nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

A folio N°1-2021 comparece Orlando Antonio Mardones Vergara, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Funda su acción en que su representada adquirió un crédito con la recurrida con fecha 31 de agosto del año 2019, por un monto total de $4.862.206.

Que, por motivos de la pandemia quedó sin trabajo, además es madre soltera, actualmente vive con sus padres y no pudo comenzar a pagar el crédito que adquirió con Caja Los Andes, a raíz de lo cual, los ejecutivos de esta entidad la llamaron continuamente por teléfono para cobrarle y, como advirtieron que ello no tenía el resultado que ellos querían, el día 11 de septiembre de del año 2021, le enviaron un requerimiento de cobro del crédito a su actual trabajo, vulnerando con esta conducta el artículo 19 N°1 de la Constitución que asegura a todas las personas la integridad psíquica pues, el hecho de llamarla constantemente produce una situación de estrés en su representada.

Agrega que, el hecho de enviar un correo electrónico a su actual trabajo, vulnera además el artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental puesto que, la Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y asimismo la protección de sus datos personales. En este punto, dice que cabe la pregunta de qué modo consiguió la recurrida los datos del nuevo empleador de su representada, todas las instituciones que pueden manejar esa información no tienen sus registros abiertos al público.

Afirma que, con este actuar arbitrario, se ha puesto en riesgo la estabilidad de su representada quien, como ya se ha indicado, debe mantener a su hijo de cinco años.

La Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto en estos mismos casos lo siguiente: “Con las diversas comunicaciones realizadas a la recurrente, si han tenido por objeto comunicar su existencia y obtener el pago de la deuda, este debe tenerse por cumplido desde que la recurrente reconoce la existencia de la deuda sin embargo aduce que ella no es posible de pagar porque carece de los medios necesarios para ellos, lo que ha sido puestos en conocimiento de los ejecutivos que se han comunicado con ello, de modo que debe entenderse cumplido". “Y es que no obstante lo anterior, la continuidad en el tiempo, en forma repetitiva de tales comunicaciones, en sus diversas formas, en un espacio corto de tiempo, resultan desproporcionadas e injustificadas, aun cuando ella se haya realizado en días y horas inhábiles; pues en concepto de esta Corte constituyen un actuar arbitrario de la recurrida, pues si se le ha indicado la carencia de medios económicos de parte de la recurrente, solo corresponde ejercer las acciones legales con las que cuenta en su calidad de acreedor y ser beneficiario de un pagaré. Tal conducta arbitraria ha afectado la integridad síquica de la recurrente, contemplada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, por lo que el presente recurso será acogido, adoptándose las medidas que se indicarán en su parte resolutiva. De esa forma, se concluye acogiendo el recurso de protección interpuesto, disponiéndose que la recurrida Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., por sí o a través de terceros deberá cesar las comunicaciones que tengan por objeto el cobro extrajudicial de la deuda que se mantiene”.

A su vez la Excelentísima Corte Suprema ha fallado: Sentencia Rol Nº4.767-2013, “la existencia de la supuesta deuda de la recurrente con la recurrida y su morosidad pueden ser planteadas en la sede judicial respectiva y bajo el procedimiento que la ley prevé para dichos casos. De allí que el cobro extrajudicial de la misma por la vía telefónica, [por un total de] 8 meses, constituye el ejercicio abusivo de una facultad. En efecto, si el objetivo de los llamados telefónicos es poner en noticias a la deudora de su morosidad, ésta se logra con una de dichas comunicaciones, pero insistir reiteradamente en el mismo lenguaje resulta desproporcionado e intimidatorio. Este ejercicio es el que resulta arbitrario, debe cesar, puesto que afecta la garantía de la integridad psíquica de la recurrente, por lo que el recurso será acogido, en razón de resultar vulnerada la garantía contemplada en el N°1 del artículo 19 de la Carta Fundamental.”

Pide ordenar el cese del cobro de la deuda respecto de la actora, por vía telefónica, correo electrónico, comunicaciones a sus empleadores y toda otra forma extrajudicial que establezca esta Corte, con costas del recurso.

Acompañó los siguientes documentos: Copia de Información de Créditos Personales de fecha 18 de noviembre de 2020, de Caja de Compensación Los Andes en que consta el crédito de su representada; Copia del comunicado, emitido por el recurrido al empleador de la actora, en que exige el pago de la deuda.

A folio N°16-2021 evacúa informe la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, solicitando el rechazo del recurso.

Indica que, con fecha 07 de junio de 2019 otorgó a la señora nombre reservado la operación de crédito código 006CON101690642, por un capital de $4.193.448.- a una tasa de 2.2%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota de $142.338; cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de agosto de 2019.

La cuota del mes de agosto y septiembre de 2019 N°1 y N°2, se pagaron regularmente en el plazo establecido. Las cuotas del mes de octubre de 2019 a febrero de 2020 N°3 a N°7, se encuentran diferidas por licencia médica.

Las cuotas del mes de marzo de 2020 a septiembre de 2021 N°8 a N°26, se encuentran en situación de morosidad, y a su vez consignadas en cobranza judicial.

La cuota del mes de octubre y noviembre de 2021, en proceso de cobranza.

Indica que la deuda a la fecha de emisión de este informe, asciende a la suma de $6.930.384; cuyo monto se compone de las cuotas en mora, las cuotas en cobranza, el saldo de capital insoluto, intereses penales, gastos de abogados, exceptuando las costas judiciales.

Sostiene que, nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro no se encuentra prescrita, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Por lo mismo, la información recibida por el empleador de la recurrente no obedece a una acción de cobranza extrajudicial, si no que únicamente es el cobro establecido en el Art. 22 de la Ley de Cajas, por la cual se informa al empleador su obligación a descontar la cuota del crédito a la remuneración de la afiliada.

Luego expone consideraciones contextuales y jurídicas y, primero, el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y mecanismo de cobro según el artículo 22 de la ley n°18.833.

Señala que, en sus inicios, las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, las que fueron denominadas “Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera”. Con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N°245 de 1953, tales entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho. En la actualidad, estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N°18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. El artículo 1° de este cuerpo legal las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”. Durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales.

En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N°18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”. Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N°18.833 les ha determinado.

Solicita recordar que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Es por ello que el artículo 26 N°3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella.

Destaca que, dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

En segundo lugar y, en cuanto a que la obligación es actualmente exigible – la prescripción debe ser declarada judicialmente.

Sostiene que está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado con la recurrente.

Agrega que, la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende, con toda claridad, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente y, que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en Dictamen Nº2659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, lo siguiente: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.”.

Insiste en que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

En tercer lugar, en cuanto a la supuesta vulneración a garantías constitucionales.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, podemos afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Indica que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.” Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

afirma que no ha existido ninguna conducta ilegal o arbitraria por parte de Caja Los Andes, lo único que ha realizado es cumplir con el mandato de cobro informando al empleador el cobro del crédito por planilla conforme al mandato legal de la ley de cajas.

A folio N°18-2021 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales debidamente comprobados, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental. Se trata, pues, de una acción tutelar de urgencia, concebida con la finalidad de brindar eficaz y oportuno amparo a un derecho indubitado del que se encuentra gozando una persona, frente a los efectos de un acto ilegal o arbitrario que la lesiona o amenaza.

SEGUNDO: Que, se recurre a favor de doña nombre reservado en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, por enviar un correo electrónico a su actual trabajo dando cuenta de la suma de dinero que le adeuda a la requerida, por estimar que, no obstante reconocer que solicitó y obtuvo un crédito de la recurrida, que no pudo pagar por quedar cesante, tal actuación es arbitraria e ilegal, afectando sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1 y N°4 de la Carta Fundamental, toda vez que tal comunicación la ha provocado afectación física y se han develado datos de información personal privada, sin su autorización.

TERCERO: Que, la recurrida, expone sobre la concesión del crédito y, el monto de lo adeudado, la existencia de un requerimiento judicial y que, de conformidad con la ley 18.833, le asiste el derecho de comunicarlo al empleador.

CUARTO: Que, estos sentenciadores, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 18.833, de acuerdo con el cual, “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora.”, da clara cuenta que, las Cajas de Compensación, para ejercer este derecho, pueden informar al empleador su obligación a descontar la cuota del crédito a la remuneración de la afiliada, motivo por el cual no se observa ilegalidad ni arbitrariedad en lo actuado por la recurrida.

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Roberto Fuentes Fernández Proteccion Rol N°8698-2021. (sac)