nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD Y COMPIN

C.A. de Temuco Temuco, veintiocho de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos:

nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, chileno, casado, mecánico, domiciliado en domicilio reservado, interponiendio Recurso de Protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ - SUBCOMISIÓN CAUTÍN, (en adelante “COMPÍN”), persona jurídica del giro de su denominación, Rut. N°. RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, RUT reservado, desconozco profesión, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de La Araucanía, o por quién lo subrogue o reemplace legalmente, y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, (en adelante “SUSESO”), Persona Jurídica del giro de su denominación, rol único tributario N°. 61.509.000-K, representada legalmente por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, o por quien la subrogue o reemplace legalmente; por cuanto en virtud de un acto arbitrario e ilegal consistente en la resolución que rechaza la autorización de mis licencias médicas extendidas por un total de 63 días a contar del 22 de junio del año 2024, se ha vulnerado el legítimo ejercicio de mis derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1, 3 inciso quinto y 24 de la Constitución Política de la República, derechos de los cuales soy titular y se encuentran cautelados por la acción de protección, solicitando a SS, Iltma, restablezca el imperio del derecho con el mérito de los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación expongo:

I. COMPETENCIA.

De acuerdo con lo indicado en el numeral 2 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, es competente para conocer de la presente acción constitucional de protección, habida consideración que los efectos del acto recurrido han tenido lugar en su jurisdicción.

II.- ANTECEDENTES FÁCTICOS.

Para explicar el acto arbitrario e ilegal en que incurren las recurridas es esencial señalar a SS, Iltma que toda la vida me he desempeñado el oficio de mecánico y conductor de maquinaria pesada para sustentar a mi familia. Mi trabajo implica bastante desgaste físico propio de la conducción de maquinarias, pero que he ejercido durante años con total dedicación.

Lamentablemente, desde el año 2019 mi salud se ha visto afectada por diversas patologías, iniciando con una coxartrosis derecha diagnosticada el 29 de octubre de 2019, según se puede apreciar en el examen de RM de cadera derecha que acompaño en un otrosí, donde se detectó un nódulo acetabular derecho y múltiples focos de condropatía grado 4 (ICRS) en la región acetabular externa, rotura degenerativa del labrum acetabular anterosuperior y leve aumento de la cobertura acetabular externa.

La coxartrosis es una enfermedad degenerativa que se produce por el desgaste del cartílago de la articulación de la cadera. Es una enfermedad que suele afectar a las personas que nos dedicamos a este oficio por los extensos periodos de trabajo sometido a la vibración, tensión y fuerza necesaria para conducir maquinaria pesada. Los síntomas de la coxartrosis me provocan dolor en la zona de la ingle, glúteo o cara posterior del muslo, dolor que aumenta al caminar o moverme, y que puede llegar a estar presente incluso en reposo, rigidez articular que limita el movimiento, pérdida de fuerza en la pierna y cojera.

Posteriormente, el 26 de agosto de 2023, se me diagnosticó mediante RM de columna lumbar, una lumbociática derecha, con extenso compromiso degenerativo dorsolumbar multifactorial, que determina una acentuada raquiestenosis central L3-L4 y estenosis foraminales en varios niveles, con la afectación radicular consignada. La raquiestenosis es un estrechamiento del canal raquídeo entre la tercera y cuarta vértebra lumbar que, en mi caso, se desarrolló directamente por causa de las vibraciones y movimientos bruscos al conducir maquinaria pesada.

Mi patología ha sido la causa de todas las licencias médicas que me han otorgado diversos profesionales y por la que he solicitado el subsidio de incapacidad laboral. Por ello es que el 11 de septiembre de 2023, el Dr. Neurocirujano, nombre reservado, de Clínica Alemana de Temuco, emitió un certificado médico, solicitando que se me atendiera y se creara una interconsulta al Hospital Hernán Henríquez Aravena para poder optar a una cirugía de mi columna. Incluso ya he tenido episodios de urgencia cuando en septiembre de 2023, ingresé de urgencia al Hospital de Pitrufquén por un aumento del dolor, presentando mucha dificultad para caminar. Se me suministró vía venosa Metamizol, Ketoprofeno y tramadol por la gravedad del dolor. Así, todos los tratamientos que estoy siguiendo son paliativos a la espera de la eventual cura después de la cirugía que se me ordenó realizar.

Dentro de todos estos episodios fuí sido examinado por el Neurocirujano Dr. Jimenez quien también certificó que cargo con dolor lumbar hace 4 años, de ciática derecha, claudicación neurogénica dinámica y estática hasta la planta del pie derecho. Asimismo, a través de los documentos que acompaño en este recurso, consta que el Dr. Hilcker también certifica que me encuentro en espera de cirugía en el Hospital Hernán Henriquez Aravena de Temuco.

III. ACTO ARBITRARIO E ILEGAL DE LOS RECURRIDOS En primer lugar, recurro contra la COMPIN SUBCOMISIÓN CAUTÍN, toda vez que rechaza las licencias médicas que indicaré, extendidas por un total de 63 días a contar del 22 de junio del año 2024.

En segundo lugar, recurro en contra de la SUSESO por la dictación de la Resolución Exenta N°. R-01-UME-163261-2024, de fecha 18 de octubre de 2024, que rechazó las licencias médicas N° 103998196-K, 104851364-2, 105762485-6.

El fundamento de la confirmación del rechazo de las licencias, por parte de las recurridas fue el siguiente:

“Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 103998196-K, 104851364-2, 105762485-6, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 303 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Es del caso señalar que no se aporta informe médico actualizado otorgado por especialista en neurocirugía de su hospital de referencia, no acredita terapia kinésica ni lista de espera quirúrgica”.

Es lamentable que tenga que recurrir a esta instancia judicial para ver satisfechos mis derechos constitucionales, toda vez que desde la primera licencia rechazada he realizado todos los trámites y entregado la documentación solicitada, tanto por la página web como personalmente a las oficinas del COMPIN he hecho todo para acreditar a las instituciones recurridas que mi reposo se justifica hasta la actualidad.

En efecto, en el recurso de reposición que presenté por el rechazo de la COMPIN acompañé el certificado médico de mi Dra. nombre reservado, del CESFAM de Pitrufquén, con fecha 24 de noviembre de 2023, quien certificó que padezco raquiestenosis lumbar severa y avanzada, y coxartrosis severa. Se me diagnosticó como un paciente con limitación funcional importante, encontrándome en condiciones de dependencia leve, con uso de ortesis de apoyo (andador), con marcha limitada, y deterioro de mi calidad de vida y cuadro emocional. Se me indicó tratamiento farmacológico y terapia de kinesiólogo y terapia ocupacional mientras se me asigna una hora para mi cirugía. Sin perjuicio de lo anterior, el dato clave para que se me autoricen mis licencias médicas dice relación con que en la resonancia magnética que da cuenta la Dr. Patricia acredita que no me encuentro apto para retomar funciones laborales. Antecedente que las recurridas decidieron, deliberadamente, pasar por alto y rechazar mis licencias.

Mi doctora certifica que mi estado de recuperabilidad es incierto y con mal pronóstico, con una fecha probable de alta indeterminada (posiblemente posterior a la cirugía). El certificado médico indica que me encuentro con licencia médica permanente, lo cual es lógico considerando que mi reposo está absolutamente justificado. A pesar de la claridad de mi situación, las recurridas desestimaron estos antecedentes al rechazar mis licencias.

Actualmente me encuentro en silla de ruedas, como consta en la Interconsulta N° 212786948 para derivación urgente al Hospital Hernán Henríquez Aravena (HHHA).

A pesar de todas las pruebas médicas presentadas, la COMPIN y la SUSESO han rechazado mis licencias médicas, impidiéndome recibir el subsidio de incapacidad laboral vulnerando mi derecho al acceso a la propiedad. Esta situación me ha generado un grave perjuicio económico y emocional, al no poder cubrir mis necesidades básicas ni continuar con mi tratamiento médico.

Como he expuesto, y según el certificado de mi médico tratante con fecha 24 de noviembre de 2024 aún no es posible determinar un pronóstico de recuperación ni de reintegro laboral. Mi reposo laboral está total y absolutamente justificado, como lo demuestran los antecedentes médicos presentados ante vuestra Ilustrísima Corte.

Por último, si bien este recurrente no viene a impugnar los procedimientos y causales legales que tienen las recurridas para autorizar o rechazar las licencias médicas. Lo cierto es que el rechazo de mis licencias es arbitrario toda vez que el factor esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, lo que en mi caso no sucede. O sea, a contrario sensu, numerosos médicos han sostenido que no es posible determinar todavía fecha cierta de reincorporación, dada mi cirugía pendiente, siendo necesario mi reoso.

IV. PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN.

Con lo ya expuesto, SS. Iltma, podrá acreditar que mi caso es de aquellos cuyo objeto busca resguardar el derecho a la vida e integridad física y psíquica. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha reconocido la necesidad de flexibilizar el plazo para interponer el recurso de protección cuando se trata de garantizar estos derechos, especialmente si la vulneración de las garantías constitucionales es permanente, como ocurre en mi caso.

Tesis que ha sido refrendada por los profesores Jenkins y Lillo (2022) citando a don nombre reservado, en términos que:

“Consideramos que en materia de derechos constitucionales no debe existir plazo de caducidad para accionar jurisdiccionalmente mientras el derecho se encuentre afecto ilegal o arbitrariamente, como la única excepción razonable de los derechos patrimoniales. Es insensato y no merece el menor análisis racional, que cuando se ve afectado en grado de amenaza o perturbación el derecho a la vida, se perturbe o prive arbitrariamente a una persona de su integridad física o psíquica, pueda accionarse dentro del plazo de [treinta] días, pero cuando se afecte la libertad personal no haya plazo alguno y pueda accionarse en cualquier momento (nombre reservado, 2000: 37-38)1.”

En este sentido, solicito a SS. Iltma, que, en virtud del principio de ductilidad de las formas y el estándar garantista del derecho procesal constitucional latinoamericano, se admita este recurso de protección, considerando la gravedad y permanente vulneración a mis derechos fundamentales.

V. DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADOS.

El artículo 16 del Decreto Ley N°. 3/1984 del Ministerio de Salud señala que: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. De manera que, ilegal y sin fundamento alguno, la SUSESO y la COMPIN han rechazado mis licencias médicas, los rechazos son arbitrarios dado que que la SUSESO y COMPIN no comunican fundamento alguno, inclusive habiendo aportado los documentos solicitados en todas las oportunidades, vulnerando abiertamente las recurridas la finalidad que tiene el otorgamiento del subsidio de incapacidad laboral, que es la recuperación y reincorporación del trabajador.

1. El actuar de las recurridas, infringe mi garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República de Chile, que señala “La Constitución asegura a todas las personas: “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”. En este sentido, SS.Iltma., el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, procurando contribuir a crear las condiciones sociales que permitan que todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional lograr la mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución Política establece.

De esta manera, el rechazo de las licencias médicas que he indicado resulta ilegal y arbitrario, ya que tanto la SUSESO como la COMPIN no han fundamentado debidamente sus decisiones. Ignoran por completo los documentos, certificados médicos y mi actual condición de espera para una cirugía, los cuales justifican plenamente la autorización de mis licencias. En consecuencia, el rechazo de mis licencias es un acto ilegal y arbitrario por parte de las recurridas que debe ser subsanado por esta Ilustrísima Corte.

2. Los recurridos vulneran mi garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 n°3 inciso quinto de la Carta Magna que dispone: Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Como se señaló, el rechazo de mis licencias médicas la SUSESO y la COMPIN Subcomisión Cautín vulneran los artículos 3, 11 y 40 de la Ley 19.880, y el artículo 16 y 55 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud al NO FUNDAR el rechazo de mis licencias médicas en antecedentes técnicos, clínicos y jurídicos en línea con la finalidad del subsidio de incapacidad laboral que es la recuperación de mi salud y consecuente reincorporación a mi trabajo.

SOLICITA se declare que los actos de las recurridas importan la violación de mis garantías constitucionales señaladas o en subsidio, de aquella otra que SS. Iltma, estime del caso concurrir, y en definitiva, disponga:

1.- Que se acoge el presente recurso de protección, por ser la actuación de las recurridas arbitraria e ilegal y que vulnera, perturba y amenaza las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, derecho al debido proceso y derecho fundamental a la propiedad del recurrente don nombre reservado, establecidas en los N° 1, 3 inciso quinto, y 23 del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

2.- Que, se deja sin efecto la resolución exenta emitida por la SUSESO N°R-01-UME-163261-2024, y de la COMPIN que confirmó el rechazo de las licencias médicas folio: N°s 103998196-K, 104851364-2, 105762485-6.

3. Que las recurridas deberán autorizar las licencias médicas rechazadas, o se disponga la realización de una nueva evaluación del caso, se entreguen los fundamentos de la decisión en línea con la finalidad del subsidio de incapacidad laboral en relación con el estado de salud y reincorporación laboral del recurrente, o bien, la declaración que se estime necesaria para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Informa ROMINA ANDREA UGALDE RAÑILEO, abogada, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicitando primeramente que se declare la extemporaneidad del presente recurso, por haber sido éste interpuesto en forma EXTEMPORÁNEA.Respecto de la acción de protección interpuesta por el Sr. nombre reservado, alegamos previo a informar el fondo del asunto, la falta de oportunidad en su ejercicio, por cuanto ha sido interpuesta una vez vencido, el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional.

ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL CASO DEL SR. nombre reservado.

Como se desprende del expediente de autos, la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 18 de diciembre de 2024, en circunstancias que el Sr. nombre reservado, acudió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 05 de septiembre de 2024, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 103998196-K, 104851364-2, 105762485-6, extendidas por un total de 63 días a contar del 22 de junio de 2024, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó, que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 103998196-K, 104851364-2 y 105762485-6, no se encontraba justificado. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta R-01-UME- 163261-2024, de fecha 18 de octubre de 2024.

Ahora bien, según se advierte del expediente administrativo acompañado en autos, al realizar su presentación ante esta Superintendencia, el Sr. nombre reservado aceptó recibir notificación vía correo electrónico, señalando para esos efectos la casilla correo reservado

En virtud de lo anterior, al momento de dictar la citada Resolución Exenta R- 01-UME-163261-2024, de fecha 18 de octubre de 2024, se procedió a la notificación de la misma, a través del correo electrónico indicado por EL recurrente, notificación que se realizó el mismo 18 de octubre de 2024, según consta en el correo de notificación.

De tal manera, existe la certeza que el Sr. nombre reservado tomó conocimiento del acto administrativo, con fecha 18 de octubre de 2024, fecha desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección.

A mayor abundamiento, el recurrente no señala que fuera notificado de una manera distinta a la ya mencionada, ni en una fecha posterior. Por tanto, el plazo señalado precedentemente venció el 18 de noviembre de 2024, en circunstancias que el presente recurso fue presentado recién, el 18 de diciembre de 2024, esto es, fuera de plazo.

Por otra parte, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad para lo que fue creada por el constituyente, SE UTILIZA COMO ÚLTIMA INSTANCIA DE RECLAMACIÓN PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS, la que, por razones médicas, fueron rechazada en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el DS Nº 3 de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda al trabajador cotizante del Fondo Nacional De Salud (FONASA) o a uno afiliado a una Institución de Salud Previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, DEBE INTERONERSE EN CONTRA DEL ORGANISMO QUE ADMINISTRA LA PRESTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, en este caso, la licencia médica.

Cabe señalar, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto esta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. En consecuencia, el recurrente, si estimaba que la resolución de la COMPIN y posterior resolución de mi representada, que se dictó hace 2 meses atrás, que rechazó la licencia en comento, adolecía de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante SS. Iltma., TAN PRONTO TUVO NOTICIAS O CONOCIMIENTO CIERTO DE LOS MISMOS, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

En síntesis, de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula.

En efecto, la segunda de las normas citadas dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”.

En relación con esta alegación, cabe hacer presente una vez más que, como lo han señalado diversos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, no resulta procedente el que se emplee la Acción de Protección de los derechos y garantías constitucionales como una última instancia de reclamo o apelación, cuando en opinión del recurrente las otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo u otros, no le han dado los resultados esperados. En otros términos, la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales. Aceptar que se pueda controvertir o revisar la decisión médica implícita en el procedimiento de autorización de las licencias médicas, más allá de todas las instancias de revisión (que no son pocas) dispuestas en el ordenamiento jurídico, asumir que este excepcional procedimiento de emergencia sería una nueva instancia de revisión de las licencias médicas, cuestión que ciertamente está muy alejada de la finalidad con que el constituyente creó la acción en comento. Esta afirmación está respaldada en el inciso primero, parte final del artículo 20 de la Constitución Política de Chile al disponer que la persona afectada en sus garantías por un acto ilegal o arbitrario puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.

A mayor abundamiento, una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quien afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer esta acción, lo que ciertamente no guarda armonía con la naturaleza y finalidad con que fue concebida esta acción constitucional de orden cautelar.

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, HA SIDO RECOGIDO POR DIVERSOS FALLOS ENTRE LOS CUALES PODEMOS CITAR:

1.- fallo de la corte de apelaciones Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 28 de noviembre de 2024, en causa rol 2955 – 2024:

“…Sobre el particular, la actora no acompaña antecedente alguno que dé cuenta de lo que sostiene, pero si lo hace la SUSESO, dando cuenta del envío de correo electrónico de notificación el día 24 de septiembre de 2024 a las 02:16, desde la casilla correo reservado a la dirección correo reservado, de lo que se verifica que a la fecha de interposición de la acción -25 de octubre de 2024- habían trascurrido 31 días, por lo que la acción también resulta extemporánea respecto de esta última resolución…”

“…5) En conclusión, atendido lo expuesto en el artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección que señala la acción de autos debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución de acto o la ocurrencia de la omisión o, desde que se haya tenido conocimiento cierto de los mismos, siendo este último el caso, corresponde rechazar la acción por extemporánea, como se dirá en lo resolutivo. Que, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por extemporánea…”

2.- Fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que incluso declaró inadmisible, con fecha 12 de diciembre de 2014, el recurso de protección interpuesto en contra de mí representada por la Sra. nombre reservado, Rol Nº 81839-2014, en virtud de lo siguiente:

“1° Que el plazo para recurrir de protección es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto que dio motivo a la amenaza, perturbación o privación del derecho que se estima vulnerado.

2° Que, del contexto de la presentación y documentos acompañados, se desprende que el acto impugnado y a contar del cual se debe contabilizar el plazo para deducir esta acción constitucional es, en definitiva, la resolución Nª 49842 de fecha uno de agosto de dos mil catorce.

3º Que, de lo expuesto, es posible colegir que el recurrente ha tomado conocimiento del acto que impugna con una antelación superior al plazo previsto para su interposición, razón por la cual no puede ser acogido a tramitación por extemporáneo.

4º Que las reclamaciones posteriores, y en particular las solicitudes de reconsideración, no pueden servir para computar un nuevo plazo.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara inadmisible por extemporáneo, el interpuesto a fojas 1”.

POR TANTO, atendida las anteriores consideraciones de hecho y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el numeral primero del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

SOLICITO A SS. ILUSTRÍSIMA, rechazar la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, respecto de las licencias médicas indicadas, con costas.

EN SUBSIDIO, ALEGA LA IMPROCEDENCA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Que, sin perjuicio de lo recientemente expuesto, vengo en solicitar a S.S.I., que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

POR TANTO; En mérito de lo anteriormente expuesto, y en forma previa a entrar al análisis del fondo de la acción interpuesta;

SOLICITO A SS. ILUSTRÍSIMA: solicito se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, como es el caso del Sr. nombre reservado, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

En efecto, tras la aprobación de las últimas licencias médicas del Sr. nombre reservado, consta evidentemente que el cuadro que la aqueja ha evolucionado en forma crónica y la incapacidad que le provoca no es modificable con reposo.

En efecto, es un hecho de la causa que dado lo extenso del reposo indicado, las alteraciones que la parte interesada presenta SON DE CURSO CRÓNICO Y NO SUSCEPTIBLES DE MODIFICAR CON REPOSO.

POR TANTO, LA INCAPACIDAD, QUE POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO Y SU PERSISTENCIA A PESAR DEL TRATAMIENTO, SE CONSIDERA DEFINITIVA, POR LO QUE NO PROCEDERÁ AUTORIZAR MAS LICENCIAS POR ESA CAUSA.

Cabe agregar que conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

Asimismo, mi representada ha señalado reiteradamente que una persona declarada inválida que ha vuelto a trabajar con su capacidad residual de trabajo, puede tener derecho a presentar licencias médicas, en las oportunidades en que dicha incapacidad residual se vea temporalmente afectada, sea por una de las patologías por la que fue declarada inválida u otra distinta.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

2.- Justificaciones Médico-Administrativas Como consta en el expediente de autos, que el Sr. nombre reservado concurrió con fecha 05 de septiembre de 2024, ante la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 103998196-K, 104851364-2, 105762485-6, extendidas por un total de 63 días a contar del 22 de junio de 2024, por reposo no justificado Al respecto mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-163261-2024, de fecha 18 de octubre de 2024, la Superintendencia de Seguridad Social Resolvió:

A mayor abundamiento, cabe indicar que esta Superintendencia, estudió mediante sus médicos los antecedentes del caso del Sr. nombre reservado, quienes informaron:

Detalle: 06-12-2023: NC: Dolor lumbar menos de 2 años de evolución, envía a rehabilitación y estudio diferido. 24-11-2023: Paciente atendido por raquiestenosis lumbar severa-avanzada y coxartrosis severa. Paciente presenta dolor de severa intensidad EVA 10/10, limitación funcional importante, encontrándose en condiciones de dependencia leve, uso de andador, marcha limitada y deterioro de su calidad de vida. TF: Pregabalina 75mg 2-3, Celecoxib 200mg 1-0, Tramadol 50mg 1-1-1, Paracetamol 500mg 1-1-1, demás de KNT y terapia ocupacional. En espera de control con neurocirugía para resolución quirúrgico. RM 26-08-2023 muestra extenso compromiso degenerativo multifactorial, que determina acentuada raquiestenosis L3-L4 y estenosis foraminales en varios niveles con la afectación radicular consignada. Paciente no se encuentra en condiciones de reintegro laboral, con recuperabilidad incierta y de mal pronostico.Sin fecha: Mismos antecedentes. Agrega: Paciente es candidato para iniciar trámites de discapacidad, depende de evaluación por especialista.11-10-2023: Presenta dolor lumbar, EVA 10/10 de larga data, en silla de ruedas, hasta hace 1 semana caminaba 100mts. Cuadro de 3 años de ciática derecha, ha intentado con tramadol y presenta mala respuesta. Se modifica fármacos ya que ha intensificado el dolor. En espera de cirugía.14-08-2024: Mismos antecedentes. Agrega: Debe iniciar trámites de invalidez a contar de septiembre, posterior a evaluación con Neurocirujano.

Peritaje con fecha: ( ) SI (X ) NO Detalle:

Exámenes con fecha: (X) SI ( ) NO Detalle: RM cadera derecha: 26-08-2023: Múltiples focos de condropatía grado 4 (ICRS) en la región acetabular externa. Rotura degenerativa del labrum acetabular anterosuperior. Cambios morfológicos femorales proximales, con un ángulo alfa anterior de aproximadamente 56°. Leve aumento de la cobertura acetabular externa.RM columna lumbar: 26-08-2023: Extenso compromisa degenerativo dorsolumbar multifactorial descrito, que determina acentuada /raquiestenosis central L3-L4 y estenosis foraminales en varios niveles, con la afectación radicular consignada.

TPI: ( ) SI (X ) NO Detalle:

En vista de lo expuesto, se observa que el dictamen impugnado por el recurrente, relacionados con las licencias reclamadas, está respaldado por los antecedentes que figuran en el expediente administrativo adjunto y se encuentran en armonía con lo resuelto por Compin.

Este expediente no solo incluye las resoluciones impugnadas, sino también una serie de registros médicos y el apoyo de antecedentes administrativos que respaldan la conclusión de dichas resoluciones, las cuales rechazan la solicitud de licencias mencionadas, dado que analizados los antecedentes por mi representada “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 103998196-K, 104851364-2, 105762485-6, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 303 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Es del caso señalar que no se aporta informe médico actualizado otorgado por especialista en neurocirugía de su hospital de referencia, no acredita terapia kinésica ni lista de espera quirúrgica…”

Por tanto, S.S. se aprecia efectivamente, que las licencias médicas presentadas por el recurrente no cumple con los parámetros mencionados precedentemente, los cuales fueron objeto de análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes que constan en el expediente administrativo que obran en autos, los cuales fueron ponderados por médicos especialistas con aplicación estricta de los mismos parámetros y procedimientos establecidos para resolver este caso en relación al resto de las situaciones que se resuelven ante esta Institución Fiscalizadora, utilizando sustentos facticos, clínicos y jurídicos, lo que permitió arribar a la conclusión que entrega los fundamentos del rechazo en la ficha medica elaborada por profesionales de mi representada en base a todos los antecedentes presentados y que indica “Fundamentos de la resolución: Paciente con 303 días de reposo autorizado, reclama por 63 días, emitido por médico general, modalidad institucional y libre elección. Informe médico señala patologia irrecuperable, con compromiso funcional, usuario de andador. Informe diciembre 2023 por NC señala en estudio. Acredita terapia kinésica en noviembre 2023. No describe evolución y respuesta. Adjunta exámenes complementarios acordes. No acredita lista de espera quirúrgica. Rechazo, antecedentes insuficientes…”. Lo anterior evidencia que el reposo médico prescrito por las licencias médicas objeto del recurso era injustificado, toda vez que resulta un hecho indubitado el período por el que se han extendido y el hecho que la patologia del Sr. nombre reservado no se engloba en el campo de la temporalidad requisito esencial de las licencias médicas, lo anterior queda de manifiesto por el propio informe presentado por el medico del recurrido, motivo por el cual el rechazo de las licencias médicas esta médico- administrativamente justificado.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicito se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. ILTMA., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que:

“La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

4. Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Cabe hacer presente a SS. ILTMA. que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso del Sr. nombre reservado claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de su licencia médica reclamada.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a ese ILTMO. Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de mi defendida. En esta parte, SS. ILTMA., muy bien sabe que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, debido proceso ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica ni se ha vulnerado el debido proceso, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y debido proceso, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, consta que la resolución emitida por mi representada, la cual analiza todos los antecedentes presentados por el recurrente, entre los cuales constan los informes médicos complementarios que indican “…06-12-2023: NC: Dolor lumbar menos de 2 años de evolución, envía a rehabilitación y estudio diferido. 24-11-2023: Paciente atendido por raquiestenosis lumbar severa-avanzada y coxartrosis severa. Paciente presenta dolor de severa intensidad EVA 10/10, limitación funcional importante, encontrándose en condiciones de dependencia leve, uso de andador, marcha limitada y deterioro de su calidad de vida. TF: Pregabalina 75mg 2-3, Celecoxib 200mg 1-0, Tramadol 50mg 1-1-1, Paracetamol 500mg 1-1-1, además de KNT y terapia ocupacional. En espera de control con neurocirugía para resolución quirúrgico. RM 26-08-2023 muestra extenso compromiso degenerativo multifactorial, que determina acentuada raquiestenosis L3-L4 y estenosis foraminales en varios niveles con la afectación radicular consignada. Paciente no se encuentra en condiciones de reintegro laboral, con recuperabilidad incierta y de mal pronóstico. Sin fecha: Mismos antecedentes. Agrega: Paciente es candidato para iniciar trámites de discapacidad, depende de evaluación por especialista.11-10-2023: Presenta dolor lumbar, EVA 10/10 de larga data, en silla de ruedas, hasta hace 1 semana caminaba 100mts. Cuadro de 3 años de ciática derecha, ha intentado con tramadol y presenta mala respuesta. Se modifica fármacos ya que ha intensificado el dolor. En espera de cirugía.14-08-2024: Mismos antecedentes. Agrega: Debe iniciar trámites de invalidez a contar de septiembre, posterior a evaluación con Neurocirujano...”

Lo anterior deja de manifiesto que la enfermedad que afecta al Sr. nombre reservado es irrecuperable dado que se habla en los informes presentados por el recurrente de LICENCIA PERMANENTE, lo que es contrario a los requisitos de una licencia médica que es su carácter temporal, se otorga con el fin que la persona recupere su salud e ingrese nuevamente al mercado laboral, lo que en el presente caso se evidencia a través de los informes médicos no sucederá dado que se indica que debe iniciar el trámite de invalidez.

La única intervención de la Superintendencia en el caso del Sr. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo con si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de estas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

JURISPRUDENCIA:

1.- Fallo de la Iltma. Corte de Puerto Montt que fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema, de fecha 26 agosto de 2024, en causa rol 683-2024, que señaló lo siguiente:

“…Noveno: Que, de igual forma, el mérito técnico de la resolución dictada no es revisable, por carecer de competencias esta magistratura para evaluar aspectos médicos de suficiencia o no del reposo ordenado en relación con la patología fundante de la licencia rechazada, siendo procedente sólo una revisión de legalidad de la resolución dictada, en cuanto a si aquella contiene la motivación y fundamentos suficientes que sirven de base para la decisión adoptada.”

“Décimo: Que, por lo dicho, apareciendo que los fundamentos esgrimidos para el rechazo de las licencias médicas, es que el informe médico de 21 de marzo de 2024 emitido por la Dra. nombre reservado señala “médico tratante indica que no hay posibilidad de retornar a trabajo, que otorga licencia mientras se jubila, sin embargo, por edad paciente ya está pensionado. No hay certificado de lista de espera para atención por especialidad. Se rechaza apelación pues antecedentes resultan insuficientes para justificar el rol terapéutico del reposo otorgado”. Lo anterior, da cuenta de lesiones de carácter crónico, no correspondiendo prolongar el reposo médico, pues éste ya no contribuye a la curación, no siendo por tanto una incapacidad temporal, de todo lo cual se desprende que la decisión impugnada se encuentra suficientemente fundada en cuanto al mérito de los antecedentes que pudo recabar la institución denunciada, no vislumbrando en la especie una actuación que se estima ilegal o arbitraria por el recurrente. Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº942015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara: I.- Que se rechaza la acción interpuesta a folio Nº1, por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.”

2.- Fallo de la Iltma. Corte de Santiago, de fecha 25 octubre de 2024, en causa rol 17403 - 2024, que señaló lo siguiente:

“…SÉPTIMO: Que, en relación a la actuación que por esta vía se impugna, debe tenerse primeramente en consideración lo que dispone la normativa que regula la materia. El artículo 16 del Decreto Supremo N° 3/84, que Aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, prescribe que tanto la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos, agrega la norma, se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia. Pues bien, en este marco normativo es que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, rechazó las licencias médicas de la recurrente, correspondiente a un periodo de 95 días, a contar del 10 de agosto de 2023. No se observa en este proceso ilegalidad ni arbitrariedad alguna que pueda atribuírsele a la COMPIN, sin perjuicio de tenerse también en consideración que el rechazo de las licencias, aparece debidamente fundamentado.”

“OCTAVO: Que en cuanto a la actuación que cupo a la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, ha de indicarse que la citada Ley 20.585 ha entregado a este órgano de la Administración del Estado el cumplimiento de ciertas funciones con el objetivo de asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario sea de una Institución de Salud Previsional o del Fondo Nacional de Salud. En este contexto y en lo que atañe al caso sobre que versa el recurso, la valoración de los antecedentes acompañados por esta recurrida permiten descartar cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad en su proceder, pues demuestran que la decisión adoptada, además de encontrar soporte legal, no se sustentó en el mero capricho de la autoridad que intervino en la misma, quien, por el contrario, emitió su parecer de orden técnico con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica, en una decisión apoyada en la revisión de los profesionales médicos de la COMPIN”.

“NOVENO: Que en razón de lo expuesto en los motivos anteriores y por no configurarse en la especie el supuesto básico que justifica brindar protección constitucional, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, el recurso de protección deducido debe ser necesariamente declarado sin lugar. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Se previene que el ministro señor Mera no comparte la reflexión quinta, por cuanto, en su concepto, e independientemente de los derechos que se dicen conculcados, el agravio lo es por un derecho de seguridad social, y, por tanto, no se encuentra protegido por el artículo 20 de la Carta Fundamental. Acordada, en cuanto a las costas, con el voto en contra del ministro señor Mera, quien estuvo por imponerlas al recurrente, por cuanto, en su concepto, no ha tenido motivo plausible para deducir la acción del artículo 20 de la Constitución Política de la República, y, además, ha sido vencido totalmente”.

3.- Fallo de la Iltma. Corte de Talca, de fecha 13 abril de 2021, en causa rol 18-2021, que señaló lo siguiente:

“…Que, en lo que respecta a las garantías cuya vulneración alega la recurrente sobra apuntar que no es posible establecer una seria relación de causalidad entre la dictación de las resoluciones administrativas recurridas y la afección a la integridad física y psíquica del recurrente, siendo forzoso concluir que tal garantía constitucional no se ha visto conculcada con el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social. A igual conclusión se arriba respecto de la supuesta vulneración del derecho de propiedad alegada por el recurrente, pues el subsidio por incapacidad laboral se rige como un derecho eventual que depende de la autorización de las licencias médicas, presupuesto que no concurriendo en los hechos vuelve imposible que tal derecho haya ingresado a su patrimonio”.

4.- Adicionalmente, un fallo de la corte de apelaciones Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiunos, en causa rol 3854-2021:

“Séptimo: Que, en cuanto al fondo de lo discutido, hay que recordar que se ha sostenido invariablemente por la jurisprudencia, con relación a la procedencia de la acción constitucional de protección, que es indispensable que el actor detente un derecho de carácter cierto, determinado e indubitado, que amerite su cautela en un procedimiento breve y concentrado, como el de autos. En el caso en estudio, precisamente, el derecho que se estima conculcado no se encuentra debidamente determinado, ni menos puede calificársele de indubitado, desde que en todas las instancias administrativas se han rechazado los pagos por los subsidios derivados de las licencias médicas en cuestión”.

Por cuanto, la emisión de una licencia médica no puede significar que por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos,se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

POR TANTO; en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 N° 18 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, orgánica y de funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes;DE SS. ILUSTRÍSIMA solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por Don nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

A folio 17 atendido el tiempo transcurrido y lo obrado en la presente causa, se prescinde del informe solicitado a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Temuco-Cautín y al Fondo Nacional de Salud (FONASA) .

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido consagrado en nuestro ordenamiento jurídico como una acción de carácter cautelar destinada a brindar tutela inmediata frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que amenacen, perturben o priven del legítimo ejercicio de los derechos fundamentales asegurados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Su procedencia exige la concurrencia de un acto u omisión de carácter ilegal o arbitrario y que la afectación recaiga sobre uno de los derechos expresamente amparados por dicha disposición.

SEGUNDO: Que, en la especie, el recurrente don nombre reservado ha impugnado las decisiones adoptadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez - Subcomisión Cautín (COMPIN) y por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), consistentes en el rechazo de las licencias médicas N°s 103998196-K, 104851364-2 y 105762485-6, extendidas por un total de 63 días desde el 22 de junio de 2024, por estimar que el reposo prescrito no se encontraba debidamente justificado. La resolución terminal fue dictada por la SUSESO mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-163261-2024, de fecha 18 de octubre de 2024.

TERCERO: Que, respecto de la alegación de extemporaneidad planteada por la Superintendencia recurrida, se debe considerar que la notificación electrónica de la resolución fue practicada el 18 de octubre de 2024, mientras que el presente recurso fue ingresado el 18 de diciembre de 2024. Sin embargo, del examen de los antecedentes acompañados, resulta que el recurrente ha mantenido actuaciones administrativas posteriores a la notificación y ha planteado fundamentos que se relacionan con una afectación de carácter permanente de sus derechos fundamentales, lo que conlleva que la alegación de extemporaneidad será desestimada.

CUARTO: Que en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso de protección por tratarse de materias de seguridad social regidas por el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución, cabe señalar que lo que se reclama no es el derecho general a la seguridad social, sino la afectación a las garantías del artículo 19 N° 1 (vida e integridad física y psíquica), N° 3 inciso quinto (debido proceso) y N° 24 (derecho de propiedad), invocadas expresamente por el actor. Por ende, se desestima también dicha alegación de improcedencia.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes aportados, aparece que el rechazo de las licencias médicas impugnadas se fundó, principalmente, en la inexistencia de un informe médico actualizado otorgado por especialista de neurocirugía, en la falta de acreditación de terapia kinésica y en la ausencia de constancia de lista de espera quirúrgica. No obstante, el recurrente acompañó diversos antecedentes clínicos de especialistas (incluidos certificados del neurocirujano tratante), constancias de ingreso a urgencias, uso de ortesis de apoyo, informes de dependencia funcional y situación de silla de ruedas, que dan cuenta de un cuadro médico crónico y complejo. Además, se entregaron antecedentes relativos a la recomendación de cirugía y al inicio de trámites de invalidez.

SEXTO: Que, en consecuencia, se observa una evidente contradicción entre la conclusión a la que arriba la Superintendencia y los antecedentes clínicos disponibles. La resolución recurrida no desarrolla con claridad ni profundidad las razones clínicas que permitan desestimar la necesidad de reposo, ni pondera adecuadamente la gravedad del cuadro ni su impacto en la capacidad laboral. Tampoco se recabaron antecedentes complementarios que permitieran un pronunciamiento debidamente fundado. En consecuencia, el acto carece del debido fundamento técnico exigido, resultando arbitrario.

SÉPTIMO: Que, además, el actuar de la autoridad administrativa ha trasladado al recurrente la carga de subsanar omisiones o vacíos que, por mandato legal, deben ser objeto de fiscalización y verificación por la propia entidad. La SUSESO, ante la existencia de un cuadro grave y progresivo, tenía el deber de requerir antecedentes adicionales, peritajes o informes técnicos suficientes antes de confirmar el rechazo de las licencias.

OCTAVO: Que, lo anterior ha generado una perturbación al legítimo ejercicio de los derechos fundamentales del recurrente, quien se encuentra imposibilitado de reincorporarse a su trabajo por condiciones médicas acreditadas, sin percibir el subsidio correspondiente, lo que afecta gravemente su salud física y mental, su calidad de vida y su patrimonio.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 19 N°s 1, 3 inciso 5° y 24, 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RESUELVE:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad e improcedencia de la acción de protección, deducida por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, solo en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-163261-2024, debiendo dicha autoridad disponer la realización de una nueva evaluación médica especializada del recurrente, la que deberá ser presencial y no meramente de revisión documental, que incluya la valoración por parte de un médico especialista en neurocirugía, y ponderar nuevamente la procedencia de las licencias médicas impugnadas en autos.

III.- Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez – Subcomisión Cautín, al tratarse de un acto administrativo intermedio no terminal.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-8919-2024.(jog)