Protección contra CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de octubre de dos mil veintiuno.

VISTO:

A folio N°1-2021 comparece RODRIGO ANDRES MONGE FUENTEALBA, Abogado de la corporación de asistencia judicial, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, y en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES.

Funda su acción en que fue notificada el 22 de Julio de 2021, junto con su liquidación de sueldo del referido mes, que su empleador la Municipalidad de Padre las Casas efectuaba una retención de una deuda que mantenía con la Caja de compensación familiar Los Andes, la cual se encuentra castigada por dicha entidad al día de hoy, acto por el cual se reclama, al estimarlo arbitrario e ilegal.

Indica que la Caja Los Andes la demandó en la ciudad de Temuco, en causa ejecutiva ante el 1º Juzgado Civil de dicha comuna en ROL: C-1340-2018 de fecha, 23/03/2018, exigiendo la totalidad de la deuda, sin embargo y estando ese proceso pendiente de resolución, de forma arbitraria la Caja Los Andes manda a descontar de su remuneración desde el año 2019 por esta misma deuda la suma de $144.882 cantidad que supera el 19% de su sueldo líquido el que queda reducido a la suma de $617.728.

Refiere que le parece repudiable y arbitrario el hecho de que se le descuente una gran parte del sueldo por un caso que está siendo sometido al conocimiento de la justicia, y estima que es un acto de auto tutela de la Caja de Compensación señalada.

DERECHO Indica que la E. Corte Suprema ha resuelto que no procede la auto tuleta ejercida por una caja de Compensación en contra de un afiliado al sistema de Cajas (Rol 87.877-2016 E.C.S.). Cabe señalar que los descuentos a la remuneración constituyen una excepción al principio de irretenibilidad de la remuneración del trabajador, por parte del empleador. En efecto, “algunos especialistas han coincidido en señalar que la protección legal en esta materia persigue dos objetivos: uno de carácter activo, por el que se persigue que el trabajador perciba efectivamente su remuneración y otro de carácter pasivo que tiende a evitar que la remuneración una ver percibida, pueda perderse. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la voz descuento se refiere a la “acción y efecto de descontar”. Luego, el término “descontar” significa “rebajar una cantidad al tiempo de pagar una cuenta, una factura, un pagaré, etc.” En general, podemos decir que el descuento a la remuneración puede definirse como la retención que el empresario debe hacer de las remuneraciones de los trabajadores en virtud de un mandato legal, o bien como la acción de rebajar una determinada cantidad de dinero de la remuneración de un trabajador.

Señala que el acto de descontar demanda de un conjunto de requisitos, como que exista una relación jurídica laboral, y que se den obviamente, los presupuestos necesarios que autoricen el descuento. Para proteger el denominado principio de irretenibilidad de la remuneración del trabajador, se requiere que exista una ley que autorice o prohíba o permita dichos descuentos, ello con el objeto de proteger el eminente carácter alimenticio que caracteriza a la remuneración del trabajador.

El artículo 58º del Código del Trabajo constituye la fuente legal que alude al descuento y deducciones autorizadas por la ley, que pueden operar sobre las remuneraciones de los trabajadores. Esta norma legal señala lo siguiente: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Asimismo, con acuerdo del empleador y del trabajador, que deberá constar por escrito, el empleador podrá descontar de las remuneraciones cuotas destinadas al pago de la adquisición de viviendas, cantidades para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda y sumas destinadas a la educación del trabajador, su cónyuge o alguno de sus hijos. Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador.

Por otra parte el no pago de una parte de la remuneración a que tiene derecho, implica el grave incumplimiento de obligaciones legales e incluso puede implicar la comisión de un delito. Por otro lado la Constitución Política ya garantiza el derecho a la integridad física y psíquica (art. 19 N° 1) y la igualdad ante la ley y el no ser tratado en forma discriminatoria por el estado o sus agentes como ocurre en la especie (art. 19 N° 2) y el derecho de propiedad en el art. 19 N°24, el que se le está conculcando con esta acción ilegal.

Afirma que el actuar arbitrario e ilegal de los recurridos han vulnerado y amenazan las garantías consagradas en el Nº 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al retener de forma arbitraria, sin autorización ni procedencia legal una parte importante de su remuneración y como se ha demostrado ello es ilegal, por cuanto no procede sea realizado de esta forma. Ello además constituye un acto de auto tutela al ya haberse iniciado el cobro vía judicial.

Pide ordenar que se debe cesar y poner fin de inmediato con los descuentos que está pidiendo al empleador de doña nombre reservado la Caja de Compensación familiar de los Andes, por ser un acto arbitrario e ilegal, por cuanto esta deuda se está ventilando judicialmente, y se ordene a la recurrida tomar todas las medidas que, en concepto de esta Corte sean conducentes al restablecimiento y la protección de sus derechos, con costas del recurso.

Acompañó los siguientes documentos: últimas tres liquidaciones de sueldo de la recurrente correspondiente al mes de mayo, junio y julio del presente año donde se evidencia el descuento y mandamiento de ejecución y embargo dictado en causa C -1340-2018 del Primer juzgado de letras en lo civil de Temuco.

A folio N°7-2021 evacua informe la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, quien solicita el rechazo del recurso. Indica que con fecha 14 de febrero de 2017, Caja Los Andes y la Sra. nombre reservado celebraron el contrato de mutuo de crédito social código 150253655-5, por un capital de $1.843.206.-pagadero en un plazo de 15 meses, con cuotas mensuales de $146.321.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de abril de 2017.

A la presente fecha, la Sra. nombre reservado sólo ha dado pago a 10 de las 15 cuotas pactadas, registrando en morosidad aquellas que van desde febrero a junio de 2018, Nº11 a Nº15.

En consecuencia, nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro no se encuentran prescrita, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

1. CARÁCTER SOCIAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN Y MECANISMO DE COBRO SEGÚN EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY N°18.833.- Indica que en sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, las que fueron denominadas “Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera”. Con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N° 245 de 1953, tales entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho. En la actualidad, estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. El artículo 1° de este cuerpo legal las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”. Durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales.

En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”. Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado. Cabe recordar que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Es por ello que el artículo 26 N° 3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella.

Dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

En esta línea de razonamiento, el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a la recurrida ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833.

A mayor abundamiento, y de acuerdo a lo señalado anteriormente en esta presentación, el inicio de acciones judiciales para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la institución, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe orientado a perseguir un doble cobro, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Por consiguiente, y según lo ha entendido la Excma. Corte Suprema en autos ROL CIVIL 22.325-2019, su actuar responde a una atribución que la ley confiere a la Caja de Compensación con miras a obtener la recuperación del crédito y constituye también un deber que la ley hace recaer en el empleador respectivo, los cuales no resultan obstados por la interposición de una acción ejecutiva, sobre todo si ésta ha sido interpuesta con anterioridad a la reanudación de las retenciones para el cobro de las cuotas adeudadas.

2. FUENTE DE LA OBLIGACIÓN CUYO COBRO SE REALIZA DE ACUERDO AL ART. 22 DE LA LEY Nº18.833.

Refiere que la deuda que actualmente se cobra mediante descuentos en la remuneración de la recurrente, conforme al mecanismo establecido el artículo 22 de la Ley Nº18.833, corresponde al contrato de mutuo 150253655-5, celebrado con la recurrente con fecha 14 de febrero de 2017, cuya acción de cobro se encuentra plenamente vigente y no ha sido declarada prescrita.

Si bien, en los hechos, el pagaré asociado a la causa C-1340-2018 del 1º Juzgado Civil de Temuco fue suscrito a modo de garantizar el pago de la operación de crédito otorgada al recurrente, jurídicamente se trata de un título abstracto, cuya acción de cobro es totalmente independiente de aquella que emana del contrato de mutuo celebrado entre las partes, y cuya deuda es la que actualmente se cobra a través del mecanismo establecido en la Ley Nº18.833.

En este sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema al señalar que “el pagaré tiene un carácter abstracto, es decir, es independiente del negocio que le dio origen. Como consta en autos, el demandado al suscribir el pagare adquirió dos obligaciones: una emanada del contrato de mutuo de dinero, y la otra del pagaré (…)” (v. gr. ROL CS 69-2011).

Por lo demás, cabe enfatizar que en caso alguno pretende un doble pago, razón por la que se ha abstenido de avanzar en gestiones en la causa ejecutiva, optando por realizar los descuentos de acuerdo al mecanismo establecido en la ley que regula las Cajas de Compensación, lo cual resulta menos gravoso que el cobro íntegro de la deuda en la sede judicial.

A mayor abundamiento, y sin perjuicio de la facultad establecida en el artículo 22 de la Ley Nº18.833, en la cláusula séptima del referido contrato de mutuo, el recurrente le otorgó mandato para efectuar el cobro de las cuotas a través de descuentos en su remuneración, ya sea a través de su actual empleador o de los que tenga en el futuro.

De este modo, el descuento se realiza no solo conforme al mandato legal establecido en el artículo 22 de la Ley Nº18.833, sino que también de acuerdo al mandato convencional otorgado por el recurrente en el contrato de mutuo.

3. LA OBLIGACIÓN ES ACTUALMENTE EXIGIBLE – LA PRESCRIPCIÓN DEBE SER DECLARADA JUDICIALMENTE.

Señala que está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado con la recurrente.

Agrega que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Indica que la prescripción, junto con ser alegada por una de las partes, requiere, además, el transcurso del tiempo establecido por el legislador, requisitos que no se satisfacen en el caso del recurrente, habida consideración a que el mutuo en cuestión mantiene en morosidad sus cuotas con vencimiento a partir de febrero a junio de 2018, por lo que es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 años para alegar la prescripción de la deuda, todo lo cual hace que el cobro efectuado en virtud del artículo 22 de la Ley N°18.833 sea totalmente oportuno, de acuerdo a lo razonado reiteradamente por la Excma. Corte Suprema (v. gr. ROL CS Civil N°14.987-2018).

Este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en Dictamen Nº2659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, lo siguiente: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.”.

Insiste en que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con ella a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

4. DE LA SUPUESTA VULNERACIÓN A GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, podemos afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Por último, debemos ser enfáticos en que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.” Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Cita jurisprudencia al efecto.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de contrato de mutuo de crédito social 150253655-5, celebrado entre Caja Los Andes y la Sra. nombre reservado con fecha 14 de febrero de 2017; 2.

Dictamen 2659-2020 de la SUSESO, de fecha 12 de agosto de 2020; 3.

Sentencia de fecha 1 de junio de 2021 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt en recurso de protección ROL 195-2021; y 4. Sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 17 de junio de 2021 en recurso ROL 39130-2021 que confirma el fallo precedente.

A folio N°17-2021 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que, en estos autos don RODRIGO ANDRES MONGE FUENTEALBA, en representación de doña nombre reservado ha deducido recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por haber instruido y requerido, el descuento a al empleador, la Municipalidad de Padre las Casas, una suma de dinero desde sus remuneraciones, con motivo de un crédito otorgado previamente. Estima que tal proceder es arbitrario e ilegal, considerando que fue demandado ejecutivamente por la citada institución, en el 1º Juzgado Civil de Temuco, en causa Rol n° C-1340-2018 de fecha, 23/03/2018, exigiendo la totalidad de la deuda, causa que se encuentra actualmente en tramitación, de modo que los mentados descuentos conculcan su derecho de propiedad garantizado en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se ordene a las citada Caja de Compensación abstenerse de realizar descuentos en sus remuneracion y proceder a la devolución de las sumas indebidamente descontadas, con costas.

SEGUNDO: Que, la Caja de Compensación recurrida informó reconociendo haber efectuado los referidos descuentos, de acuerdo con los compromisos contractuales, encontrándose facultada para ello según lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Así, informó al empleador de la recurrente para la retención pertinente, estimando que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, por lo que pide el rechazo de la presente acción constitucional.

TERCERO: Que, no se encuentra discutido por las partes la existencia de un juicio ejecutivo, sustanciado en el 1º Juzgado Civil de Temuco, Rol N° C-1340-2018, exigiendo la totalidad de la deuda, actualmente en tramitación, cuyo antecedente es la obligación de pago tratada en esta causa. Tampoco se encuentra negada la deuda por la recurrente.

CUARTO: Que, habiendo optado la recurrida por la vía judicial para obtener el cobro, la entidad acreedora no estaba facultada para requerir al empleador los descuentos pertinentes de la remuneración del trabajador, sino que debió atenerse a continuar con el ejercicio de la acción jurisdiccional interpuesta.

QUINTO: Que, este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo al actor, de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

SEXTO: Que, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido. Con todo, estimándose que la deuda existe, no se accederá a la restitución del dinero ya descontado, con todo se dispondrá que la recurrida deberá reconocer explícitamente estos pagos en la causa Rol N° C-1340-2018 del Primer Juzgado Civil de Temuco.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por don RODRIGO ANDRES MONGE FUENTEALBA, en representación de doña nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, ordenándose el cese de los descuentos efectuados sobre la remuneración del actor, y que la recurrida deberá reconocer explícitamente los descuentos a la fecha efectuados en la causa Rol N° C-1340-2018 del Primer Juzgado Civil de Temuco.

Redacción del abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese.

Rol N° Protección-8195-2021 (pvb).