Protección contra Condominio nombre reservado alegando como acto ilegal y arbitrario que la adm

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece nombre reservado, quien viene en interponer la presente acción constitucional de protección en contra del Condominio nombre reservado alegando como acto ilegal y arbitrario que la administración y los residentes permitieron la grabación y difusión sin consentimiento de un video en que aparece su hijo menor de edad, lo que ha producido acoso reiterado y la negativa u obstaculización del acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad que constituyen prueba, por lo que alega vulneradas sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República y pide que se ordenen medidas efectivas para resguardar la honra, intimidad e integridad del menor y se adopten medidas de reparación por el daño moral causado.

Señala que el año 2025 se produjo la filmación sin consentimiento del menor orinando en áreas comunes, material que una trabajadora del condominio difundió en grupos de residentes, lo que motivó diligencias en Juzgado de Policía Local y Fiscalía, la intervención de la Oficina Local de la Niñez y un acuerdo reparatorio por amenazas en que otra persona ofreció disculpas públicas respecto de hechos conexos.

Indica que, pese a las gestiones y a las medidas adoptadas en su oportunidad, persiste en 2026 un trato hostil hacia su hijo y hacia él, acompañado de amenazas y conductas de acoso por parte de residentes, lo que devino en el hecho que alega, ocurrido el 7 de marzo del presente año, cuando una arrendataria del condominio increpó al menor en espacios comunes, todo lo cual fue denunciado ante fiscalía y comunicado a la administración sin obtener acceso a las grabaciones solicitadas. Argumenta que la pasividad o negligencia de la administración al no resguardar oportunamente la confidencialidad y al negarle el acceso a grabaciones ha revictimizado al menor y menoscabado su derecho a la honra, intimidad y propia imagen, invocando además la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, artículo 34, y que todos estos hechos han ocurrido en un marco de hostilidad hacia su persona, ya que anteriormente había sido presidente del comité de administración del edificio, y en dicho cargo despidió a una trabajadora, por lo que la grabación y difusión del video en que aparece su hijo habría sido una represalia por el despido, y el comité actual ha sido pasivo en su actuar frente a sus denuncias y las agresiones que ha sufrido.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se acoja la acción, que se ordene a la recurrida generar mecanismos eficaces para resguardar la integridad y el derecho a la honra del menor en los espacios comunes, que la administración fiscalice y evalúe acciones legales contra quienes perturban la convivencia, y que se proponga un mecanismo de reparación por el daño moral causado.

A su acción acompañó como pruebas la resolución comparendo del Juzgado de Policía Local; oficio Oficina Local de la Niñez N° NUM000 del 7 de abril del 2025; correos electrónicos dirigidos a la administración (fechas 7 de marzo del 2026, 10 de enero del 2026, 30 de agosto del 2025); denuncias en Fiscalía RUC 2600362478-0 y Causa 2500662961- 2; videos y capturas de pantalla de grabaciones de cámaras de seguridad; mensajes de WhatsApp y correos de residentes y del comité de administración; reglamento de copropiedad inscrito y fotografías.

A folio 11 la parte recurrente incorporó nuevos antecedentes a su acción y señaló que la reunión sostenida con miembros del comité y la administradora el día 27 de marzo del 2026 confirmó que la administración reconoció que la grabación había sido resguardada pero que por un “error” la conserje la envió a otra residente, lo que acredita la difusión y justifica la petición de acceso a las grabaciones.

A folio 20 la recurrente reafirmó que los hechos de marzo del 2026 son los que motivan la acción y que los antecedentes de 2025 se usan para acreditar una vulneración sistemática, acompañó además el reglamento de copropiedad vigente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces con el fin de controvertir la versión de la administración respecto de prohibiciones sobre el uso de bicicletas y el control de menores en áreas comunes. A folio 27 la parte recurrente incorporó como nuevos antecedentes a su acción el hecho de que la administración publicó en la plataforma comunitaria el detalle de gastos comunes del mes de abril del 2026 en que figura un cargo por $80.000 por “Redacción informe tribunal por denuncia nombre reservado”, lo que, a su juicio, revela una práctica de individualización pública del recurrente y una carga económica común por acciones internas de la administración, por lo que acompañó la colilla de gasto común y el detalle respectivo.

A folio 32 la parte recurrente indicó que con fecha 17 de julio del 2026 la administración envió solo a él un correo sobre un incidente de “pelota retenida” en que se le atribuye a su hijo responsabilidad por golpear un ventanal, documento que el recurrente acompaña junto a un mensaje de WhatsApp de la supuesta dueña de la pelota, y reitera que la comunicación fue dirigida únicamente a su persona, lo que evidencia trato arbitrario y persecución hacia su familia.

A folio 19 comparece nombre reservado, en representación del Condominio nombre reservado, quien viene en informar respecto de la presente acción de protección, y sostiene la improcedencia de la acción y pide su rechazo íntegro por estimar que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la administración y que los hechos principales fueron corregidos.

Explica que la administración procedió al despido de la trabajadora responsable de la grabación y que la acción inicial ocurrió en mayo del 2025, afirmando la extemporaneidad de la presentación, por cuanto el actor interpuso fuera del plazo de 30 días previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación de la acción de protección, y solicita que se rechace la acción por su falta de procedencia.

Indica que no existe deber de garante del condominio respecto de actos privados de terceros residentes, que las conductas posteriores corresponden a conflictos entre particulares y que no ha existido negativa arbitraria en la entrega de registros de CCTV, pues el sistema tiene limitaciones de cobertura y almacenamiento y se acordó que las grabaciones solo se facilitan previa solicitud de autoridad competente.

Expone que la actual administración asumió en septiembre del 2025 y no participó en los hechos iniciales, por lo que no puede imputársele responsabilidad por actos anteriores a su gestión.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se tenga por evacuado el informe y que se rechace en todas sus partes la acción de protección, con expresa condena en costas, señalando a su vez la disposición de la administración para colaborar en medidas razonables dentro del marco de sus competencias.

A folio 25 comparece nombre reservado, en representación de la Oficina Local de la Niñez de Lautaro, quien viene en informar respecto de la presente acción de protección, y da cuenta de la intervención de esa Oficina entre el 11 de marzo del 2025 y el 6 de mayo del 2025, que la derivación se originó en una actuación en diciembre del 2024 y que la Oficina brindó orientación y mediación, concluyendo que no se identificaron indicadores que hicieran necesaria una medida de protección administrativa de mayor intensidad durante su intervención, y que las gestiones realizadas se dieron por agotadas el 6 de mayo del 2025.

Explica que la Oficina Local de la Niñez remitió oficio al administrador del condominio el 8 de abril del 2025 requiriendo antecedentes y orientando sobre la normativa aplicable en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y que se solicitó a la administración emitir una respuesta formal al padre sobre la difusión del video y las circunstancias en que se produjo.

Indica que, habiéndose realizado las gestiones necesarias dentro de su competencia, el caso fue cerrado en esa unidad el 6 de mayo del 2025 y que la Oficina no tuvo conocimiento ni intervención en los hechos ocurridos en 2026, por encontrarse el proceso egresado. Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se tenga por evacuado el informe de la Oficina Local de la Niñez y acompaña como documento el oficio N° NUM000 del 7 de abril del 2025 remitido al administrador del Condominio nombre reservado.

Con fecha 17 de julio se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que la acción de protección es un mecanismo de urgencia que procede en las situaciones expresamente previstas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, esto es ante actos arbitrarios o ilegales que ocasionen privación, perturbación o amenaza en alguna de las garantías fundamentales taxativamente amparadas por la norma.

SEGUNDO: Que la doctrina y la jurisprudencia han sido constantes en sostener que uno de los requisitos para la procedencia de la acción de protección es la existencia de un derecho cierto y no controvertido cuyo amparo se solicite, dado el carácter sumario y cautelar del procedimiento.

TERCERO: Que en el presente asunto la parte recurrente alega la grabación y difusión sin consentimiento de un video en el que aparece su hijo menor de edad, hecho ocurrido durante el año 2025 y seguido, según afirma, por un episodio de hostigamiento ocurrido el 7 de marzo del 2026, todo lo cual, añade, ha provocado acoso reiterado, amenazas y la negativa u obstaculización del acceso a grabaciones de cámaras de seguridad que constituyen prueba. Sin embargo, los hechos denunciados se encuentran controvertidos por la parte recurrida, la cual expone que la administración procedió a despedir a la trabajadora responsable de la grabación y que las diligencias correspondientes fueron tramitadas ante el Juzgado de Policía Local y la fiscalía, además de la intervención de la Oficina Local de la Niñez, la que según consta intervino entre el 11 de marzo del 2025 y el 6 de mayo del 2025 y, finalizadas sus gestiones, no continuó en conocimiento de los hechos de 2026.

CUARTO: Que en virtud de lo anterior, no puede considerarse acreditada de manera indubitada la existencia de actos u omisiones arbitrarios e ilegales imputables a la administración del condominio en los términos exigidos por la acción, por cuanto la veracidad y alcance de los hechos alegados se encuentran discutidos y, por ende, son materia propia de un análisis más profundo y contradictorio que excede las posibilidades del presente procedimiento sumario.

QUINTO: Que además, debe tenerse presente que la parte recurrida manifiesta que el acceso a registros de cámaras de seguridad ha seguido criterios de resguardo técnico y de limitación de disponibilidad, sin perjuicio de entregarlas a requerimiento de un tribunal, de lo que no se ha acreditado que exista alguna solicitud en tal sentido que haya sido negada.

SEXTO: Que así las cosas, y atendida la existencia de controversia sobre la ocurrencia y alcance de los hechos invocados por la parte actora y que algunos de los hechos denunciados fueron objeto de trámites en otras instancias administrativas y jurisdiccionales, corresponde estimar improcedente la vía de la acción de protección para obtener las pretensiones planteadas por la parte actora, pues la presente acción no despliega el ámbito probatorio y el grado de conocimiento necesario para dilucidar con plena certeza las cuestiones fácticas controvertidas.

SÉPTIMO: Que por consiguiente resulta innecesario entrar en un examen pormenorizado de las garantías constitucionales invocadas y de todos los documentos acompañados por las partes, en atención a la improcedencia procesal que precede, y considerando también para ello la información aportada por la Oficina Local de la Niñez en relación al resguardo que ya existe respecto de los derechos del niño sujeto de la acción.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de la acción de protección de garantías constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado en contra del Condominio nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro titular señor Álvaro Mesa Latorre.

Rol N° Protección-839-2026.(jog)