Protección contra Dirección del PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO

C.A. de Temuco Temuco, veinte de julio de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece LORETO BELÉN URRUTIA SANZANA, Abogada en favor de nombre reservado, quien interpone Acción Constitucional de protección en contra de la Dirección del PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO (“nombre reservado”) de la AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (“nombre reservado”), debido a que, al dictar este órgano la Resolución Exenta N° 1940/2023, de 22 de febrero de 2023, notificada el día 01 de marzo de año 2023, y previamente la Resolución Exenta N° 7975/2019, de 09 de agosto de 2019, declaró el incumplimiento de las obligaciones que impone la beca de magíster en el extranjero para profesionales de la educación, convocatoria 2009, solicitando la restitución del total de los fondos entregados en virtud de ella, actuar ilegal y arbitrario que ha vulnerado, privando, perturbando o al menos amenazando el derecho a la igualdad ante la ley, a la igual protección en el ejercicio de sus derechos y el derecho de propiedad, que ampara el artículo 19 de la CPR en sus numerales 2°, 3° y 24°:

1. Los hechos y las resoluciones recurridas.

1.1. Adjudicación de la beca de magíster en 2009.

Doña nombre reservado es Contadora auditora de profesión, egresada de la Universidad de Concepción en el año 1987. Asimismo es profesora de Educación Técnico profesional de la Universidad Austral de Chile, contexto en el cual en el año 2009 postula a Beca de magíster para profesionales de la educación en el extranjero, segunda convocatoria 2009, adjudicándose dicha beca según resolución exenta N° 5141/2009, cuyas bases concursales fueron aprobadas por resolución exenta N° 2195/2009.

Así, con fecha 13 de agosto de 2010 mediante Resolución Exenta N° 3638/2010, se aprobó el convenio de beca de doña nombre reservado, en el marco del CONCURSO DE BECAS DE MAGÍSTER PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN EN EL EXTRANJERO BECAS CHILE SEGUNDA CONVOCATORIA 2009 , de la nombre reservado, Beca para realizar un programa de Máster en investigación en didáctica, formación y evaluación educativa la Universidad de Barcelona a fin de realizar estableciéndose como fecha de inicio y término del programa de estudio, desde el 13/09/2010 hasta el 10/09/2011 y como fecha de inicio y término de beca desde el 13/09/2010 hasta el 30/09/2011. Con fecha 22/09/2011 la Sra. nombre reservado, obtiene el Grado de MASTER EN INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA otorgado por la UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

1.2. La Resolución Exenta N° 7975/2019, de 09 de agosto de 2019, , del nombre reservado.

Habiendo transcurrido más de 9 años desde el término del programa de magíster, sorpresivamente el la señora nombre reservado fue notificada vía correo electrónico el 13/08/2019 de la Resolución Exenta N° 7975/2019, del PFCHA, mediante la cual se declara el incumplimiento de las obligaciones que impone la beca entregada por la nombre reservado, solicitando la restitución de los fondos entregados en virtud de ella. Los fundamentos centrales son los siguientes:

a.

Que, mediante Resolución Exenta N° 3638/2010, se aprobó el convenio de beca de doña nombre reservado, en el marco del CONCURSO DE BECAS DE MAGÍSTER PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN EN EL EXTRANJERO BECAS CHILE SEGUNDA CONVOCATORIA 2009.

b.

El Memorándum N° 26061/18 del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, el cual solicita dictar la resolución que declare el incumplimiento de las obligaciones inherentes a la beca.

c.

Que, el numeral 15 parte final de las aludidas bases dispone que “nombre reservado se reserva el derecho de exigir a los becarios la restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan o abandonen sus labores de estudios e investigación, sin causa justificada, así como a quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición de becario establecidas en las presentes bases o hayan alterado sus antecedentes o informes…”

d.

Que, este Servicio en razón del principio de juridicidad y del resguardo de los fondos públicos se encuentra en el imperativo de solicitar la totalidad de los recursos entregados, toda vez que éstos no fueron destinados para los fines que fueron otorgados, independiente de las razones que esgriman los beneficiarios para justificar su incumplimiento.

Que, al no contemplar las bases concursales excepción alguna para el incumplimiento de las obligaciones señaladas, esta Comisión no puede eximir a la recurrente de los compromisos que él adquirió libremente cuando aceptó la beca y suscribió el convenio.

e.

Que, los numeral 15 de las bases concursales, establecen distintas situaciones que ameritan la aplicación de las sanciones que en ellas se señalan: i.- eliminación, suspensión o abandono de los programas de estudios sin causa justificada; ii.- incumplimiento de las obligaciones inherentes a su condición de becario/a; iii.- Adulteración de antecedentes o informes.

f.

Que, el aludido becario ha infringido la obligación descrita en la hipótesis ii señalada en el párrafo precedente, dado que no acreditó su grado, residencia en Chile y reincorporación laboral, conforme a la normativa que regula su beca, resultando aplicables las consecuencias jurídicas que el numeral precedente.

g. Que, la beca es una especie de subvención, un auxilio económico excepcional, a través del cual la Administración fomenta actividades que aportan un beneficio directo al beneficiado proporcionándoles ingentes recursos financieros, respecto de los cuales el becario no se encuentra obligado a realizar una prestación directa a la Administración, sino que debe cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio, entre ellas, la de obtener el grado de magíster, esta es la que permite que se alcancen los objetivos de interés general que se tuvieron presentes al asignar los fondos. Por ello, la naturaleza de esta actividad de fomento exige la existencia de un régimen obligacional estricto y una actividad rigurosa de control por parte de nuestra institución.

h.

Que, corresponde a esta autoridad administrativa, en conformidad con lo que establecen las bases, constatar la existencia de este hecho y solicitar en consecuencia la restitución de los fondos, no teniendo este servicio facultades legales para condonar deudas.

i.

Que, esta Comisión estima que el numeral 15 de las bases concursales, deben interpretarse de manera estricta, de manera que frente al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contempladas en dicho numeral, el Servicio debe disponer la solicitud de restitución total de los fondos otorgados, por cuanto: i.- Esta sanción se encuentra expresamente contemplada en la normativa que reguló el aludido concurso y ii.- La aludida disposición debe interpretarse en armonía con otras normas que regulan a este Servicio, que no facultan condonaciones de deudas; sin perjuicio que pueda operar la extinción de la obligación en razón de caso fortuito o fuerza mayor; y finalmente, iii.- que es imperativo para los servicios de la administración del Estado el resguardo de los fondos públicos.

j.

La Resolución Exenta N°363 de 2010, de nombre reservado, que creó un Comité Asesor consultivo a fin de asesorar a la Presidencia de este Servicio sobre la procedencia de las solicitudes de cambios de universidades, instituciones educacionales y/o centros de investigaciones, cambio de programas de estudios, suspensión de becas, término anticipado de becas, etc k.

El Acta Sesión N°222 del Comité Evaluador de solicitudes Becas Chile, de fecha 12 de noviembre de 2018, que propone la dictación del acto administrativo que declare el incumplimiento de las obligaciones a las cuales se encontraba sujeto la becaria, toda vez que a la fecha dada por la Ley N° 20.905 no acreditó su obligación de obtención del grado, residencia y retribución laboral.

l.

Las facultades que detenta el Director del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Afecta N° 40/17/2015 y la Resolución Exenta N° 1745 de 2018, de nombre reservado.

1.3. La Resolución Exenta N° 1940/2023, de 22 de febrero de 2023, del nombre reservado.

Ante esta decisión la recurrente interpuso recurso de reposición administrativo, enviando antecedentes a don nombre reservado con fecha 14 de agosto de 2019 y 11 de noviembre de 2019.

En dichas instancias la Sra nombre reservado expone y acredita mediante documentos lo siguiente:

a) Documento enviado con fecha 14 de agosto de 2019 1.

Que regresó a Chile en octubre de 2011 y no volvió a salir en lo sucesivo del país.

2. Que, en el mes de abril de 2012 ingresó a trabajar como directora del establecimiento Complejo educacional José Victorino Lastarria de la comuna de Gorbea, región de la Araucanía, donde desarrolló funciones hasta abril de 2014.

3. En julio de 2015 ingresó a realizar reemplazo a la Superintendencia de Educación de la Región de la Araucanía hasta diciembre de 2015.

4. Que desde enero de 2016 ingresa en calidad de contrata a realizar funciones de coordinadora técnica de fiscalización en la la Superintendencia de Educación de la Región de la Araucanía, situación que se mantiene hasta la actualidad.

b) Documento enviado con fecha 11 de noviembre de 2019.

En lo relativo a la obligación de ejercer profesionalmente en establecimientos educacionales municipales o particulares subvencionados por un periodo de 4 años, en un periodo de 8 años, informa lo siguiente:

1. Su profesión es contador auditor desde el año 1987 y desde 2009 profesora de educación técnico profesional en mención contabilidad. Cuando obtuvo la beca se encontraba ejerciendo funciones en el Liceo Comercial del desarrollo de Temuco, del cual tuvo permiso sin goce de sueldo al obtener la beca. Al regresar fue desvinculada de sus funciones por necesidades de la empresa a partir del mes de febrero de 2012. (4 meses)

Destaca que en la ciudad de Temuco, lugar donde reside domicilio reservado establecimiento municipal del área comercial que tiene la especialidad de contabilidad y 2 establecimientos particulares subvencionados donde, en atención a su profesión y grado académico podía ejercer, el cual a la fecha no contaba con vacantes para que pudiera ingresar a trabajar.

Así, entre febrero de 2012 y septiembre de 2012 realiza múltiples postulaciones a los diversos establecimientos, logrando recién en septiembre de 2012 concretar un trabajo como directora del complejo educacional nombre reservado Victorino Lastarria de Gorbea, establecimiento educacional del cual se le finiquita en abril de 2014. ( 19 meses) Desde abril y hasta julio de 2015 realiza reemplazo en el Establecimiento Educacional Liceo Comercial Diego Portales Palazuelos de la ciudad de Los Ángeles como docente de contabilidad. (3 meses)

En julio de 2015 comienza a realizar reemplazo en la Superintendencia de Educación de la Región de la Araucanía.

En enero de 2016 postula a concurso en dicha institución (Superintendencia de Educación de la Región de la Araucanía), cargo que ejerce hasta el día de hoy.

2. Expone que sin perjuicio de las postulaciones a trabajos que realizó desde su regreso a Chile, las puertas del mercado laboral en establecimientos educacionales municipales o particulares subvencionados se le volvió imposible en atención a la escasa cantidad de establecimientos que cuenten con la especialidad de contabilidad ( que se corresponde con su título profesional), así como por la circunstancia de ser una persona de más de 50 años en aquella época.

3. Las situaciones antes descritas relativas a postulaciones fallidas y épocas de trabajo las acredita debidamente con documentos que acompaña en dicha oportunidad. No obstante, la Resolución Exenta N° 1940/2023, del PFCHA, notificada casi 4 años después de la interposición de este recurso, rechazó el recurso de reposición concluyendo en sus considerandos e y f lo siguiente:

e.- Que, analizados los antecedentes del expediente administrativo se pudo constatar que la becaria pudo acreditar el cumplimiento de su obligación de obtención del grado académico para el cual fue conferida la beca, su obligación de retorno y retribución de permanencia en Chile durante un período determinado, sin embargo, no fue posible tener por acreditada su obligación de retribución laboral, por cuanto la totalidad de las actividades realizadas por la becaria no corresponden a aquellas descritas en la normativa concursal. Así, la becaria acredita haber realizado labores de directora en el Complejo Educacional José Victorino Lastarria, desde 03/12/2012 hasta 06/04/2014, es decir, 1 año, 4 meses y 3 días, tiempo insuficiente para tener por cumplida íntegramente su obligación de retribución laboral, puesto que la normativa concursal ya citada, exige un mínimo de 4 años, con una jornada laboral de, al menos 22 horas. Se debe hacer presente que la becaria adjunta documentación que da cuenta de que se desempeña en la Superintendencia de Educación Región de la Araucanía, desde julio de 2015, sin embargo, las labores desempeñadas en dicha institución no pueden ser consideradas para el cómputo de su retribución, por cuanto esta no corresponde a un establecimiento de educación municipal o particular subvencionado. f.- Por tanto, no existen antecedentes que permitan determinar que ha existido un error de hecho o una falta de sujeción a las bases imputable a esta Agencia, por lo que la Resolución Exenta Nº 7975/2019 de nombre reservado, que declara el incumplimiento de las obligaciones y solicita la restitución de fondos conferidos con ocasión de la beca, se ha ajustado plenamente a lo dispuesto a la normativa que regula su beca, razón por la cual debe rechazarse el recurso interpuesto.

2. El recurso se interpone tanto contra la resolución que resolvió la reposición, como contra la que motivó el recurso, atendido lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, de 2003. La Ley N° 19.880, de 2003, es la que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, como la nombre reservado, y en el inciso 2° de su artículo 54 señala que interpuesto un recurso administrativo “se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional” contra el acto. Agrega que dicho plazo “volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve”. En consecuencia, este recurso puede también alcanzar al acto original, como ha establecido la Excelentísima Corte Suprema en sus sentencias roles N° 403-2006, 4605/2012 y 5736-2015.

3. Las resoluciones son ilegales porque se han dictado invocando una cláusula que no se ajusta a los hechos y porque no han respetado reglas básicas de un procedimiento administrativo. En efecto, de los antecedentes expuestos resulta que han transcurrido más de 12 años desde que la recurrente concluyó sus estudios de magíster y obtuvo su título. Asimismo, el recurso de reposición interpuesto por la recurrente en el año 2019 fue resuelto y notificado recién en marzo del año 2023, es decir habiendo transcurrido 3 años y 7 meses aproximadamente. Dicho actuar contraviene el Principio de celeridad: En atención a este principio, el artículo 7º de la Ley 19.880, en sus dos primeros incisos indica: “El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.”

Asimismo se ha contravenido el Principio de contrariedad, que dispone: “Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

Los interesados podrán, en todo momento, alegar defectos de tramitación, especialmente los que supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.”

En efecto, en la especie, al haberse contravenido dicho principio, no habiéndose además respetado el principio de publicidad que también rige dicho procedimiento, resulta que se agotó la instancia administrativa con una resolución que sigue teniendo errores de cálculo en cuanto al cómputo de meses que efectivamente mi representada pudo trabajar en establecimientos municipales o particulares subvencionados. Así, el total de trabajo desarrollado en dichos establecimientos es de 2 años y 2 meses y no de 1 año y 4 meses como se señala en la resolución, sin perjuicio de que la institución tuvo a la vista todos los certificados y documentos enviados por su representada.

3.1. Errónea tipificación de la infracción. Las resoluciones impugnadas son, primero, ilegales, porque se han dictado invocando el numeral 15 de las bases concursales, ii.- incumplimiento de las obligaciones inherentes a su condición de becario/a; Res. Exenta N° 1940/2023 PFCHA,considerando e) se resuelve señalando Que, analizados los antecedentes del expediente administrativo se pudo constatar que la becaria pudo acreditar el cumplimiento de su obligación de obtención del grado académico para el cual fue conferida la beca, su obligación de retorno y retribución de permanencia en Chile durante un período determinado, sin embargo, no fue posible tener por acreditada su obligación de retribución laboral, por cuanto la totalidad de las actividades realizadas por la becaria no corresponden a aquellas descritas en la normativa concursal. Así, la becaria acredita haber realizado labores de directora en el Complejo Educacional José Victorino Lastarria, desde 03/12/2012 hasta 06/04/2014, es decir, 1 año, 4 meses y 3 días, tiempo insuficiente para tener por cumplida íntegramente su obligación de retribución laboral, puesto que la normativa concursal ya citada, exige un mínimo de 4 años, con una jornada laboral de, al menos 22 horas. Se debe hacer presente que la becaria adjunta documentación que da cuenta de que se desempeña en la Superintendencia de Educación Región de la Araucanía, desde julio de 2015, sin embargo, las labores desempeñadas en dicha institución no pueden ser consideradas para el cómputo de su retribución, por cuanto esta no corresponde a un establecimiento de educación municipal o particular subvencionado.

La cláusula 15 (“Sanciones”) dispone: “nombre reservado se reserva el derecho de exigir a los becarios la restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan o abandonen sus labores de estudios e investigación, sin causa justificada, así como a quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición de becario establecidas en las presentes bases o hayan alterado sus antecedentes o informes. Además, estos no podrán postular o participar nuevamente a cualquiera de los concursos de BECAS CHILE”. Pues bien, de la lectura de la resolución aparece que la sanción se funda en que el procedimiento administrativo desarrollado por la nombre reservado no ha respetado reglas básicas de un procedimiento administrativo. Lo anterior en parte ocurre porque, a diferencia de lo que ocurre en un procedimiento sancionatorio estándar, nombre reservado actuó de plano al imponer la sanción a través de la Res. Exenta N° 7579/2019 PFCHA, pues no formuló previamente un cargo ni escuchó a la Sra. nombre reservado. Estas omisiones implican un actuar ilegal pues la nombre reservado, a falta de reglas legales procedimentales propias en la Ley N° 21.105, de 2018, que la creó y regula, debe respetar el marco supletorio legal que proporciona la ya citada Ley N° 19.880, de 2003. Dentro de las ilegalidades pueden mencionarse las siguientes: a) No existe una resolución que ponga inicio al procedimiento para declarar el incumplimiento de los deberes del recurrente. La Res. Exenta N° 7579/2019 PFCHA se limita a mencionar la existencia de un “El Memorándum N° 26061/18 del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, el cual solicita dictar la resolución que declare el incumplimiento de las obligaciones inherentes a la beca” (considerando b) y menciona la existencia del “El Acta Sesión N°222 del Comité Evaluador de solicitudes Becas Chile que propone la dictación del acto administrativo que declare el incumplimiento de las obligaciones a las cuales se encontraba sujeto la becaria, toda vez que a la fecha dada por la Ley N° 20.905 no acreditó su obligación de obtención del grado, residencia y retribución laboral. ”.

El art. 18 de la Ley N° 19.880 dice que “El procedimiento administrativo consta de las siguientes etapas: iniciación, instrucción y finalización”, etapas que son indistinguibles en la resolución. Su ausencia, especialmente en un procedimiento que aplica una sanción, implica una evidente indefensión.

b)

Lo anterior impide, también, “aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio” como garantizan los arts. 10 y 17 f) de la Ley N° 19.880, permitiendo la contradictoriedad y el derecho a ser escuchado antes de la dictación de una resolución que puede producir consecuencias económicas tan severas como en este caso.

c)

Se indica que “esta Comisión estima que el numeral 15 de las bases concursales, deben interpretarse de manera estricta” (consid. i), se señala la existencia de un “Comité Asesor consultivo” de nombre reservado (consid. k) que solo tendría sentido mencionar si incidió en esta decisión y se indica que el “Comité Evaluador de solicitudes Becas Chile… propone la dictación del acto administrativo que declare el incumplimiento de las obligaciones a las cuales se encontraba sujeto el becario”, lo que constaría en un acta de septiembre de 2018. No hay, sin embargo, mención a las normas legales que darían competencias a los órganos mencionados ni mucho menos se indica quienes lo componen, lo que impide saber, por ejemplo, si son agentes públicos y si se han respetado las incompatibilidades y el deber de abstención que establece el art. 12 de la Ley N° 19.880, pues algunas dependen de circunstancias personales que son imposibles de evaluar ante la ignorancia de qué personas naturales los han integrado al momento de emitir sus opiniones y propuestas;

d) Las notificaciones se practican por correo electrónico, vulnerando la regla del art. 46 de la Ley N° 19.880 que exige utilizar “carta certificada dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en su primera presentación”.Estos defectos se repiten en la tramitación de la reposición, que se agrava con la inusitada tardanza que se observa (más de 3 años), con lo que no se ajusta al principio de celeridad que establece el artículo 7° de la Ley ya citada. En consecuencia, el procedimiento no se ha ajustado a las normas legales previstas por lo que la decisión adoptada es, sencillamente, ilegal, afectando el derecho a una buena administración que ha reconocido Contraloría General de la República en nuestro ordenamiento jurídico en sus dictámenes, afirmando que “la actividad administrativa, conforme con los artículos 3°, 5°, 8° de la Ley N° 18.575, se encuentra sometida a los principios de servicialidad, eficiencia, eficacia, coordinación y celeridad, de manera que su debida observancia garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos y, entre ellos, el Derecho a la Buena Administración” (dictamen N° E45754, de 23-X-2020; también es reconocido en el dictamen N° 25.190, de 08-X-2018).

4. Las resoluciones, son además, arbitrarias, pues no han atendido a justificaciones razonables y al cumplimiento del fin principal que perseguía la beca asignada, cuestión que hace que pierda sentido perseguir el incumplimiento de los deberes que eran accesorios a ese fin principal. Adicionalmente, las resoluciones incurren en arbitrariedad pues si bien expresan razones no se hacen cargo de las explicaciones entregadas y asumen sin problema que es razonable requerir la restitución de todos los recursos entregados al becario pese a que se trata de una persona que obtuvo el grado académico en forma oportuna, que cumplió con el requisito de permanencia en Chile luego de obtenido el grado académico, que devolvió en trabajo más de la mitad de lo que se exigía, que se vio impedida por razones ajenas a su voluntad a obtener un trabajo en un establecimiento municipal o particular subvencionado por el periodo total de 4 años sin perjuicio de haber postulado a múltiples instituciones, situación que no es responsabilidad de la recurrente puesto que el hecho de ser contratada o no en un determinado establecimiento no está dentro de su manejo o poderío. Aún más, no se considera para el cómputo del plazo el hecho de que la señora nombre reservado se ha desempeñado desde el año 2016 en calidad de contrata en la superintendencia de Educación de la región de la Araucanía, institución que cumpliría con los fines del requisito exigido, que fue en definitiva el único sustento laboral que ha tenido hasta la fecha, cuya misión y visión se condice con la finalidad de lo solicitado en el requisito impuesto por la Beca, pero que ha diferencia de los establecimientos municipales o particulares subvencionados es un lugar donde en la especie la recurrente puede desarrollar labores atendido sus particulares condiciones, esto es, ser docente de contabilidad. Así Ssa., iltma., la sanción impuesta va más allá de lo que buenamente pudo cumplir la recurrente atendida sus condiciones y las condiciones del mercado laboral al que pertenece en particular, por lo cual, estimar no cumplido el requisito con las consideraciones propias de la Sra. nombre reservado implica no solo asumir las vicisitudes del mercado sino además obligarla a cumplir lo imposible.

Aplicar el artículo sobre sanciones de las bases de una manera que sólo admite como excepciones el caso fortuito o la fuerza mayor implica negarse a ponderar y examinar razones, lo que resulta arbitrario. Las resoluciones impugnadas reclaman que la Señora nombre reservado restituya la totalidad de los fondos que le fueron conferidos debido a la beca. Si atendemos al tenor de las resoluciones impugnadas, el nombre reservado estima que no cabe distinguir el tipo de incumplimiento para efectos de requerir la restitución de los fondos: cualquier infracción de los deberes que hemos enunciado debería sancionarse del mismo modo.

En efecto, como ya vimos la Resolución Exenta N° 7579/2019, del PFCHA, afirma que las bases del concurso de BECAS Chile “…deben interpretarse de manera estricta, de manera que frente al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones… el Servicio debe disponer la solicitud de restitución total de los fondos otorgados” (considerando i), criterio que reitera la Resolución Exenta N° 1940/2023, del PFCHA, al rechazar la reposición porque “no existen antecedentes que permitan estimar que ha existido un error de hecho o una falta de sujeción a las bases imputable a nombre reservado”. Esta forma de entender el cumplimiento en una especie de todo o nada implica renunciar al legítimo ejercicio de la discrecionalidad administrativa y del principio de proporcionalidad, que llevan a concluir que incumplimientos accesorios no deberían conllevar la devolución del total de los fondos, dado que el interés público envuelto en el otorgamiento de la beca se ha visto satisfecho. Volviendo a la sentencia rol N° 92.008-2020 de la Excelentísima Corte Suprema, de 03/11/2020, , “…exigir al recurrente la restitución de la totalidad del dinero entregado para financiar los estudios merced a los cuales obtuvo el grado de Doctor en Antropología, resulta arbitraria, pues carece de racionalidad, en tanto se funda en el incumplimiento del plazo previsto para lograr dicho fin, sin considerar que, al tenor de las Bases establecidas por la propia autoridad, el objetivo Página 11 tenido a la vista para conceder la beca de que se trata fue, precisamente, el de pagar los estudios que permitieran al recurrente alcanzar esa meta académica, objetivo que, como se dijo, éste alcanzó de manera satisfactoria” (c. 8°).

5. Ejercicio legítimo de derechos constitucionales que pueden verse privados, perturbados o amenazados. El obrar ilegal y arbitrario de nombre reservado vulnera los derechos constitucionales de propiedad e igualdad ante la Ley de doña nombre reservado, asegurados en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la CPR, respectivamente. El primero, porque habiendo obtenido grado académico de magíster dentro de los plazos establecidos en una más que prestigiosa Universidad extranjera debería, a diferencia de otros/as becarios/as que lograron lo mismo, restituir los recursos entregados por BECAS Chile para este fin. El segundo, porque esto implica una deuda muy significativa, que deberá asumir en su patrimonio a beneficio del Fisco, que igualmente habría logrado el interés público envuelto en el otorgamiento de la beca. Cabe destacar que el cobro del pagaré de que se trata resulta totalmente injustificado, por un monto excesivo imposible de cumplir y evidentemente el protesto y cobranza judicial del mismo afectarán al crédito y patrimonio de doña nombre reservado por cuanto ello implica una morosidad, el protesto del documento y eventualmente su publicación en los registros públicos de morosidades, con las graves consecuencias que ello trae aparejado. Respecto de la vulneración de dichas garantías recientemente la Excma. Corte Suprema, en un caso idéntico al de la presente acción, resolvió que se trata de una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida, con la que se discrimina al recurrente y se amenaza a su patrimonio. En efecto, en palabras de la Excelentísima Corte Suprema, se afectan ambos derechos con esta decisión “…pues no sólo discrimina al recurrente, sin que exista motivo para ello, al requerirle la devolución de una suma de dinero que no resulta exigible respecto de otras personas que se encuentran en su misma condición, sino que, además, amenaza su patrimonio al ordenarle entregar una cantidad de dinero que le pertenece, a pesar de que no existe razón que lo justifique” (sentencia rol N° 92.008- 2020, de 03/11/2020). Por último, también la actuación de nombre reservado perturba el ejercicio del derecho constitucional previsto en el inciso 4° del art. 19 N° 3 de la CPR, esto es, la igual protección en el ejercicio de los derechos en lo relativo a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales y no “no por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta”. Ello, pues sin obedecer un debido proceso el PFCHA se arroga la atribución de determinar un supuesto incumplimiento y ordenar el reembolso referido, careciendo de poderes de autotutela legalmente conferidos para tal efecto, en vez de directamente someter este asunto a la competencia de un Tribunal, quien debiera ser el órgano competente para juzgar y, en su caso, declarar un incumplimiento y establecer las consecuencias de este.

Pide tener interpuesta Acción Constitucional de Protección, en contra de la Dirección del PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO (“nombre reservado”) de la AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (“nombre reservado”), ya individualizado, por haber incurrido la recurrida en una conducta arbitraria e ilegal, consistente en la dictación de las Resoluciones Exentas N°1940/2023, de 22 de febrero de 2023, notificada el día 01 de marzo de año 2023, y la Resolución Exenta N° 7975/2019, de 09 de agosto de 2019, lo que causa privación, perturbación o al menos amenaza a los derechos del recurrente, vulnerando gravemente sus derechos fundamentales, en específico los contemplados en el artículo 19 número 2, número 3, inciso cuarto, y numeral 24 de la Constitución Política de la República, darle tramitación legal, solicitarle informe a la autoridad recurrida y, en definitiva, acogerlo con expresa condena en costas, dejando sin efecto el acto recurrido, así como adoptar cualquier otra providencia o medida que esta Iltma. Corte juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta N° 7975/2019, de 09 de agosto de 2019; 2. Resolución Exenta N° 1940/2023, de 22 de febrero de 2023; 3. Documentos (2) correspondientes a recurso de reposición de doña nombre reservado de fecha 14 de agosto y 11 de noviembre del año 2019, con sus respectivos anexos; 4. Certificado de cotizaciones histórica de doña nombre reservado.

A folio N°9 evacua informe la recurrida AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

I.- EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE PROTECCIÓN.

Previo a efectuar el análisis de los antecedentes invocados por la recurrente, en relación a la eventual vulneración por parte de nombre reservado/nombre reservado a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2°; 3°, inciso 5°; y 24°, de la Constitución Política de la República, solicita analizar la extemporaneidad de la presente acción de protección, en mérito de los argumentos que a continuación se pasan a exponer:

1. Que, según lo prescribe el número 1º del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, el recurso o acción de protección debe interponerse ante la Corte de Apelaciones, en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección de recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días contados desde la ejecución del acto o de la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento de los mismos, lo que se hará constar en autos.

2. En consecuencia, se trata de una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que enumera el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas concretas destinadas a poner fin al acto arbitrario o ilegal que conculca o perturba ese ejercicio, lo que supone, necesariamente, que se encuentre acreditada la existencia de una situación apremiante o de urgencia que haga necesario un pronunciamiento rápido para ponerle pronto remedio.

3. En tal sentido, debe entenderse que desde su data principia el término de 30 días corridos para la interposición de la presente acción cautelar, según se desprende del contenido de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, que dispone: “Ejecutoriedad. Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización supe rior.

Los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sean de contenido individual o general.”.

En consecuencia, con fecha 29/03/2023, doña nombre reservado interpuso la acción constitucional de protección en contra de este Servicio por lo que su extemporaneidad resulta manifiesta, toda vez que la decisión de nombre reservado/nombre reservado que impugna es la Resolución Exenta N° 7975/2019, dictada con fecha 09/08/2019, notificada con fecha 13/08/2019, que declaró el incumplimiento de las obligaciones de la beca y solicitó la restitución total de los fondos conferidos con ocasión de la misma, la cual se adjunta al informe. Tal como la misma recurrente señala: “al dictar este órgano la Resolución Exenta N° 1940/2023, de 22 de febrero de 2023, notificada el día 01 de marzo de año 2023, y previamente la Resolución Exenta N° 7975/2019, de 09 de agosto de 2019, declaró el incumplimiento de las obligaciones que impone la beca de magíster en el extranjero para profesionales de la educación, convocatoria 2009, solicitando la restitución del total de los fondos entregados en virtud de ella, actuar ilegal y arbitrario que ha vulnerado, privando, perturbando o al menos amenazando el derecho a la igualdad ante la ley, a la igual protección en el ejercicio de sus derechos y el derecho de propiedad, que ampara el artículo 19 de la CPR en sus numerales 2°, 3° y 24°, respectivamente, de doña nombre reservado..[...]”.

Como se indicó las resoluciones administrativas causan ejecutoriedad desde su notificación y no suspender sus efectos en razón de impugnaciones realizadas ante la Administración Pública, en razón del artículo 3° de la Ley 19.880.

Por consiguiente, resulta claro, que lo que se impugna mediante la presente acción constitucional es la pretensión de este Servicio, manifestada a través de la Resolución Exenta N° 7975/2019, dictada con fecha 09/08/2019 y notificada con fecha 13/08/2019, que solicitar la restitución de fondos y no la Resolución Exenta N° 1940/2023, de fecha 22/02/2023, notificada con fecha 01/03/2023, que rechazó el recurso de reposición en contra de Resolución Exenta N° 7975/2019, de este Servicio, que declaró el incumplimiento de las obligaciones que impone la beca y solicitó la restitución total de los fondos conferidos, en el marco del concurso que señala, interpuesto por doña nombre reservado.

Como se expondrá, doña nombre reservado, sí incumplió sus obligaciones de becario en conformidad con los términos establecidos en la normativa concursal, correspondiendo la restitución total de los fondos pagados, por lo que no se desprende alguna supuesta vulneración de derechos por parte de la nombre reservado.

Es por esto, que la presentación de la acción constitucional en cuestión, con fecha 29/03/2023, supera ampliamente lo establecido en la normativa citada en los párrafos precedentes, respecto al plazo máximo de interposición de este tipo de recursos, en relación con la Resolución Exenta N° 1940/2021, dictada con fecha 22/02/2023 y notificada el 01/03/2023.

Ahora bien, ha de tenerse presente que con la entrada en vigencia de la Ley N° 19.880, la Corte Suprema ha declarado extemporáneos los recursos de protección presentados una vez que los asuntos han sido conocidos a través de impugnaciones administrativas, es decir, no se suspende el plazo para interponer la acción de protección por la impugnación administrativa a través del recurso de protección.

A continuación, reproduce algunos considerandos de la sentencia de fecha treinta y uno de mayo de 2006, Rol Nº 1717-2006, dictada por Corte Suprema, que servirá como bases de análisis, la cual señala pormenorizadamente los argumentos esgrimidos por ésta acerca de la interpretación del Artículo 54 de la Ley 19.880 y la interposición de un recurso de protección:

8º Que conforme al texto constitucional este denominado recurso de protección se ha establecido como un estatuto jurídico sustantivo y procesal cuyo fin es amparar de manera eficaz, pero en procedimiento breve y sumario, determinadas garantías de rango mayor y de especial respeto, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, que afecten el legítimo ejercicio de tales derechos esenciales. En su discusión, las actas respectivas dejan testimonio del objetivo de este mecanismo de protección: don nombre reservado expresaba: Es un procedimiento de emergencia, por decirlo así, que tiene por objeto lisa y llanamente, mientras se discute ante la justicia ordinaria en forma lata el problema planteado, restablecer el imperio del derecho que ha sido afectado; don nombre reservado, a su vez, señalaba en torno de esta acción, que éste es un instrumento: similar al del amparo respecto de otras determinadas garantías constitucionales, de libertades y derechos que están en la Carta Fundamental, que permite la solución rápida, eficaz, de un atropello que se está produciendo y que afecta el ejercicio de una de esas libertades, garantías y derechos constitucionales. (Sesión 214 Actas Oficiales de la Comisión Constituyente);

9º Que por consiguiente, frente a la afectación del legítimo ejercicio de un derecho o garantía, expresamente protegido por el artículo 20 de la Constitución, se alza como contrapeso a dicho gravamen esta acción cuyo objetivo básico es, a través de providencias cautelares urgentes, restablecer el imperio del derecho. Es obvio que el ejercicio de esta facultad es jurisdiccional, pero por su relevancia se le exige a los tribunales, además, el ejercicio legítimo de sus facultades conservadoras cuyo sentido histórico y jurídico fue precisamente entregarle a este Poder del Estado, como función conexa relevante, la de asegurar el respeto de las garantías y derechos que la Carta Fundamental contempla en favor de las personas;

10º Que de lo razonado emerge como una consecuencia básica que el amparo que asegura la acción constitucional deducida, no es condicional, ni accesorio, no puede interrumpirse, ni suspenderse en modo alguno, puesto que el texto del precepto busca como objetivo básico el poner pronto remedio, frente a los efectos que puede ocasionar, a un derecho relevante y esencial de toda persona, un acto que prima facie, puede reputarse como arbitrario o ilegal y que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de tal derecho. Y desde esta perspectiva, el constituyente completó la idea, estableciendo en la parte final del inciso primero, que el ejercicio irrestricto de la acción de protección lo era sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado, ante la autoridad o los tribunales correspondientes;

…12º Que de lo que se lleva dicho emerge como una cuestión indubitada que el recurso de protección resulta totalmente compatible con el ejercicio de cualquier otra acción jurisdiccional y administrativa dirigidas a enervar los efectos nocivos de un acto ilegal o arbitrario, compatibilidad que por su establecimiento de carácter constitucional prevalece respecto de cualquier intento legislativo que pretenda coartar el ejercicio de esta acción suprema, porque precisamente ese fue el espíritu del constituyente nítidamente manifestado en la discusión sobre el tema. En este sentido, sostener que una simple ley pueda impedir, interrumpir o suspender el derecho de esta acción, sería precisamente darle la razón al temor manifestado por los comisionados redactores del precepto en estudio, en cuanto a que por la vía de una norma de rango inferior a la Constitución se colocara límites al ejercicio legítimo que le asiste a toda persona de recabar de protección cualquier acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte garantías fundamentales; 13º Que en este sentido, en caso alguno, puede considerarse que la interposición de que habla el artículo 54 de la acción jurisdiccional, esté referida al recurso de protección porque precisamente el artículo 20 de la Carta Fundamental se anticipó a declarar que esta acción es sin perjuicio de otros derechos e implícitamente prohibió a la ley, norma de rango inferior, colocar cortapisas al pleno ejercicio de este arbitrio. En estas condiciones el artículo 54 aludido no impidió de ninguna manera, que los afectados por la resolución 121 recurrida pudieran impetrar la protección constitucional;

14º Que en consecuencia, como el conflicto normativo se ha producido entre el artículo 54 de la Ley Nº 19.880 y el sentido y alcance del artículo 20 de la Constitución Política de la República, este debate no afecta a las normas que se contienen en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, dictado por esta Corte, conforme a una disposición de rango constitucional (Acta Constitucional Nº 3 de 1.976) y en concordancia con sus facultades económicas. En este sentido, parece claro que el acto ilegal o arbitrario tiene como única causa la resolución Nº 121 de 1 de septiembre de 2.005, puesto que el resultado de una impugnación administrativa –recurso extraordinario de revisión– importa sólo un reexamen en esa sede del acto cuestionado y, por consiguiente, la resolución Nº 124 del 12 de diciembre de 2.005 que desestimó ese recurso extraordinario no ha podido otorgar un nuevo plazo para el ejercicio de la acción de protección;

15º Que de lo expuesto en los motivos anteriores resulta meridianamente claro que la acción de protección ha sido interpuesta fuera del plazo fatal que señala el Nº 1 del Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia”.

En fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 1 de septiembre de 2021, rol 97569-2020, se estableció que “Sexto: Respecto de la alegación de extemporaneidad, se acogerá dado que la signada decisión fue comunicada al recurrente -eliminación del correspondiente proceso de selección- fue comunicada al actor por correo electrónico con fecha 4 de noviembre de 2020, la Resolución Exenta N° 11666/2020 -rechazándose el recurso de reposición con fecha 11 de noviembre de 2020- por cuanto el presente arbitrio fue interpuesto con fecha 29 de diciembre de 2020, esto es, fuera del plazo que para tal efecto establece el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección.

De esta forma, el recurrente tomó conocimiento de estos supuestos actos ilegales y arbitrarios, el 4 de noviembre de 2020, por lo que, en relación a este acápite, el presente recurso excede el término de 30 días contemplado en dicho cuerpo normativo”.

4. Así las cosas, debe desestimarse el recurso de protección interpuesto por extemporáneo, por cuanto la decisión de la autoridad que contiene la decisión de solicitar la restitución de los fondos en razón de la misma es la Resolución Exenta N° 7975/2019, dictada con fecha 09/08/2019 y notificada con fecha 13/08/2019, que declaró el incumplimiento de las obligaciones que impone la beca y solicitó la restitución total de los fondos conferidos, en el marco del concurso que señala, interpuesto por doña nombre reservado y NO la de Resolución Exenta N°1940/2023, de nombre reservado, que resolvió recurso de reposición en contra de Resolución Exenta N°7975/2019, de este Servicio.

II.- INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE PROTECCIÓN.

Que, la materia sobre la que versa el presente recurso es determinar la correcta interpretación sobre las normas aplicables a la obligación de retribución laboral establecida en la normativa concursal y si el recurrente debe o no restituir los fondos en razón del incumplimiento de sus obligaciones de becario, asunto que es materia de lato conocimiento excluido del ámbito de un recurso de protección.

Indica que lo discutido por la recurrente escapa a la naturaleza de remedio cautelar del procedimiento especial de protección, ya que en la especie no existe un derecho indubitado en debate, puesto que se trata de determinar la correcta interpretación sobre las normas aplicables a la obligación de retribución laboral establecida en la normativa concursal y si la becaria debe restituir o no los montos percibidos, cuestión que en ningún caso puede ser resuelta en este procedimiento especial de naturaleza cautelar, puesto que el fondo la temática del recurso encierra, más que en un eventual proceder arbitrario o ilegal de la Administración, el hecho de no resignarse la becaria al proceder legal de este Servicio de solicitarle los fondos en razón del incumplimiento de sus obligaciones de becario, lo cual se acreditará.

A ese respecto es dable recordar lo expresado por los Tribunales Superiores de justicia, referido al punto que se intenta demostrar en esta parte, pudiéndose citar lo dicho en Sentencia de la Excelentísima Corta Suprema Rol 4109-2014: “Que para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado” sumándose a ese aserto lo señalado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca en sentencia Rol 652-2012, donde se puntualizó “Que la naturaleza especial del recurso de protección hace que, para que pueda prosperar sea indispensable que quien lo entable acredite la existencia de un derecho actual que lo favorezca, claramente determinado y que corresponda a alguno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la C onstitución.”

Que, con fecha seis de mayo de 2020, la Excelentísima Corte Suprema, en la causa Rol 18.821-2019, a propósito de un recurso de apelación, interpuesto en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que declaró inadmisible un recurso señala que “…Séptimo: Que lo discutido en estos autos consiste en determinar si la recurrente dio cumplimiento o no a la obligación contenida en la letra c) del artículo 7 del DFL N° 22 de 1981 del Ministerio de Educación, sosteniendo dicha parte que el mencionado deber estaría cumplido, en tanto que las recurridas aseveran lo contrario. Así las cosas, la resolución del asunto implica analizar los períodos en que la actora se habría desempeñado, preferentemente, en universidades y demás instituciones docentes o de investigación, o en la Administración Pública, por períodos de, a lo menos, el doble de duración de la beca otorgada, realizando los cálculos proporcionales respectivos, desde que las partes están de acuerdo en que no se trató de un desempeño en jornada completa de 44 horas semanales, sino de jornadas parciales, en diferentes épocas, con interrupciones, y en distintas instituciones, algunas de ellas de carácter privado.

En estas condiciones, es evidente que el señalado ejercicio importaría sustituir a la Administración en lo que respecta a sus facultades de mérito, en cuanto a la calificación de las circunstancias de “hecho que corresponde incluir dentro de los supuestos fácticos de aplicación de la norma, actividad que no puede ser realizada en esta sede cautelar, atendido su carácter excepcional y de urgencia, siendo indispensable que se esté en presencia de un derecho indubitado y preexistente, cuyo no es el caso.

Octavo: Que, en el mismo orden de ideas, las pretensiones del recurso exceden el ámbito de la presente acción constitucional, que no es declarativa de derechos sino que tiene por objeto la protección de aquéllos que, siendo indubitados, requieren de cautela urgente, en tanto corresponden a garantías fundamentales cubiertas conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, existiendo vías de impugnación específicas establecidas en el artículo 2 de la Ley N° 20.905, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir a la recurrente conforme al ordenamiento jurídico. Noveno: Que, por consiguiente, el recurso de protección habrá de ser desestimado por no concurrir los presupuestos básicos indispensables para su acogimiento.”

De lo previsto en las citas jurisprudenciales, es posible colegir que no cualquier asunto se puede ventilar en este procedimiento, debiendo tener el conflicto sometido a conocimiento del tribunal el carácter de indubitado, cuestión que la contraria no logra probar puesto que su recurso se sustenta en la interpretación que ella realiza respecto al cumplimiento de su obligación de retribución laboral y si debe o no restituir los fondos percibidos en razón del incumplimiento de sus obligaciones de becario, sin negar los hechos en que fundan.

En ese contexto, al basar sus supuestos en alegaciones referidas a interpretaciones no logra cimentar una posición que la habilite a demostrar que tiene un derecho indubitado que dé consecuencia a sus pretensiones, debiendo ser conocido en un juicio de otra naturaleza la correcta interpretación de las normas, no siendo esta sede cautelar la más adecuada para esos objetivos.

En ese sentido, se debe tener en cuenta lo señalado en la Sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de rol 20176-2019, que expresa “este recurso no ha sido creado por el constituyente, como medio fácil y expedito para ser utilizado en sustitución o reemplazo de las acciones que el ordenamiento procesal contempla para solucionar conflictos entre partes con derechos o intereses en pugna, que les permita exponerlos y debatirlos en plenitud, rendir sus pruebas y, en su momento, obtener una sentencia que al final del juicio resuelva y declare qué parte tiene la razón y se pronuncie así sobre el derecho que se reclama.”, así las cosas, resulta imposible para esta judicatura arribar a una conclusión jurídica con este remedio cautelar al estar en disputa elementos de hecho referidos a una consecuencia jurídica de una relación estatutaria dentro del ámbito de las subvenciones devenida en incumplimiento por una de ellas y que habilita a nombre reservado a subsumirla y aplicarla.

Por lo tanto, no procede que esta Ilustrísima Corte resuelva sobre lo solicitado al no tener el conflicto suscitado ante esa Magistratura la naturaleza de indubitada que se necesita para poder proseguir con este procedimiento especial, debiéndose rechazarse el arbitrio por ese motivo”.

Sobre el particular, corresponde citar la sentencia de fecha 31 de mayo de 2021, de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 125.634-2020, que señala que no existen derecho indubitado alguno por parte de un recurrente cuando la administración actúa mediante la aplicación estricta de una norma, como es el caso en comento, más aún cuando se trata de asuntos de interés público como es el otorgamiento de una beca, toda vez que en el cumplimiento de las obligaciones de los becarios radica la fe pública de las mismas, atendiendo los cuantiosos recursos que se otorgan.

En fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 1 de septiembre de 2021, rol 97569-2020, se estableció que “Octavo: Que corresponde a la Comisión Fullbright examinar el cumplimiento de los requisitos de postulación previstos en el numeral 5 de las Bases de Postulación y que pueden ser patrocinados por la aquélla, para continuar con la postulación y luego informar a la nombre reservado y seguir adelante con el proceso. Es así como uno de los requisitos de la postulación exigía el “Residir en Chile al momento de Postular”, el que podía acreditarse con el certificado de viajes, modificándose posteriormente con otros documentos de obtención más sencilla entre ellas certificaciones de la respectiva junta de vecinos, una declaración jurada al efecto o un certificado de residencia otorgado por la administración del edificio para aquellos postulantes que vivieran en departamentos, eligiendo el recurrente el primero de ellos para efectuar su postulación.

Noveno: Que, en consecuencia, la controversia se centra exclusivamente en si dicho certificado de viajes acompañado de fecha 18 de mayo de 2020, satisface o no el requisito de postulación -período que se extendió entre el 23 de junio y el 4 de agosto de 2020-consistente en residir en Chile al momento de postular y de esta forma, se encontraba o no vigente.

Décimo: Que la interpretación que efectúa la recurrida es que en caso de falta o incumplimiento de alguno de los requisitos y/o condiciones de las bases, se establecía en el numeral 6.3 que ello se considerará como causal para que la postulación fuera considerada fuera de las bases o parte el retiro del patrocinio de la Comisión Fullbright, la que fue explicitada en charlas en las que habría participado el actor.

Undécimo: Que es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

Duodécimo: En la especie, el recurrente no goza de un derecho indubitado en torno a adjudicarse la signada beca -mera expectativa- y, por otro lado, resultan discutibles los alcances de la vigencia del documento requerido en las señaladas bases y que fue acompañado por el actor.

Decimotercero: Es así como, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional rebasa sus límites y propósitos, dado que necesariamente supone dirimir los tópicos antes consignados para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo.

Decimocuarto: Que lo cierto es entonces que, el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de derechos, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose aquéllos indubitados es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.”

Finalmente, y en un reciente caso, Rol N° Protección 127917-2022, la Corte de Apelaciones de Santiago, en la sentencia de fecha 28 de marzo de 2023:

“Cuarto: Que, lo pedido por la actora, excede los márgenes de aplicación de esta acción extraordinaria, por cuanto no se trata de un conflicto urgente de orden constitucional que amerite un pronunciamiento por esta vía excepcional.

En efecto, en el caso de autos existe discusión acerca de los hechos que habrían motivado el incumplimiento de las obligaciones contempladas en la normativa aplicable al concurso de becas para magíster.

La recurrente señala que el trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo no significaba incumplir su obligación de retribución establecida en el numeral 14 de las bases concursales, pues su ausencia quedaba comprendida en la noción de temporal a que alude el Código Civil. Lo anterior debe ser debidamente acreditado en un juicio de lato conocimiento, pues se reclama por ella el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Lo anterior evidencia que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ser amparado a través de esta acción constitucional de urgencia.

Quinto: Que, por otro lado -como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema- este arbitrio constitucional en ningún caso puede tener por objeto la declaración de derechos en atención a la naturaleza misma de la institución, a las circunstancias procesales en que ella debe desenvolverse y a la finalidad del recurso de protección, cual es la adopción de medidas concretas de seguridad y tutela.

Sexto: Que la situación específica de que se trata debe ser dirimida en un juicio de lato conocimiento, pues en dicha instancia las partes pueden exponer sus argumentos y probar los hechos controvertidos. Por consiguiente, no existe medida de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto, debido a que lo pretendido se aparta del marco legal de este recurso.

Séptimo: Que, por lo antes razonado, la acción cautelar debe ser desestimada, sin perjuicio de los derechos que las partes puedan hacer valer a través de los procedimientos que la legislación les reconoce para la adecuada discusión de la materia.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, el numeral 15.2 de la Resolución Exenta N° 2142, de 24 de junio de 2013, que Aprueba Adjudicación y Selección del Concurso Becas de Magíster en el Extranjero, Becas Chile, Convocatoria 2013, señala: “nombre reservado se reserva el derecho de exigir a los becarios la restitución la totalidad de los beneficios económicos pagados (…) a quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición de becario establecidas en las presentes bases…” y entre esas obligaciones está, precisamente, la permanencia en territorio nacional por el doble de duración de la beca.

La Agencia recurrida se encontraba, así, en el deber de hacer cumplir la normativa del concurso, velando, además, por el resguardo de los fondos públicos, solicitando la restitución de los caudales percibidos por los becarios cuando se incumplen las obligaciones que los rigen. El resguardo de los fondos públicos no solamente dice relación con un eventual detrimento pecuniario que pueda sufrir el Estado o un ente público, sino con que el hecho que los recursos sean utilizados en las condiciones dispuestas en la normativa que faculta su otorgamiento.

De lo dicho, se concluye que la recurrida ha actuado prima facie ajustada a Derecho al observar lo dispuesto en las bases concursales citadas -considerando especialmente el certificado del Departamento de Control de Fronteras-, lo cual descarta un acto ilegal o arbitrario de su parte. Siendo así, resulta inoficioso referirse a una eventual vulneración de las garantías constitucionales reclamadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza…[…]”

La Excelentísima Corte Suprema, confirmó la sentencia de primera instancia con fecha 27 de abril de 2023, en el rol 64.730-2023, señalando que Teniendo únicamente presente que la recurrente carece de un derecho indubitado o prexistente, presupuesto esencial para que el arbitrio pueda prosperar, se confirma la sentencia apelada de fecha veintiocho de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago”.

https://www.diarioconstitucional.cl/2023/05/0 6/corte -suprema-rechaza -recurso-de-proteccion-de-beneficiaria-de-beca-c hile-en-contra-de-anid- por-restitucion-de-fondos / Por último, es del caso señalar, que no estamos ante una situación de emergencia, ya que la recurrente puede controvertir los hechos y fundamentos de derecho ante los tribunales ordinarios de justicia, a través de un procedimiento de lato conocimiento, ya que este Servicio carece del imperio para exigir directamente la devolución de los fondos públicos al becario.

Así lo dispuso la sentencia de fecha 25 de agosto de 2017, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 42589-2017, relativo a un recurso de reposición interpuesto en contra de una resolución que declaró el incumplimiento por percibir beneficios de la beca mientras se encontraba en Chile y por no solicitar autorización para permanecer fuera del lugar de estudios por motivos académicos, en los términos de la normativa concursal, señalando el señalado fallo que “Quinto: Que, sin perjuicio de lo anterior, la petición de la recurrente excede los márgenes de aplicación de esta acción extraordinaria, por cuanto no se trata de un conflicto urgente de orden constitucional que amerite un pronunciamiento por esta vía excepcional. En efecto, en el caso de autos existe discusión acerca de la recta interpretación de la normativa aplicable al concurso de becas para doctorados en el extranjero y, por ende, del convenio suscrito por las partes el 14 de septiembre de 2012. La recurrente pretende justificar la permanencia en el país sobre la base de circunstancias de orden personal que deben ser debidamente acreditadas en un juicio de lato conocimiento, pues se reclama por ella el cumplimiento de las obligaciones pactadas, lo que ha sido controvertido por la recurrida, siendo precisamente esa tesis el motivo que sustenta la decisión que se cuestiona. Lo anterior evidencia que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ser amparado a través de esta acción constitucional de urgencia.

Sexto: Que, por otro lado -como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema- este arbitrio constitucional en ningún caso puede tener por objeto la declaración de derechos en atención a la naturaleza misma de la institución, a las circunstancias procesales en que ella debe desenvolverse y a la finalidad del recurso de protección, cual es la adopción de medidas concretas de seguridad y tutela. Sépt imo: Que, lo solicitado por la recurrente, como antes se anotó, importaría disponer diligencias probatorias con el objeto de verificar si la recurrente ha dado cumplimiento o no al convenio suscrito para cursar un doctorado en el extranjero, interpretando sus cláusulas y, declarar en su caso si las infracciones -que se dicen constatadas-efectivamente existían conforme a la normativa aplicable. Lo anterior, excede los márgenes de la acción constitucional que se interpone, pues no es esta la vía procesal para el fin que se persigue.

Octavo: Que la situación específica de que se trata debe ser dirimida en un juicio de lato conocimiento, pues en dicha instancia las partes pueden exponer sus argumentos y probar los hechos controvertidos. Por consiguiente, no existe medida de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto, debido a que lo pretendido se aparta del marco legal de este recurso.

Noveno: Que, por lo antes razonado, la acción cautelar debe ser desestimada, sin perjuicio de los derechos que las partes puedan hacer valer a través de los procedimientos que la normativa les reconoce para la adecuada discusión de la materia.”

En lo que refiere a los considerandos transcritos, dicha sentencia fue confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de fecha 4 de enero de 2018, Rol N° 38.654-2017.

Recientemente la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 20 de julio de 2021, en el rol 2912-2021, recogió el mismo criterio que la sentencia de fecha 25 de agosto de 2017, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 42589-2017, fundamentalmente, rechazando el recurso de protección interpuesto, señalando:”8°) Que, a mayor abundamiento, esta acción constitucional también debe ser rechazada, pues el asunto discutido se encuentra bajo el imperio del derecho, pues la misma materia de autos está siendo conocida por tribunal civil. En efecto, el 20 de abril de 2021, previo a la fecha de presentación del recurso de protección por parte de la actora, el Servicio recurrido inició acciones legales de naturaleza civil, en juicio ordinario de mayor cuantía, para determinar la existencia de la obligación y poder posteriormente, en caso de que sea acogida dicha pretensión, iniciar acciones de cobro respectivas en contra del recurrente en este procedimiento, en causa C-3694-2021, radicada en el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, la cual está pendiente de ser notificada, vía exhorto encargado por ese tribunal a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción, el cual está radicada en el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad con el rol E-1440-2021; 9°) Que por todo lo antes razonado, la acción cautelar debe ser desestimada, sin perjuicio de los derechos que las partes puedan hacer valer a través de los procedimientos que la normativa les reconoce para la adecuada discusión de la materia”.

Que en materia de becas, nuestros tribunales de justicia han sido consistentes en señalar que los asuntos relativos al incumplimiento de las obligaciones de la beca deben ventilarse en un juicio de lato conocimiento, lo cual fue sentenciado con fecha 22 de marzo de 2022, por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en el rol 34919-2021, fallo ratificado por la Corte Suprema de fecha 21 de abril de 2022, rol 10.520-2022: “Quinto: Que, conforme lo pedido por la actora, debe consignarse que ella excede los márgenes de aplicación de esta acción extraordinaria, por cuanto no se trata de un conflicto urgente de orden constitucional que amerite un pronunciamiento por esta vía e xcepcional.

En efecto, en el caso de autos existe discusión acerca de los hechos que habrían motivado el incumplimiento dentro de plazo de la normativa aplicable al concurso de becas para doctorados.

La recurrente señala que solo se retrasó un tiempo en obtener el grado, conforme las razones que expresa, pero que curso todos sus estudios y lo obtuvo, aunque fuera del plazo que establece la normativa. Lo anterior debe ser debidamente acreditada en un juicio de lato conocimiento, pues se reclama por ella el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Lo anterior evidencia que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ser amparado a través de esta acción constitucional de urgencia.

Sexto: Que, por otro lado -como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema- este arbitrio constitucional en ningún caso puede tener por objeto la declaración de derechos en atención a la naturaleza misma de la institución, a las circunstancias procesales en que ella debe desenvolverse y a la finalidad del recurso de protección, cual es la adopción de medidas concretas de seguridad y tutela.

Séptimo: Que, lo solicitado por la recurrente, excede los márgenes de la acción constitucional que se interpone, pues no es esta la vía procesal para el fin que se persigue.

Octavo: Que la situación específica de que se trata debe ser dirimida en un juicio de lato conocimiento, pues en dicha instancia las partes pueden exponer sus argumentos y probar los hechos controvertidos. Por consiguiente, no existe medida de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto, debido a que lo pretendido se aparta del marco legal de este recurso”.

En otro caso, también relacionado con materias de becas, la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 9 de diciembre de 2021, en la causa rol 14778-2021 señaló “ 4°) Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

5°) Que esta acción es, por lo tanto, una herramienta de carácter procesal cuya importancia se mide por su capacidad de dar protección a los derechos fundamentales de las personas, entendiendo por tales los señalados taxativamente en el artículo 20, y siempre que haya una actuación u omisión ilegales o arbitrarias que los amaguen o afecten.

De ahí que se ha dicho que “la eficacia de este remedio se debe a que constituye un proceso cuyas ventajas principales son su rapidez y su carácter sumario y concentrado, que le permiten resolver situaciones de vulneración de derechos fundamentales que no pueden quedar entregadas a una tramitación de lato conocimiento, sin que con ello se consume un daño irreparable”.

De este modo, sus características primordiales son que se trata de una acción de carácter autónomo que forma parte de la jurisdicción constitucional, de carácter declarativo y de urgencia, siendo su objeto la tutela de los derechos fundamentales, indicados taxativamente en la Constitución Política, frente a los actos u omisiones del poder político y/o de los particulares que infringen u atropellan tales derechos.

6°) Que en el presente caso, sin embargo, la denuncia que se realiza y la pretensión que se formula, se apartan de las características anotadas, ya que subyace en ellas una cuestión de fondo cual es la interpretación divergente que las partes tienen acerca de las cláusulas de la adjudicación de la beca y la forma de ejecutarla frente a circunstancias no previstas en ella como han sido las restricciones de la autoridad frente a la emergencia sanitaria en un país extranjero y también en Chile, habida cuenta que dentro de los beneficios de la beca estaban el de manutención.

7°) Que consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión, cuestión que no se advierte en la especie ya que una decisión como la que se pide implica dilucidar un asunto de lato conocimiento, toda vez que los hechos en que se fundamenta el recurso requieren ser conocidos con todas las garantías del debido proceso, esto es, donde tenga concreción el principio de la bilateralidad de la audiencia, la rendición de pruebas, la procedencia de recursos, etc., debiendo el juez ponderar la prueba y los antecedentes del caso en la sentencia que dicte”.

La sentencia fue confirmada por la Excelentísima Corte de Suprema con fecha 14 de enero de 2022, Rol 95.949-2021.

Por último, en las causas 2640-2023 y 2949-2023, la Corte de Apelaciones de Santiago, con ocasión de recursos de protección en contra de la nombre reservado interpuestos por becarios que fueron declarados en incumplimientos, sin necesidad de pedir informe a este Servicio, señaló: “1º) Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarios o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

2º) Que los hechos descritos en la presentación sobrepasan los márgenes del recurso interpuesto, toda vez que aquéllos deben ser discutidos y probados en un procedimiento judicial declarativo, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección, condiciones en las que tiene aplicación la norma de inadmisibilidad establecida en el Nº 2° del auto acordado respectivo, por lo que no será admitido a tramitación .

Y de conformidad, además, con lo que señala el N°2° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se declara inadmisible el interpuesto al folio 1.”

Por consiguiente, y en razón de la profusa jurisprudencia que se acompaña, debe desestimarse la acción de protección interpuesta, toda vez que la determinación del incumplimiento de las obligaciones a las cuales se encuentra sujeta la becaria y la cuantía de lo que debe retribuir debe ser materia de un juicio de lato conocimiento.

III.- HECHOS DEL CASO Y EN RELACIÓN CON EL FONDO:

En el caso incierto que la inadmisibilidad de la presente acción de protección sea desestimada por esta Ilustrísima Corte, se presentan en este informe los argumentos sobre el fondo del asunto controvertido, para dejar en claro que este Servicio no ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales de doña nombre reservado, señalando los hechos, la normativa y consideraciones que debe tenerse en el asunto en comento:

Como cuestión previa, es del caso señalar que la nombre reservado es la continuadora legal de nombre reservado, por disponerlo así el artículo tercero, disposiciones transitorias, de la Ley N°21.105, que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

La Sra. nombre reservado, Rut RUT reservado, con Folio 77100052 fue beneficiaria de una beca de Magíster en el extranjero para profesionales de la Educación, Becas Chile, Segunda Convocatoria 2009, adjudicada a través de Resolución Exenta N°5141/2009 y cuyas bases concursales fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N°2195/2009.

Con fecha 13/08/2010, a través de la Resolución Exenta N°3638/2010, se aprueba el convenio de beca suscrito entre la Sra. nombre reservado y nombre reservado, en el marco del concurso mencionado, para realizar el programa Master en Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación Educativa en la Universidad de Barcelona de España, estableciéndose como fecha de inicio de programa de estudios desde el 13/09/2010; y como fecha de inicio y término de beca desde el 01/09/2010 hasta el 30/09/2011, de acuerdo al criterio de pago de mes completo.

Con fecha 4 de mayo de 2018, mediante ticket #505671, le fueron solicitados los antecedentes a la becaria que dieran cuenta del cumplimiento de las obligaciones de la beca, ante lo cual no se obtuvo respuesta.

Con fecha 09/08/2019, a través de la Resolución Exenta N° 7975/2019, se declara el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases concursales debido a que la aludida, a esa fecha, no acreditó la obtención del grado, su retorno al país, su permanencia en el Chile por el doble del periodo de duración de la beca (o por el mismo periodo en caso de residir en una región distinta de la Metropolitana) y retribuir laboralmente en un establecimiento de educación subvencionado por el Estado, por al menos cuatro años dentro de un periodo de ocho años contados desde su regreso a Chile.

Que, con fecha 16/08/2019, la aludida interpone recurso de reposición, esta vez acompañando los documentos documentación que da cuenta de la obtención del grado, retorno al país y retribución laboral en ciertos establecimientos educacionales y otros. En dicha oportunidad acompaña:

• “Certificado Académico Personal de la Universidad de Barcelona, Facultad de Pedagogía donde se establecen los créditos de la carrera y los créditos aprobados (60 ) de fecha 23 de septiembre de 2011.

• Certificado del Pago de los derechos de expedición de título, donde se establece que he superado los estudios conducentes al título universitario oficial de Master en Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación Evaluativa.

• ORD. NRO. 516 de fecha 31 de octubre de 2012, donde se me designa como Directora del Complejo Educacional José Victorino Lastarria.

• Detalle SIAPER Contraloría General de la República, donde se verifica el ingreso al servicio • Superintendencia Educación Región de la Araucanía.

• Informo correo electrónico al cuál se me realicen las notificaciones correo reservado”.

Agrega en su recurso, “Finalmente, debido a que soy de Región, a la falta de comunicación con nombre reservado y erróneamente pensar que existía algún tipo de comunicación con las Universidades donde se informaba del cumplimiento o no cumplimiento de los becarios, es que no hice ningún tipo de presentación en su tiempo a nombre reservado informando de que se había cumplido con la obligación de obtener el grado , volver a Chile y desempeñarme en el Sector Público a fin de retribuir la beca, situación que se realiza a la fecha”.

Que, de acuerdo con las bases que regularon el Concurso de Becas de Magíster en el extranjero para profesionales de la Educación, BECAS CHILE, Segunda Convocatoria 2009, aprobadas mediante la Resolución Exenta N°2195/2009 se establece como obligación del becario de retornar al país, permanecer en Chile y retribuir laboralmente:

“14.1. Al término de la beca, el/la becario/a tendrá un plazo máximo de un año para retornar al país y acreditar su residencia en Chile por el doble del período de duración de la beca, a través de certificados de domicilio, los que deberán ser enviados semestralmente a nombre reservado. Si el/la becario/a regresa a Chile a residir en regiones distintas de la Región Metropolitana, deberá acreditar su domicilio en el país únicamente por el mismo periodo de duración de la beca a través de certificados de domicilio enviados semestralmente a nombre reservado.

14.2. El/la becario/a deberá acreditar su reincorporación laboral en el establecimiento que autorizó la realización de los estudios de magíster, por al menos cuatro años dentro de un periodo de ocho años contados desde su regreso a Chile. Lo anterior deberá certificarse a nombre reservado por medio de un contrato o documento vigente que acredite su situación laboral por al menos 22 horas semanales. En caso que el establecimiento de educación no reincorpore al becario, éste podrá reinsertarse laboralmente en cualquier establecimiento municipal o particular subvencionado en las mismas condiciones señaladas”.

Agrega numeral 13 que “nombre reservado está facultada para disponer el término anticipado de la beca y solicitar la restitución de los fondos entregados, en caso que el/la becario/a no de cumplimiento a las obligaciones precedentemente descritas, pudiendo para tal propósito ejecutar judicialmente el pagaré otorgado por éste/a.

La misma sanción procederá respecto de los/las becarios/as que no hayan acreditado la obtención del Grado de Magíster al finalizar el plazo señalado en las presentes bases, o que hayan renunciado, abandonado, suspendido o hayan sido eliminados de los programas de estudios de nivelación o Magíster, sin causa académica justificada que los autorizara; así como aquellos/as que hayan adulterado sus antecedentes o informes o no hayan cumplido con las obligaciones inherentes a su condición de becarios/as. Asimismo, nombre reservado está facultada para declarar la inhabilitación del/de los/las becarios/as para postular o participar, en cualquier calidad jurídica, en los concursos que sean financiados con fondos públicos.”

Que, por su parte el Decreto Supremo N° 664/2008, y sus modificaciones, del Ministerio de Educación, en el artículo 26°, dispone que:

“Artículo 26º.- Obligaciones una vez finalizada la beca: retribución una vez que el becario haya retornado a Chile.-Una vez finalizada la beca, el becario tendrá, según corresponda, de acuerdo el tipo de estudio por el cual se le otorgó la beca, las siguientes obligaciones: “d) Magíster para Profesionales de la Educación:

El becario deberá acreditar su permanencia en Chile por el doble del período de duración de la beca, a través de la forma que determine la entidad ejecutora en las bases respectivas. Si el becario regresa a Chile a residir en regiones distintas de la Región Metropolitana, sólo deberá acreditarla por el mismo periodo de duración de la beca. Además, el becario deberá acreditar su reincorporación laboral en el establecimiento de educación que autorizó la realización de los estudios de magíster, por al menos cuatro años dentro de un periodo de ocho años contados desde su regreso a Chile. Lo anterior, deberá acreditar a la entidad ejecutoras por medio de un contrato o documento vigente que acredite su situación laboral por al menos 22 horas semanales. En caso que el establecimiento de educación no reincorpore al becario, éste podrá reinsertarse laboralmente en cualquier establecimiento municipal o particular subvencionado en las mismas condiciones anteriores.”

Agrega, el artículo 27° del citado reglamento, “Las entidades ejecutoras, a través de las acciones judiciales que correspondan o por medio de la ejecución del respectivo pagaré, exigirán a los becarios la restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan sus estudios sin estar autorizados por la entidad ejecutora, abandonen y/o renuncien a su programa de estudios, así como a quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición de becarios/as o hayan adulterado sus antecedentes o informes.

En el evento que por caso fortuito o fuerza mayor, el/la becario/a se vea impedido/a de cumplir con las obligaciones señaladas en el presente reglamento, en las bases concursales correspondientes y en el convenio de beca, la entidad ejecutora correspondiente podrá declarar el término de la relación jurídica con éste, sin solicitar la restitución de fondos.”

Que analizados los antecedentes aportados por la becaria en su recurso se constató que efectivamente obtuvo el grado académico, retornó al país y permaneció en éste por el doble de duración de la beca; sin embargo, en cuanto a la retribución laboral, la becaria no cumple con ésta obligación toda vez que: en su recurso de reposición (documentos tenidos a la vista a esa fecha) solo acredita labores de directora en el Complejo Educacional José Victorino Lastarria, como directora de ADP desde 03/12/2012 hasta 06/04/2014, cumpliendo 1 año, 4 meses y 3 días. Posterior a la finalización de su contrato, la becaria se desempeñó en la Superintendencia de Educación, desde el 15/07/2015 hasta 23/01/2023. Sin embargo, la institución antes mencionada, no cumple con lo establecido en las bases del concurso dado que no corresponde a un establecimiento educacional subvencionado por el Estado, razón por lo cual, la becaria habría incumplido con su obligación de retribución, puesto que a esa fecha no cumplió con los 4 años de retribución laboral, teniendo en cuenta los 8 años que tienen los becarios para retribuir laboralmente dispuestos en las bases tras su retorno al país.

Así las cosas, se concluye que la becaria no cumplió íntegramente con su obligación de retribución laboral, dado que dentro de los 8 años no retribuyó laboralmente por al menos cuatro años y por al menos 22 horas semanales en establecimientos subvencionados por el Estado, retribuyendo solo 1 año, 4 meses y 3 días.

Es del caso señalar, que las bases del concurso, en el numeral 2, dispone que el “El objetivo de esta beca es formar capital humano avanzado especializado en las siguientes áreas del conocimiento: Currículum, Pedagogía/Didáctica, Evaluación, Gestión Escolar, Aprendizaje y Profundización de Áreas Disciplinarias.

Estas becas se encuentran dirigidas a aquellos/as profesionales de la educación que actualmente se encuentren ejerciendo en Chile en establecimientos de educación subvencionados (municipal, particular subvencionado o liceos regidos por el DL 3.166, éste último para el caso de los liceos técnico profesionales de administración delegada a corporaciones).” Agrega el numeral 4, como requisitos de postulación, “4.3. Encontrarse, al momento de la postulación, ejerciendo profesionalmente en Chile en establecimientos de educación subvencionados (municipal, particular subvencionado o liceos regidos por DL 3166, éste último para el caso de liceos técnico profesionales de administración delegada a corporaciones)”. Asimismo, el numeral 7.2.10 dispone que deben acompañar como documento de postulación “Certificado simple firmado por el/la sostenedor/a que acredite la relación contractual y/o laboral del postulante con el establecimiento escolar subvencionado (municipal o particular subvencionado o liceos regulados por el DL 3166)”. Así las cosas, resulta claro que este concurso tiene por objetivo que los estudiantes de magíster, con sus conocimientos, retribuyan laboralmente en establecimientos educacionales subvencionados por el Estado, en los términos de las bases concursales.

Es del caso señalar, que los becarios conocen de antemano las condiciones de la beca establecidas en el reglamento, bases y convenio del concurso, por lo que los periodos de retribución laboral de los becarios son conocidos por éstos en todo momento.

Con fecha 22/02/2023, a través de la Resolución Exenta N°1940/2023 se rechaza el recurso de reposición interpuesto por Sra. nombre reservado en contra de la Resolución Exenta N°7975/2019. Ya que, analizado en su totalidad el expediente administrativo se pudo constatar que si bien la becaria cumplió con ciertas obligaciones de la beca incumplió la obligación de retribución laboral, por lo que la Resolución Exenta N°7975/2019, de nombre reservado, que declara el incumplimiento de las obligaciones y solicita la restitución de fondos conferidos con ocasión de la beca, se ha ajustado plenamente a lo dispuesto a la normativa que regula su beca; asimismo, el/la becario/a no ha acompañado más antecedentes que permitan desvirtuar el hecho que no ha retribuido íntegramente con su obligación de retribución laboral.

Por consiguiente, es claro que la becaria no completó sus obligaciones de retribución laboral establecidas en las bases concursales y en el Decreto Supremo N°664/2008, y sus modificaciones, del Ministerio de Educación.

Que, conforme a lo indicado en inciso final del artículo 3° del D.S. N°664/2008 las entidades ejecutoras en el ámbito de sus funciones podrán “(…) hacer seguimiento de los becarios beneficiados por Becas Chile; monitorear el cumplimiento de las exigencias de retorno y retribución exigidas en el presente reglamento, así como cualquier otra obligación establecidas en los convenios suscritos con dichas entidades ejecutoras”.

Al respecto, la Contraloría General de la República, en el dictamen N°3.904/2020 sentenció “Sobre el particular, cabe señalar que el decreto N°664, de 2009, del Ministerio de Educación, que Establece Normas Sobre el Otorgamiento de Becas del Programa Becas Bicentenario de Postgrado, establece en su artículo 3 que “A las entidades ejecutoras les corresponderá, para la ejecución de los distintos programas de becas y en el ámbito de los funcionarios que le son propias, la elaboración de las bases concursales de las distintas becas que contempla el programa (…) coordinar, pagar, mantener comunicación y hacer seguimiento de los becarios beneficiados por BECAS CHILE, monitorear el cumplimiento de las exigencias de retorno y retribución exigidas en el presente reglamento, así como cualquier otra obligación establecidas en el presento reglamento, en las bases y convenios que los becarios suscriben con dichas entidades ejecutoras”.

Por su parte, el artículo 25 del texto reglamentario en comento señala que “Al término de la beca el becario tendrá los siguientes plazos máximos para retornar a Chile y obtener el grado académico, título, certificación u otro equivalente, según el tipo de estudios o investigación: Doctorado y Doctorado con Acuerdo Bilateral: Tendrá un plazo de máximo de 4 años”.

Asimismo, el artículo 26 del citado reglamento preceptúa que, en cuento a las obligaciones una vez finalizada la beca, existe una retribución una vez que el becario haya retornado a Chile, y en el caso de doctorado indica que “El becario deberá acreditar su permanencia en Chile por el doble del período de duración de la beca, a través de la forma que determine la entidad ejecutora en las bases respectivas. Si el becario regresa a Chile a residir en regiones distintas de la Región Metropolitana, sólo deberá acreditarla por el mismo periodo de duración de la beca”.

Finalmente, el artículo 27 del reglamento en estudio indica que “Las entidades ejecutoras, a través de las acciones judiciales que correspondan o por medio de la ejecución del respectivo pagaré, exigirán a los becarios la restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan sus estudios sin estar autorizados por la entidad ejecutora, abandonen y/o renuncien a su programa de estudios, así como a quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición de becarios/as o hayan adulterado sus antecedentes o informes”.

Como se parecía, de acuerdo con la preceptiva que rige el concurso de que se trata, el becario debe restituir el financiamiento que el Estado le ha otorgado para solventar sus estudios, mediante su retorno y permanencia en el país en las condiciones antes indicadas, lugar desde donde tendrá que aportar los conocimientos antes indicadas, lugar desde donde tendrá que aportar los conocimientos adquiridos durante su perfeccionamiento (aplica dictamen N°18.836, de 2017).

Ahora bien, teniendo a la vista la obligación de la nombre reservado de hacer seguimiento de los becarios beneficiarios por Becas Chile; además de monitorear el cumplimiento de las exigencias de retorno y retribución, no se observan inconvenientes en que esa agencia solicite al recurrente las declaraciones juradas destinadas a establecer de forma efectiva el cumplimiento de sus obligaciones como becario, a propósito de proceder al cierre administrativo de la beca (aplica criterio contenido en el dictamen N°79.420, de 2017).

[…]En consecuencia, no se advierte irregularidad en el actuar de la nombre reservado, respecto de don nombre reservado, y en consecuencia, de la solicitud de restitución de los fondos transferidos en dicho contexto.”

Que, que en la oportunidad del recurso reposición la recurrente, no aporta documentos que acrediten la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, que hayan impedido a la becaria dar cumplimiento íntegro de sus obligaciones.

De lo latamente expuesto, es fácil entonces colegir que no existe acto ilegal alguno en la forma que lo denuncia el recurrente, teniendo en cuenta todas las citas legales y jurisprudenciales que dan cuenta de que este Servicio cuenta con todas las atribuciones para efectuar la declaración de incumplimiento y solicitar el reintegro de los caudales dispuestos al beneficiario en razón de la beca, al verificar la hipótesis que dan lugar a dicha consecuencia jurídica, reintegro que no constituye una multa, dado que no nos encontramos ante un procedimiento sancionatorio.

Por otra parte, tampoco es dable precisar que dicho acto recurrido es arbitrario puesto que tal como se ha explicado en este informe la forma en la cual se ha ejercido las facultades que el Derecho entrega a este Servicio para cautelar el buen uso de los recursos públicos se han apegado a criterios de razonabilidad y de estudios que difieren de un ejercicio abusivo y caprichoso aquellas, y siendo además proporcionado el obrar de este Servicio, teniendo en cuenta que siempre se ha otorgado la chance al recurrente de participar en el proceso y siempre han sido oídas sus alegaciones, además resulta un imperativo a esta institución seguir la responsabilidad patrimonial de los becarios que incumplen sus obligaciones como tales, por lo que en caso contrario, esto es de no actuar de acuerdo a los lineamientos jurídicos expuestos, sí se estaría cometiendo una arbitrariedad, siendo entonces necesario desechar esta alegación.

Que, el régimen jurídico les impone a los becarios acreditar el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales le fueron transferidos los recursos, tanto durante el desarrollo de sus estudios, así como a su término, esto es, la obtención del grado académico correspondiente, retorno, la permanencia en Chile y la retribución laboral en el país. En conclusión, solo mediante la acreditación del cumplimiento cabal de las obligaciones de la beca, a través de los medios de verificación idóneos es posible determinar si han cumplido cabalmente las obligaciones previstas en la norma dentro de plazo.

Que, en la normativa que rigió la beca, se estableció un régimen obligacional estricto y a partir del cual se desarrolla una actividad rigurosa de control, por parte de nuestra institución, cuya finalidad es el resguardo de los caudales públicos, y en dicho contexto, procedió a dictar el acto administrativo que declara el incumplimiento de las obligaciones que impone la beca.

Que, el régimen obligacional de las becas entregadas por nuestra institución se sustenta, en las bases que regulan los concursos públicos y en los convenios que suscriben los becarios. Por tanto, todo interesado al postular al financiamiento de sus estudios de postgrado conoce las condiciones bajo las cuales se encuentra sujeta la entrega de estos fondos del Estado. Dichos procesos garantizan la igualdad de todos nuestros becarios y el apego estricto a la normativa concursal.

En razón de lo anterior, la nombre reservado carece de facultades para modificar el régimen jurídico constituido, el cual los becarios adhieren libremente al suscribir los convenios, por tanto, ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas, este Servicio se encuentra en el imperativo de cumplir con dicha normativa, declarar formalmente el incumplimiento y solicitar la restitución de los fondos otorgados en razón de la beca.

Que, el resguardo de los fondos públicos no solamente dice relación con un eventual detrimento del pecuniario que pueda sufrir el Estado o un ente público, sino con que el hecho que los recursos sean utilizados en la forma dispuesta en la normativa que faculta su otorgamiento, incluyendo el régimen obligacional a los cuales se encuentran sujetos los becarios, cuyas cargas deben ser cumplidas en su integridad y bajo los términos que se señalen.

Es necesario recordar que los dictámenes N°s. 13.915 y 76.133, ambos de 2013, del Ente de Control, han indicado que en materia de haberes públicos, el Estado y sus organismos deben observar el principio de legalidad del gasto, de forma tal que los desembolsos que se autoricen con cargo a esos caudales tienen que utilizarse bajo las condiciones previstas por la preceptiva que los rige.

A mayor abundamiento, el principio de juridicidad del gasto, dice relación con apego estricto del ordenamiento jurídico para la entrega de los recursos públicos, principio contemplado esencialmente en los artículos 6°, 7°, 63, 65, 67 y 100 de la Carta Fundamental; en el artículo 56 de la ley N° 10.336; en el artículo 2° de la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley de Presupuesto, y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, complementado por el clasificador de ingresos y gastos, y que autoriza a efectuar gastos con cargo a fondos públicos, únicamente en aquellos casos expresamente contemplados en el ordenamiento jurídico (aplica criterio contenido en dictámenes N°s. 33.521, de 2006; 15.010 y 23.568, ambos de 2009, entre otros).

La obligación de rendir cuenta de los privados que reciben recursos públicos se encuentra fundada en el inciso 3° del artículo 85 de la Ley 10.336, que dispone que “…la fiscalización de la inversión de los fondos fiscales que perciban personas o instituciones de carácter privado, por leyes permanentes, a títulos de subvención o aporte del Estado, para una finalidad específica y determinada, se limitará a establecer si se ha dado cumplimiento a dicha finalidad”. Asimismo, y en conformidad con el Dictamen N° 61650/2014, las rendiciones de cuentas deben ser respaldadas con documentos originales, las que se rigen por las normas contenidas en la Ley N°10.336 y las normas de rendición de cuentas dictadas por la Contraloría General de la República (Resolución N°759/2003 o Resolución N°30/2015, según corresponda). En conclusión, los beneficiarios de fondos públicos deben acreditar que se cumplió con la finalidad para lo cual le fue otorgada la subvención, a través del cumplimiento íntegro de las obligaciones que le impuso la beca.

Por tanto, si existe alguien con algún perjuicio es del Estado, por tanto, claramente el reintegro no puede ser considero como una sanción, sino como la consecuencia lógica del incumplimiento de las obligaciones y que la subvención debe ser utilizada en los términos previsto para ello.

Por consiguiente, dado que una beca no es una donación del Estado, le es lícito a la Administración exigir a los beneficiarios el cumplimiento de la normativa concursal, en conformidad con el artículo 6° y 7° de Constitución Política de la República.

Que, la solicitud de restitución total de los fondos conferidos con ocasión de la beca, responde a la naturaleza excepcional de la beca, que es una especie de subvención económica, a través del cual la Administración fomenta actividades que aportan un beneficio directo al becario proporcionándoles recursos financieros, para que se alcancen los objetivos de interés general que se tuvieron presentes al asignar los fondos de subvención.

Que, el recurrente reconoce los hechos del incumplimiento por lo que sobre el particular no existe controversia.

Así las cosas, esta Agencia, en el ejercicio de su potestad pública, realizó los controles que estaban establecidos en el marco normativo, constató los incumplimientos emanados de la beca becario aludido y procedió a declarar mediante el correspondiente acto administrativo, el incumplimiento de las obligaciones con restitución total de fondos conferidos.

En tal sentido, este Servicio, no ha hecho otra cosa que establecer procedimientos de verificación y control que permitan establecer de manera certera el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otorgaron los recursos de los diferentes concursos, solicitando para ello, toda la documentación de respaldo que permita acreditar el cumplimiento de las condiciones mediante las cuales se entregan los beneficios de la beca.

Este Servicio en razón del principio de juridicidad y del resguardo de los fondos públicos se encuentra en el imperativo solicitar la restitución de la totalidad de los recursos entregados en razón del incumplimiento de las condiciones de la beca, entendiéndose dentro de ellas el no cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos dispuestos en la normativa concursal, concluyéndose que éstos no hubieran sido utilizados bajo las condiciones en que fueron otorgados, independiente de las razones que esgriman los beneficiarios para justificar el incumplimiento de los requisitos establecidas en la normativa concursal para el otorgamiento de la subvención.

En razón de lo anterior, este Servicio se encuentra en el deber de hacer cumplir la normativa del concurso, como asimismo los informes de la Contraloría General de la República, los cuales han señalado expresamente que esta institución debe velar por el resguardo de los fondos públicos, solicitando la restitución de los caudales conferidos que no cumplen con las condiciones de la beca.

IV.- ALEGACIONES DEL RECURRENTE:

A continuación, pasaremos a responder cada una de las alegaciones de la actora:

i.

Respecto de la alegación que “Habiendo transcurrido más de 9 años desde el término del programa de magíster, sorpresivamente el la señora nombre reservado fue notificada vía correo electrónico el 13/08/2019 de la Resolución Exenta N° 7975/2019, del PFCHA, mediante la cual se declara el incumplimiento de las obligaciones que impone la beca entregada por la nombre reservado, solicitando la restitución de los fondos entregados en virtud de ella”. Agrega, “Expone que sin perjuicio de las postulaciones a trabajos que realizó desde su regreso a Chile, las puertas del mercado laboral en establecimientos educacionales municipales o particulares subvencionados se le volvió imposible en atención a la escasa cantidad de establecimientos que cuenten con la especialidad de contabilidad ( que se corresponde con su título profesional), así como por la circunstancia de ser una persona de más de 50 años en aquella época”, es posible señalar lo siguiente:

Como se expuso, el artículo 26°, letra d) del aludido Decreto Supremo N°664/2008, y sus modificaciones del Ministerio de Educación, que regula BECAS CHILE, establece que el becario “deberá acreditar su reincorporación laboral en el establecimiento de educación que autorizó la realización de los estudios de magíster, por al menos cuatro años dentro de un periodo de ocho años contados desde su regreso a Chile. Lo anterior, deberá acreditar a la entidad ejecutoras por medio de un contrato o documento vigente que acredite su situación laboral por al menos 22 horas semanales. En caso que el establecimiento de educación no reincorpore al becario, éste podrá reinsertarse laboralmente en cualquier establecimiento municipal o particular subvencionado en las mismas condiciones anteriores”.

Que, resulta claro que, dado que la becaria retornó a Chile con fecha 05 de octubre de 2011, el plazo máximo para cumplir con su obligación de retribución laboral se verificó en el año 2019, fecha en que se cumplieron los 8 años dispuestos en las bases tales efectos, por lo que malamente pudo haber sido declarada en incumplimiento con anterioridad, por lo que la queja de haber trascurrido 9 años tras el término de los estudios resulta improcedente.

Así las cosas, es absolutamente indudable que la normativa concursal dispone que los becarios, una vez que hayan retornado al país, deberán retribuir laboralmente en Chile.

Que la aparente imposibilidad de encontrar trabajo dentro de los 8 años que holgadamente disponen las bases, no son eximentes dispuestos en la normativa concursal.

Que, la única causal eximente de responsabilidad permitida por nuestro ordenamiento jurídico es el caso fortuito o fuerza mayor, el cual nunca fue alegado y de acuerdo a lo establecido en el artículo 1547 del Código Civil, inciso 2° y 3°, el deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa, con todo, la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega.

Tanto las obligaciones de la becaria como la facultad de este Servicio de declarar el incumplimiento de las obligaciones y solicitar la restitución de los fondos se encuentran expresamente contemplada en las bases del concurso, convenio de beca y reglamento de BECAS CHILE, normas conocidas por la becaria en todo momento, por lo que la decisión es completamente ajustada a derecho, es racional y fundada, toda vez que los hechos que fundan son que la becaria no dio cumplimiento íntegro al periodo de retribución laboral exigido en la normativa concursal, hechos no controvertidos por la becaria.

Que, la Corte de Apelaciones de Santiago en el fallo de fecha 23 de julio de 2021, rol 97417-2020, ha respaldado la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y lo determinado por este Servicio, en cuanto a la facultad que se debe ejercer cuando los becarios han incumplido con sus obligaciones de becario, resguardando los recursos públicos, al exigir la restitución de los fondos conferidos a éstos, independiente cuáles sean las justificaciones de los becarios al señalar:

“Cuarto: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbealguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

Quinto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a)

que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b)

que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c)

que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en cuestionar lo resuelto por la Contraloría General de la República en el Oficio N°7250, en el que concluyó: “En consecuencia, ya que existió un incumplimiento por parte del interesado, en el uso de los recursos que le fueron conferidos en el marco de la beca que obtuvo en el año 2009, cabe concluir que no se advierte irregularidad por parte de la nombre reservado, al declarar el citado incumplimiento, y en consecuencia solicitar la restitución de los fondos asignados al señor nombre reservado”.

Séptimo: Que en primer término cabe señalar que por medio de la presente acción cautelar se cuestiona que la Contraloría haya desestimado su pretensión respecto de lo resuelto por la nombre reservado que advirtiendo el incumplimiento de los requisitos otorgados para la beca concedida dispuso la restitución de los fondos que le fueron asignados, reprochando que no existió pronunciamiento sobre la proporcionalidad de la sanción impuesta y su falta de motivación.

Que sin perjuicio de lo que se dirá, si bien el actor discrepa en cuanto a la proporcionalidad de la sanción, lo cierto es, que por esta vía pretende que se deje sin efecto la sanción aplicada, es decir, su petición pasa por la necesidad de declarar que no hubo incumplimiento alguno del actor en cuanto a las exigencias que le imponía la beca que le fue otorgada, lo que desde ya excede con creces los fines de esta acción constitucional .

Octavo: Que para resolver conviene precisar que el señor nombre reservado fue beneficiado con una beca de doctorado para el año 2009 y que transcurrido nueve años de esa fecha no había obtenido el grado académico de doctor dentro del plazo que al efecto prevé la Ley N°20.905, ello provocó que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo –nombre reservado-le requiriera la restitución de los fondos que le fueron otorgados.

La Contraloría General de la República, a propósito del reclamo que formulara el actor concluyó que la decisión de nombre reservado se ajustaba a la legalidad vigente, pues, de acuerdo a las bases concursales podía solicitarse la restitución de la totalidad de los fondos cuando no se haya acreditado la obtención del grado académico dentro del plazo de un año, contado desde el término del período de la beca.

Dentro de ese escenario, y no siendo discutido que el recurrente incumplió los requisitos aplicables en el otorgamiento de la beca que le fue otorgada, y constatando que la sanción aplicada se encontraba dispuesta en las bases respectivas, no resulta ilegal el pronunciamiento del ente contralor que concluyó que no había a su vez ilegalidad en la resolución de nombre reservado.

Noveno: Que además, cabe indicar que la resolución de la Contraloría contiene todos los antecedentes fácticos y legales que justifican su decisión por lo que el deber de fundamentación se encuentra cabalmente cumplido.

Que en la óptica de lo descrito, la circunstancia que la Contraloría pudiera haber modificado o dejado sin efecto la sanción impuesta por una eventual desproporción de la medida, tal pretensión tampoco puede aquí ser atendida, pues implica en los hechos ponderar nuevamente lo resuelto por nombre reservado en el mes de marzo del año 2019, sin perjuicio de lo cual, esta Corte estima que el ente Contralor no incumple la ley cuando constata la legalidad del órgano respectivo, pues, según ya se ha dicho, se configuró la causal que hacen procedente la sanción.

Décimo: Que así, cabe desechar la existencia de un acto ilegal y arbitrario, por lo que se hace innecesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Dicho fallo fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 27 de agosto de 2021, rol 53.149-2021.

Como lo ha manifestado reiteradamente la Contraloría General de la República (ver dictamen 034773/2010), “todo concurso público se rige por los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los participantes, a través de los cuales se pretende reflejar la legalidad y transparencia que debe primar en todos los contratos que celebren los órganos de la Administración, por lo que deben ser respetados sin excepciones, salvo caso fortuito o fuerza mayor que afecte por igual a todos los oferentes, o que en las bases se prevean situaciones especiales que lo permitan (aplica dictámenes N°s. 4.718, de 2000, 42.701, de 2008 y 7.119, de 2009, entre otros)”.

Desde ningún punto de vista podría causar agravio alguno a la actora la restitución de recursos públicos, ya que éstos no fueron utilizados en conformidad a la normativa concursal.

Este Servicio, en razón del principio de juridicidad y del resguardo de los fondos públicos, se encuentra en el imperativo de declarar el incumplimiento de las obligaciones de la beca y solicitar la restitución de la totalidad de los recursos entregados con ocasión del incumplimiento de las normas de las subvenciones otorgadas, en el evento que éstos no hubieran sido utilizados bajo las condiciones en que fueron otorgados, independiente de las razones que esgriman los beneficiarios para justificar su incumplimiento.

El régimen obligacional de las subvenciones entregadas por nuestra institución se sustenta, principalmente, en las bases que regulan los concursos públicos y en los convenios que suscriben los becarios o beneficiarios de un proyecto de investigación. Por tanto, todo interesado al postular al financiamiento otorgado por nombre reservado/nombre reservado conoce las condiciones bajo las cuales se encuentra sujeta la entrega de estos fondos del Estado. Dichos procesos garantizan la igualdad de todos nuestros usuarios y el apego estricto a la normativa concursal.

Debido a lo anterior, nombre reservado/nombre reservado debe hacer cumplir el régimen jurídico constituido, al cual los beneficiarios adhieren libremente al suscribir los convenios, por tanto, ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas este Servicio se encuentra en el imperativo de cumplir con dicha normativa.

Que, la Contraloría General de la República, a través del Dictamen N°39684/2009, ha señalado que “los procedimientos administrativos concursales, destinados a seleccionar a los postulantes a ciertos beneficios económicos, deben someterse estrictamente a las normas que los regulan, de manera de observar el principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, como asimismo deben cautelar el respeto al derecho a la igualdad, reconocido constitucionalmente en el artículo 19, N° 2°, de la Constitución Política”.

Que, en razón del principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, entendiéndose por tal la sujeción a las normas del ordenamiento jurídico, los órganos de la administración del Estado o de quienes cumplen una función pública tienen el poder-deber de respetar el imperio del derecho, evitando la consumación de situaciones antijurídicas.

Así la cosas, esta Agencia se encuentra en el deber de hacer cumplir la normativa del concurso, como asimismo los informes de la Contraloría General de la República, los cuales han señalado expresamente que esta institución debe velar por el resguardo de los fondos públicos, solicitando la restitución de los caudales conferidos en los casos de incumplimiento. El resguardo de los fondos públicos no solamente dice relación con un eventual detrimento pecuniario que pueda sufrir el Estado o un ente público, sino con que el hecho que los recursos sean utilizados en las condiciones dispuestas en la normativa que faculta su otorgamiento, en el caso en comento: verificar que los beneficiarios no poseen incumplimiento con nombre reservado/nombre reservado.

Por tanto, el régimen jurídico les impone a los becarios acreditar el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales le fueron transferidos los recursos, tanto durante el desarrollo de sus estudios, así como a su término, esto es, la obtención del grado académico correspondiente, retornar al país y completar su retribución laboral de manera íntegra en Chile. En conclusión, sólo mediante la acreditación del cumplimiento cabal de las obligaciones de la beca, a través de los medios de verificación idóneos, es posible determinar si se han cumplido cabalmente las obligaciones previstas en la norma.

ii.

Respecto de la alegación “Pues bien, de la lectura de la resolución aparece que la sanción se funda en que el procedimiento administrativo desarrollado por la nombre reservado no ha respetado reglas básicas de un procedimiento administrativo. Lo anterior en parte ocurre porque, a diferencia de lo que ocurre en un procedimiento sancionatorio estándar, nombre reservado actuó de plano al imponer la sanción a través de la Res. Exenta N° 7579/2019 PFCHA, pues no formuló previamente un cargo ni escuchó a la Sra. nombre reservado. Estas omisiones implican un actuar ilegal pues la nombre reservado, a falta de reglas legales procedimentales propias en la Ley N° 21.105, de 2018, que la creó y regula, debe respetar el marco supletorio legal que proporciona la ya citada Ley N° 19.880, de 2003”, por último, señala que “Las notificaciones se practican por correo electrónico, vulnerando la regla del art. 46 de la Ley N° 19.880 que exige utilizar “carta certificada dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en su primera presentación” es del caso señalar lo siguiente :

Es preciso aclarar que el procedimiento llevado en contra de la recurrente, no es un procedimiento de naturaleza sancionatoria. En efecto, en la sanción administrativa su relación con la infracción es puramente arbitraria y no tiene otro fundamento que la norma que anuda la sanción de que se trate a esa concreta infracción. En cambio, en la caducidad y consecuentemente la devolución de la subvención, por incumplimiento de su fin, ella es la consecuencia inmediata de la propia estructura jurídica de la subvención y no una sanción administrativa propiamente dicha1.

Para Alejandro Huergo2, como regla general, es claro que la revocación por incumplimiento no es una sanción. Al contrario: se trata de la respuesta prevista por la norma correspondiente ante el hecho de que, como consecuencia del incumplimiento por el particular de las obligaciones que ha asumido al recibir el acto favorable, éste ya no puede cumplir su finalidad, al haberse desviado de lo previsto cuando fue dictado”.

Por tanto, si existe alguien con algún perjuicio es el Estado, por tanto, claramente el reintegro no puede ser considero como una sanción ni menos una multa, sino como la consecuencia lógica del incumplimiento de las obligaciones y que la subvención debe ser utilizada en los términos previsto para ello.

Por consiguiente, dado que una beca no es una donación del Estado, le es lícito a la Administración exigir a los beneficiarios el cumplimiento de la normativa concursal, en conformidad con el artículo 6° y 7° de Constitución Política de la República.

Como se expuso, dado que no nos encontramos ante un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio, las bases que regulan el concurso no permiten realizar un juicio respecto al elemento subjetivo del tipo como lo sería en el ámbito de las aludidas.

Se hace presente que las resoluciones que declaran un incumplimiento son actos meramente declarativos y no constitutivos de una situación jurídica, por lo que el incumplimiento de las obligaciones de los becarios se verifica con la sola ocurrencia del hecho cuya hipótesis se establece en la norma y no con la dictación de la resolución. Por lo demás, todos los descargos, medios de pruebas y otros, pueden ser presentados en las impugnaciones que se hagan en contra de dicha decisión, lo cual efectivamente el recurrente realizó al presentar un recurso de reposición, acompañando los mismos antecedentes que permitieron declararlo en incumplimiento, los cuales no pudieron desvirtuar la decisión de este Servicio, por lo demás, esta Agencia carece de imperio para exigir directamente a los becarios los montos de restituir, lo cual deberá realizar mediante las acciones que correspondan ante los tribunales de justicia, lo que evidencia que no nos encontramos ante sanciones administrativas ni menos de multas que puedan ser incoadas directamente por la Administración. Por tanto, cualquier controversia solo puede resolverse a través de un juicio de lato conocimiento.

Por otra parte, no corresponde una ponderación respecto de la culpa o dolo del incumplimiento, ya que no estamos ante un procedimiento sancionatorio y porque las bases solo se limitan a señalar que deben cumplirse los presupuestos de hecho para exigir la restitución total de los fondos, sin que le sea lícito a este Servicio graduar la restitución de los fondos ni ponderar los hechos que justificarían el incumplimiento, a menos que se trate de caso fortuito, ni tampoco graduar los montos a restituir entendiendo el número de meses o años en que se encuentre en mora. Señalar lo contrario, además de ser antijurídico, tornaría los plazos impuestos a los becarios para el cumplimiento de las obligaciones como indeterminados, dependiendo de la sola voluntad del deudor su cumplimiento, trascurriendo los plazos de prescripción en desmedro de la Administración.

Tanto las bases como el convenio de beca, disponen un catálogo de las obligaciones que debe seguir la becaria, no siendo ninguna de primer o segundo orden, ni principal ni accesorias, ni distingue entre obligaciones importantes de otras menos importantes, razón por la cual, ante cualquier incumplimiento de la normativa del concurso, no es lícito para este Servicio la ponderación de la gravedad de la falta y graduación de los montos que los becarios deben retribuir.

Así la cosas, esta Agencia se encuentra en el deber de hacer cumplir la normativa del concurso, como asimismo los informes de la Contraloría General de la República, los cuales han señalado expresamente que esta institución debe velar por el resguardo de los fondos públicos, solicitando la restitución de los caudales percibidos por los becarios. El resguardo de los fondos públicos no solamente dice relación con un eventual detrimento pecuniario que pueda sufrir el Estado o un ente público, sino con que el hecho que los recursos sean utilizados en las condiciones dispuestas en la normativa que faculta su otorgamiento.

Que, la beca es una especie de subvención, un auxilio económico excepcional, a través del cual la Administración fomenta actividades que aportan un beneficio directo al beneficiado proporcionándoles ingentes recursos financieros, respecto de los cuales la becaria no se encuentra obligado a realizar una prestación directa a la Administración, sino que debe cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa concursal, las que permiten que se alcancen los objetivos de interés general que se tuvieron presentes al asignar los fondos. Por ello, la naturaleza de esta actividad de fomento, exige la existencia de un régimen obligacional estricto y una actividad rigurosa de control por parte de nuestra institución.

Las becas, que se incluyen dentro del concepto de subvención, no son donaciones, regalos o dádivas del Estado, sino que constituyen la forma en que éste, a través de la actividad de fomento, entrega recursos públicos condicionados al cumplimiento de cada una de las exigencias y obligaciones impuestas, las cuales son conocidas por la becaria en todo momento.

En razón de lo anterior, nombre reservado carece de facultades para modificar el régimen jurídico constituido, el cual los becarios adhieren libremente al suscribir los convenios, por tanto, ante el incumplimiento de las condiciones establecidas para el otorgamiento de los beneficios, este Servicio se encuentra en el imperativo de cumplir con dicha normativa, y solicitar la restitución de los fondos percibidos. El del caso señalar, que el artículo 7°, inciso segundo de la Constitución Política de la República, dispone que “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.

Es del caso aclarar al recurrente, que no estamos en presencia de un contrato civil, sino ante una subvención, la cual corresponde a un acto administrativo unilateral, mediante el cual el beneficiario tiene un derecho subjetivo de recibir el importe de la beca (en este caso), cumpliendo las condiciones de la normativa que la regula. Si bien la becaria concurre a la suscripción de un convenio, este no es más que la aceptación al régimen estatutario contenido en las bases y reglamento.

De lo latamente expuesto, en esta parte del informe requerido, es fácil entonces colegir que no existe acto ilegal alguno en la forma que lo denuncia el recurrente, teniendo en cuenta todas las citas legales y jurisprudenciales que dan cuenta de que este Servicio cuenta con todas las atribuciones para efectuar la declaración de incumplimiento y solicitar el reintegro de los caudales dispuestos al beneficiario en razón de la beca, al verificar la hipótesis que dan lugar a dicha consecuencia jurídica.

Por otra parte, tampoco es dable precisar que dicho acto recurrido es arbitrario puesto que tal como se ha explicado en este informe la forma en la cual se ha ejercido las facultades que el Derecho entrega a este Servicio para cautelar el buen uso de los recursos públicos se han apegado a criterios de razonabilidad y de estudios que difieren de un ejercicio abusivo y caprichoso aquellas, y siendo además proporcionado el obrar de este Servicio, teniendo en cuenta que siempre se ha otorgado la chance al recurrente de participar en el proceso y siempre han sido oídas sus alegaciones, además resulta un imperativo a esta institución seguir la responsabilidad patrimonial de los becarios que incumplen sus obligaciones como tales, por lo que en caso contrario, esto es de no actuar de acuerdo a los lineamientos jurídicos expuestos, sí se estaría cometiendo una arbitrariedad, siendo entonces necesario desechar esta alegación.

Este Servicio tiene el deber de velar por la fe pública que implica el otorgamiento de becas y el cumplimiento de las obligaciones, por lo que no es admisible que los beneficiarios de éstas se valgan de ardid para soslayar el cumplimiento de sus obligaciones, teniendo en cuenta que los recursos que en ellos se invierten son cuantiosos y aportados por todos chilenos, y su no control y la no restitución de fondos por parte de los incumplidores, puede ser cuestionado por la población, ya que el uso de estos dineros puede ser utilizado alternativamente en otras necesidades del país.

Como se señaló precedentemente, no estamos ante un procedimiento administrativo sancionatorio ni tampoco existe un distingo entre obligaciones más importantes que otras en la normativa concursal. La Contraloría General de la República, a propósito, de una becaria que fue declarada en incumplimiento por haber entregado su grado fuera de plazo señaló en el Dictamen N° 57.681/2014 que “…en lo que concierne a la desproporción de las actuaciones reclamadas, es necesario recordar que los dictámenes N°s. 13.915 y 76.133, ambos de 2013, de este Ente de Control, han indicado que en materia de haberes públicos, el Estado y sus organismos deben observar el principio de legalidad del gasto, de forma tal que los desembolsos que se autoricen con cargo a esos caudales tienen que utilizarse bajo las condiciones previstas por la preceptiva que los rige.

Así, en su función de velar por el acatamiento tanto de la normativa que regló el comentado concurso como de la referida máxima, es que frente al incumplimiento de las obligaciones por parte de un becario, compete a esa Comisión iniciar las acciones administrativas y judiciales que el citado marco regulador previó, en resguardo del patrimonio público comprometido en su actuar.

De ello se concluye que las cuestionadas medidas no importan sanciones administrativas sino que corresponden a las consecuencias jurídicas necesarias, establecidas para la infracción de las disposiciones que rigen el otorgamiento de la ayuda financiera de que se trata.”

Que, las propias bases y en particular en el artículo 27° del reglamento disponen que ante un incumplimiento deben solicitarse la restitución de los fondos: ““Las entidades ejecutoras, a través de las acciones judiciales que correspondan o por medio de la ejecución del respectivo pagaré, exigirán a los becarios la restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan sus estudios sin estar autorizados por la entidad ejecutora, abandonen y/o renuncien a su programa de estudios, así como a quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición de becarios/as o hayan adulterado sus antecedentes o informes.”

Así las cosas, no le corresponde a este Servicio el cobro de pagos parciales atendiendo a una supuesta ponderación de la gravedad de las infracciones de los becarios a la normativa concursal. Lisa y llanamente porque esta facultad se encuentra vedada, tanto por que no se encuentra prevista en la norma, tanto porque no existen obligaciones de primer o segundo orden, tanto porque no existe una graduación en la norma sobre los montos que deben restituir los becarios. Establecer graduación en la restitución de los fondos o condonaciones parciales, atendiendo la subjetividad de los fundamentos de los becarios para no cumplir íntegramente con las obligaciones de los becarios sí se debe considerarse arbitraria e ilegal, atentaría el principio de juridicidad e igualdad de los becarios, ya que la mayoría de éstos cumplen cabalmente con lo comprometido incluso por sobre las ventajas económicas y personales que aquello significa.

En el caso específico, no ha dado cumplimiento íntegro a su obligación de retribución laboral, lo cual iría en desmedro de todos los becarios que sí cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones.

El régimen obligacional de las becas entregadas por nuestra institución se sustenta, en las bases que regulan los concursos públicos y en los convenios que suscriben los becarios. Por tanto, todo interesado al postular al financiamiento de sus estudios de postgrado conoce las condiciones bajo las cuales se encuentra sujeta la entrega de estos fondos del Estado. Dichos procesos garantizan la igualdad de todos nuestros becarios y el apego estricto a la normativa concursal.

En razón de lo anterior, nombre reservado/nombre reservado carece de facultades para modificar el régimen jurídico constituido, el cual los becarios adhieren libremente al suscribir los convenios, por tanto, ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas, este Servicio se encuentra en el imperativo de cumplir con dicha normativa, declarar formalmente el incumplimiento y solicitar la restitución de los fondos otorgados en razón de la beca.

Que, el resguardo de los fondos públicos no solamente dice relación con un eventual detrimento del pecuniario que pueda sufrir el Estado o un ente público, sino con que el hecho que los recursos sean utilizados en la forma dispuesta en la normativa que faculta su otorgamiento, incluyendo el régimen obligacional a los cuales se encuentran sujetos los becarios, cuyas cargas deben ser cumplidas en su integridad y bajo los términos que se señalen.

Que, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo íntegramente, la becaria mediante su recurso de reposición pudo acreditar su grado académico, su retorno al país, la permanencia en Chile; sin embargo, hasta la fecha no ha podido acreditar el cumplimiento íntegro de la retribución laboral, prefiriendo la becaria trabajar en la Superintendencia de Educación de la Región de la Araucanía y no en establecimientos educacionales subvencionados.

Somos categóricos en señala que no es posible de manera alguna retribuir por equivalencia de un modo diverso al dispuesto en la normativa concursal, por lo que no es posible considerar el periodo en que desempeñó laboralmente Superintendencia de Educación de la Región de la Araucanía dado que obviamente no corresponde a un establecimiento de educación subvencionado por el Estado, toda vez que la normativa concursal no lo permite. Así lo ha manifestado la Contraloría General de la República en los dictámenes de la N° 362/13 y 434/2018, que ha señalado que la normativa concursal no ha previsto la posibilidad del cumplimiento por equivalencia de las obligaciones de la beca.

Que, las obligaciones de la beca no tienen preeminencia unas sobre otras ni existen principales o accesoria por lo que el incumplimiento de ésta debe ser íntegro y en conformidad con la normativa concursal, razón por la cual, tampoco es posible exigir su cumplimiento por equivalencia. Sobre el particular, la Contraloría General de la República a través del Dictamen N° 18836, del año 2017, respecto de la hipótesis planteada por la requirente determinó “Como se aprecia, de acuerdo con la preceptiva que rige el concurso de que se trata, el becario debe retribuir el financiamiento que el Estado le ha otorgado para solventar sus estudios, mediante su retorno y permanencia en el país en las condiciones antes indicadas, lugar desde donde tendrá que aportar los conocimientos adquiridos durante su perfeccionamiento, tal como lo precisó esta Contraloría General en su dictamen N° 78.820, de 2010.

Luego, y en concordancia con el criterio contenido en los dictámenes N°s. 44.810, de 2012 y 94.503, de 2015, de este origen -relativo a la estricta sujeción a las bases-, no resulta procedente que con posterioridad a la adjudicación del certamen a un beneficiario, y resulta procedente que con posterioridad a la adjudicación del certamen a un beneficiario, y a la conclusión de los estudios que fueron el objeto de la referida ayuda económica, el becario se exima de las obligaciones impuestas por los lineamientos fijados al momento de postular (aplica dictamen N° 42.898, de 2016).

[..] En consecuencia, corresponde que el recurrente cumpla con las obligaciones de retornar y permanecer en el país, en los términos establecidos en el señalado concurso, sin que sea posible omitir esos deberes o reemplazarlos por otros diversos.”

Por último, es del caso señalar que la propia becaria, en su recurso de reposición que se adjunta, solicitó ser notificada por correo electrónico, por lo que resulta improcedente el alegato relativo a la falta de emplazamiento por ese medio.

V.- GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ALEGADAS POR LA REQUIRENTE El recurrente manifiesta que nombre reservado/nombre reservado ha infringido el artículo 19 N° 2° y 24° de la Constitución Política de la República. Al respecto, esta parte estima que no se ha vulnerado precepto legal o norma constitucional alguna, en virtud de lo que a continuación paso a exponer:

Artículo 19 N°2°:

Que, el recurrente ha señalado que se le habría conculcado la garantía constitucional de igualdad ante la ley, sin mencionar fundamento alguno que explique en qué forma dicha garantía su perturbada o amenazada por parte de esta Agencia, razón por la cual su pretensión debe ser rechazada categóricamente.

Solo indica la recurrente que la declaración de incumplimiento sería desproporcionada y carente de razonabilidad.

Respecto de las alegaciones, es del caso señalar que los actos administrativos se encuentran fundados y reproducen todo el razonamiento en sendos considerandos de los mismos, refutando cada una de los argumentos esgrimidos por la becaria, por lo que más que un eventual proceder arbitrario o ilegal de la Administración, se constata el hecho de no resignarse la becaria al proceder legal de este Servicio de solicitarle los fondos percibidos en razón del incumplimiento de las obligaciones de los becarios.

nombre reservado/nombre reservado no ha vulnerado en parte alguna el precepto constitucional aludido, relativo a la igualdad ante la ley y las diferencias arbitrarias, toda vez que esta Agencia, ha dado estricta aplicación a la normativa que reguló la beca a todos sus becarios sin excepción.

A causa del principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, se tiene el poder-deber de respetar el imperio del derecho, consistente, por un lado, en que esta autoridad administrativa debe actuar con sujeción a la normativa concursal y, por otro lado, acatar las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, particularmente en los dictámenes N°14.931/2007 y 9.564/2018.

Es posible señalar de modo categórico que no ha existido variación en el actuar de nombre reservado/nombre reservado, por el contrario, eximir al becario de la restitución de los montos percibidos afectaría la igualdad de los otros becarios, que cumplen con sus obligaciones integrante en tiempo y forma.

Resulta claro el criterio aplicable al caso de la recurrente, de acuerdo a los dictámenes señalados en el párrafo precedente, asentándose el criterio establecido por Contraloría General de la República en el Dictamen N°12.649/2019, el cual dispone:

“[…] En dicho contexto, y tal como se indicó en el citado oficio N°9.788, de 2019, de este origen, aplicando el criterio contenido en el dictamen N°57.681, de 2014, el Estado y sus organismos deben observar el principio de legalidad del gasto, de forma tal que los desembolsos que se autoricen con cargo a esos causales tienen que utilizarse bajo las condiciones previstas por la preceptiva que los rige”.

Alega el recurrente que la solicitud de los fondos en el contexto que expone resulta desproporcionada, sin embargo, omite que sí resultaría arbitrario e ilegal el otorgamiento de eximentes o condonaciones totales o parciales no contempladas en la normativa concursal en desmedro de otros becarios que cumplieron íntegra y oportunamente con sus obligaciones de becario.

Así las cosas, todos becarios de las mismas convocatorias y antes las mismas normas reglamentarias, han sido tratados en condiciones de igualdad y a todos ellos se les han aplicado de forma estricta la normativa concursal. Por lo demás, el recurrente no entrega antecedentes alguno que signifique algún actuar ilegal o arbitrario de parte de este Servicio o que se haya conculcado la garantía establecida en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política del Estado, en el sentido que nombre reservado/nombre reservado haya eximido del cumplimiento de las condiciones señaladas a otros becarios.

Se reitera que el proceso fue llevado a cabo bajo el pleno cumplimiento de la normativa concursal, asimismo, como se indicó la becaria tuvo todas las instancias administrativas para presentar sus descargos los cuales fueron desvirtuados en cada una de las presentaciones realizadas.

En cuando a la cita jurisprudencial de la Excma. Corte Suprema, recaída en causa rol N°92.008-2020, es del caso señalar que ésta se refiere a un caso de un becario que obtuvo tardíamente el grado académico de doctor, en razón de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual sí fue acreditado por el becario, a diferencia de la recurrente que no ha cumplido con su obligación de retribución laboral, y no ha acreditado en ninguna instancia alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor. La becaria no se encuentra frente a este eximente de responsabilidad por lo que dicha jurisprudencia no podría ser aplicable a su caso. Sin embargo, omite deliberadamente la profusa jurisprudencia que sí aplicaría en su caso y que ha sido citada en este informe, la cual permite concluir que se encuentra en incumplimiento y debe restituir los fondos conferidos.

Por lo expuesto, no existe vulneración a la garantía constitucional aludida y el procedimiento fue llevado a cabo respectando las normas concursales y le Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Artículo 19 N° 3, inciso 5°:

Que, el artículo 19, número 3° inciso quinto, dice relación con la garantía constitucional que dispone que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

Que, es obligación de acreditar el cumplimiento de las obligaciones es una carga impuesta a los becarios, y son éstos los que deben presentar los documentos o medios de verificación que den cuenta de ello. Vencidos los plazos, tal como lo reconoce la becaria en su recurso de reposición, no acreditó oportunamente el cumplimiento de sus obligaciones. Tuvo que ser compelido por la nombre reservado y solo en el recurso de reposición acompañó antecedentes del caso, además de ser notificado durante el proceso para complementar sus antecedentes, según se acredita, lo que retardó la decisión final de su caso.

Que, dentro de los antecedentes se adjuntan Acta de Comité que solo tiene por función presentar el caso, sus antecedentes y proponer lo que en derecho corresponda; sin embargo, la decisión final la tiene la nombre reservado mediante la dictación del respetivo acto administrativo.

Sin perjuicio de lo anterior, la declaración de incumplimiento, como se expuso, no constituye un fallo que sea constitutivo de derechos, sino que se limita a constatar los hechos que la Administración ha tenido a la vista, para con ello, presentar la correspondiente acción civil ante los tribunales de justicia, a través de un juicio de lato conocimiento, para exigir la restitución de fondos, careciendo por ello de imperio para coaccionar al becario. Serán la judicatura quién, en definitiva, deberá pronunciarse en definitiva si efectivamente la becaria se encuentra o no en incumplimiento y si debe no reintegrar los recursos conferidos.

Se reitera que el proceso fue llevado a cabo bajo el pleno cumplimiento de la normativa concursal, constituidas por las bases, convenios y reglamento que regularon el concurso, y la becaria tuvo la oportunidad de presentar todos los argumentos y medios de prueba para afianzar su posición. Sin embargo, ni en la presentación de la acción ha podido desvirtuar los hechos que dan cuenta de su incumplimiento.

Por lo expuesto, no existe vulneración a la garantía constitucional aludida y el procedimiento fue llevado a cabo respectando las normas concursales y le Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Artículo 19 N°24°:

La recurrente señala que se habría vulnerado su derecho de propiedad por cuanto la decisión de solicitarle los pagos percibidos tras la finalización de sus estudios, le generará un perjuicio económico y patrimonial en favor del Fisco, sin dar mayores argumentos sobre el particular.

Sobre lo indicado por el recurrente, ésta no es capaz de fundamentar de qué forma el actuar de este Servicio, al declarar el incumplimiento y solicitar la restitución de fondos, podría calificarse de arbitraria o ilegal, y de qué forma ésta haya significado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derecho de propiedad. Esto no lo explica en ninguno de los acápites de su recurso. Sólo se limita señalar que la decisión del Servicio genera una deuda significativa; sin embargo, bajo esa lógica en ninguna oportunidad le sería lícito al Estado recuperar los fondos otorgados incluso en aquellos de infracción a la normativa concursal.

Como se ha señalado, las becas, que se incluyen dentro del concepto de subvención, no son donaciones, regalos o dádivas del Estado, sino que constituyen la forma en que éste, a través de la actividad de fomento, entrega recursos públicos condicionados al cumplimiento de cada una de las exigencias y obligaciones impuestas, las cuales son conocidas por la becaria en todo momento.

Tampoco se admite el cumplimiento de su retribución por equivalencia, tal como lo ha manifestado el citado dictamen de Contraloría General de la República, N° 18836, del año 2017. Es del caso señalar que ninguna de las actividades descritas, no se realizan en un establecimiento educación subvencionado por el Estado, por lo resulta insólito que se pretenda que sean consideradas para efectos de su retribución laboral al país.

Como se ha dicho reiteradamente, el actor sí posee una deuda con este Servicio, ya que incumplió con sus obligaciones de becario, lo que deviene naturalmente en el cobro de todos los recursos transferidos, ya que no cumplió oportuna e íntegramente con sus obligaciones de becario. La solicitud de restitución se funda en las normas concursales, el resguardo de los fondos públicos y la legalidad del gasto.

Como se dijo la beca no es una donación, y su otorgamiento se encuentra condicionado al cumplimiento de exigencias previstas en las normas que la regulan, conocidas por los becarios en todo momento, a las cuales adhirieron libremente al postular al certamen y al suscribir los convenios de beca.

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, y ahora nombre reservado, en su calidad de continuadora legal, por más de 50 años ha fomentado la formación de capital humano y el fortalecimiento de la base científica y tecnológica del país, respetando siempre el ordenamiento jurídico vigente y teniendo una política consistente a lo largo de su historia.

Todo interesado al postular al financiamiento de sus estudios de postgrado conoce las condiciones bajo las cuales se encuentra sujeta la entrega de estos fondos del Estado no pudiendo desconocer sus términos, conocimiento que se presume en conformidad con el artículo 8° del Código Civil.

Por otra parte, la ley que regula a este Servicio no establece facultades para que esta Agencia pueda condonar deudas; sin perjuicio de lo anterior, la deudora podrá suscribir convenios de pago en cuotas con esta parte por el total del monto percibido, por autorizarlo así la Contraloría General de la República, en su Dictamen N° 20236/2014.

Por lo tanto, no ha sido afectado su derecho de propiedad y el actor podrá impugnar lo señalado por la nombre reservado en un juicio de lato conocimiento, dado que este Servicio carece de imperio para exigir la restitución de los fondos directamente al becario.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Antecedentes del caso; 2. Jurisprudencia judicial; 3.

Jurisprudencia administrativa A folio N°12 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección de los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que, el acto que se estima arbitrario e ilegal consiste en la dictación por parte de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de la Resolución Exenta N°1940/2023 de fecha 01 de marzo de 2023, que rechazó el recurso de reposición en contra de Resolución Exenta N°7975/2019 en virtud de la cual la recurrida declaró el incumplimiento de las obligaciones de la beca otorgada al actor y ordenó la restitución total de los fondos conferidos con ocasión de la misma.

TERCERO: Que en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida ello será desestimado, pues el acto terminal contra el cual también se recurre es la Resolución Exenta N° 1940/2023, de fecha 22 de febrero de 2023, notificada a la recurrente el 01 de marzo de 2023, que rechazo el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° 7975/2019, de fecha 09 de agosto de 2019 de nombre reservado, que declaró el incumplimiento de las obligaciones que impone la beca y solicitó la restitución total de los fondos conferidos. Habiéndose interpuesto el recurso el 29 de marzo de 2023 resulta claro, entonces, que aún no había transcurrido el plazo de 30 días para su interposición.

CUARTO: Que en el caso de autos existe discusión acerca de los hechos que habrían motivado un incumplimiento del actor respecto de las obligaciones emanadas del Convenio de Beca suscrito entre éste y la recurrida nombre reservado y por ende, resolver la cuestión debatida, implica interpretar las bases del concurso de beca de magister en el extranjero al que postuló y se adjudicó el recurrente; el contenido de los derechos y obligaciones que de dicho estatuto emanó para los contratantes, pues solo este análisis permitiría esclarecer si el actor dio cumplimiento íntegro a sus obligaciones como becario. Tal debate, no se refiere a un derecho indubitado del recurrente, sino más bien a uno controvertido, y se trata de materias que deben ser resueltas en un procedimiento de lato conocimiento.

QUINTO: Que, por otro lado -como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema- este arbitrio constitucional en ningún caso puede tener por objeto la declaración de derechos en atención a la naturaleza misma de la institución, a las circunstancias procesales en que ella debe desenvolverse y a la finalidad del recurso de protección, cual es la adopción de medidas concretas de seguridad y tutela.

Que lo cierto es entonces que la recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de derechos, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose aquellos indubitados es del parecer que estos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el art culo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que la situación específica de que se trata debe ser dirimida en un juicio de lato conocimiento, pues en dicha instancia las partes pueden exponer sus argumentos y probar los hechos controvertidos. Por consiguiente, no existe medida de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto, debido a que lo pretendido se aparta del marco legal de este recurso.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, lo solicitado por el recurrente excede los márgenes de aplicación de esta acción cautelar, por cuanto no se trata de un conflicto urgente que amerite un pronunciamiento por esta vía excepcional, sin perjuicio de los derechos que las partes puedan hacer valer a través de los procedimientos que la legislación les reconoce para la adecuada discusión de la materia.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Dirección del PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO (PFCHA) de la AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (nombre reservado).

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Abogado Integrante Claudia Lecerf Henríquez.

Rol Proteccion N°805-2023(ela)