nombre reservado con HOSPITAL SAN JOSÉ DE VICTORIA

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece don RENÉ BARTAN MELO OCARES, abogado, chileno, cédula de identidad N° RUT reservado, actuando en representación u beneficio de doña nombre reservado, chilena, Médico Pediatra, funcionaria del Hospital San José de Victoria, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía, deduciendo recurso de protección en contra del HOSPITAL SAN JOSE DE LA CIUDAD DE VICTORIA, persona jurídica de derecho público, rol único tributario número 61.602.229-6., representada por don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, o quien la subrogue o reemplace, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de la Araucanía, y en contra de CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RUT., 60.400.000-9 representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios que se señalan a continuación, por constituir una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile señala en su número 2°, referido a la igualdad ante la ley y prohibición de establecer diferencias arbitrarias y en lo dispuesto en su número 24°, respecto al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, entre las que se incluye, por cierto, las remuneraciones de mi representado. I. ACTO ARBITRARIO E ILEGAL. El acto arbitrario e ilegal cometido por la recurrida consiste en la solicitud de reintegro de remuneraciones supuestamente mal percibidas por el Sr. nombre reservado, contenida en resolución exenta N° 593, de fecha 28 de junio de 2022, emitida por el Hospital San José de Victoria, y la posterior RESOLUCIÓN N°3968-2023, emitida por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, que ratifica lo expuesto en la primera y que agota las instancias de reclamación obligando a esta parte a responder por la restitución por la suma que asciende a la suma de $10.666.502, las cuales se acompañan a los presentes autos. Que, dentro del plazo legal, esta parte ha hecho valer el derecho de recurrir a la Contraloría General de La República (Temuco), a fin de que en atención a los antecedentes expuesto, condone dicha restitución por la suma anteriormente indicada, por el argumento principal de no haber estado en conocimiento de percibir en la forma invocada los dineros, esto es, de Mala fe, toda vez, que la presente resolución nace por un requerimiento y consulta efectuada por esta misma profesional en las dependencias del área de personal del hospital donde trabajo. Ante dicho requerimiento, y por aviso de la Encargada de Personal doña nombre reservado, quien con fecha 15 de mayo del presente año, solicitó concurrir por una eventual respuesta negativa a la solicitud de condonación emitida por la Contraloría. Yo, al no poder concurrir ese mismo día por encontrarme en horarios de servicio, pude hacer retiro del documento al día siguiente, esto es el día 16 de mayo del presente año. Todo lo anterior, como se constata en mensajería que la propia Sra., Gutiérrez envía a mi celular personal. II. PLAZO PARA RECURRIR. La presente acción constitucional está siendo presentada dentro del plazo de treinta días corridos desde que esta parte ha tomado conocimiento del acto ilegal y arbitrario de la recurrida, según requiere el Auto Acordado precitado, toda vez que la notificación mencionada la cual rechaza la condonación, ya que esta parte ha agotado todas y cada una de las instancias administrativas, toda vez que no puede reconocer responsabilidad en los hechos, si bien está fechada el día 11 de mayo de 2023, fue conocida por mi representada el día 16 de mayo del presente año, tal como da cuenta la conversación por mensajería Whatsapp con la encargada de personal del Hospital, fecha en la cual concurrió a las oficinas de la mencionada Unidad de de Personas y solicitó ser informado de su situación, recibiendo el documento que daba cuenta de la negativa. III. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. Ingrese a trabajar en calidad de contrata el año 2013, sirviendo con mi título de médico cirujano, correspondiéndome efectuar mi beca el año 2018, eligiendo la especialidad de pediatría, retornando al Hospital San José el día 01 de octubre de 2021, retomando mis funciones. 2. Sucede que, durante el mes de mayo del presente año del año 2022, y en atención de poseer todos los requisitos para optar al cargo de Planta Superior Nivel I, y en lo posible, un pronto nombramiento, me dirigí a la Unidad respectiva, para comenzar los trámites. Sin embargo, tamaña fue mi sorpresa, que, tras revisar los antecedentes con el personal a cargo (de remuneraciones), nos logramos dar cuenta que, desde hace algún tiempo, se me había estado pagando dichas remuneraciones sin corresponderme. 3. Ante dicha situación, y debiendo reiterarle a usted, que, todo nace previa solicitud mía al departamento respectivo, se logró evidenciar este error, y como consecuencia, el departamento revisó tal situación y otras similares, teniendo como consecuencia que, yo debía restituir la suma de $10.666.502, a razón de lo ya expuesto. 4. La respuesta o justificación de la unidad respectiva al error en los pagos efectuados jamás llegó, ya que siempre se me señaló, que desconocían los motivos por los cuales se había estado pagando. 5. Debo precisar que mi buena fe, y mi desconocimiento, se acredita desde un inicio en este proceso, ya que hasta la fecha de mi requerimiento (mayo de 2022), entendía que los montos adicionales que se me estaba pagando correspondía a la asignación de experiencia calificada (especialidad), la cual correspondía de pleno derecho.

6. A raíz de esta investigación, cuya información podrá ser confirmada por la unidad respectiva del Hospital San José, se pudo acreditar que existía un desorden en el pago de remuneraciones, un hecho que en NADA se puede imputar a mi representada. Este suceso, resultaba imposible de prever por mi representada, ya que hasta la fecha de mi consulta (mayo 2022), y como se señaló precedentemente, yo entendía que la asignación de experiencia calificada, se me estaba pagando sin problemas, lo cual no era así. 7. Los antecedentes hasta ahora ya descritos, dan plena fe de la buena intención o buena fe que esta funcionaria ha tenido al momento de percibir las remuneraciones, y corroboran que no tengo responsabilidad alguna en el hecho de que “por error” se me haya estado pagando la remuneración no correspondiente. 8. Por consiguiente, y como ya fue advertido en la presente solicitud, desde el mes de octubre de 2021, me correspondía de pleno derecho la asignación de experiencia calificada, lo cual como es de conocimiento vuestro, no había sido pagada, pudiendo subsanarse sólo aquellos meses que no estuvieran comprendidos por el plazo de prescripción. A consecuencia de lo anterior, perdí al menos 3 meses del pago de dicha asignación. Dichos pagos no se estaban materializando por un error que no se supo justificar. 9. Ahora bien, corresponde determinar a quien le es imputable el error: Claramente el error corresponde a la unidad de remuneraciones del Hospital, quien por equivocación incorporaban remuneraciones equivocadas, pero a su vez NO incorporaban otras remuneraciones que si correspondían. En consecuencia, entender que esta profesional tuvo relación o algún grado de vinculación en el error en el pago, nos haría interpretar equivocadamente los hechos acontecidos. 10. Cabe precisar que tener que restituir la suma ordenada, por un error inimputable a mi representada, recibidos de muy buena fe, ocasionarían un perjuicio irreparable en mi representada Lo anterior, en atención a que como sabrá mi empleador y colocando en conocimiento vuestro, en la actualidad, y desde hace ya varios meses, me encuentro en un procedimiento costoso, que han involucrado intervenciones quirúrgicas, y cambio de marcapasos, como se acreditará con la documentación que se acompañará más adelante al presente recurso. Todo esto, ha conllevado naturalmente a un aumento de mis gastos mensuales y anuales. Es más, durante el último periodo del año 2022, me tuve que permitir hacer uso del permiso especiales a causas de licencias médicas ocasionadas por las intervenciones de otra índole y tratamiento respectivo. 11. Debe estar en conocimiento, que, sin estar notificado válidamente, pero con la intensión de clarificar la situación, esta profesional buscó un pronunciamiento de parte de la Contraloría, en donde se me informó, que el proceso de reintegro se ajustaba a las normas legales vigentes. Posteriormente, se solicitó la condonación del mismo, en atención a que jamás existió la intención de sabotear o fraudulentar a la institución que con mucho orgullo represento. A su vez, el mismo pronunciamiento, confirmó el hecho que, por temas de prescripción, las remuneraciones por asignación de experiencia calificada, no podían ser pagadas por haber precluido el plazo para su reclamación. 12. En consecuencia, por un acto negligente de algún funcionario del Hospital de Victoria, del área de remuneraciones, quien erróneamente ingreso un ítem a pago, correspondiendo otro que legalmente me correspondía, y tras haber hecho yo “VOLUNTARIAMENTE UNA CONSULTA”, deberé restituir dineros erróneamente pagados, pero perderé la opción de cobrar los dineros que me correspondían por legítimo derecho, (salvo los últimos 6 meses), y todo a raíz de un error no imputable a mi representada. 13. Confirma su buena fe el hecho, que antiguamente, cuando ingrese al Hospital San José, con el sólo hecho de cumplir los 9 años de antigüedad, un profesional de forma inmediata accedía al Nivel I de la Planta Superior, sin perjuicio, y como me he enterado al momento de su respuesta a mi solicitud de pronunciamiento, dicha ley fue modificada, debiendo al día de hoy, postularse para poder optar a dicho nombramiento. Esto, es otro argumento más, para acreditar mi buena fe. 14. SS., Ilustrísima, como se podrá acreditar con mis licencias médicas, y certificaciones médicas, en la actualidad, me encuentro en una situación económica que he podido conllevar, asociando mis gastos médicos, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y un sinfín de gastos adicionales, impiden poder dar cumplimiento a dicha solicitud. A su vez, esta parte estima que resulta del todo injusto, que, por un error involuntario de un tercero, no se me haya pagado lo que me correspondía, y si se haya pagado lo que no correspondía, y tras perder el derecho de reclamar retroactivamente lo que me corresponde (6 meses de plazo), yo me ves perjudicada y el sistema hospitalario, al ser una entidad pública, pueda reclamar todo lo que erróneamente se me pagó. 15. Esta parte debe declarar en su favor, que al entrar a una entidad administrativa, una institución pública, confía en que todos los funcionarios realicen de forma correcta su trabajo, por lo que no existen antecedentes que hagan que uno tenga que estar preocupado de asuntos administrativos. Es más, todos dentro de un sistema de trabajo, nos desempeñamos siempre confiando en que nuestros colegas realizan adecuadamente sus funciones en cada lugar de trabajo. Sorprende además que el Hospital ante tal negligente acción no haya requerido una investigación sumaria o haya indagado en las responsabilidades, pues lo más fácil era que yo, actuando siempre de buena fe, respondiera en favor del hospital, y sin buscar responsables. 16. Es en este punto se pregunta, ¿Que hubiese sucedido si no me hubieses acercado a solicitar indicaciones para el ingreso al Nivel I de la Planta Superior? La respuesta es simple y sencilla. El departamento de remuneraciones no se hubiese percatado del error en los pagos, pero lo más perjudicial para mí, es que hubiese perdido más meses de la asignación de experiencia calificada y se me seguirían pagando erróneamente dichos conceptos, acrecentando mi eventual “DEUDA “con el Servicio. 16. Por suerte fue a realizar dicha consulta, ya que de haberlo realizado en 5, 10 o 12 meses más tarde, hubiese tenido que restituir una mayor cantidad de dinero, y hubiesen prescrito más meses de reclamación del pago de la asignación. IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO: A partir de los antecedentes referidos en el numeral anterior es posible concluir que la indicada actuación del Hospital San José de Victoria, contraviene los principios de juridicidad y legalidad, consagrados a nivel constitucional y legal, respectivamente; por infringir lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y en el artículo 2°, del DFL 1-19653 del año 2000, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (ley 18.575), que en su conjunto establecen el deber de la Administración del Estado de sujetar su acción a la Constitución y las leyes, de tal forma que su actuación únicamente será válida cuando la ejerza la autoridad respectiva, dentro de su competencia y en la forma que ha establecido la ley, so pena de nulidad del acto viciado. El inciso primero del artículo 6° de la Carta Fundamental prescribe: Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.

El artículo 7° de la Constitución Política de la República prescribe: Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. El artículo 2° de la ley N° 18.575 prescribe:

Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes. Es evidente en el presente caso que la autoridad ha infringido el principio de juridicidad que lo rige. A saber, la Institución Hospitalaria no dio cumplimiento a lo instruido por el Órgano de Control, vulnerando de esa forma lo dispuesto en el artículo 9°, inciso final de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, en cuanto señala que “Estos informes -de la CGR- serán obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos concretos a que se refieran”. A su vez, vulnera el objeto del artículo 16 de la misma preceptiva, que señala “Los Servicios, Instituciones Fiscales, Semifiscales, Organismos Autónomos, Empresas del estado y, en general todos los Servicios Públicos creados por ley, quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República”. A su turno, la omisión incurrida por el Hospital, al no dar audiencia en el procedimiento de cobro de remuneraciones supuestamente mal percibidas por mi representada, vulnera la disposición del artículo 10 de la ley N° 19.880, que establece en el procedimiento administrativo la aplicación del principio de contradictoriedad, en virtud del cual, “Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio”. Además, se debe tener presente que lo detectado por el Órgano de Control es la falta de marcación de algunos ingresos y/o salidas correspondientes a la jornada laboral del requirente, pero no está acreditado la falta o incumplimiento de dicha jornada, lo cual se podría haber subsanado en caso de habérsele concedido la audiencia reclamada. En un sentido similar, se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema en el fallo de fecha 8 de noviembre de 2021, Rol N° 63.408-2021, en el cual señaló: Considerando Cuarto: “Que, resulta evidente que si se determina por la autoridad afectar los derechos de los funcionarios, ha de adoptar los resguardos necesarios en orden a respetarlos respecto de aquellos que no estaban en condiciones de conocer la improcedencia del pago que habría sido indebidamente percibido y, a su tiempo, hacer efectivas la responsabilidades en aquellos que sí se favorecieron con pleno conocimiento de ello, o fueron quienes tomaron estas decisiones ahora cuestionadas en virtud de las prerrogativas de que gozaban, a través de los mecanismos administrativos pertinentes, para decidir sobre la obligación, personal, de cada funcionario, de efectuar una restitución o no”. Considerando Quinto: “Que, en consecuencia, al decidir la recurrida unilateralmente, sin procedimiento previo alguno, como un procedimiento administrativo sancionatorio, o un juicio de cuentas, afecta las remuneraciones de la actora y ha actuado de un modo vulneratorio de las garantías consagradas en el artículo 19, numeral 3 inciso quinto y numeral 24 de la Constitución Política de la República de a través de un acto ilegal y arbitrario”. V. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS. - IGUALDAD ANTE LA LEY. Del relato precedente se desprende con claridad que la actuación del Hospital San José de Victoria es ilegal, consecuencia de la infracción de las disposiciones citadas precedentemente, lo que implica una afectación de la garantía de igualdad ante la ley, pues, en el caso de autos no actúo legítimamente como habría de hacerlo regularmente. - DERECHO DE PROPIEDAD. En esta materia procede expresar que el Hospital San José de Victoria al compeler el reintegro de remuneraciones supuestamente mal percibidas, sin contar con un procedimiento regular previo, amenaza el legítimo derecho de propiedad de esta parte, sobre sus remuneraciones.

Por ello pide, pide que se acoja a tramitación este recurso, con motivo de la emisión de la resolución exenta N° 593, de fecha 28 de junio de 2022, emitida por el Hospital San José de Victoria, y la posterior RESOLUCIÓN N°3968-2023, emitida por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, tras haber tomado conocimiento del hecho de ser denegada la última actuación administrativa que pudiera enmendar el hecho, todo lo cual vulneró sus garantías fundamentales, y, en definitiva, se declare que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de dejar sin efecto la aludida actuación por ilegal y arbitraria, y toda otra correlacionada con esta última, y en su lugar disponer que se proceda a condonar la restitución señalada en autos, o en su lugar, se deje sin efecto, por no haber recaído la responsabilidad de los hechos en mi representada; todo ello con expresa condenación en costas. ACOMPAÑA DOCUMENTOS.

1- Resolución exenta N° 593, de fecha 28 de junio de 2022, emitida por el Hospital San José de Victoria, obligando a esta parte a responder por la restitución por la suma que asciende a la suma de $10.666.502.

2- RESOLUCIÓN N°3968-2023, emitida por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, que ratifica lo expuesto en la primera y que agota las instancias de reclamación.

3.- Copia de mensajes que indican la fecha de la toma de conocimiento.

Marissa Brieba Winkler, abogada, en representación según se acreditará del Hospital San José de Victoria, representado legalmente por su Director Subrogante Sr. nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, informa: I. CUESTIONES PREVIAS. a. Error en la notificación. Previamente, señalamos que no existe la casilla de correo electrónico correo reservado, al cual se han notificado los oficios en esta causa, por lo que no es efectivo que esta parte no haya colaborado en la emisión del presente informe, sino que no había sido notificado de dicho requerimiento. b. Extemporaneidad del recurso. Por medio de la presente acción, la recurrente impugna la Resolución Exenta N° 3.968 de fecha 11 de mayo de 2023 de la Contraloría Regional de la Araucanía, que rechazó la solicitud de condonación y le otorga facilidades de pago. Sin embargo, y a pesar de que la actora se estima por notificada con fecha posterior (además, sin adjuntar antecedente alguno que lo acredite), lo cierto es que dicha resolución le fue notificada por correo electrónico con la misma fecha de su dictación, según lo ha acreditado el órgano contralor. En consecuencia, habiéndose interpuesto el presente recurso con fecha 15 de junio de 2023, el plazo se encuentra inexorablemente vencido, por haber transcurrido en exceso el plazo fatal de 30 días corridos contados desde que la recurrente tuvo conocimiento del hecho en el que funda su pretensión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, por lo que la interposición de la acción es manifiestamente extemporánea. c. Falta de legitimación pasiva. A través de la presente acción, la recurrente impugna la Resolución Exenta N°3.968 de fecha 11 de mayo de 2023 de la Contraloría Regional de la Araucanía, que rechazó la solicitud de condonación y le otorga facilidades de pago, por lo que la acción cautelar no debería dirigirse en contra de este Hospital, toda vez que el agravio alegado en autos no tiene su origen en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, sino en la decisión del órgano contralor de rechazar la solicitud de condonación realizada por la recurrente. En efecto, al analizar lo solicitado por la actora es posible constatar que lo pretendido por aquel no dice relación con el Hospital San José de Victoria sino con la Entidad de Control, toda vez que su pretensión es que “se deje sin efecto la aludida actuación por ilegal y arbitraria, y toda la correlacionada con esta última, y en su lugar disponer se proceda a condonar la restitución señalada en autos, o en su lugar, se deje sin efecto…” Confirma lo señalado el hecho que, en el evento que se acogiera el presente recurso de protección, lo solicitado por la recurrente no podría ser cumplido por este Hospital, por cuanto éste, como se señaló, no cuenta con facultades legales ni para condonar la restitución, ni para dejar sin efecto una resolución dictada por el órgano contralor, lo cual, únicamente podría ser cumplido por el citado Ente de Control. En consecuencia, en el supuesto de ser procedente la impugnación de aquella determinación administrativa por la vía del recurso de protección, en ningún caso debería dirigirse en contra de este Hospital, por lo que corresponde que ese Iltmo. Tribunal desestime el recurso de protección de autos, por falta de legitimación pasiva de la acción respecto de este centro hospitalario. II. EN CUANTO AL FONDO. Antecedentes. 1. Que, como antecedentes preliminares de los hechos se puede señalar que la funcionaria D. nombre reservado ingresó al Hospital San José de Victoria en modalidad de contrata desde el 01 de octubre de 2013 al 31 de marzo de 2018, realizando posteriormente su beca de especialidad de Pediatría, y retornando al Hospital de Victoria con fecha 01 de octubre de 2021 por Devolución de su Periodo Asistencial Obligatorio, manteniéndose contratada hasta la actualidad. 2. Que, efectivamente, en el año 2022 la funcionaria se dirigió a la oficina de remuneraciones de este Hospital para consultar cómo debía realizar la postulación para cambio a Planta Superior Nivel 1, debido a que ya cumplía con la antigüedad requerida para ello. Al revisar en plataforma del Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH) se evidencia que ella ya tenía cargada la asignación correspondiente a este ítem (Experiencia Calificada, produciéndose también diferencias en las asignaciones de Reforzamiento profesional y asignación de zona) desde el mes de octubre de 2021. 3. Paralelamente, de acuerdo a Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, la funcionaria reclamante posee título de especialista en Pediatría otorgado por la universidad de la Frontera, emitido con fecha 27 de septiembre de 2021, por lo que desde esa fecha le eran procedentes las asignaciones correspondientes a esta calidad de especialidad (Estímulo Competencia Profesional y Asignación de Permanencia), las que no se incluyeron en sus remuneraciones, situación que se evidenció en la misma oportunidad del apartado anterior, es decir, cuando la funcionaria concurre la Oficina de Remuneraciones a preguntar por el traspaso a Planta Superior Nivel 1. 4. Revisado esto, se procedió a pagar a la funcionaria las asignaciones correspondientes a su calidad de especialista, que no excedieran el plazo contemplado en el artículo 99 del Estatuto Administrativo, que establece que el derecho al cobro de las asignaciones prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles. Dicho pago retroactivo se regularizó el mes de junio de 2022, por las asignaciones correspondientes desde el mes de Diciembre de 2021 al mes de Mayo de 2022, quedando sin pagar las que correspondían a los meses de octubre y noviembre 2021, por exceder el plazo dispuesto en la normativa citada. 5. En virtud de lo anterior, mediante Resolución Exenta N°593 de fecha 28 de junio de 2022 del Director(S) del Hospital San José de Victoria, se ordenó a la funcionaria nombre reservado, el reintegro de la suma de $10.666.502, por haber percibido las remuneraciones por concepto de traspaso a la planta superior nivel I, durante el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2021 y mayo de 2022, época en la que no cumplía los requisitos para ello. Luego, con fecha 2 de noviembre de 2022, la recurrente efectuó una presentación ante el órgano contralor, por medio de la cual, solicitó la condonación total o parcial, o, en subsidio, el otorgamiento de facilidades para el reintegro de la suma señalada. 6. Resolviendo dicha solicitud, la Contraloría Regional, emitió la resolución exenta N°3.968, de 11 de mayo de 2023 -impugnada en estos autos- desestimando lo solicitado en lo principal, respecto de la condonación total o parcial, pero accediendo a la petición subsidiaria, otorgando facilidades para el pago, siendo dicha resolución el acto recurrido en esta causa. b. Ausencia de ilegalidad y/o arbitrariedad. La resolución exenta N°3.968, de 11 de mayo de 2023 del órgano contralor, fue emitida al amparo de lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República; 1°, 6° y 67 de la ley N° 10.336; la resolución N° 1.002, de 2011, que Establece la Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales y la resolución N° 35, de 2018, que establece procedimiento para la aplicación de las facultades previstas en los incisos primero y cuarto del artículo 67 de la ley N° 10.336, ambas del Organismo Contralor. De esta manera, no se advierte de qué manera la resolución ha podido ser ilegal y arbitraria, toda vez que la Contraloría Regional ejerció las competencias que le han sido asignadas en virtud de la normativa constitucional, legal y reglamentaria ya citada. c. Sobre la supuesta vulneración de garantías constitucionales. i) Derecho contemplado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República. Lo cierto es que el recurrente ni siquiera indica cómo habría sido vulnerado el derecho de igualdad, limitándose a indicar que el hospital “en el caso de autos no actuó legítimamente como habría de hacerlo regularmente”. Lo aseverado por la recurrente no es efectivo, toda vez que se ha aplicado en este caso el mismo procedimiento que se establece para todos los casos en que se instruye reintegro de fondos a los funcionarios, destacando que la autoridad en el ámbito de sus facultades y habilitado por normas reglamentarias, legales y constitucionales procedió a dictar dicha resolución, sin dar un trato discriminatorio a la recurrente en el marco de las facultades legales que se poseen para ello. Sin perjuicio de lo anterior, es menester indicar que la resolución recurrida por la presente acción dice relación con el rechazo de la solicitud de condonación emitida por el órgano contralor, y no encuentra su fundamento en la resolución que ordena el reintegro emitida por este centro hospitalario, por lo que el derecho supuestamente vulnerado no dice relación con la acción ejercida. ii) Derecho contemplado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República. La recurrente sostiene que el Hospital amenaza el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones “al compeler el reintegro de remuneraciones supuestamente mal percibidas, sin contar con un procedimiento regular previo”. Dicha aseveración no tiene sustento jurídico, por dos razones: 1) porque el procedimiento que se aplicó es precisamente el que dispone la institución para proceder a reintegrar dineros mal percibidos. 2) Porque, en términos generales, contar o no con un procedimiento previo no tiene relación directa alguna con la protección a la garantía al derecho de propiedad. Además, nuevamente se debe recordar que la resolución recurrida por la presente acción dice relación con el rechazo de la solicitud de condonación emitida por el órgano contralor, y no encuentra su fundamento en la resolución que ordena el reintegro emitida por este centro hospitalario, por lo que el derecho supuestamente vulnerado no dice relación alguna con la acción ejercida. Finalmente, señalar que no es procedente pretender alegar el derecho de propiedad afectando el patrimonio fiscal, cuando éste ha sido percibido por un error de hecho, y sin un legítimo derecho que lo sustente, más allá de la buena o mala fe con que haya sido recibido. d. Improcedencia de la acción: El principio de Juridicidad o Legalidad que consagra nuestra Constitución Política de la República en sus Artículos 6 y 7 respectivamente establecen que: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. Lo anterior supone así la habilitación de la administración para actuar dentro de sus facultades, respetando el ordenamiento jurídico no atribuirse más poderes que lo que expresamente le señala la Ley. El caso que nos convoca, por tanto, se encuentra dentro del principio de legalidad antes referido, toda vez que el Hospital ha actuado con plena vinculación al Derecho, entendiéndose que se trata de una decisión de parte de la autoridad autorizada por la ley, no habiendo para la administración espacios exentos de aplicación del Derecho y consecuentemente con lo anterior, no vulnerándose ningún derecho o garantía como lo planteado por el recurrente. En consecuencia, no procede la mal utilización de esta acción constitucional que se utiliza como protección de derechos fundamentales frente a actos arbitrarios o ilegales que causen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de aquellos derechos que se indican en el artículo que los consagra. Además de lo anterior la recurrente tiene una serie de recursos administrativos para impugnar la resolución que ordena el reintegro de las remuneraciones percibidas indebidamente, respecto del cual no presentó un recurso de reposición en tiempo y forma, debiendo por tanto agotar los recursos administrativos que contempla la Ley N° 18.575 y 19.880 respectivamente como mecanismo que opera prima facie del conocimiento judicial del conflicto. No debe por tanto considerarse que el recurso de protección opera como un contencioso administrativo ordinario que controla la legalidad de estos actos, sino como un procedimiento calificado de amparo de Derechos Fundamentales que viene a tutelar y amparar esos derechos cuando han sido vulnerados por el Estado o por un particular, para que precisamente no se produzca el desgaste de este procedimiento excepcional.

Por ello pide, tener por informado el Recurso de Protección presentado por el abogado René Bartán Melo Ocares, en representación de doña nombre reservado, en contra del Hospital San José de Victoria, representado legalmente por don nombre reservado, Director Subrogante, y en definitiva, rechazarlo en todas sus partes por carecer de todo fundamentos tanto de hecho como de derecho, con costas.

1. Certificado de la relación de servicio de la funcionaria nombre reservado, al año 2022.

2. Ord. N°1 de fecha 25 de mayo de 2022 de la funcionaria reclamante al Director(S) del Hospital solicitando cambio a planta superior nivel 1.

3. Ord. N°372/2022 de la Jefa de Oficina de Personal al Subdirector de Gestión y nombre reservado informando sobre el pago de Asignación de Estímulo de Competencias Profesionales y Asignación de Permanencia.

4. Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud que acredita la especialidad de pediatría de la doctora reclamante.

5. Liquidaciones de sueldo de la funcionaria aludida desde el mes de Octubre 2021 a mayo de 2022, incluyendo planilla accesoria pagada en el mes de julio de 2022 por pago retroactivo.

6. Detalle de cálculo que fundamenta la resolución de reintegro cursada a la funcionaria reclamante.

ELIANA VALESKA SANHUEZA CID, abogada, cedula nacional de identidad NºRUT reservado, en representación como se acreditará, del SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE , RUT RUT reservado, representado legalmente por su director titular don nombre reservado, conforme consta de Decreto afecto N° 3 del Ministerio de Salud de fecha 04 de enero del año 2022, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, informando: 1. Que, antes que todo, debemos señalar que mi representado, Servicio de Salud Araucanía Norte, es un organismo estatal funcionalmente descentralizado y dotado de personalidad jurídica N° 61.955.100-1 y patrimonio propio, creado por D.F.L. Nº 1 del 30 de septiembre de 1996; 2. Por su parte, el Hospital San Jose de Victoria, es un establecimiento de auto gestión en red, que forma parte del Servicio de Salud Araucanía Norte, Rut N° Rut: RUT reservado, es decir, en el Director del Hospital están radicadas las funciones de dirección, organización y administración del correspondiente Establecimiento y nuestro representado, a saber, Servicio de Salud no podrá interferir en el ejercicio de las atribuciones que le confiere este Título al Director del Establecimiento, ni alterar sus decisiones; 3. Sin perjuicio de lo anterior, podemos señalar que compartimos lo indicado por el recurrido nosocomio de Victoria respecto la falta de legitimación pasiva de la acción de protección, toda vez que la facultad de condonar o conceder prorrogas por dineros indebidamente percibidos de funcionarios públicos corresponde exclusivamente a la Contraloría, órgano de control que se pronunció de la solicitud de la recurrente mediante Resolución Exenta N°3.968 de fecha 11 de mayo de 2023 de la Contraloría Regional de la Araucanía, rechazando la solicitud de condonación y concediendo facilidades de pago (artículo 67 inciso 4° de la ley 10.336). En consecuencia, dicha actuación amparada en nuestra legislación vigente se encuentra ajustada a derecho; 4. Finalmente en cuanto a la temporalidad del recurso, atendidas las fechas de las notificaciones de la resolución impugnada se puede concluir que el recurso es extemporáneo y debe, por ende, ser desestimado, dado que al momento de su interposición -esto es 15 de junio del 2023 ya había transcurrido el plazo fatal de treinta días corridos contados desde que la recurrente tuvo conocimiento del hecho en que se funda, a saber, 11 de mayo de 2023.

Por ello pide, tener por evacuado informe en la presente acción constitucional, solicitando se tenga presente lo expuesto a fin de resolver la presente acción constitucional.

Comparece la contraloría, informando: I. Antecedentes. Mediante resolución exenta N° 593, de 28 de junio de 2022, el Hospital San José de Victoria ordenó a doña nombre reservado, funcionaria del citado recinto hospitalario, el reintegro de la suma $10.666.502, por haber percibido indebidamente las remuneraciones por concepto de traspaso a la planta superior nivel I, durante el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2021 y mayo de 2022. Luego, con fecha 2 de noviembre de 2022, la recurrente efectuó una presentación ante esta Entidad de Control, por medio de la cual, solicitó la condonación total o parcial, o, en subsidio, el otorgamiento de facilidades para el reintegro de la suma señalada. Enseguida, esta Contraloría Regional, en virtud de los antecedentes tenidos a la vista y a la normativa aplicable al caso, emitió la resolución exenta N° 3.968, de 11 de mayo de 2023 -impugnada en estos autos- desestimando lo solicitado en lo principal, respecto de la condonación total o parcial, pero accediendo a la petición subsidiaria, otorgando facilidades para el pago. Así, conforme a lo requerido en subsidio por la actora en el citado acto administrativo, se dispuso que la devolución de lo adeudado, esto es $10.666.502, se efectúe en 60 parcialidades iguales, mensuales y sucesivas, equivalentes a 2,9213 U.T.M, con un 12% de interés anual en favor del Fisco como ordena el artículo 146 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la Republica impugnado, del estudio de los antecedentes tenidos a la vista se desprende que el origen de la deuda contraída por la recurrente reside en la percepción indebida de remuneraciones por concepto de traspaso a la planta superior nivel I, durante el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2021 y mayo de 2022, por la suma de $ 10.666.502, cuestión que resultó improcedente. En tal contexto, la recurrente interpone la presente acción constitucional impugnando las reseñadas resoluciones exentas N° 583, de 2022, del Hospital San José de Victoria, que ordenó el reintegro de los montos que indica y la N° 3.968, de 11 de mayo de 2023, de esta Contraloría Regional de La Araucanía, que concedió facilidades de pago para la deuda, por cuanto a su juicio, constituirían actos ilegales y arbitrarios que vulnerarían las garantías constitucionales contempladas en los Nos 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por tal razón, solicita acoger la acción constitucional deducida, dejar sin efecto las mencionadas resoluciones exentas, y toda otra correlacionada, y en su lugar disponer que se proceda a condonar la restitución señalada en autos, o en su lugar, se deje sin efecto. II. La recurrente reconoce expresamente que no tenía derecho al pago de la asignación por concepto de traspaso a la planta superior nivel I. La señora nombre reservado, tanto en su recurso de protección como en la solicitud de condonación efectuada ante este Organismo de Control -ingresada bajo la referencia N° 95.141/2022- solicitó, en lo principal, la condonación de la suma ordenada por el Hospital de Victoria y, en subsidio, facilidades de pago, manifestando: “…que, durante el mes de mayo del presente año del año 2022, y en atención de poseer todos los requisitos para optar al cargo de Planta Superior Nivel I, y en lo posible, un pronto nombramiento, me dirigí a la Unidad respectiva, para comenzar los trámites. Sin embargo, tamaña fue mi sorpresa, que, tras revisar los antecedentes con el personal a cargo (de remuneraciones), nos logramos dar cuenta que, desde hace algún tiempo, se me había estado pagando dichas remuneraciones sin corresponderme”1 (lo destacado es nuestro). previa solicitud mía al departamento respectivo, se logró evidenciar este error, y como consecuencia, el departamento revisó tal situación y otras similares, teniendo como consecuencia que, yo debía restituir la suma de $10.666.502, a razón de lo ya expuesto”2 (lo destacado es nuestro). “La respuesta o justificación de la unidad respectiva al error en los pagos efectuados jamás llegó, ya que siempre se me señaló, que desconocían los motivos por los cuales se había estado pagando”. De esta manera, es posible verificar que la recurrente de autos, no solo tenía conocimiento, sino que además, reconoce abiertamente que se encontraba percibiendo una asignación a la que no tenía derecho alguno. III. Extemporaneidad del recurso. La actora -en lo que interesa- interpone la presente acción constitucional en contra de la resolución exenta N° 3.968, de 11 de mayo de 2023, de esta Entidad de Control, que rechazó su solicitud de condonación y le otorgó facilidades de pago. Al respecto, la recurrente sostiene que habría tomado conocimiento de la resolución exenta N° 3.968, de 2023, de esta Contraloría Regional, el día 16 de mayo de la presente anualidad. Sin embargo, de acuerdo con el correo electrónico de la Oficina de Partes de esta Contraloría Regional, la resolución impugnada se habría notificado el día 11 de mayo de 2023 a la señora nombre reservado, al correo electrónico que la recurrente dio para estos efectos correo reservado, según se puede apreciar en la solicitud de la actora, ante esta Contraloría Regional, de fecha 12 de octubre de 2022, asociado al número de referencia 95.141, de 2022, documento que también se acompaña. De esta manera, el recurso de autos resulta extemporáneo y debe, por consiguiente, ser desestimado, dado que al momento de su interposición -esto es 15 de junio de esta anualidad- ya había transcurrido el plazo fatal de treinta días corridos contados desde que la recurrente tuvo conocimiento del hecho en que se funda -11 de junio de 2023-Suprema, Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales. IV. El artículo 67 de la ley N° 10.336, contempla el ejercicio de una facultad exclusiva por parte de la Contraloría General de la República. La señora nombre reservado solicita en su petitorio que se dejen sin efecto las resoluciones impugnadas, y toda otra correlacionada, y en su lugar se disponga que “se proceda a condonar la restitución señalada en autos, o en su lugar, se deje sin efecto” (el destacado es nuestro).

Conforme con lo dispuesto en el artículo 67, inciso primero, de la ley N° 10.336, el Contralor General puede ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los organismos y servicios que controla en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que estos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. En dicha disposición, se estableció, además, que los servidores afectados podían impetrar ante este Organismo de Control, el otorgamiento de facilidades o la liberación total o parcial de las sumas adeudadas; beneficios que proceden, cuando a juicio del Contralor hubiere habido buena fe o justa causa de error. Tal atribución privativa del Contralor General, corresponde a una forma excepcional de hacer efectiva, por la vía administrativa, la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, en los casos que señala la norma precitada. Asimismo, cabe considerar que la mencionada restitución ha sido establecida únicamente considerando la percepción indebida de beneficios pecuniarios por parte de funcionarios de los organismos o servicios controlados por esta Entidad, independientemente de la intervención activa de los mismos en la configuración de la deuda, implicando un análisis de las circunstancias específicas que concurran en cada situación en particular. En razón de lo anterior, la actuación de esta Sede Regional de Control impugnada mediante la presente acción cautelar obedece al ejercicio de las facultades contempladas en el reseñado artículo 67 de la ley N° 10.336. V. Ausencia de agravio de la resolución exenta N° 3.968, de 2023, de este origen, por cuanto se concedió a la actora su petición subsidiaria. La presente acción ha sido deducida en contra de la resolución exenta N° 3.968, de 2023, de este origen, que accedió a la petición subsidiaria, y otorgó facilidades para el pago. La recurrente, mediante presentación consignada con el N° 95.141, de 2022 -la que se acompaña-, solicitó expresamente que se le otorgara la condonación total o parcial de lo adeudado, en subsidio facilidades de pago, según se puede apreciar en el documento adjunto: “PETICIÓN SUBSIDIARIA 2: En subsidio de ambas peticiones anteriormente expuestos, y basado en los argumentos esgrimidos a lo largo de toda la presentación, vengo en solicitar al Sr., Contralor, acceda a otorgar el máximo de plazo establecido por ley, o en su defecto el máximo de cuotas para la restitución de los montos señalados en la resolución exenta N° 593, de fecha 28 de junio de 2022, emitida por el Hospital San José de Victoria”. Así, se podrá advertir que la petición subsidiaria formulada a esta Entidad de Control por la recurrente, fue acogida mediante la resolución exenta N° 3.968, de 2023, que en su parte resolutiva indica lo siguiente: “2°.- Dispónese, en subsidio, que la devolución de dicha cantidad, se efectúe en 60 (sesenta) parcialidades, equivalentes cada una de ellas a 2,9213 U.T.M., de su monto vigente al momento de hacer efectivo el descuento.” En consecuencia, en la presente acción no concurre un elemento esencial para que ella pueda prosperar, cuál es, la existencia de agravio, por cuanto, esta Entidad de Fiscalización acogió la petición subsidiaria de la actora, otorgándole las facilidades de pago solicitadas, de modo que la actora aceptó lo ordenado por el Hospital de Victoria, tal como lo indica la sentencia precitada. VI. Ausencia de ilegalidad o arbitrariedad. La resolución exenta impugnada no puede ser ilegal, toda vez que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República; 1°, 6° y 67 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General; la resolución N° 1.002, de 2011, que Establece la Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales y la resolución N° 35, de 2018, que establece procedimiento para la aplicación de las facultades previstas en los incisos primero y cuarto del artículo 67 de la ley N° 10.336, ambas de este origen, dicho acto administrativo fue dictado de acuerdo con la habilitación que las mencionadas normas constitucionales, legales y reglamentarias han otorgado a esta Entidad de Control. El artículo 67, inciso cuarto, de la ley N° 10.336, establece que “Salvo el caso de que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las remuneraciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error”. Ahora bien, el ejercicio de la anotada facultad discrecional, está reglado en la resolución N° 35, de 2018, de la Contraloría General de la República -que reglamenta las atribuciones previstas en el artículo 67 de la ley N° 10.336-, lo que excluye la posibilidad de una discrecionalidad que pueda juzgarse arbitraria o constitutiva de una desviación de poder. En efecto, la anotada resolución 35 establece un procedimiento especial que contiene todos los elementos necesarios para velar por los derechos de los funcionarios públicos, toda vez que contempla un procedimiento en que se pormenorizan sus distintas etapas: inicio, recepción de la solicitud, examen de admisibilidad, petición de informe en aquellos casos que indica, análisis y propuesta de resolución, y resolución, contemplando expresamente el artículo 9°, la posibilidad de que el afectado interponga los recursos previstos en la ley N° 19.880. De esta manera, no se advierte de qué manera la resolución exenta N° 3.968, de 2023, ha podido ser ilegal y arbitraria, toda vez que esta Contraloría Regional ejerció las competencias que le han sido asignadas en virtud de la normativa constitucional, legal y reglamentaria ya citada, efectuando un estudio de los antecedentes en torno a la situación planteada por la actora. VII. El asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección. De la lectura del libelo de autos, y en especial de su petitorio, se desprende que la actora pretende que esa ICA deje sin efecto la resolución impugnada por cuanto pide “… disponer que se proceda a condonar la restitución señalada en autos, o en su lugar, se deje sin efecto”. Al respecto, dicha situación no corresponde ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, requisitos copulativos que han sido exigidos por la reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia. En consecuencia el asunto planteado es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, puesto que la actora carece de un derecho indubitado que deba ser protegido.

VIII. Improcedencia de la condonación en el caso de autos. El artículo 67, inciso primero, de la ley N° 10.336, establece que “el Contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los organismos y servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente”. Agrega el inciso cuarto de la misma norma que, “salvo el caso de que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las remuneraciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error”. Por otra parte, la orden de obtener delos funcionarios el reintegro de las sumas que se adviertan mal percibidas, corresponde a la aplicación del principio general de enriquecimiento sin causa, por lo que si un servidor ha percibido una remuneración sin tener derecho a ella, se encuentra obligado a devolverla, sin perjuicio de su derecho de solicitar que se le otorguen facilidades para su restitución o se condone la suma pagada, debiendo añadirse que para ejercer la facultad conferida por el citado artículo 67, el Contralor General o los Contralores Regionales -en virtud de las facultades delegadas a estos últimos-, debe arribar a la convicción de que concurre la buena fe o justa causa de error, considerando que la norma de que se trata emplea la expresión “a su juicio”. Así, no resulta sostenible plantear la concurrencia de buena fe o justa causa de error respecto de la recurrente, por cuanto, como se ha expuesto, obtuvo un pago indebido de remuneraciones a las que no tenía derecho -situación que ella misma reconoce en la presente acción constitucional- toda vez que no cumplía con los supuestos pertinentes que hacían procedente la mencionada asignación, de manera que aceptar su posición vulneraría la presunción de conocimiento de la ley, lo que no resulta jurídicamente posible, puesto que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Código Civil, en relación con el artículo 706 del mismo cuerpo legal, el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario. IX. Derechos constitucionales supuestamente vulnerados. 1.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. La actora no se refiere en modo alguno a la actuación de esta Entidad de Control, respecto a la solicitud de condonación y de facilidades de pago, y tampoco explica de qué forma esta Contraloría Regional habría infringido su garantía de igualdad ante la ley. Sin perjuicio de lo anterior, en la especie, la igualdad ante la ley ha sido estrictamente respetada por este Órgano Fiscalizador, toda vez que se ha aplicado la normativa que rige la materia y la jurisprudencia administrativa existente, de modo que la citada resolución exenta N° 3.968, de 2023, de este origen, se dictó en uso de las facultades otorgadas por el legislador y conforme a estándares objetivos aplicados a todos los funcionarios que se encuentran en la misma situación, fundados en los artículos 98 de la Constitución Política de la República; 1°, 67, 67 bis y 146, de la ley N° 10.336; y en la resolución N° 35, de 2018, ambas de la Contraloría General; además de la jurisprudencia administrativa aplicable al caso, entre otras, aquella contenida en el dictamen N° 2.773, de 2020. De esta manera, el ejercicio de la facultad de condonar sumas percibidas indebidamente es realizado en iguales términos respecto de todos los funcionarios públicos del país, de tal modo que mal puede suponerse que el cumplimiento de ese deber legal habría significado un tratamiento discriminatorio respecto de la parte recurrente. En tales condiciones, cabe señalar que este Organismo Fiscalizador ponderó las circunstancias particulares de hecho y de derecho que concurrían y, en base a ellas ejerció la atribución, que le confiere el artículo 67 de la ley N° 10.336, rechazando la solicitud de condonación de la deuda de la actora y otorgando facilidades para el reintegro de la misma. Por otro lado, cabe indicar que la actora no ha acreditado la existencia de diferencias arbitrarias que lesionen su derecho a la igualdad ante la ley, principio que ha sido estrictamente respetado por este Órgano Fiscalizador, el que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se ha limitado a aplicar la normativa existente en la materia. 2.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Al respecto, la recurrente no da cuenta de alguna actuación de esta Entidad de Control que conlleve la vulneración de su derecho de propiedad, limitándose a señalar la conducta en que habría incurrido el Hospital San José de Victoria, actuaciones que no dicen relación con la solicitud de condonación y facilidades de pago tramitada ante esta Contraloría Regional. En materia de remuneraciones de los funcionarios públicos, para que tal estipendio ingrese al patrimonio de una persona es necesario que éste satisfaga las condiciones que el ordenamiento jurídico dispone para su debida percepción, en el caso particular, se refiere precisamente que el pago de las remuneraciones en cuestión haya sido efectuado conforme a derecho. En consecuencia, quien carece de un título válido no puede ejercer ni reclamar legalmente algo que no le pertenece y, por ende, a quien no tiene la propiedad sobre un bien corporal o incorporal, nada puede amenazársele, ni nada puede perder, situación en la que se encuentra la recurrente. Conclusión. Atendidos los antecedentes y consideraciones expuestas, teniendo presentes las disposiciones constitucionales y legales mencionadas, así como las atribuciones de esta Contraloría General de la República, corresponde que se desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dispone que, él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Que así entonces, el recurso de protección es un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, los actos que se reclaman como arbitrarios e ilegales son la dictación por parte de la recurrida Hospital San José de Victoria de Resolución Exenta N° 593, de fecha 28 de junio de 2022, mediante la cual solicita el reintegro de las remuneraciones mal percibidas por la recurrente y la posterior Resolución N°3968-2023, emitida por la Contraloría General De La República, que ratifica lo expuesto en la primera y que agota las instancias de reclamación obligando a la recurrente a responder por la restitución de la suma que asciende a la suma de $10.666.502, conculcando con ello los derechos constitucionales contemplados en los numero 2 y 24 de la Constitución Política de la Republica.

Solicitando, en definitiva, se declare que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de dejar sin efecto la aludida actuación, y en su lugar disponer que se proceda a condonar la restitución señalada, o en su lugar, se deje sin efecto, por no haber recaído la responsabilidad de los hechos en la actora.

CUARTO: Que, en su presentación la recurrente ha indicado que “..(..).. durante el mes de mayo del presente año del año 2022, y en atención de poseer todos los requisitos para optar al cargo de Planta Superior Nivel I, y en lo posible, un pronto nombramiento, me dirigí a la Unidad respectiva, para comenzar los trámites. Sin embargo, tamaña fue mi sorpresa, que, tras revisar los antecedentes con el personal a cargo (de remuneraciones), nos logramos dar cuenta que, desde hace algún tiempo, se me había estado pagando dichas remuneraciones sin corresponderme”

Ante dicha situación, y debiendo reiterarle a usted, que, todo nace previa solicitud mía al departamento respectivo, se logró evidenciar este error, y como consecuencia, el departamento revisó tal situación y otras similares, teniendo como consecuencia que, yo debía restituir la suma de $10.666.502”.

A raíz de aquello el Hospital San José de Victoria procede a notificarle la Resolución Exenta N° 593, de fecha 28 de junio de 2022, mediante la cual se le ordena a la recurrente el reintegro de la suma de $10.666.502.

Posteriormente, realiza presentación ante la Contraloría solicitando se le otorgara la condonación total o parcial de lo adeudado y en subsidio facilidades de pago, accediendo a aquello el ente contralor y disponiendo, en subsidio, que la devolución de dicha cantidad se efectúe en 60 (sesenta) parcialidades, equivalentes cada una de ellas a 2,9213 U.T.M., de su monto vigente al momento de hacer efectivo el descuento.

QUINTO: Que así, no se puede sostener un actuar arbitrario e ilegal cometido por la recurrida Hospital San José de Victoria consiste en la solicitud de reintegro de remuneraciones supuestamente mal percibidas por la recurrente, contenida en Resolución Exenta N° 593, de fecha 28 de junio de 2022, por cuanto, como ocurrió en la situación que se analiza, cuando se ha generado un pago improcedente, se produciría un enriquecimiento ilegítimo en favor de la funcionaria respectiva, surgiendo para este la necesidad de reintegrar las sumas mal percibidas, a objeto de saldar la obligación que tiene, en este caso, con el Hospital, siendo deber de los organismos públicos hacer efectivos, oportunamente, los créditos de que sean titulares y adoptar, conforme a la normativa vigente, los resguardos pertinentes para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la percepción indebida de remuneraciones.

SEXTO: Que, en cuanto a la Resolución N°3968-2023 dictada por la recurrida Contraloría General de la República y que es cuestionada por la actora, preciso es indicar lo que prescribe el artículo 67 de su Ley Orgánica, que establece en su inciso 1°: “El contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. Estos descuentos podrán hacerse efectivos también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y montepío. Si recaen sobre remuneraciones mensuales no podrán exceder del 50% de las mismas.”

Agrega dicha preceptiva, en su inciso cuarto que “salvo el caso en que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las remuneraciones a que se alude en sus incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error”.

SEPTIMO: Que, en cuanto a la buena fe y justa causa de error alegada por la recurrente en la percepción de las remuneraciones percibidas, tal como lo ha indicado la jurisprudencia administrativa del ente de control, tales elementos no permiten eximir a un funcionario de la obligación de reintegrar las sumas que haya recibido indebidamente, sino que han sido previstos por la ley, únicamente, para los efectos de ser considerados al momento de determinar si existe mérito para liberarlo total o parcialmente de ese deber.

En este sentido, la actora solicitó la condonación o facilidades de pago, respecto de la cual la recurrida Contraloría se pronunció a través de la Resolución N°3968-2023 de fecha 11 de mayo de 2023, acogiendo su requerimiento subsidiario, concediéndole facilidades y estableciendo el pago de la obligación en 60 parcialidades, equivalentes cada una de ellas a 2,9213 unidades tributarias mensuales. Así, la actora requirió la condonación de la deuda total o, en subsidio, el otorgamiento de facilidades para el reintegro de la suma de $ 10.666.502, por tanto, ha existido un reconocimiento de la obligación, pues en caso contrario, en lugar de solicitar condonación o rebaja, debió requerir un pronunciamiento jurídico que declarara la improcedencia del cobro respectivo. De este modo, lo que ella persigue es que la condonación total denegada sea otorgada por esta vía, sustituyéndose así la decisión del Contralor.

OCTAVO: Pues bien, considerando, que la interesada percibió erróneamente el monto que ha sido individualizado, cabe apuntar que se ajustó a derecho que la institución adoptara las medidas necesarias para obtener la devolución de las remuneraciones mal enteradas y por otra parte la Contraloría actuó de acuerdo a las facultades y atribuciones que le otorga la ley.

Por esas consideraciones y de conformidad, además, a lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra del HOSPITAL SAN JOSÉ DE VICTORIA y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la abogada integrante Claudia Lecerf Henríquez.

Protección Rol 7978-2023.(ela)