nombre reservado con SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece, nombre reservado, Abogado, en representación de doña nombre reservado, Psicóloga Clínica, domiciliada profesionalmente en Antonio Bellet Nº77, quien recurre de protección en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (en adelante SII), representado por doña nombre reservado, Directora Regional, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal que atenta gravemente en contra de las garantías fundamentales consagradas en los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental; con el objeto de que la Iltma. Corte ordene reestablecer el imperio del derecho, expone:

1.- Que, doña nombre reservado, de 69 años de edad, es única propietaria del inmueble consistente en predio de 9,77 hectáreas, ubicado en camino a Botrolhue KM6, Temuco, según inscripción de fojas 4665 Nº4769 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, año 1994. A dicho inmueble se le asignó el rol de avalúo Nº3250-4, Temuco, cuya actual tasación es de $106.491.540.- 2.- Que, en el año 2001 doña nombre reservado, decide trasladarse a la ciudad de Santiago, donde vive junto a su familia. Por tal motivo, con fecha 1º de Junio del año 2004 mi representada da en arriendo el inmueble ya individualizado, a la empresa FORESTAL E INDUSTRIAL nombre reservado, RUT RUT reservado. Dicho arrendamiento terminó con fecha 1º de Junio de 2022, según consta en acta de entrega notarial, ya que doña nombre reservado tomó conocimiento de que el inmueble estaba siendo ocupado por otras personas distintas del arrendatario. Así, a las pocas semanas mi representada se entera que la propiedad se encuentra ocupada ilegalmente por el abogado Guillermo Cáceres Yáñez, quien comienza a realizar una serie de construcciones en el inmueble, iniciando una actividad lucrativa, sin la autorización de mi representada, razón por la cual con fecha 5 de agosto del año 2022 se interpuso en su contra una demanda de precario, radicada ante el 3º Juzgado de Letras de Temuco, bajo el rol Nº2329-2022.

3.- Que, producto de lo anterior, con fecha 4 de Julio de 2024, el SII dicta la resolución N.ºA09.2024.00019177, creando un rol de avalúo suplementario, disponiendo lo siguiente: “SE RESUELVE: Incluir en el Rol de Avalúo y Contribuciones a partir del 01.01.2024, el bien raíz ubicado en SAN JOSE SN LT C, de la comuna de TEMUCO, bajo el rol 4150 − 988, a nombre de nombre reservado.

El bien raíz tendrá un avalúo de $426.876.269, monto en moneda del primer semestre de 2024, quedando afecto del pago de contribuciones.

El enrolamiento mencionado, se verá reflejado en los Roles Suplementarios a publicarse el Segundo Semestre de 2024 y en los correspondientes Roles Semestrales de Contribuciones”.

Que, los roles suplementarios se crean al verificar el SII nuevas construcciones o adiciones en la propiedad. No obstante, para llegar a dicha conclusión, la resolución indica que la propiedad fue visitada únicamente con fecha 20.10.2023, sin señalar el contenido y resultado de dicho análisis y visita, como tampoco la singularización del acta de inspección, todo lo cual tiene incidencia para la determinación del sujeto gravado con el impuesto.

De esta manera es posible advertir que, entre la tasación original y el nuevo rol suplementario, existe un incremento enorme de valor, que el SII recurrido ha impuesto de manera ilegal y arbitraria, pues no existen los fundamentos esenciales para, apartarse de la ley 17.235, y para crear un rol especial suplementario respecto de una persona adulto mayor, con un giro totalmente opuesto al indicado por el SII en este caso y existiendo un ocupante ilegal, tal como se dirá.

4.- Que, con fecha 29 de noviembre de 2024, el SII comunica a mi representada nombre reservado, mediante correo electrónico, el cobro suplementario de contribuciones por la suma de $2.332.943.- con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2024, dando cuenta del rol de avalúo adicional Nº4150-988, que tiene por giro “DEPORTE Y RECREACIÓN” .

De esta manera, el correo indicado señala: “El Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR) le informan que su propiedad se encuentra afecta a cobros suplementarios o montos adicionales a las cuotas de contribuciones emitidas originalmente. Estos cobros suplementarios se producen al incorporar en la tasación fiscal nuevas construcciones, ampliaciones, fusiones u otras modificaciones que se realizaron en la propiedad y que generan, necesariamente, un aumento en su valor.

Las nuevas cuotas, que corresponden a estos montos adicionales, ya están disponibles para pago con fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2024”.

- Que, según constan en la causa de precario mencionada, la persona que realizó de manera ilegal las nuevas construcciones o ampliaciones que justifican el cobro suplementario, fue el abogado Guillermo Cáceres, el que obró sin la autorización de mi representada, ocupando antojadizamente el inmueble para provecho propio. Tal hecho es indubitado, por haber sido reconocido por el mismo Guillermo Cáceres, quien acompañó una serie de facturas al proceso mencionado y que dan cuenta de las nuevas construcciones gravadas con el impuesto territorial. De esta manera, de acuerdo a lo establecido en la ley 17.235, en este caso quien debe soportar dicho impuesto ES EL OCUPANTE DE LA PROPIEDAD, y no el propietario.

- De este modo, tenemos que el Servicio de Impuestos Internos genera un rol de avalúo adicional, respecto de una propiedad ocupada por un tercero, quien sin autorización realizó y pagó las nuevas construcciones que justifican el cobro suplementario, exigiéndole el pago a la propietaria y no al ocupante, razón por la cual el Servicio de Impuestos Internos se ha apartado del artículo 25 de la ley 17.235.

Indica que si bien, en el caso de autos no media contrato, por tratarse de una ocupación ilegal, lo cierto es que el espíritu de la norma y de la jurisprudencia, es que debe pagar el impuesto quien esté ocupando el inmueble para su provecho propio. Por lo demás, si la propia ley 17.235 dispone que en el caso de existir ocupante, debe ser éste quien pague el impuesto, con mayor razón debe pagarlo el ocupante ilegal.

7. -Por todo lo anterior, con fecha 12 de septiembre de 2024, doña nombre reservado decide reclamar el cobro suplementario ante el mismo Servicio, dada su situación económica, su condición de adulto mayor y los ingentes problemas que le ha traído la ocupación ilegal y abusiva del abogado Cáceres Yáñez. Sin embargo, con fecha 20 de noviembre de 2024, el SII decide rechazar ilegal y arbitrariamente su petición, de acuerdo a los siguientes fundamentos.

II.- ACTO U OMISIÓN ARBITRARIO E ILEGAL.

- Con fecha 18 de noviembre de 2024, el Servicio de Impuestos Internos dicta la resolución Nº595, por la cual rechaza petición de revisión de contribuciones por ocupación ilegal de inmueble, declarando:

“SE RESUELVE:

NO HA LUGAR, Dado que los antecedentes presentados no corresponden a lo indicado por la Res.144 del año 2023. La acción de Precario no corresponde a una denuncia o querella Penal, sino que a una acción de índole Civil, por lo cual no se satisface el requisito del resuelvo 1° letra c) de la Resolución exenta N°144/2023.

COMUNÍQUESE a la Subdirección de Avaluaciones, del Servicio de Impuestos Internos para los fines pertinentes.

NOTIFÍQUESE legalmente al correo: correo reservado”

Dicha Resolución fue notificada por correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2024. Acto seguido, el día 29 de noviembre de 2024 se notifica del cobro suplementario.

2.- Al respecto, cabe sostener que el SII ha actuado de manera arbitraria e ilegal.

En primer lugar, el acto administrativo del SII es ilegal por cuanto infringe el artículo 25 de la ley 17.235 sobre impuesto territorial al gravar con el impuesto al propietario del bien, y no al ocupante que realizó las construcciones y adiciones. En segundo lugar, la resolución Nº595 es arbitraria e ilegal por cuanto no expone las razones técnicas y legales para justificar un rol suplementario de avalúo, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley, al beneficiar a cierto tipo de personas bajo el amparo de la ley de usurpaciones Nº21.633/2023, y no a mi representada quien se encuentra en una posición débil y vulnerable, infringiendo así su derecho de propiedad y salud psíquica.

2.1.- Acto ilegal del SII.

Al respecto, el artículo 25 de la ley 17.235 indica que el impuesto territorial debe ser pagado por el propietario o por el ocupante, y en el caso de existir nuevas construcciones el SII está facultado para adicionar nuevos avalúos, procediendo al denominado “cobro suplementario”, es decir, la única y exclusiva razón para realizar un cobro adicional es precisamente por la construcción de nuevas obras. De esta manera, el SII dispuso un nuevo avalúo adicional Nº4150-988, resolviendo que el inmueble tendrá un avalúo de $426.876.269.- gravando solo un parte de la propiedad.

De esta manera, ¿qué antecedentes consideró el SII para estimar que doña nombre reservado invirtió recursos en su inmueble al punto de generarse un avalúo adicional por la suma indicada? ¿El SII llevó a cabo una investigación por justificación de inversiones? ¿Qué tienen que ver las actividades deportivas que el nuevo rol indica con el giro en psicología de mi representada?

Así, el rol de avalúo originario del inmueble siempre fue el Nº3250-4 teniendo actualmente una tasación de $106.491.540.- de manera que el cobro suplementario ilegal y arbitrario vulnera el derecho de propiedad de mi representada, considerando además que el mismo SII favoreció a doña nombre reservado con una rebaja BAM del 50% en el pago de sus contribuciones (rol avalúo Nº1643-260 respecto de su casa habitación), por tener la calidad de adulto mayor y de acuerdo a su nivel de ingresos, de conformidad con la ley 20.732.

De esta manera, cabe preguntarse: ¿es razonable y lógico que el Servicio de Impuestos Internos otorgue un beneficio tributario de adulto mayor, y por otro lado realice un cobro suplementario por supuestas inversiones en la propiedad? Lo cierto es que, por lógica, en Chile un adulto mayor no tiene acceso al crédito, sus ingresos son limitados y que en tales condiciones es poco probable financiar construcciones, sobre las cuales el SII determina una tasación fiscal de $426.876.269.- , solo por una cantidad de metros cuadrados de la propiedad de 9,77 has. La explicación es solo una: doña nombre reservado no tiene la capacidad económica para una inversión de tal envergadura.

Por otra parte, resulta incomprensible que el SII, en atención a sus enormes facultades legales y administrativas, no haya reparado que las nuevas construcciones fueron ejecutadas por el abogado Guillermo Cáceres, de acuerdo a los documentos tributarios emitidos (facturas) a su nombre y en los que se describen las actividades realizadas en Botrolhue, siendo por tanto el sujeto del impuesto, es decir, el verdadero contribuyente, aquel que se encuentra en “conexión íntima, personal y directa con el hecho generador de la obligación” (nombre reservado. 2013). Por ello, el artículo 8º nº5 del Código Tributario define el término contribuyente como: “las personas naturales y jurídicas, o los administradores y tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos”.

2.2.- Acto arbitrario e ilegal del SII.

Tal como se ha descrito, frente al cobro suplementario de contribuciones, mi representada decide reclamar ante el SII, pidiendo una revisión de su caso. Sin embargo, mediante Resolución Nº595 de fecha 18 de noviembre de 2024, decide rechazar la petición, de manera ilegal y arbitraria, de acuerdo a los siguientes fundamentos.

“SEXTO: Que, en este caso, ha sido posible establecer lo siguiente:

Con fecha 12.09.2024, la contribuyente ingresó por internet la Petición Administrativa N°4462029, mediante la cual solicitó el beneficio de rebaja de contribuciones a predios ocupados ilegalmente. En la petición adjunta escrito indicando lo siguiente: “A partir del año 2005 el terreno fue arrendado - firmando contrato con el señor nombre reservado, R.U.T. RUT reservado, en representación de FORESTAL E INDUSTRIAL nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT RUT reservado, durante 17 años. En el año 2022 pongo término al contrato ya que se me informo que estaba siendo ocupado por otras personas distintas del arrendatario, utilizando la infraestructura existente como Escuela de Equitación; con nombre La Fortuna; sin mí consentimiento.” Por otro lado, la contribuyente acompaña declaración jurada, copia de inscripción con vigencia del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, Plano de loteo, acción de precario y escrito respecto del caso.

Los antecedentes aportados indican que el predio se encuentra ocupado por don nombre reservado, sin previo contrato y por mera tolerancia de su dueña, no mediando entre ella y el ocupante título o documento alguno que ampare dicha ocupación irregular e ilegal. Que, del análisis se desprende, que la solicitante no acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución EX SII N°144 de 15 de diciembre de 2023, específicamente el señalado en el Resuelvo 1° letra c) de dicha resolución, que indica: “El solicitante debe haber presentado denuncia o querella penal en conformidad con la ley, realizando una narración circunstanciada de los hechos en que conste la ocupación del o los predios”.

De este modo, a pesar de reconocer que el predio se encuentra ocupado por un tercero, termina rechazando la petición por una cuestión forma y de tiempo, sin consideración al derecho a la igualdad ante la ley. Al respecto, cabe señalar que el SII posterior a la ley 21.633 de ocupación ilegal de inmuebles, dicta la Resolución Nº144 de 15 de diciembre de 2023, por la cual regula el beneficio de rebaja de contribuciones de hasta el 95%, teniendo como fuente legal el artículo 10 letra e) de la ley de impuesto territorial, que reza:

Artículo 10º.- Los avalúos o contribuciones de los bienes raíces agrícolas y no agrícolas serán modificados por el Servicio de Impuestos Internos, por las siguientes causales:

e) Siniestros u otros factores que disminuyan considerablemente el valor de una propiedad, por causas no imputables al propietario u ocupante;

De esta manera, la comentada Resolución Nº144-2023, dispone como requisitos para acogerse a dicho beneficio, los siguientes:

“RESUELVO:

1º ESTABLÉCENSE los siguientes presupuestos copulativos que deberán verificarse para efectos de solicitar acogerse a la causal dispuesta en la letra e) del artículo 10 de la Ley sobre Impuesto Territorial, frente a ocupaciones, totales o parciales, de inmuebles y mientras se mantengan en dicha situación:

a) La ocupación de los inmuebles no debe ser imputable a sus dueños, en los términos de la letra e) del artículo 10 de la Ley de Impuesto Territorial y en el contexto de las modificaciones legales y nuevos tipos penales establecidos en la Ley N°21.633. ocupados.

b) El solicitante debe ser dueño del o los inmuebles c) El solicitante debe haber presentado denuncia o querella penal en conformidad con la ley, realizando una narración circunstanciada de los hechos en que conste la ocupación del o los inmuebles.

d) El solicitante debe haber prestado la cooperación que corresponda con la investigación penal dirigida por el Ministerio Público.

e) Los presupuestos indicados anteriormente deberán concurrir al momento de solicitar la rebaja de contribuciones del o los inmuebles ocupados.

Así las cosas, el SII decide rechazar la petición administrativa únicamente por faltar el requisito de la letra c), lo que es evidente, pues la demanda de precario fue entablada cuando la ley 21.633 de usurpaciones aún no existía. Por ello, no existe razón alguna para EXCLUIR del beneficio a doña nombre reservado, pues la primera fuente de interpretación debe ser siempre nuestra Constitución Política de la República, la que en su artículo 19 Nº3 consagra el derecho a la igualdad ante la ley, que en este caso no se ha respetado por parte del SII en su resolución Nº595 de fecha 18 de noviembre de 2024.

Al respecto, la E. Corte Suprema, en causa rol Nº2765-2019, ha dicho que el impuesto territorial grava el patrimonio, pero no a sus ingresos, y que, ante la exigencia de requisitos copulativos, dicha expresión no debe ser interpretada desde una perspectiva formalista y literal.

III.- VULNERABILIDAD DE ADULTO MAYOR, RAZONABILIDAD Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

En la especie, el SII recurrido no ha actuado de manera razonable, pues en su poder obran documentos tributarios del sr. Cáceres Yáñez que justifican claramente las nuevas construcciones imputadas a mi representada, la que en cambio no cuenta con los recursos económicos para ese nivel de inversión, información que también consta en los archivos del SII, pese a lo cual no existe la más mínima fundamentación y justificación en sus actos administrativos que llevan al cobro del impuesto suplementario.

De esta manera, iniciar un procedimiento de cobro suplementario, con apenas una visita a terreno, según se aprecia del acto administrativo, pero sin considerar la situación de adulto mayor y los ingresos de mi representada, y sin tener a la vista los documentos tributarios que justificarían las inversiones, conlleva un acto claramente arbitrario e ilegal que se opone a los criterios de objetividad, razonabilidad y motivación del acto administrativo.

- IDONEIDA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN Al respecto, en este caso se han denunciado vulneraciones a garantías constituciones, cuyo principal resguardo se encuentra a cargo del recurso de protección, el que no es incompatible con las acciones judiciales especiales. De hecho, el artículo 155 del código tributario prescribe:

“Si producto de un acto u omisión ilegal o arbitrario del Servicio, un particular considera vulnerados sus derechos contemplados en los numerales 21º, 22º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, podrá recurrir ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuya jurisdicción se haya producido tal acto u omisión ilegal o arbitrario, siempre que no se trate de aquellas materias que deban ser conocidas en conformidad a alguno de los procedimientos establecidos en el Título II o en los Párrafos 1º y 3º de este Título o en el Título IV, todos del Libro Tercero de este Código.

La acción deberá presentarse por escrito, dentro del plazo fatal de quince días hábiles contado desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde que se haya tenido conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos en que ella proceda, no se podrá recurrir de conformidad a las normas de este Párrafo, por los mismos hechos”.

De esta manera, la misma ley considera procedente la acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política, constituyendo en este caso un remedio tutelar eficaz, pues lo que se discute es “si el actuar de la autoridad, en este caso del Director del Servicio de Impuestos Internos, se ha ajustado a los parámetros de legalidad que exige el ordenamiento jurídico, apareciendo entonces que el recurso de protección es una herramienta idónea para efectuar dicha revisión…” (I. Corte de Apelaciones de Santiago, causa rol Nº6598-2024).

V.- VULNERACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES El acto u omisión de la recurrida SII que deviene en ilegal y arbitrario es aquél consiste en imponer una carga tributaria que, de acuerdo al artículo 25 de la ley 17.235, es improcedente respecto del propietario, pues se encuentra determinado el ocupante del inmueble y las nuevas construcciones efectuadas, las que en razón de los hechos descritos eran imposibles de realizar por doña nombre reservado, ya sea por su condición de adulto mayor, por su actividad profesional, o bien por su nivel de ingresos.

Por otro lado, frente a la petición de revisión de su caso, el SII ejecuta otro acto contrario a la Constitución, cual es denegar la rebaja de hasta el 95% de las contribuciones suplementarias, por existir ocupación ilegal del inmueble por parte de un tercero. Así, mediante un procedimiento básicamente mecánico, se determinó que la recurrente al no haber ejercido una acción penal, no puede obtener el beneficio, lo cual era obvio, por cuanto la ley no estaba vigente al momento de los hechos, con lo cual estamos frente a un procedimiento y un acto arbitrario e ilegal, que perturba y amenaza derechos fundamentales.

En efecto, la referida actuación del Servicio recurrido claramente conlleva la vulneración o amenaza de los derechos previstos en el artículo 19 n°2, 22 y 24 de la Constitución Política de la República. Desde luego, el trato igualitario que deben prodigar los órganos del Estado a todas las personas se ve amagado, toda vez que lo razonable es que otras personas que se encuentren en la hipótesis prevista en la norma legal, obtengan la exención del impuesto territorial que se ha venido tratando. Asimismo, se ve amenazada la garantía al ejercicio de una actividad económica, al someterla a una carga mayor a la que le corresponde de acuerdo con la ley, colocándola en una situación de desventaja frente a otras empresas similares. Finalmente, también se ve afectado el derecho de propiedad desde que se la priva del reconocimiento de un derecho a gozar de la exención tributaria que establece la ley.

VI.- GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS: Que la conducta de la recurrida constituye un acto Arbitrario e Ilegal que genera una perturbación, o a lo menos una amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de nuestra carta fundamental, que se pasan a indicar:

1.- VULNERACIÓN A LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL NÚMERO 24 DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, ESTO ES EL DERECHO DE PROPIEDAD:

El artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República consagra el derecho de propiedad, asegura a todas las personas “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.”, señalando a su vez que “nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio”.

Al respecto, doña nombre reservado es la legítima titular de los derechos conculcados, pues no existe discusión acerca del ocupante, de manera que, al exigirle el pago suplementario de contribuciones, se vulnera su derecho de propiedad y de las facultades que emanan de este derecho, sea por uso, goce o disposición. Cita jurisprudencia.

2.- VULNERACIÓN A LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL NÚMERO 2 DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, ESTO ES EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.

El principio de igualdad ante la ley reviste una vital importancia en el desarrollo de las relaciones interpersonales, siendo uno de los principios más importantes imperantes en la sociedad, como así lo ha plasmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que en este principio “descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional”. (Opinión Consultiva OC/18-03).

En cuanto a la dimensión del principio de igualdad, el Tribunal Constitucional ha señalado que “no se prohíbe dar trato igual a situaciones diferentes, sino hacerlo arbitrariamente; esto es, sin un fin lícito que lo justifique; lo prohibido es hacerlo sin razonable justificación” (STC 807-2007).

De esta manera, los actos y omisiones de la recurrida, constituye una situación de discriminación y trato desigual, toda vez que ha limitado el beneficio de rebaja del hasta el 95% de las contribuciones suplementarias solo a determinados sujetos, lo cual coloca en posición desventajosa a mi representada en relación a otras personas.

3.- VULNERACIÓN A LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL NÚMERO 1 DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, ESTO ES EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA.

Al respecto, dado su condición de adulto mayor y debido a los actos del SII, ha causado un estado de conmoción psicológica en el recurrente, que perturba su derecho a la salud psíquica, al no contar con sus derechos pese a cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley.

Solicita, tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, representado por doña nombre reservado ya individualizados, y, en definitiva, acogerlo, adoptando las medidas que estime conveniente la Iltma. Corte para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías vulneradas, y en especial, ordenar y declarar: 1.- Que la recurrida deberá dejar sin efecto el cobro suplementario del impuesto territorial, y en subsidio, deberá dictar una nueva resolución por la cual acoja el beneficio de rebaja de hasta el 95% del cobro suplementario, u otra de similar redacción, que favorezca a doña nombre reservado; 2.- Que la recurrida deberá pagar las costas del recurso.

Acompañados los siguientes documentos:

1.- Copia de inscripción de propiedad 2.- Rol de avalúo Nº3250-4 3.- Rol de avalúo Nº4150-988 4.- Copias de facturas emitidas a Guillermo Cáceres Yánez.

5.- Otorgamiento beneficio tributario adulto mayor.

6.- Resumen beneficio adulto mayor.

7.- Notificación modificación de avalúo rol Nº3250-4, de fecha 26 de abril de 2024.

8.- Notificación cobro suplementario.

9.- Copia de contrato de arrendamiento.

10.- Término de contrato de arrendamiento.

11.- Resolución del SII de fecha 4 de Julio de 2024 que incluye nuevo rol de avalúo 12.- Resolución Nº595 del SII de fecha 18 de noviembre de 2024 que niega lugar a revisión 13. - Domicilio tributario nombre reservado.

14.- Carpeta Tributaria de nombre reservado.

15.- Registro social de hogares.

16.- Domicilio particular nombre reservado.

17.- Copia de mandato judicial Al folio N° 15, informa el Servicio de Impuetsos internos, pidiendo el rechazo.

Comparece, doña nombre reservado, Directora Regional, de la IX Dirección Regional, indica que evacua el informe requerido y expone:

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN INTERPUESTA El conocimiento del asunto ha recaído en este Iltmo. Tribunal, a raíz del recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en representación de nombre reservado (en adelante, indistintamente la “contribuyente”, “actora” o la “reclamante”), RUT N°RUT reservado, en contra de la IX Dirección Regional Temuco del Servicio de Impuestos Internos (en adelante indistintamente el “Servicio” o “SII”), que dirijo.

El recurso de protección es interpuesto en contra de esta repartición pública, denunciando, como actuar arbitrario e ilegal, la dictación de la Resolución Exenta Nº595, de fecha 18 de noviembre de 2024, que rechaza la Petición Administrativa N°4462029, mediante la cual la contribuyente solicitó quedar exenta del pago de contribuciones respecto de un predio de su propiedad que se encontraría ocupado ilegalmente.

El actuar de Servicio, supuestamente arbitrario e ilegal, significaría una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos de la contribuyente establecidos en los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Por lo anterior, la recurrente, junto con que se declare admisible y se acoja el presente recurso de protección, solicita a SS. Iltma., declarar que la recurrida deberá dejar sin efecto el cobro suplementario del impuesto territorial, y en subsidio, deberá dictar una nueva resolución por la cual acoja el beneficio de rebaja de hasta el 95% del cobro suplementario, u otra de similar redacción, que favorezca a la contribuyente nombre reservado.

II. ANTECEDENTES DE HECHO Previo a abordar los fundamentos en mérito de los cuales la acción de protección intentada debe ser rechazada, resulta pertinente señalar, ciertos antecedentes relativos a la situación de hecho y de derecho que dieron origen a la emisión de la resolución recurrida, cuestión que, permitirá centrar correctamente la controversia de autos, evitando incurrir, posteriormente en explicaciones y análisis que no se vinculen estrictamente con los hechos denunciados.

1. Con fecha 20.10.2023, a través del Departamento de Avaluaciones de la IX Dirección Regional, este Servicio, realizo una visita al terreno, de propiedad de doña nombre reservado, Rol matriz N°3250-4, de la comuna de Temuco, constatándose la existencia de un galpón y la presencia de caballos pertenecientes, según descripción de propietaria, a la Escuela de Equitación Fortuna Ecuestre. Con ocasión de la visita a terreno y en cumplimiento del plan de fiscalización Orden de Trabajo Regional N°4064023, se revisa el inmueble Rol N°3250-9, creándose el rol de carácter tributario N°4150-988, con destino deporte, por estar emplazado en el lugar un club ecuestre. Al afecto se emitió Informe Técnico, de fecha 11.12.2023, en el cual se señala: “Se asigna rol tributario 4150-988, con destino deporte, vigencia 2024-1, con una superficie de 18.500 m2 en área ocupada para las clases de equitación junto con la tasación de un galpón en 1.000 m2, casino con destino otros no considerados en 50 m2 y una piscina en 168 m3, superficie declarada por contribuyente en carta explicativa.

En revisión de DOM digital no existen documentación de permisos de construcciones con respecto al rol.

Se incluye Rol Tributario 4150-988 y se descuenta del Matriz:3250-4 quedando con una superficie de 14,45 hectárea destino agrícola.”

2. Con fecha 04.07.2024, se emitió la Resolución Ex. SII N°A09.2024.00019177, que incluyó en el Rol de Avalúo y Contribuciones a partir del 01.01.2024, al bien raíz ubicado en San Jose SN LT C, de la comuna de Temuco, bajo el rol 4150-988, a nombre de nombre reservado. Se establece que este bien raíz tendrá un avalúo, de $426.876.269, que quedará afecto al pago de contribuciones. Como consecuencia de esta Resolución, se emitió el 29.11.2024, el giro de cobro suplementario de contribuciones de la propiedad ya individualizada.

3. Por otra parte, con fecha 12.09.2024, la contribuyente recurrente ingreso una solicitud, Orden de Trabajo N°4462029, en la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, materia de la petición, “Rebaja de contribuciones de predios ocupados ilegalmente”, solicitando quedar exenta del pago de contribuciones respecto de un predio de su propiedad que se encontraría ocupado ilegalmente, correspondiente al Rol de Avalúo N°4150-988, de la comuna de Temuco.

4. Que, dicha solicitud es resuelta mediante Resolución Ex. N°595, de fecha 18.11.2024, la cual se indica lo siguiente: SEXTO: Que, en este caso, ha sido posible establecer lo siguiente: Con fecha 12.09.2024, la contribuyente ingresó por internet la Petición Administrativa N° 4462029, mediante la cual solicitó el beneficio de rebaja de contribuciones a predios ocupados ilegalmente. En la petición adjunta escrito indicando lo siguiente: “A partir del año 2005 el terreno fue arrendado -firmando contrato con el señor nombre reservado, R.U.T. RUT reservado, en representación de FORESTAL E INDUSTRIAL nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT RUT reservado, durante 17 años. En el año 2022 pongo término al contrato ya que se me informo que estaba siendo ocupado por otras personas distintas del arrendatario, utilizando la infraestructura existente como Escuela de Equitación; con nombre La Fortuna; sin mí consentimiento.”

Por otro lado, la contribuyente acompaña declaración jurada, copia de inscripción con vigencia del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, Plano de loteo, acción de precario y escrito respecto del caso.

Los antecedentes aportados indican que el predio se encuentra ocupado por don nombre reservado, sin previo contrato y por mera tolerancia de su dueña, no mediando entre ella y el ocupante título o documento alguno que ampare dicha ocupación irregular e ilegal.

Que, del análisis se desprende, que la solicitante no acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución EX SII N° 144 de 15 de diciembre de 2023, específicamente el señalado en el Resuelvo 1° letra c) de dicha resolución, que indica: “El solicitante debe haber presentado denuncia o querella penal en conformidad con la ley, realizando una narración circunstanciada de los hechos en que conste la ocupación del o los predios”.

SEPTIMO: En virtud del mérito de los antecedentes expuestos, las razones expresadas precedentemente y normas legales invocadas, SE RESUELVE: NO HA LUGAR, Dado que los antecedentes presentados no corresponden a lo indicado por la Res. 144 del año 2023. La acción de Precario no corresponde a una denuncia o querella Penal, sino que a una acción de índole Civil, por lo cual no se satisface el requisito del resuelvo 1° letra c) de la Resolución exenta N° 144/2023.”

5. Finalmente con fecha 17.12.2024, la recurrente interpuso la presente acción de protección.

III. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN A. EL RECURSO HA SIDO INTERPUESTO EXTEMPORÁNEAMENTE. El artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema del año 2015, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción se interpondrá, ante la Iltma. Corte de Apelaciones, en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

En este sentido, la Excma. Corte Suprema, reiteradamente ha señalado que, el plazo para recurrir de protección es objetivo; de modo que haya certeza jurídica en cuanto a las fechas pertinentes, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes ni pueda ser prolongado de manera artificial por el interesado No obstante que la acción se dirige en contra de la Resolución Ex. N°595, de fecha 18.11.2024, una lectura acaba del libelo interpuesto da cuenta que sus fundamentos se dirigen en contra de la la tasación del bien raíz Rol de Avalúo N°4150-988, estimándola apartada del artículo 25, de la Ley 17.235, sobre Impuesto Territorial, por cuanto gravaría con el impuesto al propietario del bien, y no al ocupante que habría realizado las construcciones y adiciones, es así que se sostiene en él, “De esta manera SS., es posible advertir que, entre la tasación original y el nuevo rol suplementario, existe un incremento enorme de valor, que el SII recurrido ha impuesto de manera ilegal y arbitraria, pues no existen los fundamentos esenciales para, apartarse de la ley 17.235, y para crear un rol especial suplementario respecto de una persona adulto mayor, con un giro totalmente opuesto al indicado por el SII en este caso y existiendo un ocupante ilegal, tal como se dirá (…)”.

Respecto de tales argumentos, en primer término, teniendo presente que, mediante la Resolución Ex. SII N°A09.2024.00019177, de fecha 04.07.2024, se incluyó al predio de propiedad de la actora, en el Rol de Avalúo y Contribuciones a partir del 01.01.2024, bajo el Rol de Avalúo N°4150-988, determinando su avalúo, así como que, la recurrente tomo pleno conocimiento, según lo reconoce en su mismo escrito de dicha resolución y que el recurso de protección fue interpuesto recién con fecha 17.12.2024, resulta evidente que la presente acción de protección se ha interpuesto de manera absolutamente extemporánea.

En efecto, desde el 04.07.2024, la recurrente tuvo conocimiento de dicha resolución, la cual determinó el avaluó a la propiedad, por lo que, todas aquellas impugnaciones referidas a dicho avalúo, no es más que la configuración de un plazo, fuera del margen legal, para intentar dejar sin efecto la resolución que determinó el avalúo de su propiedad, la cual debió haber sido reclamada a través del procedimiento vigente, a dicha fecha, de reclamo de avalúo dispuesto por el Código Tributario, dentro del plazo del artículo 150 de dicho cuerpo legal.

Esta resolución, con anterioridad a la Ley N°21.713, de 24.10.2024, de conformidad a los artículos 149 y siguientes del Título III, “Del procedimiento de reclamo de los avalúos de bienes raíces”, era impugnable ante Tribunales Tributarios y Aduaneros.

En este sentido, cabe recordar que los contribuyentes que se consideren perjudicados por las modificaciones individuales de los avalúos de sus predios podrán reclamar ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros dentro del plazo de 90 días, contados desde el envío del aviso respectivo, sin perjuicio de poder presentar un recurso de reposición administrativo voluntario en conformidad al artículo 123 bis del Código Tributario ante el mismo SII. De esta manera cumpliendo el contribuyente con los requisitos antes señalados, puede iniciar un juicio de lato conocimiento, el cual se regirá bajo las normas del Procedimiento Especial de reclamo de avalúo de bienes raíces, cuyo objeto es, en definitiva, determinar la legalidad de la actuación reclamada.

De esta forma, habiéndose dictado por el SII una actuación reclamable, la vía idónea para impugnar el avalúo determinado, es el reclamo tributario presentado contra esta Resolución Exenta y no una acción cautelar como es el recurso de protección interpuesto.

En mérito de lo expuesto, la acción interpuesta debe necesariamente ser rechazada, con costas, al haber sido deducida extemporáneamente.

B. EL RECURSO DE PROTECCIÓN NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA CONOCER Y RESOLVER LA CONTROVERSIA El recurso de protección que consagra nuestra Carta Fundamental permite recurrir extraordinariamente, y en forma excepcional, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, a las personas que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales se vean privadas, perturbadas o amenazadas en el legítimo ejercicio de ciertos derechos que el mismo artículo 20, de la Constitución Políticas de la República de Chile (en adelante indistintamente “CPR”) establece. El objetivo del recurso de protección es que se ordenen todas las medidas necesarias para reestablecer el derecho vulnerado y asegurar su protección.

En este sentido, y más allá que el artículo 20 citado establezca que el ejercicio de este recurso es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer [el recurrente] ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, en su carácter de excepcional, obliga a que esta acción sea reservada para aquellos casos en que sea indispensable buscar una protección urgente de derechos constitucionales indubitados, contemplándose en nuestro ordenamiento una serie de procedimientos y recursos a que los particulares pueden acudir cuando la finalidad perseguida sea distinta. Estos recursos son tanto de orden administrativo como jurisdiccional.

Sin perjuicio de la extemporaneidad alegada, la presente acción cautelar expone que se dirige en contra de una resolución, la Resolución Ex. N°595, de fecha 18.11.2024, de este Servicio que, conociendo de una petición de la actora, fundada en afectarle al predio correspondiente al Rol de Avalúo N°4150-988, de la comuna de Temuco, una situación de ocupación ilegal, solicitando por ello la rebaja o exención de las contribuciones del predio, resolvió no dar lugar, en cuanto la solicitante no acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución Ex SII N°144, de 15.12.2023, informándosele expresamente en dicha resolución que la contribuyente, puede deducir Reposición Administrativo Voluntaria, ademas de reclamación ante el Tribunal Tributario y Aduanero competente.

En efecto, cabe hacer presente que, mediante la Resolución Ex SII N°144, de 15.12.2023, se establece un procedimiento especial para solicitar rebaja de las contribuciones de inmuebles ocupados en casos que indica, disponiendo en su numeral 1° que, “La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de rebaja de contribuciones podrá ser impugnada mediante el recurso de reposición administrativa voluntaria dispuesto en el artículo 123 bis del Código Tributario.

Asimismo, podrá ser reclamada en conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 123 y siguientes de dicho código. ”

En dicho sentido el propio libelo reconoce que con fecha 12 de septiembre de 2024, doña nombre reservado decide reclamar el cobro suplementario ante el mismo Servicio, dado “los ingentes problemas que le ha traído la ocupación ilegal y abusiva del abogado Cáceres Yáñez. Sin embargo, con fecha 20 de noviembre de 2024, el SII decide rechazar ilegal y arbitrariamente su petición”.

De esta manera podemos apreciar que lo realmente pretendido por la recurrente es que su Señoría deje sin efecto el acto administrativo emitido, esto es, que conozca y resuelva acerca de una cuestión de fondo de carácter tributario, la que, de acuerdo con la normativa citada, posee un procedimiento especial de revisión, a través del reclamo y reposición administrativa, que deben ser conocidos por el propio Servicio, o por el Tribunal Tributario y Aduanero competente; pero no por la vía de un recurso de protección, que es de naturaleza cautelar.

De lo expuesto precedentemente se sigue que, la acción de protección, de naturaleza cautelar, no es la vía idónea para conocer del asunto de marras, toda vez que, lo discutido tiene que ser resuelto en un procedimiento de naturaleza declarativa, donde las partes puedan hacer valer sus alegaciones y defensas, que sea apto para discutir y declarar derechos.

Al respecto cabe recordar lo señalado por el autor nombre reservado al indicar que: “…esta acción no resulta idónea para discutir materias de lato conocimiento, propias de un juicio ordinario, su limitación respecto de situaciones cuya arbitrariedad e ilegalidad sean evidentes, su improcedencia para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas o declarar derechos permanentes a favor de las partes” (“30 Años del Recurso de protección”, p. 153. Temas actuales de Derecho Constitucional, Editorial Jurídica, 2009).

Esta posición además ya ha sido compartida por la Jurisprudencia, así por ejemplo mediante fallo de fecha 18 de diciembre de 2015, causa rol 4823-2015, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, que en su considerando 6° sostuvo lo siguiente: “Que, en tal circunstancia, se ha resuelto por la jurisprudencia, que el recurso deducido en estos autos no puede transformarse en un sustituto de las instancias jurisdiccionales ordinarias que en este caso el recurrente no usó, y que en el caso concreto correspondía al procedimiento especial para aplicación de ciertas multas contemplado en el artículo 165 del Código Tributario, único medio idóneo para apreciar razonablemente si la negligencia que le fuera imputada existió́ o no, conforme a las probanzas que se pudieran haber rendido en ese proceso debidamente reglado por el aquel cuerpo legal.”.

Así, respecto de la Resolución Ex. SII que rechaza la petición de la contribuyente de exención o rebaja de las contribuciones de inmuebles ocupados, el recurso de protección es un medio improcedente para resguardar los derechos de la contribuyente, al existir un procedimiento especial, contenido en la Ley, para efectos de determinar la legalidad del acto administrativo dictado por este Servicio.

Por otra parte, de acuerdo con lo señalado por la recurrente en el libelo de su recurso, bajo el título “Vulnerabilidad de adulto mayor, razonabilidad y motivación de los actos administrativos”, en la especie, el SII recurrido no ha actuado de manera razonable, pues en su poder obran documentos tributarios de un tercero que justificarían claramente las nuevas construcciones imputadas a la actora, la que en cambio no cuenta con los recursos económicos para ese nivel de inversión.

Sobre tal argumento cabe precisar que, la Ley N°20.732, de 05.03.2014, estableció una rebaja del impuesto territorial a las propiedades pertenecientes a adultos mayores vulnerables económicamente, estableciendo que la tercera y cuarta cuota de contribuciones de un año y la primera y segunda cuota del año siguiente, no podrán ser superiores al 5% del ingreso anual del propietario. Lo anterior, siempre y cuando se cumplan los requisitos copulativos que la misma norma establece, entre ellos que, el avalúo fiscal vigente del inmueble en el semestre del cobro del impuesto territorial por el que se hace efectiva la rebaja no exceda de la cantidad de setenta y cinco millones de pesos, al 1 de julio de 2013, cantidad que se reajustará semestralmente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9º de la ley Nº 17.235. Este beneficio opera, elaborando el SII una propuesta de rebaja de contribuciones, la que llegará por correo electrónico o carta certificada al domicilio del adulto mayor propietario o al domicilio del bien raíz beneficiado, Con todo, si la persona no recibe la propuesta de rebaja y cumple con los requisitos para acceder al beneficio, puede solicitar la revisión de su caso a través de nuestro sitio web, adjuntando los documentos que fundamenten su petición.

Igualmente, los contribuyentes podrán reclamar del giro de la cuota de contribuciones que no haya considerado la rebaja del impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente, establecido en la Ley N°20.732, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario.

Así las cosas, el carácter excepcional del recurso de protección, obliga a que éste sea reservado para aquellos casos en que sea indispensable buscar una protección urgente de derechos constitucionales indubitados, y no para aquellos casos en que se contemplan procedimientos y recursos a que los particulares pueden acudir.

En definitiva, y en el caso particular de la Ley 20.732 de 2014, ésta de forma explícita ha indicado cual es el procedimiento al que debe acudirse cuando no se haya aplicado la rebaja a que se refiere la mencionada Ley, siendo precisamente esa la situación que denuncia la recurrente de autos, a través de la presente acción cautelar.

El recurso con el fin de soslayar la existencia de un procedimiento especial para impugnar Resolución Ex. N°595, de fecha 18.11.2024, indica que, en este caso al haberse denunciado vulneraciones a garantías constituciones, seria procedente la acción de protección, lo que no sería incompatible con las acciones judiciales especiales, en particular, con el Procedimiento por Vulneración de Derechos previsto en el artículo 155 del Código Tributario.

Pues bien, tal argumento de la recurrente es errado, por cuanto el procedimiento aplicable en la especie no es el Procedimiento por Vulneración de Derechos previsto en el artículo 155 del Código Tributario, sino que el Procedimiento General de Reclamaciones, como expresamente lo establece la Resolución Ex SII N°144, de 15.12.2023, tratándose de la resolución que se pronuncie sobre la solicitud de rebaja de contribuciones de inmuebles ocupados y la Ley 20.732 de 2014, respecto de la rebaja del impuesto territorial a las propiedades pertenecientes a adultos mayores vulnerables económicamente.

En efecto, el artículo 124 – modificado por la Ley N°21.713 - del Código Tributario establece:

“Toda persona podrá reclamar de la totalidad o de algunas de las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo. En los casos en que haya liquidación y giro, no podrá reclamarse de éste, salvo que dicho giro no se conforme con la liquidación que le haya servido de antecedente...

(…) También serán reclamables las modificaciones individuales de avalúo de un inmueble y de los giros que se emitan en virtud de dichas modificaciones siempre que éstos no se conformen al avalúo vigente para la propiedad respectiva a la fecha de la emisión del giro, cuando los contribuyentes se consideren perjudicados por dichas modificaciones de sus predios o cuando ellas fueran efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º del Título V de la Ley sobre Impuesto Territorial y en los artículos 25 y 26 de la ley N° 15.163 (…)”

Cabe agregar que, al haberse solicitado – parte petitoria del recurso -: “ordenar y declarar: 1.- Que la recurrida deberá dejar sin efecto el cobro suplementario del impuesto territorial, y en subsidio, deberá dictar una nueva resolución por la cual acoja el beneficio de rebaja de hasta el 95% del cobro suplementario, u otra de similar redacción, que favorezca a doña nombre reservado”, se sigue que S.Sa. Iltma., necesariamente deberá pronunciarse sobre materias de fondo, consistentes en declarar si se cumple o no con los requisitos para tener derecho a una exención o a los beneficios que pretende, lo que constituye una materia de lato conocimiento que debe ser resuelta en el procedimiento establecido para tales efectos.

Lo anterior ha sido refrendado por la jurisprudencia de nuestros tribunales, entre otros, en los siguientes fallos:

Sentencia de fecha 30 de diciembre de 2024, dictada por esta Iltma. Corte de Apelaciones, en autos sobre recurso de protección, causa Rol 527-2024, señaló:

“SÉPTIMO: Que, en relación con el primero, efectivamente los artículos 149 y siguientes del Código Tributario establecen un procedimiento especial en que los particulares presuntamente afectados pueden alegar y reclamar respecto del exceso de avalúo de las propiedades, no constando en los antecedentes que el actor lo hubiere hecho. En tal sentido, la acción de protección no puede suplir el procedimiento especial destinado al efecto, sin desvirtuar la naturaleza cautelar de la misma. En síntesis, el recurrente no tiene un derecho indubitado e incontrastable, por lo que debe ser desestimado a su respecto”

Cabe hacer presente, que debido a la promulgación de la Ley 21.713, ésta eliminó el artículo 149 del Código Tributario, pasando a incorporarse dentro de los actos reclamados en el actual artículo 124 del Código en comento. Cita jurisprudencia.

Así las cosas, el carácter excepcional del recurso de protección, obliga a que éste sea reservado para aquellos casos en que sea indispensable buscar una protección urgente de derechos constitucionales indubitados, y no para aquellos casos en que se contemplan procedimientos y recursos a que los particulares pueden acudir como es el caso de autos.

C. INEXISTENCIA DE ACTO ARBITRARIO O ILEGAL Como todo órgano del Estado, el Servicio de Impuestos Internos debe someter su accionar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, actuando válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la Ley, según lo dispuesto en el inciso primero, del artículo 6º, de la Constitución Política de la República.

Lo anterior, en estricta relación con el artículo 7°, del mismo cuerpo normativo, que dispone: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.”

Por su parte, la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, señala, en su artículo 2º, que: “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”.

De las disposiciones señaladas, se desprenden los principios de legalidad y competencia de los actos de la Administración, que rigen el actuar de todos los órganos del Estado y, por tanto, los del Servicio de Impuestos Internos.

En este contexto, se hace presente que no se vislumbra ningún acto arbitrario y/o ilegal respecto de este Servicio.

En efecto, cabe precisar que la Resolución Exenta N°595, que se impugna por la presente acción tutelar, tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 4° bis y 7°, letra b), de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N°7, del Ministerio de Hacienda, de 1980; en el artículo 6°, letra A), N°1, del Código Tributario, contenido en el Decreto Ley N°830, de 1974; en los artículos 10, letra e), 13 y 19 de la Ley N°17.235, sobre Impuesto Territorial, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado se contiene en el Decreto con Fuerza de Ley N°1, del Ministerio de Hacienda, de 1998; en la Ley N°21.633, que regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución y lo instruido en la Resolución Ex. N°144 de fecha 15 de diciembre de 2023, que establece procedimiento especial para solicitar rebaja de las contribuciones de inmuebles ocupados en los casos que indica.

La referida Resolución Exenta N°595, de una atenta lectura, se puede vislumbrar que consigna sus fundamentos, en siete considerandos, donde se expone fecha y motivo de la solicitud; las leyes y actos administrativos aplicables al caso; requisitos y forma de presentación de la solicitud; hechos acreditados y asentados en la fiscalización, para finalmente resolver la solicitud del contribuyente.

Como se puede advertir de la sola lectura de la resolución impugnada por el recurrente, esta se encuentra suficientemente fundada y motivada.

No debe olvidarse, asimismo, que las franquicias y beneficios tributarios son de derecho estricto por lo que deben interpretarse y aplicarse restrictivamente, y resulta evidente que la contribuyente ocurrente no cumple con el requisito de haber interpuesto querella o denuncia penal por la ocupación.

Por otra parte, el recurrente en el punto III de su libelo ya sea confunde, o pretende impetrar un beneficio distinto de rebaja de contribuciones, ahora precisamente el dirigido a los adultos mayores en vulnerabilidad económica previsto en la Ley 20.732 de 2014, que tampoco resulta aplicable toda vez que, el beneficio va dirigido a inmuebles no agrícolas con destino habitacional, toda vez que, en la especie no nos encontramos en presencia de la vivienda que ocupa la recurrente, ya que la contribuyente tiene su domicilio en la Comuna de Providencia.

Con todo, y a mayor abundamiento debe subrayarse que la acción de precario interpuesta en sede civil fue desestimada, con costas, por el Tercer Juzgado Civil de Temuco en causa Rol N°2329-2022, por existir tratativas preliminares entre el supuesto ocupante del predio y la recurrente.

Finalmente, solo resta precisar que, por mandato expreso del artículo 25 de la Ley sobre Impuesto Territorial, La responsabilidad definitiva del pago de impuesto territorial corresponde al propietario.

En consecuencia, como se podrá apreciar, este Servicio no ha cometido acto u omisión arbitraria y/o ilegal alguno.

INEXISTENCIA DE AFECTACIÓN DE DERECHOS GARANTIZADOS CONSTITUCIONALMENTE El recurrente afirma en su libelo que ha sido privado o perturbado en los derechos garantizados por los números 1, 2 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, sin embargo, no precisa la forma como se vulnerarían los derechos indicados, limitándose a señalar que, “este actuar ilegal y arbitrario del Servicio de Impuestos Internos a (sic) conculcado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº1, 2, y 24 de la Constitución Política de la República de Chile”, citando la descripción de las garantías según el texto constitucional, agregando que se ha vulnerado. En este contexto, al no existir acto arbitrario y/o ilegal, no existen tampoco infracciones a las garantías constitucionales indicadas, ello sin perjuicio que es el recurrente quien debe acreditar que se ha producido un menoscabo en el ejercicio legítimo de alguno de los derechos que señala, esto es, los consagrados en el artículo 19 en sus números 1°, integridad psíquica, 2°, igualdad ante la ley; ni 24, derecho de propiedad. Como ha quedado establecido, no ha existido restricción, perturbación o amenaza alguna al derecho de la contribuyente, ni que signifique diferencias arbitrarias en el trato con otros contribuyentes o a su propiedad.

Se acompañan con el presente informe copia de los siguientes documentos:

1.- Copia de la Resolución N°595 impugnada.

2.- Copia de la sentencia pronunciada por el Tercer Juzgado Civil de Temuco en causa Rol N°2329-2022, que rechaza, con costas, la acción de precario interpuesta por la contribuyente recurrente.

3.- Informe Técnico Folio 52023ITC237534, de fecha 11.12.2023.

4.- Resolución Ex. SII N°A09.2024.00019177, de fecha 04.07.2024.

Como S.S. Iltma. podrá apreciar, por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, la presente acción debe ser rechazada, en atención a que:

1.- El presente recurso resulta ser extemporáneo;

2.- No es la vía idónea para conocer del asunto;

3.- Como, asimismo, por quedar demostrado que no ha existido de parte de este Servicio, una actuación arbitraria o ilegal;

4.- No existe afectación a las garantías constitucionales que se indican como infringidas, esto es, las establecidas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 del texto constitucional, entre las cuales se encuentra las invocadas por la recurrente previstas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es preciso señalar que el recurso de cautela de derechos constitucionales, debe interponerse en el plazo fatal de 30 días “contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”.

Asimismo, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

TERCERO: Que, el acto impugnado por la presente acción corresponde a la resolución dictada por el Servicio de Impuestos Internos de fecha 4 de Julio de 2024, N.ºA09.2024.00019177, la cual crea un rol de avalúo suplementario, al rol matriz de la propiedad de la recurrente, este nuevo rol corresponde al 4150 – 988, para la comuna de Temuco, el asigna un avalúo parcial de $426.876.269.-, en atención a la tasación de las distintas construcciones existentes en el lugar y giro comercial existente.

La recurrida informo pidiendo el rechazo, refiriendo que con fecha 12.09.2024, la contribuyente recurrente ingreso una solicitud, Orden de Trabajo N°4462029, en la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, materia de la petición, “Rebaja de contribuciones de predios ocupados ilegalmente”, solicitando quedar exenta del pago de contribuciones respecto de un predio de su propiedad que se encontraría ocupado ilegalmente, correspondiente al Rol de Avalúo N°4150-988, de la comuna de Temuco.

Solicitud que fue resuelta mediante Resolución Ex. N°595, de fecha 18.11.2024, la cual resuelve no acoger lo solicitado por cuanto no se acreditó los requisitos establecidos en la Resolución EX SII N° 144 de 15 de diciembre de 2023.

Deduce además la extemporaneidad presente recurso; como así no se procedente esta acción para conocer del asunto debatido; inexistencia de una actuación arbitraria o ilegal y finalmente no existir afectación a las garantías constitucionales que se indican como infringidas, esto es, las establecidas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, revisado lo anterior y generar una convicción, se debe considerar lo expuesto en el recurso, en el informe, antecedentes acompañados y especialmente lo expuesto por los intervienes en audiencia, donde se visualiza que los derechos cuya protección reclama la recurrente no tienen el carácter de indubitados, siendo ello, requisito esencial para que esta acción pueda prosperar, ya que los hechos denunciados no generan la certeza de los derechos invocados, puesto que son claramente controvertidos por la recurrida indicando que la recurrente es propietaria de un predio de aproximadamente 16,5 hectáreas y que la creación de un rol suplementario sobre un retazo de terreno de 18.500 m2, se generó respecto de una actividad comercial existente, con construcciones destinadas al efecto.

Que, así las cosas, parte de la controversia refiere a que no se han acreditado los requisitos de la Resolución EX SII N° 144 de 15 de diciembre de 2023, para aplicar rebajas o beneficios referentes al pago de contribuciones sobre el inmueble, por lo que la denuncia vulneratoria el recurso no podrá prosperar.

Además los artículos 149 y siguientes del Código Tributario establecen un procedimiento especial en que los particulares presuntamente afectados pueden alegar y reclamar respecto del exceso de avalúo de las propiedades, no constando en los antecedentes que el actor lo hubiere hecho. En tal sentido, la acción de protección no puede suplir el procedimiento especial destinado al efecto, sin desvirtuar la naturaleza cautelar de la misma. En síntesis, se refuerza que el recurrente no tiene un derecho indubitado e incontrastable, por lo que debe ser desestimado a su respecto.

QUINTO: Así las cosas, también es necesario hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad en la interposición del recurso, toda vez que conforme los antecedentes aportados, y expuestos por las partes en audiencia, se da cuenta del conocimiento de la recurrente del aumento de parte de la tasación de su inmueble con fecha 4 de Julio de 2024, N.ºA09.2024.00019177, la cual crea un rol de avalúo suplementario, al rol matriz, situación que luego fue abordada vía administrativas, buscando aplicar un beneficio sobre el pago de contribuciones que afectarían a este nuevo rol suplementario.

Sobre este particular, se deberá considerar que tanto la jurisprudencia como lo previsto en el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, establecen que la presente acción cautelar se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal, o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. Así, como puede advertirse del tenor de la norma referida, el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado auto acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención a las partes, que podrían llegar a configurarse artificiosamente un plazo para recurrir. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

SEXTO: Que, en el caso de estos antecedentes, el recurso fue interpuesto en esta Corte con fecha 17 de Diciembre de 2024, por lo que de conformidad a lo que se dice en el motivo anterior, se desprende qué al interponerse la acción cautelar de autos, el plazo que tenía para hacerlo respecto de esta materia, se encontraba absolutamente vencido. Así de lo señalado precedentemente, queda en evidencia que al respecto la reclamación resulta por completo extemporáneo. Por último, en este aspecto, resulta pertinente consignar que no es óbice para una declaración de extemporaneidad, el que previamente el recurso, en su conjunto, haya sido declarado admisible por esta Corte, toda vez que dicha resolución fue dictada teniendo únicamente en consideración los antecedentes hechos valer por la recurrente, sin oír a la parte denunciada. En consecuencia, tal pronunciamiento de admisibilidad no puede impedir que el tribunal, una vez apreciados la totalidad de los antecedentes reunidos en la causa, dicte una resolución definitiva sobre dicho asunto. A mayor abundamiento, el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, en su numeral 5° contempla la posibilidad que la sentencia que dicte el tribunal, concluida la tramitación, pueda consistir en la inadmisibilidad de la acción de protección intentada.

SEPTIMO: Que, en las circunstancias referidas, sin necesidad de extenderse mayormente en el análisis de esta cuestión, puede concluirse, que en la especie no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, al no haberse constatado los presupuestos exigidos para la procedencia del recurso de protección, esta no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, Abogado, en representación de doña nombre reservado, en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, representado por doña nombre reservado, Directora Regional.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Cristian Carvajal De Vicenzi.

N°Protección-8848-2024.