nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN )

C.A. de Temuco Temuco, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece Jessica Acuña Gómez, abogado, en representación de don nombre reservado, interpone acción constitucional de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

I.- ACTO ARBITRARIO E ILEGAL RECURRIDO:

1.-) Se recurre en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-64222-2023, de fecha 15 de mayo de 2023, emitida por la SUSESO, que resolvió confirmar la calificación de enfermedad común, la cual aflige a su representado desde larga data, señalando "... Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados por el citado Organismo Administrador, entre ellos DIEP con fecha 19-04-2022, informes médicos, informes psicológicos y estudio de puesto de trabajo realizado bajo las normas de protocolo de esta Superintendencia, como asimismo los enviados por el trabajador.

Que profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis exhaustivo de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presento el trabajador es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivo la atención. En efecto de los antecedentes tenidos a la vista, entre ellos presentación escrita y fundada, apelación a calificación y los señalados anteriormente, no se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo, que pudiera explicar la emergencia y evolución de la afección de salud mental presentada...” en base a lo anterior finalmente establece “Resuelvo: rechazase el reclamo por calificación de origen de enfermedad. No procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, por tratarse de una patología de origen común…”

II.- COMPETENCIA:

2.-) De acuerdo a lo indicado en el numeral 2 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, es competente para conocer de la presente acción constitucional de protección, habida consideración que los efectos del acto recurrido han tenido lugar en su jurisdicción.

III.- ANTECEDENTES FÁCTICOS:

3.-) A modo de contexto y de acuerdo con informe de médico tratante emitido con fecha 26 de abril de 2022, por el Dr. nombre reservado, RUT RUT reservado, Médico de Clínica Mayor Red Salud, respecto de la recurrente, informa los siguiente:

Examen físico: Paciente da cuenta de una serie importante de irregularidades y acciones concretas con objetivo de disminuir su presencia en diferentes instancias (sensación de invisibilidad) hostigamiento permanente de parte de persona mencionada quien critica de manera persistente el trabajo del paciente, Junto a esto es eliminado de chats grupales con la excusa de no poder participar por no haber ingresado vía concurso público. Anhedonia con importante sensación de pérdida de sentido personal, irritabilidad, agotamiento, labilidad, alteración en el ciclo sueño-vigilia, paciente inicialmente se encontraba consultando psiquiatra y psicólogo de manera particular para poder sobrellevar la situación.

A mayor abundamiento expone la Dra. nombre reservado, rut N° RUT reservado, en su informe médico de fecha 12 de mayo de 2022; Examen Físico: diagnostico Episodio depresivo grave sin psicosis con síntomas ansiosos 1.

Mal diseño organizacional: sobrecarga, ausencia de descansos, exigencias psicológicas del trabajo.

2. Autonomía de decisión: limitación de regular la cantidad de trabajo diario, de toma de decisiones, 3.

Apoyo social: escaso apoyo social de jefatura: conflictos interpersonales recurrentes, condiciones organizacionales hostiles o cultura organizacional estresante.

4. Liderazgo: jefatura disfuncional, hostilidad de la jefatura.

4.-) A raíz de la situación de salud de su representado ha somatizado síntomas como dolor de cabeza diarios, cansancio generalizado, lumbago, angustia, mareos, olvidos, falta de concentración, náuseas, vómitos, llanto explosivo, insomnio, ansiedad, poca tolerancia a diversas situaciones, miedo irracional, dificultad para tomar decisiones, problemas estomacales recurrentes, temblores, calambres, bruxismo, pensamientos negativos, alteración de su entorno familiar producto de su condición, depresión, taquicardias, desarrollo de tics nerviosos, y diversos dolores corporales, todo lo anterior, y según refiere mi representado, se ha desarrollado y acrecentado durante el transcurso de los años, debido a las situaciones acaecidas en su entorno laboral, afectando gravemente su calidad de vida, y por consiguiente vulnerando en forma absoluta su derecho a la vida, integridad física y psíquica el cual se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 1 de nuestra Constitución Política de la República, y a su vez cautelado por el artículo 20 del mismo cuerpo legal.

5.-) La decisión de calificar la condición de su representado como enfermedad común carece de fundamento plausible, toda vez que según se ha expuesto, es de consideración de los médicos tratantes diagnosticar que dicha enfermedad tiene origen en el contexto laboral de mi representado. En el acto ilegal y arbitrario recurrido, emanado de la SUSESO hace referencia a: “Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis exhaustivo de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presentó el trabajador es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención. En efecto, con los antecedentes tenidos a la vista, no se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo, que pudiera explicar la emergencia y evolución de la afección de salud mental presentada.”

6.-) Cabe señalar que el artículo 7 de la Ley 16.744 establece que “Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte”, la condición de su representada ha provocado en él una afección psicológica, producida por las diversas situaciones acontecidas en su trabajo.

7.-) Los hechos anteriormente descritos influyen negativamente en la recuperación del recurrente, pues le impide someterse con tranquilidad al tratamiento necesario para su condición, añadiendo preocupaciones, no obstante la gravedad del diagnóstico médico, dejándola en indefensión toda vez que al ser calificada como una enfermedad común se le acceso a la cobertura del Seguro Social establecido en la Ley 16.744 y sin contar, además, con los medios económicos para sustentar el tratamiento y a su familia, le significaron la imposibilidad de hacer frente a distintas obligaciones, lo cual solo contribuye a denostar aún más su estado físico, psíquico y emocional ya muy inestable, vulnerable y anímicamente deteriorado, lo que, evidentemente, vulnera su derecho a la vida, integridad física y psíquica.

8.-) Que, de esta manera, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que habiendo prescindido de lo informado por los médicos tratantes, en su resolución de calificación de enfermedad laboral de su representado, transforma su decisión en caprichosa y carente de razones.

9.)

Que así las cosas, el acto reprochable descrito, evidentemente vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del recurrente, protegido en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, la referida calificación de enfermedad común impacta severamente en la salud de la recurrente produciendo un deterioro de la misma al no poder acceder a los tratamientos y medicamentos necesarios para recuperar su estado de salud, y, en el último caso, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la decisión de la recurrida que le impide acceder al subsidio por enfermedad, por lo que el recurso debe ser acogido.

10.-) Por lo mismo, esta parte estima que a esta Iltma. Corte le corresponde velar por los derechos de la recurrente en cuyo favor se recurre, ordenando a la recurrida calificar la condición de mi representado como enfermedad de origen laboral, y proceder a otorgar la cobertura del Seguro Social establecido en la Ley 16.744. Porque los derechos que buscamos proteger mediante el presente recurso son de rango constitucional, y por esta razón existe una necesidad urgente de cautela, toda vez que existe una amenaza y perturbación evidente y cierta, en la forma que determina el artículo 20 de la Constitución Política de la República, esto es, privación, perturbación o amenaza.

Pide declarar:

1.- Que se acoge el presente recurso de protección, por ser la actuación de la recurrida, en los términos descritos en lo principal de este escrito, arbitraria e ilegal y que vulnera, perturba y amenaza las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la recurrente doña nombre reservado, establecidas en el Nº 1 del artículo 19 de la Constitución Política;

2.- Que se disponga efectuar una evaluación médica a su representado a fin de esclarecer la causa de origen de su patología, en vistas a resolver con la mayor cantidad de antecedentes disponibles respecto de la calificación de la misma.

3.- Que, como consecuencia de lo referido, se califique como enfermedad laboral la condición de su representada y se otorgue la cobertura del Seguro Social establecido en la Ley 16.744 o bien, la declaración que esta Corte, sirva efectuar en igual sentido.

4.- Sin perjuicio que US., Iltma. adopte todas las otras medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del Derecho, de acuerdo a los derechos cuya tutela se solicita, con costas de la recurrida.

Acompañó los siguientes documentos: Resolución Exenta N° R-01-UME-64222-2023, de fecha 15 de mayo de 2023, emitida por la SUSESO la que califica como enfermedad común la enfermedad de la recurrente; Informes médicos del Psiquiatra especialista, Dr. nombre reservado durante 2022 al respecto de los antecedentes y manejo de su enfermedad; Informes médicos del especialista del ISL, Dra. Jindrinska nombre reservado; Informes médicos del Psicólogo Sr. nombre reservado.

A folio N°10 evacua informe la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Indica que la acción es manifiestamente extemporánea, en virtud de lo siguiente:

1.- Como consta de la copia del expediente administrativo que se acompaña con este escrito, por la presentación de fecha 05 de septiembre de 2022, el Sr. nombre reservado reclamó ante su representada en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO, discrepando de la calificación de origen común asignada la patología de salud mental que presentó.

Acompaña su argumentación con una serie de documentos clínicos y administrativos relativos a su dolencia.

Ahora bien, este Servicio mediante RESOLUCIÓN EXENTA Nº R-01-UME-64222-2023 de fecha 15 de mayo de 2023, dictaminó lo siguiente:

“…Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados por el citado Organismo Administrador, entre ellos DIEP con fecha 19-04-2022, informes médicos, informes de psicólogo y estudio de puesto de trabajo realizado bajo las normas de protocolo de esta Superintendencia, como asimismo los enviados por el trabajador.

Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis exhaustivo de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presentó el trabajador es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención. En efecto, de los antecedentes tenidos a la vista, entre ellos presentación escrita y fundada, apelación a calificación y los señalados anteriormente, no se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo, que pudiera explicar la emergencia y evolución de la afección de salud mental presentada”.

Por tanto, dicho ofició concluyó que: “…Recházase el reclamo por calificación de origen de enfermedad. No procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, por tratarse de una patología de origen común.

Se deja constancia que en contra de la presente Resolución, los interesados podrán interponer Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la presente Resolución, según lo indicado en el artículo 59 y 25 de la Ley N° 19.880”.

Dicho dictamen fue notificado con igual fecha al Sr. nombre reservado remitiendo copia del mismo al correo electrónico a correo reservado, proporcionado por el mismo recurrente con dicha finalidad, quien acepto estar de acuerdo con recibir notificación vía correo electrónico al momento del ingreso del reclamo. Ello consta en el índice del procedimiento electrónico administrativo (PAE), mediante el cual se sometió la reclamación interpuesta por el Sr. nombre reservado.

2.- Ahora bien, el recurrente solo ejerció esta acción constitucional con FECHA 19 DE JUNIO DE 2023, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba vencido, pues existe la certeza que el Sr. nombre reservado tomó conocimiento del acto impugnado, con fecha 15 de mayo de 2023, fecha desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección.

A mayor abundamiento, en el libelo presentado no se ha señalado que la notificación de la resolución impugnada se haya efectuado por un mecanismo distinto al señalado o en una fecha posterior, por lo que no es un hecho no controvertido.

Por tanto, el plazo señalado precedentemente venció el 14 de junio de 2023, en circunstancias que el presente recurso fue presentado el 19 de junio de 2023, esto es fuera de plazo.

3.- Al respecto, el número primero del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

A mayor abundamiento, se debe tener en consideración que la Acción de Protección fue creada por el constituyente como un procedimiento de emergencia, de carácter cautelar y con la finalidad de dar protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que atentan contra los derechos y garantías constitucionales expresamente señaladas en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental.

Por último, debe tener presente que, como invariablemente ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el plazo para interponer la Acción de protección es objetivo y, en consecuencia, su interposición no puede quedar entregada a la voluntad del que se siente perjudicado por un determinado acto, pues una interpretación contraria estaría en abierta contradicción con su naturaleza cautelar, de tal forma que no resulta legítimo crearse de un plazo en forma artificial para reclamar de un situación que el recurrente debió conocer varios meses atrás.

Pide se rechace la Acción de Protección, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, SOLICITA SE DECLARE SU IMPROCEDENCIA EN MATERIAS RELACIONADAS CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.

En forma previa a informar el fondo de la acción de protección interpuesta, esta parte viene en alegar la improcedencia de la presente acción por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la calificación de una enfermedad como de etiología común o laboral, cuestión de hecho relacionada con una materia de orden médico de la Ley N° 16.744, sus procedimientos de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, las implicancias de cobertura del seguro social en comentos, son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por otra parte, se debe tener presente que el artículo 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, en el marco de los procedimientos de reclamo que contempla, establece que mi representada, resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, los reclamos relaciones con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico. Por lo expuesto, resulta evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de la Ley N° 16.744, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas.

Cita jurisprudencia.

Fallos de los Tribunales Superiores de Justicia Pide se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

EN SUBSIDIO DE TODO LO ANTERIOR, INFORMA EN CUANTO AL FONDO.

a)

Respecto de la Superintendencia de Seguridad Social.

No obstante que la Superintendencia de Seguridad Social es una institución de rango legal, sus competencias arrancan de una norma constitucional. En efecto, de acuerdo con el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, corresponde al Estado supervigilar el adecuado ejercicio del Derecho a la Seguridad Social, de tal forma que a mi representada le corresponde cumplir con ese mandato constitucional en las materias que resultan de su competencia, para lo cual el legislador la ha dotado de amplias atribuciones legales en torno a sus funciones que debe cumplir en su rol de institución fiscalizadora del Estado, según lo prescribe el artículo 1° de la Ley N° 16.395, orgánica y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social.

Corresponde, entonces, a mi representada como misión esencial, la fiscalización y el control superior del funcionamiento del Sistema de Seguridad Social y garantizar, en el campo administrativo, el respeto de los Derechos específicos de los usuarios reconocidos en la legislación, con la sola exclusión del ámbito que compete a las Superintendencias de Salud y de Pensiones. Respecto de esta última, en lo que concierne al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980 y de aquel conformado por las ex Cajas de Previsión y el ex Servicio de Seguro Social hoy fusionados en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), como sucesor legal del ex Instituto de Normalización Previsional (I.N.P.), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.255.

La organización y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social están contempladas en la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley Nº 20.691, del año 2013. Así el artículo 1° de este cuerpo legal, establece que a mi representada le corresponde “…la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y en conformidad a la ley.”

En seguida, el artículo 2º del referido cuerpo legal, establece las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, entre las cuales podemos citar las siguientes:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.

b)

Dictar las circulares, instrucciones y resoluciones a las entidades sometidas a su supervigilancia, en tanto sean necesarias para el ejercicio de las funciones y atribuciones que le confiere esta ley.

c)

Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que:

“La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

b)

Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Particularmente, en lo que respecta a la materia de la presente acción, cabe hacer presente a US. ILTMA., que la Ley Nº 16.744, publicada en el Diario Oficial el 1º de febrero de 1968, creó el SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO CONTRA RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Las contingencias cubiertas por este Seguro Social son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº 16.744. Las personas protegidas por este seguro social están señaladas, principalmente, en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes.

La administración de este seguro social corresponde, entre otros, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 16.744 al Instituto de Seguridad del Trabajo, como sucesor del Instituto de Normalización Previsional y éste del ex Servicio de Seguro Social y las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

Pues bien, a la Superintendencia le corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº16.395, sobre Organización y Funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, “…la fiscalización del seguro sobre accidentes del trabajo como de las instituciones que a él se dediquen…”.

Por su parte, el inciso quinto del artículo 12 de la Ley N° 16.744, dispone que: “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos.”

c)

Siniestros cubiertos por este seguro, personas protegidas, administración y financiamiento.

Las contingencias cubiertas por este Seguro Social de carácter obligatorio son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº 16.744.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 16.744, se entiende por accidente del trabajo “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.”

Según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las enfermedades profesionales son las “causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte”. Luego, del concepto legal mencionado se infiere que debe existir una relación causal directa entre el quehacer laboral y la patología que provoca una incapacidad, sea ésta temporal o permanente.

Por su parte, el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en complemento del precepto legal antedicho dispone que, para que “una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico”.

Las personas protegidas por este Seguro Social están señaladas, principalmente, en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes.

La administración de este seguro social corresponde, de acuerdo con el artículo 8º de la Ley Nº 16.744 al ex Servicio de Seguro Social (que en la actualidad corresponde al Instituto de Seguridad Laboral), al ex Servicio Nacional de Salud, al cual le sucedieron los Servicios de Salud y, en la actualidad, esta referencia debe entenderse hecha, además, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.937, que modificó el D.L. N° 2.763, de 1978, y que regula la nueva Autoridad Sanitaria; y de las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

El seguro de que se trata, se financia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 16.744, mediante una cotización básica general de un 0,90% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador. A este se debe agregar una cotización extraordinaria de un 0,05% fijada transitoriamente por ley; y la cotización adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad empleadora, la que no puede exceder de un 3,4% de las remuneraciones imponibles que también son de cargo del empleador. Otras fuentes de financiamiento son las multas que aplican los Organismos Administradores, las utilidades o rentas obtenidas de la inversión de los fondos de reserva y por los cobros a los que se refieren en los artículos 56 y 69 de la Ley Nº 16.744.

d)

Prestaciones contempladas por el Seguro Social de la Ley N° 16.744 En cuanto a las prestaciones que se contemplan en la Ley N° 16.744, se distinguen las médicas y las económicas o pecuniarias.

Las prestaciones médicas son las contempladas en el artículo 29 del cuerpo legal en comento, las que incluyen atención médica, quirúrgica, y dental en forma ambulatoria o hospitalaria, fármacos, prótesis, aparatos ortopédicos, rehabilitación física y reeducación profesional y gastos en traslado.

Las prestaciones económicas, por su parte se otorgan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.744, según el grado de incapacidad laboral y clase (temporal o permanente) que el accidente del trabajo o la enfermedad profesional causen, y están contempladas a partir del artículo 30 del cuerpo legal ya citado.

e)

Enfermedades Profesionales.

De acuerdo con el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las enfermedades profesionales son las “causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte”.

Luego, del concepto legal mencionado se infiere que debe existir una relación causal directa entre el quehacer laboral y la patología que provoca una incapacidad, sea ésta temporal o permanente.

En conformidad a lo establecido por el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para que “una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico”.

En atención a lo dispuesto en los artículos recién mencionados, resulta indispensable señalar que los elementos que deben concurrir para que se estime una enfermedad como profesional son los siguientes:

a)

Alteración de la salud.

b)

Relación directa de causa a efecto entre el trabajo realizado y dicho estado de alteración de la salud.

c)

Que el estado de alteración de la salud produzca la incapacidad o muerte del trabajador.

f)

Procedimiento para determinar el grado de incapacidad. Ausencia de ilegalidad.

Al respecto, el artículo 58 de la Ley N°16.744, dispone que la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las invalideces producidas por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales será de competencia de las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), excepto si se trata de incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a MUTUALIDADES DE EMPLEADORES, en cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones.

En seguida, el artículo 77 del mismo cuerpo legal en comento, contempla la facultad para los afiliados, sus causa-habientes y organismos administradores para reclamar en el plazo de 90 días ante la COMISIÓN MÉDICA DE RECLAMOS (COMERE) de las decisiones de los Servicios de Salud (hoy esta referencia debe entenderse realizada a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud respectiva) o Mutualidades, en su caso, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.

En seguida, el inciso segundo de la norma legal en comento, dispone que las resoluciones que en esta materia emita la COMERE son en todo caso apelables ante la Superintendencia de Seguridad Social en el plazo de 30 días hábiles, la que resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Finalmente, el inciso tercero de la norma de que se trata prescribe que, en contra de las demás resoluciones de los organismos administradores, se puede apelar directamente ante la Superintendencia de Seguridad Social en el plazo de 90 días hábiles.

g)

Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN)

Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante indistintamente COMPIN, son unidades técnico administrativas que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, están organizadas bajo la dependencia de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud.

Complementando la referida norma legal, el artículo 34 del Decreto N° 136, de 2004, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, dispone que: “Las COMPIN continuarán ejerciendo dentro de la estructura orgánica de la Secretaría Regional Ministerial, las mismas funciones que efectuaban como dependencias de los Servicios de Salud, conforme a las leyes y reglamentos especiales que se les asignaran.” Por su parte, el artículo 45 del mismo reglamento establece que en cada SEREMI de Salud se constituirá una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez a las cual le corresponderá desarrollar todas las funciones médicas administrativas que la ley ha asignado al ex Servicio Nacional de Salud y al ex Servicio Médico Nacional de Empleados, así como aquellas que, siendo competencia de los Servicios de Salud, eran realizadas por las COMPIN de dichos servicios.

Entre las principales funciones que las COMPIN deben cumplir, se cuenta la evaluación de las incapacidades permanentes derivadas de enfermedades profesionales que afectan a los trabajadores.

También realizan esta función respecto de las incapacidades permanentes causadas por accidentes del trabajo que afecten a trabajadores de entidades empleadoras que no estén adheridas a una Mutualidad de Empleadores.

En seguida, a estas comisiones médicas corresponde evaluar las incapacidades permanentes derivadas de accidentes y enfermedades comunes que afecten a trabajadores imponentes del ex Servicio de Seguro Social o de alguna de las ex Cajas de Previsión que conformaban el antiguo sistema previsional.

h)

Acerca de la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (COMERE), según lo establece el artículo 77 de la Ley N° 16.744, es una institución autónoma que tiene su domicilio en la ciudad de Santiago y se relaciona con el Ejecutivo por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. De acuerdo con lo prescrito en el artículo 78 de la Ley N° 16.744, está integrada por dos médicos del Servicio Nacional de Salud (referencia que hoy debe entenderse hecha a las Secretarías Regionales Ministeriales de salud, dentro de las cuales están las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez COMPIN); un médico en representación de las organizaciones más representativas de los trabajadores; un médico en representación de las organizaciones más representativas de las entidades empleadoras, y un abogado.

Esta Comisión médica tiene entre sus funciones, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 79 del D.S. N° 101, de 1968, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 16.744, conocer y pronunciarse, en primera instancia, sobre todas las decisiones recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico, en los casos de incapacidad permanente derivada de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

A mayor abundamiento, cabe hacer presente que en los casos como el de la especie, en que se discute una cuestión de hecho que se refiere a una materia de orden médico (como puede ser la etiología u origen de una afección determinada o el grado de invalidez que una enfermedad provoca), el procedimiento general de reclamo previsto en el citado artículo 77 de la Ley N° 16.744, norma que establece que mi representada resuelve estas reclamaciones con COMPETENCIA EXCLUSIVA Y SIN ULTERIOR RECURSO.

Por lo expuesto, resulta evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de la Ley N° 16.744, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas. En tal sentido, para esta parte recurrida, resulta grave que, en este caso, la entidad recurrente, desconozca la normativa de seguridad social involucrada y las facultades que sobre la misma posee mi representada.

2.- Imputaciones del recurrente Mediante la acción constitucional de autos, el recurrente, entre otras materias, imputa a esta Superintendencia que ha actuado ilegalmente al dictaminar, mediante la Resolución impugnada lo latamente expuesto. En efecto, las vagas imputaciones antes señaladas, como se expondrá a continuación son absolutamente infundadas y el reflejo del profundo desconocimiento que la contraria tiene de las normas que regulan el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidente y Enfermedades Profesionales creado por la Ley N° 16.744, y la relación que la Superintendencia de Seguridad Social tiene con el mismo, en cuanto organismo fiscalizador.

3.- Ausencia de ilegalidad.

Pues bien, en cuanto a una supuesta ilegalidad afirmada por la parte recurrente, cabe hacer presente que su defendida no ha cometido ilegalidad alguna, por cuanto como ya se indicó anteriormente, la Superintendencia de Seguridad Social, es el organismo encargado de la fiscalización del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Tanto es así, que el recurrente en su escrito en el cual materializa el ejercicio de la acción constitucional que nos ocupa, pese a afirmar que lo resuelto por su defendida es contrario a lo legal, no señala en forma precisa norma legal o reglamentaria vinculante o atingente alguna que haya sido infringida, por cuanto en realidad no se ha actuado en contrario a ninguna disposición legal o reglamentaria que regula esta materia, simplemente lo que ha hecho es calificar una afección, con las consecuencias que de ello se deriva.

Para realizar esta labor, su defendida es la llamada a fijar el sentido y alcance de, entre otras muchas normas de seguridad social, la contenida en el artículo 7º Y 77 de la Ley Nº 16.744.

En tal sentido, debe hacerse presente que lo que existe en la especie es un dictamen emanado de mi defendida, dictado dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las facultades fiscalizadoras que le han sido entregadas por el legislador.

Entonces, cabe preguntarse cuál es la ilegalidad que se imputa y cuál es la norma constitucional, legal o reglamentaria infringida por la Superintendencia. La respuesta es ninguna, por cuanto lo que existe, lisa y llanamente, es la aplicación de una norma específica a la que se fija su sentido y alcance en uso de sus atribuciones legales, como lo ha hecho en infinidad de veces y cuyo resultado, no es obviamente de la conveniencia del recurrente.

De tal forma, es válido preguntarse también, si por el hecho de aplicar una norma legal en un sentido determinado que no es aquel que pueda interesar al recurrente, hace que dicho actuar sea ilegal y arbitrario. La respuesta, claramente, es no. lo anterior, máxime si constan los informes tanto médicos como administrativos de las entidades fiscalizadas, indispensables para la dictación fundada del dictamen impugnando, en efecto, todos los antecedentes del expediente administrativo del caso.

• Revisión del caso del Sr. nombre reservado, por la Superintendencia de Seguridad Social En el contexto legal que se ha expuesto precedentemente, y particularmente de acuerdo con las normas de la Ley N° 16.744, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se puede resumir en las siguientes actuaciones.

a)

Con fecha 05 de septiembre de 2022, el Sr. nombre reservado, concurrió ante esta Superintendencia reclamando en contra de Instituto de Seguridad Laboral, quién calificó como de origen común la patología de salud mental que presenta, de lo que discrepa.

b)

Esta Superintendencia con la finalidad de resolver la antedicha presentación, solicitó un informe y los antecedentes médicos/laborales del caso al citado Instituto.

c)

El citado Instituto informó mediante Carta GAL UGSO Nª 2703*, de 12 de septiembre de 2022, en relación a la calificación asignada a las afecciones con diagnóstico salud mental que padece Sr. nombre reservado, señalando:

1.- Evaluados los antecedentes por parte de este Instituto, se puede mencionar que el afectado de 43 años de edad, se desempaña como bioquímico, asiste a Superintendencia de Seguridad Social para presentar reclamo indicando que informes médicos que acompaña señalan un origen laboral, distinto a lo calificado.

2.- Respecto a lo anterior, se puede mencionar que el afectado el día 19 de abril de 2022, presentó denuncia individual de enfermedad profesional (DIEP), en la cual refiere Angustia, ansiedad, desanimo, depresión, Insomnio, ideas suicidas, malestares generales, (Dolores de cabeza, gástricos, etc.).

3.- Analizados los antecedentes antes señalados, conjunto con los exámenes realizados, el Comité basado en la revisión de toda la información disponible, ratifica que el caso es de origen común, dado el análisis exhaustivo de los registros y el diagnóstico asociado, no es posible establecer la relación directa entre lo denunciado y el diagnóstico tal como lo exige el artículo 7 de la ley 16.744, entre los síntomas y el ejercicio de la profesión o el trabajo que desempeña. La magnitud del diagnóstico y curso de los síntomas no se explican razonablemente en base a la información expuesta.

4.- Por tanto, y en mérito de lo expuesto y de los antecedentes adjuntos, cabe concluir que no corresponde otorgar a don: nombre reservado, la cobertura de la Ley 16.744 respecto por la patología evidenciada.

d)

Pues bien, esta Superintendencia señaló que, los profesionales médicos procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, y que quedó plasmada en el siguiente informe de fecha 10 de mayo de 2023, elaborado por la especialista doña nombre reservado, según lo siguiente:

Sección B (Datos del reclamo)

Materia: Seguro laboral y Seguro escolar SubMateria: Rechazo de accidente o enfermedad Causal: REVISIÓN DE CALIFICACIÓN DE ENFERMEDAD: Revisión calificación de Enfermedad profesional salud mental Observaciones:

Diagnósticos reclamados: EPISODIO DEPRESIVO SEVERO SIN SINTOMAS PSICOTICOS Diagnósticos laborales anteriores Acogidos: NO Sección C (Antecedentes Médicos)

Ficha clínica: (X) SI ( ) NO Informe médico:

Organismo administrador: (X) SI ( ) NO ISAPRE: ( ) SI (X) NO COMPIM: ( ) SI (X) NO Otra entidad: ( ) SI (X) NO Exámenes: Tipo Exámenes:

(X) Ninguno ( ) Radiografía ( ) Ecografía ( ) TAC ( ) RNM ( ) Laboratorio ( ) Inmunológicos ( ) Audiometría ( ) Laringoscopía ( ) Test psicológicos ( ) Otros Licencias médicas: ( ) SI (X) NO Estudio de puesto de trabajo: (X) SI ( ) NO Examen especialista: ( ) SI (X) NO Resolución anterior de otros eventos: ( ) SI (X) NO Otros antecedentes médicos de afecciones previas laborales o comunes: ( ) SI (X) NO Otros antecedentes relevantes: ( ) SI (X) NO Sección D (Fundamentos de la Resolución)

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: TRABAJADOR INGRESA EN ABRIL A MUTUALIDAD, REFIERE ACOSO LABORAL POR JEFATURA, FALTA DE APOYO SOCIAL POR ORGANIZACIÓN. EPT SE REALIZA CON 2 TESTIGOS POR PARTE DE EL Y 2 DE EMPRESA. NO SE VERIFICA TRATO HOSTIL O DE ACOSO POR PARTE DE JEFATURA. LABORATORIO DEBE IMPLEMENTARSE LLEGANDO EL, EFECTIVAMENTE LAS ADQUISICIONES FUERON LENTAS DEBIDO A LOS TRAMITES DE ORDEN DE COMPRA Y CONTEXTO DE PANDEMIA. SE LE HABILITA LUGAR DE TRABAJO EN EL LABORATORIO 8 A ESO SE REFIERE CUANDO SEÑALA QUE LO BAJARON). COMIENZA A FUNCIONAR LABORATORIO, TENIENDO ALTA DEMANDA ENTRE DICIEMBRE Y MARZO. DEBIDO A ERRORES Y QUEJAS DE USUARIOS (EN RELACIÓN A RESULTADOS DE PESQUISA DE COVID), SE INICIA SUMARIO A EL COMO COORDINADOR Y OTRA FUNCIONARIA DEL LABORATORIO. POR OTRA PARTE, EVOLUCIÓN CLÍNICA Y SINTOMATOLOGÍA REFERIDA NO COMPATIBLE CON AFECCIÓN DE ORIGEN LABORAL. SE ENCUENTRA CON LM DESDE 9/03/2022, SIENDO EMITIDA LA ÚLTIMA LM EL 15/04/2023, LO QUE DEMUESTRA QUE POR UNA AÑO NO HA ESTADO EXPUESTO A FACTORES DE TENSIÓN PSÍQUICA DE ORDEN LABORAL. A CONTAR DEL 18/08 HAN SIDO RECHAZADAS POR ISAPRE Y COMPIN POR CONSIDERAR REPOSO INJUSTIFICADO. NO ADJUNTA LMS e) Pues bien, luego del estudio de los antecedentes por los especialistas, la Superintendencia de Seguridad Social emite la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-64222-2023, de fecha 15 de mayo de 2023, dictamina lo siguiente:

"...Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados por el citado Organismo Administrador, entre ellos DIEP con fecha 19-04-2022, informes médicos, informes de psicólogo y estudio de puesto de trabajo realizado bajo las normas de protocolo de esta Superintendencia, como asimismo los enviados por el trabajador.

Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis exhaustivo de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presentó el trabajador es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención. En efecto, de los antecedentes tenidos a la vista, entre ellos presentación escrita y fundada, apelación a calificación y los señalados anteriormente, no se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo, que pudiera explicar la emergencia y evolución de la afección de salud mental presentada”.

Por tanto, dicha Resolución concluyó que: “Recházase el reclamo por calificación de origen de enfermedad. No procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, por tratarse de una patología de origen común.

Se deja constancia que en contra de la presente Resolución, los interesados podrán interponer Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la presente Resolución, según lo indicado en el artículo 59 y 25 de la Ley N° 19.880”.

Además, el conflicto de relevancia jurídica que se ha generado, dice relación con el sentido y alcance que debe dársele a una determinada norma legal, sin duda alguna, escapa del ámbito de aplicación de esta acción cautelar y más es propia de un JUICIO DE LATO CONOCIMIENTO en el que un juez este llamado a interpretar en definitiva la norma de que se trate.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso, el origen laboral o común de la afección del recurrente, no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la calificación como de origen laboral y la pérdida de capacidad de ganancia en favor del trabajador.

Obviamente, la parte recurrente optó por esta acción cautelar, en razón de tratarse de un procedimiento cautelar de carácter excepcional y por lo mismo más rápido, pero que evidentemente está llamado a ser utilizado para otros casos, y no para que, por esta vía, se solucione un problema que dice relación con unos de los efectos jurídicos de la calificación como laboral de un siniestro.

La parte recurrente, en resumen, para calificar al dictamen de la Superintendencia como ilegal, parte del supuesto que la conclusión a la que llega mi defendida, es “errónea” ya que ella tiene otra opinión sobre el particular, sin embargo, no se debe perder de vista que es la Superintendencia de Seguridad Social la que, como ya se señaló largamente, esta llamada por la normativa ya citada a fijar en última instancia el sentido y alcance que debe dársele a una norma de seguridad social.

Por último, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario por parte de la recurrida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen además detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, que por lo demás está en concordancia con criterios jurisprudenciales desde largo tiempo vigentes en este Organismo de Control.

En consecuencia, el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social, no ha estado motivado por el capricho, entendido éste como una voluntad irracional carente de lógica o sentido, pues se han dado las razones por las cuales se resolvió acerca de otorgar la procedencia de otorgar la cobertura del Seguro Social de la Ley Nº 16.744 en el caso del Sra. nombre reservado.

Es del caso, que el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Así, lo ha reconocido la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que en causa Rol Nº 19213-2014, por el recurso interpuesto por la Sra. nombre reservado, resolvió en cuanto a la fundamentación contenida en los oficios de la recurida lo siguiente:

“Que la Superintendencia recurrida afirma que se pronunció sobre el rechazo de las licencias médicas N° 39674860; 39674862; 39765061; 39765070; 39913805; 39913828; 40228202 y 39765091 luego de haber revisado los antecedentes clínicos de la niña Rania nombre reservado, incluido el informe de la médico tratante y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por ella no se encontraba justificado al no acreditarse la gravedad de la enfermedad durante el lapso que las mismas cubren”.

“Que la aseveración efectuada en el motivo precedente por la recurrida encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente N° 01736-2014-P1, tenido a la vista, en los que no sólo se encuentran las resoluciones impugnadas, sino el examen realizado a la hija de la recurrente en el Centro Radiológico Fleming el día 8 de enero de 2013”.

“Que a la luz de los antecedentes referidos en los motivos sexto y séptimo se aprecia que no aparece desprovisto de fundamento el acto recurrido, desde que no se encuentra acreditada la existencia de la enfermedad por la cual se otorgaron las licencias reclamadas. En consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna en la decisión de la recurrida de rechazar el reclamo del afiliado respecto de las licencias médicas, razón por la que el presente recurso debe ser rechazado”.

Por lo anterior, se aprecia que la Resolución impugnada por el recurrente, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra la resolución impugnada, sino una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión de dicho Oficio, en orden a rechazar las licencias indicadas.

Ahora bien, cabe reiterar que no obrar en la forma realizada por la Superintendencia, con sujeción estricta a la normativa reiteradamente citada en este informe, omitiendo hipotéticamente la dictación del dictamen impugnado, importaría incumplir el mandato constitucional que tiene el Estado en orden a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 número 18 de nuestra Carta Fundamental. Consecuentemente, la Superintendencia estaría por omisión infringiendo lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política, en cuanto, a que tanto la primera de estas disposiciones establece que: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.” A su vez, la segunda de estas normas dispone que: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.”

Sobre la base de lo preceptuado en la Carta Fundamental, cabe reconocer que la actuación estatal en relación con el derecho a la seguridad social se halla radicada, con carácter exclusivo y excluyente, en la Superintendencia de Seguridad Social, cualificado como órgano técnico, encargado directamente por la Constitución de ejercer esa competencia, fiscalizando, interpretando la normativa aplicable en la materia y también, por cierto, dictando instrucciones que garanticen el disfrute por todas las personas del derecho a la seguridad social.

Lejos de vulnerar derechos fundamentales, la Superintendencia de Seguridad Social supervigila el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social de que son titulares los trabajadores en Chile, fiscalizando a las instituciones que por ley, se encuentran obligadas o autorizadas a otorgar las prestaciones respectivas, disponiendo como enfermedad profesional lo que una entidad empleadora sostuvo, erradamente, que no era tal, para que el trabajador vea cubierta la contingencia derivada de ese hecho y no se vea, al contrario, forzado a cubrirla con su propio peculio, sino acudiendo al completo sistema diseñado por el legislador con base constitucional.

Sostener lo contrario, sobre la base de negar a la Superintendencia su competencia constitucional para resolver, fiscalizar, interpretar y dictar instrucciones, en el ámbito de la seguridad social, importaría sustraer a las instituciones que deberían estar sujetas a su supervigilancia, situándolas en el ámbito de la autonomía de la voluntad plena para resolver, por sí y ante sí, que una enfermedad no es del trabajo. En tal sentido, la base constitucional de donde la Superintendencia de Seguridad Social arranca sus potestades, exige caracterizarla como entidad autónoma, ya que éste es un rasgo indispensable para el desempeño de sus atribuciones, en asuntos complejos y que suponen fiscalizar, interpretar y dictar instrucciones en asuntos delicados, pues tienen por finalidad el adecuado ejercicio de un derecho fundamental, como es la seguridad social.

Tal autonomía la reconoce expresamente el artículo 2º del D.L. Nº 3551, de 1980, al establecer que: “La Fiscalía Nacional Económica, el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, serán instituciones autónomas, con personalidad jurídica, de duración indefinida, y se relacionarán con el Ejecutivo a través de los Ministerios de los cuales dependen y se relacionan con la actividad” (...). Además, se manifiesta, evidentemente, en las atribuciones contenidas en los artículos 2° y 3º de su ley orgánica.

Sin embargo, lo realmente decisivo para el caso, es que se comprenda cabalmente la dimensión constitucional de la Superintendencia de Seguridad Social, tanto por lo preceptuado en el artículo 19 N° 18° inciso 4° de la Carta Fundamental, como porque ella se orienta a la cautela de un derecho fundamental que el Código Político asegura a todas las personas.

Cualquier merma de esa autonomía, deja a la Superintendencia de Seguridad Social sin la competencia constitucionalmente asignada para supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, exponiendo a los trabajadores que son titulares de él y sumiendo en la inseguridad jurídica el sistema completo que regula y cautela ese derecho esencial.

Por eso, lo que caracteriza a las Superintendencias, entre ellas, a mi representada, es su origen y sustento constitucional y posteriori configuración por la ley; la personalidad jurídica de Derecho Público, infundida precisamente a raíz de ser un órgano erigido por el legislador, desde la Carta Fundamental; el patrimonio propio que le ha sido asignado; la relación de tutela respecto del Presidente de la República y la exclusión, total o parcial, general o específica, de las normas aplicables a la Administración del Estado.

En suma, la Superintendencia de Seguridad Social es un ente de carácter técnico y autónomo, según lo establece, directamente y en texto expreso, la Constitución, en su artículo 19 N° 18° inciso 4°, cuyas atribuciones de fiscalización, interpretación de la normativa que rige el sector y competencia para dictar instrucciones, tendientes a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, las lleva a cabo con carácter exclusivo, indelegable y especializado por esa naturaleza técnica.

Finalmente, la Ley N° 16.395, confirma la naturaleza, características y competencia de la Superintendencia de Seguridad Social, ya que traza los rasgos más relevantes de mi representada, los que tienen que ser, necesariamente interpretados y aplicados en consonancia con la Carta Fundamental. Así, el artículo 3° de dicha ley, señala que la Superintendencia es la autoridad técnica de fiscalización, dentro del ámbito de su competencia. Por su parte, su artículo 2° letra c), le confiere la atribución de resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.

Por último, el recurrente olvida que la interpretación de las normas previsionales y de seguridad social que realiza esta entidad está determinada por un mandato legal, de carácter obligatorio, vinculante para los organismos fiscalizados y en cuanto está asociada con la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, importa necesariamente que los fiscalizados apliquen tales normas en el correcto sentido y alcance que se determina, sin perjuicio de los reclamos que sean procedentes. Cualquier otra interpretación importa dejar a esta Superintendencia como una instancia consultora o consejera no vinculante, lo que está en abierta contradicción con la naturaleza “fiscalizadora” que tiene este Servicio.

Pide que la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, sea desestimada en todas sus partes y con expresa condena en costas.

Acompañó copias autorizadas de la totalidad de los antecedentes administrativos que obran en el expediente administrativo del caso, relativo el Sr. nombre reservado.

A folio N°29 se evacúa informe del INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL.

Alega la extemporaneidad de la presente acción constitucional, conforme los argumentos que se pasan a exponer.

Se ha tomado conocimiento de la Acción Cautelar de Protección incoada en la presente causa por don nombre reservado, en contra del Instituto de Seguridad Laboral con fecha de 05 de octubre 2023 por medio de notificación, en el cual se solicita evacuar informe en el plazo de 8 días hábiles, debiendo adjuntar todos los documentos que sobre la materia digan relación, bajo apercibimiento de prescindir del mismo si no es evacuado dentro del plazo señalado. Se concedió prórroga para evacuar informe.

Como se indica en texto de acción cautelar, se recurre contra de la Resolución Exenta N°R-01-UME-64222-2023, de fecha 15 de mayo de 2023 emitida por la SUSESO, que resolvió confirmar la calificación de enfermedad común, refiriendo lo siguiente: “Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados por el citado Organismo Administrador, entre ellos DIEP con fecha 19.04.2022, informes médicos, informes psicológicos y estudios de puesto de trabajo realizado bajo las normas de protocolo de esta Superintendencia, como asimismo los enviados por el trabajador”.

Sin embargo, y consta mediante resolución Nro. 1608000, de fecha 29 de mayo de 2023, fue emitida por el Instituto de Seguridad Laboral la Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades Ley N° 16.744, mediante la cual resuelve el organismo administrador que la patología es de origen común, siendo calificada como enfermedad profesional.

Señala la Resolución de calificación vigente que reemplaza la resolución Nro. 1509157. Por instrucción de SUSESO impartida mediante el oficio Nro. R-01-UME-64222-2023, del 15 de mayo de 2023, resuelve Patología de origen común, prestaciones de salud deben ser otorgadas por su previsión de salud.

Desde la fecha que tomó conocimiento tanto de la Resolución, y el cese de prestaciones mediante, lo que se complementa por envío de mail de fecha 18 de julio de 2023, por parte del personal del Instituto de Seguridad Laboral, informando mediante casilla electrónica de resolución antes indicada, por lo se evidencia que se toma conocimiento de la situación anterior a octubre del 2023, fecha en la cual se notifica de la presente acción al Instituto de Seguridad Laboral- no específica fecha de notificación- lo que, a juicio de esta parte, el computó del plazo debe ser desde el momento que se originó el acto ilegal y arbitrario para deducir la acción, esto es desde que se notifica de la notificación del ISL, en cumplimiento instrucción de SUSESO impartida mediante el oficio Nro. R-01-UME-64222-2023, del 15 de mayo de 2023, resuelve Patología de origen común, no entenderlo así significa en la práctica que la acción jamás caducará, y estaríamos en un continuo. Pero en el caso, el recurrente tomo conocimiento con anterioridad, de haber iniciado la acción cautelar de carácter constitucional.

El Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, dispone en el número uno que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

Pide rechazar la acción tutelar de protección constitucional de autos, por haber sido ejercida la misma de manera extemporánea a la normativa que regula la tramitación, con expresa condena en costas.

En Subsidio, informa sobre el fondo del recurso.

Sobre el particular, es menester comenzar contextualizando que el Instituto de Seguridad Laboral -en adelante e indistintamente ISL-, es una entidad pública, descentralizada, y con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada a partir del artículo 63 de la Ley No 20.255, de Reforma al Sistema Previsional encargada de administrar el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley Nro.16.744.

En ese entendido, este ISL como Ente Administrador del seguro de la ya referida Ley Nro. 16.744, cuenta con una dotación de personal fijada por el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) No 4, de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que a fin de dar continuidad al servicio que la propia normativa le impone, debe, cumplir sus funciones dispone del personal necesario, en el ámbito de las competencias del ISL. En ese mismo sentido, además se encuentra autorizado por el legislador para otorgar prestaciones médicas a través de los servicios de salud, las mutualidades de empleadores u otros establecimientos de salud públicos o privados, para lo cual debe someterse a las normas de contratación general del Estado, esto es, la Ley Nro. 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

I. DE LA ACTUACIÓN DEL ISL EN LA EVALUACIÓN DEL SEGURO SOCIAL DE LA LEY Nro. 16.7744 DE LA RECURRENTE.

La resolución de calificación de origen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales RECA, es el documento emitido por el respectivo organismo administrador (mutualidades, Instituto de Seguridad Laboral, Servicios de Salud y Seremis de Salud), así como las empresas con administración delegada, luego de determinar el origen común o laboral del accidente o la enfermedad.

En relación al procedimiento de calificación, las opciones que tiene el organismo administrador para informar el origen de los accidentes y enfermedades denunciados son:

a.

(1) Accidente del trabajo b.

(2) Accidente de trayecto c.

(3) Enfermedad profesional d.

(4) Accidente ocurrido a causa o con ocasión del trabajo sin incapacidad e.

(5) Enfermedad laboral sin incapacidad temporal ni permanente f.

(6) Accidente común g.

(7) Enfermedad común h. (8) Siniestro de trabajador no protegido por la Ley N°16.744 Se entenderá por enfermedad profesional a toda aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad temporal o permanente o muerte. Incluye especialmente a las enfermedades que sin causar reposo laboral generan incapacidad permanente.

En el caso en concreto, conforme fue remitido informe técnico de calificación de denuncia, emanado por el Subdepartamento de Control y Gestión de Enfermedades Profesionales Departamento de Salud en el Trabajo, señalando lo siguiente:

El Sr. nombre reservado de 44 años de edad, actualmente, de profesión bioquímico, se desempeña en el Laboratorio de Biología Molecular como coordinador en el Hospital Padre de las Casas desde enero del año 2021, cuyo empleador es el Servicio de Salud Araucanía Sur. El trabajador presentó una Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP) el 19 de abril del 2022 en el Instituto de Seguridad Laboral, en el que describe la presencia de síntomas de “angustia, ansiedad, desánimo, depresión, insomnio, ideas suicidas, malestares generales como dolores de cabeza y gástricos”, los cuales relaciona directamente al “jefatura-acoso laboral”. El trabajador fue derivado al prestador médico para el correspondiente peritaje. La evaluación de ingreso, fue realizada por médico general, se realizó el 26 de abril del 2022. El trabajador expone que ingresó al Hospital Padre de las Casas a petición del director del establecimiento, en ese momento, el trabajador renunció a su puesto en el Hospital Regional de Temuco y se trasladó, sin embargo, el director del establecimiento de destino fue desvinculado, quedando sin apoyo, pero se reconoció el cargo de coordinador del laboratorio, ya que había una resolución que respaldaba lo dicho. El lugar de trabajo en el Hospital Padre de las Casas fue remodelado y pasaron meses desde su llegada hasta que se implementó el laboratorio de forma adecuada. Según describe el trabajador tuvo un buen desempeño durante ese periodo de marcha blanca del laboratorio y fue felicitado por la directora del hospital. Lamentablemente lo incluyeron en un chat de directivos, lo que no correspondía porque el trabajador ocupaba el cargo de coordinador sin ser jefe del laboratorio y fue sacado del chat. El trabajador comenta que hubo un problema con unas muestras que no fueron procesadas, sin dar detalles, explica que le colocaron una anotación de demérito que en el mes de abril fue eliminada. En el ingreso médico el trabajador da cuenta de no tener antecedentes mórbidos ni de salud mental. Sin embargo, no se describe el cuadro clínico ni el tiempo que lleva de evolución. La evaluación psicológica realizada el 26 de abril del 2022, ratifica lo expuesto por el trabajador en el ingreso médico y agrega que presentó un cuadro de pérdida de sentido, irritabilidad, anhedonia, agotamiento y labilidad emocional. Por lo que habría consultado con psiquiatra y psicólogo de forma particular. Cabe destacar que el trabajador no aporta con informes médicos o psicológicos externos.

La evaluación de puesto de trabajo (EPT) analizó el factor de riesgo de Liderazgo Disfuncional, bajo el criterio de Hostilidad de la Jefatura. Se entrevistaron a cuatro testigos, cumpliéndose la paridad y considerando la Circular N°3465, Anexo N° 17 Instructivo para Evaluación de Puesto de Trabajo por sospecha de patología de salud mental laboral. La información aportada por la EPT incluye que el cargo del trabajador según contrato es Bioquímico, con funciones como Coordinador de sección Biología Molecular del laboratorio Clínico del CAPLC, desde el 01-01-21, con 44 horas semanales de trabajo.

Cuenta con funciones definidas, respaldadas por Resolución N°0030 del 19-01-21, también descritas en Manual de Organización y funciones del servicio de Laboratorio Clínico. Las funciones no fueron modificadas ni tampoco hubo disminución de atribuciones. La conclusión de la EPT fue de ausencia del factor de riesgo de liderazgo disfuncional, debido a que tanto los testigos de la empresa como los aportados por el denunciante no visualizaron conductas hostiles de parte de las jefaturas no existiendo malos tratos, conflictos recurrentes y acciones que generen un menoscabo hacia el trabajador. Cabe mencionar que la llegada del trabajador al hospital fue decisión del director anterior, con la finalidad de hacerse cargo del proyecto de biología molecular que se implementaría en dicho establecimiento, sin embargo, hubo cambio de jefaturas y dicho proyecto se encontraba en proceso de implementación. Se produjeron algunos errores administrativos en el análisis de las muestras y retrasos en la entrega de los resultados lo que provocó que los usuarios reclamasen y el laboratorio fuese fiscalizado por SEREMI. Por lo que el trabajador se podría haber sentido presionado a obtener buenos resultados ante la exigencia del Servicio de Salud y jefaturas directas.

En razón de lo expuesto la resolución de calificación del origen definitiva con todos los antecedentes necesarios, se realizó el día 09 de junio del 2023 como enfermedad de origen común. Cabe mencionar que el trabajador realiza apelación ante de la SUSESO por el resultado de este estudio, la cual por medio de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-64222-2023 del 15 de mayo del 2023, ratifica también el origen común de la enfermedad.

En conclusión, el Comité basado en los nuevos antecedentes disponibles, ratifica que el caso es de origen común, dado el análisis exhaustivo de los registros y el diagnóstico asociado, no es posible establecer la relación directa entre lo denunciado y el diagnóstico tal como lo exige el artículo 7 de la ley 16.744.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 bis de la Ley Nº16.744, si a un trabajador le es rechazada una licencia médica o un reposo médico por parte de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), del Instituto de Seguridad Laboral y de sus administradores delegados de las mutualidades de empleadores, porque la afección invocada tiene o no un origen profesional, el trabajador afectado debe recurrir al otro organismo del régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia médica o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas y/o económicas correspondientes ,por cuanto la finalidad de la citada norma legal es que no se dilate el otorgamiento de prestaciones médicas y subsidios por incapacidad laboral, por la calificación de la patología.

Además, en caso de rechazo por organismos administradores de la Ley N°16.744, en este caso por el Instituto de Seguridad Laboral, se debe sustentar el rechazo por aplicación del artículo 77 bis, a lo menos, en los siguientes antecedentes, que deben ser remitidos, a la respectiva entidad del sistema de salud común:

i.

La resolución de calificación del accidente o enfermedad (RECA);

ii.

El informe de calificación a que se alude en el Título II (accidente del trabajo y de trayecto) y en el Título III (enfermedades profesionales) del Libro III del Compendio de Normas del Seguro de la Ley N°16.744, y iii.

Copia de la(s) de la(s) orden (es) de reposo (s) o licencia (s) médica (s) rechazada (s) por dicho articulado, según corresponda y de copia de la licencia médica de derivación.

Además, los organismos administradores del Seguro de la Ley N°16.744, al realizar la calificación del accidente o de la enfermedad, deberán dar aplicación a los criterios y plazos contenidos Título II y Título III, de este Libro III.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los organismos administradores de remitir al Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT) las Resoluciones de Calificación (RECA), en los plazos instruidos al efecto.

En el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, esto es, 10 días corridos contados desde la emisión de la RECA, los organismos administradores deberán notificar la calificación al organismo de salud común que corresponda, es decir, a la ISAPRE en que se encuentre afiliado el trabajador o bien, tratándose de trabajadores afiliados a FONASA, a la COMPIN o Subcomisión correspondiente al domicilio del empleador, adjuntando los antecedentes ya señalados.

Por otra parte, si después de haber sido notificado del origen común de su patología, el trabajador decide continuar atendiéndose en los centros médicos de alguna mutualidad, bajo la cobertura de su régimen de salud común, deberá suscribir, previo a su reingreso, el formulario cuyo formato se contiene en el Anexo N°26 "Declaración Ingreso Paciente Común" de este Título IV.

En ningún caso, las prestaciones que se otorguen en esta modalidad podrán incluirse en las cartas de cobranzas que se emitan al efecto.

En aquellos casos en que con posterioridad a que el organismo administrador o la empresa con administración delegada califique el accidente o enfermedad como de origen común, se otorgue al trabajador una licencia médica tipo 5 o 6 por la misma patología que aquella que dio origen a la referida calificación, o una licencia médica tipo 1 emitida por dicha patología, que sea rechazada por el sistema de salud común, por aplicación del artículo 77 bis de la Ley N°16.744, no será necesaria una nueva resolución de calificación por parte organismo administrador o la empresa con administración delegada, bastando, para estos efectos, con la emisión de una licencia médica de derivación, conforme a lo establecido en el número 2, Letra B, Título IV, de este Libro III. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá notificar esa nueva derivación al organismo del sistema de salud común, adjuntando una copia de la RECA emitida al efectuar la primera derivación.

Cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente ante la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia médica o reposo médico en razón del origen - laboral o común- del accidente o de la enfermedad, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. Consecuentemente, el trabajador afectado, el empleador, la respectiva entidad del régimen de salud común, organismo administrador, administrador delegado podrán recurrir a la Superintendencia de Seguridad Social respecto del carácter del accidente o la enfermedad, con los antecedentes que posean.

Por tanto, en el evento que exista controversia sobre el origen de la patología que ha motivado el reposo fundante de la licencia médica, solamente corresponde que se reclame ante la Superintendencia de Seguridad Social.

En caso que el segundo organismo concuerde con la calificación de la patología efectuada por el que ha rechazado la licencia médica o reposo médico, esto es, si se allana a la calificación realizada por el primer organismo, podrá reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social respecto de la procedencia de las prestaciones médicas o pecuniarias o por el monto de los reembolsos.

Cuando el segundo organismo no concuerde con la calificación de la patología como común o laboral, podrá recurrir a la Superintendencia de Seguridad Social, la que resolverá determinando el origen de la misma, de conformidad a lo señalado precedentemente.

Tratándose de resoluciones emanadas de los organismos administradores, el plazo para reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social será de 90 días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la respectiva resolución.

Si la entidad del sistema de salud común no reclama a la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 90 días antes señalado, se entenderá que se ha allanado al reembolso. La no reclamación deberá ser certificada por la Superintendencia de Seguridad Social.

Para tal efecto, transcurrido el plazo de 90 días hábiles desde que la entidad del sistema de salud común fue notificada de la calificación del organismo administrador, sin que el pago se haya realizado, este último deberá consultar a la Superintendencia de Seguridad Social mediante un medio electrónico que se establecerá para tal efecto, si ha recibido reclamación respecto de la referida Resolución. Dicha consulta podrá incluir más de un caso, debiendo precisarse para cada uno de ellos el número de la Resolución, el nombre y RUT del trabajador subsidiado y la COMPIN o SUBCOMPIN o ISAPRE involucrada, según corresponda.

Si la reclamación es formulada por una COMPIN, por un Servicio de Salud, por una ISAPRE, por una mutualidad, por el Instituto de Seguridad Laboral o por una empresa con administración delegada, ésta debe ser debidamente fundamentada. Al efecto, la mera reiteración de las declaraciones entregadas por los trabajadores o de los antecedentes remitidos por el primer organismo, sin ningún análisis de los mismos, no se considerará como fundamentación suficiente.

En consecuencia, no ha existido a través de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-64222-2023, de fecha 15 de mayo de 2023, emitida por la SUSESO, que resolvió confirmar la calificación de enfermedad común, la cual aflige a mi representado desde larga data, señalando “… Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados por el citado Organismo Administrador, entre ellos DIEP con fecha 19-04-2022, informes médicos, informes psicológicos y estudio de puesto de trabajo realizado bajo las normas de protocolo de esta Superintendencia, como asimismo los enviados por el trabajador, algún acto arbitrario o ilegal que invalide dicho proceso.

II. DESENCIARECHOS CONSTITUCIONALES CONCULCADOS.

La recurrente indica que el ISL ha vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19, relacionada con los numerales N1, el Derecho a la Vida y la Integridad física y psíquica.

La garantía consagrada en el numeral N° 1, de la Constitución Política de la República, esto es, el Derecho a la Vida y la Integridad, no se observa ningún acto que atente contra la el Derecho a la Vida o la Integridad Física o Psíquica, o atentado contra la Protección a la Salud, cometido por el ISL, por cuanto la parte recurrente fue atendida baja las mismas condiciones, trato y otorgamiento de prestaciones médicas que, cualquier otro beneficiario o beneficiaria, no advirtiendo ninguna irregularidad en ello. Todas las prestaciones médicas fueron otorgadas debidamente, hasta que fue calificada con otro origen la enfermedad profesional, esto es de origen común.

En caso de haber existido algún grado de no apego a la normativa vigente, la parte recurrente podría haber solicitado la revisión del acto administrativo, en virtud de las normas establecidas en la Ley Nº19.880, instancia no utilizada según se da cuenta por la propia actora, o aquellas que dispone la propia Ley 16.744, sobre reevaluaciones.

Pide rechazar la acción de protección.

Acompañó copia de los siguientes antecedentes: 1.

Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades, Nro. 1608000; 2. Informe sobre los fundamentos de la calificación de la enfermedad, Anexo N° 6; 3. Correo electrónico, de fecha 18 de julio de 2023; 4. Informe Técnico, calificación de denuncia emanado de Subdepartamento de Control y Gestión de Enfermedades Profesionales Departamento de Salud en el Trabajo A folio N°32 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio.

SEGUNDO: Que se ha denunciado como arbitrario e ilegal la decisión adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la dictación de la RESOLUCIÓN EXENTA Nº R-01-UME-64222-2023, de fecha 15 de mayo del año 2023, por la cual que resolvió confirmar la calificación de enfermedad común, respecto del recurrente estableciendo “Resuelvo: rechazase el reclamo por calificación de origen de enfermedad. No procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley° 16.744, por tratarse de una patología de origen común”

TERCERO: Que, haciéndose cargo esta Corte en cuanto a la alegación de extemporaneidad de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, debe tenerse en consideración la Ley 19.799 que regula los documentos electrónicos, la firma electrónica y los servicios de certificación de dicha firma. Según se establece, una notificación electrónica es considerada practicada tres días hábiles administrativos después de su envío al Domicilio Digital Único. Que la Resolución que se impugna fue notificada al correo electrónico de la recurrente con fecha 15 de mayo del año en curso, entendiéndose practicada el 19 de mayo, comenzando a correr el plazo a partir del 20 de mayo del presente.

De esta manera, siendo el plazo para recurrir de protección de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto que dio motivo a la amenaza, perturbación o privación del derecho que se estima vulnerado, habiéndose interpuesto el recurso de fecha 19 de junio de 2023, se debe concluir que la acción fue interpuesta dentro del término legal, debiéndose desechar la incidencia planteada.

CUARTO: Que, conforme a los antecedentes expuestos en el recurso, documentos acompañados y los informes evacuados por el recurrido, se acredita que lo perseguido por la recurrente es que se deje sin efecto un acto administrativo dictado en el marco de un procedimiento que resolvió calificar su enfermedad como de origen común y no laboral.

QUINTO: Que, así las cosas, la acción se funda en una discrepancia entre lo resuelto por la recurrida, dentro de sus facultades y en el ámbito de su competencia, y las expectativas de la actora en cuanto a calificar su enfermedad como de origen laboral.

En ese contexto, no es posible calificar en esta sede cautelar, de ilegal y arbitraria la decisión adoptada, ya que por una parte, como se ha dicho, fue dictada por el organismo técnico encargado de conocer de estas materias, dentro de las competencias y facultades legales y reglamentarias que posee en este ámbito, sin ulterior recurso, y por otra, de la lectura de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-64222-2023, de 15 de mayo del año 2023, se desprende que cuenta con la fundamentación suficiente, conforme a los diversos antecedentes médicos y laborales que constan en el expediente administrativo respectivo, pues indica explícitamente cual es la razón que tiene presente para justificar la decisión que se adopta, y en que antecedentes de apoya para arribar a la misma, de manera tal que satisface los requisitos que exigen el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N°19.880.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara:

I.- SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad, alegada por la recurrida.

II.- SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por la abogada Jessica Acuña Gómez en favor de don nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la Abogada Integrante Sra. Claudia Lecerf Henríquez.

Rol N° Protección-8344-2023.(jog)