nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

I.- A folio 1, comparece THAMARA SEPÚLVEDA ROULLETT, abogada Jefe Consultorio de Carahue de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio Bio, en representación de doña nombre reservado, chilena, técnico médico, cédula de Identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien dice:

Que interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, desconoce profesión, chileno, cédula de identidad número RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, por los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Indica que, con fecha 29 de mayo de 2015 falleció don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, padre de su representada. Por ello se tramitó posesión efectiva, concediéndose a su cónyuge sobreviviente doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, y a sus hijos don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, y a su mandante. Se practicó inscripción especial de herencia de la propiedad consistente en la hijuela número 19 del plano divisorio del predio encabezado por nombre reservado, del lugar Quillem, comuna de Carahue, rolante a fojas 182 número 170 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Carahue del año 2017.

Agrega que, la familia de su representada siempre ha trabajado este terreno agrícola, haciendo uso del camino público que se encuentra en el sector poniente del sector, ingresando libremente al terreno con la maquinaría y vehículos necesarios para poder hacer uso efectivo del terreno agrícola.

Que, sin embargo, a mediados del año 2019, el recurrido, don nombre reservado, ya individualizado, arbitrariamente y sin autorización ni facultad legal para ello, instaló un portón en el camino público del sector, impidiendo a su representada y a su familia el libre acceso al terreno ya mencionado, impidiendo el uso y aprovechamiento de éste, negándose reiteradamente a sus solicitudes de su retiro, negándose incluso a la entrega de una llave o cualquier acomodación que permita el fácil acceso al inmueble, ocasionando así graves perjuicios para su representada, toda vez que ella no tiene libre acceso al terreno debiendo bordear el portón instalado ilegalmente, sin tener la facultad de ingresar vehículos y maquinarias al terreno, sin la expresa autorización y ayuda del recurrido, lo que ha impedido el trabajo en el terreno, impidiendo a su representada obtener los frutos que obtendría con el trabajo del terreno, así como también le ha impedido ingresar libremente a su domicilio que se encuentra dentro de este terreno, afectando así, no sólo al derecho de propiedad que tiene su representada frente al terreno, pero además a su garantía de inviolabilidad del hogar.

Que, debido a esto y, por la continua violación a sus derechos y garantías establecidas en la Constitución Política de la República y por las reiteradas negativas del recurrido de cesar con su actuar arbitrario e ilegal, es que su representada se ve obligada a recurrir para restablecer el imperio del derecho.

Estima que las actuaciones del recurrido comportan un proceder que califica de ilegal y arbitrario.

Ilegal, ya que no encuentra norma o fundamento legal en que se funde, es más, contravienen las normas de orden público relativas a la inviolabilidad del hogar y el derecho de propiedad, establecidas en la constitución en el art 19 número 5 y 24, lo que queda de manifiesto al restringir el uso de un camino que por más de 20 años ha permitido el acceso al inmueble de propiedad de sus representados.

Solicita tener por interpuesto el recurso de protección en contra de nombre reservado, solicitando que, en virtud de sus facultades, adopte de inmediato las providencias necesarias para permitir el pronto restablecimiento de los derechos conculcados, ordenando, se retire el portón que se construyó en forma irregular en el camino que permite se pueda hacer ingreso a la propiedad de si representada, ordene a la entidad policial recurrida investigar las denuncias entabladas contra el recurrido y se ordene el cese de las constantes violaciones a las garantías constitucionales de mi representada.

Acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia de Inscripción Vigente de Herencia de nombre reservado del Conservador de Bienes Raíces de Carahue.

2.- Copia del Plano Divisorio del predio encabezado por nombre reservado, del lugar Quillem, comuna de Carahue, Provincia de Cautín.

3.- Copia autorizada de Mandato Judicial.

II.- A folio 10, informa recurrido, quien dice que, evacuando el informe y solicita el rechazo de la acción infundada e improcedente interpuesta por la contraria, por no ser real ni efectivo los hechos en que se funda su acción, por tres puntos específicos que detalla.

Su representado vive hace más de 30 años en la hijuela N°18, que colinda en un extremo con la hijuela 19 de la cual es heredera la recurrente.

Actualmente vive en casa que los padres dejaron dentro de dicho inmueble y, a cuyo costado, se construye su primera vivienda propia.

Indica que, desde el camino público, existe un acceso vecinal, por el cual todos transitan, luego se llega al terreno del recurrido quien posee un cerco que lleva más de 25 años construido, el que, por su mal estado, no tiene cadena ni candado y nada que genere o impida el libre tránsito. Sin embargo, es menester precisar que existen varios caminos por los cuales acceder a la hijuela N°19 de la recurrente.

Que, del camino principal, que ya se encuentra dentro del predio de su representado, se encuentra una vifurcación. El lado izquierdo fue limpiado y creado por el recurrido para tener ingreso sólo él hasta su casa en forma directa.

El camino de mano derecha rodea el camino del recurrido, don nombre reservado y, es el camino vecinal que debiesen ocupar los demás colindantes, sin embargo, la recurrente, insiste en ocupar el camino izquierdo, ingresando inclusive en forma directa a la casa de don nombre reservado, lo que es totalmente improcedente.

En cuanto al fondo del recurso, esto es, la existencia o no de un acto u omisión arbitraria o ilegal, como requisito fundante de la acción interpuesta, su parte tajantemente señala que dichos presupuestos no se cumplen y que jamás se les ha privado, amenazado o perturbado derecho alguno.

Precisa que la recurrente señala expresamente lo siguiente “La familia de mi representada siempre ha trabajado este terreno agrícola, haciendo uso del camino público que se encuentra en el sector poniente del sector, así ingresando libremente al terreno con la maquinaría y vehículos necesarios para poder hacer uso efectivo del terreno agrícola”.

Aclara, a este respecto que, la recurrente, maliciosamente tergiversa los hechos para justificar esta improcedente acción, por cuanto, según las fotografías que detalla en su informe, no transitaría ninguna maquinaria porque, de ser así, el camino se encontraría en buenas condiciones para ser transitado, se encontraría limpio, lo que no es real. Sostiene que, lo que la recurrente quiere lograr con esta acción, es ingresar a la propiedad de su representado, existiendo otro camino para acceder a su inmueble.

Alega que la recurrente añade a su acción que “a mediados del año 2019, el recurrido, don nombre reservado, ya individualizado, arbitrariamente y sin autorización ni facultad legal para ello, ha instalado un portón en el camino público del sector, impidiendo a mi representada y a su familia el libre acceso al terreno”.

Precisa que, el cerco del cual hace referencia la recurrente, lleva más de 25 años en el mismo lugar, encontrándose dentro del inmueble de su representado.

Se ve el deterioro y la calidad o estado de la madera, lo que da a conocer que ese cerco no ha sido creado el año 2019, sino que muchos años antes el que, el propio padre de la recurrente utilizaba, abriendo y cerrando ya que, muchas veces dejó animales dentro del predio del recurrido, siempre con buena convivencia.

Agrega que, se puede apreciar también el grave deterioro de la madera y que dicho cerco no tiene candado ni cadena.

Añade, además, que el legítimo derecho de don nombre reservado es velar por su integridad física, lo que requiere un cierre perimetral que coarte en algo, algún accionar delictual, sobre todo por el delito de abigeato que se da constantemente en la zona.

Expone, finalmente que la recurrente concluye que el recurrido impide el uso y aprovechamiento de éste, negándose reiteradamente a sus solicitudes de su retiro, negándose incluso a la entrega de una llave o cualquier acomodación que permita el fácil acceso al inmueble, ocasionando así graves perjuicios para su representada, toda vez que ella no tiene libre acceso al terreno debiendo bordear el portón instalado ilegalmente, sin tener la facultad de ingresar vehículos y maquinarias al terreno.

Sostiene que, como se detalla en las fotografías que acompaña en el mismo informe, la recurrente sí tiene acceso por otra vía, por otro camino, pero, caprichosamente, quiere transitar por el camino interno que hizo el recurrido, no gastando ni invirtiendo un solo centavo en la mantención, limpieza y cuidado del camino.

Aclar que, el camino por el cual tiene acceso la recurrente, no lo limpia, no lo mantiene por eso no lo usa y, aprovechándose de lo cuidadoso y diligente que es su representado, utiliza descuidadamente el camino que a él le cuesta mantener, limpiar y cuidar.

Indica que el cerco que se encuentra dentro del terreno del recurrido, el cual está las 24 horas abierto para el libre acceso, por cuanto hay más colindantes que transitan y utilizan el camino que está dentro de la propiedad de su representado.

Precisa que no existe ningún tipo de servidumbre legal, ni voluntaria como tampoco judicial.

Que, no existiendo ningún tipo de constitución de servidumbre, ésta sea, voluntaria, legal o judicial y, no cumpliéndose ninguno de los requisitos establecido por las leyes y amparados por nuestra Carta Fundamental, solicita el rechazo total de la acción caprichosa interpuesta por la recurrente, más aún cuando la misma ley establece el procedimiento adecuado e idóneo para proceder a constituir, como la ley exige, una servidumbre discontinua, tal como lo señala el artículo 680 del Código de Procedimiento Civil,...deberá (norma imperativa) aplicarse, además, a los siguientes casos; número 2 "A las cuestiones que se susciten sobre constitución, ejercicio, modificación o extinción de servidumbres naturales o legales y sobre las prestaciones a que ellas den lugar" Concluye solicitando el total y completo rechazo de la acción de protección entablada, no sólo porque no se cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, al no existir ningún acto u omisión "arbitraria (caprichosa) o ilegal (no amparada por la ley) que haya perturbado, amenazado o privado de los derechos que alega la recurrente sino también porque, ésta vía, no es la más idónea para "discutir" una constitución de servidumbre, existiendo para tal efecto las normas del procedimiento sumario, ello por lo señalado en el artículo 680 del Código de Procedimiento Civil, más aun, cuando en los hechos las recurrentes jamás han sido privadas de su acceso al camino público, por cuanto su hijuela Nº19 se encuentra con 2 caminos públicos constituidos.

Solicita tener por evacuado el informe dentro de plazo y, en definitiva, rechazar la acción de protección interpuesta por la contraria con expresa condenación en costas al no existir un motivo plausible o justificado y no cumplirse los requisitos que hacen procedente la presente acción de protección.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene y, que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada.

SEGUNDO: Que, el hecho vulneratorio denunciado por la recurrente, consistente cierre de camino de acceso, bloqueo de acceso, que vulneraría su derecho a la inviolabilidad del hogar y su derecho de propiedad, contemplados en el artículo 19 N°5 y N°24 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar, es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, los dichos y documentos aportados por la recurrente, negados por el recurrido los primeros e, interpretados de manera distinta los segundos, contrastados con los antecedentes presentados por este último, no aparecen como suficientes para tener por efectivos los hechos expuestos por la recurrente ni que efectivamente se haya vulnerado alguno de los derechos que alega afectados.

QUINTO: Que, entonces, como se puede advertir, la reclamación de la recurrente, no se busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino que pretende que, por esta vía y, como así se aprecia de los términos del recurso, proceda a reconocer un derecho que no ha acreditado que ostente, esto es, un derecho real de servidumbre que gravaría el predio del recurrido en favor del inmueble de la recurrente.

SEXTO: Que, en consecuencia, se debe concluir que, para que la acción de protección pueda prosperar, es requisito que el derecho cuyo resguardo se invoca, sea un derecho ya declarado y no discutido y, no siendo este el caso conforme lo antes relacionado, se debe concluir que el recurso intentado no está en condiciones de ser acogido, sino que debe ser desestimado.

SÉPTIMO: Que, atentos a lo concluido en el precedente motivo, lo reclamado por la recurrente, dice más bien con materias que deben ser dilucidadas en un proceso de lato conocimiento, en el que las partes pueden rendir las probanzas que estimen en resguardo de los derechos que estimen les asisten, todo lo cual excede el marco regulatorio de un recurso de protección. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, cabe concluir que el recurso intentado no está en condiciones de prosperar, sino que debe ser desestimado.

OCTAVO: Por último, preciso es agregar a lo señalado que, la acción constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, es un instituto que tiene por objeto otorgar resguardo urgente a la persona vulnerada en alguna de las garantías que autorizan su interposición y que, el Auto Acordado que regula la materia lo hace objetivo, cuando dispone que sólo dispone de un plazo de 30 días desde que se ha ejecutado el acto vulneratorio para hacer uso de esta herramienta, tal que, si no lo hace dentro de dicho plazo, se debe estimar que no tiene la supuesta urgencia, lo que en esta caso queda de manifiesto cuando la recurrente reconoce que los supuestos actos que afectan sus derechos datan de mediados de 2019 y la interposición de su recurso tiene lugar recién con fecha 8 de marzo de 2021, no admitiéndose extender dicho término en razón de las supuestas conversaciones o reiteradas solicitudes de la recurrente, cuya existencia en todo caso no se acreditaron, ya que, en tal caso, dejaría en la práctica la extensión del plazo al arbitrio del mismo recurrente y, en consecuencia, sin aplicación el término establecido al efecto, motivos por lo que el recurso es, además, extemporáneo.

Por estas consideraciones y en virtud de lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don Roberto Fuentes Fernández Protección Rol N°823-2021. (sac)