nombre reservado con A.F.P. PROVIDA S.A

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

Al folio N° 15: A lo principal: Téngase presente. Al otrosí: Téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña MARÍA DEL PILAR ROSAS ROJAS, abogada, cédula de identidad N°RUT reservado, actuando a favor y en nombre de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo el presente recurso de protección en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., institución administradora de fondos previsionales, representada legalmente para estos efectos por don nombre reservado, ignoro profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario de retener y no hacer entrega de los fondos previsionales correspondientes al retiro del 10% de los ahorros de la recurrente, sin perjuicio haber transcurrido el plazo máximo legal establecido por la ley 21.248, esto es de 10 días hábiles desde autorizado el retiro por parte de la institución.

Este acto constituye privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los siguientes derechos y garantías constitucionales, señalados en los números que se indican del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile: 4º.- El respeto y protección a la privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales […] Nº 24, referido al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales[..] N° 9.- El derecho a la protección de la salud. Esta privación sólo puede ser subsanadas por la vía de esta acción de protección, toda vez que la autoridad administrativa encargada de supervigilar el funcionamiento de las instituciones de fondos de pensiones tampoco ha dado una respuesta satisfactoria ante las graves irregularidades que han ocurrido en el proceso de devolución del 10% de los fondos previsionales de mi representada. I. Contexto. Nuestro país, al igual que todo el mundo, se ha visto afectado por la pandemia del denominado virusSarsCov2(Covid19). Esto ha impactado de manera grave en la economía, a nivel de industrias y servicio, y también en la economía personal de los ciudadanos. Con el fin de entregar un alivio urgente a las familias que sufren las consecuencias de esta pandemia y del prolongado confinamiento, el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 21.248, sobre “reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual en las condiciones que indica”, la que fue publicada en el diario oficial el 30 de julio de 2020. II. Sobre los hechos del caso particular. Con fecha 30 de julio del año 2020, se abrió el proceso para solicitar el retiro de los fondos de la cuenta de cotización obligatoria que su representada mantenía en AFP PROVIDA S.A., de la cual es afiliada según consta en certificado de afiliación que se adjunta en un otrosí de esta presentación. Es del caso señalar que la recurrida desde el primer momento ha trabado y entrampado la restitución de los fondos señalados, por cuanto, mientras todas las demás administradoras abrieron sus portales de acceso, AFP PROVIDA S.A. S.A mantenía con problemas que no permitían acceder, ni solicitar el retiro indicado. La Sra. nombre reservado, realizó la solicitud para el retiro de sus fondos de pensiones el 30 de julio de 2020 mediante la opción habilitada por la AFP PROVIDA S.A. a través de mensajes de texto al número “8155”, escogiendo y enviando así la opción “A” para que dichos dineros sean depositados a su Cuenta Rut, perteneciente al Banco Estado, tal como se observa en los documentos que adjunto al presente recurso. Con fecha 12 de agosto envían un email a su correo electrónico informándole que el retiro solicitado se encuentra aprobado y depositado “supuestamente” en el BANCO BCI, banco que la Sra. nombre reservado no consignó ya que ella no tiene ninguna cuenta con dicho banco, además la única opción y respuesta que ella escogió fue la de su cuenta del RUT del BANCO ESTADO. A pesar de ello, decide consultar en ambos bancos si la recurrente habría realizado el depósito correspondiente a su favor, pero en ninguno de los bancos antes señalado existía el depósito confirmado por AFP PROVIDA S.A Hasta el día de hoy la recurrente ha intentado comunicarse con la AFP ya sea mediante llamadas telefónicas y emails, no obteniendo respuesta alguna sobre la entrega de su dinero, a pesar que ya ha transcurrido todos los plazos legales tal como lo señala la Ley Nº 21.248 expresamente que las instituciones deben dar respuestas en un plazo máximo de 10 días. Han pasado a la fecha más de 25 días hábiles desde que se realizó la primera solicitud sin obtener una respuesta, ni la entrega de su dinero que por norma le corresponde. Es por eso por lo que pide que esta I. Corte en uso de sus facultades constitucionales y legales, repare y corrija estos actos ilegales y arbitrarios que atentan contra garantías fundamentales de su representada puesto que no existe otra vía posible para obtener una respuesta rápida que enmiende estas irregularidades. III. El Derecho. La garantía que se ha infringido corresponde a: 1. Derecho de propiedad. La Ley Nº 21248, dispone una nueva cláusula transitoria: "TRIGÉSIMA NOVENA. Excepcionalmente, y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorizase a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley Nº 3.500, de 1980, de forma voluntaria y por única vez, a retirar hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. En el evento de que el 10 por ciento de los fondos acumulados sea inferior a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta. Los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio de las deudas originadas por obligaciones alimentarias. Los fondos retirados a los cuales hace referencia la presente disposición transitoria no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y, en consecuencia, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las administradoras de fondos de pensiones. Los afiliados podrán solicitar el retiro de sus fondos hasta 365 días después de publicada la presente reforma constitucional, con independencia de la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe decretado. Los afiliados podrán efectuar la solicitud del retiro de fondos en una plataforma con soporte digital, telefónico y presencial que al efecto dispongan las administradoras de fondos de pensiones, asegurando un proceso eficiente y sin demoras. Los fondos que en aplicación de esta disposición le correspondieren al afiliado, se transferirán automáticamente a la "Cuenta 2" sin comisión de administración ni costo alguno para él, o a una cuenta bancaria o de instituciones financieras y cajas de compensación, según lo determine el afiliado, en hasta dos cuotas de un máximo de 75 unidades de fomento cada una. Los retiros que se efectúen conforme a esta disposición serán compatibles con las transferencias directas, beneficios, alternativas de financiamiento y en general, las medidas económicas que la ley o las disposiciones reglamentarias establezcan a causa del COVID-19. No podrá considerarse el retiro de fondos para el cálculo de las demás medidas adoptadas en razón de la crisis o viceversa. Se considerará afiliado al sistema privado de pensiones regido por el decreto ley Nº 3.500, de 1980, a toda persona que pertenezca a dicho sistema, incluidas aquellas que sean beneficiarias de una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia. La entrega de los fondos acumulados y autorizados de retirar se efectuará de la siguiente manera: El 50 por ciento en un plazo máximo de diez días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva administradora de fondos de pensiones a que pertenezca el afiliado. El 50 por ciento restante en el plazo máximo de treinta días hábiles a contar del desembolso anterior.[…]”.

Como se puede apreciar, estamos ante una norma constitucional que establece el Derecho a solicitar la devolución del 10% de los fondos de pensiones, regulando la forma en cómo se debe producir esto por parte de los usuarios y las AFP. Su representada cumplió con cada uno de los requisitos que establece la Ley para solicitar el retiro.

En cambio, la AFP recurrida infringió este Derecho de manera ilegal, puesto que no proporcionó un procedimiento eficiente y con demoras para ello. Por el contrario, ha hecho todo lo que está a su alcance para demorar y entorpecer el retiro de fondos de su representada, no dando respuesta en el tiempo legal, no respondiendo las solicitudes a través de los canales de comunicación existentes y finalmente negándose a entregar los fondos a la cuenta RUT del Banco Estado como fue solicitado por su representada. Esto atenta contra el derecho de propiedad que su representada tiene su 10% de fondos de pensiones que la misma Constitución autoriza disponer bajo condiciones y plazos que la AFP PROVIDA S.A. se niega a cumplir, como si su actuación estuviera por sobre nuestro ordenamiento jurídico y de ello no se derivara consecuencia alguna. La misma norma señala que “Los afiliados podrán efectuar la solicitud del retiro de fondos en una plataforma con soporte digital, telefónico y presencial que al efecto dispongan las administradoras de fondos de pensiones, asegurando un proceso eficiente y sin demoras”. Articulo 19 nº 4 Constitución Política de la República: “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y la familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley.” El artículo 29 Nº24 de nuestra constitución consagra: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.” Y luego indica en su inciso tercero que “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad. Del bien sobre el que recae o de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación (…).” Por su parte, el artículo 20 Constitución Política de la República señala que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículol9, números 1o, 2o, 3o inciso quinto, 4o, 5o, 6o, 9o inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24°, y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá, también, el recurso de protección en el caso del N°8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”. IV. Requisitos del Recurso a) Plazo: Podrá apreciar S.S. que el recurso se ha interpuesto dentro de plazo, por cuanto, se entabla dentro de los 30 días corridos siguientes a la ejecución del acto ilegal y arbitrario por parte de AFP PROVIDA S.A., considerando que el plazo legal de la primera solicitud vencía el 14 de agosto y no se otorgó respuesta alguna. b) Acto ilegal o arbitrario: El acto es rotundamente ilegal y arbitrario. Depende solamente de la voluntad de AFP PROVIDA S.A., quien incumpliendo objetiva y expresamente el inciso séptimo de la ley 21.248, ha retenido sin justificación, ni explicación alguna los retiros de fondos, por sobre el plazo legal allí expresado. c) Derecho indubitado: El derecho es indubitado por cuanto como se solicita en los informes y sea acompaña en un otrosí de esta presentación su representada es afiliada a AFP PROVIDA S.A., la Ley 21.248 habilita el retiro de fondos por única vez. Y dichos montos fueron solicitados en tiempo y la AFP no ha entregado.

Por ello, pide ordenando desde ya que hagan la entrega inmediata de los fondos a su representada, todo ello con expresa condena en costas.

Acompaña: Certificado de afiliación; captura de pantalla de los mensajes al número 8155 sobre la solicitud del retiro de fondos; Email enviado por la recurrida.

SEGUNDO: Que, comparece el abogado don DANIEL GARRIDO SANTONI, en representación de la recurrida ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., evacuando informe requerido, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional, con costas, por cuanto la acción de la recurrente ha sido enervada desde que la recurrida ha pagado íntegramente los fondos previsionales autorizados bajo la Ley N°21.248 y, en subsidio, porque su parte no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal respecto de las garantías invocadas del artículo 19 de la Constitución Política de la República en lo que dice relación con el supuesto no pago del 10% de la recurrente, sino que, por el contrario, solo existió un retraso en el referido pago que ya se solucionó. Explica que con fecha 17 de septiembre de 2020, su representada transfirió a la cuenta del Banco Estado perteneciente a la actora la suma de $2.007.213, solicitando que se le otorgue traslado a la recurrente para que ratifique el pago en el primer otrosí de su presentación. Agrega que durante todo el periodo la recurrente ha tenido disponible el referido dinero y no ha informado a esta Corte, lo que sí ha ocurrido en otras acciones similares. Argumenta además, que no ha existido acto ilegal y/o arbitrario por parte de la recurrida, motivo por el que la presente acción no puede prosperar, citando jurisprudencia y explicando que existió un mero retraso, pero nunca una negativa a realizar el pago. Agrega que desde la publicación de la reforma constitucional que permitió el retiro del 10% de los fondos previsionales, su representada en un muy corto plazo tramitó y ya ha pagado a más de RUT reservado personas su retiro, lo que ha significado un esfuerzo gigantesco de parte de sus trabajadores y una inversión importante para cumplir en tiempo y forma con los afiliados, siendo en este contexto, posible que algunos pagos se hayan visto retrasados, aclarando el método de cálculo del porcentaje retirado y señalando que el solicitante no sufre perjuicio por el retraso.

Cita la Ley N°21.248, y normativa de la Superintendencia al efecto, vale decir, Oficio N°13.609 de fecha 27 de julio de 2020 y Oficio N°14.000 de fecha 29 de julio de 2020, explicando que para cumplir dichos oficios, hubo que efectuar validaciones de información con terceros que resultaron inconsistentes, lo que generó un leve retardo en el pago del 10% de la recurrente, no obstante, reitera que el pago ya se realizó. Agrega que su representada dio estricto cumplimiento no solo a la citada ley sino que a las diversas instrucciones emanadas de la Superintendencia de Pensiones.

Alega que el comportamiento de su parte no ha sido ilegal ni arbitrario, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que por el contrario ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente. Añade que al no existir un acto u omisión ilegal a arbitraria es evidente que la recurrente no ha sufrido ningún agravio por la conducta ejecutada por su parte, no siendo privada, perturbada ni amenazada ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República de la actora de autos. Concluye que en la presente acción no se cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que se debe rechazar la presente acción, con expresa condenación en costas.

Por lo expuesto, solicita que esta Corte rechace en todas sus partes el recurso interpuesto, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, la acción constitucional de protección tiene por objeto cautelar las garantías constitucionales enumeradas en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República cuando existe un acto u omisión que actualmente este amenazando, perturbando o privando el ejercicio de una de las garantías constitucionales ahí protegidas.

CUARTO: Que, en virtud del artículo 1698 del Código Civil que señala que: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”, en el caso de autos, correspondía, en primer lugar, a la parte recurrente acreditar que la recurrida había contraído una obligación y cuyo incumplimiento era ilegal y arbitrario.

En este sentido, la recurrente acompañó su certificado de afiliación y capturas de pantalla de su solicitud de retiro del 10% de sus fondos, por lo que se ha acreditado que AFP PROVIDA tenía la obligación de entregarle dichos dineros, hecho que, además, no fue controvertido por la recurrida.

QUINTO: Que, una vez acreditada la existencia de la obligación, al ser el incumplimiento un hecho negativo, corresponde a la contraparte acreditar el cumplimiento, la extinción de la obligación o cualquier otro evento como caso fortuito o fuerza mayor que haya impedido el cumplimiento.

Con todo, la recurrida no ha acreditado el cumplimiento de la obligación en el plazo legal, no constándole a esta Corte que dicho pago se haya realizado. Agregando que, por la suma de dinero que constituye la obligación no parece plausible que la recurrida no tenga ningún medio para acreditar el pago.

SEXTO: Que, en virtud de lo anterior, el incumplimiento de la AFP recurrida, a juicio de estos sentenciadores, es una acción ilegal y arbitraria por cuanto, en primer lugar, no dio pleno cumplimiento al plazo legal establecido en que debía cumplir con la obligación y, en segundo lugar, no ha dado razones que justifiquen dicha conducta, por lo que, al no existir un fundamento razonable para el cumplimiento, su actuación es arbitraria.

SÉPTIMO: Que, por lo expuesto, dicha acción ilegal y arbitraria ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política de la República, relativa al derecho de propiedad, al impedirle al recurrente acceder a los dineros que solicitó y que por ley tenía derecho a disponer.

OCTAVO: Que, por los motivos expresados, en el caso de autos se dan los presupuestos enunciados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia de esta acción constitucional, de forma que se acogerá el recurso, sin perjuicio de que, como bien señala la recurrida, ésta podrá acreditar el cumplimiento de dicha obligación en la etapa de cumplimiento.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por doña MARÍA DEL PILAR ROSAS ROJAS, abogada, a favor de doña nombre reservado, en contra de ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A. debiendo en definitiva, la recurrida hacer entrega del 10% de los fondos previsionales solicitados por la actora, conforme lo establece la Ley N°21.248. En consecuencia, y para el efectivo cumplimiento de lo aquí resuelto, se orden a la recurrida acreditar, ante este Tribunal, y dentro del plazo de 15 días, el pago del total adeudado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.- Protección-8163-2020. (fcv)