nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Temuco.

Temuco, dos de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, actuando en representación de don nombre reservado, Ingeniero Electricista, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en favor de su representado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por don nombre reservado, Gerente General, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, notificado con fecha 02 de marzo de 2026, solicitando a esta Ilustrísima Corte que adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente.

Refiere que don nombre reservado presentó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., mediante el portal electrónico habilitado para tales efectos, una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, normativa que establece la exención de cotizaciones previsionales respecto de trabajadores técnicos extranjeros y de las empresas que los contraten, bajo las condiciones que en ella se contemplan.

Agrega que mediante correo electrónico de fecha 02 de marzo de 2026, la administradora recurrida comunica al solicitante que no resulta procedente acceder a la devolución de los fondos previsionales, limitándose a indicar la observación: “Otro – Seguro social no es validado para su ingreso”, sin expresar fundamentos adicionales ni especificar la supuesta deficiencia de la documentación acompañada.

Sostiene que para resolver la controversia resulta imprescindible considerar lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, indicando que el artículo 1° establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, se encuentran exentos del cumplimiento de las leyes previsionales chilenas aplicables a trabajadores dependientes, siempre que concurran las siguientes condiciones: 1.-Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. 2.-Que en el respectivo contrato de trabajo el trabajador manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación.

Expone que el artículo 7° dispone que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones pueden solicitar la devolución de los fondos previsionales enterados, siempre que cumplan los requisitos contemplados en el artículo 1°, señalando que en cumplimiento de lo anterior, el recurrente acompaña oportunamente la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los presupuestos legales exigidos, consistente en: 1.-Título profesional universitario debidamente apostillado, que acredita su calidad de trabajador técnico extranjero. 2.-Contrato de trabajo y anexos respectivos, en los cuales consta expresamente la voluntad del trabajador de mantener su afiliación a un régimen de seguridad social extranjero. 3.-Certificado de cotizaciones emitido por el portal oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento que acredita que el recurrente se encuentra afiliado y cotizando en el sistema de seguridad social de su país de origen, el cual otorga cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Afirma que de la revisión de dichos antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente cumple íntegramente los requisitos establecidos por la Ley N° 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, indicando que es especialmente relevante que la recurrida no cuestiona la autenticidad, validez o eficacia jurídica de los documentos acompañados ni señala incumplimiento alguno respecto de las exigencias legales. Por el contrario, su respuesta se limita a la expresión genérica e indeterminada “seguro social no es validado para su ingreso”, careciendo de fundamentación suficiente y sin permitir identificar el supuesto defecto jurídico o material que impediría reconocer el cumplimiento de los requisitos legales.

Señala que en tales condiciones, la negativa de la recurrida constituye una obstaculización injustificada del ejercicio de un derecho expresamente reconocido por la ley, sustentada en una interpretación excesivamente formalista de la normativa aplicable y contraria a la finalidad perseguida por el legislador al dictar la Ley N° 18.156, añadiendo que el recurrente acredita suficientemente: Su calidad de trabajador técnico extranjero, su afiliación vigente a un sistema de seguridad social en su país de origen y su voluntad expresa de mantener dicha afiliación. No obstante ello, la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida rechaza indebidamente la devolución de fondos previsionales de propiedad del solicitante, sin invocar fundamento legal que justifique dicha actuación, restringiendo arbitrariamente el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce al recurrente.

Afirma que el actuar de la recurrida resulta ilegal y arbitrario, pues desconoce el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y priva al recurrente del ejercicio de su derecho a obtener la devolución de sus fondos previsionales, señalando que el recurrente acredita su calidad de profesional extranjero mediante título universitario apostillado, su afiliación al sistema previsional de su país de origen mediante certificado de cotizaciones y su voluntad de mantener dicha afiliación mediante declaración formal, añadiendo que la recurrida no señala el incumplimiento de ninguno de los requisitos legales ni controvierte la autenticidad o veracidad de la documentación acompañada, por lo que debe concluirse que se da cumplimiento a las exigencias previstas para el retiro de fondos previsionales, afirmando que tal actuación vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, relativas al derecho a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad.

Manifiesta que el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales mediante la adopción de medidas destinadas a poner término a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que perturben, amenacen o priven su ejercicio, que conforme al Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, la acción se interpone dentro del plazo de treinta días corridos contado desde la ocurrencia del acto recurrido, estimando que la presente acción se deduce dentro del plazo legal.

Argumenta que la Excma. Corte Suprema ha señalado que la ilegalidad corresponde a actuaciones contrarias a la ley, mientras que la arbitrariedad se manifiesta en actuaciones antojadizas, inmotivadas o carentes de razonabilidad, señalando que las garantías constitucionales afectadas por el acto recurrido consisten en aquellas contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, indicando que la negativa de la Administradora recurrida a tramitar y acoger la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada al amparo de la Ley N° 18.156 vulnera directamente el derecho a la igualdad ante la ley.

Expresa que la recurrida otorga al actor un trato desigual e injustificado respecto de otros solicitantes que se encuentran en idéntica situación jurídica y que, acompañando documentación de similar naturaleza, han obtenido una respuesta favorable, señalando que el recurrente cumple íntegramente con los requisitos contemplados en la Ley N° 18.156, modificada por la Ley N° 18.726, así como por la Circular N° 553, citando fallo pronunciado por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 96.380-2021, de fecha 20 de enero de 2023, sostiene: “[…] una interpretación como la planteada por la recurrida supondría una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma, desatendiendo a su finalidad y a la intención del legislador. El aceptarla importaría […] una retención injustificada de los fondos previsionales […]”. Asimismo, agrega: “[…] la negativa de la recurrida de entregar a la actora los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales”.

Sostiene que la finalidad de la Ley N° 18.156 consiste precisamente en facilitar la contratación de personal técnico extranjero altamente calificado, permitiendo mantener su afiliación a sistemas previsionales extranjeros sin verse obligado a cotizar simultáneamente en dos sistemas previsionales, señalando que, la exigencia adicional impuesta por la recurrida carece de sustento legal y configura una actuación arbitraria e ilegal, añadiendo que se vulnera la garantía prevista en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual constituyen bienes de propiedad exclusiva del recurrente, citando fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa Rol Protección N° 3391-2025, de 15 de julio de 2025, fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol Protección N° 325-2024 y fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, en causa Rol Protección N° 241-2025, estimando que la recurrida no puede incorporar requisitos adicionales ni efectuar interpretaciones restrictivas que impidan el ejercicio del derecho expresamente reconocido por el legislador.

Agrega que la actuación de la recurrida vulnera simultáneamente el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales del recurrente, todo ello pese a encontrarse plenamente acreditada la afiliación al sistema de seguridad social extranjero y la calidad de profesional extranjero del recurrente, circunstancias susceptibles de verificación mediante mecanismos oficiales, de manera que la negativa de la administradora recurrida carece de fundamento legal y responde a una exigencia meramente formal no contemplada en la normativa especial aplicable, configurando un acto ilegal y arbitrario que perturba el ejercicio de derechos fundamentales amparados por la Constitución.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. por el acto ilegal y arbitrario consistente en rechazar la solicitud de retiro de fondos para extranjero, notificada con fecha 02 de marzo de 2026; declararlo admisible; acogerlo en todas sus partes; ordenar a la recurrida pronunciarse dentro de un plazo razonable o del que esta Corte determine conforme al mérito de autos; disponer la devolución de los fondos previsionales ahorrados por el recurrente; y adoptar todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1.-Notificación que rechaza retiro de fondos AFP. 2.-Cédula de identidad del recurrente. 3.-Certificado de cotizaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 4.-Contratos de trabajo y anexos donde consta la declaración de mantener el sistema de previsión social de su país de origen. 5.-Título profesional apostillado. 6.-Certificado AFP.

A folio 12, comparece el abogado Rodrigo Montero Atria, actuando en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien evacúa el informe requerido, señalando que con fecha 27 de febrero de 2026, el recurrente presenta una solicitud de devolución de fondos previsionales, invocando la exención contemplada en la Ley N° 18.156 para trabajadores técnicos extranjeros, respecto de las cotizaciones enteradas por los empleadores Australis Mar S.A., Alvarez y Alvarez Ltda., Administradora Remota Ltda., Trabajos Marítimos Oxxean Ltda. Y Procesadora Mar Del Sur Spa, acompañando: a) Título profesional. b) Constancia electrónica de cotizaciones. c) Declaración jurada. d) Contrato de trabajo y anexos suscritos con Australis Mar S.A. e) Contrato de trabajo y anexos suscritos con ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA. f) Contrato de trabajo y anexos suscritos con ADMINISTRADORA REMOTA LTDA. g) Contrato de trabajo y anexos suscritos con TRABAJOS MARÍTIMOS OXXEAN LTDA. h) Contrato de trabajo y anexos suscritos con PROCESADORA MAR DEL SUR SPA.

Expone que AFP Modelo analizó los antecedentes aportados con el objeto de verificar el cumplimiento de la Ley N° 18.156, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, señalando que como resultado de dicho análisis, solicitó al recurrente acompañar un certificado de afiliación a un régimen previsional extranjero, por cuanto la constancia electrónica de cotizaciones y las declaraciones juradas efectuadas por el propio trabajador no constituyen medios idóneos para acreditar afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile.

Sostiene que, al no acompañarse el antecedente requerido, AFP Modelo rechaza la solicitud con fecha 2 de marzo de 2026, detallando que el rechazo se funda en que el recurrente no presenta certificado o constancia de afiliación emitida por la institución extranjera de seguridad social correspondiente, debidamente legalizado o apostillado, que acredite cobertura durante toda la relación laboral y, en todo caso, respecto de las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Señala que no obstaculiza el procedimiento ni efectúa interpretaciones arbitrarias, limitándose a aplicar las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones y los requisitos legales vigentes, afirmando haber actuado conforme a derecho, dando estricto cumplimiento a la Ley N° 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa aplicable.

En cuanto al Derecho, argumenta que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional de exención previsional para técnicos extranjeros, citando el artículo 7° de dicho cuerpo legal, que permite solicitar la devolución de fondos previsionales siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1°, reproduciendo el referido artículo que exige copulativamente: a) Afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. b) Manifestación expresa de voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo.

Afirma que se trata de requisitos copulativos y de derecho estricto, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema Rol Civil N° 28.299-2025, haciendo presente que AFP Modelo se encuentra sometida a la fiscalización y supervigilancia de la Superintendencia de Pensiones, conforme al artículo 52 del Reglamento del D.L. N° 3.500 y al artículo 94 del mismo cuerpo legal, citando las facultades de la Superintendencia para interpretar obligatoriamente la normativa previsional y dictar instrucciones vinculantes para las Administradoras.

Invoca especialmente el Oficio N° 21.480 de 20 de septiembre de 2017, mediante el cual la Superintendencia instruye que debe acompañarse documentación legalizada o apostillada que acredite cobertura previsional extranjera durante toda la prestación de servicios en Chile, citando el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, el que exige certificación emitida por la institución extranjera de seguridad social, debidamente legalizada, acreditando cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, añadiendo que excepcionalmente la acreditación puede efectuarse mediante certificado emitido por embajada o consulado que actúe en representación de la institución de seguridad social respectiva.

Cita los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, relativos a la legalización y apostilla de instrumentos públicos otorgados en el extranjero, señalando que tales exigencias resguardan la fe pública y la seguridad jurídica, citando fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol Protección N° 22.142-2024, confirmado por la Corte Suprema, Rol Civil N° 13.722-2025, fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en causa Rol Protección N° 2023-2025, confirmada por la Corte Suprema, Rol Civil N° 18.581-2025, fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol Protección N° 1763-2025, confirmada por la Corte Suprema, Rol Civil N° 23.218-2025.

Manifiesta que según dicha jurisprudencia, la constancia electrónica de cotizaciones o certificados carentes de legalización o apostilla no satisfacen los requisitos exigidos por la legislación chilena para acreditar afiliación previsional extranjera, estimando que el recurrente no cumple los requisitos previstos en la Ley N° 18.156 ni en la normativa administrativa aplicable, citando los artículos 46 y 47 de la Ley N° 19.882, destacando las facultades de la Superintendencia de Pensiones para interpretar administrativamente la normativa previsional y fiscalizar a las entidades sometidas a su control.

Enfatiza que AFP Modelo debe dar estricto cumplimiento a las instrucciones impartidas por dicho organismo, bajo apercibimiento de sanciones, haciendo presente que el recurso de protección exige la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace garantías constitucionales, circunstancia que no concurre en la especie, por cuanto AFP Modelo actúa conforme a la ley y a las instrucciones obligatorias de la autoridad reguladora, solicitando finalmente que se tenga por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección, con expresa condena en costas.

Se acompañan los siguientes documentos: 1.-Escritura pública de poderes de AFP Modelo de fecha 23 de diciembre de 2025. 2.-Título profesional del recurrente. 3.-Constancia electrónica de cotizaciones. 4.-Declaración jurada. 5.-Contrato de trabajo y anexos con AUSTRALIS MAR S.A. 6.-Contrato de trabajo y anexos con ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA. 7.-Contrato de trabajo y anexos con ADMINISTRADORA REMOTA LTDA. 8.-Contrato de trabajo y anexos con TRABAJOS MARÍTIMOS OXXEAN LTDA. 9.-Contrato de trabajo y anexos con PROCESADORA MAR DEL SUR SPA.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que el acto impugnado consiste en el rechazo por parte de AFP Modelo de la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente al amparo de la Ley N° 18.156, decisión fundada en que la documentación acompañada no acreditaría en forma suficiente la afiliación del solicitante a un régimen previsional o de seguridad social extranjero en los términos exigidos por la normativa legal y administrativa aplicable.

Cuarto: Que de los antecedentes acompañados aparece que el recurrente presentó, entre otros documentos, una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, instrumento que, según sostiene, sería suficiente para acreditar su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Sin embargo, consta asimismo que la recurrida estimó insuficiente dicho antecedente, requiriendo la presentación de un certificado de afiliación emitido por la institución extranjera competente, debidamente legalizado o apostillado, exigencia que encuentra sustento en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, organismo encargado de la interpretación administrativa y fiscalización del sistema previsional.

Quinto: Que, sobre el particular, se debe señalar que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional que permite a trabajadores técnicos extranjeros eximirse del sistema previsional chileno, y solicitar la devolución de fondos, siempre que acrediten, copulativamente, los requisitos previstos en su artículo 1°, entre ellos, encontrarse afiliados a un sistema de seguridad social extranjero que les otorgue cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile, requisitos que deben ser interpretados de manera estricta por tratarse de una norma de excepción.

De esta forma el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requisitos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado. En el mismo sentido ha sido fallado por la Excma. Corte Suprema de justicia en reciente fallo, en causa Rol N° 33946-2025, donde ha reconocido precisamente las facultades legales de la recurrida para negar la reclamación de la recurrente.

Séptimo: Que las Administradoras de Fondos de Pensiones se encuentran sometidas a la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, debiendo ajustar su actuación a las instrucciones generales y particulares impartidas por dicho organismo en el ejercicio de sus atribuciones legales.

En este contexto, la recurrida ha invocado el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y el Oficio N° 21.480 de 20 de septiembre de 2017, instrumentos que exigen la presentación de documentación emitida por la entidad previsional extranjera competente y debidamente legalizada o apostillada para acreditar la afiliación exigida por la Ley N° 18.156.

Octavo: Que, en consecuencia, la decisión adoptada por la recurrida no aparece como el resultado de una actuación caprichosa o carente de fundamento, sino que responde a una interpretación sustentada en instrucciones administrativas obligatorias para las entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones.

En tales circunstancias, la controversia planteada por el recurrente dice relación con la suficiencia o eficacia probatoria de los antecedentes aportados para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, cuestión que supone un análisis de fondo respecto de la procedencia del beneficio solicitado y de la interpretación de la normativa previsional aplicable, materia que excede los estrechos márgenes cognitivos de la presente acción cautelar.

Noveno: Que tampoco se advierte vulneración de la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, desde que no se han aportado antecedentes concretos que permitan establecer que la recurrida haya otorgado un trato diferente al actor respecto de otras personas que se encontraren en idénticas circunstancias fácticas y jurídicas.

Décimo: Que, del mismo modo, no se configura una afectación actual e ilegítima del derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, toda vez que la negativa cuestionada se funda en la falta de acreditación de los presupuestos legales exigidos para acceder a un régimen excepcional de devolución de fondos previsionales, sin que ello importe desconocer la titularidad que el recurrente posee sobre los recursos acumulados en su cuenta de capitalización individual.

Undécimo: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario imputable a la recurrida que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Luis Iván Díaz García.

Rol N° Protección-851-2026 (maf).