nombre reservado con SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGION ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, veintidós de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Que comparece EDUARDO FRANCISCO CONTRERAS DIAZ, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en favor de: nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado con Los Andes, y doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien dice:

Que, interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, la Ilustre Municipalidad de Angol, representado por su Alcalde, ENRIQUE NEIRA NEIRA, ambos domiciliados en domicilio reservado, y el Servicio de la Vivienda y Urbanismo de la Región de la Araucanía (SERVIU) representado por su Directo nombre reservado, o quien le represente, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Los vecinos quienes recurren, viven en la Población Los Arrayanes, particularmente en calle Los Andes, todos alrededor de la recurrida doña nombre reservado, todos quienes viven por más de 35 años en ese lugar.

La domicilio reservado etapas, se entiende que con aprobación municipal, cosa que de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente le asigna a la Municipalidad la recepción final de cada loteo que se construye en la comuna.

Primero se construye la etapa 1, en donde contempla que la calle Los Andes comienza en calle Balmaceda y termina en casa habitación en donde vive actualmente la recurrida doña nombre reservado, que en ese entonces tenía otro dueño.

La calle Los Andes en esa primera etapa, terminaba en un predio sin construcción.

Cuando se construye la segunda etapa en donde viven mayoritariamente los recurrentes, el plano de loteo autorizado por la Municipalidad y Serviu, contempla la continuación de la calle Los Andes, pero no en línea recta como era lo obvio, lo lógico, sino que la calle Los Andes la construyen corrida hacia el oriente, de tal forma que el costado oriente de la calle Los Andes primera etapa continua como el lado poniente de la calle Los Andes de la nueva etapa de construcción.

Al parecer la Municipalidad de Angol no fiscalizó o al menos autorizó con conocimiento de causa un plano de loteo que iba a impedir el paso de los vecinos de un loteo hacia el otro.

Para solucionar el problema evidente de desplazamiento, y de poder usar y gozar de sus casas habitaciones, que tenían los vecinos de ambos loteos, no pudiendo circular de un sector hacia el otro, por la omisión municipal y del Serviu, es que de buena voluntad el ex dueño de la propiedad en donde vive actualmente la recurrida doña nombre reservado, concedió una servidumbre de tránsito, derecho que nunca se escrituró para que los vecinos pudieran circular libremente de un sector hacia el otro, sin necesidad de que tuvieran que obligadamente caminar 500 metros para llegar al lugar de destino que por esa pasada solo caminarian menos de 10 metros adicionales.

El vecino propietario de ese entonces construyó una pasada que une las dos partes de la calle Los Andes, y ese pasillo fue utilizado por más de 35 años, hasta el 25 de agosto del año 2021, en donde la recurrida doña nombre reservado decidió unilateralmente de forma arbitraria e ilegal poner terminó a la pasada que desde siempre ha existido entre ambas parte de la calle Los Andes, imposibilitando la circulación de los recurrentes que en su gran mayoría son adultas mayores y que adolecen de enfermedades, obligándolas a caminar 500 metros para llevar al lugar de destino que antes debían caminar no más de 10 metros.

El día 25 de agosto la recurrida comenzó a construir un cerco vibrado que desde ese momento impide la pasada de los recurrentes, generando una perturbación en el ejercicio legítimo a tener integridad física y psíquica, derecho a la vida, a ejercer el derecho pleno de dominio sobre su propiedad de cada recurrente.

Como se podrá ver en fotografías, del lugar que existía para circular y de planos que dibujan el paso que existía, el pasó siempre existió, y ahora la recurrida por actos arbitrarios e ilegales cerró la pasada, nos priva del derecho de libre circulación por una calle mal diseñada y autorizada de esa forma por la Municipalidad de Angol y Serviu. En fotografía que se acompañan en un otrosí, se podrá ver como era antes y como es ahora, y también como en los planos de construcción de las casas se dibuja la existencia de una pasada en el lugar.

La recurrida doña nombre reservado desarrolla un acto que causa privación y amenaza de diversos derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Fundamental, el cual consiste en haber construido un cerco vibrado que impide el paso que por 35 años tuvieron los recurrentes, acto realizado sin autorización de los colindantes, y no sabemos si la Municipalidad lo autorizó, el hecho de no permitir el acceso a la continuidad de la calle Los Andes a los vecinos en general, lo cual constituye una acción que causa privación de las garantías fundamentales las cuales serán detalladas más adelante.

En el caso de la recurrida Municipalidad de Angol y Serviu de la Araucanía, la perturbación, la privación se produce por una omisión ilegal y arbitraria, ya que hasta el día de hoy su falta de diligencia, de preocupación por ordenar la ciudad, el no cumplir con sus competencia y facultades que les asigna la ley, permiten que se construya un segundo loteo que contempla la continuidad de la calle Los Andes de forma absurda, ya que como se explicó el costado oriente del loteo 1 continua en la línea que corresponde al costado poniente en la continuidad de la calle en el segundo loteo. Claramente una omisión en el cumplimiento de los roles que le asignan a los órganos recurridos en el ejercicio de sus competencias legales.

La protección a la propiedad que establece la Constitución expresamente indica, en su artículo 19 N° 24, “La Constitución asegura a todas las personas: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”, en este caso el actuar de las recurridas que ha prescindido por completo del ordenamiento jurídico constituye un caso paradigmático de afectación al derecho de propiedad por cuanto los recurrentes ya no tienen un acceso expedito a sus propiedades. Ya que lo que antes demoraban 1 minuto ahora deben caminar 500 metros demorando 30 minutos cosa que afecta el estado de salud de las recurrentes.

El artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, entrega y garantiza a la persona en favor de quién se recurre el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales. En los hechos las recurridas al prescindir de todo mecanismo civilizado y proceder mediante autotulela lo que ha hecho es erigirse en un verdadero Tribunal con lo que ha afectado también la garantía constitucional referida por su parte.

Invoca la prohibición de autotutela en la materia, ya que, estaría modificando de propia mano una situación de hecho que ha existido, y se ha reconocido por todos los vecinos y usuarios de ese paso de uso público o servidumbre, desde hace muchos años y no puede de la noche a la mañana quien se reputa dueño, simplemente cerrar su paso sin intervención de la justicia que defina si es o no propiedad privada, o si es o no una servidumbre, o si es o no un camino o paso de uso público.

El acto y la omisión de las recurridas, al ser adultas mayores y con enfermedades crónicas, el impedir el acceso por la pasada, el haber construido amenaza su salud física y mental, ya que para ir a comprar al negocio de siempre que quedó al otro lado del cerco vibrado, tendrán que caminar 500 metros cuando antes caminaban 30 metros. Casi todos los recurrentes tienen artrosis, algunos circulan en sillas de rueda.

Solicita tener por interpuesta la acción de protección en contra de doña nombre reservado, la Municipalidad de Angol y el Serviu de la Región de La Araucanía, todos ya individualizados, dar tramitación al mismo ordenando en definitiva, previo informe de las recurridas y demás gestiones necesarias que S.S.I. estime acertadas para la debida resolución del asunto, se restablezca el imperio del derecho enmendando el acto y omisión ilegal y arbitrario que vulnera las garantías de las recurrentes y se ordene sacar el cerco vibrado construido que cierra la continuidad de la calle Los Andes, dejando el lugar en los mismos términos en que se encontraba antes de construir el cerco vibrado, a costa de los recurridos, teniendo acceso todos los recurrentes y comunidad en general conforme a la situación fáctica existente con anterioridad y toda otra medida que S.S.I. estime en derecho para restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos, donde constan los hechos expuestos en lo principal:

1.- Set de fotografías que muestran el lugar antes de los actos ilegales y arbitrarios.

2.- Set de fotografías del lugar en diario Malleco7 de Angol 3.- Set de fotografías del lugar con el cerco vibrado 4.- Set de fotografías de planos de construcción de algunas viviendas.

A folio 13 informa Vanessa Soledad nombre reservado Lizana, en representación de nombre reservado, quien dice:

Que, como da cuenta la escritura de fecha 27 de enero de 1987, mediante compraventa adquirí del Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de La Araucanía, la vivienda rol SERVIU N° 17 del plano de loteo debidamente aprobado por la Municipalidad de Angol el 14 de enero de 1986 y que se encuentra archivado bajo el N° 33 correspondiente al año 1986 del Conservador de Bienes Raíces de Angol. La vivienda corresponde al N° 098 de la calle Los Andes de la Población “LOS ARRAYANES”. La propiedad se encuentra inscrita a fojas 148 vta., N° 278 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Angol correspondiente al año 1988.

Que, como se desprende del análisis de los deslindes especiales de la propiedad de la recurrida y su cotejo con el plano que se acompaña, se colige que el antejardín de la vivienda corresponde a la bocacalle de calle Los Andes. Y junto con el lote 16 ocupan todo el fondo de la boca calle. No existe continuidad entre los dos segmentos de calle Los Andes.

Que, cuando se construyó la segunda etapa de calle Los Andes (aprox. 1990) está no se emplazó a continuación del primer tramo, si no que corrida una decena de metros perdiendo toda continuidad con el segmento primitivo. En otras palabas entra ambos sectores de Calle Los Andes no hay comunicación ni continuidad de espacio público, pues entre ambos se interponen a lo menos dos viviendas (0101 y 098), una de ellas la de nuestra representada.

Que por espacio de cerca de 35 años la recurrido doña nombre reservado no cercó completamente su antejardín de forma tal que los habitantes de las nuevas viviendas que se construyeron a continuación del antejardín comenzaron a circular por el antejardín de nuestra representada, quien como mera liberalidad toleró tal actuar.

Que, la recurrida nombre reservado, jamás ha suscrito contrato, cuasicontrato o convención de naturaleza alguna con personas naturales o jurídicas cuyo objeto recaiga sobre el uso o goce de la propiedad singularizada en la letra a) de estos antecedentes.

Que la recurrida nombre reservado jamás ha constituido derechos reales de ninguna especie, en favor de personas naturales o jurídicas, sobre el todo, una parte o cuota de la propiedad singularizada en la letra a) de estos antecedentes.

Que la propiedad de la recurrida no ha sido enajenada ni total ni parcialmente ni ha sido objeto de expropiación por causa de utilidad pública, ni se encuentra afecta a futuras expropiaciones.

Que hace aproximadamente un año don nombre reservado, gasfiter, al parecer arrendatario de la vivienda ubicada en domicilio reservado, a la sazón vecino colindante con el antejardín de nuestra representada, abatió su cierro de manera tal que el pequeño paso que por décadas permitió el paso peatonal a través de la propiedad de nuestra representada se transformó en la entrada vehicular de la vivienda ubicada en domicilio reservado. Así la vivienda del N° 0101 que naturalmente tiene sus salida a la segunda etapa de calle Los Andes, se proporcionó ilegalmente un segundo acceso, esta vez hacia la primera etapa de calle Los Andes, pero utilizando para ello el antejardín de la recurrida doña nombre reservado.

Que frente a esta ocupación ilícita, construcciones irregulares, depósito de basura y ante la negativa del SR. nombre reservado de respetar el derecho de propiedad de nuestra representada, esta efectuó una solicitud de inspección (N° 7507 de fecha 12 de noviembre de 2020) ante la Dirección de Obras Municipales de la Municipales de Angol. Esta inspección dio origen al INFORME TÉCNICO N° 115 de 15 de de Diciembre de 2020 el que en lo pertinente concluye: “4.- Vivienda de domicilio reservado se evidencia en terreno que tiene un acceso por calle Los Andes (frente a Los Andes N° 098) lo cual no aplica para esta vivienda ya que su acceso es directo a calle Los Andes [segunda etapa]”

La misma solicitud de inspección dio origen al ORD N° 101 emanado de la misma Dirección de Obras Municipales y dirigido a nuestra representada a quienes identifica como “propietarios de la vivienda domicilio reservado. En él se concluye que: “ …ya que no se encuentra materializado el cierre perimetral de las viviendas de “fondo de saco” en el pasaje Los Andes, las viviendas correspondientes a las direcciones Los Andes N° 098 y Los Andes 099, por lo cual el propietario y usuario actual de la vivienda Los Andes 0101 hace uso indebido de los antejardines de las propiedades antes mencionadas, generando molestias y mal uso del espacio privado”

Luego agrega:

“De manera de poder dar solución al problema presentado se solicita poder materializar el cierre perimetral correspondiente a las viviendas de Los Andes N° 098 y Los Andes N°099, según las dimensiones estipuladas en el plano de loteo, imagen adjunta en inciso anterior, no obstante el propietario de Los Andes N°0101 debe cerrar de manera perpetua el acceso vehicular existente por la propiedad privada de dirección Los Andes N° 098.

De igual manera a partir del día de 23 de diciembre de 2020, se le concede un plazo no superior a 30 días corridos para que subsane las observaciones descritas…”

Hacemos presente. que la solicitud de inspección y el informe técnico singularizados fueron presentados por la Dirección de Obras Municipales de Angol al Juzgado de Policía Local de esta comuna en donde se encuentra incoada la causa rol 244-21- sobre infracción a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones caratulada nombre reservado con nombre reservado, la cual aun se encuentra en tramitación por no haberse podido ubicar al propietario de la vivienda de domicilio reservado ( a fin de que preste declaración indagatoria).

Que la causa seguida antes el Juzgado de Policía Local antes individualizada solo se refiere a posibles ilícitos infraccionales principalmente a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, no pudiendo pronunciarse sobre cuestiones relativas a deslindes entre los predios involucrados.

Que, ante el continuo uso de su propiedad sin su autorización principalmente por parte del SR. nombre reservado durante el mes de agosto de 2021 nuestra representada construyó un cierre perimetral en su antejardín. Desde entonces ha sido sujeto de hostigamientos, insultos, amenazas, pedradas y agresiones por parte de algunos vecinos entre los cuales figuran algunos de los recurrentes.

En la especie los recurrentes arguyen que nuestra representada ha incurrido en un acto que causó privación o amenaza a derechos fundamentales de aquellos, tal acto lo describen así: “…el cual consiste en haber construido un cerco vibrado que impide el paso que por 35 años tuvieron los recurrentes, acto realizado sin autorización de los colindantes, y no sabemos si la Municipalidad lo autorizó, el hecho de no permitir el acceso a la continuidad de la calle Los Andes a los vecinos en general, lo cual constituye una acción que causa privación de las garantías fundamentales las cuales serán detalladas más adelante”.

Esta aseveración es falsa toda vez: 1) la edificación de muro dentro de los lindes de una heredad no requiere autorización de la municipalidad respectiva; 2.-) la edificación de cierros en propiedad privada no requiere autorización de los vecinos. 3.- Como se colige del plano que se adjunta los dos tramos de calle Los Andes nunca han tenido continuidad jurídica y en los hechos los peatones que transitaban entre ambos segmentos lo hacían por el antejardín de la recurrida nombre reservado.

Los recurrentes señalan que la construcción del cierre perimetral de nuestra demandada es un acto arbitrario e ilegal.

En el caso sub litis, los recurrentes no exponen en qué consiste la ilegalidad cometida por la recurrida al cercar un inmueble propio, no invocan norma alguna en la que se limite tal facultad. El dominio es el máximo señorío que se puede tener sobre una cosa, comprendiéndose en él las clásicas facultades de uso, goce y disposición. Naturalmente que el cerramiento del inmueble se encuentra dentro de los actos que el señor o dueño puede ejecutar.

En su libelo los recurrentes afirman que nuestra representada habría ejecutado un acto de autotutela al cercar su vivienda (por lo que consideran vulnerado su derecho a no ser juzgados por comisiones especiales), esta afirmación plantea un problema lógico toda vez que jamás ha existido un litigio o controversia jurídica sobre el dominio de la recurrida respecto del inmueble de domicilio reservado, ni sobre los deslindes de esta ni tampoco sobre una ficticia servidumbre que nuestra representada habría celebrado con una serie de propietarios indeterminados, y en el evento de ser efectiva tal controversia, quien tuviera la legitimación activa debió accionar en sede civil y no de protección ante la Iltma. Corte.

Respecto de la existencia de una hipotética servidumbre, tal argumento resulta aun más rocambolesco. Para que exista servidumbre deben existir dos predios de distinto dueño, uno de los cuales se encuentre totalmente destituido de todo acceso a camino público, en el caso sub judice no existe inmueble alguno destituido de acceso a camino público y tampoco el cierre perimetral deja desprovisto de tal acceso a ningún predio. Los recurrentes, todos vecinos de calle Los Andes (segunda etapa), puedes acceder a cualquier punto desde su calle a través de pasaje Las Nieves, Sierra Nevada y calle Balmaceda que los conecta con el centro de Angol.

No existiendo entonces predios destituidos de acceso a domicilio reservado del Código Civil, no existen entonces predios dominantes ni eventuales predios sirvientes, ergo no hay servidumbre de tránsito, por no concurrir los requisitos objetivos de esta y si eventualmente estos se verificaran corresponderá al Juez Civil competente pronunciarse en juicio sumario sobre tal cuestión.

En cuanto a los supuestos derechos conculcados o amenazados, el actor sostiene que en la situación actual los vecinos deben efectuar un “camino más largo”, para acceder a sus viviendas. Esta situación en caso alguno es causa de los actos de señor y dueño que nuestra representada ha ejecutado en su propiedad, sino que tiene su origen en la planificación urbana de la Población Los Arrayanes, no siendo entonces atribuible a la recurrida ilegalidad alguna ni es posible hacer recaer en ella a título gratuito la carga de tolerar el tránsito de peatones por su propiedad. No pueden pretender los recurrentes utilizar sin título alguno propiedades privadas para efectuar trayectos más cortos dentro de la ciudad.

Que, el lapso de 35 años durante los cuales peatones transitaron por el antejardín de la recurrida no les otorga a estos derecho alguno sobre la propiedad de nuestra representada, tampoco han adquirido por prescripción derecho real alguno ni ha cesado la posesión inscrita de la recurrida sobre su vivienda. Para que cese la posesión inscrita es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes, o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro o por decreto judicial. Mientras subsista la inscripción el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito no adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente.

Que, si los recurrentes pretenden controvertir el derecho de propiedad de doña nombre reservado, en el evento de encontrarse legitimados activamente, disponen de todas las acciones tutelares del dominio para que sea la judicatura civil quien se pronuncie al respecto.

En consecuencia, como se demostrará, la recurrida nombre reservado al cercar su vivienda solo ejecutó un acto de señor y dueño sobre una propiedad cuya titularidad no se encuentra controvertida ni total ni parcialmente.

Que, este acto al emanar de las facultades del Derecho de Dominio se encuentra amparado y protegido por el derecho común y la Constitución Política de La República. Que por ende el acto de cerramiento no puede ser calificado como ilegal o arbitrario.

Que, en la especie no se ha invocado norma jurídica alguna que impida a la recurrida cercar su propiedad.

Que, los propios recurrentes reconocen que por 35 años han circulado por dentro de la propiedad de la recurrida y no han demostrado título alguno más allá de la mera tolerancia.

Que, no se ha demostrado la titularidad de ningún derecho real ni personal de los recurrentes sobre el inmueble de la demandada, que pudiera servir de pábulo a una supuesta vulneración del derecho de propiedad.

Que asimismo no concurren en la especie los requisitos necesarios para que este recurso pueda prosperar, toda vez que ningún derecho fundamental ha sido conculcado ni amenazado a los recurrentes quienes gozan plenamente de acceso a camino y/o calle pública.

Solicita tener por evacuado el informe ordenado en autos, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección interpuesto por los recurrentes, por no existir actos u omisiones arbitrarios o ilegales atribuibles a doña nombre reservado y por no existir afectación de derechos fundamentales de los recurrentes, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación:

1.- Mandato judicial con firma electrónica avanzada suscrita ante el notario público don nombre reservado de 08 de octubre de 2021.

2.- Plano de la población Los Arrayanes.

3.- Copia Ord. N° 101 de 23 de diciembre de 2020 de la Dirección de Obras Municipales de Angol.

A folio 15, informa JOHN R. ERICES SALAZAR, Abogado, por la MUNICIPALIDAD DE ANGOL, quien dice:

De la lectura del libelo y en lo que respecta a la Corporación edilicia que represento, aparece un reproche por omisión a un deber de fiscalización que habría devenido en un incumplimiento de funciones contempladas en el artículo 3 y 4 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de municipalidades, cuyo catálogo si bien se transcribe, no se específica a cuál de ellas se refiere y de qué forma podría verse afectada alguna de ellas en el caso en comento. Sin embargo, se expondrá lo que a este municipio compete a fin de ilustrar y clarificar, en lo posible, esta situación.

Cabe señalar que efectivamente el sector donde se emplaza la citada Población Los Arrayanes se ubica en la comuna de Angol, específicamente el sector rural, conforme al plano regulador actualmente vigente y que en virtud de autorización para cambio de uso de suelo se cristalizó la construcción de la misma en 2 etapas el año 1986, según consta del Permiso de Edificación N° 28 de 24 de marzo de 1986 y Recepción definitiva de fecha 05 de junio de 1986.

En su momento, el municipio y específicamente la Dirección de Obras Municipales aprobó el proyecto de Construcción mediante las resoluciones pertinentes, considerándose las 2 etapas, mismas que si bien contemplan una calle de norte a sur en sus respectivos extremos, de nombre Los Andes, no constituyen un único y uniforme trazado, ya que ambos proyectos fueron concebidos por la constructora y aprobados por la citada Dirección de Obras de forma independiente y desfazada, resguardando siempre y en todo caso que los habitantes de cada loteo tuvieran los accesos irrestrictos a vías principales y estructurantes que resultan del todo razonables y ajustadas a la normativa pertinente. Además, los planos de loteo consideran un saco en el sector norte de domicilio reservado (ocupado por nombre reservado), por lo que la calle en comento nunca ha tenido salida o conexión con alguna otra vía vehicular o peatonal, constituyendo una calle sin salida. De hecho, la Dirección de tránsito nombre reservado de Angol instaló un letrero en tal sentido en razón de lo ya expuesto, según consta de fotografía enmarcada en el Memorando N° 152 de fecha 23 de noviembre de 2020 que se acompaña.

Cabe señalar que durante el año 2020 se recepcionó en la Dirección de Obras una solicitud de la señora nombre reservado respecto de la situación que le aquejaba con el ocupante de la casa de domicilio reservado, por la habilitación de una entrada de vehículo a dicho domicilio, ocupando para ello el terreno que a ella le corresponde como ante jardín. En respuesta a ello se emitió el Ord. N° 101 de fecha 23 de diciembre de 2020 en que se da cuenta de la situación planteada y sus respaldos técnicos, concluyendo que “el ocupante del inmueble de domicilio reservado debería cerrar de manera perpetua el acceso vehicular existente por la propiedad privada de dirección Los Andes N° 098.”

De lo expuesto fluye que según los planos de loteo y antecedentes hechos valer por la Dirección de Obras Municipales, como por la Dirección de tránsito nombre reservado de Angol el domicilio de domicilio reservado “fondo de saco”, esto es, final de la vía o calle que constituye parte de la superficie del inmueble sin que exista vía proyectada destinada a conectividad con ninguna arteria aledaña. Del mismo modo, se deja en evidencia que el proyecto de loteo contempla accesos peatonales y vehiculares a vías estructurantes, por calle Los Andes, Las Nieves y Sierra Nevada.

En cuanto a la falta u omisión de cumplimiento de funciones, no obstante, no estar ésta determinada, esta Corporación explica que para la aprobación del loteo señalado se tuvo en vista un irrestricto apego a la normativa que regula la materia a la fecha de presentación del proyecto, esto es, año 1987, por lo que no aparece como razonable dicho alegato 34 años después en el marco de la situación denunciada.

Solicita tener por evacuado el Informe ordenado en autos a la Municipalidad de Angol.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Carta dirigida al señor Alcalde de la comuna, por doña nombre reservado fechada el 11 de noviembre de 2020 que denuncia hechos que le afectan y dicen relación con el presente recurso.

2.- Memorando N° 152 de fecha 23 de noviembre de 2020, dirigido al señor Alcalde de la comuna por el señor Director de Tránsito y nombre reservado que informa sore la situación planteada, dejando evidencia de la instalación del letrero de calle sin salida.

3.- Informe Técnico N° 115 de fecha 15 de diciembre de 2020 emitido por el señor Director de Obras Municipales y dirigido al propietario de la vivienda signada con el N° 0101 de calle Los Andes, nombre reservado en que se pone en conocimiento del resuelto respecto de irregularidad detectada consistente en ampliación de vivienda y portón metálico de acceso vehicular por domicilio reservado.

4.- Ord. N° 101 de fecha 23 de diciembre de 2020, por el que el director de Obras Municipales informa resultado de Inspección de construcción irregular realizada al inmueble de domicilio reservado.

A folio 17 informa Fred Fernández Carrera, abogado, en representación, del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía, quien dice:

Falta de legitimación pasiva de serviu ix región.

Que, en este contencioso se deduce recurso de protección en contra de mi representada, SERVIU Región de La Araucanía, toda vez que del tenor de la presente acción se recurre en contra de un acto material que habría ejecutado, doña nombre reservado (en adelante la recurrida principal), quien el día 25 de agosto de 2021 unilateralmente habría decidido “poner término a la pasada que desde siempre ha existido entre ambas partes de la calle Los Andes, imposibilitando la circulación de los recurrentes…” [SIC].

Que, en su libelo pretensor los recurrentes señalan que cuando fueron entregadas las etapas de la población los Arrayanes —de esto hace ya 35 años— la recurrida principal le habría permitido el acceso a su pasaje (prolongación discontinua de calle los Andes y del mismo nombre) mediante una servidumbre, no constituida legalmente, y que recientemente en el mes de agosto del año en curso, mediante la construcción de un cerco vibrado, habría cerrado.

Que, como se puede colegir de lo reseñado en los numerales que anteceden, el “acto ilegal y arbitrario” que es objeto de la presente acción y, que es, en definitiva, el quid de este contencioso, al ser el acto material en contra del cual se recurre, consiste en el cierre con vibrado que habría realizado la recurrida principal, razón por la cual no visualizamos de qué manera dicho acto material ejecutado por la recurrida principal, el cual si hipotéticamente o eventualmente pudiera ser ilegal o arbitrario empece a mi representada, de tal manera que con ello se pudiera deducir que el SERVIU Araucanía hubiere privado, perturbado o amenazado alguna de las garantías constitucionales invocadas, haciéndose con ello, sujeto pasivo de la acción de cautela de garantías que se incoó.

Que, de esta manera y más allá de un par citas legales de carácter genéricas, contenidas en cuerpos legales de carácter —asimismo— genéricos, los recurrentes no explicitan legal ni factualmente ¿cómo a SERVIU le incumbe jurídicamente responsabilidad en la ejecución del acto material —construcción de cerco vibrado— ejecutado por la recurrida principal?

Incumplimiento de los presupuestos para que opere una acción de naturaleza cautelar.

Para el caso de marras, al menos respecto de esta recurrida, como ya se señaló, no existe acción u omisión que le sea imputable, razón por la que el recurso no puede prosperar.

No obstante, lo relevante de este fallo, en la especie, es que nuestro máximo tribunal ha dispuesto que cuando el asunto se encuentra tutelado jurisdiccionalmente no procedería la acción que se deduce en este contencioso, atendiendo su naturaleza cautelar.

De esta forma, como señala la recurrida principal en su informe el asunto ya se encuentra sometido a conocimiento de los tribunales de justicia, encontrándose ventilado en el Juzgado de Policía Local de la comuna de Angol, causa Rol N° 244-21-25, la que además solicita traer a la vista.

Por estas consideraciones, más allá de la falta de legitimación pasiva de este servicio, según los argumentos ya expuestos, la acción deducida no debiese prosperar ya que el asunto está siendo tutelado actualmente.

Solicita tener por evacuado el informe, y se tenga por desestimado el Recurso de Protección deducido en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía.

Folio 36, se solicita como trámite informe Dirección de Obras Municipales de Angol y Juzgado de Policía Local de Angol.

Folio 39, informa Juzgado de Policía Local de Angol, quien señala:

Con fecha 05 de Marzo de 2021, doña nombre reservado compareció a este tribunal y formuló denuncia en contra del propietario del inmueble ubicado en domicilio reservado, de Angol, a quien individualizó como nombre reservado y de don nombre reservado en su calidad de arrendatario, a quienes acusa de haber habilitado un paso vehicular que discurre por su propiedad en circunstancias que ella solo ha permitido el paso peatonal de los vecinos del sector.

Que sin perjuicio de resultar dudosa la competencia que podría tener este Juzgado respecto a la materia en comento, la denunciante acompañó en esa oportunidad una copia del Informe Técnico N°115, de fecha 15 de Diciembre de 2020, del señor Director de Obras Municipales de Angol, el cual indica que en la vivienda objeto de la denuncia se erigió una ampliación que no cumple con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 2.6.2 de su Ordenanza General, materias que son de expresa competencia de este tribunal, por lo que se dio a tramitación esta denuncia.

Que en estos autos compareció don nombre reservado, quien declaró que el propietario de la casa habitación ubicada en domicilio reservado, de Angol, es don nombre reservado, el que se trasladó a vivir a la ciudad de Chillan, cediéndole el uso gratuito de la propiedad, asegurando desconocer mayores antecedentes sobre el domicilio de este, quien a la luz de las disposiciones de la Ley de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General aparece como responsable de las supuestas infracciones a dicha normativa.

Habiéndose solicitado información al Servicio de Impuestos Internos respecto al propietario del inmueble ya indicado, este respondió que según su base de datos la propietaria seria doña nombre reservado lllanes nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, de Angol.

Correspondiendo el domicilio anterior a la propiedad objeto del denuncio, donde manifiestamente no habita doña nombre reservado lllanes nombre reservado, se obtuvo como su actual domicilio domicilio reservado, Región de Nuble, sin que hasta la fecha se haya logrado su comparecencia pese a las diligencias decretadas al efecto por el tribunal.

Acompaña copia de todo lo obrado en la causa rol N°244/21-25 de este Juzgado de Policía Local.

A folio 42, consta informe de la Dirección de Obras de Angol, quien dice: La Dirección de Obras de la Municipalidad de Angol recibió las solicitudes de fiscalización realizadas por doña nombre reservado con fecha 12 de Noviembre de 2020, realizándose una visita inefectiva al lugar, constatando el personal que efectivamente existen construcciones y modificaciones del emplazamiento del terreno que corresponde al domicilio de domicilio reservado, ya que exceden el emplazamiento de la misma conforme al plano de subdivisión aprobado para la Población Arrayanes a la cual pertenece, ya que su acceso es al norte por dicha calle..

De este modo se constata que las intervenciones realizadas por el dueño de dicha vivienda invaden el terreno en el cual se emplaza la vivienda de la reclamante ya señalada que corresponde a domicilio reservado con salida al sur por dicha calle.

Del mismo modo los planos que se acompañan indican los debidos emplazamientos y las vías de acceso vehicular y peatonal con que cuentan los vecinos del sector.

Por otra parte, se informa que se apercibió en 2 oportunidades a la propietaria del domicilio de domicilio reservado para que regularizara la situación generada en la ubicación antirreglamentaria de sistemas de evacuación de aguas lluvias de su casa conforme a las copias que se acompañan.

Se agregan copias de los planos de loteo que grafican la situación en comento y se acompañan antecedentes aportados por la Dirección de Obras Municipales de Angol.

A folio 49, se solicitó como tramite informe del Juzgado de Policía Local de Angol A folio 54, informa Juzgado Policía Local de Angol, que se está a la espera la notificación de doña nombre reservado, quien figura en el Servicio de Impuestos Internos, como propietaria de la vivienda denunciada.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada.

Segundo: Que, es menester tener presente que por la naturaleza de la acción constitucional, la eventual vulneración de las garantías respecto de las cuales se reclama protección, debe ser manifiesta. Resulta además necesario el derecho cuya protección se reclame, ostente el carácter de indubitado, de manera que permita la adopción de medidas de resguardo destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Tercero: Que el acto tildado de arbitrario e ilegal por el recurrente, es la construcción de un cerco de vibrados, que impide acceder por un pasillo peatonal, a la calle Andes, en la ciudad de Angol. Lo anterior, afecta la garantía constitucional del artículo 19 N°24 y N°3 de la Constitución Política.

Cuarto: Que, de los antecedentes, esto es informe la Dirección de Obras de la Municipalidad de Angol, fotografías del lugar de los hechos, informe del Juzgado Policía Local, Titulo de dominio de la recurrida, queda acreditado que no estamos en presencia de un derecho indubitado que merezca amparo por esta vía. Más bien nos encontramos ante la existencia de un conflicto de deslindes entre dos inmuebles, además de la existencia de un acceso peatonal, que, si bien acorta el acceso a una calle, no tiene existencia en los títulos y su habilitación fue por buena voluntad del anterior propietario.

Quinto: Que además de lo anterior, consta en los antecedentes del recurso de protección, que actualmente existe un procedimiento ante la Dirección de Obras de la Municipalidad de Angol y otro ante el Juzgado de Policía Local de Angol, donde se ventilan los hechos expuestos por los intervinientes de esta causa. Es decir, ya existe una vía tanto administrativa como judicial, que resolverá el conflicto existente entre las partes, no siendo el recurso de protección la vía idónea para conocer y resolver las peticiones de los recurrentes.

Sexto: Que, de esta forma, no existiendo un derecho indubitado habiendo cerrado la recurrida dentro de su dominio, existiendo otras salidas, habiéndose ya puesto en conocimiento de la justicia de Policía Local y del departamento de obras comunal, no existiendo por tanto una ilegalidad o arbitrariedad que se hubiere constatado, no es legalmente posible adoptar medida alguna de cautela a favor de los recurrentes por lo que ineludiblemente este recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y en virtud de lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Eduardo Francisco Contreras Díaz, por sus representados, en contra de nombre reservado, la Ilustre Municipalidad de Angol y el Servicio de la Vivienda y Urbanismo de la Región de la Araucanía, todos ya individualizados.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la Ministra (S) Sra. Viviana Ibarra Mendoza.

Rol N° Protección-8786-2021.(jog)