nombre reservado con COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES, COMISIÓN INGRESA

C.A. de Temuco Temuco, veintidós de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, abogado, RUN RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Tesorería Regional de La Araucanía, RUT RUT reservado, representado por el abogado don Marco Becerra Gaete, domiciliado en domicilio reservado; y en contra de Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Estudios Superiores, RUT N° RUT reservado, en adelante Comisión Ingresa, representada legalmente por su Director Ejecutivo, don nombre reservado, ingeniero comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado.

El acto que estima ilegal y arbitrario consiste en un convenio celebrado unilateralmente, vía correo electrónico, con fecha 21 de agosto de 2020, que modifica uno válidamente otorgado, lo que implicó se compensaran las devoluciones de impuesto de la recurrente, con la deuda por el crédito con garantía estatal, hecho que vulneraría el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 nº 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a la Tesorería General de la República, por intermedio de la Tesorería Regional de Temuco, dejar sin efecto las retenciones y compensaciones que ha practicado, respecto de la devolución de impuestos correspondientes al año tributario 2019 por la suma de $1.499.634, al año 2020 por la suma de $1.025.283 y la devolución anticipada de $347.817, todo lo cual da un total de $2.872.734, ordenando se le gire y se haga entrega inmediata del cheque respectivo, por el monto antes indicado, o lo que se determine conforme al mérito del proceso, pidiendo, además, se deje sin efecto el convenio enviado por correo electrónico con fecha 21 de agosto de 2020, todo ello con costas.

Indica que el Gobierno, a consecuencia de la actual situación de pandemia, implementó una medida económica que posibilitaba reprogramar el crédito con garantía estatal, cuya finalidad era evitar que se compensara la devolución de impuestos con la deuda adquirida producto del crédito para que así llegara efectivamente a manos del contribuyente, como una ayuda económica.

Explica que luego de suscribir dicho convenio, se rebajaría la deuda en Tesorería y así, al momento de realizar la respectiva declaración y devolución de impuestos, éstos no la compensarían.

Por lo anterior y entendiendo el recurrente que dicho beneficio estaba cerrado, vía online, efectuó el mismo con fecha 08 de abril de 2020, ya que continuó vigente en la página web, permitiendo su realización, por ende, pactó el total del crédito en 95 cuotas de 4,2695 UF.

Luego y para saber si dicho convenio estaba aceptado, efectuó el primer pago, formándose el consentimiento, y por ende, perfeccionándose el contrato, por lo que la Tesorería jamás debió proceder a compensar, lo que implicaría pagar dos veces la misma deuda. Lo anterior, fundado en el inciso primero del artículo 192 del Código Tributario, el cual establece que “La celebración de un convenio para el pago de los impuestos atrasados, implicará la inmediata suspensión de los procedimientos de apremio respecto del contribuyente que lo haya suscrito. Esta suspensión operará mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago”.

Añade que el día 29 de abril de 2020, realizó una consulta a la Comisión Ingresa, quienes con fecha 21 de agosto de 2020, respondieron: “Estimado, tus fondos compensados por Tesorería fueron aplicados al convenio de reprogramación, según confirmación de Tesorería, tu deuda presentó la siguiente variación: Deuda informada en contrato de reprogramación: UF 409,8734. Deuda actualizada por compensación de impuestos y/o pagos recientes: UF 361,9139. En consecuencia, actualmente el valor cuota informado en Sencillito, es menor al acordado en tu convenio de reprogramación: Valor cuota acordada en convenio: UF 4,2695.- Valor cuota ajustado y actualizado en Sencillito: UF 3,7647”.

Así, de la propia respuesta se observa, que se reconoce expresamente la celebración del convenio, no obstante lo cual, modificaron unilateralmente los términos primitivos, utilizando no solo el dinero que debían reintegrar a su patrimonio, sino que además, la voluntad de éste para celebrar un nuevo convenio.

Con lo anterior, se habría creado una carga de manera mensual al pasivo de don nombre reservado, sin obtener éste el beneficio de las medidas dictadas, cual era ayuda económica y poder recuperar la devolución de impuestos. Es por ello, que con el objeto que Tesorería rectificara dicho error, el recurrente refiere haber ingresado -con fecha 05 de mayo de 2020-, un requerimiento ante dicha institución, obteniendo respuesta con fecha 23 de junio de 2020, oportunidad en la que se le señaló que según su sistema, no se registran compensaciones por crédito con garantía estatal, para luego, en correo de 24 de junio de 2020, solicitarle comprobante del convenio realizado con Ingresa.

Sin embargo, al no existir respuesta, decide acudir personalmente a las oficinas en agosto, donde sin ninguna formalidad y seriedad, se le entrega una información bastante inconclusa, por lo que pide se le remita vía correo, a lo que le responden que habrían compartido una supuesta respuesta, pero jamás de manera formal, demostrando una grave falta de seriedad.

Sobre la oportunidad para la interposición del presente recurso, sostiene que éste fue presentado dentro plazo, toda vez que los efectos de la garantía constitucional perturbada, son permanentes. En subsidio de dicho criterio, señala que el día en que tomó conocimiento de la afectación, es con la respuesta de la Comisión Ingresa, esto es el día 21 de agosto de 2020, por lo que igualmente estaría dentro de plazo la interposición del mismo.

Refiere además que la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, se manifiestan en la violación a su derecho de propiedad y en haber ejercido el servicio recurrido, su actividad más allá de sus potestades, ya que con su actuar, se han vulnerado una serie de principios de la administración, a saber : a) Principio de legalidad o juricidad, toda vez que el servicio, supliendo unilateralmente la voluntad del recurrente, crea un convenio distinto al convenido e incluso, ocupa su dinero en términos que perjudican su patrimonio; b) Principio de Probidad: (arts. 8° Constitución Política de la República, 13 y 52 de la LBGAE N° 18.575), pues el servicio sólo ha actuado en su propio beneficio y no en el interés general, ya que, estas medidas económicas fueron creadas con dicha finalidad y su criterio debió orientarse a tal fin; y c) Principio de la confianza legítima, el cual se deduce desde los principios constitucionales de Estado de Derecho (arts. 5, 6 y 7 CPR) y de seguridad jurídica.

A folio 9 se evacúa informe por la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, señalando en primer lugar algunos aspectos generales sobre el funcionamiento del sistema de créditos para estudios superiores, con garantía estatal.

Al efecto indica que la Ley Nº 20.027 creó el Sistema de Créditos para Estudios de Educación Superior, destinado a apoyar el acceso a la educación superior a aquellos estudiantes que, por motivos económicos, no podían acceder al sistema financiero y conjuntamente con el establecimiento de dicho beneficio, la citada ley, creó la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, servicio público descentralizado que forma parte de la Administración del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, ubicado únicamente en Santiago, que cuenta con dotación de personal de 80 funcionarios aproximadamente, y su presupuesto operativo, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 20.027, no proviene del erario público.

Destaca que una vez iniciado el periodo de pago del crédito, y hasta su finalización, la Comisión se encuentra encargada de administrar la postulación y otorgamiento de los diversos beneficios de pago del crédito. En particular, la Ley N° 20.634, que modificó la Ley N° 20.027 introdujo una reducción al 2% de la tasa de interés de los créditos pactados con anterioridad al 31 de Octubre de 2011, mediante un copago de cargo fiscal. Además, se otorga la posibilidad de pagar una cuota equivalente al 10% del total de la renta promedio que hubieren obtenido durante los últimos doce meses. Otro mecanismo contemplado en la Ley N° 20.027, es la suspensión temporal de pago por cesantía o por estudios en el extranjero, el cual hace cesar la obligación de pago por un plazo de 6 meses, renovables de mantenerse la situación de cesantía y/o estudios de postgrado.

Los beneficios de pago de cuotas del Crédito con Garantía Estatal previamente enunciados, los cuales pueden ser asignados a la totalidad de estudiantes beneficiarios, hayan concluido o no con sus estudios de pregrado, son administrados directamente por la Secretaría Administrativa de la Comisión, debiendo ser coordinada su aplicación con los diversos intervinientes de este Sistema de Créditos (Instituciones Financieras, Tesorería General de la República, Dirección de Presupuestos, entre otros), debiendo mantener, como ya fue señalado, la debida coordinación para el correcto funcionamiento de este Sistema de financiamiento.

En cuanto a la situación de don nombre reservado, señala que éste obtuvo el beneficio del crédito con garantía estatal en el año 2009, para financiar sus estudios de derecho, en la Universidad Autónoma de Chile, siendo la institución financiera Scotiabank Chile la encargada de otorgarle financiamiento. Luego, en el proceso correspondiente al año 2013, la casa de estudios antes referida, informó el egreso del estudiante, circunstancia que, de acuerdo con la normativa propia de este sistema de crédito, generó la exigibilidad de las obligaciones derivadas de los desembolsos efectuados conforme a la Ley N° 20.027 y su Reglamento, a partir del día 5 del décimo noveno mes contados desde la fecha de término del plan de estudios del beneficiario. En este contexto, con fecha 06 de octubre de 2014, se inició el calendario de pagos del crédito con garantía estatal, entrando el recurrente en mora en el cumplimiento de su obligación de pago, a partir de la cuota con vencimiento el día 05 de marzo de 2016, por lo que habiéndose configurado el incumplimiento, de acuerdo con las definiciones contempladas en la normativa del sistema de financiamiento de la Ley N° 20.027, la Comisión remitió los antecedentes del crédito impago del beneficiario, a la Tesorería General de la República, registrando en la Cuenta Única Tributaria del recurrente, una deuda por 264,14 UTM (equivalente a $12.272.209); lo que aconteció con fecha 30 de junio de 2017.

Añade que la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2020, otorgó a los deudores beneficiarios del Crédito con Garantía Estatal que se encuentren en mora en el pago de su obligación crediticia, la posibilidad de reprogramar, por una única vez, sus créditos con garantía estatal, posponiendo el pago de las cuotas morosas y retomando el pago de su financiamiento bajo las mismas condiciones que fueron inicialmente otorgados. Asímismo, la referida ley estableció entre otras, la posibilidad de regularizar la situación de morosidad de los deudores beneficiarios del crédito con garantía estatal, respecto de quienes se han hecho efectivas las garantía del sistema de financiamiento, entregándoles la posibilidad de suscribir un único convenio, por un plazo máximo de 96 cuotas, con sus respectivos acreedores. Para efectos de materializar los referidos convenios de pago, los deudores beneficiarios debían realizar el pago de al menos una de las cuotas del convenio, pudiendo acceder a los beneficios por todo el período en que se extienda dicho convenio. Además, conjuntamente con establecer la reprogramación de los deudores del crédito, la Ley de Presupuestos dispuso que la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, es el organismo encargado de determinar el procedimiento de reprogramación, y el encargado de la materialización y administración de los convenio de pago que se suscriban a la luz de lo establecido en el mencionado cuerpo legal.

Es así que en el mes de marzo del año 2020, se dio inicio al proceso de reprogramación de deudores morosos con garantía estatal, el cual se efectúa íntegramente a través de internet, una vez pagada una cuota del crédito, sin intereses moratorios ni gastos de cobranza. Ello, conforme la información proporcionada el servicio en su página web institucional www.ingresa.cl, y en la plataforma https://reprogramacae.ingresa.cl/, los días 17, 18 y 20 de febrero, y el día 24 de marzo de 2020, de manera tal que al reprogramar el crédito, se evitaría que la devolución de impuestos en la Operación Renta 2020, sea retenida, siempre y cuando el pago de la cuota inicial, se efectúe hasta antes del día 31 de marzo del año 2020. Sin embargo, consta de los registros de la Comisión, que con fecha 08 de abril de 2020, el deudor pagó la cuota inicial y suscribió electrónicamente un convenio de reprogramación con la Tesorería General de la República, por un monto de 233,28 Unidades Tributarias Mensuales (que equivalen a 409,8734 Unidades de Fomento), a pagarse en 95 cuotas por un valor de 4,2695 Unidades de Fomento, por lo que considerando que la reprogramación de su deuda, ocurrió con posterioridad al día 31 de marzo, la devolución de renta correspondiente al año tributario 2020, no se verificó, por cuanto operó una compensación entre deudas recíprocas entre el deudor y el Fisco de Chile.

En efecto, el ente recaudador procedió a compensar la deuda tributaria del recurrente por un monto de $1.025.283, con fecha 16 de abril de 2020, y posteriormente, el 22 de abril se efectúa una compensación por $347.817, aplicando dichos montos a la deuda que mantiene el recurrente con el Servicio de Tesorerías. Como consecuencia de lo anterior, la deuda total del beneficiario, ha disminuido a un monto actual de 205,9399 UTM, y el valor cuota mensual ha sido recalculado de un monto original de 4,2695 UF, a un monto de 3,7647 UF.

Respecto de la eventual vulneración al derecho de propiedad, Comisión Ingresa, señala que la acción que se le reprocha se ha realizado con apego a la legalidad vigente, ya que el servicio verificó el incumplimiento de pago del crédito y el ente recaudador, procedió al cobro de una obligación fiscal, utilizando los medios que el ordenamiento jurídico le ha conferido. Adicionalmente indica, que la devolución de la retención de impuestos debe ser considerado un derecho de carácter eventual, ya que la misma, sólo podría existir en aquellos casos donde la ley permite su concreción. Es decir, es un derecho que se materializa cuando no existe causa legal que habilite la Tesorería para efectuar su retención y en el caso particular, el recurrente mantenía una deuda en virtud de la cual, el Sistema de Créditos para Estudios Superiores facultaba a la Tesorería para efectuar la retención de la devolución de impuestos.

Conforme lo anterior, no existe un acto ilegal o arbitrario que provoque perturbación o amenaza del derecho de propiedad invocado por la recurrente, por lo que solicita el rechazo del recurso, por cuanto la Comisión y su secretaría administrativa, han actuado con estricto apego a la normativa vigente.

A folio 11, don Guido Andrés Fernández González, abogado, en representación del Fisco de Chile – Servicio de Tesorería-, evacúa informe alegando en primer lugar, que el recurso de protección resulta extemporáneo, ya que fue interpuesto con fecha 07 de septiembre de 2020, en circunstancias que las compensaciones alegadas por el recurrente fueron materializadas en el mes de abril del año 2020, lo cual fue conocido por don nombre reservado, toda vez que ingresó requerimiento en el mes de mayo, como pueda desprenderse su presentación, al expresar que; “…ingresó requerimiento ante dicha institución, signado N° 1186173 de fecha 05.05.2020, y posteriormente su seguimiento fue vía correo electrónico con la funcionaria doña nombre reservado…”

En cuanto al fondo del recurso de protección, manifiesta que la aseveración referida por e recurrente en cuanto a que la devolución de impuesto a la renta de éste fue retenida por Tesorería, no es efectiva, por cuanto, la obligación de pago de los créditos por parte de los alumnos nace a partir del día cinco del décimo noveno mes contado desde la fecha de término del plan de estudios, o al mes subsiguiente desde que son declarados desertores, momento en el cual la entidad financiera debe generarles un cuadro de pago, iniciándose el periodo del servicio normal de financiamiento. Si el alumno incurre en mora en el pago de su crédito, las entidades financieras, en su calidad de administradoras de los créditos, deben efectuar las gestiones de cobranza de los mismos, conforme lo disponen las Bases de Licitación correspondientes a la adjudicación del servicio de administración y financiamiento de estos créditos. Cumplidos los requisitos por las entidades financieras, éstas pueden solicitar a la Comisión Ingresa que certifique dicha circunstancia y remita un oficio al garante (Fisco) para que proceda al pago de las garantías. Así, en el caso que motiva el presente recurso de protección, consta que verificado el incumplimiento de la obligación de pago del Crédito con Garantía Estatal, la Comisión Ingresa, remitió a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrando ésta en la Cuenta Única Tributaria del recurrente. En el caso del recurrente, la devolución de renta correspondiente al año tributario 2020, no se verificó por cuanto operó una compensación entre deudas reciprocas del recurrente y del Fisco, y al momento de verificarse el pago, Tesorería, en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la deuda tributaria del recurrente de que da cuenta el formulario 34, folio 104292 por concepto de deuda de crédito con aval del Estado, con la devolución que arrojó su declaración de impuesto a la renta ascendente a la suma de $ 1.025.283, y dos montos iguales de $347.817, aclarando que en virtud de lo anterior, no resultan pertinentes los montos que alude el contribuyente en su presentación y menos al aludir al período tributario 2019.

Sobre la facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, ella está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones. De acuerdo al artículo 1.656 la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas y 4) Que ambas sean actualmente exigibles. En el caso que motiva el presente recurso de protección, refiere que se desprende la concurrencia del primero de los requisitos para que operara la compensación. Existen dos personas que son deudoras una de otra. En relación a los requisitos 2° y 3°, no existe controversia toda vez que se trata de deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza. En cuanto al 4° requisito referido a la exigibilidad de ambas deudas, éste requisito se cumple por cuanto a la data en que operó este modo de extinguir su deuda era plenamente exigible, el giro en cuestión estaba en Tesorería en “condiciones de ser pagados”, modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, y, por ende, en relación a estas deudas reciprocas operó por el solo ministerio de la ley la compensación.

En lo que respecta a la garantía constitucional eventualmente infringida, indica que para que exista un derecho de propiedad, la adquisición del objeto sobre el que éste recae debe producirse conforme a la ley, y sólo puede existir una devolución de impuestos cuando se cumplen las condiciones que la misma ley ha señalado para su concreción. Añadiendo que una de las causas por las cuales se puede legalmente alterar el derecho de dominio, es precisamente el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas y en este caso, es la propia ley la que regula la privación de dicho bien y su imputación a un fin determinado, constituyéndose en una modalidad de pago de una obligación morosa. Por lo que en definitiva, solicita se rechace el recurso de protección, por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

Que la recurrente acompañó a su recurso los siguientes documentos:

1.- Convenio de Pago, Ley N° 20.027 respecto de don nombre reservado Rut RUT reservado de fecha 08 de abril de 2020 y calendario de pago de cuotas con indicación de fecha de vencimimento y valor de cada una de ellas.

2.- Comprobante de pago Sencillito, Convenio ReprogramaCAE de fecha 08 de abril de 2020 por un valor de $ 122.223.- 3.- Certificado de deuda de Tesorería respecto de don nombre reservado Rut RUT reservado por $1, de fecha 07 de septiembre de 2020.

4.- Cuenta única tributaria, consulta de movimimentos de don nombre reservado Rut RUT reservado, correspondiente al formulario Nº 34, folio 104292 , el cual registra en el año 2020 pagos por compensación renta, por la suma de $1.025.283 y dos montos iguales de $347.817.

5.- Set de correos electrónicos entre don nombre reservado y nombre reservado Jefe/A Sección Operaciones de Tesorería Regional de La Araucanía entre el 13 de mayo de 2020 y 06 de agosto de 2020 sobre consulta respecto de requerimiento N° 1186173 de fecha 05 de mayo de 2020.

6.- Seguimiento de consulta realizada por don nombre reservado a Comisión Ingresa con fecha 29 de abril de 2020 sobre compensación realizada por Tesorería, no obstante haber realizado reprogramación de crédito, a lo cual con fecha 30 de abril de 2020, se emitió respuesta por parte de la Comisión, indicando que los fondos por impuestos no fueron retenidos para los deudores que se acogieron a la reprogramación de la deuda, con fecha de pago de cuota inicial hasta el 31 de marzo 2020 y que en el caso particular, el pago de la cuota se concretó con fecha 08/04/2020, fuera del plazo establecido, señalando finalmente con fecha 21 de agosto de 2020 que los fondos compensados por Tesorería, fueron aplicados al convenio de reprogramación, indicando la variación que por ello presentó la deuda y las respectivas cuotas.

Por su parte, la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, acompañó los siguientes documentos:

1.- Decretos N° 182, de 2005, N° 266, de 2009 y N° 47, de 2013, todos del Ministerio de Educación, que contienen el Reglamento de la Ley N° 20.027.

2.- Resolución N° 1/2009, del 29 de enero de 2009, de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, que aprueba bases administrativas, técnicas y anexos de la licitación pública del servicio de financiamiento y administración de créditos para estudios de administración superior.

3.- Resolución Exenta N° 64, del 03 de mayo de 2017, de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, que resuelve solicitudes de pago de garantía y certificación de cumplimiento de obligación de administración correspondiente a los créditos otorgados en el marco del sistema de financiamiento de estudios superiores cuyo titular es la Tesorería General de la República, Fisco de Chile.

4.- Copia Resolución (T.R.) Nº 52, de fecha 15 de junio del año 2016, de Comisión Ingresa que designa Director Ejecutivo y aprueba modificación de contrato de trabajo de funcionario de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores.

5.- Copia del Acta de la 86º Sesión de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, celebrada con fecha 13 de Junio del año 2016, que Designa Director Ejecutivo y permiten acreditar la personería de don nombre reservado, para representar a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, en su calidad de Director Ejecutivo.

Por último, el Fisco de Chile incorporó documento denominado Cuenta Única Tributaria para el Rut RUT reservado con detalle de pagos de las compensaciones practicadas por la suma de $ 1.025.283 y dos montos iguales de $347.817.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el asunto a dilucidar consiste en determinar si la retención de la devolución de impuestos del recurrente, efectuada por la Tesorería General de la República en compensación por las deudas recíprocas mantenidas entre ambos, correspondiente al Año Tributario (AT) 2020, previo informe de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores creado por la Ley N°20.027, organismo descentralizado que forma parte de la Administración del Estado, encargado de administrar la postulación y otorgamiento de los distintos beneficios para el pago del crédito con garantía estatal; constituye un acto arbitrario e ilegal que vulneró el derecho de propiedad del recurrente, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en los términos denunciados en el recurso.

SEGUNDO: Que antes de pronunciarse sobre el fondo, deberá decirse que la alegación de extemporaneidad deducida por el Servicio de Tesorerías no será acogida desde que tal -como lo indica el recurrente-, los actos que constituirían la actuación ilegal o arbitraria que se achaca a ambos recurrentes tienen un efecto permanente al consistir en un asunto que afecta su patrimonio, independientemente de lo que se resuelva en definitiva.

TERCERO: Que del mérito de los antecedentes allegados por las partes, se encuentra acreditado que el Estado para morigerar los efectos económicos producidos por la pandemia, autorizó reprogramar el crédito con garantía estatal a los beneficiarios del mismo, evitando de esta manera que se compensara la deuda impaga con la devolución de impuestos correspondientes al año 2020.

CUARTO: Que es un hecho no discutido que el recurrente estaba en mora en el cumplimiento de su obligación de enterar su crédito para estudios superiores con garantía del Estado, a partir de la cuota correspondiente al mes de marzo de 2016, razón por la cual la denominada Comisión Ingresa, remitió los antecedentes a la Tesorería General de la República para los efectos legales correspondientes.

Que efectivamente la Ley de Presupuesto del año 2020, otorgó a los beneficiarios morosos del referido crédito, la posibilidad de reprogramar por una sola vez sus créditos con garantía estatal, posponiendo el pago de las cuotas impagas y evitando que la devolución de impuestos de la operación renta 2020 fuere retenida, siempre y cuando éstos realizaran el pago de al menos una de las cuotas vencidas a más tardar antes del 31 de marzo de 2020.

QUINTO: Que en ese contexto, el recurrente pagó la cuota inicial necesaria para que operara el beneficio otorgado por el Estado el día 8 de abril de 2020 suscribiendo en esa fecha un convenio de reprogramación con la Tesorería, efectuando el pago requerido fuera del plazo otorgado por la ley, que, como se dijo, se extendía hasta el 31 de marzo del pasado año.

Luego, entonces, la devolución de renta correspondiente al año tributario 2020, no pudo verificarse, puesto que con los antecedentes de que disponía la Tesorería General de la República no procedía sino compensar la deuda fiscal que mantenía el recurrente a propósito del crédito con garantía estatal, desde que el actor no quedó afecto al beneficio estatal del que ya se ha hecho referencia.

SEXTO: Que así las cosas, ninguna actuación ilegal ni arbitraria puede atribuirse a la Comisión Ingresa puesto que ésta, conforme a sus facultades legales, lo que hizo fue remitir –en su oportunidad-, al ente recaudador fiscal el formulario del cobro del crédito, sin que fuere de su mano la compensación de las deudas reciprocas existentes entre el recurrente y el Fisco, a propósito del crédito para estudios superiores con garantía del Estado.

De otro lado, y como ya se dijo, es claro que el beneficio de reprogramación establecido por la autoridad no pudo favorecer al recurrente puesto que éste, tal como lo reconoce en su libelo, efectuó el pago de una de las cuotas impagas en el mes de abril de 2020, en tanto que para que le beneficiaria el nuevo convenio establecido por ley dicho pago debió efectuarse hasta el 31 de marzo de 2020.

SÉPTIMO: Que respecto de la recurrida Tesorería General de la República, Región de La Araucanía, su facultad para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos con el Fisco, está establecida en el artículo 6°, del Decreto con Fuerza de Ley N°1, del año 1994, del Ministerio de Hacienda, por lo que su actuación se ajusta a derecho y no puede constituir por ende un acto ni ilegal ni arbitrario, desde que no habiendo cumplido el recurrente con las exigencias establecidas por el Estado dentro del término establecido en la ley, no era posible evitar la compensación de deudas que llevó a cabo la recurrida.

OCTAVO: Que tampoco resulta ser efectivo que las recurridas hubieren alterado las condiciones del convenio primitivo a que estaba sujeto el recurrente en forma unilateral, puesto que las condiciones y exigencias para poder acceder a la devolución de impuestos y evitar la compensación que hizo efectiva el órgano fiscal recaudador, fueron impuestas por la ley, y éstas no fueron cumplidas íntegramente por el actor.

NOVENO: Que, por lo razonado, se concluye que no existe un acto ilegal o arbitrario por parte de las recurridas, por lo que el recurso deducido debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Estudios Superiores, Comisión Ingresa, y de la Tesorería General de la República.

Regístrese.

Redacción de la ministra A. Cecilia Aravena López.

Rol N° Protección-8279-2020 (pvb).