nombre reservado con nombre reservado con EJERCITO DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 26 de septiembre del año 2021, comparece don nombre reservado, Chileno, cedula nacional de identidad N° RUT reservado, Sargento 1° en retiro, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del EJÉRCITO DE CHILE, RUT RUT reservado, a través del Comandante En Jefe Del Ejército, General de Ejército nombre reservado, empleado público, cedula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, representados legalmente por el Consejo De Defensa Del Estado, RUT RUT reservado, a través del Abogado Procurador Fiscal de la Procuraduría Fiscal De Temuco del Consejo de Defensa del Estado, nombre reservado, Empleado Público, cedula nacional de identidad N° RUT reservado, o quien ostente dicha atribución, todos con domicilio en domicilio reservado, Región de la Araucanía.

Funda el recurso en que ingresó al Ejército de Chile con fecha 05 de Abril de 1998. El año 2017 fue trasladado a la ciudad de Temuco, desempeñándome en la Sección Transporte del Destacamento de Montaña N° 8 “Tucapel”, y debido a la destinación realizada el año 2018 se le asignó una vivienda fiscal junto a su grupo familiar, ubicada en domicilio reservado, según consta en la Carta de Compromiso, autorizada ante el Notario de la Comuna de Villarrica don nombre reservado. Señala que por motivos de salud estuvo con licencias médicas durante el año 2020 en su residencia en la ciudad de Villarrica, radicándose en dicha comuna, no pudiendo desarrollar actividad laboral, sin embargo por disposición de la Comisión Médica del Ejercito en el mes septiembre de 2020 en la ciudad de Valdivia se le instruyó que fuese atendido por un psiquiatra, recomendándole presentar su retiro o renuncia voluntaria en el evento de no presentar una recuperabilidad a corto plazo, circunstancia que motivo su retiro voluntario, a pesar de encontrarse aún con licencia médica, informando en su oportunidad en el Destacamento de Montaña N° 8 “Tucapel” de Temuco a su superior jerárquico de la renuncia al empleo por razones de salud e informando en el departamento de viviendas fiscales que realizaría restitución del departamento asignado producto de su retiro que se llevaría a efecto con fecha 31 de diciembre de 2020.

Una vez que informa verbalmente de su renuncia al empleo ante la unidad de viviendas Fiscales del Destacamento de Montaña N°8 Tucapel, le informa la SG2. Bucarey, el procedimiento de entrega de la vivienda fiscal y que tenía un plazo de 60 días para hacer entrega del departamento asignado, esto es hasta el 03 de marzo de 2021. No obstante el 02 de enero de 2021, se contacta telefónicamente el PAC Valdebenito, Asesor Legal de la División, para informarme que se encontraba en mora de entregar la vivienda fiscal, y que el plazo indicado por la SG2. Bucarey era erróneo. Ante la imposibilidad de trasladarse libremente desde Villarrica a Temuco producto del confinamiento y de las restricciones de desplazamiento impuestas por la autoridad sanitaria por el Covid-19, se veía imposibilitado absolutamente de retornar a Temuco para poder entregar en el más breve plazo la vivienda fiscal, dada la condición de salud que padecía, teniendo licencia médica la cual se mantenía en su residencia en la ciudad de Villarrica, resultando imposible que se trasladara a trabajar en el departamento para poder entregarlo y menos contactar alguna empresa que desarrollara dicho trabajo debido a las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria, que proscribía el ejercicio de actividades que no fuesen consideradas esenciales. De este modo, contrato vía telefónica los servicios de CB1. nombre reservado quien le entrega la confianza suficiente al ser miembro activo del Destacamento “Tucapel” en Temuco, para que realice las mejoras pertinentes en la vivienda fiscal de acuerdo a las exigencias establecidas en la carta compromiso y en la legislación respectiva a fin de poder entregar el departamento. Por tanto se le paga el 50% de los honorarios al Cb1. Riquelme para que realice la prestación convenida, informándose en la unidad de viviendas fiscales a la SG2. Bucarey, que el CB1. nombre reservado quedaba a cargo del departamento a fin de realizar las mejoras y reparaciones necesarias con el objeto de entregar en el más breve plazo la vivienda fiscal. Sin embargo, el CB1. nombre reservado, no cumplió con el contrato convenido de realizar las mejoras al departamento fiscal, por tanto se le solicitó la restitución del mismo, situación que pudo realizar a fines de junio de 2021. Una vez que culminó la cuarentena en la ciudad de Temuco, y culminado el confinamiento en Villarrica, contrato los servicios de un maestro para realizar las reparaciones pertinentes en la vivienda fiscal y con fecha 12 de Julio de 2021 se realiza la entrega del departamento a la unidad de viviendas fiscales del Destacamento “Tucapel”, el cual fue recepcionado sin novedades en cumplimiento de la normativa legal. Con fecha 19 de Julio de 2021 fue notificado personalmente mediante oficio de la resolución que ordena el pago de una renta mensual o el proporcional por días de un arrendamiento comercial más un 20% de multa equivalentes a las siguientes cantidades: a) $722.240, por concepto de un día del mes de diciembre de 2020, por el mes de Enero, y Febrero de 2021; y b) $1.459.200, por concepto del mes de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2021, disponiendo que se notifique a Tesorería de Ejercito para los efectos de practicar la retención en la remuneración; y con fecha 29 de Julio de 2021 fue notificado personalmente mediante oficio la resolución que ordena el pago de una renta mensual o el proporcional por días de un arrendamiento comercial más un 20% de multa equivalente a la siguiente cantidad de $145.920, por concepto de doce días del mes de Julio de 2021, disponiendo se notifique a Tesorería de Ejercito para los efectos de practicar la retención en la remuneración. Ante las mencionadas resoluciones se presentan dos recursos administrativos, el primer recurso se deduce con fecha 29 de Julio de 2021 y el segundo recurso se interpone con fecha 06 de Agosto de 2021, solicitando: a) Dejar sin efecto la resolución que aprueba el cobro de renta comercial, más un 20% a título de multa por la no restitución de la vivienda fiscal ubicada en la comuna de Temuco, domicilio reservado; b) Declarar que no existió ocupación irregular de la vivienda señalada; c)Declarar que el procedimiento llevado a cabo para solicitar la restitución adolece de nulidad por falta de emplazamiento siendo arbitraria e ilegal la resolución que sanciona con los pagos de arriendo y multa; y d) Que se deje sin efecto retener las remuneraciones ordenadas a Tesorería del Ejercito, o bien lo que se estime resolver en mérito del derecho, resolviéndose el primer recurso con fecha 12 de Agosto de 2021, disponiéndose su rechazo.

Afirma que con fecha 27 de AGOSTO de 2021, se notifica personalmente en la ciudad de Temuco en el Destacamento de Montaña N°8 “Tucapel”, la resolución que deniega el recurso interpuesto con fecha 29 de Julio de 2021, según Resolución DIVDIE ZB VALDIVIA (R) N° 1865/5099/988/EXENTA VALDIVIA dictada con fecha 12 de Agosto, por el Comandante de la Zona nombre reservado de Valdivia, nombre reservado, ordenándose en definitiva por la ocupación irregular de la vivienda al pago de una renta mensual o el proporcional por días de un arrendamiento comercial más un 20% de multa equivalentes a las siguientes cantidades: a) $722.240, por concepto de un día del mes de diciembre de 2020, por el mes de Enero, y Febrero de 2021; y b) $1.459.200, por concepto del mes de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2021, disponiendo que se notifique a Tesorería de Ejercito para los efectos de practicar la retención en la remuneración.

Refiere que el actuar de la recurrida resulta arbitraria e ilegal, dado que la dictación de resolución que ordena el pago del canon de arriendo, no se ha sustentado en un procedimiento valido adoleciendo de nulidad insalvable, puesto que no fue emplazada legalmente del procedimiento administrativo de restitución de vivienda fiscal y pago de rentas arrendamiento por concepto ocupación irregular de la vivienda fiscal, según Oficio ZB”VALDIVIA” AS. JURD.(R)N° 615/34 del 15.ENERO.2021, vulnerándose las ritualidades del debido proceso. Por mandato legal y constitucional es imprescindible que la autoridad sustancie un procedimiento administrativo para exigir la restitución de la vivienda según lo dispuesto en el Articulo 26 letra f del DFL 22 DEL AÑO 1959 que dispone “f) Exigir administrativamente la restitución de cualquier bien fiscal o nacional de uso público que esté indebidamente ocupado. En caso de oposición, podrá hacer uso de las facultades que le otorga la presente ley” o bien según lo dispuesto en el artículo 80 del DL 1939 del año 1977, refiriendo que si bien la normativa señala que deberá exigirse la restitución de la vivienda administrativamente, no obstante no detalla las ritualidades que debe seguir el procedimiento, por tanto debe regirse necesariamente por lo dispuesto en la Ley 19.880 según lo previsto en los artículos 28 y siguientes de dicho cuerpo legal. De este modo, el procedimiento llevado a cabo en contra de esta parte, adolece de nulidad insalvable, ya que no es efectivo haber sido notificado del procedimiento administrativo de restitución de vivienda y cobro de rentas de arrendamiento por ocupación irregular de la vivienda fiscal según oficio ZB”VALDIVIA” AS. JURD.(R)N° 615/34 del 15.ENERO.2021, considerando que en dicha fecha no se encontraba prestando servicios en el Destacamento, sino en su domicilio particular en la comuna de Villarrica, a la cual nunca se remitió carta certificada, sumado a la circunstancia que con fecha 14 de enero de 2021 la ciudad de Temuco entró en confinamiento en fase 1 del plan paso a paso, en cuarentena total, siendo imposible haber sido emplazado legalmente de manera personal, vulnerando el debido proceso, según lo dispone el artículo 45 y 46 de la ley 19.880. Es más, la ciudad de Temuco permaneció desde el 14 de Enero de 2021 hasta el 14 de mayo de 2021 en confinamiento y la ciudad de Villarrica culmino su cuarentena permaneciendo en fase 1 hasta el día 20 de Julio de 2021, situación que impedía el traslado de una comuna a otra para realizar actividades que no fuesen esenciales.

En virtud de lo anterior, afirma que la resolución DIVDIE ZB VALDIVIA (R) N° 1865/5099/988/EXENTA VALDIVIA dictada con fecha 12 de Agosto, por el Comandante de la Zona nombre reservado de Valdivia, nombre reservado, no solo carece de fundamentos y argumentos en su contenido, sino que contraviene abiertamente el principio de imparcialidad bajo el cual debe regirse los actos administrativos, ya que no fundamenta suficiente en su contenido antecedentes de hecho y derecho, remitiéndose a un oficio reservado, restringiendo así mi derecho a presentar alguna defensa, quedando en la indefensión respecto de este acto administrativo, que dicto la decisión contenida en dicha resolución en forma arbitraria. Cabe señalar que la contravención de este principio degenera en la ilegalidad del acto administrativo, sobre todo en las resoluciones exentas, que en virtud de la resolución N°7 de la Contraloría General de la Republica, prescinden de la toma de razón. Por tanto se han vulnerado los principios consagrados en la ley 19.880 pues no se ha respetado el principio de contrariedad e imparcialidad infringiendo arbitrariamente el debido proceso, considerando sobre todo que los actos administrativos gozan de legalidad, imperio y exigibilidad, por tanto el procedimiento administrativo es nulo y no produce ningún valor, por haberse vulnerado las garantías consagradas en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la Republica respecto al debido proceso, ya que no ha sido emplazado legalmente, desconociendo la existencia de un procedimiento administrativo que ha vulnerado las ritualidades exigidas por la ley, y contrariando el articulo 19 N°1, 2 y 3 de la Carta Magna, en virtud que no se ha respetado el principio de igualdad ante la ley, ni las ritualidades del debido proceso. De este modo el procedimiento y las resoluciones dictadas por el recurrido causan un agravio irreparable a esta parte, perjuicio de carácter patrimonial al privar de las remuneraciones y/o pensiones sin un debido proceso, afectando su derecho de propiedad, sumado al daño psicológico y emocional irreparable que afecta su salud.

En este contexto, la nulidad del procedimiento fue alegado ante el recurrido en la respectiva instancia administrativa, sin embargo la autoridad no se hizo cargo de tal alegación, omitiendo pronunciarse al respecto, denegando el recurso interpuesto, es por ello que su actuar además de ser arbitrario es ilegal, ya que actuó contrariando las disposiciones legales. Es así que el recurrido, dicta resoluciones en un procedimiento viciado, contrariando la ley, en virtud que ordena un pago de un arriendo por la ocupación irregular de la vivienda fiscal, vulnerando lo dispuesto en el artículo Art. 79 letra b) del Reglamento de Viviendas Fiscales que señala “Por renuncia al empleo, la vivienda debe ser restituida hasta el último día hábil, anterior a la fecha del retiro.” y en relación a lo que el DFL (G) N.º 1 “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”, en su artículo N.° 213 y siguientes.

Conforme a los artículos precedentes, señala que la vivienda fiscal debe ser restituida con anterioridad a la fecha del retiro en caso de la renuncia al empleo, circunstancia que solo produce sus efectos jurídicos una vez que se notifique legalmente la resolución o decreto que acepta el retiro, en virtud de lo dispuesto en el DFL (G) N.º 1 “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”, en su artículo 249. La resolución no se ajusta a derecho pues realiza una interpretación extensiva y arbitraria de la fecha en que comienza a correr el plazo del retiro, y omite que a la fecha de iniciar el procedimiento administrativo no se había dictado la resolución que acepta la renuncia al empleo de esta parte, y en consecuencia aún no comenzaba a correr el plazo de restitución de la vivienda fiscal hasta que no se practique la correspondiente notificación de la resolución de acepta el retiro según lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 19.880 a fin de que produzca sus efectos legales. Así, con fecha 29 de julio de 2021 fue notificado personalmente de la resolución que acepta la renuncia al empleo según (R) N°1625/317/1103, SANTIAGO, del 01.FEB.2021, dictada por el Comandante del Comando de Personal. Teniendo presente que con fecha 29 de Julio de 2021 se notifica legalmente la resolución que concede o acepta el retiro de la institución de este Sargento 1°, produciendo sus efectos jurídicos desde ese entonces, por tanto, no se encontraba en ocupación irregular de la vivienda fiscal, ya que fue restituida con fecha 12 de Julio de 2021, cumpliendo con cada una de las disposiciones que rigen la carta compromiso como la legislación aplicable. Respecto a la resolución que ordena la retención de remuneraciones resulta contradictoria, en relación a lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento de Viviendas Fiscales que señala “Para el personal activo, el canon de arriendo y multa por la no entrega del inmueble en los plazos señalados, se tramitará ante la Tesorería del Ejército el descuento mensual. Asimismo, en todos los casos se deberá notificar de las formas señaladas en el artículo Nº 46 de la Ley 19880, señalando la fecha de inicio y motivos por el cual se aplicará el canon de arriendo y la multa correspondiente”, disposición aplicable para el personal activo, sin embargo, se le aplica un procedimiento administrativo de restitución de vivienda por ocupación irregular por encontrarse en retiro de la institución. En este contexto, además de resultar contradictoria la resolución, es además abiertamente arbitraria e ilegal, pues no puede ordenar la retención de remuneraciones, en virtud que consta la existencia de un expediente de retiro y que a esta parte le han cesado las remuneraciones a partir de junio del 2021 hasta que quede totalmente tramitado el expediente de retiro y se conceda el derecho a pensión a fin de ordenar el pago de los emolumentos correspondientes en calidad de pensionado.

En consecuencia, concluye que el actuar del recurrido es ilegal, dado que no pueden disponer la retención de remuneraciones que no existen, ya que han cesado y en ningún caso pueden disponer la retención de las pensiones de retiro por expresa disposición del DFL 209 de año 1973 que señala en sus artículos 12 “ Son nulos y de ningún valor los contratos que tengan por objeto la cesión, donación o transferencia en cualquiera forma, ya sea a título gratuito u oneroso de las pensiones de retiro y montepío, devoluciones de descuentos o indemnizaciones de que versa esta ley”; y artículo 13 “Las pensiones, devoluciones e indemnizaciones serán inembargables, salvo que se trate de deudas provenientes de pensiones alimenticias decretadas judicialmente. En tal caso podrá embargarse hasta la mitad de ellas”. A mayor abundamiento las retenciones solo pueden practicarse bajo ciertas circunstancias determinadas por el legislador, ya sea esta por acuerdo voluntario de las partes, por resolución judicial o por resolución en un procedimiento administrativo legalmente tramitado, situación que no ha sucedido en el presente caso.

En cuanto al derecho, sostiene la competencia territorial de la I. Corte de Apelaciones Temuco, y la interposición del recurso dentro del plazo legal, refiriendo en cuanto a los derechos afectados, que se afecta el Derecho a la Integridad Psíquica dispuesto en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la Republica, en efecto, el actuar del nombre reservado de la Zona nombre reservado del Ejército de Chile ha transgredido su integridad psíquica ha sido continua, puesto que no fue clara la información por parte de la institución respecto a la fecha de entrega de la vivienda fiscal, generándome un daño psicológico y emocional afectando su salud psicológica. En cuanto al Derecho a la Igualdad ante la Ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la Republica, fluye de forma clara que ha existido una transgresión con el actuar del recurrido, toda vez que una vez que la autoridad administrativa inicio el 15 de enero de 2021 un procedimiento administrativo por cobro de rentas de arriendo por la ocupación irregular de la vivienda Fiscal, continuo descontando un canon por concepto de rentas del inmueble en sus liquidaciones de sueldo hasta el mes de mayo de 2021, fecha en que cesan sus remuneraciones, realizando un trato diferenciado y discriminatorio a su parte. También, se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, al ordenar la retención de remuneraciones, en virtud que consta la existencia de un expediente de retiro y que han cesado las remuneraciones a partir de junio del 2021 hasta que quede totalmente tramitado el expediente de retiro y se conceda el derecho a pensión a fin de ordenar el pago de los emolumentos correspondientes en calidad de pensionado. Además dicha resolución no pueden disponer la retención de remuneraciones que no existen, ya que han cesado y en ningún caso pueden disponer la retención de las pensiones de retiro por expresa disposición del DFL 209 de año 1973 que señala en sus artículos 12 y artículo 13. Finalmente se ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley. en virtud que la resolución no se ajusta a derecho, realiza una interpretación extensiva y arbitraria de la fecha en que comienza a correr el plazo del retiro, y omite que a la fecha de iniciar el procedimiento administrativo el 15 de Enero de 2021, no se había dictado la resolución que acepta la renuncia al empleo de esta parte de la institución, y en consecuencia aún no comenzaba a correr el plazo de restitución de la vivienda fiscal hasta que no se practique la correspondiente notificación de la resolución de acepta el retiro según lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 19.880 a fin de que produzca sus efectos legales. Agrega que se afecta el Derecho a un debido proceso, consagrado en el artículo 19 N°3 inciso 1, 2 y 5 de la Constitución Política de la Republica, dado que por una parte no existe un procedimiento administrativo legalmente tramitado y por otra parte, se inicia un procedimiento administrativo de ocupación irregular de vivienda fiscal a esta parte sin haber sido notificado de la aceptación de la renuncia al empleo. En consecuencia la resolución no se ajusta a derecho pues realiza una interpretación extensiva y arbitraria de la fecha en que comienza a correr el plazo del retiro, esto es a partir del 31 de Diciembre de 2020 y omite que a la fecha de iniciar el procedimiento administrativo no se había dictado la resolución que acepta la renuncia al empleo de esta parte, y en consecuencia aún no comenzaba a correr el plazo de restitución de la vivienda fiscal hasta que no se practique la correspondiente notificación de la resolución de acepta el retiro según lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 19.880, a fin de que produzca sus efectos legales, agregando que se afecta el Derecho a la propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 al amenazar su derecho de propiedad sobre el pago de mis pensiones, imponiéndome un pago de rentas por concepto de arrendamiento.

Por todo lo anterior, solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra del EJÉRCITO DE CHILE, a través del COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO, General de Ejército nombre reservado, representados legalmente por el CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, a través del ABOGADO PROCURADOR FISCAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE TEMUCO DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, nombre reservado, ya individualizados, acogerlo a tramitación, ordenando que el recurrido en un plazo breve y perentorio informe por la vía más rápida y efectiva al tenor del recurso, debiendo acompañar todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo de la acción, para que en definitiva se reestablezca el imperio del Derecho, ordenando se deje sin efecto el Oficio DIVDIE ZB VALDIVIA (R) N° 1865/5099/988/EXENTA VALDIVIA dictada con fecha 12 de Agosto, por el Comandante de la Zona nombre reservado de Valdivia nombre reservado, notificado el día 27 de Agosto de 2021, y se deje sin efecto el procedimiento administrativo de restitución de vivienda fiscal y cobro de rentas de arrendamiento según oficio ZB”VALDIVIA” AS. JURD.(R)N° 615/34 del 15.ENERO.2021, en virtud que la vivienda fiscal fue entregada dentro de plazo legal, o en subsidio se ordene retrotraer el procedimiento a la fecha de su notificación, a fin de ser emplazado legalmente del procedimiento administrativo incoado en su contra, y se adopten todas aquellas medidas que estime pertinentes a fin de lograr el restablecimiento del Derecho y la debida protección del recurrente, con costas.

A folio 11, con fecha 21 de octubre del año 2021, informa don nombre reservado, Coronel, Comandante de la Zona nombre reservado “Valdivia”, solicitando el rechazo del recurso.

Alega la incompetencia del tribunal, puesto que tanto la resolución exenta DIVBIE ZB "VALDIVIA" (R) N° 1865/5099/988 de 12AGO2021 y el oficio ZB "VALDIVIA" AS. JURD. (R) N° 615/34 de 15ENE2021, fueron emitidos por la Zona nombre reservado "Valdivia", con asiento en la comuna de Valdivia para atender a todo el personal de las Guarniciones de Victoria, Valdivia, Temuco, La Unión, Osorno y Puerto Varas, según lo dispuesto en CJE EMGE DOE Ha (R) N° 6030/1707 de 12MAR2013. Teniendo presente lo señalado, los efectos de los actos administrativos pronunciados por la Zona nombre reservado "Valdivia", con asiento en la ciudad de Valdivia, producen sus efectos en dicha comuna, y no tienen relación con la comuna donde prestaba servicios el recurrente. Además, se debe considerar que a la fecha de dictación de los actos administrativos, el recurrente ya había presentado su renuncia voluntaria, no encontrándose en servicio activo en la Institución, por tanto difícilmente puede argumentar que el haber prestado servicios previos en la comuna de Temuco lo habilitan para interponer un recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco por actos emitidos por la Zona nombre reservado "Valdivia" con asiento en la ciudad de Valdivia. Agrega la improcedencia del recurso, ya que no es la vía idónea para resolver de esta supuesta vulneración de derechos señalada por el recurrente, al ser una acción específica de emergencia, con un procedimiento rápido e informal.

En cuanto al fondo, da cuenta que el SG Io (R) nombre reservado, se desempeñaba en la dotación del Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel", respecto del cual se aceptó su renuncia al empleo por motivos particulares con fecha 31DIC2020, mediante Resolución Exenta COP 1/2 (R) N° 1625/317/1103 de 01FEB2021. Con fecha 10ABR2018, se le asignó al SG1° (R) nombre reservado la vivienda fiscal que se encuentra ubicada en la comuna de Temuco, domicilio reservado, dependiente de la Zona nombre reservado "Valdivia".

Agrega que el cuerpo normativo aplicable a esta materia es el DFL N° 1 del año 1997 que "Establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas", específicamente el artículo 212, 213 y 214, refiriendo que el actor al suscribir la carta de compromiso con fecha 02MAR2020, deja de manifiesto que conoce tanto la normativa legal como reglamentaria que regula la utilización de Viviendas Fiscales.

Manifiesta que los actos administrativos recurridos tratan sobre materias totalmente diferentes, porque el Oficio ZB "VALDIVIA" AS. JURD. (R) N° 615/34 de 15.ENE.2021 de su simple lectura e inteligencia se desprende que es meramente informativo, no iniciando procedimiento administrativo alguno, sino que en pro del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, con la finalidad informar los plazos legales en el supuesto de renuncia voluntaria al empleo y las consecuencias que indica la ley en caso de no cumplimiento. El recurrente cita las normas para hacer efectiva la restitución administrativa de un inmueble fiscal, con auxilio de la fuerza pública, ilustrando en detalle lo dispuesto en el inciso primero del artículo 214 del DFL N° 1 de 1997, confundiendo los procedimientos porque esta Zona nombre reservado "Valdivia" a través de la Resolución Exenta DIVBIE ZB "VALDIVIA" (R) N° 1865/5099/988 de 12AGO2021 lo que hizo fue aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 214 del DFL N° 1 de 1997, refiriendo que el recurrente confunde la obligación de restituir el inmueble fiscal con la consecuencia o sanción de incumplir los plazos legales y reglamentarios en tal sentido. En virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 214 del DFL N° 1 de 1997 en relación con el artículo 101 del Reglamento RAA-03002, los cobros a título de multa, se encuentran ajustados a derecho, considerando que el propio recurrente presentó su renuncia voluntaria al empleo indicando él mismo la fecha de renuncia y que restituyó la vivienda fiscal con fecha 12JUL2021, según dan cuentan la resolución exenta que acepta su renuncia y el acta de recepción de vivienda fiscal, que se acompañan a este informe, los cuales son hechos objetivos.

Afirma que la Resolución impugnada no es ilegal ni arbitraria, toda vez que la normativa aplicable en el presente caso es el DFL N° 1 de 1997 sobre "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas" y el Reglamento RAA-03002 sobre "Administración y Ocupación de Viviendas Fiscales o Proporcionadas por el Fisco", siendo este el marco jurídico para el caso de autos, atendido que corresponde a una vivienda fiscal asignada a un funcionario del Ejército de Chile. En este contexto, es indica que el recurrente confunde su obligación de restitución de la vivienda fiscal y la obligación de esta Zona nombre reservado de proceder a los cobros que menciona la ley cuando no se cumplen los plazos legales y reglamentarios, debiendo señalarse que bajo ningún supuesto se ha vulnerado el debido proceso, por cuanto la resolución administrativa que dispone el cobro de la multa fue notificada conforme lo dispone la Ley N° 19.880, motivo por el cual el recurrente pudo presentar su recurso administrativo, el cual fue denegado mediante el acto administrativo de rigor, notificado legalmente y por el cual presenta esta acción de protección. El cobro de la multa obedece a dos hechos objetivos: 1) Fecha de renuncia al empleo, aceptada con fecha 31DIC2020, lo cual fue un acto voluntario del propio funcionario, y 2) Fecha de restitución de la vivienda fiscal, lo cual fue realizado el 12JUL2021. Estas dos fechas son acreditadas mediante Resolución Exenta COP 1/2 (R) N° 1625/317/1103 de 01FEB2021 y el acto de restitución de vivienda fiscal de fecha 12JUL2021.

Da cuenta del rol de la División nombre reservado es un órgano público, centralizado, concluyendo que es a lo menos extraño el actuar del SG1° (R) nombre reservado, por cuanto, se dio cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, y que al no restituir dentro de plazo legal, es labor de la División nombre reservado como administrador de dicha vivienda proceder al cobro legal del uso indebido del inmueble fiscal, situación que se materializó a través de la Resolución Exenta DIVBIE ZB VALDIVIA (R) N° 1865/4634/891 de 22JUL2021, notificada personalmente con fecha 29JUL2021, respecto de la cual se presentó recurso administrativo denegado mediante resolución exenta DIVBIE ZB "VALDIVIA" (R) N° 1865/5099/988 de 12AGO2021, notificado personalmente con fecha 27AGO2021, respecto de lo cual mediante oficio ZB "VALDIVIA" AS. JURD. (R) N° 615/34 de 15ENE2021 fue prevenido de las consecuencias que provoca el hecho de permanecer en ocupación indebida de una vivienda fiscal, las que por lo demás no obedecen a un mero arbitrio de la División nombre reservado, sino más bien, al cumplimiento de un mandato legal, el cual, fue conocido oportunamente por el recurrente y también reconocido al interponer el presente recurso de protección, y que el no realizar el procedimiento de cobro de la multa por no restitución dentro de plazo legal iría en directo detrimento de la función nombre reservado social que tiene la División nombre reservado y del patrimonio fiscal, situación que puede ser observada por órganos de control intra o extra institucionales, solicitando, en definitiva, el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en estos autos se ha deducido recurso de protección por parte del actor nombre reservado, en contra del Ejército de Chile, solicitando que, en virtud de la afectación de derechos fundamentales se deje sin efecto el Oficio DIVDIE ZB VALDIVIA (R) N° 1865/5099/988/EXENTA VALDIVIA dictada con fecha 12 de Agosto, por el Comandante de la Zona nombre reservado de Valdivia nombre reservado, y se deje sin efecto el procedimiento administrativo de restitución de vivienda fiscal y cobro de rentas de arrendamiento según oficio ZB”VALDIVIA” AS. JURD.(R)N° 615/34 del 15.ENERO.2021, en virtud que la vivienda fiscal fue entregada dentro de plazo legal, o en subsidio se ordene retrotraer el procedimiento a la fecha de su notificación, a fin de ser emplazado legalmente del procedimiento administrativo incoado en su contra, y se adopten todas aquellas medidas que estime pertinentes a fin de lograr el restablecimiento del Derecho y la debida protección del recurrente, con costas.

TERCERO: Que previo a determinar el fondo, y en cuanto a la alegación de incompetencia, teniendo presente que los efectos de la Resolución recurrida se generan en el territorio jurisdiccional de esta Corte, no cabe sino desechar el recurso.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, de los antecedentes allegados a los autos, es posible dar por asentados los siguientes hechos: 1.- El actor fue Oficial activo, miembro del Ejército de Chile hasta el 31 de diciembre de 2020, 2.- Que a la fecha de su retiro el actor ocupaba una vivienda fiscal en la comuna de Temuco, la que debía ser restituida de acuerdo a la normativa reglamentaria de la Institución lo que no ocurrió. 3.- Que con ocasión de lo anterior y la supuesta ocupación indebida de la vivienda fiscal, consta Oficio DIVDIE ZB VALDIVIA (R) N° 1865/5099/988/EXENTA VALDIVIA dictada con fecha 12 de Agosto, por el Comandante de la Zona nombre reservado de Valdivia nombre reservado, notificado el día 27 de Agosto de 2021, generándose el procedimiento administrativo de restitución de vivienda fiscal y cobro de rentas de arrendamiento según oficio ZB”VALDIVIA” AS. JURD.(R)N° 615/34 del 15 de enero de 2021, obligando en consecuencia al actor al pago de una renta mensual o el proporcional por días de un arrendamiento comercial más un 20% de multa equivalentes a las siguientes cantidades: a) $722.240, por concepto de un día del mes de diciembre de 2020, por el mes de Enero, y Febrero de 2021; y b) $1.459.200, por concepto del mes de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2021, disponiendo que se notifique a Tesorería de Ejercito para los efectos de practicar la retención en la remuneración. Lo anterior encuentra su sustento en el artículo 214 inciso 2° del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas sancionado por Decreto con Fuerza de Ley N°1 del año 1997, que prescribe: “Sin perjuicio de la obligación de restituir el inmueble fiscal en la forma y dentro de los plazos señalados en el artículo anterior, el ocupante, durante todo el tiempo que dure la ocupación indebida del inmueble, quedará obligado a pagar al respectivo Servicio o Dirección nombre reservado Social de las Fuerzas Armadas por el uso de la vivienda, una suma mensual igual a la renta mensual de arrendamiento comercial de una vivienda similar, más un 20% de dicha suma a título de multa. El mencionado valor comercial será determinado anualmente por el Servicio o Dirección nombre reservado Social de las Fuerzas Armadas.

QUINTO: Que, cobra relevancia en esta presentación, lo concerniente a la naturaleza del derecho a jubilación, ya que cabe consignar que éste tiene una índole alimentaria puesto que reemplaza al sueldo o remuneración de actividad. En este orden de cosas, es relevante la diversa protección que el legislador ha establecido para la remuneración, destacando el artículo 7 inciso 1° de la Ley N° 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones de Alimentos que dispone lo siguiente: “El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma o porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del alimentante” y el artículo 57 del Código del Trabajo cuando señala: “Las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones de seguridad social serán inembargables. No obstante, podrán ser embargadas las remuneraciones en la parte que excedan de cincuenta y seis unidades de fomento “. Con todo, tratándose de pensiones alimenticias debidas por ley y decretadas judicialmente, de defraudación, hurto o robo cometidos por el trabajador en contra del empleador en ejercicio de su cargo, o de remuneraciones adeudadas por el trabajador a las personas que hayan estado a su servicio en calidad de trabajador, podrá embargarse hasta el cincuenta por ciento de las remuneraciones”.

SEXTO: Que la Ley N°18.108 cuyo artículo único expresa lo que sigue: " Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros, en sus respectivas instituciones, fijarán y podrán modificar los montos máximos de descuentos en las planillas de pago del personal a que se refieren las letras a), b), c) y d) del artículo 2° del decreto con fuerza de ley 1 (G), de 1968 y el inciso primero del artículo 2° del decreto con fuerza de ley 2 (I) del mismo año, en favor de cooperativas, mutuales, entidades aseguradoras y servicios médicos o nombre reservado”. “Tratándose de las personas a que se refiere la letra e) del artículo 2° del mencionado decreto con fuerza de ley 1 y el inciso tercero del artículo 2° del decreto con fuerza de ley 2 citado, el monto máximo de los descuentos, para los efectos señalados en el inciso anterior, será fijado por la respectiva institución previsional y bastará la solicitud de la entidad respectiva para que ésta efectúe el descuento al pensionado o montepiado hasta el límite que se haya fijado.”

SÉPTIMO: Que como puede apreciarse, la precitada ley tampoco autoriza un descuento ilimitado a la pensión de jubilación, sino que señala que la Institución respectiva deberá fijar un límite, fijación que no puede ser otra que el cincuenta por ciento de la jubilación o pensión de retiro previos los descuentos estrictamente legales, ya que de lo contrario de estaría vulnerando el carácter alimenticio de dicho ingreso. En la especie, la recurrida tampoco ha acreditado haber fijado límite alguno, sino que simplemente ha alegado la naturaleza del descuento por uso indebido de vivienda fiscal.

OCTAVO: Que según se dirá, el actuar de la recurrida es arbitrario por cuanto se ha procedido de forma desconsiderada de las consecuencias que el acto reclamado puede producir en el afectado, primero, puesto que según los antecedentes no fueron apreciados sus argumentos en cuanto a un correcto emplazamiento, situación de pandemia y reparación de la vivienda con los inconvenientes que citó el actor. Las situaciones descritas se desarrollaron, además conculcando al recurrente, esto, al verse expuesto a quedar privado de su ingreso mensual respecto del cual tiene un derecho adquirido, ganado luego de haber trabajado una cantidad considerable de años de su vida. Así, la conducta denunciada por medio del presente recurso vulnera el derecho de propiedad del recurrente, derecho protegido por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que conlleva el acogimiento del mismo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección deducido por don nombre reservado, disponiéndose que el descuento y multa ordenado por la recurrida deberá ser dejado sin efecto mediante la dictación de la resolución o acto administrativo motivado correspondiente.

Regístrese.

Redacción del Abogado integrante Sr. Marcelo Neculman Muñoz.

Rol N° Protección-8798-2021 (pvb).