Protección contra MUNICIPALIDAD DE GORBEA

C.A. de Temuco Temuco, veinte de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece don SHINTARO KURAMOCHI DUHALDE, abogado, en representación de doña nombre reservado y de doña nombre reservado, ambas educadoras de párvulos, todos con el domicilio señalado en el recurso y expone:

Que interpone recurso de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE GORBEA, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada por su alcalde don JORGE ANDRÉS ROMERO MARTÍNEZ, ignora demás datos individualizatorios, y contra la Fiscal Sumariante doña nombre reservado, ignoro sus otros datos individualizantes, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de La Araucanía, por transgresiones consistentes en la conculcación, perturbación y amenaza a los derechos individuales protegidos por los artículos 19 N°2, Nº3 inciso 4º y 5° y N°24 de la Constitución Política de la República por la dictación de las Resoluciones Fiscales Nº6, N°7, N°8 y N°9, de 1 Marzo de 2023, en el sumario administrativo ordenado instruir mediante Decreto Alcaldicio Exento N°597 de 20 de Julio de 2022, preñadas de arbitrariedad e ilegalidad conforme a los raciocinios fácticos y de derecho que pasa a señalar.

Que por las Resoluciones Fiscales Nº6, N°7, N°8 y N°9, ya indicadas, se suspende de funciones y se les formula cargos a las recurrentes, actos administrativos completamente ineficaces y nulos.

Que el cargo formulado fue el siguiente: “Presentar como prueba documental en un juicio de Tutela Laboral seguido en contra de la Municipalidad de Gorbea un documento compuesto por una denuncia y una hoja de firmas, hoy donde una de las firmas corresponde a su colega nombre reservado, la cual suscribió sin conocer el contenido del documento que luego se adjuntó y se presentó en Tribunales.”

Dicha imputación peca de impropiedad y resulta impertinentes, pues como ocurre en el caso sub - lite lo cuestionable se profundiza en la tesis de pretextar ello para iniciar un procedimiento investigativo intentando legitimar una eventual desvinculación contractual, lo que deviene en ilegítimo, espurio, cruel y abusivo.

La suspensión de funciones y la formulación de cargos es desde la óptica del derecho administrativo improcedente, impropio y nulificable porque:

1°: El sumario fue ordenando a sugerencia de Contraloría Regional de La Araucanía frente a la denuncia por acoso laboral de la Directora Doña nombre reservado y no contra sus poderdantes.

2°: El sumario en esta parte es íntegramente nulo porque para que exista formulación de cargos debe existir un sumario previo ordenando por Decreto Alcaldicio, cosa que en el caso no ocurre, no pudiendo desviarse el propósito primigenio del Sumario DAEX N°597/2022 de Gorbea, para sancionar por extensión a otras personas de manera impertinente, ilegalmente persecutoria y artificialmente desproporcionada, sobredimensionada e inoficiosa, trasuntado en una instrumentalización del proceso administrativo para justificar una eventual causal de desvinculación laboral para sus mandantes con claro sesgo persecutorio.

3°: La formulación de cargos es insalvablemente nula al colisionar con el principio procedimental de congruencia, en el procedimiento administrativo sancionador, éste dice relación con una coherencia lógica y armónica por parte de los Órganos de la Administración del Estado, entre los cargos formulados y la sanción finalmente impuesta, ya sea de tipo procedimental o argumentativa. Reviste un principio fundamental como garantía de prevención de arbitrariedad de las decisiones de órganos del Estado.

Al estar vinculado -el principio de congruencia- al derecho a defensa de los administrados y el deber de motivación, es deber de los órganos administrativos, evitar incongruencias en las resoluciones administrativas y por tanto observar de manera estricta éste principio, en todas sus dimensiones. Si bien la Constitución no contempla de manera explícita este principio, lo podemos entender incorporado en el artículo 19 Nº 3, inciso sexto, que habla acerca del fundamento de la sentencia de los órganos que ejerzan jurisdicción y el proceso previo legalmente tramitado, para lo cual el legislador deberá establecer las garantías, como lo fuere en la especie, la congruencia.

4°: La formulación de cargos es antojadiza e inventada, de una redacción casi pueril, pues en la praxis, la situación es al revés, fueron los actos de la Directora nombre reservado, los que afectaron psíquica y somáticamente a las sumariadas, configurándose claramente los testimonios de los declarantes en un atentado a la honra y dignidad de sus representadas y en ambos aspectos de ésta, pues no sólo se afectó su autoestima, sino que también fue objeto de cuestionamientos a sus capacidades profesionales, imputándosele supuestas fallas en su gestión, sin que se le entregaran evaluaciones o parámetros objetivos que sustentaran los reparos del empleador a su desempeño y la gratuidad del irrespeto o destrato consecuencial.

Que, así, resulta reconocido en el fallo condenatorio contra la Municipalidad de Gorbea por acoso laboral, dictado por el Juzgado del Trabajo de Pitrufquén, RIT T-6-2022, datado el 01 de Marzo de 2023.

EN CUANTO A LOS DERECHOS CONCULCADOS:

Cita el Artículos 19 N°2, Nº3 incisos 4º y 5°, Nº24 y el artículo N°20 de la Constitución Política del Estado de Chile.

1.- Artículo 19 Nº2.- La igualdad ante la Ley.

a) Que, la igualdad ante la Ley se relaciona con el derecho a defensa, pues el mismo artículo 19 N°3 del Código Político, reconoce la igualdad en el derecho a defensa de todas las personas ante los órganos que imparten justicia, quienes deben respetar sin distinción todas y cada una de las garantías fundamentales. Una vez validada la garantía de la defensa en un proceso determinado, se obtiene no sólo su propia concreción, sino que también se cumple con el postulado de la igualdad en y ante la ley.

b) Que, en el sumario administrativo que motiva la presentación de la acción cautelar, se omitieron actuaciones o diligencias esenciales del proceso administrativo, específicamente, no haber sido citadas como imputadas sino como testigos, pues son ellas las que efectúan la denuncia que origina el sumario, resultando luego imputadas y suspendidas por un hecho distinto del acusado sin Decreto Alcaldicio que ordene un nuevo sumario, de manera que esos actos arbitrarios vulneran las garantías constitucionales, pues se priva a las actoras del derecho a defenderse en un proceso legalmente tramitado.

c) Que, el artículo 19 Nº 2, citado, asegura la igualdad ante la ley, de manera tal que ninguna persona pública ni privada, ni autoridad alguna, puede establecer diferencias discriminatorias ni arbitrarias que lesionen el principio constitucional y legal de la no discriminación.

d) Que, en esta línea de razonamiento, un acto administrativo goza de discrecionalidad, consistente en una libertad de apreciación en relación con ciertos elementos del acto frente al objeto del mismo. En efecto, la discrecionalidad, importa cierto campo, mayor o menor, de ponderación en cuanto a qué decidir. Además, dice relación con la oportunidad, la conveniencia. Dentro de esta lógica, el acto discrecional tiene lugar cuando la ley deja a la Administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, o en qué momento debe obrar, o cómo debe obrar, o en fin, qué contenido va a dar a su actuación.

e) Que, en el caso de marras no se pueden confundir la discrecionalidad con la arbitrariedad, pues esta arbitrariedad es una conducta antijurídica e ilegítima de los órganos del Estado; así en el sumario administrativo la discrecionalidad está vedada, pues se trata de un procedimiento de derecho estricto, carente de cualidades facultativas de las que incurridas las sitúa en la hipótesis de infracción a la igualdad ante la Ley. En cambio, la discrecionalidad se desenvuelve en un contexto de juridicidad y es por principio legítima.

2.- Artículo 19 Nº 3, inciso 5°: “…Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”

a) Que, es posible afirmar que cuando el artículo 19 N°3, inciso 5°, de la Constitución prohíbe ser juzgado por comisiones especiales, apunta a dos elementos que se señalan claramente. Con ellos es posible determinar cuándo estamos frente a una comisión especial, utilizando un test que se pregunte, en primer lugar, cuál es la fuente por la cual se estableció el tribunal y, en segundo lugar, en qué momento se ha establecido dicho tribunal en relación a los hechos que juzgará.

b) La voz comisiones especiales, desde luego, no se refiere a tribunales que en virtud de la materia de que conocen pueden ser clasificados como tribunales especiales, tales como por ejemplo, los tribunales de familia o del trabajo. Tampoco se refiere a tribunales establecidos fuera del Poder Judicial. La categoría más bien apunta a la prohibición de establecimiento de tribunales ad hoc, creados para juzgar un caso concreto o a una determinada persona o grupo de personas en particular, sin que se garantice la imparcialidad e independencia del juzgador, vulnerando el principio de igualdad conforme al cual todos los ciudadanos en idénticas situaciones deben ser considerados.

Que, con similar razonamiento la doctrina mayoritaria estima que el debido proceso, como garantía, se aplica a todo acto de aplicación de derecho, sin distinguir si en rigor se trata de un acto jurisdiccional o no.

Que, el sustrato de la norma que señala que “corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justas” en nada difiere del sustrato del inciso 1° del artículo 7 de la Constitución, que señala que los órganos del Estado actúan válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la ley. Las sanciones aplicadas por la Administración deben ajustarse a la ley y dicha ley debe respetar principios de un Estado de Derecho y evitar un trato desigual y arbitrario. Pero es en virtud de tales normas –y no del artículo 19 N°3, inciso 6°, de la Constitución– que puede afirmarse que respecto de la actividad administrativa se exige un proceso legal.

B.- Artículo 19 N°3, inciso 4°, DE LA VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

“…Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.”

Que, la formulación de cargos contra sus representadas en este sumario administrativo padece o exhibe un vicio de nulidad que afecta su validez. El vicio tiene el carácter de insubsanable, pues se relaciona con que el Fiscal no ha observado las normas mínimas que garantizan el derecho constitucional al debido proceso.

Que, las sumariadas jamás fueron citadas en calidad de inculpadas, sino en calidad de funcionarias denunciantes ni se les señaló que existieran en su contra presunciones fundadas para estimar que hubieran tenido participación en los hechos materia del sumario, como lo exige el artículo 18 de la Resolución Nº510 de 2013 de la Contraloría General de la República.

Que, dicho vicio resplandece de la sola lectura de la citación a prestar declaración ni nada distinto se interpreta de dicha resolución, tampoco se indica que fueron citadas en calidad de sumariadas, cosa que se ahonda al procederse a efectuarse la declaración.

Que, en la especie, aparece una contaminación del sumario administrativo desde su inicio, pues se vulnera la garantía de imparcialidad, ya que esta resolución de formulación de cargos se trata de una verdadera Vista Fiscal y no precisamente una resolución que cierra la etapa indagatoria dirigida al descubrimiento de la verdad, lo que hace que este funcionario instructor se forme antes de afinar el respectivo proceso investigativo sumarial una opinión anticipada que sin duda coarta el derecho pleno a la defensa que tienen las inculpadas.

4.- 19 Nº 24 de la C.P.E.: El derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Que, existe una especie de propiedad sobre la función pública docente obtenido por “el docente nombre reservado, resultante de un proceso regular de nombramiento” (sic), el que ha sido violentado a través de un procedimiento espurio, instrumentalizándose dicho sumario administrativo para desvincularlas contractualmente, pretextándose incumplimiento a sus obligaciones laborales sancionado por el Estatuto Docente.

Por todo ello, solicita tener por impetrado Recurso de Protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE GORBEA, representada por su Alcalde Don JORGE ANDRÉS ROMERO MARTÍNEZ y contra la Fiscal Sumariante, nombre reservado, por vulneración a los derechos y garantías constitucionales previstos en los artículos 19 N°2, N°3 incisos 4 y 5, N°14, N°24 y artículo N°20 de la Constitución Política de la República, 6 y 7 del mismo texto fundamental, Ley N°10.336 de CGR, Leyes N°18.883 – Estatuto de Funcionarios Municipales, N°19.070 – Estatuto Docente, N°19.880 sobre Acto Administrativo y los principios formativos del acto y del procedimiento administrativo, acogerlo a tramitación, ordenar evacuación de Informe y restableciendo el imperio del derecho se deje sin efecto los actos arbitrarios materializados en las resoluciones impugnadas, tutelando así las prerrogativas constitucionales invocadas, ordenando las siguientes actuaciones positivas:

1.- Dejar sin efecto la Resoluciones Fiscales N°06, 07, 08 y 09 de 01 de Marzo de 2023, dictadas en el Sumario Administrativo ordenado por el Decreto Alcaldicio Exento N°597 de 20 de Julio de 2022.

2.- Ordenar la reincorporación de las recurrentes a su lugar de trabajo y funciones docentes.

3.- Todo ello, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Carta en formato PDF de la docente Doña nombre reservado, chilena, casada, Profesora de Ciencias Naturales, RUN N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, pero con domicilio laboral en domicilio reservado, de la ciudad de Gorbea, desvirtuando completamente el contenido del cargo imputado a sus representadas.

2.- Carta de denuncia de un grupo de docentes de la Escuela Municipal “Los Perales” de Gorbea al alcalde de la comuna, datada del 09/05/2022, referida a irregularidades respecto de la adulteración de los Libros de Clases y Asistencia de Alumnos, el hostigamiento a los docentes en distintas áreas por parte de la Directora del establecimiento y el enrarecimiento o mal clima laboral dentro de dicho espacio de trabajo. Documento firmado por las docentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

3.- Sentencia condenatoria contra la Municipalidad de Gorbea por Acoso Laboral, dictado por el Juzgado del Trabajo de Pitrufquén, RIT T-6-2022, datado el 01 de Marzo de 2023.

4.- Copias en PDF de las Resoluciones Fiscales N°06, 07, 08 y 09 de 01 de Marzo de 2023, dictadas en el Sumario Administrativo ordenado por el Decreto Alcaldicio Exento N°597 de 20 de Julio de 2022, pronunciadas por la recurrida Fiscal Sumariante Catalina Andrea Toloza nombre reservado.

A folio 9, informa don nombre reservado, Alcalde (S) de la comuna de Gorbea, expresando:

1.- Resoluciones de la Fiscal Administrativa Catalina Toloza Matamala , que suspende de sus funciones a las recurridas, que las recurrentes califican como ineficaces y nulos:

Lo primero que se debe señalar es que Catalina Toloza, profesional del Departamento de Educacion de la Municipalidad de Gorbea fue nombrada en calidad de Fiscal Administrativo por medio del Decreto Alcaldicio Exento número 597 de fecha 20 de julio de 2022, que acompaña.

El sumario se ordena para determinar responsabilidades administrativas de profesionales de la educación dependientes de un departamento de educación municipal por lo que dicho sumario tiene como estatuto el Docente, ley 19.070.

El Estatuto Docente señala en Artículo 72: Letra B) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan. Por su parte, el Articulo 134, preceptúa: En el curso de un sumario administrativo el fiscal podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma municipalidad y ciudad, al o a los inculpados, como medida preventiva.

Del análisis de estas normas se puede concluir que la Señorita Catalina Toloza Matamala en su calidad de fiscal administrativo solo ejerció una facultad otorgada por la ley, que se considera como medida preventiva.

El cargo describe una acción de las dos recurrentes a ese momento inculpadas, que es contraria a derecho y señala la norma que infringen con dicha acción es esa precisamente la obligación de la fiscal Catalina Toloza, que debe cumplir cuando se le encomienda la tarea de investigar en el sumario administrativo, verificar si existen responsabilidades administrativas, quienes la cometieron y que norma fue la que se vulneró.

La fiscal no fue recusada en la oportunidad legal.

Luego de indicar los requisitos de la acción de protección deducida, argumenta que ésta no es la vía para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en sumarios administrativos, toda vez que se trata de una acción cautelar de protección y no de revisión administrativa.

Como se puede concluir, la recurrentes pretenden que por esta vía se dejen sin efecto actuaciones que la ley faculta a la fiscal Catalina Toloza Matamala de manera expresa en el artículo 134, de la ley 18.883, en relación a la suspensión y la ley 19.070 en relación al sumario.

Por ultimo en relación a que el sumario no nace para investigar a las recurridas sino por el contrario por denuncias de ellas, no es menos cierto que la fiscal tiene la obligación de investigar lo ordenado pero también todo lo que llegue a su conocimiento a propósito de la investigación y es precisamente en esa circunstancia, la toma de declaración de una testigo, que la fiscal toma conocimiento de una falta administrativa cometida por las recurrentes y realiza las acciones que se alegan en esta Corte de Apelaciones.

Solicita tener por evacuado informe y rechazar el recurso incoado por las recurrentes, en todas sus partes, con costas.

Acompaña:

1.- Decreto Alcaldicio Exento Exento N° 472, de fecha 04 de mayo del año 2023.

2.- Decreto Alcaldicio Exento N° 597 de fecha 20 de Julio 2022 3.- Certificado de la Fiscal Administrativa Catalina Toloza.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Para su procedencia se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que en estos antecedentes, se tildan de ilegales y arbitrarias las Resoluciones Nº6, N°7, N°8 y N°9, de 1 Marzo de 2023, dictadas por la respectiva fiscal en el sumario administrativo ordenado instruir mediante Decreto Alcaldicio Exento N°597 de 20 de Julio de 2022, mediante las cuales se suspende de sus funciones y se les formula cargos a ambas recurrentes, quienes estiman que con dichas actuaciones se vulneran las garantías constitucionales que les reconocen los numerales 2, 3 inciso 4° y 5° y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que para resolver, es preciso tener en consideración que las resoluciones en contra de cuya dictación se recurre de protección, no constituyen un acto terminal capaz de vulnerar las garantías constitucionales que se esgrimen, toda vez que éstas han sido emitidas durante la tramitación de un sumario administrativo ordenado instruir por el ente alcaldicio, que se limitan a formular cargos a las actoras decretando medidas cautelares que, por lo demás, se encuentran dentro de las facultades que el artículo 134, de la Ley 18.883 otorgan al fiscal sumariante.

Por otra parte, atendida el actual estadio procesal en que se encuentra el sumario administrativo, al menos a la época de interposición del presente libelo constitucional, es una hecho cierto que ambas recurrentes cuentan con el derecho de efectuar oportunamente sus descargos y rendir la prueba que estimen pertinente, desde que –como se dijo-, el mentado sumario se encuentra en actual desarrollo.

CUARTO: Que en este escenario, el recurso de protección subjudice, no puede prosperar, porque los actos denunciados no tienen la aptitud actual de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales esgrimidos por las actoras, desde que el mentado sumario se encuentra en una etapa intermedia, en que –como se dijo-, queda a salvo el derecho a defensa que pueden ejercer las recurrentes a su favor, en la oportunidad procesal correspondiente.

QUINTO: Que de lo razonado precedentemente, se concluye que la dictación de las Resoluciones que sustentan la presente acción constitucional, no constituyen un acto terminal capaz de lesionar derechos constitucionales, entendiendo como tal aquel con el cual se culmina o perfecciona la decisión administrativa, desde que se trata de un acto trámite inimpugnable, razón por la cual sólo cabe su rechazo, sin que, en consecuencia, corresponda pronunciarse respecto de las garantías constitucionales invocadas por el apoderado de las recurrentes.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara:

Que, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don SHINTARO KURAMOCHI DUHALDE, en representación de doña nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE GORBEA y LA FISCAL SUMARIANTE.

Regístrese, agréguese a la carpeta judicial y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra A. Cecilia Aravena López.

Rol N° Protección-871-2023.(jog)