INMOBILIARIA OG SPA con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, ocho de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 11 de marzo del año 2021, comparece don nombre reservado, abogado, por la recurrente INMOBILIARIA OG SPA, sociedad de derecho privado, del giro de su denominación, rol único tributario 77.220.061-7, ambos con domicilio domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado, ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; El Convento 811, Las Condes; o en domicilio reservado; y de don nombre reservado, ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; domicilio reservado, o en Los Militares 5001, Las Condes, todas direcciones de la ciudad de Santiago.

Funda el recurso en que la Inmobiliaria recurrente es propietaria de dos terrenos recientemente adquiridos en el sector de Caburgua, de la comuna de Pucón. Dichos terrenos son los resultantes de diversas subdivisiones prediales realizadas entre los años 1982 y 1991, aproximadamente, inmuebles que nunca tuvieron acceso al camino público del sector, ingreso que venía realizándose libremente, al menos desde el año 1981, mediante un camino ubicado en otra de las parcelas resultantes de la misma subdivisión predial, de propiedad del recurrido don nombre reservado. Con motivo de la reciente adquisición de los predios por parte de la Inmobiliaria, los recurridos don nombre reservado y don nombre reservado, el primero actuando como propietario del predio sirviente, y el segundo, hijo del primero, actuando como su administrador, de manera unilateral modificaron la reja de acceso al camino señalado, impidiendo a la recurrente de forma absoluta el acceso al predio, a tal extremo que su mandante ni siquiera puede acercarse al mismo.

Manifiesta que antes de presentar este recurso, la Inmobiliaria tomó contacto directo con ambos recurridos, explicándoles que su propiedad goza de una servidumbre legal conforme al art. 850 del Código Civil y proponiéndole su formalización de manera consensuada. Además, se les solicitó la reapertura del camino, negándose ambos recurridos, indicando que no darían acceso mientras no hubieran sido “indemnizados” a su satisfacción. A la fecha y como resultado de esta acción la recurrente sigue imposibilitada de acceder a la propiedad, estimando que la conducta de los recurridos constituye una vulneración manifiesta de las garantías constitucionales de los numerales 3º, en sus incisos 4º y 5,º y del numeral 24º, ambos del art. 19 de la C.P.R., al constituirse, por una mera vía de hecho, en una comisión especial que, por sí y ante sí, sin mediar proceso alguno, se ha arrogado la facultad de determinar el correcto sentido y alcance del dominio y de un derecho real de servidumbre que favorece a un tercero, mi mandante, lo que constituye una infracción a las normas del debido proceso y, además, una vulneración sustancial del derecho de propiedad al impedirle el uso, goce y disposición de un bien raíz que es de su dominio, solicitando se les ordene restituir las cosas al estado anterior a su actuar ilícito, en particular, que les instruya a destruir los cierres ilícitamente instalados en fecha reciente y a restituir el portón y candados que se ubicaban en el lugar de acceso al predio sirviente al idéntico estado en que se encontraban antes de su conducta, permitiendo a esta parte el libre acceso a los predios de su propiedad, tal como se estaba haciendo hasta antes de estos acontecimientos.

Sostiene que la Inmobiliaria es propietaria de dos terrenos, colindantes entre sí, de seis y tres hectáreas, cada uno, ubicados en el sector de Caburgua, comuna de Pucón, tal como consta en las inscripciones de dominio que rolan a fojas 279, núm. 551 y fojas 274, núm. 540, ambas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pucón, cuyos deslindes señala, adquirida por compraventa celebrada con su anterior propietario don nombre reservado, quien la ofreció al público a través de una corredora de propiedades de su confianza, doña nombre reservado. Refiere que en el mes de agosto, los personeros de la Inmobiliaria tomaron noticia de la oferta de venta del Inmueble y concurrieron hasta el sector donde éste se ubica, en compañía de la referida corredora y un familiar de esta última. En el lugar se advertía con toda claridad que la propiedad carecía de contacto con la vía pública, pues deslindaba por todos sus costados con otros campos y que el único medio de acceso a ella era a través de un camino ubicado en una propiedad vecina. El ingreso a este último predio se hacía mediante un portón de madera que se mantenía cerrado con una cadena con pestillo. Las llaves de dicha cadena se encontraban en una caseta ubicada en el mismo Predio Vecino a disposición de cualquier persona que supiera su ubicación, permitiendo así el libre acceso al Inmueble por el camino de servidumbre, tal como nos informó la corredora, desde la adquisición de la Propiedad, hace cerca de 40 años, el vendedor había hecho ingreso al Inmueble por este medio, siempre con acuerdo del anterior y del actual propietario. El Predio Sirviente, en tanto, tenía un amplio frente al único camino público que conecta todo el sector, el corresponde al “Camino Paillaco - Lago Tinquilco”, señalando que el camino de servidumbre es exactamente el mismo que los recurridos utilizan para la comunicación interna dentro del propio Predio Vecino, razón por la cual el acceso al Inmueble de su mandante se ejerce por el mismo camino interior que los recurridos utilizan para el beneficio su campo, al que prácticamente no causa gravamen. Refiere que al ser consultado en forma posterior, don nombre reservado confirmó la información entregada por la corredora de propiedades, cual es que el acceso al Inmueble siempre había estado garantizado mediante un camino ubicado en la Propiedad Vecina, cuyo dueño es, desde el año 1991, el recurrido don nombre reservado. Esta última propiedad está inscrita a favor del recurrido don nombre reservado en el C.B.R. de Pucón a fojas 1044, núm. 775, del año 1991, afirmando que don nombre reservado fue claro en indicar que el camino de Servidumbre databa de la época en que el Predio Vecino era de propiedad de don nombre reservado, quien posteriormente lo vendería al recurrido don nombre reservado y que jamás existieron restricciones de ninguna especie para usar dicha vía interior, añadiendo que las llaves del portón de acceso siempre se encontraron a disposición suya y de los demás ocupantes del Inmueble. Inclusive don nombre reservado indicó que había acordado con el recurrido don nombre reservado dejar constancia escrita de la servidumbre, poco tiempo después que este sujeto adquiriera de parte de don nombre reservado el Predio Vecino, compromiso del cual el recurrido se desentendió a posteriori. Una vez inspeccionado el Inmueble y después de las negociaciones propias de este tipo de operaciones, la Inmobiliaria y don nombre reservado llegaron a acuerdo sobre los términos de la compraventa de la Propiedad, celebrando un contrato de promesa en el mes de septiembre de 2020. El estudio de títulos realizado por la Inmobiliaria en esa oportunidad arrojaría luces sobre la situación jurídica del camino de servidumbre, refrendando los dichos de don nombre reservado, afirmando que los títulos reflejaban que el Inmueble adquirido por la recurrente ha tenido acceso al camino público a través del Precio Vecino, desde al menos el año 1983, cuando el antecesor en el dominio de don nombre reservado, don nombre reservado, parceló su fundo de 78 hectáreas y vendió al primero de los nombrados el referido retazo de tres hectáreas, el cual, desde un inicio careció de acceso al camino público. Es más, el recurrido don nombre reservado al momento comprar el Predio Vecino de su anterior propietario, con fecha 30 de julio de 1991, levanto alzada un croquis del lugar, instrumento denominado “Croquis Parcela 20 Hect. Vendida al Sr. nombre reservado. por nombre reservado”, cual se archivó con el número 1099 del año 1991 en el C.B.R. de Pucón, estimando que en dicho documento se aprecia con absoluta claridad que a la fecha ya existía una Propiedad a nombre del Sr. nombre reservado. Se la individualiza como “Prop. Sr. nombre reservado” e incluso se identifican las “casas Sr. nombre reservado”; La propiedad del Sr. nombre reservado no tiene acceso a ningún camino público; Existe un camino que pasa por el interior del predio comprado por el recurrido don nombre reservado, el cual se consigna como “Camino vecinal a parcela Sr. nombre reservado – Sr. nombre reservado”. La única vía de acceso a la propiedad del Sr. nombre reservado es el camino recién señalado.

Agrega que esta situación, de frecuente ocurrencia práctica, se encuentra regulada en el art. 850 del C.C. en virtud del cual, de pleno derecho, nace una servidumbre legal de tránsito y gratuita a favor de la nueva parcela que, fruto de una subdivisión, pierde acceso al camino público. El predio sirviente, por supuesto, es aquella otra parcela resultante de la subdivisión que sí tiene acceso al camino, en este caso el Predio Vecino de propiedad del recurrido don nombre reservado. De hecho, consta en la propia inscripción de dominio que favorece a este recurrido que el Predio Sirviente colinda al ORIENTE con el camino público y al poniente con la propiedad de don nombre reservado, antecesor en el dominio de mandante. En el curso de las negociaciones por la compra del Inmueble, solicitaron a don nombre reservado que le exigiese al recurrido don nombre reservado la regularización de la servidumbre de tránsito que favorecía al inmueble, tal como este último se había comprometido con el vendedor, negándose el recurrido, por considerar que ello no le resultaba conveniente. Pese a la negativa de la parte recurrida, la Inmobiliaria adquirió la Propiedad con la intención de regularizar la servidumbre legal, por vía judicial si fuese necesario, una vez que el Inmueble estuviese inscrito a su nombre, lo que ocurrió a mediados de febrero de 2020, tal como consta de las inscripciones de dominio que adjuntan en el en el primer otrosí. Durante el tiempo que mediaban las negociaciones de la compra y el estudio de título los representantes de la recurrente y otras personas, con permiso del vendedor don nombre reservado, hicieron ingreso al Inmueble por este mismo camino en diversas oportunidades, constatando que las condiciones de la entrada eran siempre las mismas, esto es, que el acceso era libre y sin limitaciones de ninguna especie. Sin embargo, poco antes practicadas en el C.B.R. las inscripciones a su favor y ad-portas de ser entregada materialmente la Propiedad, personal de la recurrente accedió al predio a efectuar labores topográficas, las que encargó a doña nombre reservado, ingeniero en geomensura, accediendo ella en compañía de un asistente en al menos dos oportunidades. Refiere que el día 12 de febrero de 2020, en horas de la noche, el suscrito recibió un correo de, indicando que los dejaron encerrados dentro del predio, adjuntando fotografías, tomando contacto telefónico con el recurrido don nombre reservado, quien, después de diversas evasivas, reconoció que él había ordenado el instalar un segundo candado y retirar las llaves de ambos, aduciendo que “estaba gente entrando a su campo” y que existiría otro supuesto camino por el cual se debía hacer acceso al Inmueble, señalando que el recurrido don nombre reservado se negó a oír razones, concentrando sus esfuerzos en obtener información sobre el precio pagado por la Inmobiliaria, añadiendo que esta parte debía en lo sucesivo comunicarse con su hijo don nombre reservado, el otro recurrido, quien era el encargado de administrar el Predio Sirviente, agregando que tiempo después no sólo habían agregado un segundo candado sino que además el portón había sido cambiado completamente, siendo ahora el ingreso imposible, estando aun el ingreso completamente bloqueado, sin poder acceder de ninguna forma al campo que el Sr. nombre reservado vendó a la Inmobiliaria OG., sosteniendo que jamás recibieron una respuesta favorable a sus solicitudes de reapertura del camino de servidumbre por parte de los recurridos, quienes en comunicaciones posteriores se limitaron a señalar que no darían libre acceso mientras no hubiese una servidumbre formalmente inscrita y se les pagare una suma de dinero que les pareciese satisfactoria. Hasta esta fecha, la recurrida se encuentra imposibilitada de acceder a su propiedad, la cual ni siquiera ha podido recibir materialmente de parte del vendedor Sr. nombre reservado debido a la conducta de la parte recurrida.

En cuanto al derecho, da cuenta de la procedencia del recurso y que la posición jurídica de la recurrente se encuentra protegida, al menos, por dos garantías constitucionales, puntualmente por las garantías a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, en su vertiente del derecho al debido proceso, del art. 19 núm. 3º inc. 4º y 5º de la C.P.R., y a la garantía del derecho de propiedad en sus diversas formas, del núm. 24º del mismo artículo. En cuanto al Derecho de propiedad, sostiene que es un hecho indesmentible y reconocido por las partes, que la Inmobiliaria es la poseedora inscrita y dueña de los Inmuebles que, hasta fecha reciente accedían al camino público por la Servidumbre de Tránsito. Al verse privado de acceso al Inmueble, la recurrente se encuentra en la intolerable situación de no poder ejercer facultad alguna sobre un bien de su propiedad. No puede explotarlo comercialmente, no puede usarlo con fines de esparcimiento, no puede siquiera ofrecerlo para la venta, porque ni siquiera puede acceder al predio. Tratándose de un inmueble, la posibilidad de su dueño de acceder materialmente a él es un claro atributo de su dominio, que reclama tutela por vía del recurso de protección. Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, en su vertiente del derecho al debido proceso (art. 19 núm. 3º inc. 4º y 5º de la C.P.R.). Lo primero y más obvio, es que cualquier conflicto o discrepancia de fondo existente entre las partes de este proceso debe necesariamente ser resuelta de común acuerdo o, en su defecto, por el tribunal que señalare la ley. No son procedentes, en ninguna circunstancia, actos unilateralmente ni menos actos violentos de autotutela, como los ejecutados por los recurridos. Al actuar como lo han hecho, los recurridos se han constituido en una espuria comisión especial que unilateralmente y sin forma alguna ha determinado los alcances del dominio de ambos predios y la pretendida improcedencia del libre tránsito a su predio de la cual hasta la fecha esta parte gozaba. Dicha conducta es inadmisible y el art. 19 núm. 3º de la C.P.R. protege a quien se vea afectado por ella.

Afirma un actuar contrario a derecho y carente de razonabilidad se verifica mediante el cierre con cadenas del portón de ingreso al predio donde se ubica el camino de servidumbre mediante el cual se hace acceso a la propiedad. La parte recurrida, de forma unilateral y antojadiza determina privar a mi representada de acceso a los Inmuebles de su propiedad, aduciendo vagas razones de improcedencia de la servidumbre por su campo, a sabiendas que en esos precisos momentos el predio de se encontraba ocupado por personal de la Inmobiliaria, a quienes dejaron encerrados en el campo sin posibilidad de salir, donde los recurridos dispusieron el cierre de un camino vecinal o de servidumbre que había estado abierto por décadas, mucho antes incluso que el recurrido don nombre reservado adquiriera el Predio Vecino al de nuestro antecesor en el dominio.

Por tales tazones, solicita se resuelva: (a) Declarar que los actos cometidos por los recurridos don nombre reservado y don nombre reservado son ilegales, arbitrarios y transgreden el derecho de propiedad y derecho a la igual protección de los derechos de la recurrente; (b) Ordenar a la parte recurrida que retire, a su costa, totalmente el nuevo cierre instalado en el Predio Sirviente y que lo reponga a su estado anterior a los hechos acaecidos desde el 12 de febrero de 2021 en adelante, esto es, dejando las llaves a disposición de la parte recurrente u otro mecanismo que asegure el libre acceso a su propiedad; (c) Ordenar a la parte recurrida que se abstenga de ejecutar nuevos actos que entorpezcan el libre tránsito hacia la Propiedad de la recurrente, (d) Disponer toda otra medida que se considere necesaria para el restablecimiento del imperio del derecho; y e) Condenar en costas a los recurridos. Por todo lo anterior, solicita tener por interpuesta la presente acción constitucional de protección en contra de los recurridos, ya individualizados, y en favor de Inmobiliaria OG SpA, por la perturbación y privación de las garantías constitucionales señaladas, admitirlo a tramitación, para que en definitiva, se acoja la presente acción de protección en todas sus partes, dando lugar a las medidas de restablecimiento del derecho antes solicitadas, con costas.

Al primer otrosí acompaña los siguientes documentos: (1) Copia autorizada con certificado de vigencia de la inscripción de dominio que rola a favor de la recurrente a fojas 279, núm. 551, año 2021, del Registro de Propiedad del C.B.R. de Pucón; (2) Copia autorizada con certificado de vigencia de la inscripción de dominio que rola a favor de la recurrente a fojas 274, núm. 540, año 2021, del Registro de Propiedad del C.B.R. de Pucón; (3) Copia autorizada con certificado de vigencia de la inscripción de dominio que rola a favor del recurrido don nombre reservado a fojas 1044, núm. 775, del año 1991, del Registro de Propiedad del C.B.R. de Pucón; (4) Copia autorizada de “Croquis Parcela 20 Hect. Vendida al Sr. nombre reservado. por nombre reservado”, cual se archivó con el número 1099 del año 1991 en el C.B.R. de Pucón; (5) Correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2021,; (6) Set fotográfico confeccionado por doña nombre reservado el día 12 de febrero de 2021, en el cual se aprecian los candados instalados por los recurridos para bloquear el acceso al camino, (7) Correo electrónico de don nombre reservado al recurrido don nombre reservado, de fecha 17 de abril de 2020. (8) Declaración jurada de 10 de marzo de 2021, prestada por doña nombre reservado, corredora de propiedades, que intermedió en la compraventa de los predios adquiridos por la recurrente; (9)

Fotografía tomada por doña nombre reservado, que ilustra el actual estado del acceso al camino, completamente cerrado; y (10) Declaración jurada de 9 de marzo de 2021, prestada por don nombre reservado, anterior propietario de los predios adquiridos por la recurrente.

A folio 16, con fecha 19 de abril del año 2021, comparece don Julio Bascur Seguel, abogado, en representación de don nombre reservado, y de don nombre reservado, en recurso de protección, quienes evacuan informe requerido, solicitando desde ya el rechazo absoluto de recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Como antecedentes sostiene que don nombre reservado, es dueño de un inmueble ubicado en domicilio reservado, cuyos deslindes señala, dominio inscrito a fojas 1044 N°775, en Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pucón, correspondiente al año 1991. El mencionado inmueble no se encuentra sujeto a gravamen o carga de ninguna especie. Al momento de celebrarse la referida compraventa, comprador y vendedor, suscribieron croquis en el cual figura al Este (oriente) un camino interior del inmueble vendido, por el cual el comprador, autorizó exclusivamente a don nombre reservado, para que a través de dicho camino ingresara a su inmueble que se encontraba al Norte de la propiedad que compraba el Sr. nombre reservado; y asimismo, autorizaba exclusivamente al señor nombre reservado, para que también, a través de dicho camino ingresara a un inmueble que en esa fecha ocupaba y que luego compraría, y que se encontraba también al Norte de la propiedad que compraba el Sr. nombre reservado. Ni don nombre reservado, ni don nombre reservado, conocen o han tenido relación con don nombre reservado.

Aduce la falta de legitimación activa, puesto que la recurrente, al referirse a croquis de la propiedad de don nombre reservado, da cuenta que el inmueble graficado en el mencionado croquis como “Prop. Sr. nombre reservado” o “casas Sr. nombre reservado”, nunca han pertenecido a don nombre reservado, ni a Inmobiliaria OG SpA, sino que ha pertenecido y pertenece a don nombre reservado. Por lo demás, de los deslindes de la propiedad de don nombre reservado, fluye con claridad, que el inmueble de don nombre reservado, se encontraba al poniente (oeste), el cual ni siquiera figura en el croquis ya citado. En tal sentido, la referencia al camino materia de esta litis, como “Camino vecinal a parcela Sr. nombre reservado – Sr. nombre reservado”, revelan la autorización exclusiva que ha dado don nombre reservado a don nombre reservado y a don nombre reservado, para que accedan a sus inmuebles, y en ningún caso a don nombre reservado, quien poseía sus inmuebles al poniente de la propiedad de don nombre reservado, y no al norte. En consecuencia, el referido camino sólo sirve a don nombre reservado y a don nombre reservado, quienes son los propietarios de los inmuebles a los cuales llega el referido camino interior, por lo que al no ser la recurrente propietaria del inmueble señalado en el croquis como “Prop. Sr. nombre reservado” o “casas Sr. nombre reservado”, carece de un interés jurídico y directo en la protección de las garantías invocadas, y por ende, carece de legitimación activa en la presente acción. Añade la Falta de legitimación pasiva, señalando que don nombre reservado, no ha participado en ninguna situación jurídica sustancial en la cual se haya afectado alguna garantía constitucional de terceros. Y que ni él ni sus antecesores en el dominio de su propiedad, han constituido derechos a favor de don nombre reservado o de la Inmobiliaria recurrente, que pudiera haber conculcado. Por otro lado, don nombre reservado, nunca ha ejercido calidad de administrador en el predio materia de la presente acción, ni ha participado en ninguna situación jurídica sustancial en la cual se haya afectado alguna garantía constitucional de terceros, ni de la recurrente. Además, señala que don nombre reservado, desde el año 1997, y don nombre reservado, desde su nacimiento, poseen su domicilio en la ciudad de Santiago, donde desarrollan sus actividades familiares y laborales, y por lo demás, en ningún pasaje del presente recurso, sitúan a alguno de sus representados, en el lugar donde se originan los hechos litigiosos, y menos ejecutándolos ellos personalmente. En cuanto al cambio de un portón de madera que da acceso a un camino interior de la propiedad de don nombre reservado, éste fue reemplazado por don nombre reservado, luego que terceros desconocidos lo destruyeran, afectando la seguridad de todo el lugar, y particularmente el domicilio del mismo nombre reservado, quien como ya se explicó vive al final del camino en cuestión. De esta manera, no concurre la legitimación pasiva necesaria para que la acción pueda prosperar.

Sostiene que no han vulnerado ninguna garantía constitucional de la recurrente en autos, sino que al contrario sólo ha existido una intromisión por parte de terceros desconocidos a un inmueble propiedad de don nombre reservado, sin su autorización ni justificación que la ampare, y que ha afectado derechos, no tan sólo de éste último, sino que además, de otros, como por ejemplo, don nombre reservado, quien frente a la destrucción del portón de ingreso, ha debido reemplazarlo para resguardar su seguridad personal y la de sus bienes. Añade la Inexistencia de servidumbre o justificación legal para el ingreso. En la especie, afirma que no existen servidumbres pasivas, ni legales ni convencionales, a favor de la recurrente o de sus antecesores, que graven el inmueble ya descrito, propiedad de su representado, don nombre reservado. Ni tampoco, han existido conversaciones ni tratativas con don nombre reservado o con la Inmobiliaria recurrente, en orden a constituir una servidumbre o cuantificar una indemnización por la misma. Ni tampoco existe un status quo que se haya alterado. De esta manera, el ingreso de terceros extraños al predio de su representado, si así ocurrió, resulta ilegal e injustificado. Es tan evidente la inexistencia de una servidumbre que grave el inmueble de don nombre reservado, que la recurrente no logra a través de su recurso individualizar un acto concreto de constitución de la misma, sino discurre sobre la idea de un uso inmemorial de un camino, o de supuestas tratativas para constituirla, e incluso sobre la supuesta existencia de una servidumbre legal. Pero lo cierto, es que ninguna de esas ideas es verdadera, ya que don nombre reservado (antecesor en el dominio de la recurrente) no ha hecho uso inmemorial del mencionado camino, dado que éste nunca ha llegado a sus inmuebles, sino que al de don nombre reservado y al de don nombre reservado, sumado al hecho que, según dichos de su hermano, don nombre reservado desde el año 1980 hasta el 2010 aproximadamente, vivió y trabajo en las cercanías de Playa Negra de Caburgua, y no en los inmuebles que vendió a la Inmobiliaria recurrente. Por lo demás, ninguno de los recurridos ha conocido a don nombre reservado, ni ha negociado con él algún tipo de servidumbre, siendo falso las conversaciones o acuerdos que se indica en una supuesta declaración jurada de don nombre reservado, acompañada por la recurrente en estos autos. Por otro lado, en cuanto a una supuesta servidumbre legal alegada por la recurrente, en los términos del artículo 850 de Código Civil, no existe ningún antecedente factico ni legal, del cual se desprenda la existencia de tal servidumbre sobre el camino aludido, y en favor de la recurrente o su antecesor en el dominio, agregando que en la especie, tratándose la servidumbre reclamada, de una discontinua, ésta sólo podía adquirirse por medio de un título, el cual no existe, y es por ello, que la recurrente quiere “regularizarla” o “formalizarla”, pero ha escogido una vía no idónea para tal efecto, intentando que se le reconozca de manera “express” un derecho que no detenta, desestimando la declaración jurada acompañada, refiriendo que en la especie, al menos existe controversia en cuanto a la existencia de una servidumbre, sea legal o convencional, así como tampoco resulta pacífico sino que controvertido, el dominio del inmueble al cual beneficia el camino referido por la recurrente, lo que debe ser ventilada en juicio de “lato conocimiento”, no pudiendo resolverse mediante la presente vía legal, motivo por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña 1.- Copia de escritura pública de compraventa de fecha 27 de agosto de 1991, otorgada ante Notario Público de Pucón, don nombre reservado, y anotada en el Repertorio de Instrumentos Públicos bajo N°76, del año 1991. 2.- Copia autorizada de inscripción de fojas 1044 N°775, en Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pucón, correspondiente al año 1991. 3.- Certificado de vigencia de inscripción de fojas 1044 N°775, en Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pucón, correspondiente al año 1991. 4.- Certificado de hipotecas y gravámenes respecto del inmueble señalado anteriormente. 5.- 2 Certificados extendidos por médico neuróloga, doña nombre reservado, respecto de la salud mental de don nombre reservado.

A folio 21, con fecha 30 de mayo del año 2021, la parte recurrente acompaña documentos.

A folio 25, con fecha 14 de junio del año 2021, rola informe de Carabineros, dando cuenta de notificación personal de don nombre reservado, además del registro fotográfico del lugar, conforme a trámite decretado a folio 22.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en el caso de autos, la actuación que motiva la presente acción cautelar que se tilda como ilegal y arbitraria, dice relación con cerrar un camino, modificando la reja de acceso hacia la propiedad de la recurrente, ubicada en el sector de Caburgua, de la comuna de Pucón.

Conforme a lo anterior, se ha solicitado a esta Corte que, en virtud de la afectación a derechos fundamentales, se declare que los actos cometidos por los recurridos don nombre reservado y don nombre reservado son ilegales y arbitrarios, se ordene a la parte recurrida que retire, a su costa, totalmente el nuevo cierre instalado en el predio sirviente y que lo reponga a su estado anterior a los hechos acaecidos desde el 12 de febrero de 2021 en adelante, esto es, dejando las llaves a disposición de la parte recurrente u otro mecanismo que asegure el libre acceso a su propiedad, ordene a la parte recurrida que se abstenga de ejecutar nuevos actos que entorpezcan el libre tránsito hacia la propiedad de la recurrente, disponer toda otra medida que se considere necesaria para el restablecimiento del imperio del derecho; y condenar en costas a los recurridos.

TERCERO: Que para resolver la presente acción constitucional, es menester tener en consideración que es un hecho acreditado en los autos que la recurrente efectivamente es dueña de dos inmuebles, colindantes entre sí, de seis y tres hectáreas, cada uno, ubicados en el sector de Caburgua, comuna de Pucón, conforme dan cuenta las inscripciones de dominio que rolan a fojas 279, núm. 551 y fojas 274, núm. 540, ambas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pucón, del año 2021, adquiridas por compraventa celebrada con su anterior propietario don nombre reservado.

Y por otro lado que la parte recurrida nombre reservado, es dueño de un inmueble ubicado en domicilio reservado, cuyo dominio inscrito a fojas 1044 N°775, en Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pucón, correspondiente al año 1991.

CUARTO: Que, ahora bien, la recurrente sostiene que conforme a lo dispuesto por el artículo 850 del Código Civil goza de una servidumbre de tránsito nacida por el solo ministerio de la ley y sin derecho a indemnización alguna, que le permite acceder a la vía pública, toda vez que fue el resultado de sucesivas subdivisiones que muestra que los predios involucrados tienen un origen común, camino que desde el año 1981 ya era utilizado por el anterior propietario don nombre reservado de quien deriva su derecho la recurrente y que en el mes de febrero del presente año fue cerrado por los recurridos, lo cual fue expresamente controvertido por estos últimos quienes alegan una falta de legitimación pasiva al denunciar que el cambio de reja fue realizado por un tercero ajeno al presente proceso; además, que el camino nunca ha servido como vía de acceso para el predio de la recurrente y, finalmente, que no existen antecedentes que muestren el origen en común de los predios.

QUINTO: Que, así las cosas, si el recurrente pretende imputar una conducta contraria a derecho a los recurridos como fuente de afectación de derechos fundamentales debe instar primeramente por la comprobación de los hechos que le sirven de sustento, presupuesto fáctico indispensable para decidir si se debe o no producir la consecuencia jurídica que vincula a la conducta como causa eficiente de la vulneración de las garantías fundamentales denunciadas, ya que es el recurrente quien primero avanza una afirmación, y los supuestos de hecho de aquella afirmación requerirán de prueba.

Se impone aquí el concepto de credibilidad de los hechos que como presupuesto fáctico sustentan el recurso de protección, requiriéndose para ello, - en una apreciación prima facie -, acreditar su verosimilitud o apariencia, proporcionando pruebas que sin ser completas sean suficientes para demostrar la existencia de los hechos.

SEXTO: Que, bajo tales aspectos, y de los antecedentes acompañados a estos autos no es posible, a juicio de esta Corte, vislumbrar la constitución de una servidumbre de tránsito en los términos planteados por la recurrente, al no haberse aportado prueba suficiente como para derivar o efectuar confirmaciones periféricas, pero no completas, en cuanto a que los predios involucrados tienen un origen común, acompañando los antecedentes registrales que así los demuestren, para dar aplicación a los dispuesto en el citado artículo 850. Sin embargo, si existen antecedentes que permiten establecer la existencia de un camino que ha servido de manera libre, espontánea y anónima al uso restringido de los vecinos de la parcelas adyacente al predio de los recurridos, según aparece de las fotografías acompañadas, del informe de Carabineros dispuesto en autos, y del croquis acompañado como prueba los cuales muestran la tolerancia o el permiso de los recurridos para permitir el acceso a otros predios en los términos previstos den el artículo 592 del Código Civil, pudiendo desprenderse del último documento que uno de los predios beneficiados con el camino es el predio sindicado como de propiedad del señor nombre reservado, que la recurrente identifica con don nombre reservado anterior propietario de los predios adquiridos por esta; y, si bien los recurridos indican que la referencia al señor nombre reservado es al hermano nombre reservado, no hay suficientes antecedentes que permitan descarta que la referencia sea al señor nombre reservado, ya que uno de los límites del predio de los recurridos señala que deslinda con la propiedad de nombre reservado de quien la recurrente es su causahabiente a titulo singular. Asi aparece del título de los recurridos de folio 12 y certificado de deslindes acompañado al recurso.

SEPTIMO: Que si las cosas puede decirse que hay antecedentes de un estado de hecho asentado en el tiempo respecto de la existencia de un camino de acceso que por solidaridad social se creó para dar un derecho de paso que haga habitable y explotable los inmuebles encerrados, de manera que la actividad de las recurridas en orden a cerrar el camino, constituye un acto de autotutela, puesto que ha alterado una situación de hecho o estatus quo existente, que había sido tolerado, ya que se hacía uso del camino en forma libre y sin obstáculos, concluyéndose que la instalación de cadenas y candados en el cerco de acceso – tenga o no la calidad de vecinal según registros públicos-, debe ser corregida mediante el acogimiento del recurso de protección deducido, no siendo atendible la alegación de falta de legitimación en orden a que un tercero habría realizado los trabajos, no resulta procedente conforme al mérito de los antecedentes, OCTAVO: Que la autotutela, ha sido definida por nombre reservado J. Couture como “la reacción directa y personal de quien se hace justicia con manos propias”, lo que está reñida con nuestro ordenamiento constitucional y legal, pues la igualdad ante la ley y ante la justicia la excluyen como medio de solución de conflictos. La solución del conflicto por la acción directa de uno de los sujetos involucrados en el, atenta contra el artículo 76 de la Constitución Política de la Republica, que entrega a los Tribunales de Justicia la facultad de conocer las causas civiles, de resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado. Así́ las cosas, quien pretenda poner fin a una relación jurídica o de hecho de la que emanen derechos para alguna de las partes debe necesariamente recurrir al juez competente en demanda de justicia, - ejerciendo la acción declarativa negatoria a fin de demostrar que no le afecta a su predio el gravamen de una servidumbre de tránsito- , quien resolverá́ oyendo a la otra parte y conforme al mérito de las probanzas que se le suministren en un proceso legalmente tramitado.

NOVENO: Que de conformidad con lo narrado, la conducta de las recurridas debe ser calificada como arbitraria por derivar del simple capricho o voluntad inmotivada de los ejecutores del acto, e ilegal por no atenerse a la normativa vigente por la que debe regirse, afectando la garantía contenida en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la Republica, incurriéndose, además, en una conducta contraria a derecho que lesiona el derecho de propiedad que corresponde al recurrente al verse afectado en el acceso a su inmueble, y que garantiza el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la E. Corte Suprema SE ACOGE, SIN COSTAS el recurso de protección deducido por INMOBILIARIA OG SPA, en contra de don nombre reservado y de don nombre reservado.

Redactada por el abogado integrante don Marcelo Eduardo Neculman Muñoz.

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