nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, cinco de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

1°. A folio 1 comparece nombre reservado, periodista, domiciliado en domicilio reservado; quien dice:

Que interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, viuda, domiciliada en domicilio reservado; a fin de que la Ilustrísima Corte de Apelaciones adopte las providencias necesarias para el debido restablecimiento del Imperio del Derecho. En particular, solicita se cautele el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 19, números 1 y 4 de la Constitución Política de la República. Estos derechos se han visto amenazados, perturbados y vulnerados, debido al grave actuar ilegal y arbitrario desplegado por la recurrida de autos, nombre reservado , lo cual se desprende de los antecedentes que expone.

Afirma que desde finales del mes de Mayo de 2023 es víctima de ataques cibernéticos infundados por parte de doña nombre reservado, alias ”nombre reservado”, nombre con el que se identifica en la red social Twitter. A través de la mencionada red social ha difundido información absolutamente falsa sobre su persona. Señala que incluso le ha atribuido hechos constitutivos de delito.

Precisa que los días 30 y 31 de mayo de 2023 la recurrida de autos a través de la red social Twitter, bajo la cuenta “nombre reservado”, comienza una verdadera campaña de incitación al odio en su contra. Le llama “agresor” y “violento”, twitteando acusaciones, exhibiendo pantallazos de fiscalía que están archivadas. Etiqueta instituciones de Educación Superior, que es el campo de trabajo donde ejerce su profesión. En las mismas publicaciones la recurrida sostiene que el recurrente agredía constantemente a su hija, quien fue pareja del recurrente por un año y tres meses. Incluso lo acusa de entrar a su casa por la fuerza, acusando a la Fiscalía del Ministerio Público de tener la causa archivada y representándose la posibilidad que el recurrente tendría de matar a su hija.

Explica que este twitteo tuvo un alcance de 2.170 visualizaciones el día 30 de Mayo con 93 retweets, 44 me gusta y una cita, a las 12:42 horas del referido día. Todo esto unido a que su ex pareja también vierte acusaciones públicas del mismo tenor contra su persona.

Informa que todo esto le ha provocado un descalabro emocional y económico, al punto que actualmente se encuentra en tratamiento sicológico para enfrentar esta situación de estrés. Afirma que basta solo un par de publicaciones para provocar un perjuicio moral y económico. En efecto, con su actuar la recurrida ha provocado que en los trabajos a los que ha postulado le han hecho saber que no pueden contratarlo porque los posteos lo muestran como conflictivo” y no pueden arriesgarse a contratar a alguien con esas características. Concluye que, de esta manera, se le han cerrado oportunidades laborales. De este modo, la Sra. nombre reservado lo ha colocado en una situación económicamente difícil. Agrega que tiene un doctorado y, pese a ello, los efectos de las publicaciones le han perjudicado laboralmente.

Sostiene que las publicaciones insidiosas realizadas por la recurrida hacia su persona, provocaron que muchas personas se contactaran con él y con su familia, algunos lamentablemente con la finalidad de destrozar su imagen con las consecuencias nefastas que esto trae consigo.

Estima que lo realizado por la recurrida representa un abierto abuso a la libertad de expresión, utilizando irresponsable y dolosamente antecedentes falsos o desvirtuados, para llevar a las personas que lo conocen y a futuros empleadores a un errado juicio de la realidad. Estas imputaciones directas, que se presentan como arbitrarias e ilegales por parte de la Señora nombre reservado involucran tanto a su persona como a su núcleo familiar y laboral.

Agrega que la autotutela en la que ha incurrido la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario que ha lesionado sus derechos fundamentales a la honra, a la vida privada y a la integridad psíquica.

Por último, durante la vista de la causa el representante del recurrente informó que existe una causa penal, pero esta fue iniciada por el recurrente contra la hija de la recurrida. Además, esta última se contactó con Universidades para que no lo contrataran. Todo esto ha provocado un perjuicio emocional al recurrente y constituye un acto de autotutela.

Por las razones precedentemente expuestas, queda de manifiesto que la publicación en Twitter que realizó la Sra. nombre reservado tiene un carácter abusivo y que ha resultado lesiva para los derechos a la honra, a la intimidad y la privacidad del recurrente, que, como consecuencia de dicho actuar, ha sido sometido al escarnio público y ha sufrido descalificaciones de variada índole, constituyendo una verdadera pena infamante aplicada por quien no es un órgano jurisdiccional.

Concluye solicitando se tenga por interpuesto el presente recurso de protección en contra de doña nombre reservado , ya individualizada, acogerlo a tramitación, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección en el ejercicio de su legítimo derecho constitucional, y en definitiva se disponga:

1. La eliminación de todo tipo de registro de las plataformas digitales de la recurrida, en las cuales haga referencia a la persona del accionante de protección.

2. Rectificar la información entregada por la recurrida, con las correspondientes disculpas públicas hacia el accionante de protección a través de la cuenta de Twitter 3. Todo lo anterior con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación pantallazos de las publicaciones denunciadas, entre otros documentos que detalla.

2°. A folio 52, consta notificación personal de la recurrida.

3°. A folio 56, se prescinde del informe de la recurrida, por no haberse evacuado.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Acto u omisión ilegal o arbitrario, derechos vulnerados y pretensión del accionante. De acuerdo con lo señalado en lo expositivo de la presente sentencia, la acción que se considera ilegal o arbitraria consiste en la inclusión, en la red social Twitter de la recurrida, de publicaciones ofensivas por parte de esta última hacia el recurrente. Estas publicaciones han incluido las expresiones “agresor” y “violento”. También se le imputan constantes agresiones del recurrente hacia la hija de la recurrida. Además, acusa al accionante de protección de entrar a su casa por la fuerza. Por último, en las mismas publicaciones señala la posibilidad que el recurrente tendría de matar a su hija.

Los hechos denunciados constituyen, a juicio del accionante, una vulneración de diversos derechos fundamentales. En particular, el conferido en el artículo 19, número 1, inciso primero, en lo relativo al derecho a la integridad psíquica. Y, además, el otorgado por el artículo 19, número 4, en lo relativo al derecho a la honra de la persona y su familia, y a la vida privada.

A partir de tales alegaciones solicita de esta Ilustrísima Corte que decrete la eliminación de todo el contenido difamatorio publicado en la cuenta de Twitter de la recurrida, y que se le pidan disculpas públicas, con expresa condena en costas.

SEGÚNDO: Alegaciones de la recurrida. La recurrida no evacuó el informe solicitado por esta Ilustrísima Corte.

TERCERO: Problema sometido a la decisión de la Corte. De acuerdo con lo expuesto en los considerandos precedentes, el problema que debe resolver esta Ilustrísima Corte consiste en dilucidar si la conducta de la recurrida reúne los requisitos que hacen procedente acoger la acción de protección deducida.

CUARTO: Procedencia de la acción de protección. La acción constitucional de protección se encuentra prevista en el artículo 20 de la Constitución. Esta acción puede ser interpuesta por cualquier individuo, por sí o por un tercero a su nombre.

Los requisitos de procedencia de esta acción cautelar, expresados en el mencionado artículo 20, son los siguientes:

1) Que exista una conducta, la que puede consistir en una acción o en una omisión.

2) Que la conducta sea ilegal o arbitraria, esto es, contraria al ordenamiento legislado o que sea consecuencia del mero capricho, o que carezca de razonabilidad, lógica o proporcionalidad.

3) Que la conducta lesione, mediante privación, perturbación o amenaza, el legítimo ejercicio de derechos fundamentales incluidos en el artículo 20 de la Constitución.

Para que la Corte pueda acoger la acción de protección deducida es necesario que se cumplan cada uno de los señalados requisitos.

QUINTO: Acción u omisión. Una acción es “un movimiento corporal voluntario” (nombre reservado (2003): Introducción al análisis del Derecho, Ariel Derecho, Barcelona, undécima edición, p. 181).

En el presente caso no existen dudas que la recurrida ha desplegado una acción. Esa acción ha consistido en la inclusión, en la red social Twitter de la recurrida, de publicaciones ofensivas por parte de esta última hacia el recurrente. Estas publicaciones han incluido las expresiones “agresor” y “violento”. También ha atribuido constantes agresiones del recurrente hacia la hija de la recurrida. Además, acusa al accionante de protección de entrar a su casa por la fuerza. Por último, en las mismas publicaciones señala la posibilidad que el recurrente tendría de matar a su hija.

SEXTO: Ilegalidad o arbitrariedad. Una conducta es ilegal si resulta contraria al ordenamiento jurídico. La autotutela constituye una conducta contraria al ordenamiento jurídico, salvo en los excepcionales casos en que existe habilitación normativa para emplearla. Por tanto, si no existe habilitación normativa para emplearla, la autotutela es una conducta ilegal.

Siguiendo a Jordi Delgado, nombre reservado y nombre reservado, La autotutela autodefensa o autoayuda “ha sido bien definida como un medio de solución del conflicto directo y unilateral mediante el que una parte no acepta subordinar su interés propio al ajeno y hace uso de la fuerza, en atención a que la espera de la solución mediante el proceso significaría la aceptación de un daño que teme se pueda dar” (Jordi Delgado Castro, nombre reservado y nombre reservado (2017): “Autotutela, solución adecuada del conflicto y repossession: revisión y propuesta”, en Revista de Derecho (UC del Norte), año 24, N° 2, p. 269). El uso de la fuerza es, por tanto, uno de los elementos esenciales de la autotutela.

Como precisan los mismos autores, el “uso de la fuerza es un concepto relativamente difuso puesto que puede ser violencia puramente física, o también una coacción o amenaza seria y suficiente como para limitar la autodeterminación del sujeto pasivo. Además, puede usarse por quien quiere ser beneficiado directamente o, también, por un tercero, como en el caso del soldado en la guerra” (Jordi Delgado Castro, nombre reservado y nombre reservado (2017): “Autotutela, solución adecuada del conflicto y repossession: revisión y propuesta”, en Revista de Derecho (UC del Norte), año 24, N° 2, p. 273). El uso de la fuerza puede no ser solo física, sino también verbal, en cuanto tenga capacidad para generar un daño en el afectado.

La general proscripción de la autotutela se justifica en la necesidad de mantener la paz social y evitar la venganza. Siguiendo a los autores ya citados, “la autotutela puede conllevar graves consecuencias porque en una sociedad existen muchos sujetos que no están en condiciones de defenderse a sí mismos y, por otra parte, porque en el desarrollo de la autodefensa muchas son las ocasiones en que la fuerza excede lo necesario y genera más tensión para el futuro” ((Jordi Delgado Castro, nombre reservado y nombre reservado (2017): “Autotutela, solución adecuada del conflicto y repossession: revisión y propuesta”, en Revista de Derecho (UC del Norte), año 24, N° 2, p. 271)).

En el presente caso la recurrida ha incurrido en una conducta de autotutela. En efecto, de manera unilateral ha ejercido una acción de fuerza verbal para solucionar un conflicto, en lugar de utilizar la vía procesal que al efecto le provee el ordenamiento jurídico. Además, no existe norma que la habilite para ejercer esta acción de autotutela en el presente caso. Por todo ello, resulta posible sostener que la conducta desplegada es ilegal.

SÉPTIMO: Lesión de derechos fundamentales tutelados. El recurrente alega vulnerado sus derechos fundamentales a la integridad psíquica, a la honra y a la vida privada.

Según se ha expresado en otra decisión de esta misma Corte (sentencia recaída en la causa rol 13.923-2023, de fecha 22 de marzo de 2024), en todo derecho fundamental es posible distinguir un objeto protegido y un contenido. El objeto protegido alude al bien, interés o valor jurídicamente relevante, que se desea tutelar. El contenido, por su parte, se refiere al conjunto de mandatos, prohibiciones, permisiones y derechos incluidos en el derecho fundamental.

El objeto protegido por el derecho fundamental a la honra es, precisamente, la honra. El Tribunal Constitucional ha sostenido que la honra alude a la “reputación”, al “prestigio” o el “buen nombre” de todas las personas frente a terceros. En consecuencia, tiene un significado objetivo. Ha precisado, además, que se trata de un derecho estrechamente vinculado con la dignidad humana y con la integridad síquica de la persona, pues un atentado contra la honra afecta el respeto y consideración que merece toda persona, y puede afectar también severamente su integridad emocional. Por último, el Tribunal expresa que, aunque puede tener una significación económica, como en el caso de la honra de un comerciante, la honra es ante todo parte del patrimonio moral del sujeto (Tribunal Constitucional, sentencia recaída en la causa rol 943-07 INA, de 10 de julio de 2008, considerando vigésimo quinto).

En cuanto al contenido del derecho fundamental a la honra, en este momento debe ser destacada la prohibición dirigida al Estado y a los particulares de injuriar al titular de ese derecho fundamental. La injuria, definida en el artículo 416 del Código Penal, consiste en toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona. Tal definición es adecuada a efectos constitucionales.

Pues bien, la recurrida ha afectado la honra del recurrente. En efecto, ha lesionado su reputación o prestigio frente a terceros. Además, ha infringido una de las prohibiciones que forman parte del contenido del respectivo derecho fundamental, consistente en la prohibición de injuriar. Por último, el derecho fundamental a la honra es uno de los derechos tutelados por el artículo 20 de la Constitución. En consecuencia, la recurrida ha vulnerado un derecho fundamental resguardado por la acción de protección.

Lo dicho permite concluir que en el caso se reúnen todos los requisitos que hacen procedente acoger la acción de protección deducida en esta causa, y así se dirá en lo resolutivo.

Según se indica en lo expositivo, la alegada vulneración al derecho fundamental a la integridad psíquica deviene como consecuencia de un posible atentado al derecho fundamental a la honra. Por tanto, se subsume en el análisis que se hizo de este último.

La alegada vulneración al derecho fundamental a la vida privada no resulta pertinente al presente caso. Esto se debe a que el recurrente sostuvo que el contenido de las publicaciones es falso, lo que no fue controvertido por la recurrida. Por tanto, se omitirá pronunciamiento sobre dicho extremo.

OCTAVO: Petición de disculpas públicas. Esta Corte estima que lo peticionado en el recurso de protección, en orden a que la recurrida pida disculpas de sus publicaciones, excede del marco de un recurso de protección, por lo que será rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE DECLARA:

Que SE ACOGE la acción de protección deducida en esta causa por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado, ambos ya individualizados, y, en consecuencia, SE ORDENA:

I. Que la recurrida deberá eliminar todas las publicaciones efectuadas en las cuentas que tiene en Twitter y que han sido denunciadas mediante la acción de protección deducida en esta causa, dentro del plazo de cinco días corridos, contados desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

II. Que se condena en costas, avaluadas en $200.000, a la recurrida.

Redacción del fallo por el abogado integrante Sr. Luis Iván Díaz García.

N°Protección-8602-2023. (cwm)