nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, veintiocho de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS A folio 1 comparece don HECTOR CAMPOS MALDONADO, abogado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce un recurso de protección en contra de don nombre reservado, Alcalde de la Comuna de Temuco, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de don nombre reservado, Juez del Juzgado de Cobranza de Temuco, domiciliado en domicilio reservado, quien en la causa caratulada “AFP CAPITAL S.A. CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, juicio ejecutivo previsional, Ruc P 1729-2024, dictó con fecha 25 de noviembre de 2024, la resolución que se indica, por la cual acogió una objeción de la liquidación del crédito realizado por el Tribunal, e impugnada por la ejecutada y recurrida Municipalidad de Temuco.

La resolución señala lo siguiente:

Temuco, veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conforme lo obrado en autos, se resuelve la objeción de liquidación planteada por la parte ejecutada en autos con fecha 10 de octubre de 2024.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que don Randolph Brown Riquelme, abogado, RUT RUT reservado, en su calidad de mandatario judicial de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, nombre reservado, representada por su alcalde, don Roberto Neira Aburto, todos con domicilio en domicilio reservado, en autos caratulados “A.F.P. CAPITAL S.A. con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, RIT P- 1729-2024, dentro del plazo legal, presenta objeción a la liquidación del crédito practicada en estos autos con fecha 10 de octubre del presente año, notificada con la misma fecha. El monto contenido en el mandamiento de ejecución y embargo proviene de la solicitud de la parte ejecutante, quien demandó por una suma de dinero específica. Condenación al Pago de Cotizaciones La liquidación del crédito que se objeta mediante esta presentación, cuyo monto es de $736.811.171.-, incluye el pago de cotizaciones sin especificar ni distinguir concepto alguno, ni los montos correspondientes a cada período. Además, dichos montos no fueron objeto de la controversia, pues dar más de lo pedido, es normalmente, desaprobado por el legislador y nuestros Tribunales. En la especie, el mandamiento de ejecución y embargo ordenó el pago de la suma de $32.445.814.-, más reajustes, intereses, recargos y costas, con fecha 06 de mayo de 2024. A mayor abundamiento, los intereses generados se calculan desde la fecha en que las cotizaciones eran exigibles, lo cual únicamente ocurrió con la dictación de la sentencia declarativa en donde se condenó a mi representada al pago de dichos conceptos. Ergo, cabe preguntarse ¿Qué fue lo que supuestamente administró la A.F.P. CAPITAL S.A., si con anterioridad a la dictación de la sentencia dichas obligaciones no existían?

La respuesta parecería clara, si se tiene en consideración que el cobro que la liquidación del crédito establece proviene de la capitalización de intereses y demás conceptos, como multas, reajustes, etc. Existe una vez más una clara incoherencia en la liquidación del crédito practicada en estos autos con fecha 10 de octubre del presente de 2024, que por medio de la presentación se objetó, dado que ni la propia ejecutante, exigió el pago de tan desproporcionada obligación. En tal sentido, el propio artículo 2 de la ley 17.322 establece que: “ARTICULO 2° El Jefe de Servicio, el Director Nacional o Gerente General de la respectiva institución de seguridad social, mediante resolución fundada y según corresponda, deberá:

1° Determinar el monto de las cotizaciones adeudadas por los empleadores y que no hubieren sido enteradas oportunamente, incluyendo las que descontaron o debieron descontar de las remuneraciones de los trabajadores;

2° Determinar el monto de los aportes legales que esas personas o cualquiera otra deba efectuar, y que hayan de descontarse de las remuneraciones de sus trabajadores, y 3° Aplicar las multas en que incurran esos empleadores por infracciones de las leyes sobre previsión social”. En razón de lo anterior, es que la propia ley impone la obligación en la ejecutante en determinar el monto de las cotizaciones adeudadas, cuestión que la ejecutante hizo, no obstante, los intereses, reajustes, y demás conceptos que se busca cobrar, pues es la ley la que establece que la obligación es de la institución de seguridad social y no del tribunal, determinar dichos conceptos, reafirmando lo anterior, la naturaleza de título ejecutivo que la misma norma le asigna a las resoluciones que provengan del organismo previsional. Por otra parte, dichos cálculos son objetos de variaciones, de acuerdo a diversos factores, en primer lugar, porque la institución carece de legitimación para ser acreedor de todas las cotizaciones, pues la liquidación no hizo distinción alguna al respecto, lo cual, junto con hacerla errónea, la hace ininteligible. A su turno, que intereses y multas se aplican desde años anteriores a la existencia de la obligación, o dicho de otra forma, qué administró o qué clase de contrato tenía la ejecutante con el afiliado respectivo, que es de donde deriva la presente contienda.

¿Acaso A.F.P. CAPITAL S.A. otorgó alguna prestación? o incluso, es más, administró realmente algo relativo al periodo que contempla la liquidación del crédito, que erróneamente incrementó exponencialmente la supuesta acreencia hacia su representada. Incluso la determinación de las costas se encuentra influenciada por lo establecido en la liquidación, cuestión que dista de la actividad realmente ejecutada por el profesional que patrocina la causa. Sobre todas estas cuestiones, es que solicitamos pronunciamiento y declaración expresa que justifique el cobro que se está efectuando al municipio, y que desde un tiempo a la par, tiene condicionadas las arcas Edilicias, las cuales no contemplaban en el presupuesto anual, el pago de tan cuantiosas sumas que se originan no por el título ejecutivo, no por la sentencia, sino que por la liquidación del crédito que constituye un algoritmo diseñado para el empleador privado, y con las sanciones que el legislador estableció en dicho escenario para la protección de los derechos de los trabajadores. Así como el título ejecutivo, tiene su fuerza proveniente de la ley, y la naturaleza de perfecto no puede cuestionarse de modo alguno, no obstante, en la especie, la liquidación que, por medio de esta presentación, carece del rigor necesario que, si habiendo tenido en consideración las alegaciones antes dichas, hubiera determinado, haciéndolo un instrumento indubitado. Así las cosas, se solicita tener por objetada la liquidación del crédito, y en definitiva, previos tramites de rigor, se sirva tenerla por objetada en los temimos señalados, dictando una nueva que, considere todos y cada uno de los aspectos señalados precedentemente, es decir, se emita no solo una liquidación, sino un pronunciamiento y declaración expresa que justifique el cobro que se está efectuando al municipio. No obstante, lo anterior, para que se dé lugar al pago de intereses penales, reajustes y multas es necesario que previamente haya habido el incumplimiento de una obligación, que es justamente lo que se sanciona con la imposición de intereses, reajustes y multas, pero en una fecha distinta a la señalada en el artículo 19 del D.L. 3.500. Ello ocurre porque la obligación de pago no nace en el plazo señalado en dicho artículo, sino que cuando una sentencia judicial, firme y ejecutoriada, ordena el pago de cotizaciones de seguridad social. En efecto, existe en estos supuestos un manto de legalidad que regulaba la relación contractual entre las partes que impedía a la demandada realizar el pago de dichas cotizaciones, incluso de haberlo querido” es decir, este municipio estaba impedido de poder pagar las cotizaciones previsionales, aun de haberlo querido. De este modo, dado a que la obligación de pago sólo nace con una sentencia firme y ejecutoriada que así lo ordena, es imposible cumplir con el “pago oportuno” del artículo 19 del D.L. 3.500, esto es, dentro de los 10 o 13 primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones pues, en esas fechas, la relación habida entre las partes era civil, producto de lo cual existía prohibición expresa de pago de cotizaciones previsionales para esta Municipalidad, respecto de la demandante y, a la vez, prohibición expresa para A.F.P. HABITAT S.A. de demandar el pago de cotizaciones previsionales respecto de dicho trabajador. Pese a lo anterior, se ha señalado que la sentencia que ordena el pago de cotizaciones es declarativa y, por tanto, con ello el incumplimiento se da por hecho, así como la aplicación de intereses, reajustes y multas desde la fecha en que se “Debió” haber efectuado el pago, esto es, dentro de los 10 o 13 primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones. Y es aquí donde entra un elemento que con anterioridad no ha sido tomado en consideración por este Tribunal, y es que el ARTÍCULO 7° de la LEY 17.322 señala que las sentencias que se dicten en estos juicios contendrán, además de las menciones comunes a las sentencias emitidas en los juicios ejecutivos, la orden de liquidar por el secretario del tribunal las cotizaciones y los intereses devengados desde que el deudor incurrió en mora y hasta la fecha del fallo. Es decir, aun cuando se afirme que la sentencia es declarativa para los organismos públicos, tanto respecto de la declaración de existencia de relación laboral como respecto del pago de cotizaciones previsionales, los intereses devengados sólo comienzan a contabilizarse desde que el deudor se encuentra en Mora. De este modo, para imponer las sanciones establecidas en el artículo 19 del D.L. 3.500, no sólo es necesario el simple retardo, sino que, además, debe existir dolo o culpa en el retardo. En efecto, si bien la mora del deudor sobreviene cuando no se cumple la obligación a su debido tiempo, no todo retardo en el cumplimiento de la obligación constituye en mora al deudor, éste debe obedecer a dolo o a culpa, o sea, a causas que le son imputables. Es por ello que, previo a iniciar las acciones judiciales pertinentes, los organismos previsionales se comunican previamente con el empleador a quienes piden aclarar esas “deudas presuntas” que en muchos casos se deben a que: el trabajador estuvo con licencia médica, se le desvinculó previamente, etc. Es decir, no sólo el simple retardo implica la mora del empleador, sino que, además, debe existir al menos culpa de su parte. Así, además, puede observarse de la historia de la Ley 17.322, en la que, en todo momento se hace referencia a las sanciones a imponer a aquél empleador que, de mala fe, no da cumplimiento a su obligación legal de retener y pagar. cuando se trata de organismo públicos, el pago oportuno de cotizaciones no se puede regir por los plazos señalados en el artículo 19 del D.L. 3.500, sino que habrá que calcular, tanto el reajuste como el interés penal a aplicar, desde el día siguiente a aquél en que se certificó que la sentencia declarativa se encontraba firme y ejecutoriada. Entender lo contrario sería imponer a la Municipalidad de Temuco una sanción absolutamente abusiva por los reajustes y, especialmente, los intereses penales exacerbados que se cobran, lo que produce que, con ocasión de los retiros del 10% de las cotizaciones previsionales, implican en la especie, obtener una indemnización adicional a las obtenidas en el respectivo juicio que provoca un abuso contra el erario municipal dada la aplicación de sanciones pese a existir prohibición legal de pago y ser absolutamente imposible para este organismo proceder a su cancelación mientras exista una relación civil con el trabajador, situación que a través del rechazo de la sanción de nulidad por los tribunales superiores de justicia ha sido enmendada pero no así respecto de los intereses y reajustes penales que se aplican al pago de cotizaciones previsionales y que es necesario enmendar a través de los Juzgados de Cobranza Previsionales, por ser parte de su competencia. Categórico es el fallo dictado en la causa RIT O-551-2020 del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el cual, en lo pertinente, en su considerando Décimo Quinto, señala lo siguiente: “DÉCIMO QUINTO: (…) se acogerá dicha petición subsidiaria pero en lo relativo a que su reajustabilidad opere únicamente hacia el futuro, contándose desde la fecha en que el presente fallo quede ejecutoriado, mismo derrotero que deberá imponerse en relación a los eventuales intereses penales y multas por falta de pago de las cotizaciones de seguridad social, todo ello desde que –en la especie– la demandada no se encontrará en mora respecto de su entero sino desde la fecha que se cumpla el plazo establecido en el artículo 462 del código del trabajo”. Dicho razonamiento fue confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago al conocer del Recurso de Nulidad interpuesto contra dicha sentencia por la demandante en la causa Rol Laboral-Cobranza N° 1989-2020, en los siguientes términos: “Quinto: Que, en el considerando undécimo el magistrado señala que la base para el cálculo de las prestaciones que deberán pagarse a la demandante, entre ellas, el íntegro de las cotizaciones previsionales, corresponde al promedio de las tres últimas remuneraciones, con lo que de hecho ya se efectuó el reajuste de los pagos reclamados. En relación a los intereses, en concordancia con lo razonado en el motivo tercero, especialmente en lo relativo al impedimento que tienen los órganos estatales para efectuar desembolsos sin una sentencia firme que los obligue a tal acción, es que sería imponer un gravamen excesivo a tales entidades condenarlos al pago de reajustes e intereses por fechas anteriores a la sentencia en la que se les ordena el pago de las cotizaciones previsionales. de tal manera, que en este punto, tampoco se advierte un yerro en la sentencia objetada, por lo que el recurso también será rechazado en este ítem”. A mayor abundamiento, mismo criterio ha seguido nuestro máximo tribunal en los autos de Casación en el Fondo Rol 57.798-2022, que en su considerando cuarto señala en lo pertinente que: “…Tal línea argumental, como razona la sentencia impugnada, supone y reconoce que los órganos que integran la administración centralizada y descentralizada del Estado, no pudieron jamás, atendida la normativa que los rige, cumplir con el pago de las cotizaciones en su oportunidad, quedando habilitados para hacerlo sólo cuando una sentencia ejecutoriada lo ordena, lo que permite aplicarles un tratamiento diverso a la regla general consagrada en la preceptiva antes transcrita, por cuanto al no haberse puesto en mora sino hasta que el fallo que dispuso el pago de las referidas cotizaciones quedó ejecutoriado, no procede aplicarles intereses desde una época anterior, sin que tampoco, a juicio de esta Corte, deban ser sancionados con el cálculo de intereses penales…” Es por todo lo señalado precedentemente que, en el presente caso, existe un error de hecho en el cálculo de las cotizaciones adeudadas, cuyos intereses, reajustes y multas deberán calcularse desde el momento en que esta parte se constituye en mora en los casos en que es una sentencia la que declara la existencia de una relación laboral con un organismo público, que no es otro que desde la fecha en que la sentencia que ordena el pago de cotizaciones se encuentra firme y ejecutoriada. Pide tener por interpuesta objeción de la liquidación del crédito en base a los fundamentos expuestos, ordenar una nueva liquidación y pronunciarse sobre todas las alegaciones señaladas en esta objeción.

SEGUNDO: Que evacuando el traslado conferido, don nombre reservado, por la demandante, en los autos caratulados “A.F.P. CAPITAL S.A. CON I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, RIT: P-1729-2024, evacua el traslado conferido respecto de la objeción de la liquidación presentada por la parte ejecutada con fecha 10 de octubre de 2024, a folio 45, solicitando desde ya su más amplio y absoluto rechazo con expresa condena en costas.

1. Consta en autos que en la demanda sub-lite se reclama la existencia de una deuda por cotizaciones previsionales respecto del trabajador nombre reservado, RUT RUT reservado, por los períodos de cotizaciones de marzo del año 2006 a octubre de 2021, ambos inclusive, por la suma nominal de $32.445.814.-, más intereses, reajustes y costas.

2. Cabe tener presente que en el título ejecutivo además se señala expresamente que al monto nominal de la deuda, esto es, los $32.445.814.-, se debe agregar el reajuste, el interés penal y el recargo que ordena el Art. 19, Inc. 10°, 11°, 12° y 13° del Decreto Ley 3.500.

3. Luego, conforme a lo indicado en dicho párrafo en particular, los intereses penales, reajustes y recargos establecidos en los Art. 19, Inc. 10°, 11°, 12° y 13° del Decreto Ley 3.500., forman parte integrante del título ejecutivo de autos, lo que no fue impugnado por la parte ejecutada mediante la oposición de excepciones dentro del plazo y en la forma establecida en el artículo 5° de la Ley N° 17.322, por lo que malamente podría el Tribunal dejar de aplicar cuestiones que han sido establecidas expresamente en el título ejecutivo y que, de conformidad a la ley, deben aplicarse al momento de determinar el monto total adeudado por concepto de cotizaciones previsionales.

4. El artículo 19 mencionado dispone: “El empleador o entidad pagadora de subsidios que no pague oportunamente y cuando correspondiere, según el caso, las cotizaciones del trabajador o subsidiado, deberá declarar el reconocimiento de la deuda previsional en la Sociedad Administradora, dentro del plazo señalado en el inciso primero de este artículo. La declaración deberá contener, a lo menos, el nombre, rol único tributario y domicilio del empleador o entidad pagadora de subsidios y de su representante legal cuando proceda; el nombre y rol único tributario del trabajador o subsidiado, según el caso; el monto de las respectivas remuneraciones o subsidios y el monto de las cotizaciones a que se refiere el artículo 5º, debidamente diferenciadas. Si el empleador o entidad pagadora de subsidios no efectúa oportunamente la declaración a que se refiere el inciso anterior, o si ésta es incompleta o errónea, será sancionado con multa a beneficio fiscal de una unidad de fomento por cada trabajador o subsidiado cuyas cotizaciones no se declaren o cuyas declaraciones sean incompletas o erróneas. Si la declaración fuere incompleta o errónea y no existieren antecedentes que permitan presumir que es maliciosa, quedará exento de esta multa el empleador o entidad pagadora de subsidios que pague las cotizaciones dentro del mes calendario siguiente a aquél en que se devengaron las respectivas remuneraciones o subsidios. En caso de no realizar la declaración a que se refiere el inciso quinto dentro del plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Sociedad Administradora la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones del trabajador, debido al término o suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, la Sociedad Administradora deberá agotar las gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones impagas y, en su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter general que emita la Superintendencia. Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que se haya acreditado dicha circunstancia, se presumirá sólo para los efectos de este artículo e inicio de las gestiones de cobranza conforme a las disposiciones del artículo 11, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no pagadas. Corresponderá a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento por los empleadores de las obligaciones establecidas en este artículo, estando sus inspectores investidos de la facultad de aplicar las multas a que se refiere el inciso precedente, las que serán reclamables de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 474 y 481 del Código del Trabajo.”

5. La misma norma prosigue: “Las cotizaciones que no se paguen oportunamente por el empleador o la entidad pagadora de subsidios, según el caso, en la Sociedad Administradora, se reajustarán considerando el período que va entre el último día del plazo en que debió efectuarse el pago y el día en que éste efectivamente se realice. Para estos efectos, se aumentarán considerando la variación diaria del Índice de Precios al Consumidor mensual del período, comprendido entre el mes que antecede al anterior a aquél en que debió efectuarse el pago y el mes que antecede al mes anterior a aquél en que efectivamente se realice. Por cada día de atraso, la deuda reajustada devengará un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 18.010, aumentado en un 20%. Con todo, a contar de los noventa días de atraso, la tasa antes referida se aumentará en un 50%. Si en un mes determinado el reajuste e interés penal aumentado en la forma señalada en el inciso anterior, resultare de un monto inferior al interés que para operaciones no reajustables determine la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o a la rentabilidad nominal promedio de los últimos doce meses del Fondo de Cesantía integrado por las cuentas individuales, calculada por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, en ambos casos reajustados en un 20%, o en un 50% si han transcurrido los noventa días de atraso a que se refiere el inciso precedente se aplicará la mayor de estas dos últimas tasas, caso en el cual no corresponderá la aplicación de reajustes. La rentabilidad mencionada corresponderá a la del mes anteprecedente a aquél en que se devenguen los intereses y será considerada tasa para efectos de determinar los intereses que procedan. Se entiende por rentabilidad nominal de los últimos 12 meses del Fondo de Cesantía integrado por las Cuentas individuales, al porcentaje de variación del valor promedio de la cuota de un mes de tal Fondo, respecto al valor promedio mensual de ésta en el mismo mes del año anterior. La forma de cálculo será determinada por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, mediante una norma de carácter general. En todo caso, para determinar el interés penal, se aplicará la tasa vigente al día primero del mes anterior a aquél en que se devengue. El interés que se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará mensualmente. La Sociedad Administradora estará obligada a seguir las acciones tendientes al cobro de las cotizaciones a que se refiere el artículo 5º de esta ley, que se encuentren adeudadas, más sus reajustes e intereses. Serán de su beneficio las costas de tal cobranza. Los representantes legales de la Sociedad Administradora tendrán las facultades establecidas en el artículo 2º de la ley Nº 17.322, con excepción de la señalada en el número 3º de la misma disposición legal. Será aplicable, en lo pertinente, a los deudores a que se refiere este artículo, lo dispuesto en los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 14 y 18 de la ley Nº 17.322, para el cobro de las cotizaciones, reajustes e intereses adeudados a la Sociedad Administradora. Dichos créditos gozarán del privilegio establecido en el Nº 5º del artículo 2.472 del Código Civil. A los empleadores que no enteren las cotizaciones que hubieren retenido o debido retener a sus trabajadores, les serán aplicables las sanciones penales que establece la ley Nº 17.322. Los reajustes e intereses a que se refiere este artículo se abonarán en la Cuenta Individual por Cesantía del afiliado, o al Fondo Solidario, según corresponda. La prescripción que extingue las acciones para el cobro de estas cotizaciones, reajustes e intereses, será de cinco años y se contará desde el término de los respectivos servicios. Las sanciones establecidas en este artículo son sin perjuicio de las contenidas en la ley Nº 19.361. Asimismo, la Sociedad Administradora estará obligada a despachar la nómina de empleadores morosos a la Dirección del Trabajo y a los registros de antecedentes comerciales y financieros que tengan por objeto proporcionar antecedentes públicos, siendo aplicables en este último caso las disposiciones de la ley Nº 19.628.”

6. De conformidad a lo anterior, se han producido los efectos del artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, en correlación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 2° de la Ley N° 17.322, en cuanto a que, no habiéndose opuesto excepciones, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución y embargo para que el acreedor persiga el pago de su crédito. En otras palabras, para todos los efectos, en autos existe sentencia firme y ejecutoriada en que se condena al deudor al pago de la suma adeudada a mi representada, la que se deberá calcular en la forma que venimos indicando en la etapa procesal correspondiente.

7. A lo anterior, debe sumarse que los reajustes, intereses y recargos a ser aplicados a este tipo de créditos, se encuentra regulado en normas de orden público, como son los artículos 22 y siguientes de la Ley N° 17.322, incisos 10, 11, 12 y 13 del artículo 19 del D.L. 3.500 de 1980 y 2 letras s) del D.F.L. N° 101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1980, conforme a los cuales, será la Superintendencia de Pensiones la encargada de dictar periódicamente una tabla con los intereses penales a aplicar en la liquidación de cotizaciones previsionales.

8. Así las cosas, el ardid procesal de la parte ejecutada al pretender objetar la liquidación y de esta forma dejar sin efecto una sentencia firme y ejecutoriada a sabiendas que no ejerció el derecho a oponer excepciones dentro del plazo que le señalaba la ley incurre en un profundo error que S.S. no puede validar. Si la ejecutada estimaba como injusta la aplicación de los intereses señalados en el título ejecutivo debió haberlo impugnado conforme a lo que dispone el artículo 5 de la Ley N° 17.322, a través de la correspondiente excepción, lo que no hizo, sin embargo, como no dedujo las excepciones, pretende en forma oculta ejercer un derecho que no tiene y que tampoco le fue conferido, porque no procede. La situación procesal que pretende la parte deudora es inadmisible desde todo punto de vista.

9. Con base en lo expuesto, solicita se tenga a bien rechazar de plano el escrito de objeción de la liquidación de fecha 10.10.2024 , por su manifiesta falta de fundamento y por no adecuarse la petición al estado procesal de la causa ni al mérito del proceso. Dicha petición tiene solo por objeto confundir al Tribunal y entorpecer este proceso, prueba de ello es que se pretende pasar una alegación que es más bien de fondo por una cuestión accesoria, como lo es una objeción a la liquidación del crédito. Pide tener por evacuado el traslado conferido y, de su mérito, rechazar la objeción de la liquidación planteada por la parte ejecutada con expresa condena en costas.

TERCERO: Que el crédito que se persigue en autos deriva de la sentencia declarativa y tramitada ante el Tribunal del letras del Trabajo de Temuco Rit O-859-2021 seguida por don nombre reservado, RUT RUT reservado, contra La I. Municipalidad de Temuco, en que por sentencia de 06 de mayo de 2022 pronunciada por la magistrada Sra. nombre reservado, se hizo lugar a la demanda de declaración de relación laboral entre el actor y la Municipalidad demandada y se dispuso entre otras prestaciones: “IV.- Que sin perjuicio de lo anterior se condena a la demandada al pago de las cotizaciones previsionales y de salud del actor de desde junio del año 2005 a octubre del año 2021, a razón de las siguientes remuneraciones:

2005: $555.555 Desde JUNIO 2006: $583.330 2007: $613.663 2008: $700.000 2009: $ 800.000 2010: $836.000 2011: $1.072.700 2012:$1.126.100 2013:$1.181.810 2014:$1.240.250 2015: $1.614.630 2016: $1.681.350 2017: $1.738.205 2018: $1.927.000 2019: $2.041.000 2020: $2.098.000 2021: $2.114.784 hasta 31 de OCTUBRE “ “ Dicha sentencia quedó firme y ejecutoriada con fecha 26 de diciembre de 2022. CUARTO: Que a fin de resolver la objeción de liquidación que plantea la Municipalidad de Temuco, se tendrá en consideración reciente jurisprudencia consisten en Recuso de unificación de Jurisprudencia d la Excma. Corte Suprema de 25 de septiembre de 2024 en Rol Nro. 242.639-2023 , cuyo considerando séptimo resulta plenamente atingente : “Séptimo: Que, en conformidad a lo expuesto, es posible asentar que la regla en materia de cotizaciones de seguridad social, esto es, previsionales, de cesantía y de salud, es la vigencia de la obligación de pago por parte del empleador, salvo que tratándose de contrataciones originadas en un contrato de prestación de servicios suscrito con un órgano de la Administración del Estado, amparado en origen por la presunción de legalidad y en que el prestador de servicios tuvo durante su vigencia la apariencia de trabajador independiente, las partes hayan hecho de su cargo el cumplimiento de la obligación o, sin tal pacto, que éste las haya enterado directamente, sea en forma total o parcial. En consecuencia, de no existir dicha cláusula en el respectivo contrato de prestación de servicios y siempre que el pago de tales prestaciones no sea totalmente solucionadas por el trabajador, deberán cumplirse por el empleador, lo que conduce a otra arista del problema, referida a las sanciones que el artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y las Leyes N°17.322 y 19.728 imponen al empleador que paga fuera del plazo que la normativa prescribe, pues de acuerdo a los incisos séptimo, décimo y undécimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500, a los artículos 21 y 22 letra a) de la Ley N°17.322 y, artículo 11 de la Ley N° 19.728, la falta de declaración y pago oportuno de las cotizaciones previsionales queda sujeta a una multa a beneficio fiscal, además de incrementarse su monto con los reajustes e interés penal correspondiente. Sin embargo, como a propósito de la aplicación a este tipo de casos de la institución consagrada en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo se ha reconocido que los órganos de la Administración del Estado no podían, de acuerdo a la normativa y las presupuestarias que los rigen, pagar libremente las cotizaciones de sus prestadores de servicios a honorarios durante la vigencia del vínculo, requiriendo para convalidar el despido, una vez calificada tal relación como laboral, de un pronunciamiento judicial condenatorio, estando, en definitiva, de buena fe y amparados por la antes mencionada presunción de legalidad, debe concluirse que no puede tenérseles como deudor en mora o incumplidor para estos efectos, puesto que resultaría contradictorio no sancionarlos con la declaración de nulidad del despido, para luego imponerles multas e intereses penales. Lo anterior, conduce a que las cotizaciones a que resulte condenado este tipo de empleador deberán ser incrementadas con reajustes, calculados desde la oportunidad que indican el inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500, el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N°17.322 y el inciso primero del artículo 11 de la Ley Nº 19.728, más los intereses que se devengarán desde la época en que el fallo que declaró el carácter laboral del vínculo quede ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N°3.500 y en las Leyes N°17.322 y Nº19.728, ya que, considerando lo dicho, se descarta la aplicación de intereses penales, de manera que deberán determinarse en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo. Además, a fin de mantener la debida concordancia con los razonamientos expuestos acerca del origen del contrato celebrado entre las partes, el cobro de dichas cotizaciones deberá excluir las multas a que aluden los artículos 19 inciso séptimo del Decreto Ley N°3.500, 22 letra a) de la Ley 17.322 y 10 inciso sexto de la ley Nº 19.728.”

QUINTO: Que el razonamiento expuesto precedentemente resulta aplicable a la presente causa, desde que en la especie en la sentencia declarativa se hizo un reconocimiento a la existencia de relación laboral, y en la sentencia se determinó el pago de las cotizaciones previsionales del periodo trabajado, época en la que por estar las partes vinculada mediante contrato de honorarios, la municipalidad estaba amparada por el principio de buena fe y presunción de legalidad, desde que le estaba impedida de proceder al pago de las cotizaciones de seguridad social libremente, de manera tal que al convalidar el despido, por mandato de sentencia ejecutoriada, no puede ser considerada deudora morosa sino desde que la misma se encuentre ejecutoriada, lo que en la especie tuvo lugar el 26 de diciembre de 2022. Así las cosas, corresponde acoger la objeción de liquidación en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Y visto lo dispuesto en el artículo 3, 7, 22 de la ley 17.322 y artículo 63 del Código del Trabajo, artículos 139, 142, 143 y 144 del Código de Procedimiento Civil, se declara: I.- Que SE ACOGE, sin costas, la objeción de liquidación deducida por don Randolph Brown Riquelme, abogado, en representación de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO y en consecuencia ordenar practicar una nueva liquidación que devengara los reajustes que ordena el artículo 22 de la Ley 17.322 , calculado desde la época en que cada cotización debió pagarse y los intereses calculados conforme lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo y únicamente desde que esta sentencia quedó ejecutoriada, esto es 26 de diciembre de 2022, sin considerar la aplicación de multas.

II.- Liquídese en la forma señalada, una vez ejecutoriada la presente. Notifíquese la presente resolución por el estado diario y vía correo electrónico a aquella parte que lo hubiere solicitado. R.I.T P-1729-2024 R.U.C. 24-3-RUT reservado

Resolvió don nombre reservado, Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.” En Temuco, a veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la presente resolución”

La resolución de fecha 25 de noviembre de 2024, antes transcrita, es vulneratoria de los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nº 3, y 24, de la Constitución Política del Estado, por lo que por medio de esta acción constitucional se solicita a esa Ilustrísima Corte de Apelaciones, reestablecer el imperio del Derecho, adoptando las medidas que juzgue necesarias, a fin de que se respeten los derechos y garantías vulneradas en los términos que se desarrollará en el presente recurso, y consecuencialmente, invalide la resolución antes señalada, y disponga lo que en derecho corresponda.

EL ACTO RECURRIDO y EL PLAZO El acto Recurrido, corresponde a la Resolución de fecha 25 de noviembre de 2024, que ha dado lugar a la objeción de la liquidación de crédito formulada por la ejecutada Municipalidad de Temuco en ese juicio ejecutivo; la cual ignorando la institución de la cosa juzgada, argumentó razones que en forma negligente e ignorante no lo señaló oportunamente; resolución que tiene en carácter de inapelable, conforme el artículo 8 de la Ley N°17.322 sobre cobranza judicial de cotizaciones previsionales.- Esta resolución fue notificada a mi representada, mediante correo electrónico con fecha 25 de noviembre de 2024.

Conforme a lo anterior, y de acuerdo al Auto Acordado sobre Tramitación sobre Recurso de Protección, éste se encuentra presentado dentro de plazo.

FUNDAMENTOS DE HECHO 1.- La presente acción constitucional está relacionado con la causa de cobranza judicial Rit P 1729-2024, Ruc 24-3-RUT reservado, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral de la cuidad de Temuco, caratulados “AFP CAPITAL CON MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, sobre cobranza de cotizaciones previsionales. 2.- El título ejecutivo que sirve de fundamento a la ejecución es la Resolución N°4408592-2024 de fecha 28 de febrero de 2024, que ordena pagar cotizaciones previsionales desde el mes de marzo del año 2006 al mes de octubre del año 2021, más los intereses penales y los reajustes contemplados en el artículo 19 del DL 3500 del año 1980 y sus modificaciones. - 3.- El origen de esta cobranza previsional, está en la sentencia definitiva dictada en la causa caratulada “nombre reservado con Municipalidad de Temuco”, Rol N°859-2021, del Juzgado del Trabajo de Temuco, de fecha 06 de mayo de 2022, que reconoció la existencia de la relación laboral, entre mi persona y la Municipalidad de Temuco, desde el mes de junio del año 2005 al mes de octubre del año 2021.- Que el contestar la demanda, la Municipalidad de Temuco, solo negó la existencia de la relación laboral, no planteando como correspondía, la determinación del momento en que se comienzan a devengar, reajustes e intereses respecto al pago de las cotizaciones de seguridad social y forma en que se calculan los intereses, como tampoco alegó el principio del legalidad del gasto, no existiendo discusión sobre ello, ni sometiéndolo a discusión entre los litigantes.

La mencionada sentencia, ordenó además el pago de las cotizaciones previsionales y de salud desde el mes de junio del año 2005 al mes de octubre de 2021, sin ningún tipo de limitación o prevención o restricción al respecto.

El recurso de nulidad deducido por la demandada fue rechazado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, el 25 de julio de 2022, causa Rol 189-2022, y el recurso de unificación rechazado por la Excma. Corte Suprema el 17 de octubre de 2023, en causa Rol 75717-2022.- El cúmplase respectivo se dictó el 22 de diciembre de 2022.- 4.- Que sobre esta base, se inició el juicio de cobranza previsional, Ruc P 1729-2024, en el cual, la ejecutada, solo acompaño un comprobante de pago parcial, no oponiendo ningún tipo de excepción a la ejecución, según certificación de fecha 01 de octubre de 2024.- No hay que olvidar que el artículo 5 del mencionado cuerpo legal, le permitía oponer como excepción “N° 2: No ser imponibles, total o parcialmente, los estipendios pagados, o existir error de hecho en el cálculo de las cotizaciones adeudadas”.

Al no haberse opuesto excepciones, el mandamiento de ejecución y embargo adquirió el carácter de sentencia definitiva.

5.- Con fecha 17 de julio de 2024, el Juzgado de Cobranza de Temuco, admitió mi comparecencia en la causa, como Tercero coadyuvante, resolución que fue repuesta por el ejecutante y compartida por la Municipalidad de Temuco, el 06 de septiembre de 2024, y por la cual se rechazó mi comparecencia en la causa, como Tercero Coadyuvante, excluyéndome de ella.

Conforme a lo anterior, al momento de dictarse la sentencia de fecha 25 de diciembre de 2024, no tengo ninguna calidad procesal en esa causa.

6.- No obstante lo anterior, resulta evidente que tengo interés actual, en el resultado del presente requerimiento, lo que me habilita para comparecer ante este Excmo. Tribunal.

ACCIÓN ILEGAL Es del caso, que la resolución dictada en la causa de cobranza judicial se encuentra viciada, por haber sido dictada violando las normas del debido proceso, en cuanto a la bilateralidad de la audiencia, en segundo lugar por haber sido dictada por un órgano o autoridad, que ha actuado fuera de su competencia, y en tercer lugar, porque afecta derechamente derechos adquiridos -no meras expectativas- que han ingresado a mi patrimonio, resultando derechamente ser expropiatoria.- En el fallo de la Corte Suprema asunto "nombre reservado con Fisco de Chile", de fecha 28 de junio de 2006, el máximo tribunal ha señalado "Dicha acción (de nulidad de nombre reservado) se justifica, cuando un acto ha sido dictado con omisión de la investidura regular que exige la ley para el nombramiento de la autoridad administrativa, o cuando ésta aun teniendo título de tal, dicta el acto fuera de la competencia que le ha fijado el constituyente o el legislador, o sea, cuando ha excedido el marco de autorización legal, que le otorga límites en su actuación con relación a la materia, jerarquía y el territorio y, finalmente, el acto carece de eficiencia absoluta por falta de formalidades inherentes para la validez intrínseca del acto que se reputa irregular".

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS 1.- Como se indicó anteriormente, la resolución dictada por el señor Juez del Juzgado de Cobranza del Trabajo de Temuco, viola derechamente, el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental prescribe que la Constitución asegura a todas las personas: “La igual protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos.- La circunstancia que el recurrido, no tenga la competencia para haber dictada la resolución en la forma señalada, contraviene una serie de principios de derechos, especialmente del denominado “debido proceso”, contemplado en el artículo 19 N°3 inciso 5 de nuestra carta fundamental, que expresa: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. – En nuestro sistema normativo constitucional, dentro de los derechos y deberes que consagra, unos de los de mayores relevancias es la garantía establecida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política, precepto que asegura el derecho a una defensa jurídica, el principio de legalidad de los tribunales, el debido proceso entre otros.

Para ser exactos, el debido proceso en nuestra legislación está contemplado en el artículo 19 N°3 de la CPE, donde se señala que: “corresponderá al legislador establecer las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos” (se utilizan las palabras “racional y justo procedimiento”, refiriéndose la racionalidad al procedimiento y lo justo a lo sustantivo.

El profesor nombre reservado, señala: “que la Constitución reconoce a todas las personas, sin distinción, el derecho a un proceso racional y justo, legalmente tramitado y previa a la sentencia declarativa, constitutiva o de condena que pronuncien los tribunales de derecho permanentes, independientes e incorruptos. En ese proceso se deben contemplar, entre otras garantías, las de publicidad de los actos jurisdiccionales, el emplazamiento, la adecuada asesoría y defensa con los abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley; el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores, el pronunciamiento de los fallos dentro de los plazos legalmente previstos y la fundamentación de aquellos en el régimen jurídico vigente, o en su defecto, en los principios generales del derecho y a la equidad natural”.- Desde ya hay que reconocer que la Constitución de la República de Chile, no contiene normas explícitas que se denominen “derecho a la tutela judicial o debido proceso”, no obstante la doctrina habla de lo que se denomina “derechos implícitos”, que no es otra cosa que una expresión natural del contenido de un derecho expreso por su aplicación a supuestos fácticos nuevos, según lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, quien ha sostenido: “las disposiciones sobre bases de la institucionalidad, los tratados internacionales y los derechos constitucionales expresamente reconocidos permiten extraer otros derechos que gozan de protección implícita de la Constitución, como el derecho de acceso a la información, el derecho a la identidad personal y el derecho a la presunción de inocencia (STC 634, STC 1340 y STC 1443).

La doctrina también ha señalado: “La Constitución no contiene un derecho específico que responda al nombre de derecho a la tutela judicial y se debate acerca de la independencia del mismo respecto de la dimensión sustantiva del derecho al debido proceso. La denominación de este derecho implícito se ha identificado como el “el debido proceso justo” o el “derecho de acceso a la jurisdicción”, “derecho a la tutela jurisdiccional”, “tutela jurisdiccional de derechos” o de “derecho a la tutela judicial efectiva”, con abiertas reminiscencias al derecho del mismo nombre reconocido por la Constitución Española” (STC1535).

La noción “derecho a la tutela judicial”, importa el reconocimiento de un derecho prestacional que recaba del Estado la protección jurídica debida, en el igual ejercicios de los derechos ante la justicia, proscribiendo la autotutela y garantizando una respuesta a la pretensión de derechos e intereses legítimos con autoridad de cosa juzgada y con la eficacia coactiva que demanda la satisfacción de derechos fundamentales.

Este derecho se deduce del artículo 19 numeral 3°, inciso 1 de la Constitución que garantiza a todas las personas “igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”.

Por otra parte, se puede definir el “derecho al debido proceso”, como aquel que, franqueado el acceso a la jurisdicción, permite que el proceso se desarrolle con todas las garantías esenciales, racionales y justas que contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario. El TC se ha pronunciado señalando que: “el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso”.

Este el concepto más popular para identificar un conjunto de garantías procesales, orgánicas y penales que se manifiestan en la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, en todo tipo de asuntos, contradictorios o no, que se tramitan ante tribunales ordinarios y especiales que ejerzan jurisdicción. - La doctrina y jurisprudencia, han reconocidos los siguientes derechos, que forman parte del concepto “debido proceso”: derecho al juez predeterminado por la ley; derecho al juez independiente e imparcial; derecho a la defensa jurídica y a la asistencia letrada; derecho a asesoría y defensa jurídica gratuita para las víctimas; derecho del imputado a ser asistido por un defensor público; derecho del imputado a ser gratuitamente asesorado por un traductor o interpreta; derecho a la bilateralidad de la audiencia, derecho al debido emplazamiento; derecho a la igualdad entre las partes; derecho a presentar e impugnar prueba; derecho a obtener una resolución motivada sobre el fondo; derecho a la aplicación del principio de congruencia penal; derecho de revisión judicial por un tribunal superior; derecho a la orden de no innovar.- Que en el caso sub-lite, esta parte estima que se han violado las normas del debido proceso y los principios de derechos que lo conforman, de la siguiente forma:

a.- Derecho a la bilateralidad de la audiencia No resulta dudoso, que la resolución dictada en la causa P 1729- 2024, ocasiona un perjuicio a los derechos de esta parte, como son el pago íntegro de las cotizaciones previsionales conforme lo ordena la sentencia dictada en la causa O 859-2021 del Juzgado del Trabajo de Temuco y la ley, y no como lo interpreta el sentenciador a instancias dolosas del ejecutado.

Como ya se ha señalado, tanto el ejecutante (al AFP Capital S.A.), como el ejecutado, estuvieron conformes, en excluirme como interviniente en dicha causa, de tal forma que todo el proceso, se ha seguido técnicamente sin mi comparecencia, y consecuencialmente resultan inoponibles las resoluciones que en ella se dicten, no obstante en la práctica, ello no es así, pues tendrá un efecto directo en mis fondos previsionales.

Conforme a lo anterior, las resoluciones dictadas en la causa de Cobranza Judicial afectan derechamente en principio de bilateralidad de la audiencia, toda vez, que en el fondo me afectaran económicamente, no obstante no ser parte en la causa, con lo cual me deja en la indefensión, violándose además principios propios del derecho laboral, como es la protección del trabajador.

b.- Derecho al juez predeterminado por la ley Que el Artículo 421 del Código del Trabajo, señala: “Serán de competencia de los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o seguridad social otorguen mérito ejecutivo; y, especialmente, la ejecución de todos los títulos ejecutivos regidos por la ley Nº 17.322, relativa a la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas en los institutos de previsión”.- El estimado señor nombre reservado, en el considerando Cuarto de la resolución en referencia, señala: “CUARTO: Que a fin de resolver la objeción de liquidación que plantea la Municipalidad de Temuco, se tendrá en consideración reciente jurisprudencia consisten en Recuso de unificación de Jurisprudencia d la Excma. Corte Suprema de 25 de septiembre de 2024 en Rol Nro. 242.639-2023 , cuyo considerando séptimo resulta plenamente atingente : “Séptimo: Que, en conformidad a lo expuesto, es posible asentar que la regla en materia de cotizaciones de seguridad social, esto es, previsionales, de cesantía y de salud, es la vigencia de la obligación de pago por parte del empleador, salvo que tratándose de contrataciones originadas en un contrato de prestación de servicios suscrito con un órgano de la Administración del Estado, amparado en origen por la presunción de legalidad y en que el prestador de servicios tuvo durante su vigencia la apariencia de trabajador independiente, las partes hayan hecho de su cargo el cumplimiento de la obligación o, sin tal pacto, que éste las haya enterado directamente, sea en forma total o parcial. En consecuencia, de no existir dicha cláusula en el respectivo contrato de prestación de servicios y siempre que el pago de tales prestaciones no sea totalmente solucionadas por el trabajador, deberán cumplirse por el empleador, lo que conduce a otra arista del problema, referida a las sanciones que el artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y las Leyes N°17.322 y 19.728 imponen al empleador que paga fuera del plazo que la normativa prescribe, pues de acuerdo a los incisos séptimo, décimo y undécimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500, a los artículos 21 y 22 letra a) de la Ley N°17.322 y, artículo 11 de la Ley N° 19.728, la falta de declaración y pago oportuno de las cotizaciones previsionales queda sujeta a una multa a beneficio fiscal, además de incrementarse su monto con los reajustes e interés penal correspondiente. Sin embargo, como a propósito de la aplicación a este tipo de casos de la institución consagrada en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo se ha reconocido que los órganos de la Administración del Estado no podían, de acuerdo a la normativa y las reglas presupuestarias que los rigen, pagar libremente las cotizaciones de sus prestadores de servicios a honorarios durante la vigencia del vínculo, requiriendo para convalidar el despido, una vez calificada tal relación como laboral, de un pronunciamiento judicial condenatorio, estando, en definitiva, de buena fe y amparados por la antes mencionada presunción de legalidad, debe concluirse que no puede tenérseles como deudor en mora o incumplidor para estos efectos, puesto que resultaría contradictorio no sancionarlos con la declaración de nulidad del despido, para luego imponerles multas e intereses penales. Lo anterior, conduce a que las cotizaciones a que resulte condenado este tipo de empleador deberán ser incrementadas con reajustes, calculados desde la oportunidad que indican el inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500, el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N°17.322 y el inciso primero del artículo 11 de la Ley Nº 19.728, más los intereses que se devengarán desde la época en que el fallo que declaró el carácter laboral del vínculo quede ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N°3.500 y en las Leyes N°17.322 y Nº19.728, ya que, considerando lo dicho, se descarta la aplicación de intereses penales, de manera que deberán determinarse en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo. Además, a fin de mantener la debida concordancia con los razonamientos expuestos acerca del origen del contrato celebrado entre las partes, el cobro de dichas cotizaciones deberá excluir las multas a que aluden los artículos 19 inciso séptimo del Decreto Ley N°3.500, 22 letra a) de la Ley 17.322 y 10 inciso sexto de la ley Nº 19.728.” Al respecto, debemos en primer lugar señalar que el recurrido, excede su competencia, al aplicar el criterio que copia, y que es de reciente data (24 de diciembre de 2024), aplicándolo además con efecto retroactivo a una sentencia dictada en el año 2022 (en juicio ordinario) y respecto de un mandamiento de ejecución y embargo, que reviste la calidad de sentencia definitiva, desde el momento que el ejecutado no opuso excepciones en esta causa.

Dicho criterio, no fue discutido por las partes tanto en el juicio ordinario (que era donde correspondía), y en esta causa ejecutiva, en la oportunidad procesal que debería haberlo planteado en esta causa, al no oponer excepciones.

Derechamente el señor Juez de Cobranza, excede su competencia, y modifica una sentencia dictada en un proceso de lato de conocimiento, que ha producido cosa juzgada, tanto material como formal y que no puede ser alterada o modificada por un simple incidente planteado con mucha posterioridad.- Al haber actuado de la forma antes dicha, se ha violado normas y principios fundamentales del debido proceso.

c.- Derecho de revisión judicial por un tribunal superior.

Que la resolución que da origen a este recurso de protección, aparte de las razones antes señaladas, viola derechamente el derecho a revisión judicial por un tribunal superior, tanto por cuanto existe una norma expresa que hace improcedente en recurso, como por cuanto, la misma sentencia señala o cita una sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, después de una largo proceso judicial de carácter ordinario, en donde las partes tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos y deducir recursos, tanto de nulidad como de unificación de jurisprudencia, recursos y oportunidades procesales, que ahora se niegan a esta parte.- La sentencia antes referida, aplica una figura extraña a nuestra tradición jurídica romana, como es el “common law”, haciendo obligatoria una jurisprudencia, dictada en una causa cuyo procedimiento fue completamente diferente la causa de cobranza judicial.

2.- Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República "La Constitución asegura a todas las personas: N°24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales." Nuestra carta fundamental reconoce a todas las personas, derecho a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo. Es de recordar en este plano que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto.

Ya en el primero de los artículos de la constitución se proclama el anhelo del crecimiento de toda persona en una escalada de realizaciones en las que el trabajo juega un rol protagónico; y, como no podía ser menos, no se piensa en el individuo, sino en la persona, que se distingue de aquél por su sentido de integración e identidad social, en importante grado forjada en el servicio a la comunidad inserto en el empleo público. Aparte de tan elevados bienes incorporales, por cierto, susceptibles de la propiedad que la constitución garantiza a toda persona, está el nivel de lo pecuniario, que en una situación como la que se asocia a las seguridades que proporciona al funcionario y a quienes de él dependen, el estipendio periódico y el cual ha sido percibido desde hace varios años.

Es deseo de esta parte, sostener la nutrida jurisprudencia existente sobre la materia y las vulneraciones al derecho de propiedad que dichos actuares significan en el patrimonio del afectado, por el actuar arbitrario de la administración del Estado.

En la especie, al dictarse la sentencia en la causa O 859-2021 que condena a la Municipalidad de Temuco, al pago de las cotizaciones previsionales y de salud desde el año 2005 al 2021, a la sazón de las remuneraciones, que indica, esas sumas y la fórmula de cálculo de los reajustes e intereses que legalmente procedan, han ingresado a mi patrimonio en esa oportunidad y sobre la aplicación de la norma existente en este momento, no pudiendo ser alterados en forma posterior, por cuanto ello sería derechamente expropiatorio.- Que el momento de estar ejecutoriada la sentencia dictada en la causa O 859-2021, procede que se paguen conforme al artículo 19 inciso 10°,11° 12° y 13° del Decreto Ley 3.500, según la interpretación existente en ese entonces, por ser más favorable al trabajador, que al ejecutado.

A lo anterior, se debe sumarse que los reajustes, intereses y recargos a ser aplicados a este tipo de créditos, se encuentran regulados en normas de orden público, como son los artículos 22 y siguientes de la Ley N°17322 incisos 10,11,12, y 13 del artículo 19 del DL 3500 de 1980 y 2 letras s) del DFL N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1980 conforma a los cuales será la Superintendencia de Pensiones, la encargada de dictar periódicamente una tabla de intereses penales a aplicar en las liquidaciones previsionales correspondientes.- Dichos preceptos, son normas de orden público que no pueden ser desconocidas por una simple sentencia interlocutoria.

Al haber actuado en la forma señalada, los recurridos derechamente están expropiando una buena parte de mis cotizaciones previsionales.

Finalmente pide que en mérito de lo anteriormente expuesto y lo dispuesto en el artículo 20 y 19 de la Constitución Política de la República y auto acordado de la Excma. Corte Suprema del año2007, tener por interpuesta, acción constitucional de protección en contra don nombre reservado, Alcalde de la Comuna de Temuco, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de don nombre reservado, Juez del Juzgado de Cobranza de Temuco, domiciliado en domicilio reservado, quien en la causa caratulada Rit P 1729-2024, Ruc 24-3-RUT reservado, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral de la cuidad de Temuco, caratulados “AFP CAPITAL CON MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, a instancia del primero, dicto la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2024, que dispuso: “Que SE ACOGE, sin costas, la objeción de liquidación deducida por don Randolph Brown Riquelme, abogado, en representación de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO y en consecuencia ordenar practicar una nueva liquidación que devengara los reajustes que ordena el artículo 22 de la Ley 17.322 , calculado desde la época en que cada cotización debió pagarse y los intereses calculados conforme lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo y únicamente desde que esta sentencia quedó ejecutoriada, esto es 26 de diciembre de 2022, sin considerar la aplicación de multas” Que SE ACOGE, sin costas, la objeción de liquidación deducida por don Randolph Brown Riquelme, abogado, en representación de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO y en consecuencia ordenar practicar una nueva liquidación que devengara los reajustes que ordena el artículo 22 de la Ley 17.322 , calculado desde la época en que cada cotización debió pagarse y los intereses calculados conforme lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo y únicamente desde que esta sentencia quedó ejecutoriada, esto es 26 de diciembre de 2022, sin considerar la aplicación de multas”, disponiendo en definitiva dejar sin efecto dicha resolución y consecuencialmente, ordenar que se dicte una nueva resolución por un Juez no inhabilitado, restableciendo el imperio del derecho de esta forma o de la forma que U.S.I., respetuosamente lo estime conforme a derecho y al mérito de los antecedentes.-“ Acompaña los siguientes documentos:

1.- Sentencia interlocutoria de fecha 25 de noviembre dictada en la causa laboral de cobranza laboral P 1729-2024 que rola al folio 91 2.- Sentencia definitiva de fecha 06 de mayo de 2022, dictada en la causa Ordinaria del Trabajo, caratulada “nombre reservado con Municipalidad de Temuco”, Rol O 859-2021.- 3.- Escrito presentado por la Municipalidad de Temuco, en la cual objeta la liquidación practicada, de fecha 10 de octubre de 2024 que rola a folio 45.- 4.- Otro, escrito presentado por la Municipalidad de Temuco, el 16 de octubre de 2024 al folio 57, presentado en forme extemporánea en la cual presenta nuevos argumentos para la objeción de la liquidación y que en definitiva son acogidos por el juez recurrido.- A folio 6 informe el sr. Juez recurrido don Robinson Villarroel Cruzat quien señala:

Mediante resolución de fecha 10 de diciembre de este año se me ha solicitado emitir informe en relación al recurso de protección que se tramita en la causa ya referida.

1. - El recurso fue deducido en contra de la resolución de fecha 25 de noviembre de 2024, dictada por este recurrido en la causa caratulada "AFP CAPITAL S.A. CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO", juicio ejecutivo provisional, Rue P-1729-2024, por la cual acogió una objeción de la liquidación del crédito realizada por el Tribunal deducida por la otra recurrida, la Municipalidad de Temuco.

2. - La resolución que se transcribe íntegramente en el recurso y que acogió la objeción a la liquidación deducida por la Municipalidad de Temuco, según el recurrente, sería vulneratoria de los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Ne 3 y 24, de la Constitución Política del Estado, solicitando a Ssa. Ilima, reestablecer el imperio del Derecho invalidado la resolución antes señalada y disponiendo lo que en derecho corresponda.

3. - Para contextualizar el recurso, es necesario señalar que en la causa Rit 0-859-2021, el Sr. nombre reservado demandó a la Municipalidad de Temuco para que se declarara la existencia de una relación laboral entre ambos, a la sazón formalizada mediante sendos contratos a honorarios y, consecuencialmente, se declarara injustificado su despido y se le pagaran las prestaciones que indicó, incluyendo la nulidad de despido y pago de cotizaciones, sin señalar la forma en que debía hacerse.

Pues bien, la sentencia dictada en dicha causa acogió la demanda señalando la parte resolutiva: "l.-Que SE ACOGE la demanda de declaración de relación laboral y en consecuencia se declara que entre don nombre reservado y la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, del giro de su denominación, Rut No RUT reservado, representada para estos efectos por su Alcalde don ROBERTO FRANCISCO NEIRA ABURTO existió una relación de carácter laboral que se prolongó desde el JUNIO DE" 2005 al 31 de OCTUBRE de 2021. II.- Que SE ACOGE la demanda de despido injustificado y en consecuencia se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones: a.-Indemnización sustitutiva del aviso previo: $2.114.784 b.- Indemnización por años de servicio: $23.262.624 c.- Incremento el 50% conforme al artículo 168 b) del Código del Trabajo: $11.631.312 d.- Feriado Legal: $563.944 e.- Feriado proporcional: $281.972 III.- SE RECHAZA la demanda en cuanto pretende se declare la nulidad del despido. IV.- Que sin perjuicio de lo anterior se condena a la demandada al pago de las cotizaciones provisionales y de salud del actor de desde junio del año 2005 a octubre del año 2021, a razón de las siguientes remuneraciones: 2005: $555.555 Desde JUNIO 2006: $583.330 2007: $613.663 2008: $700.000 2009: $ 800.000 2010: $836.000 2011: $1.072.700 2012:$1.126.100 2013:$1.181.810 2014:$1.240.250 2015: $1.614.630 2016: $1.681.350 2017: $1.738.205 2018: $1.927.000 2019: $2.041.000 2020: $2.098.000 2021: $2.114.784 hasta 31 de OCTUBRE. V.- Cada parte soportara sus propias costas".

Esta sentencia fue objeto de un recurso de nulidad que fue desestimado, lo mismo que un recurso de unificación de jurisprudencia.

4. - Una vez ejecutoriada la sentencia, ella pasó a cobranza y la Municipalidad pagó las indemnizaciones adeudas. Asimismo, se ofició a las instituciones de previsión social a las que se encontraba afiliado el demandante para el cobro de las cotizaciones respectivas.

Una de estas instituciones corresponde a la AFP CAPITAL, la que dictó la resolución que constituye el título ejecutivo y ordena el pago de una suma nominal de $32.445.814, deduciendo demanda ejecutiva provisional y solicitando despachar mandamiento de ejecución y embargo por dicha suma más los reajustes, intereses, recargos y costas que se determinen al momento del pago.

5. - El 11/07/2024, la Municipalidad de Temuco da cuenta del pago de la suma indicada en el título ejecutivo.

EL 26/9/2024 se practica juna primera liquidación que arroja una deuda de $760.743.503 es decir, la deuda aumentó en un 2344% principalmente por los intereses y recargos.

Como esta liquidación no había contemplado el pago de la Municipalidad, se practicó otra el 10/10/2024, arrojando un total adeudado de $736.811.171, la que fue objetada por la Municipalidad.

6. - Una vez evacuado el traslado y el informe de la Unidad de Servicios del Tribunal, este sentenciador resolvió acoger dicha objeción, mediante la resolución impugnada y en la cual se dan los argumentos del por qué no deberían considerarse los intereses y recargos como los pretenden el título ejecutivo, los que por lo demás no fueron dispuestos así por la sentencia que resolvió la causa declarativa entre el Sr. nombre reservado y la Municipalidad de Temuco.

7. - Es importante señalar que, a propósito de las personas que habiendo trabajado por años a honorarios y al ser despedidos demandan el reconocimiento de la relación laboral, la jurisprudencia ha demostrado cambios importantes, porque resulta evidente que el efecto simplemente declarativo de la sentencia no puede aplicarse de igual forma a la administración pública que a un particular, pues la primera legalmente no podía descontar las cotizaciones del actor y enterarlas en las instituciones provisionales, pues ello es contrario al principio de legalidad.

Asimismo, tratándose de funcionarios a honorarios, ellos tienen la obligación de pagar sus propias cotizaciones y pese a que esta obligación ha sido objeto de innumerables prórrogas y beneficios, lo cierto es que como trabajador independiente (hasta antes de declararse lo contrario por la sentencia) debió velar por el pago de sus cotizaciones de previsión y, además, de salud (que dicho sea de paso hay otra demanda de una Isapre que está cobrando cotizaciones a la Municipalidad por periodos que fueron pagados directamente por el trabajador), obligación conocida por el recurrente, quien era abogado de la Municipalidad.

A tanto ha llegado la judicialización de contratos a honorarios, que la Corte Suprema ha asentado la tesis que no corresponde la nulidad del despido y, últimamente, iniciado una jurisprudencia respecto a la forma en que deben pagarse las cotizaciones provisionales que es precisamente la idea de la sentencia que ha sido citado en la resolución recurrida.

8. - Cabe preguntarse si es razonable que una deuda de cotizaciones de una persona a quien nunca se le descontó peso alguno por dicho concepto pase de 32 millones a más de 700. Es difícil aceptar de buenas a primera una situación así, pues la AFP ninguna actividad desplegó con dichos dineros, ya que nunca los tuvo a disposición y, en caso de que los hubiera tenido, ese aporte en ningún caso hubiera permitido acumular en el fondo de capitalización individual siquiera la décima parte de lo que se pretende cobrar.

9. - Respecto a las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, no hay infracción al debido proceso, pues la causa de cumplimiento previsional se ha tramitado conforme a las normas legales y la participación del demandante fue descartada en dicha causa mediante resolución que se encuentra firme.

En relación al derecho de propiedad, cabe señalar que el actor no tiene un derecho indubitado sobre las sumas cuya liquidación se objetó, sino solo una mera expectativa, sobre todo cundo las cotizaciones en su valor nominal ya fueron pagadas y resta por liquidar los reajustes e intereses desde la fecha señalada en la resolución recurrida.

10. - Finalmente, pero igualmente importante, el recurso de protección si bien es una acción constitucional de amplio espectro, no puede tener como finalidad impugnar resoluciones judiciales dictadas dentro de un proceso legalmente tramitado.

A folio informa don Randolph Brown Riquelme por el recurrido Ilustre Municipalidad de Temuco quien señala:

Encontrándome dentro del plazo otorgado por esta Ilustrísima Corte y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, de fecha 27 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema, vengo en evacuar el informe decretado en autos y en solicitar desde ya el rechazo da la acción de protección de garantías constitucionales, conforme a los argumentos que a continuación se exponen:

I.- ANTECEDENTES QUE FUNDAN EL PRESENTE INFORME:

1.- En forma preliminar, es posible constatar haberse interpuesto Recurso de Protección de Garantías Constitucionales por parte del abogado don HECTOR CAMPOS MALDONADO.

2.- El recurso fue deducido en contra de la resolución de fecha 25 de noviembre del año 2024, dictado por el Juez del Trabajo don nombre reservado, en la causa caratulada “AFP CAPITAL S.A. CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, en juicio ejecutivo previsional, RUC P-1729-2024, en la que dicho juez del fondo acogió a una objeción del crédito realizada por el tribunal deducida por esta parte recurrida en autos, esto es, la Municipalidad de Temuco. En efecto, se solicitó disponer la reliquidación del crédito de autos y la respectiva dictación de la resolución que establezca una suma determinada para dar cumplimiento a lo ordenado por vuestra señoría con fecha 25 de noviembre del año en curso. La petición señalada en el motivo precedente obedeció y se encuentra en correspondencia con lo resuelto en el cuaderno de apremio, esto es, resolución de fecha 25 de noviembre de 2024 (folio N°97), en que don nombre reservado, en síntesis- razonó y resolvió lo siguiente:

 “I.- Que SE ACOGE, sin costas, la objeción de liquidación deducida por don Randolph Brown Riquelme, abogado, en representación de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO y en consecuencia ordenar practicar una nueva liquidación que devengará los reajustes que ordena el artículo 22 de la Ley 17.322 , calculado desde la época en que cada cotización debió pagarse y los intereses calculados conforme lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo y únicamente desde que esta sentencia quedó ejecutoriada, esto es 26 de diciembre de 2022, sin considerar la aplicación de multas. II.- Liquídese en la forma señalada, una vez ejecutoriada la presente. (Lo resaltado es nuestro).

3- Agrega la recurrente que la objeción a la liquidación deducida por la Municipalidad de Temuco, sería vulneratoria de los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°3 y 24 de nuestra Carta magna.

4.- Así las cosas, y más allá de que la actora pretende que esta Ilma. Corte revise, por medio de una acción de protección, la legalidad de una sentencia; nos abocamos a continuación a descartar la existencia de cualquier ilegalidad o arbitrariedad en la resolución de fecha 25 de noviembre del año 2024, dictado por el Juez del Trabajo don nombre reservado, en la causa caratulada “AFP CAPITAL S.A. CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, en juicio ejecutivo previsional, RUC P-1729-2024, que rechazó la objeción a la liquidación del crédito planteada por la demandada.

II.- EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO PLANTEADO La resolución de fecha 25 de noviembre del año 2024, dictada por el Juez del Trabajo don nombre reservado, en la causa caratulada “AFP CAPITAL S.A. CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, en juicio ejecutivo previsional, RUC P-1729-2024, que rechazó la objeción a la liquidación del crédito planteada por la demandada expresó lo siguiente:

“CUARTO: Que a fin de resolver la objeción de liquidación que plantea la Municipalidad de Temuco, se tendrá en consideración reciente jurisprudencia consisten en Recuso de unificación de Jurisprudencia d la Excma. Corte Suprema de 25 de septiembre de 2024 en Rol Nro. 242.639-2023 , cuyo considerando séptimo resulta plenamente atingente : “Séptimo: Que, en conformidad a lo expuesto, es posible asentar que la regla en materia de cotizaciones de seguridad social, esto es, previsionales, de cesantía y de salud, es la vigencia de la obligación de pago por parte del empleador, salvo que tratándose de contrataciones originadas en un contrato de prestación de servicios suscrito con un órgano de la Administración del Estado, amparado en origen por la presunción de legalidad y en que el prestador de servicios tuvo durante su vigencia la apariencia de trabajador independiente, las partes hayan hecho de su cargo el cumplimiento de la obligación o, sin tal pacto, que éste las haya enterado directamente, sea en forma total o parcial. En consecuencia, de no existir dicha cláusula en el respectivo contrato de prestación de servicios y siempre que el pago de tales prestaciones no sea totalmente solucionadas por el trabajador, deberán cumplirse por el empleador, lo que conduce a otra arista del problema, referida a las sanciones que el artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y las Leyes N°17.322 y 19.728 imponen al empleador que paga fuera del plazo que la normativa prescribe, pues de acuerdo a los incisos séptimo, décimo y undécimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500, a los artículos 21 y 22 letra a) de la Ley N°17.322 y, artículo 11 de la Ley N° 19.728, la falta de declaración y pago oportuno de las cotizaciones previsionales queda sujeta a una multa a beneficio fiscal, además de incrementarse su monto con los reajustes e interés penal correspondiente. Sin embargo, como a propósito de la aplicación a este tipo de casos de la institución consagrada en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo se ha reconocido que los órganos de la Administración del Estado no podían, de acuerdo a la normativa y las reglas presupuestarias que los rigen, pagar libremente las cotizaciones de sus prestadores de servicios a honorarios durante la vigencia del vínculo, requiriendo para convalidar el despido, una vez calificada tal relación como laboral, de un pronunciamiento judicial condenatorio, estando, en definitiva, de buena fe y amparados por la antes mencionada presunción de legalidad, debe concluirse que no puede tenérseles como deudor en mora o incumplidor para estos efectos, puesto que resultaría contradictorio no sancionarlos con la declaración de nulidad del despido, para luego imponerles multas e intereses penales. Lo anterior, conduce a que las cotizaciones a que resulte condenado este tipo de empleador deberán ser incrementadas con reajustes, calculados desde la oportunidad que indican el inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500, el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N°17.322 y el inciso primero del artículo 11 de la Ley Nº 19.728, más los intereses que se devengarán desde la época en que el fallo que declaró el carácter laboral del vínculo quede ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N°3.500 y en las Leyes N°17.322 y Nº19.728, ya que, considerando lo dicho, se descarta la aplicación de intereses penales, de manera que deberán determinarse en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo. Además, a fin de mantener la debida concordancia con los razonamientos expuestos acerca del origen del contrato celebrado entre las partes, el cobro de dichas cotizaciones deberá excluir las multas a que aluden los artículos 19 inciso séptimo del Decreto Ley N°3.500, 22 letra a) de la Ley 17.322 y 10 inciso sexto de la ley Nº 19.728.”

QUINTO: Que el razonamiento expuesto precedentemente resulta aplicable a la presente causa, desde que en la especie en la sentencia declarativa se hizo un reconocimiento a la existencia de relación laboral, y en la sentencia se determinó el pago de las cotizaciones previsionales del periodo trabajado, época en la que por estar las partes vinculada mediante contrato de honorarios, la municipalidad estaba amparada por el principio de buena fe y presunción de legalidad, desde que le estaba impedida de proceder al pago de las cotizaciones de seguridad social libremente, de manera tal que al convalidar el despido, por mandato de sentencia ejecutoriada, no puede ser considerada deudora morosa sino desde que la misma se encuentre ejecutoriada, lo que en la especie tuvo lugar el 26 de diciembre de 2022.

Así las cosas, corresponde acoger la objeción de liquidación en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Y visto lo dispuesto en el artículo 3, 7, 22 de la ley 17.322 y artículo 63 del Código del Trabajo, artículos 139, 142, 143 y 144 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que SE ACOGE, sin costas, la objeción de liquidación deducida por don Randolph Brown Riquelme, abogado, en representación de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO y en consecuencia ordenar practicar una nueva liquidación que devengara los reajustes que ordena el artículo 22 de la Ley 17.322 , calculado desde la época en que cada cotización debió pagarse y los intereses calculados conforme lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo y únicamente desde que esta sentencia quedó ejecutoriada, esto es 26 de diciembre de 2022, sin considerar la aplicación de multas. II.- Liquídese en la forma señalada, una vez ejecutoriada la presente. Notifíquese la presente resolución por el estado diario y vía correo electrónico a aquella parte que lo hubiere solicitado.

III.- NO EXISTENCIA DE ACTOS ARBITRARIOS O ILEGALES SUSCEPTIBLES DE SER ENMENDADOS POR ESTA VÍA 1.-En efecto Usía Iltma., el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2.- Que, de lo señalado en la parte expositiva de esta sentencia, aparece que el letrado nombre reservado recurre de protección atendido que estima ilegal el actuar del Juez también recurrido, por haber dictado en autos con fecha 25 de noviembre del año 2024, causa caratulada “AFP CAPITAL S.A. CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, en juicio ejecutivo previsional, RIT P-1729-2024, la sentencia que rechazó la objeción a la liquidación del crédito planteada por esta parte.

3.- Que, debe tenerse en consideración que lo impugnado a través de esta acción constitucional es una resolución de carácter jurisdiccional, específicamente, aquella de 25 de noviembre del año 2024, que rechaza la objeción planteada en contra de la liquidación de la deuda del crédito, dictada en el seno de la causa RIT P-1729- 2024, causa caratulada “AFP CAPITAL S.A. CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, del Juzgado de Cobranza Laboral de Temuco, en la cual ni siquiera es parte el recurrente, la cual fue dictada en un proceso legalmente tramitado, es decir, tutelado por el imperio del derecho, lo cual supone que la misma está sometida a los recursos y procedimientos que la ley establece, que permite tanto a las partes como a los afectados por ella, ejercer las acciones que al efecto consagra la ley para su impugnación.

4.- Que, desde este punto de vista, no aparece lógico que por esta vía se adopten decisiones de índole jurisdiccional que supongan la modificación de aquellas que han tomado los tribunales a quienes se les ha requerido su intervención, en procesos como el que se indicó, que importan controversia; no siendo, en consecuencia, la vía idónea al efecto.

5.- La Excma. Corte Suprema ha dicho al respecto que el “recurso de protección es impropio para modificar resoluciones judiciales, pues ello lo convertiría en un recurso subsidiario de aquellos ordinarios y extraordinarios que contemplan diversas leyes para impugnar tales resoluciones (Corte Suprema. 18 de febrero de 1998. Rol 439- 1998).

6.- Que, por lo demás, la naturaleza propia de la acción de protección y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para revisar la procedencia o improcedencia de lo actuado en un juicio en cuyo marco se ha dictado la resolución que, por esta vía, se pretende impugnar.

7.- Que, en consecuencia, el recurso de protección intentado resulta improcedente, porque de aceptarse por esta vía la revisión de resoluciones judiciales, se estarían conculcando los principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico.

Pide que en mérito de lo anteriormente expuesto, disposiciones legales citadas y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de fechas 27 de junio de 1992 modificado por el Auto Acordado de 9 de junio de 1998; tener por evacuado el informe y en definitiva rechazar el Recurso de Protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas por manifiestamente infundado.

A folio 11 los autos quedaron en estado de relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección;

SEGUNDO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en la norma precedentemente citada, constituye una acción constitucional de urgencia, autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Así, resulta requisito indispensable de la acción constitucional cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por el constituyente.

TERCERO: Que a lo anterior y a fin de que prospere esta vía constitucional se ha reconocido por nuestros Tribunales Superiores de Justicia que se deben reunir copulativamente los siguientes requisitos:

a) Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado”.

CUARTO: Que la resolución recurrida es de fecha 25 de noviembre de 2024 dictada seguida en juicio ejecutivo de cobranza judicial en causa RIT P-1729-2024, que señala en su parte resolutiva lo siguiente:

“Y visto lo dispuesto en el artículo 3, 7, 22 de la ley 17.322 y artículo 63 del Código del Trabajo, artículos 139, 142, 143 y 144 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que SE ACOGE, sin costas, la objeción de liquidación deducida por don Randolph Brown Riquelme, abogado, en representación de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO y en consecuencia ordenar practicar una nueva liquidación que devengara los reajustes que ordena el artículo 22 de la Ley 17.322 , calculado desde la época en que cada cotización debió pagarse y los intereses calculados conforme lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo y únicamente desde que esta sentencia quedó ejecutoriada, esto es 26 de diciembre de 2022, sin considerar la aplicación de multas.

II.- Liquídese en la forma señalada, una vez ejecutoriada la presente. Notifíquese la presente resolución por el estado diario y vía correo electrónico a aquella parte que lo hubiere solicitado. R.I.T P-1729-2024 R.U.C. 24-3-RUT reservado

Resolvió don nombre reservado, Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.”

En Temuco, a veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la presente resolución”

QUINTO: Que en contra de dicho recurso informo el Juez Sr. Robinson Villaroel Cruzat, quien previo desarrollo de su informe solicita el rechazo de este arbitrio.

Señala la resolución contra la cual se acciona por esta vía, el recurrente argumenta que esta atenta en contra de sus derechos contenidos en el artículo 19 Nº 3 y 24 de la Constitución Política de la Republica. Posteriormente hace una reseña de la causa que da origen a este juicio ejecutivo previsional, para a partir de ello indicar en que causa se origina la resolución que se busca impugnar por esta vía constitucional, refiriendo que luego que la ejecutada pagara el capital adeudado se procede a realizar una primera liquidación con fecha 26 de septiembre de 2024, la que fue objeto de una segunda con fecha 10 de octubre del mismo año, dándose traslado de la misma. Evacuado el traslado, se resuelve el incidente de objeción de liquidación, acogiéndose la incidencia por parte del Tribunal, para lo cual el sentenciador efectúa un detallado análisis de la situación, decidiendo, tal como se dijo acoger la incidencia planteada. Señala que respecto a las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, no hay infracción al debido proceso, pues la causa de cumplimiento previsional se ha tramitado conforme a las normas legales y la participación del demandante fue descartada en dicha causa mediante resolución que se encuentra firme.

En relación al derecho de propiedad, refiere que el actor no tiene un derecho indubitado sobre las sumas cuya liquidación se objetó, sino solo una mera expectativa, sobre todo cuando las cotizaciones en su valor nominal ya fueron pagadas y resta por liquidar los reajustes e intereses desde la fecha señalada en la resolución recurrida. Finalmente señala que el recurso de protección si bien es una acción constitucional de amplio espectro, no puede tener como finalidad impugnar resoluciones judiciales dictadas dentro de un proceso legalmente tramitado.

SEXTO: Que así como lo hace el Juez recurrido, también informa la Ilustre Municipalidad de Temuco, solicitando el rechazo de esta acción para lo que inicia con una descripción de la acción intentada por el recurrente, indica las garantías afectadas por dicha resolución, para seguidamente abocarse a descartar la existencia de toda ilegalidad o arbitrariedad de la mencionada resolución judicial.

Luego procede a analizar el fondo de lo planteado `por el recurrente, citando en lo pertinente a su petición la sentencia recurrida por esta vía. Luego analiza la misma desde la perspectiva de la inexistencia de acto arbitrario o ilegal, para finalmente solicitar el rechazo de esta acción constitucional.

SEPTIMO: Que previo a pronunciarse respecto de este arbitrio, conviene tener presente la cronología que lleva al recurrente a actuar por esta vía.

1. - El recurso fue deducido en contra de la resolución de fecha 25 de noviembre de 2024, dictada por este recurrido en la causa caratulada "AFP CAPITAL S.A. CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO", juicio ejecutivo provisional, Rue P-1729-2024, por la cual acogió una objeción de la liquidación del crédito realizada por el Tribunal deducida por la otra recurrida, la Municipalidad de Temuco.

2. - En causa Rit 0-859-2021, el Sr. nombre reservado demandó a la Municipalidad de Temuco para que se declarara la existencia de una relación laboral entre ambos, formalizada mediante sendos contratos a honorarios y, consecuencialmente, se declarara injustificado su despido y se le pagaran las prestaciones que indicó, incluyendo la nulidad de despido y pago de cotizaciones.

3.- - En dicha causa se acogió la demanda señalando su parte resolutiva:

"l.-Que SE ACOGE la demanda de declaración de relación laboral y en consecuencia se declara que entre don nombre reservado y la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, del giro de su denominación, Rut No RUT reservado, representada para estos efectos por su Alcalde don ROBERTO FRANCISCO NEIRA ABURTO existió una relación de carácter laboral que se prolongó desde el JUNIO DE" 2005 al 31 de OCTUBRE de 2021. II.- Que SE ACOGE la demanda de despido injustificado y en consecuencia se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones: a.-Indemnización sustitutiva del aviso previo: $2.114.784 b.- Indemnización por años de servicio: $23.262.624 c.- Incremento el 50% conforme al artículo 168 b) del Código del Trabajo: $11.631.312 d.- Feriado Legal: $563.944 e.- Feriado proporcional: $281.972 III.- SE RECHAZA la demanda en cuanto pretende se declare la nulidad del despido. IV.- Que sin perjuicio de lo anterior se condena a la demandada al pago de las cotizaciones provisionales y de salud del actor de desde junio del año 2005 a octubre del año 2021, a razón de las siguientes remuneraciones: 2005: $555.555 Desde JUNIO 2006: $583.330 2007: $613.663 2008: $700.000 2009: $ 800.000 2010: $836.000 2011: $1.072.700 2012:$1.126.100 2013:$1.181.810 2014:$1.240.250 2015: $1.614.630 2016: $1.681.350 2017: $1.738.205 2018: $1.927.000 2019: $2.041.000 2020: $2.098.000 2021: $2.114.784 hasta 31 de OCTUBRE. V.- Cada parte soportara sus propias costas".

Esta sentencia fue objeto de un recurso de nulidad que fue desestimado, lo mismo que un recurso de unificación de jurisprudencia.

4. - Ejecutoriada la sentencia, pasó a cobranza y la Municipalidad pagó las indemnizaciones adeudadas. Se ofició a las instituciones de previsión social a las que se encontraba afiliado el demandante para el cobro de las cotizaciones respectivas.

A.F.P. CAPITAL, dictó la resolución que constituye el título ejecutivo y ordena el pago de una suma nominal de $32.445.814, deduciendo demanda ejecutiva previsional y solicitando despachar mandamiento de ejecución y embargo por dicha suma más los reajustes, intereses, recargos y costas que se determinen al momento del pago.

5. - El 11/07/2024, la Municipalidad de Temuco da cuenta del pago de la suma indicada en el título ejecutivo.

6.- - El 26/9/2024 se practica primera liquidación que arroja una deuda de $760.743.503.

7.- - Al no considerar la liquidación anterior el pago realizado por la Ilustre Municipalidad de Temuco, se practicó una segunda con fecha 10/10/2024, arrojando un total adeudado de $736.811.171, suma que fue objetada por la Municipalidad.

8.- - Una vez evacuado el traslado y el informe de la Unidad de Servicios del Tribunal, este resolvió acoger dicha objeción, mediante la resolución impugnada, cuyos fundamentos están contenidos en la misma.

OCTAVO: Que de los antecedentes de la causa que motiva esta acción constitucional, se puede colegir que la recurrida, Sr. Juez, don Robinson Villarroel Cruzat ha actuado dentro de sus atribuciones legales, con conocimiento de los antecedentes del caso, y además ha fundamentado debidamente su resolución, por lo que malamente la misma podría ser calificada como ilegal o arbitraria.

NOVENO: Que el recurso intentado, tal como se ha dicho lo es en contra de una resolución judicial, o sea se reprocha por esta vía el actuar de la recurrida, el cual lo ha sido en el ejercicio de una actividad jurisdiccional. Acto en contra del cual se estima que no procede la acción constitucional en cuestión, en atención a que se considera que existen los respectivos recursos legales para impugnar las resoluciones judiciales; salvo que la arbitrariedad sea extremadamente grosera, situación que no se configura en la especie.

DECIMO: Que, en consecuencia, en el caso de autos no procede adoptar ninguna medida de resguardo tendiente a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, dado que no estamos frente a un acto u omisión arbitraria o ilegal que hubiere privado, perturbado o amenazado al recurrente en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, por cuanto el acto reprochado por el recurrente "como arbitrario y a la vez ilegal" es una resolución judicial, que importaría contravenir la regla de radicación del artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales, como se ha concluido anteriormente; de lo contrario se convertiría la acción de protección en un recurso subsidiario de los que consagra la ley para impugnar resoluciones judiciales; sin perjuicio que estas últimas puedan ser revocadas o modificadas mediante la interposición de los recursos procesales, entre los que no figura el de protección.

DECIMO PRIMERO: Finalmente debemos indicar que el recurso de protección no puede ser aprovechado para enmendar procedimientos, resoluciones o sentencias emanadas de los tribunales que actúan dentro de la esfera de su competencia, por cuanto sometido un asunto al conocimiento de los Tribunales, todo derecho discutido dentro de ese procedimiento carece de la eficacia y autonomía que exige el espíritu de la norma constitucional para la procedencia de este recurso de protección, puesto que desde que existe controversia judicial ya no hay derecho indudable o no controvertible.

Por las razones anteriores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección interpuesto por don HECTOR CAMPOS MALDONADO, abogado, en contra de don nombre reservado, Alcalde de la Comuna de Temuco, y en contra de don nombre reservado, Juez del Juzgado de Cobranza de Temuco.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-8018-2024 (pvb).