nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Temuco Temuco, quince de noviembre de dos mil veintiuno.

Al escrito folio 13: A lo principal y otrosí: Téngase presente.

VISTOS:

A folio 1, comparece don JORGE MANUEL LENA SALGADO, abogado, quien comparece en beneficio y en favor de don nombre reservado, empleado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, Rut N° RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ignora profesión ocupación u oficio, ambos con domicilio en con domicilio en domicilio reservado.

Funda su recurso en que la recurrida otorgó un crédito a su representado, el que consta en pagaré N°002CON100380360, que fue suscrito el día 24 de noviembre de 2017, el que tenía capital ascendente a $3.094.704.-, que devengaría un interés del 2.08% mensual vencido desde la fecha de suscripción del pagaré hasta su pago íntegro y efectivo. El capital conjuntamente con los intereses se pagaría en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $106.438.- cada una, pagaderas el día 30 de cada mes.

Expone que producto del incumplimiento en el pago del recurrente, la recurrida, inició un juicio ejecutivo en su contra, el que actualmente se tramita ante el 3º Juzgado de Letras de Iquique, bajo el ROL C-2898-2019, solicitando se despache mandamiento de ejecución y embargo en contra de su representado por $3.094.704.- Señala en dichos autos, que el recurrente se encuentra en mora de cumplir desde “el 30 de septiembre de 2018”.

Indica que puede entenderse que la demandante (recurrida en estos autos proteccionales), hizo uso de la cláusula de aceleración, pretendiendo el cobro el total de la deuda insoluta - que a la fecha y según sus propios dichos emitidos por mandatario de la demandante ascendía a $3.094.704.- Señala que su representado tomó conocimiento a través de sus liquidaciones de remuneración el día 31 de agosto de 2021 al recibir la liquidación del periodo trabajo en Julio de 2021, de que existía un descuento bajo el ítem de “PRÉSTAMOS CAJA”, por la suma de $ 86.120, el que tampoco condice con lo autorizado por el recurrente en su vez para poder efectuar el descuento.

Manifiesta que de lo expuesto, vale tener presente que el acreedor (y recurrido) hasta antes de la fecha de la primera actuación ilegal, fue latamente negligente respecto del cobro de la deuda, al momento en que el recurrente se encontró en mora de cumplir: 1) En el tiempo intermedio siguió un juicio ejecutivo que estuvo por bastante tiempo archivado; 2) No sostuvo comunicaciones de ninguna especie con su representado tendientes al cobro extrajudicial de la deuda, y; 3) Tampoco propuso soluciones para regularizar la deuda. Nada de eso realizó para obtener el cumplimiento de la deuda, y una vez que está el recurrente notificado en el juicio y defendiéndose de la ejecución, comienza de la nada a cobrarse arbitraria y/o ilegalmente la deuda en las remuneraciones de su representado, conculcando sus garantías fundamentales.

Sostiene que tal uso amparado en el especial trato que la ley otorga a las CCAF constituye un abuso del derecho a propósito de analizar las facultades que le concede la ley a un acreedor para buscar el cumplimiento de las obligaciones pretendidas; no puede el recurrido pretender tener un derecho de prenda general más amplio que el resto de las personas, no en vano en Chile no hay grupos privilegiados, y existe en nuestra sociedad equidad que sirva de sustento o fundamento a su actuar.

Estima que tales conductas vulneran la garantía fundamental del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, ya que la recurrida hace uso de un privilegio no especialmente otorgado, actúa irrogándose una especie de derecho de prenda amplísimo que traspasa materias; pretende accionar civilmente cobrando una deuda con cuotas aceleradas, y en cuanto seguridad social de un trabajador, pretende descontar tal crédito sin su autorización ni información mientras el juicio se encuentra vigente. Así las cosas, tal discriminación en la aplicación de la ley, que obsta el ejercer excepciones en un juicio ejecutivo y que se aprovecha abiertamente de un estatuto legal especial, vulnera la equidad y se constituye como un abuso del derecho a propósito de analizar las facultades que le concede la ley a un acreedor para buscar el cumplimiento de las obligaciones pretendidas.

En segundo lugar, estima que se ha conculcado la garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, toda vez que su representado tiene la legítima expectativa como trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra. Tal remuneración se encuentra en su patrimonio, resguardada como se ha señalado constitucionalmente en todos sus aspectos, y en los hechos a través de las actuaciones de las que se recurre, la recurrida ha conculcado su uso, goce y disposición, apropiándose ilegal y/o arbitrariamente de parte de ella.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso y se resuelva: 1) Que se declare que los descuentos informados y percibidos por la recurrida respecto de su representado son ilegales; 2) Que se ordene a la recurrida el reintegro de todos los descuentos aplicados; 3) Que se ordene a la recurrida de abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del recurrente; 4) O en subsidio de lo anterior, todo lo que esta Iltma. Corte estime pertinente para restablecer el imperio del derecho; 5) todo lo anterior con expresa condena en costas, Acompaña a su recurso: 1.- Liquidación de remuneración del recurrente de agosto de 2021; 2.- Ebook causa C-2898-2019 del 3º Juzgado de Letras de Iquique.

A folio 10, comparece don MATIAS AMIGO GARCIA, abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, quien evacúa informe.

Señala que efectivamente con fecha 24 de noviembre de 2017, otorgó al Señor nombre reservado, la operación de crédito código 002CON100380360, por un capital de $3.094.704.- a una tasa de 2.08%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $106.438, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de enero de 2018. Luego, el titular al 5 de mayo de 2021, adeudaba la diferencia de la cuota de febrero de 2019 a marzo de 2021 N14 a N39, más el saldo de capital, más intereses penales, más gastos de cobranza, todo esto por un total de $5.684.249.- En esta misma fecha reprogramó deuda por la suma de $2.208.274.-, vale decir la Caja bonifico la suma de $3.475.975. Respecto del monto reprogramado se otorgó un plazo de 42 meses, con una cuota de $86.120, cuyo primer vencimiento fue el 31 de julio de 2021 y las cuotas de julio a septiembre de 2021 se pagaron regularmente durante el período de 10 de agosto al 10 de octubre d e2021, por lo que nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro no se encuentra prescrita, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente.

Indica que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga.

Manifiesta que el hecho que la Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a su representada ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. A mayor abundamiento, y de acuerdo a lo señalado anteriormente en esta presentación, el inicio de acciones judiciales para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la institución que represento, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe orientado a perseguir un doble cobro, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Expone que la deuda que actualmente se cobra mediante descuentos en la remuneración de la recurrente, conforme al mecanismo establecido el artículo 22 de la Ley Nº18.833, no emana del pagaré cuyo cobro se persigue en la causa ejecutiva ROL C-2898-2019 - 3° Juzgado civil de Iquique, sino que su fuente corresponde al contrato de mutuo suscrito entre su representada y el recurrente con fecha 24 de noviembre de 2017, cuya acción de cobro se encuentra plenamente vigente. Si bien, en los hechos, el pagaré en cuestión fue suscrito a modo de garantizar el pago de una de las operaciones de crédito que le fueron otorgadas al recurrente, jurídicamente se trata de un título abstracto, cuya acción de cobro es totalmente independiente de aquella que emana del contrato de mutuo celebrado entre las partes, y cuya deuda es la que actualmente se cobra a través del mecanismo establecido en la Ley Nº18.833.

Refiere que hemos de concluir que la obligación que actualmente se cobra a través de los descuentos que son objeto del presente recurso de protección no es la misma que dio origen a la causa ejecutiva referida por la recurrente. A mayor abundamiento, y sin perjuicio de la facultad establecida en el artículo 22 de la Ley Nº18.833, en el artículo séptimo del referido contrato de mutuo, el recurrente otorgó mandato a su representada para efectuar el cobro de las cuotas a través de descuentos en su remuneración, ya sea a través de su actual empleador o de los que tenga en el futuro.

Sostiene que habida consideración a que el mutuo en cuestión mantiene en morosidad aquellas cuotas cuyo vencimiento van desde julio de 2017 a diciembre de 2018, por lo que es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 años para alegar la prescripción de la deuda, todo lo cual hace que el cobro efectuado en virtud del artículo 22 de la Ley N°18.833 sea totalmente oportuno.

Finalmente niega la vulneración de garantías fundamentales, agregando que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso.

Acompaña a su informe: 1. Contrato de mutuo suscrito por su representada y don nombre reservado con fecha 24 de noviembre de 2017; 2. Dictamen 2659-2020 de la SUSESO, de fecha 12 de agosto de 2020.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en el caso de autos se ha denunciado que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes habría procedido el descuento en forma ilegal o arbitraria de sus remuneraciones, solicitando se ordene a la recurrida a dejar sin efecto los descuentos en la remuneración de su representado a través del empleador, devolviendo a este la totalidad de los dineros descontados, con costas.

TERCERO: Que teniendo presente lo informado y el mérito de los antecedentes acompañados, no es un hecho controvertido que efectivamente la recurrida ha procedido a efectuar descuentos desde el mes de agosto del año en curso. Asimismo, se ha acreditado que la recurrida, con fecha 20 de junio de 2019 dedujo demanda ejecutiva en contra del recurrente, la que actualmente se tramita ante el 3º Juzgado de Letras de Iquique, bajo el Rol C-2898-2019, demanda en la que indica expresamente que se encuentran impagas y en mora de pago las cuotas desde el día 31 de enero de 2018.

CUARTO: Que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurro de un extenso lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley N° 18.833, de 26 de septiembre de 1989, que Establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

QUINTO: Que, de esta forma, se concluye que la recurrida actuó de manera injustificada, reviviendo por este medio un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 le concede siempre que se trate de un cobro oportuno, el que de este modo ha forzado unilateralmente, originando una garantía de pago improcedente en consideración a que durante largos años dio señales de desinterés en perseguir su solución. Así, su actual decisión de provocar el pago de la deuda a través de esa vía deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios. En ese mismo sentido, la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N° 78916-2021 sostuvo: “Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo al actor, de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.”

SEXTO: Que, en los términos reseñados, esta Corte estima que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso será acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado y, en consecuencia, se dispone el cese inmediato de los descuentos que pudieren practicarse sobre la remuneración del actor a requerimiento de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, ordenándose asimismo la restitución del dinero ya descontado dentro de décimo día, debiendo informar de ello a esta Iltma. Corte, sin perjuicio de lo que se resuelva respecto del ejercicio de las acciones civiles actualmente en tramitación entre las partes.

Regístrese.

Rol N° Protección-8828-2021 (pvb).