Protección contra Ilustre Municipalidad de Curacautín

C.A. de Temuco Temuco, catorce de mayo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Comparece HERNÁN ALEJANDRO VALDEBENITO CASTILLO, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, actuando en representación, según se acreditará de nombre reservado, con mi mismo domicilio para estos efectos, quien interpone acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Curacautín, RUT: RUT reservado, representada legal, judicial y extrajudicialmente por su alcalde don Víctor Manuel Barrera Barrera, actividad alcalde, cédula de identidad: RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en la dictación ilegal y arbitraria de la Resolución Decreto N° 2.685 de fecha 15 de diciembre de 2023, notificada a don nombre reservado con fecha 22 de febrero de 2024, dictada por doña nombre reservado en calidad de Alcalde Subrogante, en la que se Tiene por no interpuesto Recurso de Reposición presentado por don nombre reservado A. nombre reservado en nombre de don nombre reservado, por no existir mandato legalmente otorgado para ello, por la aplicación ilegal de un reglamento interno de la Municipalidad de Curacautín omitiendo el mandato legal dispuesto en el artículo 139 de la ley 18.883, que prescribe el Recurso de Reposición, aplicando con ello una norma inferior a la ley en un procedimiento sumarial que está expresamente señalado en la ley 18.883, lo que constituye una grave infracción constitucional y legal.

Solicitando se deje sin efecto lo decretado por la Ilustre Municipalidad de Curacautín, y en definitiva se tenga por interpuesto Recurso de Reposición interpuesto por este abogado con expresa condenación en costas. Lo anterior sobre la base de los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer:

I. ANTECEDENTES PRELIMINARES.

Su representado es trabajador de la Ilustre Municipalidad de Curacautín desde el año 1982, en la que se ha desarrollado como Jefe de Finanzas del Departamento de Educación Municipal hasta la actualidad. Durante estos casi cuarenta años de servicio, ha desarrollado fiel y honestamente su empleo, habiéndose desempeñado durante este periodo en diversos cargos, en particular como trabajador municipal en el área de contabilidad.

Con fecha 16 de diciembre de 2021 ordena vía Decreto Municipal 2076 instruir investigación sumaria en razón de una licitación de teléfonos móviles y el fiel cumplimiento de los servicios contratados, donde don nombre reservado era una de las personas investigada por falta de una boleta de garantía y otros aspectos contenidos en el proceso de licitación.

Con fecha 18 de junio de 2022, vía Decreto Exento 2004 de 18 de julio eleva la investigación sumaria a sumario administrativo, siendo mi representado uno de los sumariados, notificándole tal situación administrativa conforme la ley 18.883.

Con fecha 21 de Julio de 2023, el fiscal instructor administrativo formula cargos en contra de mi representado, notificándole con fecha 24 de julio los mismos con expresa aplicación a las normas del sumario administrativo para los funcionarios municipales, esto es en cuanto a la recusación del fiscal, la forma de responder los cargos y el plazo respectivo del procedimiento.

Con fecha 26 de julio de 2023 el sumariado don nombre reservado solicita copia del expediente del sumario y prórroga del plazo para contestar los cargos, conforme los dispone la ley 18.883, ello consta a fojas 807 del expediente sumarial.

Con fecha 02 de agosto de 2023, se realiza trámite de descargos del sumario, en la cual este abogado realiza los descargos previa autorización de mandato judicial que se acompaña en el escrito respectivo.

Con fecha 02 de agosto de 2023 el Fiscal Administrativo tiene por realizados los descargos en lo principal, autoriza periodo de prueba y tiene por acreditada personería conforme a mandato judicial acompañado en dichos autos.

Con fecha 16 de Noviembre de 2023 conforme a Decreto alcaldicio 2426/2023 se decreta la sanción de un 25% diaria en contra de mi representado como sanción por los cargos sumariales, resolución que fue notificada con fecha 5 de diciembre de 2023. En dicha resolución expresamente señala la aplicación en este sumario de las normas contenidas en el Título V “De la Responsabilidad administrativa”, art., 118 y siguientes de la ley 18.883. Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales.

Con fecha 12 de diciembre de 2023, conforme al artículo 139 de la ley 18.883 se interpone recurso de reposición, aplicando la norma del artículo 138 de la ley 18.883 (contenida en el Título V de la ley 18.883 aplicado por el mismo decreto que determinó la sanción recurrida).

Con fecha 15 de diciembre de 2023, vía Decreto 2685 se declara no interpuesto Recurso de Reposición por no contener mandato el abogado, ello por aplicación del artículo 38 de la ley 18.883 Estatuto administrativo de Funcionarios municipales, que expresamente es la norma legal aplicable.

Con fecha 22 de febrero de 2024, se notifica la Resolución Decreto 2685 a don nombre reservado.

LA ACTUACION Y ORGANOS EN CONTRA DEL CUAL SE RECURRE.

De lo expuesto en el número anterior queda de manifiesto que se recurre en contra de la Resolución que dispuso Tener por No interpuesto el recurso de reposición presentado por este abogado.

Las razones que da el decreto recurrido son las siguientes:

1.- Que el señor nombre reservado, si bien fue sumariado por la norma de la ley 18.883, él tiene un carácter de trabajador del Código del Trabajo, y por ello las normas y la aplicación del Estatuto Administrativo, procedimiento y recursos no son pertinentes en este contexto.

2.- Así las cosas, luego de haber sido realizado el sumario todo el procedimiento hasta la sanción decretada, justamente por el Estatuto administrativo para funcionarios municipales, a la hora de los recursos de impugnación a juicio de la I. Municipalidad de Curacautín sería realmente aplicable el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. Lo relevante es que primeramente el sumario administrativo, sólo tiene rango legal, lo que implica imposibilidad de ser carácter reglamentario y en segundo lugar es que del estudio del propio reglamento citado, no existe procedimiento de sanción administrativo en dicho reglamento.

LA ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD DE LA ACTUACIÓN RECURRIDA.

La actuación recurrida ha sido dictada durante la sustanciación de un sumario administrativo, cuya regulación se encuentra contenida en el denominado Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, Ley N°18.883, de forma tal que no cabe duda que se trata de un procedimiento legalmente reglado.

Al ser un procedimiento establecido por la ley, la regla general, es que la autoridad administrativa carece de facultades discrecionales, y en los casos en que la ley le confieren un determinado margen para la adopción de sus decisiones, ello debe ser interpretado restrictivamente, y enmarcado en los principios que regulan el ejercicio de las funciones administrativas, previstos tanto en la Constitución Política de la República como en las leyes, como lo son el debido proceso, la interdicción de la arbitrariedad, y la proporcionalidad.

En este contexto, la determinación de declarar interpuesto o no interpuesto un recurso de reposición (de contenido legal), se rige plenamente por el principio del debido proceso, que exige legalidad extrema, racionalidad y justicia en su aplicación, y que se traduce en que cada vez que se revisa un trámite de admisibilidad, debe tener una causa legal o fundamento legal, a fin de ser respetuosa de las exigencias de racionalidad y justicia, y evitar caer así en la arbitrariedad, todo lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

Al efecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 139 de la Ley 18.883, este parte de la base que todo el proceso si se sustanció conforme lo dispone el estatuto administrativo de funcionarios municipales, y por ello su interposición y su admisibilidad (cumpliendo con los requisitos formales), no es una actuación discrecional de la administración, sino que es la ley la que deviene en sus resultados.

Pues bien, basta con leer la Resolución recurrida y transcrita precedentemente, en virtud de la cual se declara no interpuesto recurso de reposición , para verificar que NO existe ninguna motivación legal para dicha decisión, todo lo cual redunda en que dicha Resolución sea absolutamente carente de motivación legal, injustificada, en su mérito arbitraria y en finalmente desproporcionada, ya que no es posible encontrar ninguna justificación legal o razón por la cual esta se puede aplicar un instrumento de menor rango legal para efectos de un recurso legal.

Es importante destacar varios puntos de ilegalidad completa y falta de cordura jurídica en esta etapa, que son:

A.- El rango jurídico del Reglamento respecto de la ley. Primeramente sobre la situación del rango jurídico del Reglamento administrativo municipal, si bien este se enmarca en una potestad reglamentaria, este sólo puede ser materia en que la ley no tiene atribuciones o ser ejecución de la propia ley, y por cierto nunca suspender los efectos legales ya en ejercicio con puro voluntarismo del ente municipal.

Es claro así que nos encontramos en uno de los ejemplos más clásicos de vulneración del artículo 6 y 7 de la Constitución y del artículo 63 de la propia Carta Fundamental, ello en el numeral 18) Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública. Toda vez que sin facultad legal alguna el señor Alcalde a través de la resolución que se denuncia mediante esta acción Constitucional pretende sustituir la ley, ello sin facultad legal alguna, sin delegación legal alguna y es más contrariando directamente la Constitución Política de la República.

B.-La suspensión de la vigencia de la ley en materia de Sumario Administrativo. El caso concreto es que desde el origen del procedimiento de sumario habían dos premisas muy claras, la primera que don nombre reservado es un trabajador contratado conforme a las normas del Código del Trabajo y segundo que ello no es óbice para la aplicación de la ley 18.883, en particular el Sumario Administrativo.

Así fue, que se instruye investigación sumaria y luego sumario administrativo y todas las diligencias están dirigidas por la ley 18.883, tanto es así que a fojas 802 de fecha 25 de julio de 2023, se establecen los cargos en contra de nuestro representado (resolución que se acompaña) y en ella expresamente señala: “Se hace presente que de conformidad al artículo 135 del Estatuto Administrativo N° 18.883, usted tiene un plazo de cinco días contados desde la notificación para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas”

Y como clarificación final es menester citar el propio Decreto Municipal que ordena instruir Sumario que señala a fojas 137 del sumario en que en el Visto 4 señala expresamente la Ley 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, Titulo V “De la Responsabilidad Administrativa”.

Así las cosas claramente queda establecido que se aplicó desde el origen del sumario las normas de la ley 18.883, y por tanto esta resolución que señala no interpuesto el recurso de reposición suspende ilegalmente los efectos de la propia ley.

C.- El rango administrativo de quien decreta la sanción y luego quien pudiere (conforme al Reglamento) modificar una resolución de su jefe jerárquico.

Es importante destacar que la resolución que se impugna señala que el encargado de un recurso de reposición sería conforme al Reglamento ya citado el Director Comunal de Educación a través de un recurso de reconsideración en un plazo de dos días.

Esto dice relación, con revisar la naturaleza jurídica del órgano que dicta la sanción administrativa (el alcalde) que conforme a la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, es expresamente una de las facultades aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan.

En este punto es importante destacar dos puntos, uno que el alcalde no puede establecer sanciones sin apego a las normas estatutarias (ley 18.883), y en segundo lugar conforme a la Constitución Política y a la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la autoridad máxima de la Municipalidad es el alcalde. Decimos esto, toda vez que al no considerar el Recurso de Reposición legal y aplicar una reconsideración del Reglamento de Orden Higiene y Seguridad, está dejando que un inferior jerárquico revise las resoluciones de la autoridad superior de la Municipalidad y está abrogando facultades que por ley sólo están determinadas al alcalde, tanto es así que es el propio alcalde que debe revisar su propia resolución, porque no hay superior legal a esta investidura.

D.-Situación especial del mandato y la personería.

En este tema, más aún, es claramente arbitrario, toda vez que se puede ver en los primeros análisis del Decreto impugnado que reconoce al abogado que suscribe, como quién defendió en la fase previa en el sumario a don nombre reservado, y para ello efectivamente acompañé mandato judicial, así quedó asentado en el sumario. Estos elementos estaban a la vista en el informe fiscal y la propia resolución alcaldicia que decreta la sanción, por lo que es claramente una falta de respeto a la profesión de abogado y una arbitrariedad sostener que no existía mandato notarial previo que acreditara personería.

E.- Una situación importante consiste en el hecho que en otro sumario administrativo, Decreto Municipal: 25296 - 2021, iniciado con anterioridad al que nos ocupa, pero cuya notificación de cargos en contra de mi representado es posterior a la finalización de éste, expresamente se aplican las normas de la ley 18.883, y en el cual la fiscal instructora establece que asume en dicho procedimiento administrativo sancionador las facultades de los artículos 125 y siguientes de la ley 18.883.

En consecuencia, la autoridad administrativa recurrida no ha respetado la normativa contenida en ley 18.883, en la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades ni en la propia Constitución Política de la República y por ende, no ha cumplido con el principio de legalidad, en consecuencia su actuación es ilegal.

Al obrar de este modo, la Autoridad Edilicia, quebrantó el principio de Supremacía Constitucional reclamable de todo órgano de la administración de conformidad lo dispuesto en la Ley N° 19.880, y en particular en la ley 18.883, y demás ya señaladas, pues ha obrado con manifiesta falta de legalidad. Además, la intensidad de la resolución y el de debida razonabilidad y fundamentación de la suspensión y alteración de los efectos de la ley conllevan la infracción de la igualdad ante la ley, de constituir un verdadero régimen especial de juzgamiento o más bien una comisión especial, afectando el debido proceso en su esencia que exige un igual tratamiento de todos aquellos que se encuentran en idénticas condiciones previstas por la norma aplicable en concreto, lo que aquí derechamente ha sido dejado de lado.

GARANTÍAS QUE SE HAN VISTO PERTURBADAS O AMENAZADAS EN SU LEGÍTIMO EJERCICIO.

La igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Es el caso Su Señoría Ilustrísima que, con la sustitución ilegal de procedimiento, y la suspensión de los efectos normales de la ley a través de un acto administrativo municipal (el tantas veces citado “Reglamento”), claramente se produce una diferencia en el tratamiento procedimental a mi representado, toda vez en circunstancias iguales, con aplicación estricta de la ley se ha procedido de manera diversa respecto de otras personas.

Esta distinción arbitraria provoca justamente una indefensión imposible de subsanar sino a través de esta acción constitucional, lo que deviene justamente en una alteración de racionalidad en la justicia.

Por su parte, la igualdad material implica un deber “de diferenciación por razones normativas en base a determinadas circunstancias fácticas”. Conforme esta lógica, el ordenamiento jurídico debe reconocer las diferencias y valorarlas de manera que se efectúen correcciones normativas de dicha realidad concreta, lo que en nuestro caso no se da, sino por el contrario no existe posibilidad de hacer diferenciación alguna en las circunstancias fácticas.

Desde un punto de vista del derecho Constitucional y derecho Administrativo debemos decir primeramente que los sumarios administrativos, son materias de ley, y por ello la potestad reglamentaria no puede realizar intervención, y sólo podría intervenir mediante una delegación expresa del Congreso al Presidente de la República o a través de un permiso de norma reglamentaria de ejecución de la propia norma legal matriz.

Es por ello, que hacer esas diferencias no establecidas expresamente en la ley o en norma constitucional involucra una vulneración al principio de igualdad ante la ley, ello sin perjuicios de los otros derechos conculcados que se desarrollan a continuación.

Es relevante el perjuicio aun más, que al aplicar ilegal y arbitrariamente un reglamento y declarar no interpuesto el recurso, lo que hace es denegar el derecho al recurso, y con ello perjudicarlo en sus funciones públicas y laborales.

B. El derecho al debido proceso, en particular el derecho a no ser juzgado por Comisiones especiales, del número 3, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

La categoría más bien apunta a la prohibición de establecimiento de tribunales ad hoc, creados para juzgar un caso concreto o a una determinada persona o grupo de personas en particular, sin que se garantice la imparcialidad e independencia del juzgador, vulnerando el principio de igualdad conforme al cual todos los ciudadanos en idénticas situaciones deben ser juzgados por el mismo tribunal. Ello se explica por el origen histórico del término, que surge en nuestra historia constitucional, en 1828, al mismo tiempo que se eliminan los fueros especiales (Silva, 2002; Roldán, 1924). De ahí que la fuente por la cual los tribunales deban establecerse sea la ley, en tanto norma de carácter general y abstracta.

La resolución administrativa recurrida vulnera la garantía constitucional del debido proceso, en cuanto al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, específicamente en su aspecto del juez natural (lo mismo se aplica para órgano administrativo que en este caso es el alcalde y el procedimiento especial así definido legalmente)

Acá es la propia ley (18.883) que señala la forma específica y reglada del sumario administrativo y pormenorizadamente los recursos procesales que deben aplicarse, tanto en la forma de recurrir, los plazos y ante quien se deben interponer.

Así las cosas, en esta acción lo denunciado consiste en que la Resolución que se impugna, lo que hace es constituir una comisión especial de juzgamiento, toda vez que no está en la ley ni en parte del ordenamiento la forma como resuelve la Ilustre Municipalidad de Curacautín a través de esta resolución Es tan vulneradora esta resolución, que hace aparecer un procedimiento no legal, un órgano que no está en la ley y que además es de menor rango jerárquico.

Es importante destacar que la Resolución que se impugna, señala que al ser mi representado contratado por el Código del Trabajo, no se le aplica el Estatuto Administrativo, y en caso de aplicarlo, será una aplicación no rígida, en síntesis será de una manera arbitraria para que se constituya una comisión especial en contra de mi representado.

Importante destacar que el reglamento de Orden, Higiene y Seguridad no establece procedimiento alguno de investigación sumaria o sumario, por lo que no es posible aplicar a mi representado procedimiento inexistente.

Por otra parte las normas de la ley 18.883, señala que quién determina la sanción o la absolución es el Alcalde, lo que efectivamente sucedió, y conforme al artículo 139 a este mismo órgano se le debe interponer el Recurso de Reposición, toda vez que la ley 18.883 no permite aplicar reglamento alguno, actuar de otra manera es justamente cambiar el órgano que por ley debe conocer del asunto que la propia ley le ha puesto dentro sus facultades.

Para terminar la vulneración grosera en este caso, es que la Resolución que se impugna, señala que puede “revisar” o “reconsiderar” un inferior jerárquico lo dictado por el Alcalde (superior jerárquico Constitucional), lo que provoca mayor escándalo jurídico, y deviene en que esta resolución permite el juzgamiento por una comisión especial, en este caso. Sus Señoría Ilustrísimas, una comisión muy especial, toda vez que no existe por ley, ni antes de los propios hechos, ni es procedimiento legal establecido y además de darle facultades a un inferior jerárquico materias de exclusivo conocimiento del alcalde.

C.- El derecho a no ser afectado en la esencia del derecho, consagrado en el artículo 19 N°26 de la Carta Fundamental.

Es claro que el Alcalde en cuanto a órgano administrativo, puede dictar reglamentos decretos u ordenanzas, toda vez que es la ley que le reconoce dicha potestad, sin embargo estas normas jurídicas administrativas, sabemos no pueden vulneran o sustituir a la ley, ni menos afectar la Constitución o afectar el derecho garantido en su esencia.

El artículo 19 N°26 de la Constitución nos señala: La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

Es el caso, que esta norma reglamentaria al sustituir la ley tanto al cambiar el órgano como el procedimiento afecta a la esencia el derecho al debido proceso, a la defensa de derechos fundamentales y en definitiva el derecho a la justicia en su esencia.

Con la reglamentación expresada y la forma en que dispone la autoridad alcaldicia que se debe aplicar, lo que deniega es el derecho mismo en su esencia, lo que hace que sea claramente contrario a nuestra constitución y sea recurrida a través de esta acción de protección.

MEDIDAS QUE SE SOLICITAN ADOPTAR A LA ILTMA. CORTE PARA RESTABLECER EL IMPERIO DEL DERECHO.

1. Se solicite informe a la recurrida al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Curacautín, al tenor del contenido de la presente acción constitucional, y que acompañe los sumarios Administrativos 2004- 2022 y 2596-2021, que recaen en contra de mi representado.

2. Se deje sin efecto el Decreto Municipal 2685 de 15 de diciembre de 2023 y que se le ordene al Señor Alcalde de Curacautín tenga por interpuesto el Recurso de Reposición conforme lo dispone el artículo 139 de la ley 18.883, dándole tramitación legal en el plazo que la propia ley señala 2. Se Condene en costas a la Ilustre Municipalidad de Curacautín por la gravedad jurídica así realizada.

Solicita acoger a tramitación la presente Acción de Protección en contra de lIlsutre Municipalidad de Curacatín representada por su alcalde Víctor Manuel Barrera Barrera, ambos ya individualizados, en definitiva acogerla en todas sus partes, con costas, a fin de restablecer el imperio del derecho quebrantado en virtud del actuación arbitraria e ilegal de la recurrida, dejando sin efecto la Resolución de fecha 16 de diciembre de 2023, dictada por la alcaldía de dicha Municipalidad vía Decreto N° 2685 de 16 de diciembre de 2023, notificada con fecha 22 de febrero de 2024. declarándola ilegal y arbitraria, ordenado al alcalde que tenga por interpuesto el recurso de reposición, que le de tramitación legal y que resuelva dicho recurso conforme a las normas de la ley 18.883, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Decreto municipal de la Ilustre Municipalidad de Curacautín N°2685 de fecha 15 de diciembre de 2023, notificada con fecha 22de febrero de 2024.

2.- Copia de Decreto Municipal N° 2004/2022 la Ilustre Municipalidad de Curacautín de fecha 18 de julio de 2022, que eleva Investigación sumaria a Sumario Administrativo.

3.- Copia de Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad del Departamento de Educación Municipal de Curacautín 4.- Resolución de Fojas 802 del sumario administrativo que formula cargos a don nombre reservado de fecha 25 de julio de 2023.

5.- Copia de Decreto alcaldicio N° 2596/2021 de fecha 18 de octubre de 2021 (fojas 342 de segundo sumario administrativo) y copia de aceptación de cargos señora fiscal instructora a fojas 343 del segundo sumario administrativo.

6.- Copia de mandato judicial otorgado por don nombre reservado a este abogado A folio 9 informa MIGUEL ANTONIO PODLECH ROMERO, abogado, en representación de la MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN, quien dice:

Entrando al fondo del asunto debatido, la Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República indica que en casos de hechos imputables a funcionarios afectos al Código del Trabajo, se debe invocar alguna de las causales del articulo 160 del citado cuerpo legal y practicar previamente una breve investigación, la que si bien no requiere sujetarse a reglas regidas de tramitación, deberá observar el derecho fundamental al debido proceso, vale decir , efectuar una investigación destinada a establecer la ocurrencia de los hechos imputados al servidor y la participación que en ellos le cabe a éste, quien debe ser oído, dándosele la posibilidad de defenderse. (Dictámenes N° 25.804/09 y N° 43.689/13)

Tal como es del caso, el debido proceso se ha encontrado presente en toda la tramitación de la investigación respectiva, es más, el fiscal utilizó la estructura aplicable al sumario administrativo de la ley 18.883 desde un aspecto formal, es decir, temando en consideración que basta con acreditar la ocurrencia de los hechos que configuran el motivo de la medida disciplinaria, escuchar al afectado brindándole la oportunidad de defenderse y notificarle la sanción. Esta situación ha ocurrido en el caso particular que nos ocupa.

Lo anterior no obsta a la aplicación de las normas que corresponden aplicar al caso concreto, en particular para la etapa posterior del Decreto que aplica la sanción, contenidas en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad.- En efecto, es importante destacar que don nombre reservado en cuanto a su calidad contractual está sujeto al Código del Trabajo. Por lo tanto, la aplicación de las reglas de procedimiento y recursos establecidas en el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales no es aplicable para esos efectos, esto, toda vez que don nombre reservado, no es un funcionario municipal en los términos señalados en la Ley 18.883, por ende, no cabe aplicar esta normativa formalmente, sin embargo, sí es posible seguir sus reglas para efectos de tramitación en lo que se estimare pertinente para asegurar el debido proceso, tal como ocurrió en la especie, prevaleciendo las especiales en lo que estén reglamentadas como lo es en este caso la parte recursiva.

Tal como propuso el Fiscal don Carlos Valladares, secretario abogado del Juzgado de Policía Local, la sanción deriva del Reglamento nombre reservado Higiene y Seguridad, que contrario a lo que señala el recurrente, si establece las medidas disciplinarias o sancionatorias a los trabajadores pertenecientes al DAEM como asimismo regula los recursos.

El Reglamento de Orden Higiene y Seguridad del Departamento de Educación Municipal, dispone específicamente en sus Artículos 53, 54 y 58 en como determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos cuando sus conductas contravienen sus obligaciones o infringen prohibiciones propias de sus empleos o funciones regidas por el Código del Trabajo.

En resumen, desde el principio existen mecanismos contemplados tanto en el Reglamento de O.H y S del Departamento de Educación como en el proceso sumarial tramitado de acuerdo con las reglas de la ley 18.883, esto desde un punto de vista de “forma”. Por lo tanto, no se ha vulnerado el debido proceso del recurrente.

De otro lado, no se ha violado el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, ya que el Reglamento se aplica a todos los funcionarios sujetos al Código del Trabajo del Departamento de Educación Municipal.

La pertinencia de la existencia y aplicación de este Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad emana del artículo 153 inc 1 del Código del Trabajo que establece que “Las empresas, establecimientos, faenas o unidades económicas que ocupen normalmente diez o más trabajadores permanentes, contados todos los que presten servicios en las distintas fábricas o secciones, aunque estén situadas en localidades diferentes, estarán obligadas a confeccionar un Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva empresa o establecimiento”.- Por otro lado, el artículo 154 del mismo cuerpo legal dispone. “El reglamento interno deberá contener, a lo menos, las siguientes disposiciones:” 10.- las sanciones que podrán aplicarse por infracción a las obligaciones que señale este reglamento, las que sólo podrán consistir en amonestación verbal o escrita y multa de hasta el veinticinco por ciento de la remuneración diaria; 11.- el procedimiento a que se someterá la aplicación de las sanciones referidas en el número anterior;

Cabe hacer presente que, el reglamento Orden Higiene y Seguridad del Daem en su articulo 53 dispone: La responsabilidad administrativa es aquella en que incurren los servidores públicos cuando sus conductas contravienen sus obligaciones o infringen prohibiciones propias de sus empleos o funciones. Características:

- Se origina ante una infracción funcionaria - Da lugar a la imposición de una medida disciplinaria.

- Es independiente de otras responsabilidades, civiles, penales etc.

- Se hace efectiva a través de un procedimiento administrativo.

Articulo 54: El departamento de Educación Municipal, podrá hacer efectiva la responsabilidad administrativa a que se encuentra adscrito el personal dependiente, sólo en virtud de un procedimiento administrativo sancionatorio, dictado mediante acto administrativo al efecto, y respetando las garantías constitucionales del debido proceso.

Finalmente, el Artículo 58 del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad del DAEM, se especifica claramente, la forma de presentar una reclamación frente a la aplicación de la medida disciplinaria.

Este Art.58 prescribe: “Para los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, el sistema, en caso de falta grave, podrá aplicar al infractor una multa de hasta un 25% de su remuneración diaria. En el caso de multa, el afectado con esta medida podrá solicitar reconsideración directamente al Director Comunal de Educación, situación que deberá ser resuelta dentro del plazo de dos días hábiles de notificada la sanción…”.- En consecuencia, en tal Reglamento Interno se establece la forma y plazo para recurrir de reposición, no pudiendo cuestionarse en esta instancia su procedencia, ni menos su legalidad por no ser objeto ni pertinente analizar en un recurso de protección.- Tampoco es pertinente hacer referencia a otro sumario administrativo en curso en contra del recurrente, ya que dicho proceso aún no ha concluido en su parte resolutiva, es decir, se trata de un proceso en desarrollo y no concluido. Tampoco es apropiado hablar de comisiones especiales, ya que cualquier investigación, como en este caso, debe ser llevada a cabo por un investigador el cual es una figura distinta al alcalde. El alcalde, por su parte, es aquel a quien se le propone una vista por parte del fiscal y finalmente decide sobre la sobreseer o aplica una medida disciplinaria según corresponda.

En definitiva, al ser aplicada la normativa del Código del Trabajo tratándose de don nombre reservado, y a su vez, este cuerpo normativo exige un Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad estableciendo el procedimiento correspondiente para establecer responsabilidades administrativas y sus sanciones, para estos efectos, se estima no existe ilegalidad o arbitrariedad en los términos planteados por el recurrente.

Solicita se sirva tener por evacuado el informe por parte de la Municipalidad de Curacautín.- Acompaña a su presentación copia del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad que rige al personal regido por el Código del Trabajo que trabaja en el Departamento de Educación.- CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación constitucional como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que así, en estos autos se ha interpuesto recurso de protección en contra de la Municipalidad de Curacautín, por haber dictado la el Decreto N° 2.685 de fecha 15 de diciembre de 2023, notificada a don nombre reservado con fecha 22 de febrero de 2024, dictada por doña nombre reservado en calidad de Alcalde Subrogante, en la que se Tiene por no interpuesto Recurso de Reposición presentado por don nombre reservado A. nombre reservado en nombre de don nombre reservado, por no existir mandato legalmente otorgado para ello, lo cual vulnera la garantía fundamental contemplada en el Nº 2, N°3 inciso 5° y N°26 del artículo 19 del Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en el artículo 10 de la Ley Nº 18.575 , conforme al cual los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico, ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar. Asimismo, cabe considerar el inciso primero del artículo 59 de la Ley 19.880 conforme al cual el recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico. Finalmente, no es menos relevante el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley 19.880 que determina que las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

CUARTO: Que, del mérito de lo informado por la parte recurrida (Municipalidad de Curacatin) queda en evidencia el incumplimiento de la normativa antes descrita, toda vez que más allá de no ser la investigación que afecto a la recurrente una sometida a la ley 18.883 lo que hace improcedente el recurso de reposición previsto en el artículo 139 de dicha normativa, la verdad es que al tener el Decreto alcaldicio 2426/2023 la condición de acto administrativo, la situación debió regirse en tal caso por el articulo 10 de la Ley 18.575 y 59 de la Ley 19.880 ya que el recurso de reposición siempre será procedente salvo que haya norma expresa que lo prohíba , cuyo no es el caso.

QUINTO: Que, en cuanto al cuestionamiento del poder de representación del abogado de la recurrente para oponer el recurso de reposición cabe considerar que el artículo 10, inciso 3° de la Ley N°19.880 dispone que los interesados podrán, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. Esta idea la reitera el inciso primero del artículo 22 de la ley 19.880 al autorizar que los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa en contrario.

En relación, a la representación a través de letrado, se debe siempre tener presente que el artículo 19, N° 3, inciso segundo, de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida.” Dicha norma ha sido complementada en el ámbito administrativo por el artículo 7° de la ley N° 18.120 que establece normas sobre comparecencia en juicio, y que previene que “Los servicios de la administración del Estado y las entidades privadas en que el Estado tenga aporte o participación mayoritarios, no podrán negarse a aceptar la intervención de un abogado como patrocinante o mandatario de los asuntos que en ellas se tramiten.”

Que, el artículo 22 de la Ley 19.880 dispone que los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa en contrario.

Que, no se discute que el abogado de la recurrente tenía poder de representación de la misma en la el procedimiento disciplinario incoado en su contra, poder que se entiende constituido para todas las actuaciones del mismo, condición que tienen los recursos administrativos presentados en contra de las decisiones adoptados a consecuencia del mismo, debiendo además estimarse que tiene todas las facultades necesarias para actuar ,salvo que expresamente estas le hayan sido limitadas por su mandante.

SEXTO: Que, en consecuencia, la recurrida debió necesariamente haber emitido pronunciamiento de fondo en relación con la reposición de la recurrente, no pudiendo haberlo desestimado por las razones de forma que se han invocado en autos.

SEPTIMO: Que, la omisión en que incurrió el recurrido, no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del actor en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar tener certeza de su situación jurídica, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

En razón de lo anterior, es que será acogido el presente recurso en los terminos que serán señalados.

Por lo anterior y de conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por el abogado don HERNÁN ALEJANDRO VALDEBENITO CASTILLO, en representación de nombre reservado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN, con el sólo objeto que la citada autoridad emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto del recurso de reposición presentado con fecha 12 de diciembre de 2023, en contra de la resolución que aplica sanción a su representado.

Regístrese y comuníquese.- Redacción del abogado integrante Roberto Contreras Eddinger.

N°Protección-889-2024. (sac)