nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL

C.A. de Temuco Temuco, veintidós de julio de dos mil veintiuno.

VISTO:

A folio N°1-2021 comparece Manuela Royo Letelier, Abogada, quien interpone acción de protección en favor de las siguientes personas: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado COLÓN, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado; y en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL, representada legalmente por su alcalde don Manuel Salas Trautmann.

Funda su acción en que la Villa Juvencio Valle fue fundada el 13 de febrero del 2000, se ubica en el sector rural camino al Lof Rulo-Cardal, al ubicado al sur de Villa Almagro, en la Comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía.

En el año 2007 a raíz de una urbanización que se realiza en Villa Almagro y comprende camino rural Rulo-Cardal, se construye la Planta de Aguas Servidas, Planta De Tratamiento de Aguas Almagro, de propiedad de la Municipalidad de Nueva Imperial, proyectada para 1400 habitantes, que se construyó a menos de 30 metros de las viviendas de la Villa.

Indica que desde el funcionamiento de esta construcción, la planta de tratamiento emana fuerte olor a excremento, deteriorando gravemente la calidad de vida de las y los vecinos de la villa, debido a los malos olores constantes, la presencia de moscas en los hogares.

Las familias que habitan la Villa, se han visto obligadas a convivir con el mal olor cotidianamente, durante todo este trascurso han sido innumerables las veces que han acudido a la Municipalidad de Nueva Imperial, al Consejo Regional, sin embargo los malos olores se mantienen a la fecha.

Refiere que la intensidad de los malos olores es tal, que en dependencias de la sede vecinal funcionaba un jardín y sala cuna Junji, la cual fue cerrada, a consecuencia que los niños enfermaban y no podían estar al interior por la cercanía de la planta de tratamiento que se encuentra a menos de 30 metros, lo cual causó un grave perjuicio para las familias, muchas madres debieron renunciar a sus únicos ingresos para estar al cuidado de los pequeños, trayendo aún más problemas económicos, los niños en la villa deben comer, jugar y crecer en un entorno insalubre, las plagas de ratas y moscas ya son insostenibles.

Sostiene que estas situaciones han afectado la calidad de vida de las familias de la Villa Juvencio Valle, quienes también perdieron el derecho a recrearse, ya que junto con la intervención y construcción de la planta el Municipio comenzó una extracción indiscriminada de árido sin un plan o autorización para esto frente de la villa, en conjunto con los inaguantables olores que se siente cada día y a toda hora.

Agrega que los vecinos además denuncian que el conducto que desagua en el rio proveniente de la planta ha permanecido en malas condiciones, derramando liquido amarillento que da cuenta del mal manejo del tratamiento de la Planta servidora, provocando que en varias instancias los niños, adultos mayores y jóvenes fueron víctimas de alergias dérmicas, granos en mano y labios, dolores estomacales, ardor en los ojos y una seria de enfermedades, situación hace que hoy los y las habitantes de la Villa vean amenazados sus derechos constitucionalmente resguardados.

Señala que el contexto relatado anteriormente, permite establecer que los sucesivos episodios de emanaciones de gases y malos olores que afectan a los y las recurrentes, su permanente reiteración durante los últimos 12 años, al menos hasta el último evento documentado ocurrido el 20 de enero del 2021, fecha en que se realizó la última fiscalización por parte de la SEREMI de Salud de la Araucanía.

En el procedimiento sobre acta de fiscalización folio 57829, del 20 de enero del 2021, realizada por los funcionarios nombre reservado y Leonardo B. de la SEREMI de Salud de la Araucanía, que da cuenta de la inspección de la Planta de Tratamiento ubicada en el Camino Rural Público Rulo s/n, propiedad de la Municipalidad de Nueva Imperial, en que consta la fiscalización por denuncia de malos olores, constan las siguientes irregularidades:

a)

Se constata que tubería que desemboca en el río presenta fisura en parte de su estructura, por el cual fluyen antes de su desembocadura b)

Se constata la carencia de un foco destinado al proceso de desinfección ultravioleta c)

No cuentan con registros de análisis fisicoquímicos y registros biológicos actualizados, siendo el último con fecha 31-01-2020 con altos niveles de coliformes fecales d)

Se constata la inexistencia de un medidor de caudal en salida de canal de desinfección e)

Se constata la existencia de dos piscinas de acumulador de lodo una en su 95% de su capacidad, y la otra en un 50% de su capacidad máxima, en estado semiseco.

Toda esta serie de irregularidades son constitutivas de incumplimiento de la norma chilena N° 1333/78, y de la infracción al Código Sanitario 725/67, D.S 90.

Indica que para abordar la problemática descrita se han constituido numerosas mesas de trabajo entre los distintos actores involucrados, cuyos resultados han sido infructuosos si se considera la permanente repetición de las emanaciones tóxicas de gases.

La reiteración de los eventos en el tiempo torna en evidente que a la fecha solo se han adoptado medidas paliativas, sin regularizar adecuadamente el funcionamiento de la planta de tratamiento.

Señala que las solicitudes por parte de los vecinos y vecinas han sido innumerables, sin embargo, la falta de información clara y precisa sobre el origen de los mismos, se producen como resultado de omisiones de las obligaciones que recaen en la autoridad recurrida en orden a prevenir episodios como los vividos durante todo el tiempo señalado por la comunidad de la Villa Juvencio Valle.

A su vez, estas omisiones privan, perturban y amenazan los derechos constitucionales a la vida y la integridad física, la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, todos establecidos en los art. 19 N° 1,19 N° 2, 19 N° 8 de la Constitución Política del Estado.

Refiere que tanto la amenaza como la privación de los derechos de las y los vecinos de la Villa Juvencio Valle subsisten en la actualidad, debido a que las personas afectadas por las emanaciones de gases tóxicos y malos olores permanecen expuestos a los efectos perniciosos de los mismos, determinados por el actuar omisivo de las autoridades recurridas que posibilita que las fugas de gases sean permanentes en el tiempo.

En este sentido, resulta aplicable al presente caso la Doctrina De Los Efectos Permanentes De Los Actos Contaminantes, la que determina la renovación continua del plazo para recurrir de protección.

Agrega que respecto de que los actos contaminantes constituyen una afectación medioambiental permanente en el tiempo, se ha pronunciado reiteradamente la jurisprudencia, señalando: "Que, tal como lo ha dicho reiteradamente la jurisprudencia de nuestros tribunales, respecto a la extemporaneidad y falta de oportunidad del recurso de protección, mientras subyace de cualquier modo el estado de contaminación, que es de efectos permanentes en el tiempo por el daño que se denuncia, y que se prolongan, al menos hasta la fecha en que se dedujo el presente recurso, la acción de protección no precluye mientras los efectos contaminantes continúen produciéndose, de manera tal que la acción que se conoce no puede considerarse extemporánea".

Señala que respecto de las omisiones que se adjudican a las instituciones recurridas, resulta necesario esclarecer la normativa que regula el actuar de la Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial, y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, lo que permitirá dilucidar el estándar de actuación de la recurrida.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, de 1990, a la Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial, le corresponde en el ámbito de su territorio, desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con b) la protección a la salud pública y el medio ambiente.

"Las Municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con:

b) La salud pública y la protección del medio ambiente".

Por su parte la Dirección de Desarrollo Comunitario, de acuerdo a lo señalado en el artículo 22, literal c), en relación a la protección del medio ambiente y a la protección de la salud, debe proponer y ejecutar, medidas tendientes a materializar acciones en dichos ámbitos, cuestiones que evidentemente no se han realizado de manera eficiente en el caso materia de autos.

Del mismo modo, la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, de acuerdo a lo señalado por el Artículo 25, tiene como deberes en relación con el medio ambiente, entre otras proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con medio ambiente; aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia, y elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental.

Agrega que el artículo 5 de la norma indica que también podrán colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro de los límites comunales. Lo que se traduce en que debe poner, al menos, en conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente o de Servicios Sanitarios, las denuncias que haya tenido conocimiento en el ámbito de sus funciones legales, cuestión que debería haber desarrollado en cada uno de los eventos que se han sucedido en la comuna, y sobre todo aquellos que han afectado principalmente a niñas y niños de la Villa.

Afirma que la omisión ilegal de los recurridos ha generado una privación, perturbación o amenaza del derecho a la vida y la integridad física y síquica de los habitantes de la Villa Juvencio Valle afectados por las emanaciones de gases tóxicos y malos olores.

La Constitución Política del Estado establece en el artículo 19 N° 1 que se asegura a todas las personas "el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona". Esta garantía se extiende más allá de la protección de la vida en un sentido estricto, y comprende la totalidad (integridad) de los aspectos que la constituyen. La integridad personal constituye un derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y al sano desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. El derecho a la vida e integridad constituye una pieza fundamental de respeto y obligaciones para el Estado, pues es el derecho que permite la titularidad, exigencia y cumplimiento de todos los demás derechos.

Indica que el derecho a la vida exige, por una parte, que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente, pues ello constituiría la privación de la existencia misma de la persona y de sus posibilidades de acceder al resto de las condiciones que la hacen plenamente humana, pero además implica que el Estado debe asegurar aquellas condiciones básicas que permitan el surgimiento y desarrollo de la vida.

Es necesario señalar que tanto el derecho a la vida como el derecho a la integridad personal se encuentran protegidos también por los artículos 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos respectivamente (CADH).

Por su parte la integridad personal se encuentra protegida por el artículo 5° de la CADH que en su numeral primero señala: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral". La consagración de la integridad como un derecho en la Convención, "alude a la cualidad de todo individuo de ser merecedor de respeto, sin que nadie pueda, en principio, interferir con él o con sus decisiones respecto de él, sugiriendo, de este modo, que el individuo es el dueño de sí mismo, tiene autonomía personal, y, por lo tanto, está facultado para decidir a su respecto, sin que el Estado tenga, en principio, la facultad de impedírselo".

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, ha señalado, respecto de la relación del derecho a la integridad y medio ambiente, que: "Los Estados partes deben tomar ciertas medidas positivas para salvaguardar la vida y la integridad física. La contaminación ambiental grave puede presentar una amenaza a la vida y la salud del ser humano, y en su debido caso puede dar lugar a la obligación del Estado de tomar medidas razonables para evitar dicho riesgo, o las medidas necesarias para responder cuando las personas han sido lesionadas".

Refiere que se ha entendido una vinculación especial entre el derecho a la vida y la integridad física y síquica y el derecho a un medioambiente libre de contaminación. Al respecto, y para graficar esta noción, desde un punto de vista semántico cuando el constituyente dice derecho a vivir, se está refiriendo a la vida o humanidad en movimiento, a que tenga esa existencia o persona detente unas determinadas condiciones o substancias que le confieren una cualidad (podrá ser una vida digna, libre, saludable, educada, en un medio ambiente incontaminado, etc.).

En este sentido, el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política aporta un importante calificativo al derecho a la vida: implica una vida en un medioambiente sano o libre de contaminación. Y ello, resulta de toda lógica, por cuanto todos los derechos de la persona derivan de su calidad humana y dignidad, y de esta forma, el constituyente consideró necesario que para que la vida de la persona sea lo más digna posible, el que ella se desenvuelva en un medioambiente libre de contaminación. No existe, por ende, una vida digna sin este requisito. Teniendo presente lo anterior, la vulneración al derecho a la vida de los afectados en este caso es clara, por cuanto, los y las habitantes de la Villa Juvencio Valle han visto como durante años, su calidad de vida ha sido mancillada constantemente, de manera notoria y recurrente.

Sostiene que la omisión ilegal de los recurridos ha generado una privación, perturbación o amenaza del derecho a la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. De lo que se trata, precisamente, es que los iguales sean tratados iguales, y los desiguales, en forma desigual. Este derecho se ve afectado por las permanentes emanaciones de gases y malos olores de la Planta de Tratamiento, por cuanto en la comuna, solamente quienes deben soportar esta carga adicional de sufrir emanaciones. En el mismo sentido, esta carga adicional es soportada por los vecinos y vecinas aledaños de la Villa, mientras quienes viven fuera de esos radios no se ven perjudicados a lo menos directamente por dichas emanaciones.

Indica que la omisión ilegal del recurrido ha generado una privación, perturbación o amenaza del derecho a un medio ambiente libre de contaminación.

La Constitución Política de la República establece en su artículo 19 N° 8 que se asegura a todas las personas "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente".

El derecho a un medioambiente libre de contaminación implica necesariamente entender qué se entiende por dicho objeto jurídico. La Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medioambiente ilustra esta materia, como fuera señalado, en su artículo 2, letra m) al sindicarlo, recordemos, como aquél en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquéllos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. En este sentido, en su dimensión subjetiva, este derecho implica el acceso de las personas a un medioambiente con estas características, por lo que cualquier repercusión condenable a una actividad humana que genere alguno de estos efectos (riesgo a la salud de las personas, calidad de vida de la población, preservación de la naturaleza o conservación del patrimonio ambiental), implica una afectación para aquellas personas que se ven expuestos a estos factores de detrimento medio ambiental.

Por otro lado, es necesario señalar que, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el derecho a un medio ambiente sano se encuentra consagrado en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, el cual señala que "Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos". Al respecto, el derecho a un medio ambiente sano, libre de contaminación, se ha entendido como un derecho con una dimensión individual y otra colectiva. En este sentido, la Corte IDH ha señalado que "El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad".

Finalmente, se debe reiterar la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos por lo que las condiciones en que se encuentra el medio ambiente tienen un impacto directo respecto del disfrute del resto de los derechos humanos, en particular, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. En este sentido la contaminación ambiental, se constituye como un factor de riesgo, respecto del cual el Estado tiene obligaciones específicas para evitar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas.

Indica que es posible vislumbrar nítidamente la afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación mediante las omisiones atribuibles a las autoridades recurridas, en tanto su falta de actuación ante una situación que podía constituir una amenaza al medioambiente provocó, y seguramente seguirá provocando las emanaciones de gases insistentemente relatadas en el presente escrito, con posibles efectos conocidos y desconocidos para la salud de las personas.

1. El deber del Estado: velar por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y tutelar la naturaleza.

El numeral octavo inciso segundo del artículo 19 de la Constitución Política de la República establece la obligación de garantizar la protección del medio ambiente, otorgando una facultad al legislador para restringir el ejercicio de determinados derechos o libertades. Al respecto, resulta ilustrador citar la historia de la Carta Fundamental, en el apartado en donde el jurista nombre reservado razonó: "si el bien común consiste en proporcionar a todos los habitantes -personas naturales o morales- las condiciones necesarias para su integral desarrollo humano, es un aspecto integrante, básico y genérico del mismo aquello de que el Estado deba asegurar a los habitantes, precisamente, un ambiente libre de toda contaminación, velar porque ese derecho no sea afectado y tutelarla preservación de los recursos naturales".

En efecto, el art. 19 N° 8 de la CPR no se limita al simple reconocimiento de un derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que establece expresamente deberes genéricos de protección ambiental que deben ser materializados a través de las actividades de los poderes del Estado. A mayor abundamiento, se ha señalado que "la obligación del Estado debe ser extendida a todos sus órganos en el área de sus respectivas competencias. Asimismo, el objeto de la protección es variado; de esta forma, que al Estado le corresponda velar que el derecho no sea afectado supone que éste no sea afectado de modo efectivo, "que no se produzca una privación o perturbación del mismo". Sin embargo, el deber del Estado, en materia de protección del medio ambiente, no se agota con la prevención de las acciones concretas, sino que también se extiende a las "situaciones omisivas y a las meras situaciones de riesgo y amenaza".

En este caso concreto, esta parte afirma que el Estado chileno en su conjunto (como corresponde analizarlo desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos), y a través de los organismos técnicos recurridos (analizado desde el punto de vista del ordenamiento jurídico nacional), no ha actuado con la debida diligencia que sus obligaciones de respeto y garantía le exige, frente a los hechos ventilados en lo principal de esta acción.

En tal sentido, y tal como lo señala el art. 3o y 5o de la Ley Orgánica Constitucional General de Bases de la Administración del Estado, por medio de la observación del principio de coordinación, propendiendo a la unidad de acción, pero principalmente para servir a la persona humana. De tal manera, ante esta situación de vulneración de garantías fundamentales, es el Estado el encargado de desplegar el abanico de facultades y acciones positivas, que tiendan a solucionar definitivamente la crisis ambiental que se vive en la ciudad de Copiapó, coordinándolos esfuerzos de los distintos servicios competentes en la materia, lo que se ha visto manifiestamente incumplido.

A mayor abundamiento, el actuar de las autoridades recurridas, refleja nulo respeto a los principios internacionales que permean nuestro ordenamiento jurídico, específicamente el principio preventivo y precautorio, en el siguiente sentido:

a. Principio preventivo Este principio se traduce en la obligación de prevenir el daño al medio ambiente, o de reducir, limitar o controlar las actividades que pueden causar daño. Su reconocimiento se puede desprender del mensaje presidencial de la Ley N° 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente, donde se señala que "mediante este principio, se pretende evitar que se produzcan los problemas ambientales. No es posible continuar con la gestión ambiental que ha primado en nuestro país, en la cual se intentaba superar los problemas ambientales una vez producidos (...)" A nivel de los tratados y declaraciones en materia ambiental reconocidos a nivel internacional, la Declaración de Río establece en su Principio N° 11 que "Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican".

Indica que el principio preventivo se traduce, entonces, en la obligación de tomar acciones en una etapa temprana, antes que se produzca el daño, deterioro o menoscabo al medio ambiente; bajo este principio, un Estado se ve obligado a prevenir daños ambientales dentro del ámbito de su jurisdicción. Asimismo, y en relación directa con la presente situación, el Principio N° 13 del mismo instrumento internacional señala que: "Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de sujurisdicción".

Por otro lado, la Corte IDH -consultada respecto de las obligaciones derivadas del respeto y garantía de los derechos a la vida e integridad personal en el contexto de la protección del medioambiente- ha señalado que los Estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, y con este propósito, deben regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medioambiente: realizar estudios de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño significativo al medio ambiente; establecer un plan de contingencia, a efecto de tener medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la posibilidad de grandes accidentes ambientales, y mitigar el daño ambiental significativo que se hubiere producido, aun cuando hubiera ocurrido a pesar de acciones preventivas del Estado.

b. Principio precautorio Respecto de este principio, su concepción más reconocida es aquella acuñada a partir del artículo 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, de 1992, que establece: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".

De esta definición, la doctrina ha extraído tres elementos esenciales de este principio, que se resumen en la presencia de una amenaza o daño al medio ambiente o la salud humana, sumado a la incertidumbre científica o falta de certeza respecto de la posibilidad del daño, de la relación de causa a efecto entre el riesgo y el daño, o bien su grado de seriedad o irreversibilidad. Como resultado de estas dos situaciones, el tercer elemento viene a ser la acción precautoria, definida por la doctrina estableciendo que "la esencia del principio precautorio es que entrega una razón para tomar medidas preventivas en contra de una actividad en ausencia de certeza científica, antes de continuar la práctica sospechosa, mientras está bajo estudio o sin estudio".

Al respecto, resulta relevante al presente caso la aplicación del principio precautorio, en cuanto a que, en lo que concierne a eventuales efectos adversos sobre el medioambiente, como en el presente caso, las autoridades deben adoptar todas las medidas que posibiliten la protección del medioambiente, no pudiendo excusarse en la falta de certeza científica de los mismos. Entre ellas, para el caso en comento se traduce en que los organismos recurridos, desde el primer evento de la magnitud de los que hemos relatado, debieron tomar todas y cada una de las medidas que se encuentran dentro del ámbito de sus competencias, para que dichas emanaciones no volvieran a ocurrir.

Pide se adopten las siguientes medidas:

i. Se declare la ilegalidad de las omisiones de la recurrida, que amenazan el derecho de las personas afectadas a la vida e integridad física y síquica, igualdad ante la ley, así como el derecho a un medioambiente libre de contaminación ii. Se declaren infringidos los derechos constitucionales a la vida y la integridad física y síquica, y el derecho a la igual ante ley, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, consagrados en los artículos 19 N° 1,2, 8,10 respectivamente, de la Constitución Política.

iii. Que, como consecuencia de lo anterior, se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos ilegales descritos con antelación respecto de las/los afectadas/os; y se impartan instrucciones a los recurridos, a fin de que tanto sus protocolos de actuación como sus actuaciones se adecúen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos.

iv. Se ordene a la I. Municipalidad de Nueva Imperial que adopte las medidas preventivas, correctivas y de coordinación de los procedimientos, propendiendo a una reacción oportuna y eficaz para evitar los riesgos para la salud de la población, los daños al medioambiente suspendiendo con ello las actividades de la planta de tratamiento de aguas servidas, las que deberán informarse a esta I. Corte.

v. Se ordene por esta I. Corte a la instituciones recurridas para que -dentro de la esfera de sus respectivas atribuciones legales-lleven a cabo de manera coordinada y en el más breve plazo posible una investigación que determine de manera fehaciente el origen y causa de las emanaciones de malos olores que fundamentan esta acción cautelar, con el objetivo de que se lleven a cabo las obras necesarias para evitar su futura ocurrencia, evitando acciones meramente paliativas.

vi. Todo lo anterior, con costas.

A folio N°13-2021 evacua informe la SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANITARIOS, quien solicita el rechazo del recurso, con costas. Indica que la nueva institucionalidad de los Servicios Sanitarios Rurales, establece por medio de la Ley N°20.998 el marco regulatorio para la provisión de los servicios sanitarios de agua potable y saneamiento en las zonas rurales.

Esta nueva institucionalidad entró en vigencia en el mes de noviembre del año 2020, con la dictación del respectivo reglamento.

Conforme con esta normativa, esta Superintendencia debe fiscalizar la calidad de los servicios y fijar las tarifas, lo cual ejecutará con los medios y recursos disponibles, teniendo presente, que hay un organismo estatal encargado de la supervisión operativa, de planificación y financiamiento para este tipo de sistemas. De modo que si bien, este organismo pudiere tomar conocimiento de aspectos deficitarios que afectan la calidad de los servicios, la gestión correspondiente para que estas materias sean solucionadas, de no poder hacerlo por las propias entidades operativas (sistemas rurales), deben ser canalizadas a través de la entidad estatal que supervisa estos servicios.

Señala que en este escenario, la fiscalización de este sector, se está ejecutando de un modo incipiente por este organismo, desde el mes de diciembre del año 2020, habiéndose programado en el curso del año 2021 el refuerzo de los equipos técnicos y la ejecución de procedimientos de fiscalización y catastros de los más de 3000 servicios rurales que hay en el país. En la actualidad, tanto en el ámbito urbano como ahora en el sector rural, busca optimizar al máximo sus recursos, focalizando los esfuerzos en aquellas tareas que presentan los mejores rendimientos desde el punto de vista de su efectividad, se ha debido circunscribir a la verificación ciertas anormalidades denunciadas por los afectados, para hacerlas ver a las demás instituciones que tienen atingencia en la problemática rural (Subdirección de servicios rurales y Autoridad Sanitaria), para lo cual se han realizado diversas reuniones de coordinación y propuestos protocolos de actuación.

Asimismo, se debe agregar que la Ley de Presupuesto 2021 consideró un reforzamiento inicial de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para abordar las tareas de fiscalización de servicios sanitarios rurales. En el caso particular de la Región de La Araucanía, si bien se ha fortalecido la oficina con un fiscalizador, estos recursos no nos permiten cumplir a cabalidad todas las tareas que conllevará la fiscalización de los Sistemas Sanitarios Rurales. Para el año 2021 se tiene considerado además de avanzar en los manuales y catastros, realizar la atención de las denuncias, vale decir de las situaciones específicas que vayan surgiendo, como la que motiva este recurso. Estos conceptos fueron presentados por este Organismo como parte de los antecedentes del proceso de formulación de la Ley de Prepuesto para el año 2021, tanto al Ministerio de Obras Públicas como a la Dirección de Presupuestos y al Congreso Nacional.

Sostiene que esta Superintendencia ha establecido una prioridad de fiscalización para el sistema de tratamiento de aguas servidas del sector Villa Almagro de Nueva Imperial, en la Región de la Araucanía, comprometiéndose a inspeccionar el sistema y efectuar los levantamientos que sean pertinentes y que sean en beneficio de las familias afectadas, en la medida que los recursos y medios estén disponibles, informando además de ello los organismos pertinentes involucrados (Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del MOP). La medida sancionatoria por ahora, no es una alternativa viable, considerando que estos servicios son de alta precariedad y su operación se financia exclusivamente con las tarifas cobradas a sus usuarios, no permitiendo usualmente, generar recursos para ampliaciones o mejoramientos de los sistemas.

Afirma que no existe omisión arbitraria e ilegal de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y de su Oficina Regional, pues teniendo fiscalizadores y recursos insuficientes, se encuentran ejerciendo las atribuciones legales, velando muy especialmente por la comunidad y su bienestar social. Sobre ello, se debe poner en consideración el informe de la Contraloría Regional de la República, PTRA N° 9.043/2019, de fecha 22 de noviembre de 2019, el cual recomienda entre otros, aumentar la dotación para cumplir las labores asociadas a la fiscalización de los sistemas de servicios sanitarios rurales.

A folio N°15-2021 evacua informe la SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE, quien solicita el rechazo del recurso. Indica que en base a información publicada en redes sociales, tomó conocimiento del estado en que se encontraba la PTAS Villa Almagro. Producto de lo anterior, con fecha 9 de febrero de 2021, a través de la resolución exenta OAR N° 07/2021, esta SMA requirió de información a la Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial, respecto de la referida PTAS instruyendo también la forma y el modo de presentación de los antecedentes solicitados y otorgándole un plazo de 10 días hábiles para cumplir con lo requerido. Particularmente, se solicitó la siguiente información:

1. Caudales de diseño: medio diario en Its/seg, m3/día y caudal máximo horario en Its/seg para condición de diseño.

2. Caudales reales de operación actuales: medio diario en Its/seg, m3/día y caudal máximo horario en Its/seg 3.

Población de diseño considerada en el proyecto en habitantes.

4. domicilio reservado a la red de alcantarillado que confluye a la PTAS Villa Almagro.

5. Para descarga a cuerpo receptor superficial (estero, río, etc.), se debe informar las coordenadas georreferenciadas del punto de descarga en coordenadas UTM - Huso 18 individualizando el nombre del cuerpo receptor que recibe la descarga de la planta de tratamiento.

6. Informar si existe caracterización de las aguas servidas crudas (antes de ingresar al sistema de tratamiento), en caso de existir se deberá adjuntar los antecedentes de dicha caracterización y copia de los resultados de la medición efectuada.

7. Indicar si el proyecto cuenta con Resolución de Calificación Ambiental, en caso de ser afirmativo, deberá actualizar, en su calidad de titular de proyecto que cuenta con Resoluciones de Calificación Ambiental, Resolución Exenta W1518 del 26 de diciembre del 2013 de la SMA, que requiere a los titulares la actualización de forma semestral de la información general de los estados de ejecución de los proyectos, identificación de los titulares, entre otros antecedentes. (Mayores detalles revisar el siguiente link: https://srca.sma.gob.cl/)" Señala que con fecha 16 de febrero de 2021, la Seremi de Medio Ambiente de la región de la Araucanía, remitió a la SMA el oficio N° 70568 de la Cámara de Diputados, mediante el cual adjunta solicitud de información del diputado Sebastián Álvarez Ramírez, sobre la PTAS Villa Almagro.

Con fecha 18 de febrero de 2021, mediante ORD. N° 224, la Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial respondió el requerimiento de información recién señalado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia con fecha 19 de febrero de 2021, realizó una inspección ambiental del proyecto PTAS Villa Almagro. Los detalles de la fiscalización se registran en el acta que se acompaña mediante este acto.

Adicionalmente, a través del acta de inspección, se formuló un requerimiento de información a la Municipalidad, los cuales se detallan en el punto 9 de la misma.

Agrega que con fecha 26 de febrero de 2021, a través del oficio N° 244, La Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial, remitió respuesta al requerimiento de información formulado por la SMA mediante el acta de inspección. Sin embargo, dado que la Municipalidad no respondió completamente el requerimiento de información, esta Superintendencia, con fecha 2 de marzo de 2021, reiteró la solicitud a través de la resolución exenta OAR N° 10/2021, en los siguientes términos:

1. "Acciones a implementar para confinar y tratar compuestos sulfhídricos adjuntando cronograma con fecha de inicio y fecha de término, las cuales deben dar cuenta del periodo actual que corresponde al periodo sin lluvias, debiendo tener presente que el problema de malos olores se puede acrecentar bajo el cambio estacional iniciado (verano a otoño) en donde la inversión térmica puede generar eventos intensos de malos olores a baja altura.

2. Planos AS-BU ILTdel alcantarillado de la localidad y planos de la PTAS.

3. Plan de acción para dar cuenta del parámetro de col ¡formes fecales, considerando que el sistema ultravioleta opera con turbiedades que no garantizan la desinfección del efluente vertido al río Cautín.

4. Volúmenes totalizados diarios (en formato Excel) para el período 2019-2021 en (m3/d)

5. Memoria de cálculo de la Planta de tratamiento actualizada, desglosada en cada uno de los procesos con las dimensiones, supuestos y condiciones de diseño para cada etapa, es preciso indicar que esta memoria de cálculo debería ser provista en el proyecto entregado por la empresa a cargo del proyecto y debe ser actualizada si existieron cambios posteriores realizados al proceso".

Indica que con fecha 3 de marzo ingresó a esta Superintendencia denuncia digital, de Marisole nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial, por la contaminación y olores molestos generados por la PTAS de Villa Almagro. Respecto al recurso de protección, cabe hacer presente que la denunciante también es una de las recurrentes.

Mediante ORD. OAR. N° 135/2021, de la SMA, también del 3 de marzo de 2021, se le informó a Marisole nombre reservado que este servicio tomó conocimiento de su denuncia, que fue ingresada a la plataforma digital con el N° 2261 y que fue registrada en el sistema de esta Superintendencia con el ID N° 84-IX-2021.

Con fecha 5 de marzo de 2021, a través del oficio N° 261, La Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial, remitió respuesta al requerimiento de información formulado por la SMA y referido en el numeral 7 del presente oficio.

En base a los antecedentes anteriormente expuestos, esta Superintendencia considera realizar nuevamente una fiscalización ambiental para efectos de confirmar lo informado por la Municipalidad y en definitiva, verificar el cumplimiento del instrumento de carácter ambiental, conforme a las competencias de este servicio.

Refiere que los antecedentes obtenidos aún se encuentran en análisis, para elaborar el correspondiente informe. En caso de que se detecten "no conformidades" o "hallazgos" por posibles incumplimientos a la normativa ambiental aplicable, la División a cargo determinará si procede o no la formulación de cargos a la empresa, iniciando un procedimiento administrativo sancionatorio.

Por lo tanto, debido a que esta es una investigación que se encuentra en curso, los documentos son confidenciales y cualquier forma de publicación de estos, ya sea total o parcial, podría afectar los resultados de esta, por lo que se solicita mantenerlos en reserva.

La reserva de estos documentos se mantendrá hasta que se formulen cargos al titular y se inicie de manera formal un procedimiento administrativo sancionatorio o bien se disponga el archivo de la denuncia según sea el caso, a partir de lo cual, toda la información obtenida en la etapa de investigación pasa a ser de libre acceso público y podrá ser consultada a través del siguiente link: www.snifa.cl.

Señala que conforme dispone el artículo 21 de la ley orgánica de esta Superintendencia, en caso de que por los hechos denunciados se iniciare un procedimiento administrativo sancionatorio, la denunciante tendrá, para todos los efectos legales, la calidad de interesada en el precitado procedimiento.

A folio N°18-2021 evacua informe la recurrida MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL, quien solicita el rechazo del recurso, con costas. Indica que no es efectivo que durante 12 años la planta de tratamiento ubicada en el sector de villa Almagro sea un foco de malos olores, a niveles tales que cause enfermedades alérgicas, sea la causante de cierre de jardín infantil y otros perjuicios de esa envergadura o que altere la calidad de vida de los habitantes del sector en forma permanente y casi ininterrumpida durante todo el tiempo indicado.

Respalda lo anterior el hecho de que no existe reclamo alguno de instituciones educacionales, ni reclamos de vecinos del sector asociados a enfermedades indicando como causa la emanación de olores de la planta. Asimismo, durante todo el periodo no se ha interpuesto acciones judiciales por habitantes del sector que indiquen tener un agravio causado por la planta de tratamiento, existiendo a la fecha solo una denuncia de carácter administrativo ante la autoridad sanitaria, la cual, se encuentra pendiente de resolución, y solo una acción judicial interpuesta por un tercero que no vive en el sector, sino en la ciudad de Temuco y que interpone la acción en favor de terceros (habitantes del sector Juvencio valle).

Señala que la Planta de Tratamiento de Aguas servidas (PTAS) de Villa Almagro cuenta con Resolución Exenta de Autorización Sanitaria N° A24 0007947 otorgada por la Seremi de Salud de la Araucanía con fecha 31 de mayo de 2011, la cual, indica que dicha planta cumple con todos y cada uno de los requisitos de emplazamiento, funcionamiento y operatividad, proyectada con una vida útil hasta el año 2028 y con una proyección de atención de 300 viviendas y 1200 habitantes, según da cuenta la misma autorización sanitaria.

Refiere que la recurrente hace mención a la distancia que existe entre la PTAS y la Villa Juvencio Valle (población afectada), al señalar que "la planta de tratamiento se encuentra a menos de 30 mts.", esta distancia está en pleno cumplimiento de la normativa vigente, ya que, en el año 2004, se modifica las distancias mínimas entre viviendas y PTAS, la que disminuyó de 100 mts. a 20 mts. En este sentido en el año 2008 bajo la Resolución Exenta NQ 4223, de fecha 03 de Abril de 2008, emitida por el Jefe de Departamento de Acción Sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de la Araucanía, en su punto 2.4 estipula la distancia a la cual es permitido instalar dichas plantas.

Sostiene que el hecho de tener una planta de tratamiento no está exento de la emanación de olores, tal como ocurrió en enero de 2021, comenzando la población a manifestar presencia de olores molestos (asociados a compuestos sulfhídricos y nitrogenados), por lo cual se coordinan reuniones con el equipo técnico municipal, en estas reuniones se trabajan lineamientos para mejorar el funcionamiento de la PTAS.

Agrega que el día 20 de Enero del año 2021, producto de la toma que había realizado la población Juvencio Valle a la PTAS, alcanza el pick más alto de olores en el sector, ya que no se dejó ingresar al operario a la planta ni tampoco al camión recolector de lodos ambas tareas esenciales para el buen funcionamiento y eliminación de olores.

Es por lo anterior que se decide realizar intervención electromecánica a los distintos equipos que componen la PTAS las que corresponden a mantenciones preventivas y correctivas, tales como:

• Motoreductor, cambio de aceite, mantención de engranajes.

• Bombas de polímeros, mantención de bombas cambio de mangueras., mantención de motor eléctrico.

• Luces UV, cambio de conectores matrices, cambios de conectores de celdas, reposición de tubos de cuarzo y lámparas UV.

• Mantención de tableros eléctricos, ups de respaldo para activación de grupo electrógeno.

• Instalación de sistema de mitigación de olores, a través de 6 placas de gel.

En relación al efluente de la PTAS, el ducto o emisario de descarga (acusado de estar en mal estado), fue inspeccionado por un agente externo al municipio especializado en obras civiles, quien informó que dicha obra se encuentra en óptimas condiciones de operatividad, no obstante, hace el alcance en cuanto al recubrimiento de hormigón de este emisario que presenta una fisura generada por la exposición a la corriente del río Cautín donde este desagua en periodos de máximo caudal, pero en ningún caso incide en la emanación de los olores sulfhídricos.

Indica que en orden de mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la planta de tratamiento, el Municipio en el mes febrero del presente año, solicito a la empresa DLC Tratamiento de aguas (Diseñadora de la PTAS), realizar una capacitación al operador y a funcionarios del municipio involucrados en el mantenimiento de dicha planta y una evaluación del estado actual de la planta, en la cual (se anexa informe de la empresa DLC):

• Se verificaron estados generales de los equipos.

• Se verificaron estado de los ajustes de proceso de PTAS. Caudales, aireación registros etc.

• Se verificaron si existieron modificaciones al proyecto inicial.

Además se solicitó a la empresa DLC, acompañar de forma remota el proceso de operación de la planta por un mes a contar del día 24 de febrero día de la capacitación hasta el 25 de marzo del presente año.

Refiere que con la visita de la empresa DLC se pudo corroborar que el diseño de la planta de tratamiento cumple con los datos de diseño para 1400 habitantes y que los problemas de olores han sido básicamente por desconocimiento y malas recomendaciones por parte de instituciones externas que se indica en el informe NQ 6 que se acompaña en un otrosí de esta presentación, quienes en las visitas de inspección nos han orientado en el manejo por ejemplo de la velocidad del reactor principalmente, lo cual estaban lejos de ser esa la solución a los malos olores.

Indica que las acciones tomadas en el momento de la visita y el comienzo de la operación en conjunto con la empresa, generaron que en 24 horas la planta dejara de generar malos olores y. a la fecha, la planta sigue en esta condición de buena operación. Dentro de los ajustes se realizó una purga de lodos con camión limpia fosas de manera de regular el reactor biológico.

Señala que la conducta omisiva acusada en el libelo de la contraria no tiene sustento, puesto que desde el primer momento que se inició la problemática desplegó una conducta activa en pos de la solución del problema ocurrido en el periodo de enero - febrero 2021, tomando todas las medias tendientes a subsanar el problema que causó malos olores, teniendo como resultado que en el sector Juvencio Valle y específicamente desde los domicilios de los habitantes de la Villa hace más de un mes no hay olores sulfhídricos ni nitrogenados, demostrando así este municipio que ha actuado con la máxima prontitud que ha sido posible, actuando en todo tiempo dentro de las atribuciones legales.

Indica que la normativa vulnerada por la supuesta conducta omisiva de la municipalidad recurrida es la siguiente:

1) Artículo 19 N° 1: Privación perturbación o amenaza del derecho a la vida y la integridad física y psíquica de los habitantes de la villa Juvencio Valle afectado por emanaciones de gases tóxicos y malos olores.

Señala que la recurrente se limita a exponer en forma general y abstracta en que consiste este derecho fundamental, y a efectuar valoraciones y conjeturas sin acreditar sus dichos, por ejemplo indica en este apartado que existen emanaciones de gases tóxicos sin tener debidamente acreditado la existencia de ellos ni de qué tipo de gas emana de la planta, ya que de las diversas fiscalizaciones realizadas a lo largo de la existencia de la planta de tratamiento nunca se ha detectado una emanación de tal envergadura, y en la práctica esta emanaciones de gases tóxicos no existe. Es comprensible que la recurrente no cuente con el respaldo suficiente dado la especialidad de la materia, los estudios que se requieren para determinarlo y el tiempo que involucra llevarlos a cabo, lo cual, confirma que dada la especialidad de la materia esta no es la vía para poder resolver el conflicto.

No obstante lo anterior, es que en cumplimiento de esta misma garantía constitucional que tanto la Municipalidad de Nueva Imperial como la Seremi de Salud en el ejercicio de las funciones propias hemos desplegado cada una dentro de sus competencias el tomar todas las medidas posibles para atender las necesidades del sector, al nivel que con toda la conducta desplegada ya no existen los olores que se indican en el presente recurso.

Así las cosas, no ha incurrido en contravención a esta norma legal por una conducta omisiva, como lo sostiene la recurrente.

2) Artículo 19 N°2 "... Privación perturbación o amenaza derechos de igualdad ante la ley". Según indica la recurrente esta vulneración se configura con el hecho de que solo los vecinos del sector de Villa Juvencio Valle deben soportar las permanentes emanaciones de gases y malos olores que emanan de la planta de tratamiento, y que el resto de los sectores de imperial no son perjudicados por estas.

Agrega que en cumplimiento de esta misma garantía la Municipalidad de Nueva Imperial en el menor tiempo posible tomó las acciones concretas de eliminar el problema que les aquejaba, y en ningún caso ha tenido una conducta omisiva o despreocupada ante los requerimientos de los vecinos de la Villa.

Indica que la recurrente tampoco demuestra ni respalda como este municipio supuestamente ha transgredido esta garantía limitándose solo a señalar que el solo hecho de producir emanaciones de olores en si es una transgresión a la igualdad ante la ley ya que los otros sectores no les afecta. La igualdad ante la Ley lo cumple, ejerce y aplica en todas sus actuaciones, y en la especie se materializa al buscar encontrar y aplicar la solución al caso concreto a todos los vecinos del sector, sin excepción alguna ni privilegios. Esta entidad no puede asegurar que nunca ocurrirá un problema o que nunca sucederá algún efecto que no sea compatible con los intereses de los ciudadanos, pero sí existe el compromiso con el bien común y entrega equitativa con todos los ciudadanos de la comuna que es atender con la máxima eficiencia, eficacia y prontitud los requerimientos de la ciudanía incluido el caso de autos. Y, en este propósito si se desplegaron acciones, si se tomaron acciones concretas ya descritas precedentemente que solucionaron el problema que aquejaba a todos los vecinos del sector sin ilegalidades ni discriminaciones arbitrarias de ninguna especie.

3) Artículo 19 N°8 "privación perturbación o amenaza del derecho a un medio ambiente libre de contaminación". Señala que el solo hecho de que exista una planta de tratamiento en el sector de Juvencio valle es prueba fehaciente de que esta Municipalidad ha tenido una conducta activa por solucionar problemáticas y prevenir un problema sanitario y de contaminación ambiental y no solo ahora, ya que:

1. De no existir la planta de tratamiento en el sector no contarían con una solución de tratamiento de aguas servidas y alcantarillado, debiendo cada propietario de las viviendas ahí emplazadas proveerse de ellos como lo es la fosa séptica y su respectiva mantención.

2. Por normativa, los comités de Agua Potable Rural, son quienes deben hacerse cargo de las mantenciones de dichas plantas, estando facultados por ley para hacer cobros a los usuarios de ellas para efectuar las mantenciones de las mismas, el cual, existe en el sector pero que hoy no alcanzan sus recursos para hacerse cargo de las mismas.

Teniendo en consideración el municipio que es un sector de bajos recursos económicos, se tomó la medida de instalar una planta de tratamiento de aguas servidas y sistema de alcantarillado, para evitar precisamente una emergencia sanitaria y resguardar la vida, la salud integral de los vecinos del sector, siendo este Municipio el que solicitó, patrocinó y obtuvo todas las autorizaciones sanitarias respectivas para poder instalar dicha planta, tal como da cuenta la Resolución de Autorización Sanitaria que se acompaña en un otro sí de esta presentación.

Refiere que por el mismo motivo precedente, la escases de recursos del sector, este municipio ha asumido durante toda la existencia de la planta de tratamiento todos los costos de mantención, y solo el operador y el pago de los análisis de laboratorio lo realiza el comité del Agua Potable rural del sector.

Afirma que no existe por parte de la Municipalidad de Nueva Imperial una omisión ilegal ni arbitraria al momento de responder a los diversos requerimientos de la ciudadanía, sea en el caso de autos u otro contexto o materia, siempre se ha tratado con principios equitativos, uniformes y en pleno reconocimiento y respeto por todas las garantías constitucionales, con especial atención en la igualdad ante la Ley.

Señala que la conducta del municipio no es contraria a la razón por estar fundado su actuar en informes de carácter técnico, especializado, con estudios de ingeniería civil, ambiental y química además de contar con autorizaciones sanitarias al día, mucho menos es ilegal, ya que, todas las intervenciones que se hacen en la materia son dentro de las facultades y atribuciones que le entrega el legislador en los Art. 4°, 5° y 22 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Sostiene que lejos de tener una conducta omisiva, en todo tiempo ha desplegado una conducta activa, propositiva, en búsqueda del bien común, tendiente a dar respuestas a las diversas necesidades de la comunidad desde que la planta de tratamiento era solo una idea de solución al problema del tratamiento de aguas servidas y alcantarillado, siempre prestos a la colaboración durante todo su funcionamiento, como lo hemos concretado al asumir los costos de mantención de la planta durante todo el tiempo de su funcionamiento y no solo como medida reactiva ante las manifestaciones de los vecinos del sector.

Indica que el recurso interpuesto en su contra carece de todo sustento y respaldo, limitándose la recurrente solo a generalizar que existen normas vulneradas y una conducta omisiva, atribuyendo a la "emanación de olores" perjuicios a la ciudadanía como plagas de ratas en sus casas, enfermedades, cierre de establecimientos, perjuicios económicos, sin hacer un mayor análisis de relación de causalidad y ni siquiera ha acreditado la existencia de tales daños, y extendiendo en el tiempo una problemática más allá de lo que efectivamente ocurrió, tergiversando hechos, anulando las acciones que este municipio ha desplegado desde la puesta en marcha de la planta, y sin haber esperado los resultados de las denuncias efectuadas que aún se encuentran sin resolución.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Resolución exenta N° A24 0007947, de fecha 31 de mayo de 2011; 2.

Resolución Exenta N° 4223 de fecha 03 de Abril de 2008; 3. Informe N° 6 de fecha 25 de Marzo de 2021, emitido por la Ingeniera ambiental nombre reservado; 4. Informe del Ingeniero Químico Ambiental don nombre reservado; y 5.

Evaluación del Estado de la Infraestructura de residuos de la planta de tratamiento de aguas servidas de la localidad de Almagro, comuna de Nueva Imperial, emitido por el Ingeniero Civil don nombre reservado.

A folio N°25-2021 evacuó informe la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD.

Señaló que en el marco del Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas Servidas, realizado anualmente por esta Secretaría Regional Ministerial de Salud, con fecha 05.11.2020 se realizó fiscalización a la PTAS Villa Almagro, visita en la que se verificó que el sistema de desinfección presentaba fallas; de los 4 tubos UV 3 se encontraban en funcionamiento. De los análisis de calidad de agua realizados al efluente, los parámetros BD05, Nitrógeno total Kjeldahl (NTK) y Coliformes fecales sobrepasan los límites establecidos en la normativa vigente y se verificó que no realizaban análisis de calidad de agua del cuerpo receptor de acuerdo a lo establecido en el punto 2.13 de la Resolución Exenta N° A24-7947 del 31.05.2011. Como resultado de la fiscalización se dio inicio a un sumario sanitario. Se adjunta copia de la Resolución N° 2109330, de fecha 07.05.2021, dictada en sumario sanitario N° 209EXP1176.

Agrega que en atención a denuncias de vecinos de la población Juvencio Valle por problemas de olores molestos provenientes de la PTAS Villa Almagro, con fecha 20.01.2021 se realizó una fiscalización constatándose que el ducto que descarga al río presentaba una fisura antes de la disposición del efluente en el cuerpo receptor, se verificó que se mantienen fallas en el sistema de desinfección UV y no contaban con análisis actualizados de autocontrol. Como resultado de la fiscalización se inició un sumario sanitario el que se encuentra en proceso de resolución. Se adjunta copia del Acta de Fiscalización Folio N° 57829. Sumario sanitario N°219EXP99, en tramitación.

Indica que como parte del compromiso de vigilancia de la PTAS, en atención a las denuncias de los vecinos del sector, con fecha 09.02.2021 se realiza una nueva fiscalización, en esta oportunidad se realizó un recorrido por las viviendas aledañas a las instalaciones de la PTAS y se constató la emanación de olores molestos desde la planta hacia las viviendas, a una distancia de aproximadamente 300 mts., por lo que se inició un sumario sanitario por olores molestos. Se adjunta copia del Acta de Fiscalización Folio N° 39675.

Hace presente que, debido a que el sumario sanitario iniciado con fecha 20.01.2021 aún se encontraba en proceso de resolución al momento de la fiscalización realizada el 09.02.2021, ambas actas de sumario serán resueltas a través del sumario sanitario N° 219EXP99.

Finalmente, con fecha 16.02.2021 se elaboró un informe de las condiciones sanitarias de la PTAS Villa Almagro el que fue remitido a la Municipalidad de Nueva Imperial, con el propósito de que las recomendaciones señaladas en el informe sean de utilidad al momento de gestionar el mejoramiento de las condiciones de operación de la PTAS por parte de la municipalidad.

A folio N°28-2021 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que, doña nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado Colón, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado; dedujeron recurso de protección en contra de I. Municipalidad de Nueva Imperial, por la reiterada omisión de evitar la emanación de malos olores procedentes de la Planta De Tratamiento de Aguas Almagro, de propiedad de la Municipalidad de Nueva Imperial, que se construyó a menos de 30 metros de las viviendas de la Villa de los recurrentes, omisión que estiman ilegal y arbitraria y que, según exponen, vulnera las garantías constitucionales a la vida y la integridad física, la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, todos establecidos en los art. 19 N° 1,19 N° 2, 19 N° 8 de la Constitución Política del Estado, por lo que piden ordenar a la recurrida la adopción de las medidas necesarias para garantizar la salud de los actores y, en general, de los habitantes de la comuna de Temuco, con costas.

SEGUNDO: Que, la I. Municipalidad de Nueva Imperial sostiene que no es efectivo que durante 12 años la planta de tratamiento ubicada en el sector de villa Almagro sea un foco de malos olores, a niveles tales que cause enfermedades alérgicas, sea la causante de cierre de jardín infantil y otros perjuicios de esa envergadura o que altere la calidad de vida de los habitantes del sector en forma permanente y casi ininterrumpida durante todo el tiempo indicado. Expresa que no existe reclamo alguno de instituciones educacionales, ni reclamos de vecinos del sector asociados a enfermedades indicando como causa la emanación de olores de la planta. Señala que la Planta de Tratamiento de Aguas servidas (PTAS) de Villa Almagro cuenta con Resolución Exenta de Autorización Sanitaria N° A24 0007947 otorgada por la Seremi de Salud de la Araucanía con fecha 31 de mayo de 2011, la cual, indica que dicha planta cumple con todos y cada uno de los requisitos de emplazamiento, funcionamiento y operatividad, proyectada con una vida útil hasta el año 2028 y con una proyección de atención de 300 viviendas y 1200 habitantes, según da cuenta la misma autorización sanitaria.

TERCERO: Que, la Superintendencia Servicios Sanitarios, señala que ha establecido como una prioridad de fiscalización para el sistema de tratamiento de aguas servidas del sector Villa Almagro de Nueva Imperial, en la Región de la Araucanía, comprometiéndose a inspeccionar el sistema y efectuar los levantamientos que sean pertinentes y que sean en beneficio de las familias afectadas, en la medida que los recursos y medios estén disponibles, informando además de ello los organismos pertinentes involucrados (Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del MOP).

A folio N°15-2021 evacua informe la Superintendencia del Medio Ambiente, quien señala en lo pertinente, que con fecha 19 de febrero de 2021, realizó una inspección ambiental del proyecto PTAS Villa Almagro, en cuya acta se consigna las observaciones, las que solicita se mantengan bajo reserva, por estar pendiente el procedimiento administrativo.

A folio N°25-2021 la Secretaria Regional Ministerial de Salud, indica: a.-) Con fecha 05.11.2020 se realizó fiscalización a la PTAS Villa Almagro, visita en la que se verificó que el sistema de desinfección presentaba fallas; de los 4 tubos UV 3 se encontraban en funcionamiento. De los análisis de calidad de agua realizados al efluente, los parámetros BD05, Nitrógeno total Kjeldahl (NTK) y Coliformes fecales sobrepasan los límites establecidos en la normativa vigente y se verificó que no realizaban análisis de calidad de agua del cuerpo receptor de acuerdo a lo establecido en el punto 2.13 de la Resolución Exenta N° A24-7947 del 31.05.2011. Como resultado de la fiscalización se dio inicio a un sumario sanitario. Se adjunta copia de la Resolución N° 2109330, de fecha 07.05.2021, dictada en sumario sanitario N° 209EXP1176.- b.-) Con fecha 20.01.2021 se realizó una nueva fiscalización constatándose que el ducto que descarga al río presentaba una fisura antes de la disposición del efluente en el cuerpo receptor, se verificó que se mantienen fallas en el sistema de desinfección UV y no contaban con análisis actualizados de autocontrol. Como resultado de la fiscalización se inició un sumario sanitario que se encuentra en proceso de resolución.- c.-) Con fecha 09.02.2021 se realiza una nueva fiscalización, en esta oportunidad se realizó un recorrido por las viviendas aledañas a las instalaciones de la PTAS y se constató la emanación de olores molestos desde la planta hacia las viviendas, a una distancia de aproximadamente 300 mts., por lo que se inició un sumario sanitario por olores molestos.

CUARTO: Que, como se aprecia, es efectivo la existencia de problemas relativos al funcionamiento, gestión y administración de la Planta de Tratamiento de Aguas Almagro, de propiedad de la Municipalidad de Nueva Imperial, que han generado la presencia de malos olores, según se consignó en el basamento que antecede, siendo evidente que la Municipalidad no ha subsanado esta problemática de manera adecuada, circunstancia agravada por encontrarse la misma situada en un sector aledaño al domicilio de los recurrentes y, en general, de los vecinos de Villa Juvencio Valle de la comuna de Nueva Imperial , apareciendo como verosímil el relato descrito en el recurso.

QUINTO: Que, el artículo 4 de la Ley N° 18.695 prescribe que las ‘municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: [...] b) La salud pública y la protección del medio ambiente’”, mientras que la letra i) del mismo artículo las faculta para desarrollar, directamente o en colaboración con otros órganos, funciones relacionadas con la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia.

Por su parte, el artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario oficial de 24 de abril de 2006, asigna a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, entre otras funciones, las de ejecutar las acciones que correspondan para la protección de la salud de la población de los riesgos producidos por el medio ambiente y para la conservación, mejoría y recuperación de los elementos básicos del ambiente que inciden en ella, velando por el debido cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y de los reglamentos, resoluciones e instrucciones sobre la materia, para lo cual se encontrará dotada de todas las facultades y atribuciones que el Código Sanitario y demás normas legales y reglamentarias sanitario-ambientales le confieren; y la de cumplir las acciones de fiscalización y acreditación que señalen la ley y los reglamentos y aquellas que le sean encomendadas por otros organismos públicos del sector salud mediante convenio.

Por otra parte el artículo 85 de la ley 20.998 dispone en su inciso primero que la Superintendencia de Servicios Sanitarios ejercerá las atribuciones y facultades regulatorias y fiscalizadoras respecto de todo operador de un servicio sanitario rural, sin perjuicio de aquéllas que correspondan a la autoridad sanitaria en los ámbitos de su competencia. El inciso tercero agrega que para efectos de su fiscalización, la Superintendencia ejercerá respecto de las entidades fiscalizadas las mismas facultades que le confiere la ley Nº 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en cuanto fuere pertinente.

Finalmente, el artículo 2º del Artículo segundo de la Ley Nº20.417, Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, preceptúa que ‘La Superintendencia del Medio Ambiente tendrá por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley. Los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental, conservarán sus competencias y potestades de fiscalización, en todas aquellas materias e instrumentos que no sean de competencia de la Superintendencia. Los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental, deberán adoptar y respetar todos los criterios que la Superintendencia establezca en relación a la forma de ejecutar las actuaciones de fiscalización, pudiendo solicitar a ésta que se pronuncie al respecto. A su turno, el artículo 3º de la misma ley orgánica contempla, entre las funciones y atribuciones de dicha Superintendencia, ‘Fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas, condiciones y medidas establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental, sobre la base de las inspecciones, controles, mediciones y análisis que se realicen, de conformidad a lo establecido en esta ley” (letra a); así como ‘Fiscalizar el cumplimiento de las demás normas e instrumentos de carácter ambiental, que no estén bajo el control y fiscalización de otros órganos del Estado’ (letra t)”.

SEXTO: Que, ante la permanencia en el tiempo de la situación descrita, se aprecia que la recurrida no ha dado un debido y eficaz cumplimiento a sus obligaciones legales, en su calidad de responsable de la la Planta de Tratamiento de Aguas Almagro, pues no ha adoptado las medidas necesarias para prevenir, mitigar efectivamente y en lo posible eliminar el fenómeno contaminante materia de la acción, , atendida su naturaleza y efectos; lo que permite calificar de arbitrarios e ilegales sus comportamientos en esta materia, y vulneradores del derecho a la integridad psíquica, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a la protección de la salud de los recurrentes.

SEPTIMO: Que, así entonces, el recurso será acogido con el objeto de que la recurrida dé estricto cumplimiento a la normativa que regula la materia, a fin de evitar la reiteración y prolongación en el tiempo del fenómeno contaminante descrito en el recurso, debiendo quedar sometida en dicha acción no sólo a la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de la Superintendencia del Medio Ambiente y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía, organismos públicos que deberán coordinarse entre sí y planificar de manera conjunta las acciones que llevarán a cabo para dichos fines, de modo de lograr verificar con precisión las circunstancias y causas que han ocasionado la pestilencia denunciada y, como resultado de ello, adoptar las medidas adecuadas para mitigar y en lo posible eliminar su producción.

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades sancionatorias que la ley confiere a estos organismos Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Corte sobre la materia, diecisiete de enero de dos mil veinte, y en su lugar SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado Colón, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado en contra de Municipalidad de Nueva imperial y se ordena a esta última adoptar las medidas preventivas, correctivas y de coordinación necesarias para solucionar los problemas de contaminación constatados.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Superintendencia del Medio Ambiente y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán coordinarse en el término de 90 días, a fin de cautelar el estricto cumplimiento de lo ordenado a la Ilustré Municipalidad de Nueva imperial, y superar el fenómeno contaminante materia de autos, debiendo informar oportunamente a la Corte de Apelaciones del cumplimiento de la presente sentencia.

Regístrese.

Redacción a cargo del abogado integrante Roberto David Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-805-2021 (pvb).