nombre reservado con SUPER INTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, siete de enero de dos mil veintidós.

VISTOS:

Al folio N°1, comparece nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, quien recurre de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Fundando su recurso señala que doña nombre reservado, por el hecho de trabajar en una tienda de retail, específicamente Tiendas Ripley de Temuco, y por la gran aglomeración de personas que, a pesar de estar bajo la pandemia de covid-19 concurre de manera masiva e irresponsable a las tiendas de comercio, y al vivir con personas de riesgos, comenzó a sufrir crisis de angustia y de pánico, extendiéndose licencias médicas psiquiátricas, ordenándole reposo absoluto, tanto es así, que las primeras licencias al respecto y la última licencia, con el mismo diagnóstico y tratamiento, fueron pagadas sin problema alguno, entendiendo y comprendiendo las situaciones descritas ya que ha existido un aumento de enfermedades mentales, rechazándose, curiosamente la penúltima y antepenúltima, lo que resulta a lo menos curioso. Entonces lo inexplicable, por qué aquellas se pagaron y éstas no, siendo todas de la misma clase y naturaleza, además del hecho que la última licencia si fue pagada.

Expresa que en cuanto los hechos ilegales y arbitrarios constitutivos de vulneración a las garantías constitucionales invocadas, según resoluciones exentas Nº R-01-UME-50216-2021, resolución exenta Nº R-01-UME-61954-2021 (ambas rechazadas) y resolución exenta Nº R-01-UME-99585-2021 (última resolución que sí fue aprobada y pagada), emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, dicha resolución es recepcionada por doña nombre reservado, con fecha 05 de agosto del año 2021. Aquellas resoluciones se pronuncian respecto de la apelación efectuada por ésta, por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN, confirmó el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas sólo por un total de 30 días, por reposo injustificado, tiempo totalmente atingente a la situación de la Sra., nombre reservado, debido a la duración de un tratamiento de estas características.

El motivo del rechazo para todas las licencias médicas de la tabla es “reposo injustificado”.

Añade que la Superintendencia aludida llega a la conclusión de que las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado, no se encuentran justificadas. Al respecto cabe destacar que no existe un análisis ni una fundamentación a lo menos somera del por qué licencias anteriores a éstas y las últimas sí se encontrarían justificadas y licencias médicas N° RUT reservado (penúltima) y N° RUT reservado (antepenúltima)no se encontrarían justificadas, estableciendo una diferencia de criterios abismante siendo todas de la misma clase y naturaleza, además del hecho que la última licencia si fue pagada. Dicha fundamentación no existe. No se da NINGÚN argumento de por qué dicho reposo no se encontraría justificado, no se contrasta siquiera la situación de las licencias aceptadas respecto de las rechazadas. Si el criterio técnico del médico psiquiatra tratante fue el mismo para todas las licencias, no se entiende el por qué si bien se aceptan ciertas licencias por otro lado se rechazan las demás.

Señala la SUSESO que esta conclusión se basa en que “esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó”, pero no especifica en ningún momento por qué dichos antecedentes permiten concluir que el reposo ya autorizado es suficiente para la resolución del cuadro clínico y el reintegro laboral de la paciente. Si bien es cierto, eventualmente, podría planificarse un cierto tiempo de tratamiento, la evolución del mismo es incierta y por ende el tiempo de recuperación variable. Teniendo eso en consideración; el único antecedente cierto es que existiendo un diagnóstico claro y el registro de una evolución del tratamiento cronológica y detallada por el médico tratante quien a su vez en virtud de su experticia profesional, medica, científica, determina que la paciente aún requiere de reposo, es totalmente arbitrario establecer, sin fundamentos claros el por qué prevalece y se considera una opinión diversa de la del médico tratante que otorga las licencias médicas, quitando así toda validez al criterio técnico del médico especialista, todo ello sin ninguna razón médica expuesta ni aludida, ni mucho menos comparada.

Invoca que, en conocimiento de que el COMPIN y la Superintendencia pueden rechazar de manera legítima una licencia médica otorgada por un profesional médico, pero ello no puede ser una decisión meramente administrativa y sin fundamento médico y por tanto arbitraria. Dicho rechazo sólo debe ser admisible por medio de una resolución fundada en consideraciones científicas o técnicas que se contrapongan al juicio experto del profesional médico que otorgó la licencia médica, no es posible invocar meros argumentos formales como la extensión temporal o lo prolongado del reposo, cuando antes por un criterio médico científico razonado por un profesional competente de la salud éste fue justificado.

Nuestro ordenamiento jurídico ha atribuido al profesional médico establecer el diagnóstico clínico de la enfermedad y el periodo de recuperación, pudiendo el COMPIN controvertir dicho criterio sólo por estrictas razones científicas o técnicas, lo mismo les exige abastecerse de suficientes elementos de prueba que permitan a la autoridad administrativa arribar a una conclusión diferente de la que llevó al facultativo a extender la licencia (artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984).

El Decreto Supremo N° 3 de 1984 dispone la posibilidad de que el COMPIN pueda, en caso de duda sobre la procedencia de una licencia médica, dictar medidas para fundar un rechazo o una reducción de la licencia médica, contando entre ellas, la práctica de nuevos exámenes, el informe de antecedentes clínicos complementarios del profesional médico que otorgó la licencia o la disposición de otras medidas informativas que permitan una mejor resolución de la licencia médica (artículo 21 Decreto Supremo N° 3 de 1984). La resolución administrativa que rechaza las licencias médicas señaladas es presentada sin los fundamentos científicos necesarios para ello.

Que, así las cosas, al no tener la decisión del COMPIN y de la Superintendencia de Seguridad Social fundamentos científicos suficientes para rechazar las licencias médicas, se ha vulnerado también un principio básico de todo acto administrativo, el cual es la fundamentación del mismo. En este sentido la Superintendencia de Seguridad Social es un órgano de la Administración del Estado y le resultan aplicable las disposiciones de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. El artículo 11 de la ley 19.880, ordena que “La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, agregando su inciso segundo que “Los hechos y fundamentos de derechos deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Agrega que, no se ha justificado el rechazo de la licencia médica de doña nombre reservado, desde un punto de vista técnico, por tanto dichas licencias debieron tramitarse y pagarse de acuerdo a la ley, lo que al no hacerse implicó un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía fundamental contemplada en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República, esto ya que las actuaciones de ambas instituciones contradicen con la lógica y la recta razón, omitiendo toda racionalidad, mesura y meditación previa para tomar cualquier decisión.

Expresa y cita jurisprudencia al efecto, agregando a su vez que:

a) Con sus actos ilegales y arbitrarios, la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), afecta y transgrede el derecho fundamental a que se refiere el artículo 19 N° 1 inciso primero de la Constitución Política de la República, relativo al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, puesto que el no pago de las licencias médicas, ha producido padecimientos de orden psicológicos producto de la impotencia, angustia y dolor sufrido por su persona, al quedar injustificadamente impagas las licencias médicas señaladas.

b) Que de esta manera, el actuar de las recurridas constituye una vulneración al derecho cuya protección garantiza el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que el rechazo de las licencias importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, quebrantamiento que, adicionado a la ilegalidad señalada al no dar cumplimiento a la ley al rechazar las licencias médicas.

Agrega que la acción dada por el Recurso de Protección es una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de garantías y derechos mediante la adopción de medidas de resguardo.

Esgrime que los hechos expuestos constituyen hechos arbitrarios e ilegales por parte de las instituciones recurridas, amenazan concretamente las garantías previstas en los artículos 19 N° 1 y 24 de nuestra Constitución Política de la República, cuando respecto de aquella consagrada específicamente en el art. 19 N° 1 de nuestra Carta Magna, esto es la protección de la integridad física y psíquica, se ha expuesto que la situación de rechazar la calificación médica y técnica del diagnóstico psiquiátrico de mi representada no hacen más que dañar aún más la integridad psíquica de mi representada, ha sido así durante todo el largo proceso que ha debido enfrentar con ocasión de tener que defender ante las instituciones médicas recurridas su diagnóstico, el que debiese ser analizado por personal idóneo de acuerdo al mismo Decreto Supremo ya aludido, todo este proceso de defensa en medio de un tratamiento de recuperación psiquiátrica no hacen más que obstaculizar su y amenaza directamente su integridad psíquica.

Sostiene que respecto de la garantía contemplada en el artículo 19 N° 24 de nuestra carta fundamental es necesario destacar que ésta se ve afectada desde que las resoluciones respecto de la cual recurrimos priva el derecho de doña nombre reservado, de ingresar en su patrimonio los montos por conceptos de pago de licencias médicas que por derecho le corresponden al encontrarse amparada por sus licencias médicas. Esta merma en el patrimonio de doña nombre reservado, incluso ya ha sido reconocida por una Jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en la cual se dispone lo siguiente “Efectivamente se conculca ésta garantía fundamental, desde que importa la privación de un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad” (Corte de Apelaciones de Puerto Montt de fecha 09 de septiembre de 2014, autos Rol N° 373.2014, considerando octavo).

Termina solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida, SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, admitirlo a tramitación y, en definitiva acogerlo en todas sus partes declarando como arbitrario e ilegal el rechazo de las licencias médicas individualizadas y como vulneratorios de las garantías constitucionales invocadas, ordenando que se adopten todas y cada una de las providencias que juzgue adecuadas con tal objeto y, especialmente, y para reestablecer el imperio del derecho que se ordene que tengan por aprobadas las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado, así como ordenar el pago de ellas, sin perjuicio de todas las otras medidas de protección que U.S. ILTMA., estime del caso adoptar como adecuadas a los fines y fortalecimiento de la protección. Todo ello con expresa condena de costas.

Acompaña a su recurso 1. RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-50216-2021, 25 abril 2021; 2. RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-61954-2021, 18 mayo 2021; y 3. RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-99585-2021, 02 agosto 2021, de la Superintendencia de Seguridad Social.

Al folio N°9, evacua informe FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, por la parte recurrida Superintendencia de Seguridad Social, quien en primer término alega la extemporaneidad del recurso, en el siguiente tenor:

Respecto de la acción de protección interpuesta por la Sra. nombre reservado, alegamos previo a informar el fondo del asunto, la falta de oportunidad en su ejercicio, por cuanto ha sido interpuesta una vez vencido, el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional.

ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL CASO DE LA SRA. nombre reservado

Del libelo presentado, se advierte que la recurrente reclama en contra de las Resoluciones Exentas N°s R-01-UME-50216-2021 y R-01-UME-61954-2021, de fechas 25 de abril y 18 de mayo de 2021, respectivamente, emitidas por esta Superintendencia.

Ahora bien, atendido que los citados actos administrativos resolvieron distintas licencias médicas, se procederá a informar respecto a ellas de forma separada.

Respecto a la licencia médica N° RUT reservado

Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado, reclamó ante esta Superintendencia mediante presentación de fecha 15 de febrero de 2021, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 18 de enero de 2021, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, mi representada la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de 240 días de reposo ya autorizado. Lo anterior, según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-50216-2021, de 25 de abril de 2021.

Ahora bien, según se advierte del expediente administrativo acompañado en autos, al realizar su presentación ante esta Superintendencia, la Sra. nombre reservado señaló la casilla de correo electrónico correo reservado.

En ese sentido, al momento de dictar la impugnada Resolución Exenta N° R-01- UME-50216-2021, de 25 de abril de 2021, se procedió a la notificación de la misma, a través del correo electrónico indicado por la recurrente, notificación que se realizó el mismo 25 de abril de 2021, según consta en la cronología del expediente administrativo.

De tal manera, esgrime, existe la certeza que la Sra. nombre reservado tomó conocimiento del acto impugnado, con fecha 25 de abril de 2021, fecha desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección.

Por tanto, el plazo señalado precedentemente venció el 25 de mayo de 2021, en circunstancias que el presente recurso fue presentado el 25 de agosto de 2021, esto es fuera de plazo.

Respecto a la licencia médica N° RUT reservado

Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado, reclamó ante esta Superintendencia mediante presentación de fecha 16 de marzo de 2021, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 17 de febrero de 2021, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, mi representada la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Lo anterior, según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-61954-2021, de 18 de mayo de 2021.

Ahora bien, según se advierte del expediente administrativo acompañado en autos, al realizar su presentación ante esta Superintendencia, la Sra. nombre reservado señaló la casilla de correo electrónico correo reservado.

En ese sentido, al momento de dictar la impugnada R-01-UME-61954-2021, de 18 de mayo de 2021, se procedió a la notificación de la misma, a través del correo electrónico indicado por la recurrente, notificación que se realizó el mismo 18 de mayo de 2021, según consta en la cronología del expediente administrativo.

De tal manera, existe la certeza que la Sra. nombre reservado tomó conocimiento del acto impugnado, con fecha 18 de mayo de 2021, fecha desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección.

Por tanto, el plazo señalado precedentemente venció el 17 de junio de 2021, en circunstancias que el presente recurso fue presentado el 25 de agosto de 2021, esto es fuera de plazo.

Cabe hacer presente, que la recurrente señala que tomó conocimiento de los actos administrativos reclamados, a través de la notificación de la Resolución Exenta R01-UME-99585-2021, de 02 de agosto de 2021. En este sentido, la citada resolución se notificó de la misma forma que las resoluciones anteriores, esto es, a través de correo electrónico, el que contiene únicamente la resolución del caso en particular, no incluyendo las resoluciones de otros expedientes.

En subsidio de lo anterior, solicita se declare la improcedencia de la acción de autos, en materias de seguridad social, señalando al respecto que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

2.- nombre reservado

Respecto a la licencia médica N° RUT reservado

Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado, reclamó ante esta Superintendencia mediante presentación de fecha 15 de febrero de 2021, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 18 de enero de 2021, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de 240 días de reposo ya autorizado. Lo anterior, según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-50216-2021, de 25 de abril de 2021.

Respecto a la licencia médica N° RUT reservado

Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado, reclamó ante esta Superintendencia mediante presentación de fecha 16 de marzo de 2021, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 17 de febrero de 2021, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Lo anterior, según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-61954-2021, de 18 de mayo de 2021.

Al respecto, es importante destacar a SS. Iltma. que en atención al reclamo presentado por la Sra. nombre reservado, la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de sus licencias, ante ese Organismo, registró la siguiente información en la cartola médica del paciente: “(26/01/2021) … nombre reservado RUT reservado- Adjunta IM Da Tamara Pelsoza, del 20.01.2021 que señala lo mismo que se registró del IM del 29.12.20- Acumula 300 días de reposo continuo, de los cuales 240 están autorizados. Se estima reposo prolongado. Se RECHAZA RR…”

Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, consistente con lo señalado informaron lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Paciente de 34 años, Vendedora, Fonasa, con Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, con reposo total de 405 días continuos de reposo emitidos, de los cuales 315 están aprobados. Informe médico consigna algunos síntomas ansiosos y depresivos, específica tratamiento, no disfuncionalidad, no se justifica el reposo completo con la información entregada. Se rechaza por reposo excesivo para diagnóstico.”.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente a SS. Iltma., que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN) 2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

En efecto, lo anterior fue rescatado por el citado fallo de la Iltma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, que señaló lo siguiente: “…Que en relación a lo expuesto en el apartado que antecede, no cabe alegar por parte de la recurrente un derecho de propiedad de que gozaría por haber “una privación a mi legítimo derecho a retribución monetaria consagrada en nuestra legislación en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad”, dado que la emisión de una licencia médica no puede significar que la misma, por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello. Décimo: Que siendo el presente arbitrio uno extraordinario, para poner pronto remedio a la vulneración de un derecho del que es detentador su titular, el mismo no puede ser utilizado para discutir la existencia de una enfermedad común y si la misma puede ser objeto de una incapacidad laboral transitoria o definitiva, con el resultado que en cada una de esas opciones se produzca, situación que en la especie requeriría la concurrencia de otra sede procesal que no es la que nos convoca en el presente recurso. Undécimo: Que en consecuencia, de lo expuesto fluye sin lugar a dudas, que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por las autoridades competentes, en un procedimiento legalmente tramitado, de manera que no es arbitrario, y que las decisiones fueron adoptadas por las respectivas comisiones médicas con los antecedentes idóneos para ello, no resultando por lo tanto ilegales, como se pretende por la recurrente, por lo que atendido lo expuesto, se rechazará la acción de protección deducida en cuanto persigue sostener lo contrario”

Agrega que, con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Finalmente, expone que en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículo 19 N° 18 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, orgánica y de funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes; y en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

Junto con su informe acompaña copia del expediente administrativo de la Sra. nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, respecto a la extemporaneidad de la acción cautelar, del libelo presentado, se advierte que la recurrente reclama en contra de las Resoluciones Exentas N°s R-01-UME-50216-2021 y R-01-UME-61954-2021, de fechas 25 de abril y 18 de mayo de 2021, respectivamente, emitidas por dicha Superintendencia, que rechazan las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado que se indican.

SEGUNDO: Que, respecto a la licencia médica N° RUT reservado, consta en el expediente de autos, que la Sra. nombre reservado, reclamó ante la Superintendencia mediante presentación de fecha 15 de febrero de 2021, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 18 de enero de 2021, por reposo no justificado, según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-50216-2021, de 25 de abril de 2021, practicándose la notificación de la misma, a través del correo electrónico indicado por la recurrente, notificación que se realizó el mismo 25 de abril de 2021, según consta en la cronología del expediente administrativo, fecha desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, por tanto, el plazo señalado precedentemente venció el 25 de mayo de 2021, en circunstancias que el presente recurso fue presentado el 25 de agosto de 2021, esto es fuera de plazo.

Asimismo, y respecto a la licencia médica N° RUT reservado, consta en el expediente de autos, que la Sra. nombre reservado, reclamó ante la Superintendencia mediante presentación de fecha 16 de marzo de 2021, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 17 de febrero de 2021, por reposo no justificado, .según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-61954-2021, de 18 de mayo de 2021, notificación que se realizó el mismo 18 de mayo de 2021, según consta en la cronología del expediente administrativo, practicándose la respectiva notificación a la recurrente, con fecha 18 de mayo de 2021, fecha desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección. Por tanto, el plazo señalado precedentemente venció el 17 de junio de 2021, en circunstancias que el presente recurso fue presentado el 25 de agosto de 2021, esto es fuera de plazo. La recurrente señaló en su recurso que tomó conocimiento de los actos administrativos reclamados, a través de la notificación de la Resolución Exenta R01-UME-99585-2021, de 02 de agosto de 2021. En este sentido, la citada resolución se notificó de la misma forma que las resoluciones anteriores, esto es, a través de correo electrónico, el que contiene únicamente la resolución del caso en particular, no incluyendo las resoluciones de otros expedientes.

TERCERO: Que con lo hasta aquí expresado, esta Corte estima que debe resolver la acción de protección intentada, declarándola extemporánea, en consideración a lo preceptuado en el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, que establece que dicha acción cautelar se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto -como es el caso- de los mismos.

CUARTO: Que como puede advertirse del tenor de la norma referida, el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado Auto Acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención alguna a las partes. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales, en el caso de marras, la recurrente señaló en su recurso que tomó conocimiento de los actos administrativos reclamados, a través de la notificación de la Resolución Exenta R01-UME-99585-2021, de 02 de agosto de 2021, mediante la cual la Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, se encontraba justificado. En este sentido, la citada resolución se notificó de la misma forma que las resoluciones anteriores, esto es, a través de correo electrónico, el que contiene únicamente la resolución del caso en particular, no incluyendo las resoluciones de otros expedientes y en las que se reclama el pago de las otras dos licencias médicas, hechos que dan cuenta que la acción impetrada es extemporánea según se dirá.

QUINTO: Que resulta pertinente consignar que no es óbice para una declaración de extemporaneidad, el que previamente el recurso haya sido declarado admisible por esta Corte, toda vez que dicha resolución de admisibilidad se adoptó sin el informe de la recurrida y ella, además, no puede impedir que el tribunal, una vez apreciados en profundidad la totalidad de los antecedentes reunidos en la causa, dicte una resolución definitiva sobre dicho asunto. A mayor abundamiento, el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, en su numeral 5° contempla la posibilidad que la sentencia que dicte el tribunal, concluida la tramitación, pueda consistir en la inadmisibilidad de la acción de protección intentada.

SEXTO: Que, por lo razonado precedentemente, resultaría innecesario emitir pronunciamiento acerca de la presunta existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales que la recurrente señala como conculcadas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que se RECHAZA la acción cautelar deducida por doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado integrante Sr. Marcelo Neculman Muñoz Protección-8283-2021.(fcv)