nombre reservado con SECCIÓN REMUNERACIONES POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparecen nombre reservado, R.U.N. N° RUT reservado, chileno, casado, Subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado en domicilio reservado, Pitrufquen y nombre reservado, R.U.N. N° RUT reservado, chileno, divorciado, Subprefecto ® de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra de la Sección Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, R.U.T. N° RUT reservado, legalmente representada por su Director General, don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, R.U.N. N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los siguientes hechos:

El primero, la omisión del pago de los saldos remuneratorios adeudados por concepto de “asignación de zona”, que debió calcularse incluyendo la “asignación de especialidad al grado efectivo" (código H0050), lo que no se realizó durante los periodos que serán indicados, produciéndose una diferencia entre lo que correspondía pagar, con aquello que efectivamente recibimos, y que en la actualidad se nos adeuda, por todo el periodo en que prestamos servicios en una ciudad donde nuestra remuneración contemplaba la “asignación de zona”, hasta el 26 de abril de 2021, tiempo que corresponde al periodo que la recurrida no ha regularizado, con lo cual nos produce una directa afectación al derecho contenido en el artículo 19 N° 24 de nuestra constitución. El segundo, se refiere a la conducta pasiva de la recurrida, para regular sus deberes como empleador público, conculcando el derecho y garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la carta fundamental, lo que constituye una distinción arbitraria de la Policía de Investigaciones de Chile hacia los recurrentes, pues hemos sido discriminados respecto de otros funcionarios, activos y en situación de retiro, a los que sí han pagado – de forma íntegra – aquellos montos insolutos, por el mismo período alegado en autos.

El incumplimiento de las obligaciones correlativas a pagar los saldos adeudados en nuestras remuneraciones, inherentes a la prestación de servicios en determinada zona geográfica del país, constituye un acto ilegal y arbitrario, por el vínculo jurídico que nos une con la recurrida.

I.- LOS HECHOS:

1.- En lo que respecta a los actores, son integrantes de la misma promoción, siendo su ingreso a la institución el año 1994, encontrándose en la actualidad, ambos en la condición de jubilados.

2.- Durante su permanencia en la PDI, desempeñaron funciones en diferentes ciudades del país, varias de las cuales contemplaban el beneficio de gratificación de asignación de zona , el que equivale a un porcentaje adicional, de sus remuneraciones.

En suma, para todos los efectos legales, los recurrentes han cumplido funciones en diferentes zonas del país donde corresponde el pago de la “asignación zona” en sus remuneraciones. No obstante, de acuerdo a lo que se acaban de enterar, a través de una conversación con un Oficial Jefe en retiro, que éstas les han sido pagadas de manera incompleta, hasta el 26 de abril de 2021, sin que a la fecha la recurrida haya subsanado este arbitrio.

1. ASIGNACIÓN DE GRADO EFECTIVO. El personal percibirá una asignación mensual denominada de especialidad al grado efectivo (código H0050), cuyo monto se fijará de acuerdo con su grado jerárquico y económico, que para el caso de los Oficiales Policiales de la Policía de Investigaciones de Chile comienza en el grado de Detective (13°) para luego devenir en otros superiores, a saber: Subinspector (12°), Inspector (11°), Subcomisario (9°), Comisario (8°), Subprefecto (7°), Prefecto (5°), Prefecto Inspector (3°), Prefecto General (2°), y hasta el cargo de Director General (1°).

2. ASIGNACIÓN DE ZONA RECLAMADA. Desde el egreso de la Escuela de Investigaciones Policiales, con el grado de Detective, por el solo ministerio de la ley, y por el mero desempeño del cargo, se genera el derecho a percibir la asignación de grado efectivo, el cual va en aumento, como se esbozó, a medida que se asciende de grado. Tal asignación, de acuerdo con lo señalado por la Contraloría General de la República, debe ser considerada en la base de cálculo para la asignación zona, lo cual arbitrariamente, y de manera antojadiza, la recurrida no hizo respecto de los recurridos.

3. La Policía de Investigaciones de Chile, a través del Radiograma Nº 225, de fecha 30 de mayo de 2019, comunicó a todos los funcionarios institucionales que:

“Se informa a todo el personal institucional que, a partir de mayo 2019, se modifica la base de cálculo de la gratificación de zona, para los trabajadores de la Policía de Investigaciones de Chile, que cumplan funciones en aquellas Unidades con derecho al pago de este estipendio económico, conforme a revisión del departamento de auditoria interna y a informe técnico jurídico.

El referido pago se cursará en el proceso suplementario del presente mes, siendo abonado en las cuentas bancarias el día 31.MAY.019.”

4. Efectivamente, la recurrida realizó ese pago el 31 de mayo de 2019, ocasión en la cual utilizó la correcta base de cálculo, es decir, incluyó la “asignación de grado efectivo” para enterar la asignación de zona, sin embargo, de manera antojadiza y arbitraria, al mes siguiente, lo suspendió y, por medio del Radiograma N° 285, de fecha 02 de julio de 2019, comunicó a todos los funcionarios que:

“Se informa al personal, que ante las reiteradas consultas efectuadas tanto a instancias institucionales como extrainstitucionales respecto de la nueva base de cálculo utilizada para el pago de la gratificación de zona y los efectos que esta generaría en las remuneraciones, esta jefatura nacional ha solicitado un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, con el objeto de aclarar la pertinencia de este procedimiento.

Conforme a lo anterior, las remuneraciones con asignación de zona continuarán cancelándose utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del ente contralor, a partir de la cual se procederá conforme a derecho respecto al pago en cuestión.

Por lo antes expuesto, se solicita al personal mantenerse a la espera, hasta que esta jefatura nacional reciba el referido pronunciamiento por parte de Contraloría General de la República” (el destacado es nuestro).

5. Así las cosas, a consecuencia de la solicitud plasmada en el Oficio N° 368, del 24 de julio de 2019, del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, la Contraloría General de la República, emitió el Dictamen Nº E98928, del 26 de abril de 2021, el cual se acompaña en el primer otrosí, y que en su conclusión señala:

“En dicho contexto, conviene puntualizar que la nueva asignación de especialidad al grado efectivo establecida en el artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1968, no contiene una regla que ordene no considerar dicho beneficio para el cálculo de la gratificación de zona, como sí lo hacía la normativa tácitamente derogada relativa al beneficio de similar denominación contenido en el citado artículo 41 del decreto ley Nº 3.551, de 1980.

Finalmente, cumple con señalar que los artículos 2° de los citados decretos Nos. N° 87, de 1999 y 135, de 2019, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, definen remuneración como cualquier contraprestación en dinero que el personal tiene derecho a percibir en razón de su empleo o función, tales como, sueldo base, asignaciones, sobresueldos, gratificaciones, bonificaciones y otros estipendios, naturaleza jurídica que posee la asignación de especialidad al grado efectivo, lo que implica que deba ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona, acorde con lo establecido en el aludido artículo 46, letra d), numeral 3), del reseñado texto estatutario.

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerado en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.”

6. La regularización de pago hecha por la Policía de Investigaciones de Chile fue solamente parcial, ya que dicha institución interpretó antojadizamente el Dictamen N° E98928/2021 de la Contraloría General de la República, estimando que la fecha de emisión de aquel servía de punto de inicio para el cumplimiento de la obligación que generaba este derecho. A dicha deducción, arribó al considerar la palabra "actualmente" señalada en el aludido dictamen, pagando sólo el período desde el 26 de abril de 2021 en adelante. (lo que en definitiva se concretó en el mes de diciembre de 2022), sin regularizar la deuda generada, antes del dictamen de la Contraloría General de la República.

7. No obstante, con antelación al citado Dictamen, la recurrida ya tenía el convencimiento de que las nuevas disposiciones contenidas en el DFL 2 de 1968 (modificado mediante DFL 1 de 1998) derogaban tácitamente las disposiciones en contrario, respecto de los beneficios (asignaciones, sobresueldos) contempladas en otros cuerpos normativos, en pro de los miembros de la institución. Así queda de manifiesto en requerimiento presentado por la Jefatura del Personal ante la Contraloría General de la República, el cual dio origen al Dictamen 38004/2005 de dicho ente contralor, señalando, en lo pertinente:

“La Jefatura de Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, se ha dirigido a esta Contraloría General solicitando la reconsideración del Dictamen N° 8.253, de 2004, ya que, a su juicio, la asignación por actividad peligrosa o nociva para la salud y el sobresueldo por desempeño en Unidades Especializadas son compatibles entre sí, desde la dictación del DFL. N° 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros, texto legal que habría derogado tácitamente el artículo 28 del Decreto N° 70, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Investigaciones, Reglamento de Sobresueldos y Asignaciones para el Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, que contiene la cuestionada incompatibilidad.”

Señalar que el criterio contenido en este pronunciamiento, es recogido en el Dictamen Nº E98928, del 26 de abril de 2021, tantas veces mencionado.

8. Tal juicio de la recurrida, no viene más que a dejar de manifiesto que dicha institución siempre consideró que los nuevos beneficios establecidos en el DFL 1 de 1968, modificado mediante el DFL 1 de 1998, eran plenamente aplicables a sus integrantes, desde su entrada en vigencia. Sin embargo, nada hizo respecto de la asignación de zona.

II RECONOCIMIENTO DEL DERECHO 9. Mediante el Radiograma 225, y el pago suplementario realizado en el mes de mayo del año 2019, la recurrida no hace más que reconocer expresamente la existencia de un derecho, el cual debía pagarse conforme a la normativa vigente, considerando la asignación de especialidad en el grado efectivo en la base de cálculo de la asignación de zona.

Luego, el pronunciamiento solicitado al ente contralor, constituye un reconocimiento inequívoco de que inobservaba la normativa vigente.

10. A mayor abundamiento, queda de manifiesto en el pronunciamiento “Sobre determinación de base de cálculo para la Gratificación de Zona”, emitido por la Jefatura Jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile, contenido en el oficio N° 611 del 25 de junio de 2019, de aquel origen, que:

“Nro. 3, letra e) Respecto de esta asignación, si bien el artículo 41 del decreto Ley N° 3551 en su parte final dispone que no se considerará para los efectos de la Asignación de Zona, esta Jefatura es de opinión de que esa limitación no es aplicable al personal institucional… Nro. 4. En consecuencia y atendidas las disposiciones legales Y reglamentarias citadas, esta Jefaturas Jurídica es de la opinión que, para determinar la base de cálculo de la Gratificación de Zona, procede considerar la Asignación de especialidad al Grado efectivo por no existir prohibición en el estatuto del Personal de Carabineros ni en el reglamento de sobresueldos institucional…” (el destacado es nuestro).

11. El Dictamen Nº E98928 de fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República, constituye una aclaración en relación a la manera en que deben efectuarse los cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de estos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

12. En el mismo sentido, lo ha señalado la Contraloría General de la República, que mediante Dictamen 052356N15, que a su vez consideró la abundante jurisprudencia administrativa sobre la materia, -contenida, entre otros, en los dictámenes Nros. 14.448, de 1988; 20.101, de 2000 y 50.185, de 2007- Resolvió una vez más que la norma interpretada y el dictamen que en ella ha recaído, constituyen un todo obligatorio para la autoridad y para los funcionarios a quienes afecta, produciendo sus efectos desde la fecha de vigencia de la disposición interpretada.

Dicho lo anterior, resulta del todo lógico afirmar que la base de cálculo correcta debe ser aplicada de manera retroactiva, puesto que se trata de derechos indubitados y preexistentes durante todo el tiempo en que el personal desempeñó labores en zonas que contemplaban dicha gratificación, la que, por cierto, se devenga por el solo ministerio de la ley y sin necesidad de acto declarativo previo.

13. Esta tesis ha sido confirmada en fallo reciente de la Excelentísima Corte Suprema, en Protección ROL N° 147.027-2023, caratulado "nombre reservado/nombre reservado (Sección Remuneraciones)” que recae sobre el mismo objeto litigioso, en el cual se resuelve definitivamente la interpretación equivoca realizada por la Policía de Investigaciones de Chile respecto del Dictamen N° E98928 / 2021 de la Contraloría General de la República, fallando que debe pagarse igualmente el periodo que media entre el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021:

PARTE RESOLUTIVA:

“…SE REVOCA la sentencia apelada de quince de junio dos mil veintitrés, y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado y de don nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, debiendo esta institución proceder al pago de la “Asignación de Grado Efectivo” con la gratificación de zona, por el período que media entre su ingreso a la institución y el 26 de abril de 2021…”

14. Luego, en el mismo fallo, La Excma. Corte Suprema, además, se hace cargo y sentencia respecto de la prescripción alegada por la Policía de Investigaciones de Chile, instando al rechazo de la acción conforme al artículo 99 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo:

“CUARTO: Que, en relación con el señor nombre reservado, cabe reiterar que tampoco la recurrida niega que le asiste el derecho al pago que impetra, alegando únicamente la prescripción del mismo en virtud de lo previsto en el artículo 99 del Estatuto Administrativo.

No obstante, olvida la recurrida que mediante Radiograma N° 225 de mayo de 2019 reconoció expresamente la procedencia de pago y que mediante Radiograma N°285, de julio de 2019 hizo presente a sus funcionarios que la situación de la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona estaba siendo consultada a la Contraloría General de la República, lo que no puede estimarse como un desconocimiento de su procedencia sino, por el contrario, un antecedente más que da cuenta de que la recurrida estimaba procedente su pago.

En tales circunstancias, aparece como arbitrario que, pese a que dicho órgano contralor emitió su Dictamen, resolviendo la consulta con fecha 26 de abril de 2021, no resulta comprensible que no haya regularizado el pago de sus funcionarios de inmediato.

Por lo que no se advierte fundamento para que la recurrida se niegue también al pago de este recurrente de la asignación de zona sobre la asignación especial de grado efectivo por todo el período en que prestó servicios para la recurrida.”

15. En razón de los argumentos esgrimidos, queda de manifiesto que los recurrentes tienen derecho a que la base de cálculo de gratificación de zona que actualmente emplea la recurrida para el pago de sus remuneraciones, se les aplique retroactivamente a los periodos en que desempeñaron funciones en las ciudades donde les correspondió el pago de la “asignación zona”, desde el año 1998 hasta el 26 de abril de 2021, debiendo pagársele aquella parte de sus remuneraciones que por ley les correspondía y que, por acción y omisión imputable a la recurrida, no han percibido hasta la actualidad.

III.- EL DERECHO.

PROCEDENCIA DEL RECURSO.

Que, de conformidad a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República:

“El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

Dentro del plazo señalado en el Nº 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales:

“El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

IV.- LEGITIMACIÓN TEMPORAL. OPORTUNIDAD DEL RECURSO.

Debemos señalar que, al acogerse a retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, los recurrentes desconocían completamente los antecedentes de la vulneración de sus garantías constitucionales. Puesto que mientras estaban en servicio activo, siempre se les hizo saber de parte de la superioridad institucional, que como se les pagaba esta asignación, era la manera correcta como debía hacerse, lo cual posteriormente se modificó con el pronunciamiento de la Contraloría. Al respecto, el mando institucional, nuevamente les hizo saber que esa corrección era hacia el futuro y bajo ninguna manera tendría efectos retroactivos. Por tratarse de una institución jerarquizada, nunca cuestionaron estas instrucciones ni menos el actuar de la institución. Jamás me imaginaron que se trataba de una arbitrariedad, sobre todo basándose en la buena fe, con la que siempre pensaron que actuaba su otrora institución.

Sin embargo, recién han tomado conocimiento directo y fidedigno del acto arbitrario e ilegal, al participar, el día 24 de enero de 2025, en una reunión de camarería con otros miembros activos y en retiro de la Institución, entre los cuales se encontraba el nombre reservado, quien les contó que había sido favorecido con una sentencia definitiva, de fecha 30 de diciembre de 2024, la cual acogió su ( y de su cónyuge, también oficial en retiro) recurso de protección ROL 1805-2024, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, por la vulneración de garantías constitucionales que aseguran el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley. En base a los mismos presupuestos latamente detallados previamente, haciendo hincapié que él había tomado conocimiento de esta vulneración, por parte de otro oficial en retiro, quien le envió un pantallazo con varias causas de la Ilustrísima Corte de Apelaciones Coyhaique, uno de los cuales fue revocado y acogido por le Excelentísima Corte Suprema, rol 147.027-2023. Para dar certeza de aquello, extiende una declaración jurada simple, suscrita ante Notario, la cual les remite juntamente con una copia del fallo de su recurso.

Con base en lo anterior, se argumenta que la acción u omisión vulneratoria aún se encuentra vigente, afectando de manera continua y permanente mis derechos fundamentales. Pues, la recurrida a pesar de que está en pleno conocimiento de que su actuar es ilegal y arbitrario, nada ha hecho para regularizar esta situación, con lo cual, hay plena legitimación en cuanto a la temporalidad para interponer esta acción constitucional, dado que el perjuicio persiste hasta la fecha y sigue generando un daño directo.

En el mismo sentido lo ha resuelto la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, al señalar:

“Que, previo a entrar al fondo del asunto, y en relación con la alegación de extemporaneidad del recurso promovida por la recurrida, es menester señalar que se rechazará la misma, por cuanto la falta del pago de la asignación de especialidad al grado efectivo reclamada se ha mantenido en el tiempo respecto del recurrente, renovándose mes a mes la situación que se estima vulneratoria”

La abundante jurisprudencia acerca de la procedencia de este tipo de acción cautelar, se ha estimado que: “…el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el Artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece…”.

En cuanto a la Acción u Omisión Se trata de una “omisión”, puesto que la recurrida no realizó el pago íntegro de las remuneraciones de los recurrentes, las que les correspondían conforme a derecho, durante los periodos en que cumplieron funciones en una localidad del país que tiene derecho a la asignación de zona (15%), hecho ilegal y arbitrario que es consecuencia de la aplicación de una base de cálculo de gratificación de zona incorrecta e incompleta, lo que configura claramente una vulneración al derecho de propiedad, consagrado y garantizado en el artículo 19 Nº 24 de nuestra Constitución Política de la República.

Por otro lado, también concurre una “acción” ilegal y arbitraria, toda vez que otra conducta imputable a la recurrida, es aplicar la comentada base de cálculo, con pleno conocimiento de estar inobservando la normativa vigente, conculcando la garantía constitucional que asegura el derecho de propiedad, que afectó las remuneraciones de los recurrentes, privándolos de recibirlas íntegramente.

En cuanto a la Ilegalidad:

Comúnmente, se estima que una conducta ilegal es aquella que contraviene formalmente el texto que, para el caso en cuestión, implica o trae como consecuencia directa la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en el Artículo 19 del Constitución Política de la República.

En cuanto a la Arbitrariedad:

Igualmente, el actuar de la recurrida resulta arbitrario, en tanto carece de fundamento, razonabilidad y lógica, siendo producto del mero capricho, antojadiza y motivada por su mera voluntad, puesto que, a pesar de estar en pleno conocimiento de su obligación conforme a la ley, decide no aplicar retroactivamente el derecho de propiedad sobre la correcta asignación de zona que contemplaban las remuneraciones de los recurrentes.

En cuanto a la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho:

Privar, implica despojar, quitar o impedir el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales del actor.

En el caso de marras, se priva a los recurrentes del ejercicio al goce, uso y disposición de sus remuneraciones íntegras y que en derecho le correspondieron durante los periodos respectivamente expresados, por cumplir funciones en una zona donde tenían derecho a este tipo de estipendio, en total oposición a lo estatuido en nuestro ordenamiento jurídico.

Derechos Fundamentales Vulnerados:

La recurrida incurrió en una conducta arbitraria e ilegal que, principalmente, priva a los recurrentes de la garantía constitucional contemplada en el Artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, conforme a los fundamentos de hecho y derecho ya desarrollados, toda vez que teniendo derecho a percibirlas completa e íntegramente dentro del periodo controvertido, esto no sucedió como exclusiva consecuencia de la conducta de la recurrida.

VI.- DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LAS REMUNERACIONES.

Los preceptos obligatorios infringidos por la Policía de Investigaciones de Chile se hallan no sólo en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 24, y normativa general, sino que también en la propia ley que específicamente regula a la recurrida, es decir, en los artículos 5 letra e) y 97 y 98 del DFL 1 de 1980 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones, donde se define el concepto de remuneración, para luego consagrar el derecho a la remuneración por los servicios prestados; y por último establecer el derecho a la remuneración integra, los que se han sido transgredidos por la Policía de Investigaciones de Chile.

“Artículo 5°-. Para los efectos del presente Estatuto se entenderá, a menos que el sentido natural de la frase indique otra cosa, que el significado legal de los términos que a continuación se señala será el siguiente:

e) Remuneración: Cualquier estipendio que el personal tenga derecho a percibir en razón de su empleo.

Artículo 97°: “El personal tiene derecho, como retribución por sus servicios, a las remuneraciones y demás beneficios que determine la ley. “Los funcionarios regidos por este Estatuto tendrán derecho a sus remuneraciones desde la fecha en que asuman su cargo.

Si para hacerlo necesitaren trasladarse a un lugar distinto del de su residencia, las remuneraciones se devengarán desde el día en que emprendan el viaje”.

Artículo 98°: “Las remuneraciones que percibe el personal son inembargables, salvo por resolución judicial ejecutoriada, decretada en juicio de alimentos.

Queda prohibido deducir de las remuneraciones del personal otras cantidades que las correspondientes a pago de impuestos, cuotas o servicios de deudas de previsión y otros descuentos establecidos expresamente por las leyes.

De las remuneraciones del personal, podrá deducirse, además, los descuentos provenientes de obligaciones que estos hayan contraído con organismos administrativos internos”.

De lo transcrito, no sólo resulta evidente que el derecho a las remuneraciones por los servicios prestados tiene calidad de indubitado; sino que, además, se establece que es un derecho el percibirlas íntegramente.

Asimismo, el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, vulnera la garantía consagrada en el Artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, que asegura la igualdad ante la ley, toda vez que, como se acredita en el caso de marras, aquella igualdad no se ha respetado, pues los recurrentes se vieron – arbitrariamente – privados de recibir sus remuneraciones conforme a la ley, dado que la recurrida, en pleno conocimiento de la correcta base de cálculo que debe aplicar, sumado al deber de regularizar sus obligaciones incumplidas con sus empleados, por la precisión que hizo el fallo emanado de la Excma. Corte Suprema de Justicia en autos Rol N° 147.027-2023, no lo ha realizado en sus casos, persistiendo la deuda de aquellos montos correspondientes a los periodos en los que desempeñaron en una localidad con derecho a “asignación zona”, dejándolos en una posición diversa, desventajosa y en desmedro de otros funcionarios activos y en situación de retiro, que sí han recibido el pago en su totalidad, como por ejemplo, los ex oficiales nombre reservado, nombre reservado y el mismo nombre reservado.

En definitiva, debiendo la correcta base de cálculo aplicarse retroactivamente para completar lo que de sus remuneraciones se les adeuda, esto no ha sucedido, configurando con ello la discriminación arbitraria alegada.

De los antecedentes expuestos, la recurrida de manera antojadiza en un acto arbitrario e ilegal, conculcó el derecho que poseían los recurrentes relativo a percibir íntegramente el pago de la “Gratificación de Zona”, puesto que, pese a estar en conocimiento de la nueva normativa, no consideró la “Asignación de especialidad al grado efectivo” en la base de cálculo de dicha gratificación, lo que claramente vulnera las garantías reconocidas en los Nos. 2 y 24 del artículo 19, de nuestra Constitución Política de la República.

Solicita acoger el recurso de protección y, en definitiva, se le ordene el cálculo y pago íntegro de las remuneraciones que se adeudan a los recurrentes, conforme a los periodos y zonas señaladas precedentemente, y que contemplaban la gratificación de asignación de zona, más reajustes e intereses legales; todo con expresa condenación en costas, en caso de oposición.

A folio 13 se evacua informe por parte de la Policía de Investigaciones en los siguientes términos:

nombre reservado y nombre reservado, ha interpuesto la presente acción constitucional de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por el supuesto acto ilegal y arbitrario, consistente en privar a los actores, sin expresión de causa, del pago íntegro de la “asignación de especialidad al grado efectivo”, estipendio que debía aplicarse el cálculo de la “gratificación de zona”, el cual tiene el carácter de remuneración, lo que a juicio del recurrente vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 N° 2, es decir, el derecho a la igualdad ante la ley, y N° 24, esto es, el derecho de propiedad, de nuestra Carta Fundamental, razón por la cual vengo en informar al tenor del referido recurso solicitando su rechazo, en atención a las siguientes consideraciones de hecho y derecho, que a continuación paso a exponer:

I.- DE LAS ALEGACIONES DEL RECURSO:

1.- En primer lugar, es menester hacer presente que, los recurrentes ingresaron a la Policía de Investigaciones de Chile el 01 de febrero del año 1994, encontrándose actualmente en situación de retiro.

2.- Luego, en su libelo pretensor, dan cuenta de las unidades en las que ejercieron sus labores, además de una serie de actuaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, relativa a la determinación de la gratificación de zona del personal de dicha institución, expresando que durante el año 2019 se informó al personal institucional de un nuevo cálculo para su pago por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, cuestión que luego se habría visto suspendida por una presentación a la Contraloría General de la República.

3.- Que, a principios del mes de noviembre de 2022, el entonces Director de esta Institución Policial, nombre reservado, anunció por los canales internos a sus dirigidos, que se procedería a pagar la asignación en discusión de manera retroactiva, con la salvedad de que aquello solo comprendería el periodo que comprende “desde los primeros días del mes de abril de 2021 a diciembre de 2022”, a través de un proceso suplementario materializado el 30 de diciembre de 2022.

Que, frente a la falta de explicación de la PDI, que guarda relación con los motivos que llevaron a no saldar completamente lo adeudado, dejando afuera el intervalo que media entre el mes de junio de 2019 a marzo de 2021, tanto funcionarios activos como en situación de retiro, interpusieron sendos recursos de protección, los cuales han sido acogidos, ordenando a la PDI regularizar el pago de la asignación en pendencia.

4.- En definitiva, el Órgano Contralor emitió el Dictamen N° E98928, de 26.ABR.021, en el cual concluyó que correspondía considerar la asignación de especialidad al grado efectivo en el cálculo de la gratificación de zona.´ 5.- Indican que el actuar de la Policía de Investigaciones de Chile, ha vulnerado sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, y el derecho de propiedad.

6.- Finalmente, solicita que esta institución recurrida proceda con las operaciones financieras destinadas al pago de las sumas adeudadas a los actores, con los reajustes correspondientes, como también la reliquidación de sus pensiones y desahucios, sin señalar montos de dinero específicos, no habiendo petición concreta en ese sentido.

7.- Es menester hacer presente que, gran parte de las sumas de dinero que están intentando percibir los actores, o bien, que esta Corte declare como adeudados, corresponden a los años 1999, en el caso del señor nombre reservado y desde el 2001, en el caso del señor nombre reservado, ambos hasta el año 2024. En síntesis, gran parte de esas sumas de dinero, específicamente desde el año 1999, hasta el año 2020 hacia atrás, se encuentran irremediablemente prescritas, lo que debe ser determinado a través de un procedimiento judicial de lato conocimiento, no siendo el Recurso de Protección la vía idónea para realizar este tipo de cobros, atendida la naturaleza del recurso de protección al tener este un carácter de excepcional y urgente.

II.- RESPECTO DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LOS RECURRENTES, CABE SEÑALAR LO SIGUIENTE:

A.- SOBRE LA ASIGNACIÓN DE ESPECIALIDAD AL GRADO EFECTIVO:

En lo relativo a la asignación de especialidad al grado efectivo, es conveniente recordar que el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1968, en su texto original, no contemplaba dicho beneficio.

Sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, publicado el 2 de enero de 1981, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, a favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al decreto ley N° 3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Ahora bien, cabe manifestar, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes Nos. 38.004, de 2005 y 57.527, de 2015, de la Contraloría General de la República, que el establecimiento de un nuevo beneficio remuneratorio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, a favor del personal de Carabineros y de Investigaciones, importó, respecto de dichos servidores, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado decreto ley N° 3.551, de 1980.

Lo anterior, por cierto, con la sola excepción de la regulación contenida en el artículo 41 del Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, relativa a montos, por cuanto el artículo 46, letra r), del mencionado decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, se remite expresamente a ella para efectos de establecer los valores a los que ascenderá la nueva asignación de especialidad al grado efectivo.

De acuerdo a lo señalado, la regulación de la asignación de especialidad al grado efectivo vigente remite al D.L. N° 3551, de 1980 (“cuyo monto se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley Nº3.551, de 1980, y sus modificaciones”).

Dicha norma, como ya se señaló, indica que: “La asignación que concede este artículo no se considerará para los efectos de la asignación de zona”. Ahora bien, en abril de 2021, y tras los cambios normativos antes descritos, la Contraloría General de la República se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona. El criterio adoptado sobre esa materia es el que dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la mencionada gratificación.

B.- SOBRE LA GRATIFICACIÓN DE ZONA:

La gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S.N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento de asignaciones, sobresueldos, gratificaciones especiales y otros derechos económicos del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, y que señala lo siguiente:

“3) La gratificación de zona se calculará sobre el total de las remuneraciones, salvo las asignaciones de rancho y familiar y las otras excepciones legales”.

C.- ACERCA DEL DICTAMEN N°E98928, DE 2021, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:

Sobre el particular, cabe señalar que mediante Oficio N° E98928/2021, del 26.ABR.021, la Contraloría General de la República, remitió el dictamen a esta Policía de Investigaciones de Chile, en virtud a una consulta formulada por el Director General, respuesta en la cual el ente Contralor, señalo que:

“En dicho contexto, conviene puntualizar que la nueva asignación de especialidad al grado efectivo establecida en el artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1968, no contiene una regla que ordene no considerar dicho beneficio para el cálculo de la gratificación de zona, como sí lo hacía la normativa tácitamente derogada relativa al beneficio de similar denominación contenido en el citado artículo 41 del decreto ley Nº 3.551, de 1980.

Finalmente, cumple con señalar que los artículos 2° de los citados decretos Nos. N° 87, de 1999 y 135, de 2019, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, definen remuneración como cualquier contraprestación en dinero que el personal tiene derecho a percibir en razón de su empleo o función, tales como, sueldo base, asignaciones, sobresueldos, gratificaciones, bonificaciones y otros estipendios, naturaleza jurídica que posee la asignación de especialidad al grado efectivo, lo que implica que deba ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona, acorde con lo establecido en el aludido artículo 46, letra d), numeral 3), del reseñado texto estatutario.

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio”.

Al tenor de lo resuelto por la Contraloría General de la República, cabe mencionar en primer término que dicho pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, luego a fin de determinar su sentido y alcance, es menester aplicar las reglas generales de interpretación, contenidas, entre otras, en el artículo 20 del Código Civil, de acuerdo con el cual las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas.

De esta manera, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en su versión vigente indica que la palabra “actualmente” significa “en el tiempo actual”.

D.- EN CUANTO AL PAGO EFECTUADO A LOS RECURRENTES:

Conforme lo informado por la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, de la Policía de Investigaciones de Chile, esta institución policial procedió con al pago a la recurrente, conforme al siguiente detalle:

- nombre reservado: Se realizó el pago de $1.978.448, por concepto de asignación de zona, de forma retroactiva, el cual se materializó en el mes de diciembre del año 2022, tal como consta en la liquidación de sueldo acompañada en el primer otrosí de esta presentación.

- nombre reservado: Se realizó el pago de $1.978.448, por concepto de asignación de zona, de forma retroactiva, el cual se materializó en el mes de diciembre del año 2022, tal como consta en la liquidación de sueldo acompañada en el primer otrosí de esta presentación.

E.- EN RELACIÓN A LA SENTENCIA ROL 2384-2022, DE LA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE ARICA, ATINGENTE AL CASO EN CONCRETO:

Que, mediante resolución de fecha 24.MAR.023, esa Iltma. Corte, pronunciándose sobre el cumplimiento de la sentencia por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, señaló lo siguiente:

“1°) Que la recurrente acusa rebeldía de la recurrida en el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este recurso de protección de garantías constitucionales, solicitando la aplicación de alguna de las gravosas medidas que contempla el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema en el evento de no cumplir con el pago de la suma de $5.974.569 dentro de un plazo perentorio.

2°) Que del examen de los antecedentes, se aprecia que doña nombre reservado, Ex Prefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, recurrió de protección en contra de la institución, debido a la negativa injustificada del pago íntegro de la “Asignación de especialidad al grado efectivo”, emolumento al que debe aplicarse el cálculo de zona siendo un derecho reconocido por la normativa institucional y por Dictamen E98928/2021 del Ente Contralor que precisó su forma correcta de pago, la que no se enteraba en sus remuneraciones por falta de recursos financieros. Incluyó en el arbitrio un cálculo de lo que estimaba adeudársele. Al informar, en folio 9, la recurrida explicó las razones de la falta de pago, las que versaron, en síntesis, acerca de la falta de recursos financieros. No se explayó la recurrida en determinaciones aritméticas relativas a los montos adeudados.

3°) Que en folio 23 esta Corte acogió el recurso, ordenando a la recurrida “…adoptar todas las providencias que sean necesarias para disponer el pago de las sumas adeudadas a la actora que son motivo de la presente causa.”.

4°) Que una vez ordenado el cumplimiento de la referida sentencia, y previos apercibimientos, como se observa de la tramitación de la carpeta electrónica (en la que además consta un pago efectuado en el mes de enero del año en curso por la suma de $3.501.861 por la PDI a la actora en cumplimiento del fallo), y ante el reclamo del recurrente en orden a estimar que aún se le adeuda la cantidad adicional de $ 5.974.569, en folio 56 la recurrida informó, fundadamente, que no existen saldos, al pagar de la manera indicada en un dictamen de la Contraloría General de la República. En folio 58 esta Corte tuvo presente lo informado y ordenó cumplir con el decreto de archivo.

5°) Que, en consecuencia, ante la reiteración de la recurrente insatisfecha con lo consignado, corresponde deliberar definitivamente si corresponde reiterar el cumplimiento e imponer sanciones a la recurrida.

6°) Que si bien en el recurso de folio 1 se señaló una cifra, lo cierto es que en el petitorio del mismo no se señaló suma líquida alguna por la que la recurrida debiese responder. La recurrida, al informar, tampoco emite un pronunciamiento al respecto, pero sí ha sido consistente en alegar que la manera de pagar las sumas pretendidas está determinada por el pronunciamiento del ente contralor. Por su parte, del estudio atento de la sentencia, en ninguno de sus considerandos o parte resolutiva establece alguna fecha o monto cierto de pago, resultando imposible además, con los antecedentes tenidos a la vista, la determinación precisa de un monto líquido, cuestión para la que se requerirían más antecedentes, pudiendo incluso exceder, al realizar tal ejercicio, lo resuelto estrictamente en la sentencia, por lo que la pretensión de la recurrente en orden a obtener mayores montos, no podrá prosperar en este recurso en particular, sin perjuicio de otros derechos que le confiera el ordenamiento.

Por tanto, y conforme las motivaciones que anteceden, se rechaza lo solicitado en lo principal y primer otrosí de folio 57(4208), sin perjuicio de otros derechos que pudieren asistirle”.

Conforme a lo antes expuesto, se procedió a archivar la causa con la misma fecha de la resolución, antes indicada, dando por cumplido por parte de la recurrida, lo ordenado por esa Iltma. Corte de Apelaciones de Arica.

F.- GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESUMIBLEMENTE CONCULCADAS:

De los antecedentes expuestos, no cabe duda que, no ha existido algún actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile; en efecto, se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, cuyas decisiones son vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado.

IV.- CONCLUSIÓN:

En atención a los antecedentes señalados y argumentos vertidos, se hace presente que no ha existido ningún acto ilegal o arbitrario que atente contra los derechos fundamentales de los recurrentes, puesto que la Policía de Investigaciones de Chile, ha realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago a los funcionarios(as), a los cuales les asiste la asignación de especialidad al grado efectivo considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio de conformidad al dictamen N° E98928, del 26.ABR.021, de la Contraloría General de la República, en el que, en el caso del recurrente, no corresponde por los argumentos vertidos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

TERCERO: Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

CUARTO: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

QUINTO: Que, a fin de resolver el presente arbitrio constitucional, cabe hacer presente que el recurrente alega que no se le ha pagado el beneficio de gratificación de zona, según detalle que indica en su presentación, por todo el tiempo que prestó servicios en la institución hasta su retiro.

SEXTO: Que, sobre el asunto de marras, la Excma. Corte Suprema ha señalado recientemente en fallo de 11 de julio del año 2025 que “…como se puede apreciar, la pretensión desarrollada en el libelo dice relación con el pago retroactivo de remuneraciones a funcionarios de la PDI, más allá de abril de 2021, asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda. En efecto, un primer asunto que impide el éxito de la presente acción constitucional cautelar consiste en que el derecho de un determinado funcionario a percibir la gratificación de zona exige la acreditación su presupuesto de hecho esencial: el desempeño de una función pública en un lugar del territorio nacional sujeto a este beneficio. Se trata de un requisito contenido en normas estatutarias que, como tales, son de orden público e indisponibles para las partes. Así, su concurrencia debe ser verificada por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al interesado franquea el ordenamiento jurídico. Por otro lado, la época en que se habría producido la exigibilidad del derecho que se reclama podría ameritar la discusión acerca de la prescripción de la acción para exigirlo, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos. ” (E. Corte Suprema, Rol 25.157-2025, Considerando Quinto).

Finalmente, el mismo fallo concluye en su considerando Sexto que “…por lo explicado en el motivo que antecede, el recurso no podrá prosperar por no asistir un derecho indubitado susceptible de ser tutelado a través de esta vía, sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer en la instancia declarativa respectiva.”

Lo propio ha sucedido en la causa 31.133-2025, de fecha 22 de agosto de 2025, que resolviendo la materia ha señalado en su considerando quinto lo siguiente:

“QUINTO: Que, como se puede apreciar, la pretensión desarrollada en el libelo dice relación con el pago retroactivo de remuneraciones a funcionarios de la PDI, más allá de abril de 2021, asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda.

En efecto, un primer asunto que impide el éxito de la presente acción constitucional cautelar consiste en que el derecho de un determinado funcionario a percibir la gratificación de zona exige la acreditación su presupuesto de hecho esencial: el desempeño de una función pública en un lugar del territorio nacional sujeto a este beneficio. Se trata de un requisito contenido en normas estatutarias que, como tales, son de orden público e indisponibles para las partes. Así, su concurrencia debe ser verificada por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al interesado franquea el ordenamiento jurídico. Por otro lado, la época en que se habría producido la exigibilidad del derecho que se reclama podría ameritar la discusión acerca de la prescripción de la acción para exigirlo, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.”

SÉPTIMO: Que, de lo señalado por el Máximo Tribunal, se puede concluir que, por una parte, el derecho de un determinado funcionario a percibir la gratificación de zona exige la acreditación de su presupuesto de hecho esencial, esto es, el desempeño de una función pública en un lugar del territorio nacional sujeto a este beneficio, requisito que debe ser verificado por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al interesado franquea el ordenamiento jurídico, ya no se está frente a un derecho indubitado sino que controvertido.

A lo anterior, se añade que en la especie se persigue el pago retroactivo de remuneraciones, situación que requiere un pronunciamiento de fondo en que todos los involucrados puedan plantear sus argumentos, defensas, descargos o excepciones, así como la prueba correspondiente en relación a sus alegaciones, todo ello en atención a que el asunto queda discutido respecto a una posible retroactividad de un posible pago; falta de mayores antecedentes para resolver; la imposibilidad que por esta vía constitucional la recurrida pueda oponer excepciones o defensas frente a tal pretensión (como la prescripción por ejemplo), y la discutida interpretación de lo dictaminado por el Ente Contralor respecto de la frase actualmente que alega la recurrida para reconocer la asignación, en atención a que el referido dictamen expresa que “En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.” Tales tópicos imposibilitan a esta Corte pronunciarse sobre un asunto controvertido, no siendo esta vía constitucional el mecanismo idóneo para resolver tales cuestionamientos.

Que, de todo lo expresado, procede el rechazo de la presente acción, debiendo discutirse por otras vías tanto la procedencia del pago de la prestación como los montos reclamados.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por nombre reservado y nombre reservado, contra la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro titular señor Carlos Gutiérrez Zavala.

N°Protección-835-2025. (csd)