nombre reservado con TESORERIA REGIONAL DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, seis de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 19 de septiembre de 2020, comparece FELIPE IGNACIO MARDONES RIQUELME, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad NºRUT reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la TESORERÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, Persona Jurídica de Derecho Público, institución recaudadora fiscal regida por el Decreto con Fuerza de Ley Nº1 de 1994, del Ministerio de Hacienda, que establece el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías , representada por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Lo anterior en virtud del acto ilegal y arbitrario consistente en negar implícitamente el derecho al recurso de su representado, al negar lugar por improcedentes, sendos recursos administrativos (Reposición Administrativa y Jerárquico) presentados en tiempo y forma en procedimiento administrativo de cobro de obligaciones de dinero, y a su vez , por no existir garantías de un justo y racional procedimiento, al no existir una etapa probatoria y contradictoria en el procedimiento administrativo de cobro tributario y por no haber notificado a su representado de las providencias dictadas en dicho procedimiento e insistir que es válido como domicilio para notificar, el correspondiente a domicilio reservado, toda vez que no es domicilio legal, civil ni comercial, pasando por alto lo establecido en el Artículo 19 Nº 3 y 24 y el Artículo 20 de la Constitución Política de la República y Acta Nº94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema de 17 de julio de 2015, que fija el texto refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

Funda el recurso en los siguientes hechos:

Señala que con fecha 20 de agosto de 2020, como apoderado de don nombre reservado, después de insistir al abogado provincial del Servicio en varias oportunidades, tras no tener conocimiento respecto a la resolución de los recursos administrativos interpuestos (Reposición Administrativa y Jerárquico) fue notificado por correo electrónico de la resolución que rechaza por improcedentes dichos recursos, que a la vez impugnan la resolución de fecha 2 de julio de 2020, que rechaza incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento, deducido con fecha 17 de junio de 2020, y cuyo rechazo toma como base un informe confeccionado por el abogado del Servicio de Tesorerías, el que señala que el incidente impetrado por su parte, sería extemporáneo, lo que se confirmó por el juez sustanciador al rechazar el incidente con fecha 2 de julio de 2020.

Sostiene que el informe elaborado por el Abogado del Servicio de Tesorerías, recapitula algunos hechos que no son del todo efectivos, ya que su representado jamás recibió respecto del expediente administrativo de cobro Nº 11143-2018, notificación alguna en el domicilio de domicilio reservado, es más, no es su domicilio ni comercial, ni laboral, ni de ningún tipo conforme al tenor de lo dispuesto en el Artículo 59 del Código Civil, desde mediados del año 2019, y sólo ha tomado conocimiento de resoluciones notificadas a su persona, ya que amablemente una persona a cargo de la propiedad señalada, ha tenido la cortesía y deferencia de avisarle al socio y encargado de correspondencia comercial y tributaria, Sr. llamado nombre reservado.

Tal como se expuso en el artículo de nulidad, su representado, Sr. nombre reservado, tomó conocimiento de resoluciones y providencias notificadas por cédula, que se encontraban adheridas al portón de dicha propiedad, porque su socio Sr. nombre reservado recibió sendos llamados en diferentes fechas que habían ciertos documentos que figuraban para su entrega al Sr. nombre reservado y que los fuera a buscar. Esas resoluciones o providencias fueron dictadas y por ende notificadas en el domicilio domicilio reservado; Rol Nº13587-2019 y Rol Nº10100-2020, con sendas notificaciones realizadas el 19 de octubre de 2019, 10 de diciembre de 2019 y 16 de enero de 2020.

En el informe del abogado del Servicio de Tesorerías, expone en el punto 2, letra C) y D), que se realizaron notificaciones los días 9 de agosto de 2019 y 10 de diciembre de 2019, a su representado, presentaciones que en relación al presente expediente administrativo jamás fueron recepcionadas por la persona que se encuentra en la propiedad y que le ha avisado al funcionario y socio del Sr. nombre reservado, por lo que no hay conocimiento de esas actuaciones a que se refiere, menos de la notificación realizada en el domicilio de Vicuña Mackenna el 16 de mayo de 2018, actuación central de la causa, del auto cabeza de proceso, lo que se acredita con varios documentos acompañados a la presentación articulista de 17 de junio de 2020, y que ni siquiera fueron debidamente ponderados desde el punto de vista probatorio por el abogado del Servicio de Tesorerías, es más, ni siquiera se refiere a ellos en el informe.

Por último, a modo de conclusión, no se le permitió a su representado probanzas idóneas con tal de acreditar cada uno de sus asertos y así refutar el informe del abogado provincial.

La resolución del Servicio de Tesorerías no contempló una etapa relevante del procedimiento administrativo, esto es la prueba, la que no se consideró ni valoró ni menos se confirió a su parte una etapa para su rendición. De acuerdo al Artículo 35 de la Ley Nº19.880, se estatuye que: Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia.

El Servicio, falló el incidente sin una adecuada contradictoriedad, sin permitir a su parte rendir prueba y prejuzgando sin suficientes antecedentes. En este contexto el inciso segundo del Artículo 35 del cuerpo legal antes citado, señala que: Cuando a la administración no le consten los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo ordenará la apertura de un periodo de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.

La resolución del juez sustanciador es incluso exiguamente motivada, la que se remite o basa en un informe emitido por abogado del mismo servicio el que carece de suficiente parcialidad, sin permitir a su parte la rendición de otros antecedentes probatorios en una etapa administrativa conforme permite la Ley Nº19.880.

ACTO RECURRIDO, ILEGAL Y ARBITRARIO: RESOLUCION QUE RECHAZA TRAMITAR RECURSOS POR IMPROCEDENTES Y REAFIRMAR NOTIFICACION EN DOMICILIO QUE NO TIENE RECURRENTE EN LA ACTUALIDAD.- Sostiene que la resolución de fecha 15 de julio de 2020, de la cual tomó conocimiento mediante correo electrónico, que tiene pendiente notificación personal o por cédula a su representado, la que no se ha concretado a la fecha, tiene como referencia un domicilio de la ciudad: domicilio reservado, que no es su domicilio ni comercial, ni laboral, ni de ningún tipo conforme al tenor de lo dispuesto en el Artículo 59 del Código Civil. Es decir, el Servicio recurrido manipula erradamente información, respecto de la cual se ha recalcado que no corresponde a un domicilio válido para notificar ninguna resolución o acto administrativo, lo que conculca su derecho de propiedad y el derecho de ser debidamente notificado de un proceso administrativo o judicial, lo que claramente se ve más afectado en el contexto de emergencia sanitaria que vive el país.

Como reflejo del rechazo de los recursos administrativos, por improcedentes a juicio de la entidad recurrida, se puede vislumbrar que el incidente de nulidad impetrado por su representado no fue resuelto adecuadamente por el Servicio, ya que el juez sustanciador no dio cumplimiento al principio de imparcialidad y contradictoriedad que estatuyen el Artículo 4, 10 y 11 de la Ley Nº19.880, por cuanto resolvió un incidente en base a un informe emitido por el abogado del Servicio de Tesorerías, bastante parcial, sin permitir el desarrollo probatorio del proceso, es decir sin permitir que su parte pueda rendir prueba testimonial y documental, que complemente la prueba instrumental acompañada al proceso. En este contexto de acuerdo al inciso final del Artículo 10 de la Ley Nº19.880 establece que: El órgano instructor (Servicio de Tesorerías) adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. Estima, que el Servicio de Tesorerías debe actuar con imparcialidad, pues en el informe del abogado del Servicio no se vislumbra ello, toda vez que el mismo servicio conoce y resuelve el presente reclamo de nulidad, sin permitir una adecuada contradictoriedad y prueba de los asertos, por lo que estima relevante se otorgue una oportunidad para rendir prueba testimonial y reforzar los antecedentes ya acompañados al proceso, violentando un derecho elemental de esta parte cual es el derecho a la prueba.

Señala que el procedimiento de cobro tributario de obligaciones de dinero regido por el Título V del Libro III del Código Tributario, tiene dos fases, una administrativa y una judicial. La fase administrativa se trata de un procedimiento administrativo en donde el instructor del proceso es el Abogado Provincial como Juez Sustanciador, pero no se trata de un procedimiento contencioso propiamente tal, ya que es el mismo servicio de tesorerías juez y parte y se trata a la vez de un procedimiento que no tiene garantías elementales para los litigantes como los procedimientos contenciosos, particularmente en lo que dice relación con la defensa del demandado.

Como consta de los antecedentes, la etapa en que se encuentra el proceso de cobro tributario es la etapa administrativa, por lo que son plenamente aplicables las normas de la Ley Nº19.880 y que el servicio se ha negado aplicar para resolver los recursos presentados por su parte. En este contexto el mismo Artículo 1 de la citada ley estatuye en el inciso primero que en el caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales (como el de cobro tributario de obligaciones de dinero) la ley se aplicará en carácter de supletoria.

Una disposición que debe considerarse también, es el Artículo 190 del Código Tributario, que establece que toda cuestión entre deudor moroso de impuestos y el Fisco que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitarán incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesorero Regional o Provincial con informe del Abogado del Servicio de Tesorerías, el que será obligatorio para aquel. Así fue resuelto el incidente de nulidad por el juez sustanciador, no obstante no existir contradictoriedad y etapa de prueba para probar los hechos y asertos del incidente de nulidad impetrado válidamente por su parte, pues tenemos que el mismo Fisco a través del Servicio de Tesorerías, actúa como juez y parte, lo que no resulta prudente ni menos razonable.

VULNERACIÓN DEL DERECHO AL RECURSO Por su parte la resolución de fecha 15 de julio de 2020, es un claro ejemplo de vulneración del derecho al recurso de su representado, ya que el fundamento del rechazo a los recursos administrativos impetrados es “confusión normativa que tiene servicio recurrido”, atendida la naturaleza del procedimiento en que se encuentra insertas las partes, ya que invoca el Artículo 2 del Código Tributario, debiendo aplicarse en su juicio las normas adjetivas del Código de Procedimiento Civil, en circunstancias que el procedimiento atendida su naturaleza es administrativo, y conforme al inciso segundo del Artículo 190 del Código Tributario, sólo debe aplicarse supletoriamente en lo que fuere compatible con la naturaleza administrativa del procedimiento, el Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil, por lo que en el caso de un procedimiento administrativo especial, no rige la supletoriedad general del Artículo 2 del Código Tributario, sino que el Artículo 1 de la Ley Nº19.880, que estatuye que ese cuerpo normativo es el que debe aplicarse supletoriamente.

Claramente la entidad recurrida pretende darle naturaleza jurisdiccional a un procedimiento administrativo, que no ha entrado en una etapa judicial, la que contempla el mismo Código Tributario una vez finalizado el procedimiento administrativo de cobro.

Un hecho que reafirma que se trata de un procedimiento administrativo el proceso de cobro tributario, es el Artículo 2 Nº2 del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, que señala: “El Servicio de Tesorerías tendrá las siguientes funciones: 2.-Efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de:..”. En este contexto la autoridad judicial que debe intervenir en el cobro es el Juez de Letras Civil competente y no el abogado provincial o juez sustanciador, el que instruyó el proceso de cobro tributario solamente en una etapa administrativa o extrajudicial, previa y necesaria para la etapa judicial que se abre cuando la tramitación administrativa se encuentra completa, previa revisión del Abogado Provincial y su remisión al Juez de Letras en lo Civil competente.

FORMA EN QUE SON AFECTADAS LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES DEL RECURRENTE.

Señala que su representado se ha visto afectado de la siguiente forma en sus garantías constitucionales tuteladas por el ordenamiento jurídico constitucional:

Su derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (Nº3 inciso 5to Artículo 19 Constitución Política de la República). La recurrida ha procedido en forma arbitraria, sin permitir a su representada que existan reales instancias de defensa en un procedimiento administrativo de cobro tributario, en que el Fisco por medio del Servicio de Tesorerías es juez y parte a la vez. En este contexto su representado exige un proceso racional y justo, donde se le permita rendir prueba de sus asertos en un proceso administrativo en que alega nulidad de lo obrado, y donde no existió adecuada contradictoriedad al fallar de plano previo informe del Servicio de Tesorerías, omitiendo etapa probatoria. Así las cosas su representado ha sido vulnerado al no apreciar adecuadamente sus asertos, lo que se reafirma al ser rechazados los medios impugnaticios hechos valer legítimamente, dejando indefenso a su representado en un proceso administrativo con tintes de jurisdicción, en que el Fisco se posiciona en un lugar privilegiado, siendo juez y parte. Además, la Tesorería ordenó notificar por cédula a su representado de la resolución recurrida, sin que a la fecha se haya dejado constancia escrita en el expediente, ni menos informado vía electrónica de haberse notificado alguna resolución, siendo su parte la persistente para instar al Abogado Provincial a informar del proceso.

Por su parte, la Jurisprudencia desde temprano ha reconocido este tipo de recursos, los actos de entes administrativos deben ajustarse a las garantías mínimas del debido proceso conforme al Artículo 19 N°3 de la Constitución (Derecho a defensa; audiencia del afectado; procedimiento, instancia y sanciones establecidas previamente en la reglamentación).

Su derecho de propiedad: Señala que su representado, conforme a los antecedentes esgrimidos ha reafirmado en el artículo de nulidad por falta de emplazamiento, como en los recursos administrativos rechazados por la recurrida, “que debe notificarse en el domicilio de domicilio reservado”(sic), toda vez que no es domicilio legal, civil ni comercial de su representado, lo que vulnera su derecho a ser debidamente emplazado, y afecta también su derecho de propiedad en sentido amplio, ya que tiene el derecho incorporado en su patrimonio de ser conocidas las resoluciones dictadas en un proceso en el lugar que corresponda efectivamente a su domicilio, el que se ha reafirmado al que tiene en el día de hoy, en los antecedentes esgrimidos, situación que a la vez compromete el derecho a un procedimiento racional y justo. Su representado de acuerdo a la Ley Nº19.880 sobre bases de procedimientos administrativos, tiene en su patrimonio el derecho de exigir la notificación, y además el respaldo o motivación del acto administrativo, junto con el derecho a la prueba que tiene en un proceso de dicha naturaleza.

FECHA INTERPOSICION ACCION DE PROTECCION.

Señala que la presente acción de protección se encuentra presentada dentro de plazo legal, toda vez que como apoderado de don nombre reservado en el proceso administrativo, tomó conocimiento de la resolución que rechaza tramitar los recursos administrativos presentados en tiempo y forma, debidamente fundamentados, mediante notificación dirigida a su correo electrónico con fecha 20 de agosto de 2020, fecha desde la cual debe computarse el plazo de 30 días corridos y fatales Señala a modo de conclusión, que se debe acoger el presente arbitrio constitucional, toda vez que se evidencia que la entidad recurrida ha procedido al margen de la ley de procedimientos administrativos, y con manifiesta arbitrariedad al rechazar la tramitación de los recursos administrativos presentados en tiempo y forma por su parte, donde a su vez la recurrida negó implícitamente rendir probanzas idóneas para acreditar los asertos del incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento impetrado en representación del Sr. nombre reservado, y además la recurrida ha manipulado información errada respecto a su domicilio real, lo que debe ser corregido por esta magistratura, restableciendo el imperio del Derecho.

Pide se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida que debe tramitar debidamente los recursos administrativos impetrados en representación de don nombre reservado, los que fueron rechazados por improcedentes, atendida la naturaleza real del procedimiento administrativo y la aplicabilidad de las normas de la Ley Nº19.880, y a su vez se ordene que la Tesorería debe instruir en cuanto a tramitación se trata, un término probatorio administrativo con la finalidad de probar los asertos contenidos en incidente de Nulidad presentado el 17 de junio ante la entidad recurrida, perturbando y amenazando su legítimo ejercicio de la garantía constitucional de los numerales 3 y 24 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, con expresa y ejemplificadora condena en costas de la recurrida.

A folio 18 evacúa informe don nombre reservado, Abogado del Servicio de Tesorerías, solicitando el rechazo con costas del recurso.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Precisa que el Servicio de Tesorerías en ejercicio de sus facultades legales, ha iniciado el cobro de obligaciones tributarias de dinero, en contra del deudor nombre reservado RUT RUT reservado, como consecuencia de la morosidad en que ha incurrido el recurrente de autos. Tal acción ejecutiva especial se ha materializado en el Expediente Administrativo Rol 11.143-2018 de la comuna de Temuco.

Consta fehacientemente en dichos autos que el deudor, fue legalmente notificado y requerido de pago con fecha 16 de mayo de 2018, en su domicilio de domicilio reservado, esto es, el domicilio indicado en la nómina de deudores morosos y que consta a fojas 1 del expediente administrativo 11143-2018 Temuco, domicilio que a la fecha de inicio de la demanda, registraba el contribuyente ante el SII de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Código Tributario, por todas las sumas netas adeudadas, que al día de hoy ascienden a $10.939.194, según expediente administrativo que acompaña.

Con fecha 02 de julio de 2020, el abogado Felipe Mardones Riquelme, en representación del contribuyente nombre reservado, interpuso incidente de nulidad procesal por falta de emplazamiento.

Con fecha 02 de julio de 2020, mediante resolución del juez sustanciador, previo informe del abogado provincial de conformidad a lo dispuesto en el artículo 190 del Código Tributario, rechazó por extemporáneo, el incidente de nulidad procesal por falta de emplazamiento interpuesto con la misma fecha.

Mediante resolución de fecha 15 de julio de 2020 se tuvo por notificado a don Felipe Mardones Riquelme, de la resolución de fecha 02 de julio del mismo año que rechazó el incidente de nulidad promovido, en atención al hecho de haber deducido Recurso de Reposición Administrativo y en subsidio Recurso Jerárquico de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los órganos de administración del Estado, en contra de dicha resolución.

Mediante Resolución de fecha 15 de julio de 2020, no se dio lugar a los recursos interpuestos por improcedentes, esto es, no ser de aquellos contemplados en el Código de Procedimiento Civil en atención a la remisión del artículo 2 del Código Tributario a aquel cuerpo legal.

Con fecha 23 de septiembre de 2020 se notificó por cédula, la resolución de fecha 15 de julio de 2020 que no dio lugar a los recursos interpuestos por improcedentes.

ANTECEDENTES DE DERECHO:

Notificación de la demanda al ejecutado en el domicilio de domicilio reservado:

Sostiene que el deudor, fue legalmente notificado y requerido de pago con fecha 16 de mayo de 2018, en su domicilio de domicilio reservado, esto es, el domicilio indicado en la nómina de deudores morosos y que consta a fojas 1 del expediente administrativo 11143-2018 Temuco, domicilio que a la fecha de inicio de la demanda, registraba el contribuyente ante el SII, todo lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Código Tributario que estable que “Para los efectos de las notificaciones se tendrá como domicilio el que indique el contribuyente en su declaración de iniciación de actividades o el que indique el interesado en su presentación o actuación de que se trate o el que conste en la última declaración de impuestos respectivas. Asimismo, el artículo 171 inciso cuarto del Código Tributario establece: “Además de los lugares indicados en el artículo 41 del Código de Procedimiento Civil, la notificación podrá hacerse, en el caso del impuesto territorial, en la propiedad raíz de cuya contribución se trate; sin perjuicio también de la facultad del Tesorero Comunal para habilitar, con respecto de determinadas personas, día, hora y lugar. Tratándose de otros tributos, podrá hacerse en el domicilio o residencia indicado por el contribuyente en su última declaración que corresponda al impuesto que se le cobra, en el último domicilio que el contribuyente haya registrado ante el Servicio de Impuestos Internos”.

INEXISTENCIA DE UN ACTO ILEGAL O ARBITRARIO.

a.- Respecto del rechazo del incidente de nulidad, falta de contradictoriedad y prueba en contrario:

Señala que el incidente de nulidad procesal por falta de emplazamiento incoado por el recurrente en autos administrativos 11143-20018 Temuco, fue resuelto por resolución fundada de fecha 02 de julio 2020, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 190 del Código Tributario, el cual indica: Las cuestiones que se susciten entre los deudores morosos de impuestos y el Fisco, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitarán incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesorero Regional o Provincial con informe del Abogado del Servicio de Tesorerías el que será obligatorio para aquél.

Es la misma norma legal citada (Art 190 Código Tributario) la que indica y habilita al juez sustanciador a resolver de plano las incidencias que se planteen en el procedimiento administrativo previo informe del abogado provincial.

b.- Improcedencia de los recursos de reposición administrativa y recurso jerárquico en el procedimiento administrativo seguido ante la tesorería Regional de Temuco.

Sostiene que se han rechazado los recursos de reposición y recurso jerárquico, por improcedentes, esto es, no ser de aquellos contemplados en el Código de Procedimiento Civil en atención a la remisión del artículo 2 del Código Tributario a aquel cuerpo legal.

Los recursos deducidos por don Felipe Ignacio Mardones Riquelme en representación de don nombre reservado Rut RUT reservado, de conformidad al artículo 59 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, corresponden a medios de impugnación de los “Actos Administrativos” y en ningún caso a resoluciones judiciales, como es el caso de las dictadas en el expediente administrativo Rol 11143-2018 Temuco.

Las normas que rigen el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias de dinero se encuentran contenidas en el Título V libro III, artículos 168 y siguientes del Código Tributario y teniendo especialmente presente la remisión contenida en el artículo 2 del Código Tributario que señala “En lo no previsto por este Código y demás leyes tributarias, se aplicarán las normas de derecho común contenidas en leyes generales o especiales”.

Por último, en forma previa a interponer la acción constitucional de protección el recurrente debió haber interpuesto los recursos procesales correspondientes, esto es, aquellos contemplados en el Código de Procedimiento Civil, actuación que no fue realizada y cuyos plazos para realizarlo se encuentran actualmente vencidos.

Acompaña el expediente administrativo Rol 11143-2018 de Temuco.

Se trajeron los autos en relación CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a la privación, perturbación o amenaza que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) Que recurra una persona o entidad con legitimidad activa (no es una acción popular);

b) Que se invoque un derecho o libertad de aquellos específicamente garantizados;

c) Que exista una perturbación, privación o a lo menos amenaza al legítimo ejercicio de los derechos constitucionalmente garantizados;

d) Que exista una acción u omisión, arbitraria o ilegal; y e) Que dicha acción u omisión, arbitraria o ilegal, tenga la capacidad causal –o derechamente lo haga- de privar, perturbar o amenazar los derechos o libertades antes indicadas.

SEGUNDO: Que, se recurre de protección por parte del abogado FELIPE IGNACIO MARDONES RIQUELME, actuando en representación de nombre reservado, en contra de la TESORERÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, en virtud de los siguientes actos que estima ilegales y arbitrarios:

En primer lugar, la negativa de la recurrida a conceder sendos recursos administrativos (Reposición Administrativa y Jerárquico) presentados en procedimiento administrativo de cobro de obligaciones de dinero, respecto de la resolución dictada con fecha 02 de julio de 2020, que no dio lugar, por extemporánea, a la incidencia de nulidad por falta de emplazamiento deducida por su parte.

En segundo lugar, y en lo que atañe a la antedicha resolución de fecha 02 de julio de 2020, por no existir garantías de un justo y racional procedimiento, al no existir una etapa probatoria y contradictoria en el procedimiento administrativo de cobro tributario y por no haber notificado a su representado de las providencias dictadas en dicho procedimiento e insistir que es válido como domicilio para notificar, el correspondiente a domicilio reservado, toda vez que no es domicilio legal, civil ni comercial.

Señala como infringido “su derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (Nº3 inciso 5to Artículo 19 Constitución Política de la República)” y su derecho de propiedad.

Pide que esta Corte, acogiendo el recurso de protección, disponga lo siguiente:

1°, Que se ordene a la recurrida, TESORERÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, que debe tramitar debidamente los recursos administrativos impetrados en representación de don nombre reservado, los que fueron rechazados por improcedentes; Y 2°, Que a su vez se ordene que la TESORERÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA debe instruir en cuanto a tramitación se trata, un término probatorio administrativo con la finalidad de probar los asertos contenidos en incidente de Nulidad presentado el 17 de junio ante la entidad recurrida.

TERCERO: Que, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, por las razones que expuso en su informe.

CUARTO: Que, habiéndose acompañado por la recurrida copia de expediente administrativo sobre cobranza judicial Rol 11143-2018, de la Tesorería Regional de Temuco se hace necesario dejar asentado los siguientes hechos:

1.- Que con fecha 11 de mayo de 2018 se inició procedimiento de cobro de impuestos en contra del deudor nombre reservado

RUT RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, según “nómina de deudores morosos”, despachándose mandamiento de ejecución y embargo con la misma fecha.

2.- Que a fojas 3 y 4 rola notificación y requerimiento de pago, por cédula al deudor, así como la traba de embargo respecto de un inmueble ubicado en domicilio reservado y el envío de carta certificada. En las fojas siguientes constan diversas actuaciones de la recurrida.

3.- Que a fojas 28 comparece nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, y deduce incidente de nulidad procesal por falta de emplazamiento, conforme estatuye el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil, pidiendo se declare nulo todo lo obrado desde el 16 de mayo de 2018, por no haber sido emplazado o notificado legalmente en su domicilio conforme al artículo 171 del Código Tributario.

En la misma presentación confiere patrocinio y poder al abogado Sr. Felipe Ignacio Mardones Riquelme.

4.- Que con fecha 02 de julio de 2020, nombre reservado, Directora Regional Tesorera – Juez sustanciador de la Región de la Araucanía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Código Tributario, requirió informe al Abogado del Servicio de Tesorerías, el que se evacuó con la misma fecha, señalando, en mérito de lo que expone, que la incidencia de nulidad procesal por falta de emplazamiento incoada por el demandado debe ser rechazada por cuanto ha sido interpuesta fuera del plazo fatal de 5 días que concede el inciso 2° del Artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, resolviéndose en dichos términos y en la misma oportunidad, por la Jueza-sustanciadora, ordenándose notificar personalmente o por cédula a don nombre reservado, en cualquiera de los domicilios indicados en su presentación, esto es, Los Eucaliptos N° 01337, sector domicilio reservado, ambos de Temuco.

5.-Que a fojas 38 comparece el abogado Felipe Ignacio Mardones Riquelme, y deduce recurso de reposición administrativo, de conformidad a lo prescrito en el Artículo 59 de la Ley N° 19.880, de bases de procedimientos administrativos que rigen los órganos de la administración del estado, en contra de la resolución de fecha 2 de julio de 2020, que rechaza incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento. En el otrosí, y en subsidio, deduce recurso administrativo jerárquico, de conformidad a lo prescrito en el Artículo 59 inciso segundo de la Ley N° 19.880, en contra de la antedicha resolución de fecha 2 de julio de 2020, solicitando se eleven los antecedentes al superior jerárquico del Tesorero Regional de la Araucanía.

6.- Que con fecha quince de julio de dos mil veinte, la Jueza-sustanciadora, resuelve en los siguientes términos:

“Atendida la presentación anteriormente indicada y la naturaleza de la misma, téngase por notificado a don nombre reservado de la resolución de fecha 02 de julio de 2020 que rechaza el incidente de nulidad procesal por falta de emplazamiento.

VISTOS CONSIDERANDO 1.- Que, con fecha 09 de julio de 2020, ha comparecido don Felipe Ignacio Mardones Riquelme en representación de don nombre reservado Rut RUT reservado, interponiendo Recurso de Reposición administrativa y en subsidio Recurso Jerárquico en contra de la resolución de fecha 02 de julio de 2020 que rechaza el incidente de nulidad procesal por falta de emplazamiento incoado por el demandado.

2.- Que los recursos deducidos por don Felipe Ignacio Mardones Riquelme en representación de don nombre reservado Rut RUT reservado, de conformidad al artículo 59 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, corresponden a medios de impugnación de los "Actos Administrativos" y en ningún caso de resoluciones judiciales, como es el caso de las dictadas en el expediente administrativo Rol 11143-2018 Temuco.

3.- Que, las normas que rigen el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias de dinero se encuentran contenidas en el Título V libro III, artículos 168 y siguientes del Código Tributario y teniendo especialmente la remisión contenida en el artículo 2 del Código Tributario que señala "En lo no previsto por este Código y demás leyes tributarias, se aplicarán las normas de derecho común contenidas en leyes generales o especiales." 4.- Que, no siendo los recursos interpuestos de aquellos contemplados en el Código de Procedimiento Civil, conforme la remisión del artículo 2 del Código Tributario, deberá rechazarse los recursos interpuestos por improcedentes.

RESUELVO:

A lo principal y otrosí: No ha lugar a lo solicitado, por improcedente.

Notifíquese la presente resolución personalmente o por cédula a don nombre reservado, en cualquiera de los domicilios indicados en su presentación, esto es, Los Eucaliptos N" 01337, sector domicilio reservado, ambos de Temuco. Expediente Administrativo N° 11143-2018 Temuco”.

7.- A fs. 44 rola certificación de notificación por cédula al Sr. nombre reservado, efectuada con fecha 23 de septiembre de 2020.

QUINTO: Que, el procedimiento de cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, se encuentra contemplado en el Título V, Libro Tercero del Código Tributario y consta de dos etapas, la primera se desarrolla ante el Servicio de Tesorería y la segunda ante el Juez de letras respectivo.

Sobre la naturaleza del procedimiento administrativo de cobro de impuestos adeudados se ha sostenido en reiteradas ocasiones por la Excma. Corte Suprema, entre otras, en causa Rol N° 4622-2019 que “la ejecución de las obligaciones tributarias de dinero se realiza en una primera etapa ante el Servicio de Tesorería, interviniendo en ella el Tesorero Comunal, a quien el inciso primero del artículo 170 del referido cuerpo legal le otorga la calidad de juez sustanciador, carácter en virtud del cual despacha mandamiento de ejecución y embargo, conociendo además en estas materias, en los casos previstos por la ley, el Abogado Provincial.”

Se ha sostenido, además, que “en una segunda etapa interviene el órgano judicial, ya que a partir del inciso segundo del artículo 170 y hasta el artículo 199 del código del ramo se contemplan las normas procesales que dan cuenta de la tramitación de la ejecución, regulándose la notificación y el requerimiento de pago, la traba del embargo, el término para oponer las excepciones que restrictivamente contempla el artículo 177 y la realización de bienes, entre sus principales aspectos.”

Se ha concluido, en razón de lo anterior, “que el cobro ejecutivo previsto en los artículos 168 a 199 del Código Tributario es un procedimiento contencioso, de carácter especial en cuanto se aplica a las obligaciones tributarias de dinero; extraordinario desde el punto de vista de su estructura, porque difiere sustancialmente del juicio ejecutivo contemplado en el Código de Procedimiento Civil; compulsivo o de apremio dado que se inicia ante la inercia del deudor de solucionar espontáneamente la obligación; se fundamenta en una obligación indubitada cuya existencia consta en un título ejecutivo; y se desarrolla en dos etapas: la primera ante el Tesorero Comunal y el Abogado Provincial del Servicio de Tesorería y la segunda, ante el respectivo Juez de Letras en lo Civil. Y que es la propia ley la que reiteradamente le asigna la calidad de juez sustanciador al Tesorero Comunal y le entrega la resolución de materias propias de dicha calidad y ajenas al ámbito administrativo, haciendo supletorias las disposiciones comunes a todo procedimiento.”

Por lo anterior, las disposiciones comunes establecidas en el libro I del Código de Procedimiento Civil deben ser aplicadas en forma supletoria, encontrándose dentro de aquéllas, el Título XVIII que reglamenta el recurso de apelación, lo cual se encuentra en armonía con lo prevenido por el artículo 2° del Código Tributario que establece que "en lo no previsto por este Código y demás leyes tributarias, se aplican las normas de derecho común contenidas en leyes generales y especiales" y se encuentra en sintonía, además, con lo preceptuado por el artículo 148 del mismo Código, que previene que "en todas aquellas materias no sujetas a disposiciones especiales del presente Libro, se aplicarán, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de las reclamaciones, las normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil".

SEXTO: Que, de esta manera, en lo que concierne al primer capítulo en que se ha fundado el recurso de protección y considerando que es la propia ley la que le asigna la calidad de juez sustanciador al Tesorero Comunal y le entrega la resolución de materias propias de dicha calidad y ajenas al ámbito administrativo, haciendo supletorias las disposiciones comunes a todo procedimiento, ha de concluirse que la recurrida, al resolver la improcedencia de los recursos administrativos deducidos por el actor, no ha incurrido en un acto ilegal ni arbitrario, en tanto ha dictado una resolución suficientemente motivada que se ajusta a la normativa legal que regula la materia.

SÉPTIMO: Que, en lo que concierne al segundo capítulo en que se ha fundado el recurso de protección, dirigido a cuestionar la resolución dictada por la recurrida con fecha 02 de julio de 2020, por la cual se rechazó de plano, por extemporáneo, el incidente de nulidad por falta de emplazamiento impetrado por el actor, ha de tenerse presente, en primer lugar, que el artículo 190 del Código Tributario, ubicado en el Título V, Libro Tercero del Código Tributario, dispone expresamente que “Las cuestiones que se susciten entre los deudores morosos de impuestos y el Fisco, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitarán incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesorero Regional o Provincial con informe del Abogado del Servicio de Tesorerías el que será obligatorio para aquél”, apareciendo de los antecedentes del recurso, que la recurrida se ajustó a dicho procedimiento para resolver.

En cuanto al mérito de la resolución dictada al efecto por la recurrida, que es cuestionado por el recurrente, cabe señalar que, en general, la jurisprudencia ha restringido la utilización del recurso de protección contra resoluciones de dicha naturaleza, sólo a situaciones graves, en que es manifiesta la vulneración de los derechos constitucionales del recurrente, ponderación que, sin embargo, no resulta posible efectuar en el presente caso, por cuanto la resolución que se pretende impugnar fue dictada con fecha 02 de julio de 2020, y de ella tuvo conocimiento la parte recurrente con fecha 15 de julio del mismo año, según se dejó asentado en el N° 6 de la motivación cuarta del presente fallo, por lo que habiéndose deducido el presente recurso de protección con fecha 19 de septiembre de 2020, transcurrió latamente el plazo de 30 días para accionar por esta vía, deviniendo la acción en extemporánea, respecto de la actuación de la recurrida que se viene analizando.

OCTAVO: Que, por lo anterior ha de rechazarse la acción cautelar intentada, sin que corresponda pronunciarse respecto de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por el abogado Felipe Ignacio Mardones Riquelme, en representación de nombre reservado, en contra de la TESORERÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Suplente señora Cecilia Subiabre Tapia.

Protección-8694-2020.