nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Temuco.

Temuco, catorce de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, por sí y a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A, representado por don nombre reservado, domicilio reservado,, y; la Superintendencia de Pensiones, representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana; por el Acto Ilegal y Arbitrario de fecha 05 de enero de 2026, que rechaza solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Señala que nombre reservado solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, añadiendo que el recurrente es notificado mediante correo electrónico con fecha 05 de enero de 2026, rechazando la solicitud de retiro de fondos de pensión, señalando lo siguiente: ““El documento que adjunta es una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero no cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente. No es un certificado de afiliación ni detalla las prestaciones específicas, sino que menciona de manera general las coberturas del sistema previsional de Venezuela.

Además, ha incluido una Declaración Bajo Fe de Juramento, redactada por usted, notariada y apostillada en Chile. Este documento no es válido según la normativa actual, ya que la apostilla no está facultada para representar al país de emisión. Sin embargo, la Superintendencia de Pensiones ha permitido, de manera excepcional, que se cumpla este requisito mediante un certificado emitido por la embajada o consulado correspondiente. Dicho certificado debe confirmar que cuenta con las coberturas exigidas por la Ley 18.156 y estar debidamente legalizado o apostillado”.

Indica que se debe tener en consideración lo establecido por la ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7 de la misma norma: “Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: - Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y; - Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Destaca que la recurrente realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que el recurrente al ser profesional extranjero cumple con los requisitos supra señalados, por lo que se evidencia que el recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Refiere que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que desde ya, deviene en un actuar arbitrario e ilegal según lo indicando que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en los link que señala, , las cuales todos los meses se modifican, por lo que los interesados pueden verificar si la persona se encuentra afiliada o no a la seguridad social, añadiendo que el protegido acompañó a la solicitud de retiro de fondos, constancia de afiliación, por lo que se acreditará que: a) el protegido está afiliado a la seguridad social; b) que se observa la fecha de afiliación siendo que la misma es inamovible; c) que se establecen las prestaciones por las cuales el accionante se encuentra protegido, más aún, abarca prestaciones adicionales de aquellas que contempla el cuerpo legal.

Sostiene que la recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante, adoptó una decisión a todas luces contraria a derecho, puesto que de forma arbitraria e ilegal rechaza la solicitud del recurrente sin que la respuesta estuviera lo suficientemente motivada, sin siquiera, cotejar lo acompañado por el recurrente, lo que deviene en un actuar que afecta el derecho de propiedad ampliamente protegido y tutelado por la Constitución Política de la República, afirmando que se desprende que las constancias emitidas son certificadas por la autoridad competente, por lo que es plenamente válida, además que, se cumple el requisito exigido en la ley en lo que dice relación de estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, añadiendo que el recurrente se encuentra en la seguridad social de su país de origen, de modo que, cuenta con la protección respectiva en las prestaciones señaladas.

Argumenta que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que rechaza la solicitud de retiro de fondos de pensiones cuando, en la especie se puede verificar la afiliación a la seguridad social del país de origen, lo que torna en arbitraria e ilegal la respuesta de la recurrida al afirmar que el certificado de afiliación electrónico no es válido, sin siquiera verificar el mismo, más aún, sin esgrimir los razonamientos de hecho y fundamentos de derecho para descartarlo, agregando además un requisito que la ley no estipula, señalando que la conducta ilegal y arbitraria por parte de las recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión, destacando un fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol 28881-2022.

Considera que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la acción arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, que rechaza la solicitud de devolución de fondos de AFP Modelo, siendo que la solicitud cumple con lo señalado en la ley N°18.156 y modificada ley N°18.726, dando íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos e informado por la Superintendencia de Administraciones de Fondos de Pensiones, situación que la deja en completa vulnerabilidad e incertidumbre, ante un hecho completamente ilegal y arbitrario, señalando que de la simple lectura del rechazo de parte de la administradora de fondos de pensiones argumentando genéricamente que el certificado de afiliación que se acompaña no es válido, no obstante, la normativa especial no realiza distinciones, siendo que solamente se limita en señalar que el técnico profesional extranjero se encuentre afiliado, sea a lo menos técnico y, que manifieste la voluntad de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen en el contrato de trabajo o en sus anexos, requisitos que en la especie se cumplen en su totalidad, añadiendo que el sentido de la ley es claro al señalar que el técnico solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, por lo que la recurrida desatiende su sentido literal, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal.

Hace presente que conforme lo establecido en el artículo 18 del Código Civil la ley no exige formalidades adicionales, por lo que la recurrida yerra al rechazar el retiro de fondos cuando en la especie, se cumplen los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley 18.156, añadiendo que las prestaciones sociales que cubre la seguridad social del recurrente son aquellas que están enumeradas en el artículo 1 de la Ley 18.156, esto es, vejez, muerte, enfermedad e invalidez, por lo que la decisión que se recurre no encuentra sustento normativo para rechazar la mentada solicitud.

Afirma que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana por lo tanto, incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor, precisando que a lo imposible nadie está obligado, no obstante, el recurrente acompañó el certificado electrónico de afiliación de la seguridad social de su país de origen lo que desde ya, implica el pleno cumplimiento de la normativa señalada, por lo tanto, se infiere forzosamente que la negativa es injustificada, arbitraria e ilegal, afectando el derecho de propiedad del recurrente.

Expone que la falta de apostilla o de legalización es un hecho que no se encuentra dentro de la esfera del recurrente, sino únicamente de las relaciones diplomáticas de los Estados de Chile y de Venezuela, siendo que no existen relaciones diplomáticas, más aún, teniendo la recurrida pleno conocimiento por ser un hecho público la dificultad de los nacionales venezolanos de obtener ciertos documentos, como lo es, el certificado de afiliación apostillado, reiterando que la normativa no exige que la afiliación se encuentre apostillada o legalizada, sino que, simplemente que se encuentre afiliado y, que se pueda acreditar por cualquier medio, como en el caso del recurrente, con la simple búsqueda ingresando el código de verificación que arroja la constancia.¶ Señala que esto ha conducido a una multiplicidad de problemas para los nacionales venezolanos, a modo ejemplar, trámites migratorios, los cuales han sido resueltos por los tribunales superiores de justicia, confirmando su teoría del caso, de que la exigencias de ciertos documentos que son imposibles de obtener cuando estos se encuentran dentro de la esfera de un tercero, en este caso, el gobierno Venezolano, no debe servir como excusa, sino como eximente, lo que ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia Rol 7254-2025, de fecha 18 de marzo de 2025.

Argumenta que en el evento improbable que se considere insuficiente la constancia electrónica de afiliación, indica que lo que busca el legislador, es que el técnico profesional que solicita el retiro de los fondos previsionales se específicamente en la encuentra efectivamente afiliado, el cual, se acredita de la simple búsqueda del certificado, web que indica, ingresando la cédula de identidad venezolana y, que ut supra fue acreditado, por lo que el requerir formalidades adicionales que no están expresamente señalados en la normativa especial deviene en un actuar arbitrario e ilegal.

Afirma que a través del referido acto se vulnera la igualdad ante la Ley, toda vez que la recurrida ha infringido esta garantía constitucional, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, cumpliendo con lo solicitado por el servicio recurrido a otorgado respuesta favorables, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, a quien se le ha requerido una formalidad adicional que no se encuentra contemplado de acuerdo con la ley N°18.156 y modificada ley N°18.726, ni en su portal oficial, interrumpiendo el proceso para el retiro de fondos previsionales, aun cuando dio cumplimiento íntegro con lo establecido en Circular N°553 de la ley 18.156 bajo la que se otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales a los extranjeros, citando un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia Rol N° 96.380-2021, de fecha 20 de enero de 2023, añadiendo que del referido criterio jurisprudencial se evidencia que la finalidad del legislador en lo referente a la exención de las cotizaciones previsionales de los técnicos profesionales extranjeros es con el objeto de atraer personal calificado para aportar al desarrollo en el país, por lo que el legislador tuvo la intención de evitar imponer obstáculos a los técnicos profesionales extranjeros, en caso contrario, no tendría sentido que éstos coticen en dos sistemas previsionales distintos pero, con prestaciones idénticas, sosteniendo que si el legislador hubiere pretendido incorporar mayores limitaciones o excepciones para el retiro de los fondos de pensión, el mismo se hubiere establecido expresamente en la norma, por lo tanto, el actuar de la recurrida es arbitraria e ilegal, puesto que resuelve de forma antojadiza la solicitud y, además, no tiene sustento jurídico que lo ampare.

Estima además que la recurrida vulnera el derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, afirmando que los criterios jurisprudenciales señalados evidencian que, las administradoras de pensiones no pueden realizar una interpretación excesivamente literal, puesto que ésta conducta deviene en la imposibilidad de que los profesionales extranjeros obtengan la devolución de los fondos, contradiciendo el propósito de la ley in comento, invocando lo establecido en el artículo 19 N°26 de la Constitución Política que señala no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio, siendo relevante, puesto que la afectación a las garantías fundamentales en el caso de marras se puede resumir en la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, por lo que rechazar el retiro de los fondos de pensión del recurrente, cumpliendo todos los requisitos señalados por la normativa especial; siendo que es de su exclusiva propiedad, afecta esencialmente su derecho de propiedad, ampliamente protegido por el constituyente y; que la administradora de fondos de pensiones inobserva la normativa especial e incorpora requisitos no expresamente señalados, restringiendo los derechos del recurrente, en lo atingente a la igualdad ante la ley, siendo que otros solicitantes han obtenido el retiro de sus fondos a diferencia del recurrente en estos autos y, en el derecho de propiedad que recaen en sus fondos de pensión, en virtud de que la administradora pensiones de su país de origen cubre las prestaciones señaladas en la Ley.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto Recurso de Protección en contra la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo y la Superintendencia de Pensiones, de fecha 05 de enero de 2026 por el Acto Ilegal y Arbitrario, que declara el rechazo de la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero lo que impide la devolución de fondos previsionales, al no dar curso a la solicitud impetrada, actuando de forma ilegal y arbitraria la recurrida, obrando en contra de lo establecido en la Constitución Política de la República y lo establecido en la ley N°18.156, que faculta la devolución de los fondos a los extranjeros, acompañando documentos probatorios al primer otrosí de esta presentación, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

A folio 5 comparece el abogado Rodrigo Montero Atria, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, quien evacúa el informe requerido en autos, señalando en lo pertinente que con fecha 01 de diciembre de 2025, la recurrente ingresó la solicitud para retirar cotizaciones, la cual efectivamente fue rechazada previo requerimiento de mayores antecedentes.

Precisa que rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Afirma que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario. Mi representada ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos.

Sostiene que no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Lo anterior se debe a que la norma establece de forma expresa los requisitos para que proceda el retiro, cuestión que, en caso de autos, el recurrente no cumplía, puntualmente el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones señala en el Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, Número 2, letra b) “Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156".

A folio 11 informa la Superintendencia de Pensiones.

En primer término, alega que el recurso de protección no es vía para conocer del asunto por no existir un derecho indubitado, pues lo que pretende el recurrente no es otra cosa que una declaración de un eventual derecho a retirar sus fondos previsionales, porque no está conforme con lo resuelto por esta Superintendencia, olvidando que no acreditó cumplir con los requisitos normativos para acceder a tal devolución.

Agrega que existe una controversia acerca de los certificados presentados por el recurrente, lo que demuestra con claridad que ésta debiera ser materia de un juicio declarativo, pues el procedimiento generado por la interposición de la acción de protección es de tipo inquisitivo, de emergencia, rápido, no apto para discutir y declarar derechos, como tampoco resulta susceptible, que por ésta vía, se pretenda reemplazar un procedimiento de lato conocimiento, situación que claramente acontece en la especie, lo que implica desviar la acción que nos ocupa con fines constitutivos o declarativos ajenos a sus fines.

En cuanto al fondo, hace presente que no se registra reclamo o presentación alguna a nombre de la recurrente ingresada en la Superintendencia.

Expone el marco normativo, para luego señalar que a pesar del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, las Administradoras a partir de la información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores han autorizado la devolución de los fondos previsionales a afiliados venezolanos, siempre y cuando se haya verificado que cumplen, copulativamente, con todas las exigencias previstas en el artículo 1° de la ley N°18.156. Esto demuestra que no existe ninguna situación discriminatoria en perjuicio de los afiliados venezolanos, como afirma el recurrente.

Ahora bien, la causal de rechazo citada por el recurrente dice relación con la vigencia del documento Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el cual fue emitido el 14 de noviembre de 2025 y según consta en el mismo documento, tiene validez hasta el 30 de noviembre de 2025. Por tanto, no sirve para acreditar que se ha encontrado cubierto con anterioridad y durante todo el periodo de prestación de servicios en Chile, para las contingencias enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sobre este particular, la Superintendencia ha resuelto que, cuando dicho documento tiene validez por 120 días con posterioridad a su firma por el funcionario autorizado y es presentado después de vencido ese plazo, no sirve para acreditar que se contó con cobertura durante toda la relación laboral y, a todo evento, al haber perdido su vigencia.

Además, según la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, para invocar los beneficios de la Ley N°18.156, se ha de acreditar la voluntad del trabajador en orden a mantener su afiliación a su país de origen, mediante la inclusión de una cláusula en tal sentido en el respectivo contrato de trabajo, siempre y cuando se encuentre vigente la relación laboral de que se trata.

Con todo, es del caso precisar que, si se verifica que, en la época durante la cual el trabajador extranjero prestó servicios, no que debidamente acreditada mediante una cláusula en el contrato de trabajo respectivo o en un anexo a él, que su intención era la de mantenerse afecto a la seguridad social de otro país, después el trabajador extranjero no puede pretender que las cotizaciones efectuadas al fondo de pensiones en una A.F.P. le sean devueltas ya que esa declaración es extemporánea.

Por otra parte, se ha resuelto que en el caso de que un trabajador en su contrato de trabajo y anexo haya estipulado que mantendrá su afiliación en su país de origen y al mismo tiempo consigne que autoriza al empleador a descontar sus cotizaciones previsionales para ser enteradas en Chile, no procederá la devolución de sus fondos previsionales, puesto que no da cumplimiento al requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Alega que uno de los presupuestos de procedencia de la acción cautelar de protección es que el acto u omisión reclamado- que implique una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de un determinado derecho debe ser ilegal o arbitrario, no se advierte de qué manera este Organismo habría actuado contra ley o al margen de ella. Esto, con mayor razón, si se tiene en cuenta que la situación en cuestión no ha sido objeto de un pronunciamiento por parte de la Superintendencia, la cual, en todo caso resuelve este tipo de reclamos conforme a la ley N°18.156 y a la normativa emitida al efecto contenida en el Compendio de Normas del Sistema y, en último término, a la normativa aplicable tanto del Convenio de la Apostilla como del Código de Procedimiento Civil.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, no puede estimarse que esta Superintendencia ha incurrido en actos de privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales fundamento del recurso. No hay imputación alguna a este Servicio.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que el acto impugnado consiste en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente al amparo de la Ley N° 18.156, fundada en el incumplimiento de los requisitos establecidos en dicha normativa.

CUARTO: Que conforme a los antecedentes acompañados, la recurrida fundó su decisión en que el certificado de afiliación al sistema previsional extranjero presentado por el recurrente no acredita de manera suficiente que éste haya contado, durante todo el período de prestación de servicios en Chile, con cobertura en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni que, en el caso de enfermedad, dicha cobertura comprenda prestaciones médicas y pecuniarias.

Asimismo, la recurrida constató que el documento acompañado carece de apostilla o legalización, requisito exigido para otorgarle validez en el ordenamiento jurídico nacional, atendido su carácter de instrumento público extranjero.

QUINTO: Que para una acertada resolución de la presente causa, cabe señalar que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional que permite a trabajadores técnicos extranjeros eximirse del sistema previsional chileno, y solicitar la devolución de fondos, siempre que acrediten el cumplimiento copulativo de los requisitos contemplados en su artículo 1°, los que deben ser interpretados de manera estricta por tratarse de una norma de excepción.

De esta forma el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que atento a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requisitos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

SÉPTIMO: Que sobre el particular, la Excma. Corte Suprema de justicia en reciente fallo, en causa Rol N° 33946-2025, ha reconocido precisamente las facultades legales de la recurrida para negar - en similar situación - la reclamación de la recurrente al señalar: “Octavo: Que de lo reseñado hasta ahora se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, y por el contrario, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos. Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado”.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, cabe señalar que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales, ha impartido instrucciones de carácter general y obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, en las cuales ha precisado el alcance de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, exigiendo que la acreditación de la cobertura previsional extranjera sea expresa, completa y respaldada mediante documentación debidamente legalizada o apostillada, por lo que dichas instrucciones, emanadas del organismo técnico competente, resultan vinculantes para la recurrida, la cual no puede apartarse de ellas sin incurrir en infracción a la normativa que regula su actuar, por lo que la exigencia de documentación apostillada o legalizada no constituye una creación arbitraria, sino la aplicación de criterios administrativos obligatorios.

NOVENO: Que por otra parte, la alegación del recurrente relativa a la imposibilidad de obtener documentación apostillada, fundada en la situación de su país de origen, no constituye un fundamento suficiente para eximirlo del cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio de carácter excepcional, desde que la fuerza mayor o caso fortuito no resulta aplicable para justificar el incumplimiento de condiciones legales habilitantes.

DÉCIMO: Que en el escenario descrito no resulta efectivo que la recurrida haya incorporado requisitos no previstos en la ley, sino que ha aplicado la normativa conforme a la interpretación autorizada de la autoridad fiscalizadora, dentro del ámbito de sus competencias, circunstancias que conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo, toda vez que la decisión de la recurrida se encuentra debidamente fundada en antecedentes objetivos y en la normativa vigente, no advirtiéndose en ella arbitrariedad ni ilegalidad.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra A.nombre reservado.

Rol N° Protección-88-2026 (pvb).