de lo contrario, estaríamos transformando al presente recurso en un procedimiento destinado a establecer obligaciones tributarias o la exención de ellas, lo cual a todas luces es improcedente, controversia que excede el ámbito del presente arbitrio constitucional de naturaleza esencialmente cautelar y, por esencia, breve y concentrado, para dar respuesta oportuna a afectaciones flagrantes, notorias o evidentes que impliquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinados derechos y garantías constitucionales, siendo del todo evidente que una situación como la planteada no puede ser dilucidada a través de la acción de urgencia incoada, por lo que no cabe sino el rechazo in limine del recurso.

Por otra parte, señala que en estricta aplicación de las normas tributarias, el Director, en uso de su facultad exclusiva para interpretar la ley tributaria, dicta el Oficio Ordinario recurrido. Estos actos, por tanto, contienen una mera interpretación, que no dicen relación con contribuyentes específicos y que, si bien, forman parte de la interpretación administrativa oficial que deben aplicar los funcionarios del ente fiscalizador, en caso alguno es obligatoria para los contribuyentes o para los jueces, y por lo mismo, no son actos per se susceptibles de impugnación, por cuanto no determinan la obligación tributaria al no ser actos de fiscalización que establezcan diferencias impositivas. Además, plantea la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad, ya que el Servicio de Impuestos Internos debe someter su accionar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, actuando válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la Ley, según lo dispuesto en el inciso primero, del artículo 6º y 7 de la Constitución Política de la República, en relación a la Ley N°18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, concluyendo que en relación con el Oficio Ordinario recurrido, evidentemente se trata de un acto que se enmarca en las facultades que le otorga la ley al Servicio de Impuestos Internos, de carácter fundado y conforme a Derecho, puesto que se aplicaron las normas atingentes a la materia y las respectivas instrucciones impartidas por este Servicio, conforme al Código Tributario: Artículo 6°, letra A), N° 2, inciso primero, Decreto con Fuerza de Ley N° 7, de 1980, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de impuestos Internos, que en su artículo 7°, letra b), faculta al Director del Servicio para interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos; Circular 44, de 2020 y la Res. Ex. N° 59, de 2020, se contienen instrucciones sobre consultas de aplicación e interpretación de las disposiciones tributarias.

Sostiene que, en caso alguno la circunstancia de no compartir el consultante o contribuyente un criterio con relación a una consulta particular sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones tributarias efectuada por el Servicio, puede ser constitutiva de ilegalidad, y con menor razón aún, si se considera que el oficio emitido por este Servicio, en lo que respecta a las instituciones del Derecho Civil, por aplicación de los artículos 19 y siguientes del Código Civil, se ha limitado a aplicar la ley civil vigente, y luego, si es que de tal aplicación, se estimase se generan consecuencias normativas arbitrarias e ilegales, se debe concluir que tales consecuencias no provienen del oficio, sino que, de la ley vigente, y de la forma en que trata a tales instituciones, en este caso, a los regímenes patrimoniales del matrimonio y otros aspectos de la sociedad conyugal. Enseguida, y si se analiza la situación específica de la consulta objeto de repuesta mediante el Oficio Ordinario recurrido, en ésta se planteaba el supuesto de un matrimonio sujeto al régimen patrimonial de sociedad conyugal que adquirió dos inmuebles en 1993, durante la vigencia de dicho régimen, los cuales pretende enajenar a un tercero no relacionado tras fallecer el marido, hecho ocurrido con posterioridad al 2004, afirmando enseguida que los derechos deben entenderse adquiridos por el cónyuge sobreviviente al momento en que los adquirió la sociedad conyugal, para luego solicitar que se confirmara el criterio jurídico tributario sustentado en tal consulta sobre la tributación relativa a tal supuesto. Ahora bien, en consideración a los supuestos fácticos y jurídicos de la consulta, esta parte procedió a su análisis, teniendo presente para ello la letra b), del número 8), del artículo 17, de la Ley sobre Impuesto a la Renta; el inciso final del N° XVI, del artículo tercero transitorio, de la Ley N° 20.780, en relación al artículo vigésimo tercero transitorio de la Ley N° 21.210; diversos artículos del Código Civil; Oficios anteriores y la Circular N° 37, de 2009. Efectuando entonces una interpretación de las normas tributarias y civiles aplicables en la materia, y considerando la jurisprudencia administrativa, concluyó que, respecto de lo consultado, NO es posible confirmar el supuesto de la consulta, esto es, que los derechos deben entenderse adquiridos por el cónyuge sobreviviente al momento en que los adquirió la sociedad conyugal, ni los demás criterios derivados de aquél. No obstante, señala que contener el oficio ordinario claros argumentos de hecho y de derecho, el recurso, insistiendo en el supuesto que funda su consulta y, por consiguiente, en las consecuencias tributarias favorables que de tal tesis se seguiría, reprocha como supuesta ilegalidad, la interpretación contraria de esta parte al respecto, es decir, el que esta parte no esté de acuerdo con su criterio sería contrario a la ley, lo que es absolutamente errado, por cuanto, como explicáramos el acto se encuentra ajustado a las facultades legales de interpretación que la Ley ha entregado expresamente a este órgano, no siendo por lo demás, las controversias referidas a la aplicación e interpretación de la ley de fondo materia de la acción de protección. Luego, en cuanto al criterio de fondo contenido en el oficio ordinario, no resulta ser efectivo que califique a la sociedad conyugal como una persona jurídica distinta, y en ese sentido el oficio es claro en expresar que una vez disuelta dicha sociedad se forma una comunidad, pudiendo agregar a mayor abundamiento que este Servicio en oficios anteriores, en consultas sobre los efectos tributarios de la adjudicación en procesos de liquidación de la sociedad conyugal ha sido consistente en establecer que, producida la disolución de este particular régimen patrimonial del matrimonio que es la sociedad conyugal, cuya naturaleza jurídica no puede asimilarse a ningún tipo de persona jurídica -como lo son las sociedades-, deviene en una comunidad, que en lo no previsto expresamente por el legislador para ésta en particular, debe someterse a las reglas que el ordenamiento jurídico prevé para las comunidades en general. De la misma manera, advierte que no se contravienen las normas del Código Civil que rigen tal régimen matrimonial, como acusa el recurso, ya que, en tal sentido el oficio avocándose al análisis de la cuestión central de la consulta, esto es, la fecha en que deben entenderse adquiridos por el supuesto enajenante los bienes raíces, en cuanto, dependiendo de la postura que se adopte sobre la materia, resultará la tributación aplicable al mayor valor obtenido en la enajenación del bien raíz en cuestión, expone su análisis acerca de la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal a la luz de las normas del Código Civil y la jurisprudencia administrativa, de acuerdo con las cuales, tratándose de inmuebles adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal, el marido se reputa frente a terceros, incluyendo al Fisco, dueño de los bienes que ingresan o forman parte de dicha sociedad, luego tras la muerte de aquél ocurre el término del matrimonio y la disolución de la sociedad conyugal, iniciándose una comunidad sobre los bienes que pertenecían a ésta, entre la cónyuge sobreviviente y la sucesión del fallecido.

Dando cuentas de las normas civiles, contenidas en el Código Civil, refiriendo que el Servicio ha sostenido la misma interpretación, siendo del caso citar el Oficio N° 1298, de 2002, afirma que no existe ilegalidad ni arbitrariedad, al no existir argumento racional para sostener que, tratándose de bienes adquiridos por un matrimonio, un cónyuge adquiere los derechos de dominio recién al fallecimiento del otro cónyuge, lo que iría en contra de todo sentido común, siendo por tanto una decisión arbitraria. En cuanto a incurrir el oficio en diferencias arbitrarias en relación con los regímenes matrimoniales y de género, teniendo presente que el numeral 22º, del artículo 19, de la Carta Magna, dispone el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, y que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha entendido que un acto o proceder es arbitrario cuando es contrario a la justicia, la razón o las leyes, y dictado por la sola voluntad o capricho, concluye que el acto del Servicio no ha existido arbitrariedad, ya que el oficio recurrido se ha pronunciado respecto de una consulta en base a los supuestos de hecho contenidos en ella, referidos al caso de un matrimonio sujeto al régimen patrimonial de sociedad conyugal que adquirió dos inmuebles en 1993, durante la vigencia de dicho régimen, los cuales pretende enajenar a un tercero no relacionado tras fallecer el marido, hecho ocurrido con posterioridad al 2004, sin que en dicho oficio se refiera a la situación de otros regímenes, distintos al de la sociedad conyugal, luego tampoco existe en el acto reclamado, a contrario sensu, un tratamiento diferente respecto de las demás regímenes matrimoniales, los que deben analizarse en cada caso en particular, para determinar en un proceso de fiscalización el cumplimiento de las obligaciones tributarias que afectan a cada contribuyente, teniendo presente que, la regla general de la Ley de la Renta, señala que se entiende por renta los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación, constituyendo excepciones los ingresos no renta contemplados en su artículo 17 y las rentas exentas. Luego para que exista un trato no igualitario o discriminatorio, habría que establecer que el Servicio, respecto de otra cónyuge sobreviviente, ante la misma situación de hecho que plantea la consulta, ha tenido una postura diferente, lo que obviamente no ha sucedido, ya que, en otras situaciones similares, este Servicio se ha pronunciado, haciendo aplicación de la doctrina civil y de la jurisprudencia en el sentido que la adjudicación de bienes en la liquidación de la sociedad conyugal, no tiene un efecto atributivo sino que declarativo, por el cual se considera que el adjudicatario(a) es dueño(a) del objeto adjudicado desde el día en que se originó la comunidad. Lo anteriormente expuesto es posible observarlo de lo señalado en el Oficio N° 784, de 2017, en donde ante una consulta relativa. Finalmente, señala que el oficio recurrido tampoco contiene una discriminación arbitraria por género, por cuanto lo sostenido en él se ajusta a las propias reglas de los regímenes patrimoniales del matrimonio, las que distinguen entre quienes se casan bajo sociedad conyugal o separación de bienes, siguiendo en ello al Código Civil, por lo que, la diferencia que alega el recurso, no obstante, no contenerla el oficio, por cuanto él se avoca únicamente a la situación de hecho planteada, sin que se contenga determinación o declaración alguna a priori que implique situación tributaria diferente para el marido bajo el supuesto de la consulta, de existir, carecería de arbitrariedad, y por otra parte, siguiendo el análisis del recurso que, concluye una supuesta injusticia que se produciría respecto de toda mujer casada en sociedad conyugal, no explica como ella no se presenta en aquellas situaciones en que la mujer adquiere el inmueble mediante su patrimonio reservado, por ejemplo, del artículo 150 del Código Civil, al considerarse separada de bienes, se entiende haberlo adquirido ella, no ingresando a los bienes sobre los cuales el marido se reputa dueño.

Da cuenta de la inexistencia de la afectación de garantías constitucionales, ya que las pretensiones del recurso no resultan ser susceptibles de cautela por vía del recurso de protección, al no constituir una instancia de declaración de derechos, refiriendo que la emisión del Oficio Ordinario N° 31, se enmarcó en el ejercicio de las facultades legales de interpretación y aplicación de las disposiciones tributarias, que ostenta el Servicio de Impuestos Internos, como órgano fiscalizador, encontrándose dotado por consiguiente de legalidad y carente de arbitrariedad. Conforme lo anterior, y teniendo en consideración la aplicación de la ley y las facultades propias de este servicio público, no se vislumbra la afectación de las garantías contempladas en los numerales 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, careciendo de todo fundamento las argumentaciones efectuadas por la recurrente, solicita el rechazo del recurso.

Acompaña consulta de fecha 6 de septiembre de 2021, recepcionada con fecha 10 de septiembre de 2021 por este Servicio, suscrita por el abogado Manuel Bulnes Ossa; Copia de Circular N°37, de fecha 11 de junio de 2009, del Servicio del Impuestos Internos; Copia de Circular N° 43, de fecha 05 de julio de 2021, del Servicio del Impuestos Internos; y, Oficios Ordinarios N° 1298, de 2002, Oficio N° 784, de 2007, N° 1642 y N° 1851, ambos de 2021.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en el caso de autos se ha deducido recurso de protección a favor de doña nombre reservado, interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, con motivo de la dictación del Oficio Ordinario Número 31, de fecha cuatro de enero de 2022, acto que ha estimado vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República. En este sentido conforme del propio relato del recurso se colige que el mencionado oficio tuvo su origen en una consulta que a ese respecto realizó la recurrente.

Conforme a lo anterior, se ha solicitado que se deje sin efecto el oficio señalado, declarando que, tratándose del cónyuge sobreviviente, siempre se entenderá que la fecha de adquisición por parte de un cónyuge sobreviviente, únicamente en lo que se refiere a su 50% de los derechos que adquiere como consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal, será la fecha en que el bien fue adquirido por el matrimonio administrado bajo régimen de sociedad conyugal.

TERCERO: Que así, se ha alegado la ilegalidad o arbitrariedad en relación a los motivaciones contenidas en el Oficio Nº31, de fecha 04 de enero del año 2022, estimándose que tales fundamentos no solo han infringido normas de carácter nacional relativos a la sociedad conyugal, sino que también normas de carácter internacional que tienden a la protección de los derechos de la mujer.

CUARTO: Que sobre tales aspectos, y en cuanto a los aspectos formales relativos a la dictación del Oficio, no es posible desprender ilegalidad o arbitrariedad alguna en el actuar de la recurrida en el procedimiento administrativo, toda vez que la autoridad ha actuado conforme a derecho, respondiendo una consulta, cumpliéndose a cabalidad las exigencias contenidas en el artículo 41 de la Ley N° 19.880, en relación a las facultades del Director del Servicio de impuestos Internos para resolver las consultas, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 6 letra a) Nº2 inciso primero del Código Tributario.

QUINTO: Que ahora bien, en cuanto a las alegaciones de fondo, resulta evidente que cualquier impugnación de fondo, no es una materia que corresponda ser resuelta por medio de la presente acción cautelar, dado que no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados por el recurso de protección. A lo anterior debe sumarse el hecho de que el acto recurrido no de tipo terminal, sino que y tal como se indicó es una respuesta a una consulta realizada por la recurrente, luego no puede considerarse un acto indubitado o terminal susceptible de este tipo de recurso.

SEXTO: Que todas las circunstancias antes expuestas conducen a concluir que en el presente caso no concurren los presupuestos que permiten que la acción constitucional de protección pueda prosperar, por lo que el presente recurso de protección no está en condiciones de ser acogido.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la E. Corte Suprema, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por don Manuel Bulnes Ossa, abogado, en representación de doña nombre reservado, viuda, en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, con costas.

Redacción del abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Regístrese.

N°Protección-895-2022. (csd)