nombre reservado con UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece la abogada doña PAOLA ELIZABETH SÁNCHEZ ALVARADO, quien deduce un recurso de protección en favor de don nombre reservado, chileno, sociólogo, cédula de identidad número N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, y en contra de la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, SEDE VICTORIA, Rol Único Tributario N° 70.777.500-9, representada por su Rector don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, conforme a los siguientes argumentos:

Comienza señalando que el recurrente es de profesión sociólogo, Doctor en Sociología por la Universidad Friedrich Schiller de Alemania. Fue contratado el 01/10/2023, luego de ganar un concurso público en septiembre de 2023 como investigador del Instituto de Estudios Culturales y Territoriales (IECyT) en la Universidad Arturo Prat (UNAP) sede Victoria.

Tal como lo señala su aceptación de cargo, su renovación debiese estar sujeta a una evaluación de desempeño, la cual debiese ser realizada por su jefatura directa, en este caso, el Director del IECyT, lo que nunca se realizó.

Añade que su desempeño durante más del año en que ha trabajado en la Universidad, ha estado caracterizado por su productividad científica entre las cuales destacan entre otras: 7 artículos de indexación Scopus y más de 10 capítulos de libros, además de diseñar, implementar y realizar docencia en el Doctorado en Estudios Culturales en la sede Victoria. Habiendo postulado a proyectos de investigación y gestionado la formación de convenios para la internacionalización de la Universidad.

Agrega que la formación curricular y desempeño de su representado corresponde al de un investigador senior, con una trayectoria científica destacable a nivel nacional e internacional, siendo investigador de Proyectos de corriente principal (Fondecyt Regular) como investigador y coinvestigador, de proyectos internacionales, y contando con un índice h17 y hi29 en los parámetros de medición del impacto de la productividad científica.

Explica que durante su labor en la Universidad Arturo Prat sede Victoria, su representado ha trabajado en la Comisión de Autoevaluación del Doctorado de Estudios Culturales con el objetivo de alcanzar la acreditación del programa por la Comisión Nacional de Acreditación, cuya trayectoria e indicadores permiten que el programa tenga grandes posibilidades de acreditar, así como también su experiencia como evaluador de programas de postgrado en la CNA, y exhibe un desempeño destacado en el ámbito de la docencia y la investigación.

Además, su representado ha contado con evaluaciones positivas de las carreras de pregrado en que ha prestado servicios (Enfermería y Kinesiología), como de los equipos de trabajo en que ha participado, tales como: Comité Ético Científico de la Universidad Arturo Prat, Programa de Doctorado de Estudios Culturales, Dirección de Equidad de Género, Directora general de Postgrado, Instituto de Derechos Humanos, entre otros.

Afirma que en su trayectoria profesional nunca ha recibido ningún tipo de queja, ni observación negativa de parte de directores, estudiantes y/o colegas, ni ha tenido a lo largo de su desempeño ningún proceso sumario o amonestación por estas labores. Al contrario, siempre se le ha felicitado por su labor en docencia en dichos programas, obteniendo distinciones y bonos que reflejan su destacada labor.

Agrega también que su representado ha formado parte del Comité de Ética (según consta en DECRETO EXENTO N° 10-0855-24), el cual se encuentra en vías de acreditación ante la Autoridad Sanitaria (Ministerio de Salud), siendo importante para el proceso de acreditación institucional en Investigación, así como también, ha colaborado en el Proyecto INES Género de la Universidad Arturo Prat.

Le parece que es plausible y comprobable, la calidad y elevado nivel profesional y personal de su representado, su compromiso e importante aporte a los programas de la Universidad recurrida en los que ha participado y de los que fue abruptamente y sin ninguna justificación excluido.

Manifiesta que el día 27 de noviembre de 2024, su representado fue notificado por don nombre reservado, Director de Gestión de Personas, de la no renovación de su contrato de trabajo con la Universidad Arturo Prat, indicando el inciso primero del artículo 10 del DFL N° 29 del año 2004 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834. En dicha ocasión no se señalaron los antecedentes correspondientes a la justificación de dicha decisión, ni tampoco el razonamiento que fue utilizado para la determinación correspondiente, ni aún menos contó con un proceso de evaluación de desempeño a lo largo de su trabajo en la Institución (Formulario de Aceptación de Cargo en la Contrata). De este modo y sin mediar justificación racional alguna. Esta decisión, no fue materia de discusión por el Comité de la Universidad, como señala su propia normativa interna, transgrediendo un proceso racional y justo, y los propios principios de la recurrida de permanencia de sus profesionales, siendo tomada unilateralmente por el Director del IECyT, don nombre reservado, y al parecer de esta parte de manera completamente discriminatoria y arbitraria, la cual no se condice con el desempeño de su representado en la Universidad.

En cuanto a los objetivos de trabajo y funciones para las que fue contratado su representado, refiere la formación de programa de Doctorado en Estudios Culturales (Decreto Exento 10-1325-23 del 27 de noviembre de 2023), el Instituto de Estudios Culturales y Territoriales (DECRETO EXENTO N° 10-0097-24), el fortalecimiento de las capacidades en investigación (DECRETO EXENTO N° 10-1386-23) y el Fortalecimiento de la Oficina Institucional de iniciativas territoriales de la Universidad Arturo Prat (Código UAP2295), cumpliendo a cabalidad todos y cada uno de los objetivos de su contratación.

También consigna las actividades que ha realizado en la universidad, estima que conforme al extenso y destacado historial laboral profesional, la no renovación de su contrata obedece a razones arbitrarias, que carece de los fundamentos objetivos para justificar su desvinculación, y donde todo su trabajo y esfuerzo fue ignorado, sin que hasta el día del ingreso de este recurso se le otorgara alguna razón, explicación y/o justificación de esta decisión, toda vez que cada uno de los programas en que el trabajo se siguen ejecutando en el año 2025, estando actualmente los alumnos del Doctorado que él dirigía en una situación de incertidumbre respecto a quien o quienes seguirán con su gestión.- Reitera que con fecha 27 de noviembre de 2024, el recurrente fue notificado de la decisión de no prorrogar la contrata que mantenía con la recurrida, fijando como fecha de término definitivo el 31 de diciembre de 2024. Añade que ante esta decisión dedujo un recurso de reposición, el que fue rechazado el 30 de enero de 2025, por cuanto el recurrente no goza de confianza legítima y puede ser despedido sin expresión de causa en virtud del artículo 10 del Estatuto Administrativo.

Alega que el acto arbitrario e ilegal, la falta de fundamentación, la infracción a un procedimiento racional y justo, considerando además, que la propia normativa y principio de la casa de educación en cuestión, profesan la permanencia de los cargos de doctorados, y que deben ser previamente evaluados por el Comité previo a su despido, ninguna de las hipótesis se dio en el caso del recurrente.

Arguye que la conducta lesiva a los derechos del recurrente consiste en la no renovación de contrato, la cual no obedece a razones basadas en el desempeño, ni en el cumplimiento de sus funciones, las cuales se encuentran declaradas en su perfil de cargo. Es más, la no renovación de una contrata debe estar materializada en un acto administrativo formal y, por tanto, debe contener los aspectos de forma y fondo exigibles a este tipo de actos.

En el caso en comento, no existe una justificación motivada ni razonable y, por ello, encontrándose sujeto enteramente a una discriminación, siendo víctima de un acto ilegal y arbitrario, privando así a su representado de un conjunto de derechos resguardados en la Constitución Política de la República, específicamente las garantías consagradas en los números N°1, 2, 3 inciso 5 y 24° del artículo 19, así como de un conjunto de derechos resguardados en Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país, los cuales se entienden incorporados íntegramente a nuestra legislación nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° de la CPR.

En consecuencia, la acción de la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT sede Victoria, a través del director del IECyT, el Dr. nombre reservado, ha privado y perturbado las garantías y derechos fundamentales antes enumerados.

Por otro lado, la conducta arbitraria e ilegal ha vulnerado claramente con el Artículo 10 del reglamento del Instituto (decreto Exento 10-0601-24), en cuanto:

- Se ha omitido y obviado la función del Consejo de Instituto al no consultarle, ni aprobar su decisión sobre asuntos propios del quehacer del Instituto, - No ha convocado a una reunión del Instituto y su Consejo para tomar y comunicar esta decisión, tal como lo señala el Artículo 10 del Reglamento del Instituto.

- No ha señalado al cuerpo académico del Instituto los criterios para la evaluación de desempeño.

- Durante la gestión del Sr. nombre reservado, la cual comenzó el día 01/09/2024 a la fecha, no ha elaborado parámetros estandarizados de medición de desempeño para la unidad, lo cual deja al arbitrio del Director la decisión de no renovación y constituye una falta a sus funciones.

Por otro lado, el Sr. nombre reservado ha seguido incurriendo en una serie de actos que no hacen más que corroborar su actuar arbitrario y completamente discriminatorio según paso a detallar:

- No ha respondió al correo del día 05/12/24 en que su representado solicitó una reunión para conocer los criterios de su no renovación de contrato, así como los criterios de evaluación que está obligado a socializar debido al Reglamento de Instituto en su Artículo 9, letra g.

-No respondió el correo del día 09/12/24 donde se ha solicitado reunión del IECyT.

-Tampoco respondió el correo del día 11/12/2024 donde se le pide comentar las evaluaciones al equipo del IECyT.

-No se ha socializado los resultados de una evaluación de desempeño parametrizada y socializada a los miembros del IECyT.

El acto arbitrario e ilegal, latamente descrito en la presente acción, vulnera, al menos, las siguientes garantías constitucionales:

- Artículo 19 N°1 derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, claramente su representado se ha visto afectado psicológicamente, con repercusiones físicas, producto del acto arbitrario e ilegal, toda vez que, ha sufrido un gran menoscabo en su vida profesional y personal, de él y su familia, al tener que dejar su ciudad en pro de un nuevo trabajo, incluso adquiriendo deudas hipotecarias, para residir presencialmente en el trabajo y las proyecciones futuras ofrecidas.

- 19 N° 2 Igualdad ante la ley, que pese a su acreditado nivel de profesional y la productividad en sus funciones fue el único profesional desvinculado.

- 19 N° 3 inciso 5, igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, proceso previo legalmente tramitado, y garantías de un procedimiento e investigación racional y justo, como ya se explicó previamente, no se dio cumplimiento al protocolo interno de la universidad, no existiendo evaluación del docente, calificación ni junta que tomara conocimiento del asunto debatido.

- 19 N°24, derecho de propiedad sobre el empleo y las remuneraciones, claramente todo el trabajo desplegado por don nombre reservado en este lapso de tiempo, publicaciones, adjudicación de proyecto, desarrollo de programas, etc., no tuvo la retribución económica esperada, pese a que dicha universidad se vio fuertemente beneficiada a costa de su arduo trabajo y dedicación.

Finalmente, aunque sabe que la contrata es transitoria (lo que no es sinónimo de precaria), tanto la jurisprudencia administrativa como judicial han ido progresivamente avanzado en tesis que admiten que el funcionario en la administración tiene derecho a que su contrata sea renovada, salvo que asistan circunstancias graves y en estricto apego a los dictámenes emanados por Contraloría General de la República. Si dichas hipótesis no se verifican, evidente es que el funcionario es propietario de un derecho, cual es el a ser renovado indefinidamente en su contratación, mientras no medien tales circunstancias graves. Y la propiedad sobre las remuneraciones es el correlato necesario de quien tiene el derecho al empleo y la justa retribución. Por lo mismo, los hechos descritos importan que la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT ha vulnerado diversos derechos expresamente protegidos por el artículo 20 del mismo texto constitucional debiendo en consecuencia acogerse el recurso de protección y restablecerse el imperio del derecho.

Pide tener por interpuesto el presente recurso de protección, acogerlo, ordenando la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, dejar sin efecto la resolución de fecha 27 de noviembre de 2024, que decidió no renovar la contrata del funcionario nombre reservado, la prórroga de la contrata, además del pago de todas las remuneraciones que le habría correspondido de haber continuado en el cargo hasta la fecha de resolución del presente recurso junto de todas las medidas que, en concepto de esta Corte sean conducentes al restablecimiento y protección del derecho, con costas del recurso.

Acompañó carta de fecha 27 de noviembre de 2024, recurso de reposición de fecha 4 de diciembre de 2024 y resolución de fecha 17 de enero de 2025, que lo rechazó.

A folio 12, evacúa informe el abogado don ROBERTO PATRICIO ROJAS ANDRADE, por la recurrida UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, en los siguientes términos:

En primer lugar, plantea que la decisión de no renovación de contrata, es fruto del legítimo ejercicio de una potestad legal establecida expresamente en el DFL N° 29, de fecha 16 de junio de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado en su artículo 10 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y lo dispuesto en la Ley 21.094 en su artículo 20, al referirse que el Rector tiene la calidad de jefe superior del servicio y le concierne entre otras actividades, dirigir, organizar y administrar la Universidad; supervisar el cumplimiento de sus actividades académicas, administrativas y financieras, todo ello apuntado al amparo de los principios de juridicidad y racionalidad, evitando todo abuso o exceso, de acuerdo con los artículos 6o y 7o de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2o de la Ley N° 18.575 -Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado- y de igualdad y no discriminación arbitraria, contenido en el artículo 19, N° 2, de la Carta Fundamental. Por lo demás, el artículo 3 de la Ley 19.880 reviste de presunción de legalidad dicho acto administrativo.

Por ende, el acto administrativo en virtud del cual se dispuso la no renovación de la contrata del Sr. nombre reservado, no es ilegal.

Ahora bien, sobre la supuesta arbitrariedad esgrimida por el recurrente, cabe señalar que la decisión de no renovación en sí misma es fruto de un procedimiento reglado de acuerdo al artículo 10 de la Ley 18.834, que cumple con los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico y las "instrucciones y criterios complementarios" fijados mediante la jurisprudencia administrativa vinculante emanada de la Contraloría General de la República sobre confianza legítima en las contratas (Dictamen N° 6.400 de fecha 2 de marzo de 2018, sumada al Dictamen E156769N21 de 18.11.2021), dictada en un procedimiento ajustado a derecho y dentro de las facultades que la Ley le confiere a la administración pública; de manera que no concurre arbitrariedad alguna (entendida como "carencia, falta, ausencia o inexistencia de fundamentación, motivación o razonabilidad") por parte de la administración.

A mayor abundamiento, cita dictamen 12547 de 2011, de la Contraloría General de la República.

Por ende, no concurriendo los principales presupuestos para que el recurso de protección prospere, es decir, que existan actos que puedan ser considerados ilegales o arbitrarios y por aquello, atentatorios a las garantías constitucionales invocadas, sólo cabe disponer su rechazo, que es lo que se viene en solicitar en este acto, habida consideración que la acción de protección intentada, es del todo improcedente y, por lo demás, carece en forma evidente de fundamento para ser sostenida; lo que solamente permite concluir que la misma deba ser desestimada.

Afirma que es efectivo que el recurrente comenzó a trabajar en octubre del año 2023 como investigador del Instituto de Estudios Culturales y Territoriales (IECyT) en la Universidad Arturo Prat (UNAP) sede Victoria, mediante el nombramiento respectivo y su prórroga.

En relación a las funciones que debía cumplir el recurrente debemos hacer presente que tenía como objetivo principal la de investigador del Instituto de Estudios Culturales y Territoriales (IECyT).

Ahora bien, sobre la contratación del recurrente, sin perjuicio que los actos administrativos respectivos incorporaron de forma expresa que la misma se extendía por un determinado periodo de tiempo (anualidades), la referida contratación fue dispuesta, además, bajo la fórmula mientras sean necesarios sus servicios, expresión jurídico - administrativa que pone de manifiesto la transitoriedad del vínculo contractual del servidor con la Administración.

Así, en pleno ejercicio de potestades legales, mediante la carta dirigida al recurrente de fecha 28 de noviembre de 2024, ella dispuso la no renovación de la contrata del Sr. nombre reservado, a contar de la notificación de dicha carta. Los motivos o condiciones que posibilitaron y justificaron su emisión, según reconoce el actor de protección, son los que se detallaron en la carta de no renovación.

En cuanto a la procedencia del recurso, alega que, tal como ha señalado nuestro máximo Tribunal, en sentencias rol 52.601-2023; 141.541-2022 y 133.186-2022, entre muchas otras, que la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la Ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala precisamente que son aquellos de carácter temporal que se consultan en la dotación de una institución. Luego de ello, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la Ley, a no ser que se renueve, ello es basado en un fundamento plenamente legal y con plena facultad de la autoridad que en cada caso se debe determinar, tal como ocurre en este caso, es la decisión legalmente ocupada por la autoridad, que decide no continuar con la referida contrata del recurrente, por tanto, no se puede catalogar de ilegal tal decisión dada su disposición legal.

Remarca que la determinación que la persona nombrada prestará sus labores mientras sus servicios sean necesarios, entrega a la Administración la facultad de poner término a sus prestaciones con anterioridad al cumplimiento del periodo establecido. Es una habilitación consignada en su nombramiento, que guarda relación con el carácter temporal del mismo, que, dicho sea de paso, tal situación era sabida y aceptada por el recurrente.

Ahora, analizando el fondo respecto de la confianza legítima, ha de tener en consideración que, la Excma. Corte Suprema ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario, sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con un funcionario que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración.

Que, de la información que se ha tenido a la vista, así como los antecedentes entregados por el propio recurrente, se desprende que el Sr. nombre reservado, no se encuentra dentro de los presupuestos de la confianza legitima señalados por el órgano contralor en instructivo sobre dicha situación en las contratas E156769/2021, toda vez que, de su nombramiento a contrata, se puede indicar que fue designado como profesional a contrata, estamento académico, categoría 5-C, con fecha 01 de octubre de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y, desde el 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, por lo que estuvo entonces bajo dicha modalidad por primera vez 3 meses y en la primera renovación 1 año, sin que exista una subsiguiente renovación que abarque toda la anualidad, no trascurriendo en la especie, una extensión de tiempo que alcance más de dos años, requisito fundamental para que se configure la confianza legítima, a la luz de la jurisprudencia del órgano de control.

Por lo anterior, cabe señalar que en los casos que no aplica la confianza legítima, como ocurre en la especie, las contratas terminan por el cumplimiento del plazo por el cual se dispusieron por el sólo ministerio de la Ley, sin que resulte necesario dictar un acto que fundamente la no renovación, tal como lo manifestó el dictamen N°20.445 de 2019, lo anterior ratificado por dictamen E156769 de 17 de noviembre de 2021 que dice relación con "nuevo instructivo sobre confianza legítima en las contratas".

Estima que inequívocamente se aprecia que no ha existido en los hechos un actuar arbitrario por parte de esta institución de educación superior, muy por el contrario, se dio cumplimiento a lo dispuesto en la jurisprudencia administrativa emanada del órgano contralor, que por lo demás es vinculante para esta corporación.

Agrega que constituye un hecho pacífico que la designación a contrata del recurrente solo fue objeto de una renovación, en este sentido al cumplirse el plazo de vigencia, es facultad de la autoridad administrativa, decidir o no la renovación del referido vínculo, sin que sea menester justificar su no renovación, resultando innecesario la dictación de un acto administrativo que contenga la decisión y los fundamentos para resolver no renovar la contrata.

Con todo, estima que ha ejercido una facultad legal, la que no puede ser calificada de arbitraria ni de ilegal. Por el contrario, la jurisprudencia administrativa precitada, confieren el necesario espaldarazo jurisprudencial a la legalidad, y a la ausencia de arbitrariedad y discriminación de la actuación de la Universidad. En efecto, el término de los servicios del recurrente por una causal legal, basada, por lo demás, en la potestad que posee esta autoridad, reafirmada por pronunciamientos expresos y concretos de la Contraloría General de la República, no puede ser considerada arbitraria.

Más aún se debe indicar que recientemente, la Contraloría General de la República, en el dictamen N° E561358/2024, de 06 de noviembre de 2024, concluye que debe abstenerse de emitir pronunciamiento sobre reclamos de funcionarios a contrata invocando el principio de protección de confianza legítima cuando no sean renovados, esto, al considerarse un asunto de naturaleza litigiosa, aplicando el artículo 6°, inciso 3°, de la Ley N° 10.336. Este pronunciamiento, rectifica en parte la jurisprudencia existente, señalando que la Contraloría no podrá pronunciarse sobre reclamos en esta materia de confianza legítima, dejando la decisión a los tribunales de justicia, por ser esta materia litigiosa, existiendo en este caso una divergencia actual importante entre la jurisprudencia administrativa (dos renovaciones en al menos dos anualidades) y la judicial (mínimo cinco años en calidad de empleado a contrata) situación que al tener en consideración la abstención del ente contralor necesariamente nos lleva a considerar el criterio unificador de jurisprudencia judicial, el que sostiene que el referido principio opera después de cinco años de servir en la apuntada modalidad, lo que implica que carece de sustento legal lo esgrimido por el recurrente.

En este entendido, conviene recordar que, si bien la autoridad se encuentra facultada para disponer la reestructuración del servicio, y los consecuentes cambios y modificaciones a los funcionarios, debe hacerlo respetando las condiciones que se encuentren amparadas por el principio de la confianza legítima, cita jurisprudencia.

Así las cosas, resulta que el recurrente no posee este precepto de confianza legítima, que lo podría enmarcar en la hipótesis de tener por parte de la administración el deber de fundamentar y/o motivar la salida del mismo, ello razonando y tomando siempre en consideración los fallos de los Tribunales de justicia como los diversos dictámenes de la Contraloría General de la República.

Al respecto, reitera que la decisión tomada por la autoridad de esta corporación universitaria es fruto del legítimo ejercicio de una potestad legal establecida expresamente en el DFL N° 29, de fecha 16 de junio de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado en su artículo 10 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, al amparo de los principios de juridicidad y racionalidad, evitando todo abuso o exceso, de acuerdo con los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2° de la ley N° 18.575 -Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado-, y de igualdad y no discriminación arbitraria, contenido en el artículo 19, N° 2, de la Carta Fundamenta y que la decisión de no renovación, no es arbitraria por cuanto no se requiere esbozar los fundamentos que determinaron su dictación, siendo fruto de un procedimiento reglado conforme a la norma citada de la Ley 18.834, en que, cumpliéndose con los requisitos establecidos por el Ordenamiento Jurídico nacional, en los artículos 6° y 7° de la Constitución, como también a lo señalado en la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y en la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado y las "instrucciones y criterios complementarios" fijados mediante la jurisprudencia administrativa, de la Contraloría General de la República sobre confianza legítima en las contratas -vinculante por cierto para los órganos de la Administración del Estado-, fue dictada en un procedimiento ajustado a derecho y dentro de las facultades que la Ley le confiere a la autoridad de esta Corporación Universitaria; de manera que no concurre arbitrariedad (entendida como la "carencia, falta, ausencia o inexistencia de fundamentación, motivación o razonabilidad") por parte de la recurrida Universidad Arturo Prat, como lo pretende hacer ver el recurrente.

En este sentido, afirmamos categóricamente que la expresión mientras sus servicios sean necesarios, ha sido empleada en la contrata del Sr. nombre reservado, precisamente para permitir la existencia de un período de vigencia inferior al que le restaba al empleado para finalizar el año calendario, ya que entenderlo de otra manera tornaría en un sin sentido la expresión referida y sólo cabría atenerse al transcurso del plazo normalmente estipulado.

A mayor abundamiento, en el artículo 3° letra c) de la Ley 18.834, se tipifica en los siguientes términos, como "aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución"; por lo que, la "transitoriedad" es un elemento esencial en el vínculo que une al Estado con el dependiente a contrata, quien, teniendo la calidad de funcionario público, no tiene a su haber la estabilidad laboral de los funcionarios de planta -como confunde el recurrente-, quienes efectivamente forman parte del conjunto de cargos "permanentes" asignado por ley a cada institución, de conformidad a la letra b) del citado artículo 3° de la ley N° 18.834, y cuya desvinculación para con el Estado, por regla general se produce por la vía de un sumario administrativo. Así las cosas, por este carácter esencial y absolutamente temporal de los empleos a contrata, como el del recurrente, es que no se aplica a su respecto la causal de cesación en el cargo que contempla la letra e) del artículo 146 del Estatuto Administrativo, que considera la supresión del empleo, causal que, conforme al artículo 154 de la misma Ley, sólo procede en los cargos de planta.

De esta forma, no existiendo el fundamento en el recurso de marras, que exige el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental (conducta ilegal o arbitraria), no existe privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República, respecto del recurrente.

Por ende, la pretensión del recurrente no puede ser dilucidada por medio de este recurso, ya que ésta es sólo una instancia de protección de aquellos derechos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, lo que no se ha demostrado en los términos alegados en su arbitrio.

En efecto, como reiteradamente se ha resuelto por nuestros Tribunales superiores de justicia, según extensa jurisprudencia sobre la materia, se debe tener presente que, el recurso de protección de garantías constitucionales está concebido como una acción tutelar cuyo objeto es, asegurar el libre ejercicio de las garantías contempladas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, frente a una ilegítima perturbación, amenaza o privación que haga necesario que la autoridad adopte las medidas urgentes que estime para restablecer el imperio del derecho, de manera que para su procedencia se requiere que el derecho que se invoca por el recurrente sea indubitado y no discutido y que la perturbación o privación del legítimo ejercicio sea la consecuencia de un acto ilegal o arbitrario, esto es, que no tenga sustento en la Ley o en los reglamentos o que sea producto de un mero capricho de su autor.

En cuanto a las eventuales trasgresiones en que la recurrida habría sido responsable, en cuanto a las garantías supuestamente amagadas precisa lo siguiente:

En cuanto a la supuesta vulneración al Artículo 19 N° específicamente las garantías consagradas en los números N°1, 2, 3 inciso 5 y 24° El recurrente de forma genérica establece que se le han privado de estos derechos, más no efectúa un pormenorizado análisis de cómo en su persona el acto terminal, le habrían ocasionado las vulneraciones reclamadas, no se hace detalle alguno de las garantías relatadas, limitándose solamente a nombrarlas.

Del mismo modo, no se acompaña antecedente alguno respecto de las garantías eventualmente vulneradas por la recurrida, por tanto, a juicio de esta parte, son del todo infundadas.

Que, en relación a la afectación a la igualdad ante la Ley, confusamente se pretende justificar en una supuesta ilegalidad de interpretación y aplicación de las normas que regularían la materia, como en una supuesta ausencia de fundamentación y motivación del acto de no renovación. Además, no se detalla si existe algún otro funcionario o ex funcionario que haya tenido un trato distinto al del actor.

Pues bien, bien es sabido que el derecho a la igualdad ante la Ley, consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y, potencialmente diversas para aquellas que se encuentran situaciones diferentes. No se trata por consiguiente de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la Ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo.

Ahora bien, aterrizada esta garantía al presente recurso de protección, además de encontrarnos frente a un acto administrativo que en definitiva se ajusta a derecho siendo por ende, del todo legal y no es arbitrario, además no es posible advertir que se esté conculcando la garantía de igualdad o no discriminación invocada, toda vez que, del texto del recurso el recurrente no señala que, por ejemplo, respecto de aquella y otro funcionario que se encuentre el igual situación jurídica de no renovación, el este recibiendo un trato "distinto" o "discriminatorio".

Del derecho de protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos, siendo un ex funcionario público, con formación profesional, estaba en pleno conocimiento de los deberes y derechos que le asistían al momento de su contratación conforme al estatuto administrativo, que rige esta situación.

Del derecho de propiedad, por el trabajo que el recurrente desarrollaba se le pagaban sus estipendios conforme fuera acordado y en pleno conocimiento de cuáles serían aquellos.

Dentro de lo que afirma el recurrente que la estabilidad laboral dispuesta en el estatuto para los funcionarios públicos operaría en la práctica como un derecho incorporal que le correspondería por el sólo hecho de su nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2024, el cual habría pasado a formar parte integrante de su patrimonio personal. No obstante, sobre el derecho de propiedad que el recurrente estima amagado, debemos señalar que, si bien es cierto, la Constitución Política de la República reconoce el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, en concordancia con el Código Civil, que señala que sobre las cosas incorporales existe una especie de derecho de propiedad, en el caso sub-lite, no se dan las condiciones jurídicas, particularmente en lo que refiere el artículo 10 del Estatuto Administrativo, para que ese supuesto derecho de propiedad, sea oponible al acto de desvinculación del recurrente.

Por lo demás, la jurisprudencia ha resuelto en forma reiterada que la privación o amenaza protegida por este arbitrio tiene que ser sobre derecho corporal o incorporal de carácter patrimonial y el relativo a la estabilidad en el empleo no queda comprendido dentro del derecho de propiedad a que se refiere la disposición constitucional invocada, y se expresa que no debe confundirse la titularidad de un derecho con la propiedad del derecho en sí. Tampoco corresponde sostener que el recurrente estaba amparado por la estabilidad del empleo que contempla el Estatuto Administrativo, pues éste en su artículo 3° establece la carrera funcionaría como aplicable al personal de planta, carácter que no tiene el recurrente.

Con todo, la Excma. Corte Suprema, ha sido categórica en precisar que la Ley no consagra un derecho de propiedad sobre el cargo o empleo con las características propias del dominio, sino el de la estabilidad, según lo establece el artículo 89 de la Ley N° 18.834.

En estos términos, no es posible concebir la propiedad en el empleo de parte de los funcionarios a contrata, precisamente por la transitoriedad - como lo reconoce el recurrente - que deriva de la misma naturaleza de esta relación jurídica. Los cargos a contrata son esencialmente transitorios, duran como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, o hasta que sean necesarios sus servicios, y no pueden ser suprimidos, simplemente porque no es necesario suprimir aquello que no está explícitamente dispuesto como parte de un servicio. De esta forma, no existe derecho de propiedad sobre el cargo y, en consecuencia, no es susceptible de protegerse por medio del recurso de protección, por cuanto como ya se ha dicho, el empleo a contrata constituye una modalidad esencialmente transitoria y precaria, modalidad que puede terminar anticipadamente cuando los servicios del funcionario ya no son necesarios.

De esta forma, bajo ningún respecto, consideración o circunstancia, la decisión tomada por la autoridad, podría dar origen a un acto arbitrario, toda vez que, dado el carácter de que el ex funcionario no gozaba del principio protector que han reconocido los tribunales de justicia y la Contraloría General de la República, del denominado Confianza Legítima, en ese entendido, la autoridad no está obligada a tener que realizar un fundamento o una motivación para decidir la no renovación de una contrata, como el caso de marras.

En este entendido, la circunstancia que el recurrente no comparta la decisión administrativa, no la torna en ilegal o arbitraria y por ende no atenta contra los derechos alegados en su arbitrio.

Finalmente, la decisión administrativa cuestionada, no implica trato desigual hacia el administrado, como lo señala en su recurso, ni menos una arbitrariedad en el acto que se pretende impugnar, dado que éste se encuentra tramitado y resuelto como se ha venido señalando. Así también, el recurrente puede igualmente ejercer las acciones y derechos que le otorga la Ley. De hecho, una manifestación de ello es el presente recurso, el cual el recurrente ha utilizado como un sustituto legal de la acción que pudo ejercer ante la misma autoridad que dicto el acto mediante los recursos que franquea la ley N°19.880, como así también haber podido reclamar de la legalidad del acto ante el ente Contralor competente, situaciones que, sin embargo, por decisión libre y voluntaria del recurrente no consta que se hayan efectuado, salvo el de recurso de reposición que fue rechazado y del cual no ejerció sus derechos que consagra el legislador.

Pide tener por evacuado el presente informe dentro de plazo, y en su mérito rechazar la acción de protección intentada en estos autos, por carecer de fundamentos, con expresa condenación en costas.

A su informe acompañó:

- Dictamen N° E5613582024, de 06 de noviembre de 2024 de la Contraloría General de la República.

- Dictamen E156769N21 de 18.11.2021 de la Contraloría General de la República.

- Dictamen N° 12547, de 2011 de la Contraloría General de la República.

- Sentencia rol 87.695-2023, de 3 de enero de 2025, de la CORTE SUPREMA CONFIANZA LEGITIMA.

- Decreto Exento RA N 385/2334/2024 de fecha 7 de mayo de 2024 de la Universidad Arturo Prat;

- Decreto exento RA N 385/3578/2024 de fecha 12 de julio de 2024;

- Notificación de no renovación de contrata para el año 2025 de fecha 27 de noviembre de 2024;

- 3 liquidaciones de remuneraciones de octubre, noviembre y diciembre, del año 2024.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en la especie el acto contra el cual se recurre es la decisión de no renovar la contrata del recurrente en la universidad recurrida.

TERCERO: Que, el centro del argumento del actor se basa en la ilegalidad de la actuación por cuanto estima que para proceder como se hizo, se requería previamente una evaluación por parte de su jefatura directa, lo que no se realizó.

Por su parte, la recurrida discute dicha obligación, estimando que no era necesaria evaluación alguna y que el recurrente no tenía la confianza legítima para esperar su renovación automática, por lo que el acto se encuentra dentro de la potestad del rector, sin necesidad de motivarlo.

CUARTO: Que, no se encuentra discutida la contratación del recurrente en la universidad recurrida, como tampoco que el actor prestó servicios por el término de un año y tres meses.

Luego, tampoco se discute que en tal caso, no existe confianza legítima que asista al recurrente para la renovación de su contrata.

Con todo, lo que se denota es que la recurrente requiere que se revise por esta Corte los acuerdos suscritos entre las partes por la contratación y su forma de desvinculación, sin embargo, el recurso de protección no es la vía idónea para resolver disputas contractuales.

QUINTO: Que, desde esta perspectiva, no aparece que el recurrente ostente actualmente un derecho indubitado que amerite la tutela de derechos fundamentales que este procedimiento sumario, concentrado y desformalizado otorga.

A mayor abundamiento, si se cuestiona la fórmula de término de la contrata del actor que alega el recurrente, transforma dicha circunstancia en un hecho controvertido, el que no es posible establecer en un procedimiento como el de la especie, por cuanto requiere de la interpretación de contratos y reglamentación interna que escapan del margen de la presente acción constitucional, de forma tal, que el recurso así planteado, no podrá prosperar.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA el deducido a folio 1, por don nombre reservado, en contra de la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, SEDE VICTORIA.

Redacción del abogado integrante Sr. Cristian Carvajal de Vicenzi.

Regístrese y archívese.

N°Protección-874-2025. (cwm)