Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO:

nombre reservado, chilena, abogada, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región del Maule, deduciendo recurso de protección a favor de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, educadora de párvulo, domiciliada en domicilio reservado, en Comuna de Curacautín, en Región de la Araucanía, en contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (nombre reservado), persona jurídica de derecho público representada por doña nombre reservado Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado.

I. PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN: De conformidad al numeral 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, la presente acción constitucional es interpuesta dentro del término legal, por cuanto los actos ilegales y arbitrarios en contra de los que se reclama fueron notificados a la recurrente con fecha 15 de Junio de 2023.

II. ACTO ARBITRARIO E ILEGAL RECURRIDO: Se recurre en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-80429-2023 de fecha 15 de Junio de 2023, emitida por la nombre reservado, que resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 51 días a contar del 12 de Noviembre de 2022, resolución exenta que, en lo pertinente, concluye que el reposo prescrito por las mencionadas licencias médicas, no se encontraba justificado.

Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados, incluyendo informes médicos complementarios, hay ausencia de elementos clínicos no permiten a los especialistas de la institución antes mencionada formarse convicción sobre la procedencia de extender el reposo por sobre los 108 días debidamente autorizados por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada.

III.- ANTECEDENTES FÁCTICOS: Las licencias médicas rechazadas, fueron emitidas por el médico tratante y de salud mental nombre reservado, quien es el profesional que presta atenciones desde el mes de mayo de 2022 a su representada y quien trabaja en el Centro de Control Mental SPA y la segunda licencia emitida por el médico psiquiatra nombre reservado Chica.

Dichas licencias, que fueron rechazadas por la COMPIN y luego, confirmado su rechazo por la nombre reservado, corresponde a los meses de Octubre de 2022 en adelante. Que tal como se desprende de los informes complementarios acompañados, existen dos diagnósticos para su representada, los cuales son: DIAGNÓSTICO(S): TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN/ FIBROMIALGIA. Por dichos diagnósticos, nombre reservado, comenzó con tratamiento farmacológico el cual fue siendo modificado y adecuado a los síntomas presentados, según la evaluación médica y exámenes solicitados junto con psicoterapia.

Respecto al primer diagnóstico, es importante indicar que su origen proviene de una sobrecarga, estrés y acoso laboral, lo cual fue denunciado por su representada, siendo conocido por el tribunal laboral correspondiente y actualmente se encuentra en etapa de impugnación.

Es menester señalar que, respecto al segundo diagnóstico, que el término fibromialgia ha sido reconocido por la entidad internacional y tipificado en su manual de Clasificación Internacional de Enfermedades, como Otros Trastornos de partes blandas y los no especificados, no clasificados bajo otros conceptos. Nuestra legislación, la define como “b) Fibromialgia: síndrome de dolor crónico no oncológico, percibido en músculos y articulaciones de más de tres meses de duración. Esta condición se manifiesta a través de síntomas físicos y psicológicos, alteraciones del sueño, cambios del estado de ánimo, entre otros; y produce múltiples consecuencias, tales como la disminución en la calidad de vida y limitaciones en las actividades de la vida diaria, las cuales son susceptibles de generar discapacidad e invalidez” (Art. 3 letra b, ley 21.531).

La enfermedad se caracteriza por dolor crónico musculo esquelético generalizado, siendo sus principales síntomas: múltiples áreas sensibles, fatiga, trastornos del sueño, entumecimiento de manos y pies, rigidez por las mañanas, cefaleas, ansiedad y depresión. La gran mayoría de los pacientes, lo asocia a un dolor generalizado que persiste, con el cual deben vivir y acostumbrarse a ciertos tratamientos médicos que pueden aliviar su calidad de vida.

Que, además su representada presenta crisis dolorosas, las que se han acrecentado este último tiempo, dada la preocupación constante debido a lo mismo que hoy fundamenta la presente acción, lo cual tiene relación con los rechazos de las licencias presentadas, lo que la ha impedido realizar un reposo tranquilo y efectivo, junto con toda la sintomatología asociada a sus diagnósticos, afectando su integridad física y psíquica.

Indica que es importante señalar que a su representada le han rechazado numerosas licencias médicas, tal como se desprende de los ROL 377-2023 y 674-2023 conocidas por esta Corte, por esta acción de protección, en las cuales se acoge dicho recurso resolviendo lo siguiente “debiendo la autoridad administrativa disponer la reevaluación del padecimiento que aqueja al actor a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación, y cumplido lo anterior, se pronuncie nuevamente respecto de las licencias médicas rechazadas que han sido materia del presente recurso”. Debido a esta situación, los antecedentes médicos previos de su representada son totalmente conocidos por la institución, desde su evolución médica, sintomatología, tratamiento o incluso su situación gestante y hoy ya de madre. De igual manera y para cumplir con la etapa administrativa, acompañó nuevamente un informe médico emitido con fecha 22 de abril del año en curso, que se adjunta en el primer otrosí, su representada presenta “Paciente atendida desde el mes de mayo a través de la plataforma de BALANCEMED, presentando anhedonia anergia, alteración de la concentración, insomnio, labilidad emocional, tendencia a la tristeza, sensación de angustia, crisis de pánico con difícil autocontrol, intolerancia a la frustración, sentimientos de desesperanza, originados por estrés y acoso laboral, al momento se encuentra en proceso de investigación por parte de las autoridades de su lugar de trabajo. Como factores estresores concomitantes presenta: un diagnóstico de fibromialgia, que se llega después de descartar patologías del tejido conectivo, al momento en espera de hora con reumatóloga, con crisis álgicas recurrentes, que han aumentado en frecuencia a intensidad, desencadenados posiblemente por la situación laboral que atraviesa. También el hecho de que vive sola con su hijo de 2 años, con escasa red de apoyo. Al examen psicopatológico se evidencia hipoprosexia, psicomotricidad levemente disminuida, actitud tangencial, lenguaje con volumen disminuido, euprosexia, pensamiento con juicio de la realidad conservada, de velocidad normal, sin fuga de ideas, pero con rumiación con ideas pesimistas, de desesperanza y de enfermedad. Con ideación suicida, inteligencia clínicamente normal, reactividad afectiva aplanada Eje I: estrés grave, adaptación y depresión, Eje II fibromialgia, Eje III, crisis no normativas familiares; Eje IV: sobrecarga laboral; Eje V 60/100”.

Además de los informes médicos complementarios, se acompaña al procedimiento administrativo, informe de proceso realizado por el profesional nombre reservado, Psicólogo Clínico, quien refiere la sintomatología, número de sesiones, recomendaciones y sugerencias junto con mencionar los problemas económicos que se han suscitado por la decisión de nombre reservado, indicando que “La evaluada ha presentado la siguiente sintomatología en el trascurso del proceso psicoterapéutico: sentimiento constante de tristeza y desesperanza, insomnio, crisis de pánico (presentes con: sudoración de partes del cuerpo, opresión en la región torácica con dificultad para respirar, mareos, náuseas, pérdida de control, miedo a morir entre otros síntomas.), sensación de angustia (algunas veces cumpliendo los criterios de crisis de angustia), labilidad emocional, dificultades de concentración, problemas para mantener la atención, anhedonia y fatiga constante. (...) Su contexto ha dificultado enormemente su proceso de mejora ya que no cuenta con redes de apoyo en el cuidado de sus hijos Pedro de 2 años 7 meses y Arlet de 21 días (los que le demanda muchos recursos cognitivos y físicos en sus cuidados y es fuente de frustraciones al no poder entregar los cuidados y la interacción que le gustaría entregarle a sus hijos). El no pago de sus licencias médicas genera una merma económica que trae consigo entre otras cosas: problemas en su sentido de agencia y eficacia, disminuyendo su autoestima, no sintiéndose lo suficientemente buena para mantener a su hijo e hija y sobre todo cuestionarse su vida siendo, teniendo ideación suicida activa con plan suicida.”

Sostiene que los hechos anteriormente descritos influyeron negativamente en la recuperación de la recurrente, pues no ha podido someterse con tranquilidad al tratamiento que corresponde, debiendo preocuparse, no obstante la gravedad de sus diagnósticos médicos, de efectuar las reclamaciones ante los organismos pertinentes, lo cual le ha significado la imposibilidad de hacer frente a distintas obligaciones, lo cual acrecienta aún más un estado emocional muy inestable, vulnerable y anímicamente deteriorado, lo que, evidentemente, influye en que se extienda la necesidad de reposo, lo cual igualmente, y no menos importante, ha tenido implicancias en el ámbito económico al no recibir el pago de sus remuneraciones por todo este tiempo.

Expresa que claramente todo lo anterior repercute en el diario vivir de la recurrente, lo cual claramente tiene implicancias con su familia, considerando además que, su representada está a cargo de su hijo de 2 años, de encontrarse separada y sin una red de apoyo familiar cerca, en la que pueda encontrar un apoyo diario efectivo, lo cual en parte dificulta aún más su mejora. Cabe agregar, que hace muy poco fue madre nuevamente y que no ha podido tener cobertura de subsidio de maternidad de pre y post natal, debido al rechazo injustificado de sus licencias médicas y que durante todo su periodo de gestación no contó con el dinero correspondiente optando por créditos y excediendo los límites de estas.

IV. EL DERECHO:

El Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el art. 20 de nuestra Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En cuanto a la reglamentación que rige a los actos administrativos de la recurrida, se debe tener presente lo dispuesto en el art. 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el reglamento de autorización de Licencias Médicas por la Compin e Instituciones de salud previsional, que en lo pertinente dispone: "La Compin, la unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el periodo de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia". El art. 21 del mismo cuerpo normativo reza "para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitado y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo a sus medios algunas de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer de cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

Que, de las normativas anteriormente expuestas, es que considera que el actuar del ente administrativo, SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, fue arbitrario e ilegal, toda vez que no se ajustó a la legalidad vigente, consistente en resolver las solicitudes presentadas por los afiliados al sistema de salud, pudiendo recabar los antecedentes que posibiliten adoptar una decisión fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido que omitieron injustificadamente. Mi representada contaba con diversos informes médicos que fueron entregados por el médico que otorgo la licencia y que justificaban el reposo decretado, además, se acompañaron los informes respectivos en los recursos administrativos y en la presente acción. Junto con lo anterior, el ente administrativo nombre reservado señala que el informe médico acompañado no es amplio y fundado de psiquiatra, con descripción del tratamiento prescrito, evolución clínica, alto grado de compromiso funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo, lo cual no es efectivo, ya que el médico tratante indica la historia, fundamentos clínicos, evolución de la paciente, diagnósticos, una fecha probable de alta, un plan de recuperación, incluso detalla los factores estresores y lo evidenciado al examen psicopatológico. Adicionalmente, en el informe psicológico acompañado, señala diagnóstico, los instrumentos aplicados para realizar tal diagnóstico, el número de sesiones realizadas a la fecha luego de la indagación del motivo de consulta, junto con recomendaciones y sugerencias, por lo cual se expresa el detalle del proceso de psicoterapia iniciado.

Señala que el fundamento de la resolución recurrida indica que su reposo es injustificado por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado. Lo anterior resulta insuficiente para resolver y rechazar las licencias médicas, por cuanto no existe el pronunciamiento de otro médico imparcial que efectúe tal determinación u otro profesional que señale la insuficiencia del informe psicológico acompañado.

Entonces al resolver argumentando "reposo injustificado”, en base a los informes aportados por los profesionales tratantes concluyendo que no entregaban mayores antecedentes que justificaran más reposo, es que, no existen los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué mi representada no necesitaba más días de descanso de los ya otorgados.

Estima, en el mismo orden de ideas, que resulta arbitrario rechazar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún antecedente OBJETIVO adicional proporcionados por las autoridades recurridas, y simplemente fundándose sobre la base de la ponderación de los elementos tenidos a la vista, emanados de la misma parte que se vería perjudicada por la aprobación de las licencias, sin ningún otro elemento de juicio de contraste para así esclarecer frente a los afectados cualquier duda. Es por eso qué se debe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad administrativa, en quienes pesa su actuar de oficio y respeto por los principios de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder. Adicionando, que en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida, la salud de las personas, e Integridad Psíquica, entre otras. Junto con lo ya mencionado, es menester indicar, que antes de la resolución exenta que rechaza las licencias médicas ya individualizadas, se promulga (01 de Febrero de 2023) y publica (10 de Febrero de 2023) la ley N° 21.531, denominada “LEY DE FIBROMIALGIA Y DOLORES CRÓNICOS NO ONCOLÓGICOS”, la cual tiene por objeto promover y garantizar el cuidado integral de la salud de las personas con fibromialgia y dolores crónicos no oncológicos en búsqueda de mejorar su calidad de vida, independiente del régimen previsional o sistema de salud del que formen parte o de las acciones de salud para el alivio o manejo del dolor que dichos pacientes requieran. Dicha normativa, indica en su artículo 5, que “ Las licencias médicas que se otorguen por fibromialgia o por dolores crónicos no oncológicos no podrán rechazarse por su solo diagnóstico, ni sujetarse a un procedimiento especial, particular o discriminatorio que afecte el normal proceso de tramitación”, lo cual es relevante, ya que es uno de los diagnósticos de mi representada y es uno de los motivos por los cuales se encuentra en intervención psicológica, médica y farmacológica, rechazándose tales licencias sin contar con diligencia alguna por parte de la entidad administrativa.

V. GARANTÍAS VULNERADAS. Siguiendo esta línea de las garantías amparadas por el constituyente, menciona que el rechazo de las licencias médicas vulnera a las siguientes garantías constitucionales:

a) Del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona debido a que el referido rechazo de licencias médicas impacta severamente en la salud de la recurrente, como se indicó precedentemente. b) Del artículo 19 N° 2 del Código Político, por cuanto, en la mayoría de los casos y grueso de reclamantes, en la misma situación fáctica la recurrida ha acogido o aprobado las licencias, siendo dicho actuar, atentatorio de la igualdad ante la ley, que obliga a tratar de manera equivalente a las personas que se encuentren en igualdad de supuestos fácticos. c) Del artículo 19 N° 3, inciso 4°, de la Carta Fundamental, por cuanto, la recurrida al abstenerse de fundamentar las decisiones cuestionadas, se erige como una verdadera comisión especial, que juzga o decide, conforme a su propia convicción de forma arbitraria y antojadiza. d) Del articulo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, desde que la disminución o el rechazo de las licencias médicas, importan la afectación a su patrimonio, por cuanto, no se le ha pagado el subsidio respectivo de las remuneraciones que le habría correspondido percibir, afectando su derecho de propiedad.

Por ello pide, tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, declararlo admisible y en definitiva acogerlo en todas sus partes, declarando arbitrario e ilegal el actuar del ente administrativo, el cual se manifiesta en la resolución que se acompaña al primer otrosí, dictada por la nombre reservado, dejándola sin efecto, y declarando en su reemplazo que las licencias médicas números RUT reservado, RUT reservado, sean acogidas, debiendo la recurrida pagar los subsidios por incapacidad correspondiente a ellas o lo ordene a quien corresponda, o bien, adopte las medidas que S.S. Ilustrísima estime pertinente con miras a restablecer el imperio del derecho, como una reevaluación ante un facultativo imparcial que elabore un nuevo peritaje, todo ello con expresa condena en costas. Acompaña:

1.-. RESOLUCIÓN EXENTA N° RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-UNRA-80429-2023, de fecha 15 de Junio de 2023, emitida por la nombre reservado, que resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado. 2. Informe de Proceso de Psicoterapia, realizado por don nombre reservado, psicólogo tratante, con fecha 24 de abril de 2023. 3.- Informe médico complementario, realizado por el médico tratante, nombre reservado, con fecha 22 de abril de 2023.

A folio 8 Informe de don TOMÁS GARRO GÓMEZ, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, informando: El derecho al subsidio por incapacidad laboral jamás nació, por cuanto las licencias médicas fueron rechazadas por el respectivo organismo administrador, en este caso, la SUBCOMISIÓN MALLECO DE LA COMPIN DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA y, finalmente, por la Superintendencia de Seguridad Social, actuando como institución técnica de fiscalización de las instituciones de seguridad social, en este caso, la ya referida COMPIN. Respecto a la acción de autos interpuesta en contra de su defendida en forma previa a informar respecto de la materia de fondo de la misma, ALEGAMOS SU PALMARIA FALTA DE OPORTUNIDAD, al haberse interpuesto en forma subsidiaria de las reclamaciones que en su oportunidad se interpusieron ante la COMPIN y posteriormente ante la Superintendencia de Seguridad Social. En efecto, doña nombre reservado, con fecha 24 de abril de 2022, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la COMPIN DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, SUBCOMISIÓN MELLECO, por haber confirmado, rechazando los respectivos recursos de reconsideración, las licencias médicas ya singularizadas por la causal de orden médico reposo no justificado. De acuerdo con lo antes expuesto y como consta de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, la recurrente tenía conocimiento cierto de la confirmación del rechazo de estas licencias médicas, dispuesto por la COMPIN ya citada, desde que reclamó de ello ante su defendida, a saber, el 24 de abril de 2022, sino muchos antes. De tal forma, la acción constitucional de autos interpuesta con fecha 22 de junio del año 2023, en subsidio de todas las reclamaciones administrativas, incluido el recurso jerárquico ante la Superintendencia de Seguridad Social, resulta manifiestamente extemporánea. En efecto, el número primero del Auto Acordado de la EXCMA Corte Suprema, que regula la tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, prescribe que la acción de protección se debe interponer en el plazo fatal de 30 días corridos, contados desde que se ejecuta el acto supuestamente ilegal o arbitrario (en este caso el rechazo de las licencias médicas), o se incurre en una omisión de las mismas características o bien, desde que el afectado toma conocimiento cierto del mismo, de acuerdo con la naturaleza del acto recurrido. En relación con esta alegación, ha de tener presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República la acción de protección tiene un carácter cautelar de derechos y que frente a un acto ilegal o arbitrario, la persona afectada en sus garantías protegidas, puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” Conforme a dicha norma de rango constitucional, la Acción de Protección no tiene el carácter de subsidiaria de otras vías de reclamación que pudieren existir, lo que evidentemente está en íntima relación con su carácter cautelar de derechos, tal cual lo ha manifestado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justica. Por otra parte, SS. ILTMA., debe tener presente que, como invariablemente ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el plazo para interponer la Acción de protección es objetivo y, en consecuencia, su interposición no puede quedar entregada a la voluntad del que se siente perjudicado por un determinado acto, pues una interpretación contraria estaría en abierta contradicción con su naturaleza cautelar de derechos. En efecto, instando por una revisión tras otra en el ámbito administrativo, a través del recurso de apelación, jerárquico o de reposición siempre se podría crear un nuevo plazo para ejercer la acción de protección, reclamando mucho tiempo después de ejecutado el acto supuestamente atentatorio, lo que contraviene su finalidad. Lo anterior, sin perjuicio que, en cuanto al fondo del asunto que motiva esta acción constitucional, como se demostrará, carece de fundamentos fácticos, pues no existe actuación ilegal o arbitraria alguna de parte de mi defendida que haya vulnerado y ni siquiera puesta en peligro algún derecho garantido por nuestra Constitución Política.

Por ello pide se rechace la Acción de Protección interpuesta por doña nombre reservado por haber sido ejercida de forma por demás extemporánea, con expresa condena en costas. EN SUBSIDIO DE LO ANTERIOR, INFORMA RESPECTO AL FONDO DEL ASUNTO DEBATIDO. Ahora bien, como la Acción de Protección de autos se ha interpuesto en solo contra de la Superintendencia de Seguridad Social en circunstancias que las licencias médicas fueron rechazadas, de acuerdo con la ley, por la COMPIN DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, SUBCOMISIÓN MALLECO, resulta del todo necesario distinguir entre las actuaciones de mi defendida y aquellas en que tuvo participación la referida COMPIN. En efecto, la citada COMPIN, en el caso de la recurrente, actuó como organismo administrador del derecho denominado Licencia Médica, ejerciendo la facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), de acuerdo con lo prescrito en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas. I) ANTECEDENTES. a) Actuación de la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de doña nombre reservado 1.- Como consta en el expediente administrativo que se acompaña en un otrosí de este escrito, doña nombre reservado, con fecha 24 de abril del año 2023, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN) DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, nombre reservado, toda vez que había confirmado el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 51 días de reposo a contar del 12 de noviembre de 2022, por cuanto la referida comisión médica consideró que el reposo otorgado por el médico tratante no se encontraba justificado. 2.- Con la finalidad de resolver adecuadamente la antedicha reclamación, este organismo fiscalizador recabó los antecedentes médicos de la COMPIN reclamada, a saber, el maestro o registro histórico de licencias médicas y la CARTOLA MÉDICA del Servicio de Salud respectivo remitió los antecedentes médicos del caso de la recurrente. 3.- Pues bien, la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-80429-2023, de 15 de junio del año 2023, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento: “...el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, por cuanto la parte reclamante no acompaña informe amplio y fundado de psiquiatra, con descripción del tratamiento prescrito, evolución clínica, alto grado de compromiso funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo. “Que, la ausencia de tales elementos clínicos, no permiten a nuestros especialistas formarse convicción sobre la procedencia de extender el reposo por sobre los 108 días debidamente autorizados por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada...” 4.- En efecto, revisado el caso por la Dra. nombre reservado, PSIQUIATRA de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, dejó constancia de lo siguiente, tras el estudio del mismo: “…Informe de médico tratante fechado el 20-12-2022, con diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, fibromialgia. Con síntomas como anhedonia, anergia, labilidad emocional, tristeza, angustia, crisis de angustia escasa tolerancia a la frustración, insomnio. Relaciona cuadro con Stress y "acoso laboral". Además de diagnóstico de enfermedad médica y escasa red de apoyo. No mantendría psicoterapia por recursos y no aceptaría fármacos por embarazo. No agrega mayor información. -Informe psicológico, consta aplicación de escalas y test. Con síntomas ansiosos y anímicos, con escasa red de apoyo para su propio tratamiento, cuidado de hijo de 2 años y su embarazo actual. No agrega mayor información. Conclusión: R-210604-2022 FONASA Reclamo ingresado el 22 de diciembre del 2022 por rechazo de licencias por reposo injustificado. Folios de licencias Nºs: RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 63 días a partir del 1-10-2022. Emitidas por Dr. nombre reservado, psiquiatra, modalidad libre elección, con diagnóstico de F32. Acumula un total de 306 días de reposo por causa psiquiátrica, continuados de 56 días de reposo por fibromialgia (y de permisos maternales de manera discontinua). 108 días ya autorizados. 5 LMs previas a las reclamadas ya están rechazadas. Cuento con informes médicos ya transcritos en la sección correspondiente. Ante los antecedentes entregados que son escuetos y vagos, los cuales no permiten aclarar la complejidad del cuadro de la reclamante, el impacto funcional de los síntomas, su evolución o la necesidad de mayor ajuste de tratamiento farmacológico y/o psicoterapéutico, los reposos reclamados impresionan no justificados por ser reposos prolongados y sin claro rol terapéutico. Se emite pronunciamiento sólo sobre las Lms que cuentan con resolución de la COMPIN...” 5.- Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de mi defendida la Superintendencia de Seguridad Social, al confirmar por la resolución impugnada, el rechazo de las licencias médicas dispuestos por la COMPIN de la Región Metropolitana y finalmente por la Superintendencia de Seguridad Social. 6.- Conforme a ello, jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral) que en definitiva solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección. 7.- Ahora bien, explicada la actuación que correspondió a esta Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado, corresponde referirse al marco legal que regula el derecho denominado “Licencia Médica”, como aquellas en virtud de las cuales esta Superintendencia actúa como institución fiscalizadora de las instituciones de previsión social. II) EL DERECHO. ACERCA DE LA LICENCIA MÉDICA. Al respecto, cabe hacer presente que, en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria. Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio de la licencia médica (regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud) la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) puede dar derecho al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos los correspondientes a los trabajadores del sector público y municipal. En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador deberá hacer uso de licencia médica (más tratamiento médico en la mayoría de los casos) luego de lo cual debería quedar en condiciones de volver a su trabajo. El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y que creó un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”. En virtud del artículo 156 de la mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional. La licencias médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”. Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es justificar la ausencia del trabajador a sus labores cuando como consecuencia de una enfermedad o accidente común, está incapacitado temporal para trabajar, reposo que, además, contribuye a recuperar la salud del trabajador y, por lo tanto, a reincorporarse a su actividad laboral y desde el punto de vista pecuniario, el subsidio por incapacidad laboral reemplaza a la remuneración o renta, según se trate de un trabajador dependiente o independiente. PROCEDIMIENTO AL QUE SE SOMETE LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS. Con relación a este punto, cabe hacer presente que el Procedimiento de Autorización de Licencias Médicas está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. De acuerdo con este cuerpo reglamentario, y luego de realizada la tramitación a que aluden los artículos 11 y siguientes del decreto supremo en comento, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), como ocurre en la especie, pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos. Ahora bien, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley N° 19.937, dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Por otra parte, las COMPIN deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), como sucede en el caso del recurrente de autos. De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas en el párrafo anterior, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL. En este punto, cabe hacer presente que los reclamos interpuestos por la ahora recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social, relativo al rechazo de sus licencias médicas y por el cual recurre ante US. ILTMA., se ampararon en lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, que otorga a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESTA MATERIA. La actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, en este caso se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, de tal forma que está exenta de cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad. En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir, en lo que resulta de su competencia, el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, el legislador ha establecido en la Ley N° 16.395, las funciones de esta Superintendencia en cuanto Institución Fiscalizadora. Así, el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.” “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.” En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.” En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esta Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. Cabe hacer presente que a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley N° 19.937, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍA REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), o bien, como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). Pues bien, en el caso en comento, la recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la COMPIN y de esta Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era medicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso ya latamente expuestos. AUSENCIA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS En esta parte, cabe hacer presente en primer término, que la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento alguno, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En este caso, claramente la parte recurrente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y esta Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones latamente expuestas. Aclarado lo anterior, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, las presentaciones efectuadas por la recurrente, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas. En cuanto a la ausencia de vulneración del derecho a la integridad física o psíquica, simplemente cabe preguntarse cómo podría la Superintendencia de Seguridad Social haber atentado contra las garantías relacionadas con integridad física o psíquica de la recurrente, por cuanto mi defendida se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido en orden a ejercer el control técnico de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en tanto institución de previsión social, respecto de un particular derecho como es la licencia médica y el subsidio por incapacidad laboral. En efecto, mi defendida, de modo alguno, ha causado las afecciones psiquiátricas que padece la recurrente, ni le ha impedido que consulte a su médico tratante, es un hecho que siempre ha tenido la posibilidad de consultar a su médico tratante y que no ha impedido ni podría hacerlo el acceso a los tratamientos y demás prestaciones médicas que contemple su sistema común de salud, en su caso la cobertura que contempla su sistema de salud común (COMPIN), autorizándosele el reposo prescrito por las licencias médicas en cuanto ello resultó procedente de acuerdo con los antecedentes médicos del caso. En resumen, esta Superintendencia no ha intervenido o impedido, de manera alguna, el acceso del recurrente a la salud, teniendo la cobertura de su sistema previsional de salud común. La única intervención de la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de los reclamos que interpuso en contra de la COMPIN, con ocasión de haber confirmado el rechazo de sus licencias médicas. Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración de su derecho de propiedad, en este caso relacionado con el potencial derecho a recibir el subsidio por incapacidad laboral, la recurrente entiende, por cierto equivocadamente, que la actuación de esta Superintendencia vulneraría su supuesto derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral derivado del derecho denominado “Licencia Médica”, el que operaría en reemplazo de su remuneración, lo que implicaría – en opinión de la recurrente - afectar un eventual o hipotético derecho de propiedad. Por las razones que se han señalado y las que se exponen a continuación no existe un derecho de propiedad vulnerado ni siquiera amenazado por los dictámenes de la Superintendencia. Al respecto, cabe hacer presente que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con el eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. Lo anterior, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente común y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente común cause incapacidad laboral temporal razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado 2.- Cumplimiento de los requisitos de tiempo de afiliación al sistema y de densidad de cotizaciones para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). En concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del ya citado reglamento, de autorización de licencias médicas dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso.” Por lo expuesto, no existe como pretende la recurrente, algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio por incapacidad laboral o remuneración en el caso de los funcionarios públicos), haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. A mayor abundamiento, cabe hacer presente que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo 20 Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección. De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar. En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “. Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por ello pide, tener presente este informe en subsidio de la alegación de lo principal y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, solicitando sea desestimado en todas sus partes, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, respecto de la excepción de extemporaneidad, cabe señalar que si bien la Superintendencia de Seguridad Social ha sostenido que la parte recurrente se encuentra en conocimiento de las razones del rechazo de las licencias médicas a lo menos desde el 24 de abril de 2023, el mismo organismo se pronunció posteriormente respecto del recurso administrativo de reposición por decisión de 15 de junio de 2023, empero no ha acreditado el mecanismo de notificación de dicho acto administrativo como prescribe el artículo 45 de la Ley N° 19.880, de forma tal que se establecerá su conocimiento tácito con la interposición de la presente acción, por lo que será desestimada dicha alegación.

TERCERO: Que, asimismo, la Superintendencia alegó la improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, garantizadas en el N° 18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que se ejerce, argumentación que tampoco puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso aparece que con el rechazo del pago de las licencias médicas se ha afectado el patrimonio e integridad psíquica del recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo de la acción de protección, cabe señalar que el acto arbitrario e ilegal denunciado por la parte recurrente dice relación con la Resolución Exenta emitida por la Superintendencia de Seguridad Social que resolvió confirmar el rechazo de dos licencias médicas de la actora, denunciando en definitiva la falta de fundamentación de dicho acto administrativo, el cual no se encontraría avalado por ningún antecedente médico o clínico que pudiera respaldar técnicamente tal decisión, especialmente por cuanto el motivo del rechazo dice relación con que el reposo prescrito no se encontraría justificado.

QUINTO: Que, para efectos de resolver la controversia planteada en autos es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que en lo pertinente, dispone: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo dispuesto en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo que expresa: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

SÉXTO: Que así, según se observa en la Resolución indicada, la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que avale la confirmación del rechazo, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado sin que tampoco explicite los motivos por los que el tratamiento resultaría incompatible con la extensión del reposo, carencias que la privan de contenido, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas.

En razón de lo expuesto tanto la ausencia de justificación como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los órganos administrativos correspondientes, son elementos que debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción del Superintendente, con el consecuente no pago de las licencias médicas respectivas.

OCTAVO: Que, de esta forma, el rechazo de las licencias médicas que se alega por la recurrente importa por parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I. Que, SE RECHAZA, sin costas la alegación de extemporaneidad alegada por la recurrida.

II. Que, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-80429-2023 de 15 de junio del año en curso, debiendo la autoridad administrativa disponer la reevaluación del padecimiento que aqueja a la actora a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación, y cumplido lo anterior, se pronuncie nuevamente respecto de las licencias médicas rechazadas que han sido materia del presente recurso.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° Protección-8515-2023.(jog)