nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, siete de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

A folio 1, con fecha 23 de junio de 2023, comparece CARLOS GUSTAVO MUÑOZ SANHUEZA, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, de Temuco, en representación de nombre reservado, desempleado, domiciliado en domicilio reservado, de Temuco, interponiendo Recurso de Protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL persona jurídica de derecho público, representada legalmente por nombre reservado, o quien sus derechos represente, ambos con domicilio en domicilio reservado, de Santiago, fundado en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Señala que su representado es un trabajador actualmente cesante, con licencia médica desde hace más de dos años, producto de un accidente de tránsito que lo dejó con secuelas de carácter permanente que no han podido ser rehabilitadas y que producto de lo anterior, con fecha 12 de Agosto de 2022, inició trámite de solicitud de pensión de invalidez, en AFP Próvida, a raíz de lo cual se inició el correspondiente proceso de calificación de su invalidez siendo por ello derivado a la Comisión Médica de esta Región, la que con fecha 07 de Diciembre de 2022, emitió el dictamen N°011.8020/2022, cuya copia acompaña, en el cual se determinó que su incapacidad o menoscabo de trabajo, asciende a 58%, siendo por ende procedente otorgarle una pensión de invalidez de carácter parcial y transitoria.

En atención a que la Compañía de Seguros apeló de dicho dictamen, su representado hizo lo propio con fecha 09 de enero de 2023, conforme consta de copia de documento que acompaña, apelaciones que aún se encuentran en trámite por lo que el dictamen no está ejecutoriado.

En atención a que diversas licencias médicas le han sido rechazadas tanto por el COMPIN de la Región, como así también sus apelaciones ante la SUSESO no han sido acogidos, es que solicitó las respectivas reconsideraciones de las licencias médicas que a continuación se señalan, conforme consta de las solicitudes que también acompaña:

Reconsideración de fecha 15 de febrero de 2023, respecto de las licencias médicas N° RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°67358517-5, N°66986712-3, N°RUT reservado, y N°64218222-6.

Reconsideración de fecha 03 de abril de 2023 respecto de la licencia N°83307858-5.

Agrega que después de un largo peregrinar, en condiciones médicas que casi le impiden caminar, debe desplazarse con bastones, con fecha 01 de junio de 2023, mediante correo electrónico, cuya copia acompaña, la SUSESO le remite copia de tres resoluciones que se pronuncian solamente sobre los reclamos relativos a tres licencias médicas, reiterando el rechazo en base a los aparentes fundamentos que en dichas resoluciones se señalan, a saber:

Oficio R- 213256-2022, Resolución exenta N° R-01-IBS-59374-2023, de fecha 03/05/2023, en la cual se le comunica el rechazo de su licencia médica N°RUT reservado, basado el rechazo en que existe un dictamen ejecutoriado de pensión de invalidez de fecha 25 de marzo de 2021, con un menoscabo de 53%.

Oficio R- 207668-2022, Resolución exenta N° R-01-IBS-59440-2023, de fecha 03/05/2023, en la cual se le comunica el rechazo de su licencia médica N°64218222-6, basado el rechazo en que existe un dictamen ejecutoriado de pensión de invalidez de fecha 25 de marzo de 2021, con un menoscabo de 53%.

Oficio R- 213251-2022, Resolución exenta N° R-01-IBS-59448-2023, de fecha 03/05/2023, en la cual se le comunica el rechazo de su licencia médica N°67358517-5, basado el rechazo en que es un reposo injustificado sin antecedentes médicos que justifiquen su autorización.

Sostiene que las resoluciones que por este acto se impugnan, contenidas en las resoluciones ya dichas, es un acto administrativo arbitrario e ilegal, toda vez que los actos administrativos deben ser fundados y racionales, adoleciendo las resoluciones ya señaladas, y los dictámenes ya individualizados de error y falta de auténtica motivación, los dos primeros porque resulta evidente que el fundamento utilizado, esto es “ por encontrase el recurrente con dictamen de pensión de invalidez ejecutoriado, lo que no es efectivo, conforme antes se señala, toda vez que la fecha y el porcentaje de menoscabo no son las que corresponden al tenor del dictamen que acompaña el cual no está ejecutoriado.

En cuanto a la tercera resolución tampoco resulta plausible el fundamento del rechazo, habida consideración que su fecha de otorgamiento es posterior a las dos ya señaladas.

Agrega que del contenido de las normas que cita, resulta evidente que el acto administrativo de rechazo de las licencias médicas de su representado es abiertamente arbitrario e ilegal:

a) El artículo 3° de la ley 19880 sobre procedimiento administrativos señala que se entiende por acto administrativo “Las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del estado, en las cuales contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. A su vez, el artículo 18 del mismo cuerpo legal señala que el procedimiento administrativo “es una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene la finalidad de producir un acto administrativo terminal b) A su vez, el artículo 40 de la ley 19880, le impone a la resolución final que “las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresaran, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieren de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

c) Por su parte el artículo 16 del DS N°3/1984 del Ministerio de Salud expresa que la Compin o la Isapre al momento de rechazar una determinada licencia médica debe dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar tal medida.

Sostiene que el acto recurrido es ilegal por cuanto vulnera e infringe las normas antes señaladas, es infundado tanto desde el punto de vista médico como jurídico, siendo además arbitrario y erróneo, por cuanto no ha sido dictado con criterios que deben estimarse como racionales de acuerdo a los hechos.

El acto recurrido infringe y conculca, además, la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política del Estado, vulnera también el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, dice directa relación con su patrimonio que se ha visto mermado por la decisión de la Compin que le impide acceder al subsidio por enfermedad. Infringe también el derecho al debido proceso establecido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política.

Por último, hace presente que la recurrida, no ha dado respuesta a las otras reclamaciones de licencias médicas antes individualizadas, razón por la cual viene en solicitar que ellas también sean parte de este recurso y sean consideradas en la decisión de este Ilustrísimo Tribunal, en razón de lo arbitrario erróneo e ilegal de los fundamentos esgrimidos por SUSESO, así como por el hecho de la precaria situación médica y financiera de su representado.

Solicita se sirva tener por interpuesto, en la representación ya señalada, recurso de protección en contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada por nombre reservado, declararlo admisible y en definitiva acogerlo en todas sus partes declarando como arbitrarias e ilegales las resoluciones que rechazaron las licencias ya señaladas, así como también el dictamen que no acogió los recursos de reconsideración, dejando sin efecto dichas resoluciones ordenando que todas las licencias ya señaladas deben ser aceptadas y tramitadas, ordenándose el pago de los respectivos subsidios por incapacidad laboral, hasta el día en que el dictamen de la Comisión Médica de AFP, de calificación de Invalidez de su representado se encuentre firme y ejecutoriado, restableciendo de esa manera el imperio del derecho, todo con expresa condenación en costas.- Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de escritura pública de mandato judicial, con firma electrónica avanzada, 2.- Dictamen de Invalidez Comisión Medica AFP N° 011.8020/2022, de fecha 07 de diciembre de 2023; 3.- Apelación dictamen; 4.- Dos cartas reconsideración licencias SUSESO; 5.- Correo notificación dictámenes reconsideración; 6.- Resolución exenta R-01-IBS-59374-2023, SUSESO; 7.- Resolución exenta R-01-IBS-59440-2023, SUSESO; 8.- Resolución exenta R-01-IBS-59448-2023, SUSESO.

A folio 8 informa la Dra. nombre reservado, PRESIDENTA COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE TEMUCO, señalando que el tenor del recurso evidencia que dicha acción de protección está dirigida contra la Superintendencia de Seguridad Social, debido a su resolución de rechazar algunas licencias médicas y el beneficio pecuniario asociado a ellas, presentadas por el recurrente. En esta materia, las Comisiones Médicas Regionales y Comisión Médica Central, creadas por el D.L. N°3.500 de 1980, carecen de competencia para emitir pronunciamiento sobre la materia objeto de reclamo, correspondiendo tales atribuciones, precisamente, a la recurrida de autos.

En efecto, la función que el citado decreto ley ha conferido a las Comisiones Médicas Regionales y a la Comisión Médica Central consiste exclusivamente en evaluar y calificar el grado de invalidez de los trabajadores afiliados al sistema de pensiones de capitalización individual, para efectos de acceder a pensión de invalidez, beneficio previsional establecido por dicho cuerpo legal.

De esta manera, no resulta atingente vincular los procesos de calificación de invalidez para fundamentar el otorgamiento y rechazo de licencias médicas, puesto que son instituciones diferentes, con regulaciones distintas, consecuencias diferentes, supervisores y fiscalizadores distintos, como son la Superintendencia de Pensiones (pensión de invalidez) y la Superintendencia de Seguridad Social (licencias médicas).

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Médica Regional informa que el señor nombre reservado registra dos procesos de evaluación y calificación de invalidez:

El recurrente, presentó la primera solicitud de pensión de invalidez el 18 de julio de 2019, alegando como principal enfermedad invalidante secuelas por una operación del túnel carpiano. La evaluación y calificación de invalidez del afiliado, correspondió a la Comisión Médica Regional de Temuco.

Mediante Dictamen de Invalidez N°011.4989/2019, la Comisión Médica Regional acordó declarar la invalidez parcial transitoria a favor del recurrente, representada por la pérdida de un 53% de su capacidad de trabajo. El citado Dictamen fue objeto de reclamo por las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia y mediante Dictamen C.M.C.A. N°936/2021, la Comisión Médica Central Ampliada acordó revocar el Dictamen de Invalidez de la Comisión Médica Regional, toda vez que dicha Comisión Médica Central Ampliada determinó que la patología invalidante es de origen laboral, tal Dictamen fue dictado el 10 de marzo del año 2021, el cual adquirió el carácter de ejecutoriada con fecha 25 de marzo del mismo año.

Que, en virtud de aquella resolución no procede otorgar pensión de invalidez, en conformidad al decreto ley 3500, de 1980, en atención a que el artículo 12 del mismo cuerpo normativo establece la incompatibilidad legal entre ambos beneficios.

Posteriormente el 12 de agosto del año 2022, el recurrente nuevamente presentó solicitud de pensión de invalidez común, alegando como patología invalidante secuelas por una operación del túnel carpiano, solicitud que fue acogida mediante Dictamen de Invalidez N°011.8020/2022, de fecha 07 de diciembre del año 2022, considerando que la afección invocada le provoca un 58% de menoscabo laboral. Sin embargo, dicho dictamen fue nuevamente impugnado por las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia, alegando que el origen de la patología es de origen laboral, por lo que en conformidad al artículo 11, inciso noveno del decreto ley N°3500, de 1980, actualmente se encuentra conociendo la Comisión Medica Central Ampliada, estando, por lo tanto, en tramitación la solicitud de pensión de invalidez.

Sin perjuicio de lo señalado precisa que tanto el derecho a pensión de invalidez de los afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, como el procedimiento de evaluación y calificación de invalidez se encuentran regulados por el D.L. N°3.500 de 1980; su Reglamento, contenido en el D.S. N°57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; las normas e instrucciones impartidas por esta Superintendencia, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; y las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4° del D.L. N°3.500 de 1980, desde el punto de vista médico, el derecho a pensión de invalidez de naturaleza común de los trabajadores afiliados al Sistema está condicionado al hecho que presenten o sufran un menoscabo laboral permanente de a lo menos un cincuenta por ciento, para invalidez parcial y, mayor de dos tercios para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas e intelectuales, siempre y cuando sean de origen común, es decir, no de origen laboral o profesional.

Este mismo precepto dispone que las Comisiones Médicas a que se refiere su artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar los requisitos del inciso primero – antes citados – y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda.

A su turno, el citado artículo 11 establece que la invalidez será calificada en conformidad con las “Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones”, según lo señale el reglamento, por una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada Región, designados por el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendente de Pensiones.

Del mismo modo, el inciso quinto de este artículo prescribe que los dictámenes que emitan las Comisiones Médicas Regionales serán reclamables mediante solicitud fundada, por el solicitante afectado, por el Instituto de Previsión Social y por las Compañías de Seguros que se adjudiquen la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro, ante la Comisión Médica Central, la que estará integrada por tres médicos cirujanos designados por el Superintendente en igual forma que los de las Comisiones Médicas Regionales y conocerá del reclamo sin forma de juicio, ateniéndose al procedimiento que se detalla.

Seguidamente, el inciso noveno y siguientes del artículo 11 del D.L. N°3.500 de 1980, establece lo siguiente: “Si la reclamación se fundare en que la invalidez ya declarada proviene de accidente del trabajo o enfermedad profesional, la Comisión Médica Central se integrará además con un médico cirujano designado por la Superintendencia de Seguridad Social, quien la presidirá. En caso de empate, el presidente tendrá la facultad de dirimir respecto de la invalidez. En estos reclamos, integrará la Comisión, sólo con derecho a voz, un abogado designado por dicha Superintendencia, quien informará de acuerdo con los antecedentes del caso, pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a voz, un abogado designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta lo requiera. Además, los organismos administradores de la ley Nº16.744 a que estuviere afecto el afiliado podrán designar un médico cirujano para que asista como observador a las sesiones respectivas. En estos casos, para resolver acerca del origen de la invalidez, la Comisión deberá solicitar antecedentes e informes a los respectivos organismos administradores, los que deberán remitirlos dentro del plazo de diez días.

La Comisión Médica Central podrá solicitar al empleador los antecedentes y las informaciones que sean necesarios para la calificación del origen de la invalidez.

El empleador que injustificadamente no proporcionare la información a que se refiere el inciso anterior en el plazo de quince días hábiles, contado desde la certificación del despacho por correo de la carta certificada que la solicite, será sancionado con una multa a beneficio fiscal, aplicada por la Dirección del Trabajo, de dos a diez unidades de fomento, la que se duplicará hasta obtener su cumplimiento. Esta multa será reclamable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 448 del Código del Trabajo.

Una vez resuelta la reclamación a que se refiere el inciso noveno, el dictamen deberá ser notificado al afiliado, a la Administradora a que se encuentre afiliado, a la compañía de seguros pertinente y a la entidad a la que de acuerdo con la ley Nº16.744 le pudiere corresponder el pago de la respectiva prestación por invalidez profesional. Desde la fecha en que fuere notificada, la Administradora deberá iniciar el pago de la pensión a que hubiere lugar, si el reclamo es rechazado, o la pensión básica solidaria de invalidez, si el reclamo es acogido. En ambos casos, en contra de lo resuelto por la Comisión Médica Central podrá presentarse un reclamo fundado por las personas o entidades notificadas, dentro del plazo de quince días corridos, ante la Superintendencia de Seguridad Social, a fin de que se pronuncie, en definitiva, acerca de si la invalidez es de origen profesional. La interposición del reclamo no suspenderá el inicio del pago de la pensión en la forma señalada en este inciso.

Si en definitiva se resuelve que la invalidez proviene de enfermedad profesional o accidente del trabajo, la Administradora cesará en el pago de la pensión que estuviere efectuando al quedar ejecutoriada la resolución que fije el grado de incapacidad profesional y tendrá derecho a que la entidad que deba pagar la correspondiente prestación de acuerdo con la ley Nº16.744 le restituya lo pagado al afiliado desde la fecha del dictamen de la Comisión Médica Central y desde esa misma fecha, la entidad aludida pagará al afiliado las prestaciones que le correspondan de acuerdo con la citada ley.

Si, por el contrario, la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social declara que la invalidez no es de origen profesional, la Administradora continuará pagando la pensión en los términos establecidos en esta ley y si hubiere estado pagando una pensión básica solidaria de invalidez, efectuará la reliquidación correspondiente.”. Luego, como se anticipó, el inciso primero del artículo 12 del D.L. N°3.500 de 1980, establece la incompatibilidad de beneficios entre las pensiones de invalidez común y las de la Ley N°16.744, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 12.- Las pensiones de invalidez y sobrevivencia que se establecen en este cuerpo legal no comprenden las causadas y reguladas de acuerdo a la Ley Nº16.744, al decreto con fuerza de ley Nº338, de 1960, o a cualesquiera otras disposiciones legales que contemplen la protección contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y serán incompatibles con éstas.”. Esto significa que los afiliados al Sistema de pensiones del D.L. N°3.500 de 1980, que se pensiones por invalidez de origen laboral, no puede obtener pensión de invalidez de origen común, debido a la citada incompatibilidad de beneficios, de modo que podrá pensionarse por vejez en el Sistema de Pensiones de capitalización individual, razón por la cual las pensiones de invalidez de origen laboral están sujetas a descuento para cotizaciones previsionales del 10%, para el financiamiento de las pensiones de vejez. La disposición establecida en el inciso primero del artículo 12, debe ser concordada con lo prescrito por los artículos 86 y 87, todos del D.L. N°3.500 de 1980, que reproduce.

A folio 21 informa la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, haciendo igualmente presente que la acción de protección está dirigida contra la Superintendencia de Seguridad Social, debido a su resolución de rechazar algunas licencias médicas y el beneficio pecuniario asociado a ellas, presentadas por el recurrente. En esta materia, las Comisiones Médicas Regionales y Comisión Médica Central, creadas por el D.L. N°3.500 de 1980, como el Organismo Fiscalizador que informa, carecen de competencia para emitir pronunciamiento sobre la materia objeto de reclamo, correspondiendo tales atribuciones, precisamente, a la recurrida de autos.

En efecto, la función que el citado decreto ley ha conferido a las Comisiones Médicas Regionales y a la Comisión Médica Central consiste exclusivamente en evaluar y calificar el grado de invalidez de los trabajadores afiliados al sistema de pensiones de capitalización individual, para efectos de acceder a pensión de invalidez, beneficio previsional establecido por dicho cuerpo legal.

De esta manera, no resulta atingente vincular los procesos de calificación de invalidez para fundamentar el otorgamiento y rechazo de licencias médicas, puesto que son instituciones diferentes, con regulaciones distintas, consecuencias diferentes, supervisores y fiscalizadores distintos, como son la Superintendencia de Pensiones (pensión de invalidez) y la Superintendencia de Seguridad Social (licencias médicas).

Seguidamente, es necesario precisar que las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central fueron creadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del DL N°3.500 de 1980, para efectos de lo establecido por el artículo 4° del mismo cuerpo legal, es decir, para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al sistema de pensiones de capitalización individual. La primera, tiene por función la evaluación y calificación propiamente tal; y la segunda, es la instancia de reclamo para las partes en contra de los dictámenes de invalidez que emiten las Comisiones Médicas Regionales.

En este sentido, cabe señalar que tales Comisiones Médicas no dependen de la Superintendencia de Pensiones ni forman parte de su estructura orgánica para efectos de emitir sus pronunciamientos. Más aún, por expresa disposición del artículo 18 del reglamento del D.L. N°3.500 (contenido en el D.S. N°57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) estas Comisiones Médicas gozan de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración.

Del mismo modo, el inciso tercero del artículo 19 del citado Reglamento prescribe que la Superintendencia tendrá la supervigilancia administrativa de estas Comisiones e impartirá las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez.

Si bien por expresa disposición del inciso tercero del artículo 11 del D.L. N°3.500, la Superintendencia de Pensiones debe designar por intermedio de concurso público, la contratación de los médicos integrantes de las referidas Comisiones Médicas, la norma que reglamenta esa disposición es el artículo 20 del D.S. N°57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que prescribe que debe hacerlo sobre la base de honorarios y no serán funcionarios dependientes de aquélla.

En este punto, basta señalar que las facultades de la Superintendencia de Pensiones - potestades de derecho estricto - se encuentran contenidas en los artículos 94 del DL N°3.500, de 1980; 3° del DFL N°101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y 47 de la ley 20.255, catálogos de atribuciones que en ninguna parte conceden a la Superintendencia de Pensiones la prerrogativa de representar a la Comisión Médica Central, mucho menos de ejercer atribuciones resolutivas de los reclamos interpuestos por las partes en contra de los dictámenes de invalidez que emiten las Comisiones Médicas.

Como se ha señalado, este Servicio solo actúa como un ente fiscalizador, pero no tiene facultades para intervenir en los procesos de evaluación y calificación de invalidez, conforme con la norma que regla la materia, ejerciendo sobre las Comisiones Medicas Regionales y Central la supervigilancia administrativa y el deber de impartirles las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez, pero no puede intervenir en el proceso de calificación de invalidez.

Ahora bien, precisamente en relación con las solicitudes de pensión y calificación de invalidez que ha presentado el actor, conforme al D.L. N°3.500, de 1980, señala que se solicitó informe a la Comisión Médica Regional con sede en Temuco y, ésta cumplió lo ordenado mediante Oficio Ordinario N°0089/2023, de 17 de agosto de 2023, informando sobre la materia de su competencia, en el sentido que el recurrente presentó la primera solicitud de pensión de invalidez el 18 de julio de 2019, alegando como principal enfermedad invalidante secuelas por una operación del túnel carpiano. La evaluación y calificación de invalidez del afiliado, correspondió a la referida Comisión Médica Regional.

Mediante Dictamen de Invalidez N°011.4989/2019, dicho órgano administrativo técnico acordó declarar la invalidez parcial transitoria a favor del recurrente, representada por la pérdida de un 53% de su capacidad de trabajo. El citado Dictamen fue objeto de reclamo por las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia y mediante Dictamen C.M.C.A. N°936/2021, la Comisión Médica Central Ampliada acordó revocar el Dictamen de Invalidez de esta Comisión Médica Regional, toda vez que dicha Comisión Médica Central Ampliada determinó que la patología invalidante es de origen laboral, tal Dictamen fue dictado el 10 de marzo del año 2021, el cual adquirió el carácter de ejecutoriada con fecha 25 de marzo del mismo año.

Posteriormente, el 12 de agosto del año 2022, el recurrente nuevamente presentó solicitud de pensión de invalidez común, alegando como patología invalidante secuelas por una operación del túnel carpiano, solicitud que fue acogida mediante Dictamen de Invalidez N°011.8020/2022, de fecha 07 de diciembre del año 2022, considerando que la afección invocada le provoca un 58% de menoscabo laboral. Sin embargo, dicho dictamen fue nuevamente impugnado por las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia, alegando que el origen de la patología es de origen laboral. Por esa razón, la Comisión Médica Central se constituyó en forma Ampliada, en virtud de lo dispuesto por el inciso noveno del artículo 11 del D.L. N°3.500 de 1980.

A la fecha del informe de la Comisión Médica Regional de Temuco se encontraba pendiente de resolución el reclamo de las aseguradoras ante la Comisión Médica Central Ampliada.

Sin embargo, a la data del presente informe es posible complementar dicha información manifestando que mediante Resolución CMCA N°10071-2023, de 18 de agosto de 2023, la Superintendencia de Pensiones acordó someter a tramitación los reclamos; revocar el Dictamen de Invalidez N°011.08.2022, de 11 de agosto de 2022; y resolver que no procede otorgar invalidez por incompatibilidad legal de beneficios. La citada resolución fue despachada a las partes mediante carta certificada el 31 de agosto de 2023, entendiéndose notificada el 4 de septiembre de 2023 y, el 12 de septiembre último, el afiliado recurrente interpuso un recurso de reposición administrativo, en contra de lo resuelto, ante la referida Comisión Médica Central Ampliada, el cual se encuentra en trámite.

La decisión de la Comisión Médica Central Ampliada tiene por fundamento el informe N°080/2023, de 10 de agosto de 2023, emitido por el Departamento Contencioso Administrativo de la Superintendencia de Seguridad Social, que señala que el 22 de enero de 2021, mediante Dictamen CMCA N°936/2021, se revocó el Dictamen N°011.4989.2019, de la Comisión Médica Temuco, del 16 de octubre de 2019, resolviendo que no procedía otorgar invalidez, por incompatibilidad legal de beneficios. Consideró la Superintendencia de Seguridad Social que, atendido que el informe del año 2021 se fundó en las referencias de médico interconsultor y en la declaración del propio afiliado, en esta oportunidad requirió información actualizada acerca de la evaluación de incapacidad por accidente laboral.

Al respecto, el Departamento de Tecnología y Operaciones de la Superintendencia de Seguridad Social, el 10 de agosto de 2023, informó que el trabajador, Sr. nombre reservado, RUT RUT reservado, efectivamente tiene una pensión de invalidez de la Ley N°16.744 vigente, con fecha de inicio de pensión el 1 de noviembre de 2001; fecha de emisión de la resolución, el 10 de abril de 1997, cuyo beneficio lo paga la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, cuyo Grado de incapacidad es de 40%, y el último pago informado por la Mutual es de junio de 2023.

Así, concluyó la Comisión Médica Central Ampliada que, existiendo una pensión vigente por la Ley N°16.744, de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, no es posible someter a evaluación otras patologías invocadas por el afiliado como invalidantes, dado que se produce la incompatibilidad legal de beneficios, establecida en el artículo 12 del D.L. 3.500, de 1980.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4° del D.L. N°3.500 de 1980, desde el punto de vista médico, el derecho a pensión de invalidez de naturaleza común de los trabajadores afiliados al Sistema está condicionado al hecho que presenten o sufran un menoscabo laboral permanente de a lo menos un cincuenta por ciento, para invalidez parcial y, mayor de dos tercios para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas e intelectuales, siempre y cuando sean de origen común, es decir, no de origen laboral o profesional.

Este mismo precepto dispone que las Comisiones Médicas a que se refiere su artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar los requisitos del inciso primero – antes citados – y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda.

A su turno, el citado artículo 11 establece que la invalidez será calificada en conformidad con las “Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones”, según lo señale el reglamento, por una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada Región, designados por el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendente de Pensiones.

Del mismo modo, el inciso quinto de este artículo prescribe que los dictámenes que emitan las Comisiones Médicas Regionales serán reclamables mediante solicitud fundada, por el solicitante afectado, por el Instituto de Previsión Social y por las Compañías de Seguros que se adjudiquen la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro, ante la Comisión Médica Central, la que estará integrada por tres médicos cirujanos designados por el Superintendente en igual forma que los de las Comisiones Médicas Regionales y conocerá del reclamo sin forma de juicio, ateniéndose al procedimiento que se detalla.

Seguidamente, el inciso noveno y siguientes del artículo 11 del D.L. N°3.500 de 1980, establecen lo siguiente: “Si la reclamación se fundare en que la invalidez ya declarada proviene de accidente del trabajo o enfermedad profesional, la Comisión Médica Central se integrará además con un médico cirujano designado por la Superintendencia de Seguridad Social, quien la presidirá. En Superintendencia de Pensiones OF-FIS-23-5336 caso de empate, el presidente tendrá la facultad de dirimir respecto de la invalidez. En estos reclamos, integrará la Comisión, sólo con derecho a voz, un abogado designado por dicha Superintendencia, quien informará de acuerdo con los antecedentes del caso, pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a voz, un abogado designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta lo requiera. Además, los organismos administradores de la ley Nº16.744 a que estuviere afecto el afiliado podrán designar un médico cirujano para que asista como observador a las sesiones respectivas. En estos casos, para resolver acerca del origen de la invalidez, la Comisión deberá solicitar antecedentes e informes a los respectivos organismos administradores, los que deberán remitirlos dentro del plazo de diez días.

La Comisión Médica Central podrá solicitar al empleador los antecedentes y las informaciones que sean necesarios para la calificación del origen de la invalidez.

El empleador que injustificadamente no proporcionare la información a que se refiere el inciso anterior en el plazo de quince días hábiles, contado desde la certificación del despacho por correo de la carta certificada que la solicite, será sancionado con una multa a beneficio fiscal, aplicada por la Dirección del Trabajo, de dos a diez unidades de fomento, la que se duplicará hasta obtener su cumplimiento. Esta multa será reclamable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 448 del Código del Trabajo.

Una vez resuelta la reclamación a que se refiere el inciso noveno, el dictamen deberá ser notificado al afiliado, a la Administradora a que se encuentre afiliado, a la compañía de seguros pertinente y a la entidad a la que de acuerdo con la ley Nº16.744 le pudiere corresponder el pago de la respectiva prestación por invalidez profesional. Desde la fecha en que fuere notificada, la Administradora deberá iniciar el pago de la pensión a que hubiere lugar, si el reclamo es rechazado, o la pensión básica solidaria de invalidez, si el reclamo es acogido. En ambos casos, en contra de lo resuelto por la Comisión Médica Central podrá presentarse un reclamo fundado por las personas o entidades notificadas, dentro del plazo de quince días corridos, ante la Superintendencia de Seguridad Social, a fin de que se pronuncie, en definitiva, acerca de si la invalidez es de origen profesional. La interposición del reclamo no suspenderá el inicio del pago de la pensión en la forma señalada en este inciso.

Si en definitiva se resuelve que la invalidez proviene de enfermedad profesional o accidente del trabajo, la Administradora cesará en el pago de la pensión que estuviere efectuando al quedar ejecutoriada la resolución que fije el grado de incapacidad profesional y tendrá derecho a que la entidad que deba pagar la correspondiente prestación de acuerdo con la ley Nº16.744 le restituya lo pagado al afiliado desde la fecha del dictamen de la Comisión Médica Central y desde esa misma fecha, la entidad aludida pagará al afiliado las prestaciones que le correspondan de acuerdo con la citada ley.

Si, por el contrario, la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social declara que la invalidez no es de origen profesional, la Administradora continuará pagando la pensión en los términos establecidos en esta ley y si hubiere estado pagando una pensión básica solidaria de invalidez, efectuará la reliquidación correspondiente.”.

Luego, como se anticipó, el inciso primero del artículo 12 del D.L. N°3.500 de 1980, establece la incompatibilidad de beneficios entre las pensiones de invalidez común y las de la Ley N°16.744, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, disposición que debe ser concordada con lo prescrito por los artículos 86 y 87, todos del D.L. N°3.500 de 1980.

En consecuencia, el recurrente no tiene derecho a pensión de invalidez común, por cuanto ya se encuentra pensionado por invalidez de naturaleza laboral, cubierta por la Ley N°16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Si bien registra pendiente un recurso de reposición administrativo, en concreto no modificará su situación de invalidez, porque, es un hecho objetivo que tiene la condición de pensionado por invalidez de origen laboral, vigente y cubierta por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley N°16.744, configurándose así la incompatibilidad entre pensiones de invalidez establecida por el artículo 12 del D.L. N°3.500 de 1980, encontrándose obligada la Comisión Médica Central a declarar tal incompatibilidad.

Acompaña copias de la Resolución CMCA N°10071/2023, del 11 de agosto de 2023 y acta de sesión de la Comisión Médica Central Ampliada, como también copia del recurso de reposición administrativo.

A folio 29 informa FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien solicita, primeramente, que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional. Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

2.- Justificaciones Médico-Administrativas Respecto a la licencia médica N° 64218222-6 Como consta en el expediente de autos, el Sr. nombre reservado, reclamó por primera vez, mediante presentación de fecha 09 de mayo de 2022, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó la licencia médica N° 64218222-6, extendida por un total de 30 días, a contar del 10 de enero de 2022, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado por un total acumulado de 992 días. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-63856-2022, de 19 de mayo de 2022.

Posteriormente, el Sr. nombre reservado se presenta ante esta Superintendencia, por segunda vez, con fecha 14 de diciembre de 2022, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-UME-63856-2022. Respecto a esta presentación, este Servicio cumplió con informar que, el reposo otorgado no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que no procede autorizar licencias médicas cuando se está acogido a Pensión de Invalidez con dictamen ejecutoriado el 25 de marzo de 2021 que otorgó un 53% de menoscabo, puesto que la enfermedad alegada tiene una relación biunívoca con aquella por la que fue pensionado, no correspondiendo prolongar el reposo más allá del período ya autorizado. Consta que inició un segundo trámite de invalidez el 12 de agosto de 2022. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-59440-2023, de 03 de mayo de 2023.

Respecto a la licencia médica N° RUT reservado

Como consta en el expediente de autos, el Sr. nombre reservado, reclamó por primera vez, mediante presentación de fecha 09 de mayo de 2022, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 26 de enero de 2022, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado por un total acumulado de 992 días. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-63854-2022, de 19 de mayo de 2022.

Posteriormente, el Sr. nombre reservado se presenta ante esta Superintendencia, por segunda vez, con fecha 14 de diciembre de 2022, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-UME-63854-2022. Respecto a esta presentación, este Servicio cumplió con informar que, el reposo otorgado no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que no procede autorizar licencias médicas cuando se está acogido a Pensión de Invalidez con dictamen ejecutoriado el 25 de marzo de 2021, que otorgó un 53% de menoscabo, puesto que la enfermedad alegada tiene una relación biunívoca con aquella por la que fue pensionado, no correspondiendo prolongar el reposo más allá del período ya autorizado. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-59374-2023, de 03 de mayo de 2023.

Respecto a la licencia médica N° 67358517-5 Como consta en el expediente de autos, el Sr. nombre reservado, reclamó por primera vez, mediante presentación de fecha 09 de mayo de 2022, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó la licencia médica N° 67358517-5, extendida por un total de 11 días, a contar del 09 de marzo de 2022, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, cursando con indicación de licencias médicas para diferentes cuadros desde enero de 2019, sin lograr su recuperación. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-117670-2022, de 31 de agosto de 2022.

Posteriormente, el Sr. nombre reservado se presenta ante esta Superintendencia, por segunda vez, con fecha 14 de diciembre de 2022, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-UME-117670-2022. Respecto a esta presentación, este Servicio cumplió con informar que, el reposo otorgado no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado. En efecto, no aporta informe médico de especialista con plan terapéutico, pronóstico de recuperabilidad ni fecha de alta probable, sin imagenología ad hoc ni actualizada, informe de kinesioterapia ni documento que acredite lista de espera de interconsulta o para realización de procedimiento (debidamente emitido por la Institución en la cual se encuentra ingresada la solicitud), que permitan a este Organismo Fiscalizador formarse convicción respecto de la procedencia de justificar el reposo indicado en la licencia médica reclamada, no acreditando rol terapéutico del reposo prescrito. Consta que tiene un trámite de invalidez iniciado el 12 de agosto de 2022. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-59448-2023, de 03 de mayo de 2023.

Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, consistente con lo señalado informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Reposición de una licencia médica por 30 días del 26/1/22. Hombre, 54 años, operario. Informe médico de Médico Traumatólogo básico. Trámite de pensión de invalidez ejecutoriado el 25.03.2021 dictaminó pérdida de 53% de capacidad de ganancia. Nuevo trámite de invalidez con fecha de solicitud del 12/8/22 aún en trámite. Rechazo pues tiene P de invalidez parcial por la misma patología.”.

En este orden de ideas, el Sr. nombre reservado, ha presentado solicitud de calificación de invalidez conforme al D.L. N° 3.500, de 1980, la que fue aceptada por la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, la cual le otorgó una 53% de incapacidad global, otorgándole pensión de invalidez transitoria por el diagnóstico: secuelas de trauma de extremidades superiores e inferiores.

Así, habiéndose determinado, en base a parámetros técnicos y de conocimientos médicos por la citada Comisión Médica, que la patología presentada es de carácter permanente y, en consecuencia, no susceptible de recuperación, no es posible advertir que se cumpla el propósito último de la emisión de las licencias médicas reclamadas, esto es que, a través del reposo laboral prescrito, el trabajador pueda recuperar su capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

De lo anterior, se desprende que el Sr. nombre reservado presenta una incapacidad permanente, es decir, no temporal durante el período de reposo de las licencias médicas reclamadas, por la cual ha hecho uso previamente. Por consiguiente, no resulta procedente hacer uso de licencia médica, ya que para ello es necesario que exista una incapacidad temporal, conforme a lo dispuesto en el D.S. N°3, ya citado.

Tal razonamiento es, precisamente, recogido por las Resoluciones que da origen a aquella impugnada en autos, al señalar que “…no procede autorizar licencias médicas cuando se está acogido a Pensión de Invalidez con dictamen ejecutoriado el 25 de marzo de 2021, que otorgó un 53% de menoscabo, puesto que la enfermedad alegada tiene una relación biunívoca con aquella por la que fue pensionado…”.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo ya señalado, hace presente que la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Acompaña, copia del expediente administrativo, relativo al caso del Sr. nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

A folio 35, se ordena un trámite.

A folio 40 la Comisión Médica Central, informa que se revocó el Dictamen de Invalidez N°011.8020/2022, de la Comisión Medica Regional de Temuco, mediante Resolución N° C.M.C.A. 10071/2023.

A folio 43, se decreta como trámite requerir información a la Comisión Medica Central Región Metropolitana, respecto del resultado del recurso de reposición administrativo interpuesto por el recurrente nombre reservado, con fecha doce de septiembre del año 2023.

A folio 51, la Comisión Médica Central Región Metropolitana, informa que el recurso de reposición, fue remitido a la Superintendencia de Seguridad Social.

A folio 55, se pide informe a la Superintendencia de Seguridad Social, respecto del resultado del recurso de reposición administrativo.

A folio 58 informa la Superintendencia de Seguridad Social, señalando que revisada su base de datos se pudo constatar que no existen trámites vigentes que se encuentren pendientes de resolución por parte de ese Organismo, respecto a la materia consultada.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la alegación efectuada por la recurrida de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social, se rechazará la misma, dado que se deprende de la sola lectura del recurso que los derechos y garantías que se denuncian como vulnerados, son los comprendidos en los numerales 1, 3, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política y no aquella señalada en el artículo 19 N° 18, por lo que deberá desestimarse dicha defensa.

TERCERO: Que, en cuanto al fondo de la acción de protección, cabe señalar que el acto denunciado como arbitrario e ilegal por la parte recurrente, dice relación con tres resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguridad Social por las que se rechazaron solicitudes de reconsideración del rechazo de distintas licencias medidas del actor, siendo tales actos administrativos los siguientes:

Oficio R- 213256-2022, Resolución exenta N° R-01-IBS-59374-2023, de fecha 03/05/2023, en la cual se confirma el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado;

Oficio R- 207668-2022, Resolución exenta N° R-01-IBS-59440-2023, de fecha 03/05/2023, en la cual se confirma el rechazo de la licencia médica N°64218222-6.

Oficio R- 213251-2022, Resolución exenta N° R-01-IBS-59448-2023, de fecha 03/05/2023, en la cual se confirma el rechazo de la licencia médica N°67358517-5.

Sostiene el recurrente, que la arbitrariedad e ilegalidad se funda en que los actos administrativos deben ser fundados y racionales, adoleciendo las resoluciones ya señaladas, de error y falta de auténtica motivación: los dos primeros por cuanto el fundamento utilizado, esto es, “ por encontrase el recurrente con dictamen de pensión de invalidez ejecutoriado”, no es efectivo y en cuanto a la tercera resolución tampoco resulta plausible el fundamento del rechazo, habida consideración que su fecha de otorgamiento es posterior a las dos ya señaladas, precisando, además, que con fecha 12 de Agosto de 2022, se inició trámite de solicitud de pensión de invalidez, en AFP Próvida, a raíz de lo cual se inició el correspondiente proceso de calificación de su invalidez siendo por ello derivado a la Comisión Médica de esta Región, la que con fecha 07 de Diciembre de 2022, emitió el dictamen N°011.8020/2022, en el cual se determinó que su incapacidad o menoscabo de trabajo, asciende a 58%, siendo por ende procedente otorgarle una pensión de invalidez de carácter parcial y transitoria y que en atención a que la Compañía de Seguros apeló de dicho dictamen, su representado hizo lo propio con fecha 09 de enero de 2023, por lo que el dictamen no está ejecutoriado.

CUARTO: Que, el recurrente acompañó copia de las resoluciones impugnadas a través del presente arbitrio, de las que se desprende que la recurrida, con fecha 03 de mayo de 2023, dictó las siguientes Resoluciones:

1.- Resolución exenta N° R-01-IBS-59374-2023, de fecha 03/05/2023, por la cual se confirma el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado; señalándose en su único considerando lo siguiente:

“Que, ha recurrido con fecha 14 de diciembre de 2022 a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN RUT reservado, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-63854-2022 de fecha 19 de mayo de 2022 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 26 de enero de 2022, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que no procede autorizar licencias médicas cuando se está acogido a Pensión de Invalidez con dictamen ejecutoriado el 25 de marzo de 2021, que otorgó un 53% de menoscabo, puesto que la enfermedad alegada tiene una relación biunívoca con aquella por la que fue pensionado, no correspondiendo prolongar el reposo más allá del período ya autorizado.”

2.- Resolución exenta N° R-01-IBS-59440-2023, de fecha 03/05/2023, por la cual se confirma el rechazo de la licencia médica N°64218222-6, señalándose en su único considerando lo siguiente:

“Que, ha recurrido con fecha 14 de diciembre de 2022 a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN RUT reservado, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-63856-2022 de fecha 19 de mayo de 2022 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° 64218222-6, extendida por un total de 30 días a contar del 10 de enero de 2022, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° 64218222-6, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que no procede autorizar licencias médicas cuando se está acogido a Pensión de Invalidez con dictamen ejecutoriado el 25 de marzo de 2021 que otorgó un 53% de menoscabo, puesto que la enfermedad alegada tiene una relación biunívoca con aquella por la que fue pensionado, no correspondiendo prolongar el reposo más allá del período ya autorizado. Consta que inició un segundo trámite de invalidez el 12 de agosto de 2022.”

3.- Resolución exenta N° R-01-IBS-59448-2023, de fecha 03/05/2023, en la cual se confirma el rechazo de la licencia médica N°67358517-5 señalándose en su único considerando lo siguiente:

“Que, ha recurrido con fecha 14 de diciembre de 2022 a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN RUT reservado, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-117670-2022 de fecha 31 de agosto de 2022 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° 67358517-5, extendida por un total de 11 días a contar del 09 de marzo de 2022, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° 67358517-5, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado. En efecto, no aporta informe médico de especialista con plan terapéutico, pronóstico de recuperabilidad ni fecha de alta probable, sin imagenología ad hoc ni actualizada, informe de kinesioterapia ni documento que acredite lista de espera de interconsulta o para realización de procedimiento (debidamente emitido por la Institución en la cual se encuentra ingresada la solicitud), que permitan a este Organismo Fiscalizador formarse convicción respecto de la procedencia de justificar el reposo indicado en la licencia médica reclamada, no acreditando rol terapéutico del reposo prescrito. Consta que tiene un trámite de invalidez iniciado el 12 de agosto de 2022.”

QUINTO: Que, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de éste. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes allegados al recurso, y en conformidad a las normas legales precedentemente referidas, aparece que las resoluciones recurridas, dictadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, carecen de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que su decisión, contenida en los actos administrativos objeto de la presente acción, se funda en supuestos fácticos inexistentes.

En efecto, conforme se deprende de lo informado por la COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE TEMUCO y por la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, el actor, nombre reservado registra dos procesos de evaluación y calificación de invalidez:

El recurrente, presentó la primera solicitud de pensión de invalidez el 18 de julio de 2019, alegando como principal enfermedad invalidante secuelas por una operación del túnel carpiano. La evaluación y calificación de invalidez del afiliado, correspondió a la Comisión Médica Regional de Temuco. Mediante Dictamen de Invalidez N°011.4989/2019, la Comisión Médica Regional acordó declarar la invalidez parcial transitoria a favor del recurrente, representada por la pérdida de un 53% de su capacidad de trabajo. El citado Dictamen fue objeto de reclamo por las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia y mediante Dictamen C.M.C.A. N°936/2021, la Comisión Médica Central Ampliada acordó revocar el Dictamen de Invalidez de la Comisión Médica Regional, toda vez que dicha Comisión Médica Central Ampliada determinó que la patología invalidante es de origen laboral, tal Dictamen fue dictado el 10 de marzo del año 2021, el cual adquirió el carácter de ejecutoriada con fecha 25 de marzo del mismo año.

De esta manera, no resulta ser efectivo que a la fecha de dictación de las Resoluciones Exentas R-01-IBS-59374-2023 y, R-01-IBS-59440-2023, el actor se “hubiese acogido a Pensión de Invalidez con dictamen ejecutoriado el 25 de marzo de 2021, que otorgó un 53% de menoscabo”, como allí se señala, por cuanto si bien con esa fecha el Dictamen de Comisión Médica Central Ampliada respectivo quedó ejecutoriado, lo fue en términos que fue revocado el Dictamen de Invalidez N°011.4989/2019 de la Comisión Médica Regional que había dispuesto declarar la invalidez parcial transitoria a favor del recurrente, representada por la pérdida de un 53% de su capacidad de trabajo.

Y si bien el actor presentó una nueva solicitud de pensión de invalidez común el 12 de agosto del año 2022, que fue acogida mediante Dictamen de Invalidez N°011.8020/2022, de fecha 07 de diciembre del año 2022, considerando que la afección invocada le provoca un 58% de menoscabo laboral, tal como consta en los informes a los que se viene haciendo referencia, dicho dictamen fue nuevamente impugnado por las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia, alegando que el origen de la patología es de origen laboral, y mediante Resolución CMCA N°10071-2023, de 18 de agosto de 2023, la Superintendencia de Pensiones acordó someter a tramitación los reclamos; revocar el Dictamen de Invalidez N°011.08.2022, de 11 de agosto de 2022, encontrándose en trámite un recurso de reposición administrativo, en contra de lo resuelto, ante la referida Comisión Médica Central Ampliada, de manera tal, que la existencia de este segundo trámite de solicitud de pensión de invalidez, tampoco trasunta en un fundamento para dar sustento a la decisión adoptada, conforme se consigna en la antes referida Resolución Exenta R-R-01-IBS-59440-2023 y en la N° R-01-IBS-59448-2023.

SEPTIMO: Que, si bien los actos impugnados fueron dictados por la entidad llamada por la ley a resolver, no puede desatenderse que la falta de sustento fáctico en la decisión configura un motivo que amerita que ella sea calificada, a lo menos, de arbitraria. A mayor abundamiento, la falta de ejercicio de atribución legal conferida por el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, del Ministerio de Salud, de 1984, aparece como antojadiza, pues bien pudo el ente administrativo llamado a resolver, disponer la práctica de diligencias que permitieran despejar cualquier duda en torno a la procedencia de autorizar el pago de licencias médicas.

OCTAVO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que la falta de la necesaria fundamentación de las resoluciones dictadas que sirven de sustento al presente arbitrio, transforma su decisión en caprichosa y carente de razones e injustificada, y este acto vulnera el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la referida decisión que le impiden acceder al subsidio por enfermedad, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá, a efectos de que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento que considere la efectiva situación del actor, previa realización de un peritaje para aclarar la procedencia del reposo prescrito.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, lo razonado es coherente con lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N°157.728-2022, en cuanto consideró que “al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.”

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción de protección alegada por la recurrida.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don CARLOS MUÑOZ SANHUEZA, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ordenándose que la recurrida deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las reconsideraciones deducidas por el actor en conformidad a las prescripciones de la Ley 19.880.

Regístrese.

Redactada por la Ministra Suplente Sra. Cecilia Subiabre Tapia N°Protección-8582-2023. (sac)