nombre reservado con SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

VISTO:

A folio N°1-2021 comparece PEDRO CRISTOBAL IBARRA SANCHEZ, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, Lonko, y de don nombre reservado, Werkéñ ambos del lof nombre reservado, y en contra don nombre reservado, de la CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, de la CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO SEREMÍA DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, y del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, SEREMÍA DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

I.- LOS HECHOS:

1) Los hechos presentados en párrafos infra, en su ordenamiento, presentación y objetivos, buscan:

a)

Escenificar la “cuestión de las tierras” como causal primigenia de los problemas que, hoy, afectan a la mapulof (comunidad) nombre reservado;

b)

demostrar los impedimentos que, hoy, tiene la mapulof para ser beneficiaria del goce y ejercicio plenos de los derechos a la libertad religiosa, como, asimismo, las limitaciones para tener acceso a sus sitios sagrados y ceremoniales;

c)

entregar elementos probatorios del no respeto de disposiciones (nacionales e internacionales) sobre derechos medioambientales y culturales; y, d)

probar la urgencia para solicitar la adopción de medidas (urgentes, oportunas y eficaces) de conformidad con la legislación vigente, que suspendan hasta que se realicen las (obligatorias e indispensables) consultas sobre trabajos, proyectos y situaciones que hoy afectan, directamente, derechos y libertades de la mapulof.

2) Indica que estudios arqueológicos demuestran que en la Cuenca del Mallolafkéñ (Lago Villarrica), principalmente, a las orillas del lago y las riberas del Trankura leufú (RíoTrancura) había presencia humana desde hace -al menos- 6.000 años; son prueba de esto, los restos de cerámica, pu metawe, pu kitra ka pu kuell (cántaros, pipas para fumar y cueles) encontrados. Además, existen restos de antiguos lugares singulares, sitios ceremoniales y/o de oración (pu rewe, pu eltún, pu kurrewen wur-wur) considerados por las actuales comunidades como sagrados; también se encuentran pu huinkul, pu alywen, pu lëmu, pu trayenko ka pu yzoko (cerros, árboles, bosques, esteros y humedales) que integran o hacen parte de lo más sagrado de la sagrada Ñukemapu (Madre Tierra). Indudablemente, todo lo anterior hace parte del espacio sacro/espiritual/religioso de las actuales pu mapulof (comunidades) mapuche; se trata de sitios o lugares que -internacionalmente y grosso modo- han sido definidos como “nombre reservado de especial significado espiritual” para los pueblos y las comunidades indígenas.

3) En el año 1908, la Sra. nombre reservado solicita al Juzgado de Indios de Pitrufquén 260 has. para su grupo familiar compuesto por 23 personas; estas tierras habían sido de los antepasados de la Sra. nombre reservado y eran utilizadas, -principalmente- para ganadería y agricultura.

4) El 21 de agosto de 1908 fue extendido el TM N°15301 a nombre de nombre reservado; la tierra adjudicada corresponde a la Hijuela N°17 y equivalía a 259,84 hectáreas que, para trámites y otros efectos, se asimiló a 260 hectáreas. Posteriormente, hubo divisiones y ventas que redujeron la mapulof a 5,2 has. donde -actualmente- viven descendientes de la adjudicataria del TM.

5) En el caso de la tierra asignada en el Título de Merced (en adelante, TM) de la mapulof (comunidad)2 nombre reservado, se encuentran restos de piezas arqueológicas y lugares considerados como sagrados y utilizados como sitios ceremoniales por los actuales habitantes.3 Es decir, el espacio geográfico comprendido en el TM fue la base de la economía, la cultura y la espiritualidad de la mapulof, es decir, como sabia creación de la Ñukemapu, contiene también un universo particular con sus sitios sacros (ceremoniales y de oración) en los que se asienta la, específica y particular, visión e interpretación del mundo y de la vida que -incuestionablemente- hacen parte del patrimonio cultural del pueblo mapuche.

6) En 1930, aplicando la Ley N° 4802 sobre división de comunidades, el TM asignado a nombre reservado fue dividido en 6 hijuelas para:

a)

nombre reservado, 74,975 has;

b)

nombre reservado, 106,65 has;

c)

nombre reservado (viuda de Panguilto), 12,80 has;

d)

nombre reservado (hija de Panguilto), 21,47 has;

e)

nombre reservado (hija de Panguilto), 22,25 has; y, f)

Sin información conocida hasta ahora, 21,70 has.

7) Indica que la hijuela que correspondió a nombre reservado de 106,65 hectáreas se transmitió por sucesión por causa de muerte en 1936, a sus 3 hijos: Rosas, nombre reservado y Saturnino. En 1940, Rosas vende sus derechos a nombre reservado que, posteriormente, vende a nombre reservado; la familia Collinao transfirió, sucesivamente, derechos a terceros; así, las 106,65 hás asignadas en el TM, después de la división efectuada en 1930, pasaron a manos de empresas inmobiliarias y personas privadas, lo mismo ocurrió con las tierras asignadas a la familia Panguilto (56,52 has.) que, entre 1936 y 1951 pasaron a manos no mapuche.

8) Según los recurrentes y versiones de testigos consultados, las ventas y cesiones citadas en el párrafo supra fueron, al menos, no pagas y/o truculentas.

9) La hijuela asignada a nombre reservado que comprendía 74,975 has., (resultado de la división del TM, realizada en 1930), hoy de sólo 5,2 has. se encuentra en manos de la familia nombre reservado (descendiente directa de la Sra. nombre reservado). Las causales de esto, según testigos, son las ventas que se realizaron y negocios irregulares llevados a cabo por nombre reservado (en algunos documentos figura como nombre reservado), en perjuicio o desmedro de nombre reservado (esposo de nombre reservado que era hija de nombre reservado).

10) La familia nombre reservado llegó a la zona a principios de los años 30 del siglo pasado (aunque antes, nombre reservado padre iba a Pucón a vender o conchabar géneros y otras mercancías), y, según testimonios de familiares, amigos y vecinos de la mapulof, creó lazos de amistad con el matrimonio compuesto por nombre reservado y nombre reservado quienes la recibieron con amistad, confianza y cariño. nombre reservado en ese tiempo era pequeño y Dn. nombre reservado lo quería mucho y lo consideraba como uno más de sus nietos.

11) En 1972, nombre reservado se hace cargo de la empresa familiar (tiendas, supermercado y otros negocios), su padre falleció en 1977 y, en 1993, pasa a ser propietario único. Más allá de los papeles (o en ausencia de éstos), para entender el despojo de las tierras es preciso recurrir a la oralidad. Todos los testimonios recogidos llevan o invitan a pensar que no se trató de una venta de terreno sino del pago -con tierras- por algunos productos de primera necesidad entregados por nombre reservado (en adelante, nombre reservado) a nombre reservado. Así:

a)

Un nieto de nombre reservado, manifestó: “El abuelo fue presionado a ‘vender’; pues, pedía mercaderías en los negocios de nombre reservado y lo hacían firmar cualquier cosa con su huella digital. Él traía, en su caballo, las mercaderías. Fue durante la dictadura que nos dimos cuenta de que la tierra ya no era de nosotros porque nombre reservado cercó ‘su propiedad’ y no nos dejó entrar ni pasar”. (nombre reservado).

b)

Una nieta de nombre reservado, hoy lonko de lo que queda del antiguo TM, dijo: “El abuelo cedió todo a través del engaño porque él no sabía leer ni escribir, le hacían poner la huella y nombre reservado le entregaba un poco de mercancía todos los meses o cuando él necesitaba algo. Creo recordar que, a inicios de los años 80, supimos que el abuelo ‘había entregado el campo’. El ‘turco’ se aprovechó que el abuelo lo quería mucho y lo conocía desde chiquito y él sabía que el abuelito no sabía leer ni escribir […] de esta manera nombre reservado se apropió de nuestra, nuestra tierra […] Cuando llegaron […] los ‘turcos’ acá, el abuelo y la abuela DELFINA los recibieron, los ayudaron, [ellos] venían [a nuestra mapulof] a buscar hasta hojitas de parra para sus comidas […] yo me acuerdo de eso”. (nombre reservado)”.

c)

Un anciano de una mapulof vecina declara que: “Cuando yo tenía entre 13 y 15 años, recuerdo haber visto a Dn. nombre reservado regresar a su mapulof con una bolsita de color verde donde, supongo, llevaba algunas cositas para comer; también vi al viejito, en la tarde, parado afuera del supermercado y la Sra. nombre reservado le entregaba su bolsita con unas pocas mercaderías (…) era una bolsita pequeña, yo no sé lo que contenía exactamente, pero eran cositas para comer. Lo que digo, yo lo vi varias veces porque, en ese tiempo, yo era estudiante del Colegio de Pucón y pasaba por el frente del supermercado (…)”. (nombre reservado).

d)

Un vecino declara que: “La verdad es que nombre reservado compró a precio de huevo (…) porque Dn. nombre reservado bajaba al supermercado y se iba con una pilwa [bolsa] con cosas […] eso era a cuenta del campo. ¡Quizás qué cuenta le pasaría! […]”. (nombre reservado).

e)

Una señora de una mapulof vecina, dice: “Mi abuelita nombre reservado., hace cerca de cinco años, conversando sobre la historia de Pucón, entre otras cosas, me contó que nombre reservado, engañó a Dn. nombre reservado (que era una persona mayor) que no sabía leer ni escribir, pues, lo hizo firmar por mercancías que le dio fiado (harina, azúcar, yerba mate, fideos, tabaco, cervezas, etc.). Nadie sabe qué promesas le hizo nombre reservado para que el viejito le entregara la tierra. Ella también me dijo que esa tierra era hermosa y fértil (producía verduras y corderos) y que, además, existían cementerios, lugares ceremoniales, entierros y otros secretos de la Ñukemapu […] Yo he conversado con varias personas ancianas que aseguran que la apropiación de tierras que hizo nombre reservado, fue un robo donde él se aprovechó del cariño, la amistad y la confianza que Dn. nombre reservado le tenía para obligarlo a cederle la tierra por mercaderías y nadie sabe a qué precio ‘le vendió’ cada kilo de azúcar y las otras mercancías […]”. (Tamara J. Epuin G.).

f)

La nieta ya citada de Dn. nombre reservado cuenta: “Recuerdo que cuando supimos que el campo se vendió a los nombre reservado, yo iba en una carreta con mi padre a vender leña a Pucón y [nos] paró Dña. nombre reservado [esposa de nombre reservado] y le dijo: ‘Oye, DOMINGO [yerno de Dn. nombre reservado], no quiero que saques más leña de mi campo’. Y, mi papi le respondió: ‘no estoy sacando leña y nuca va a ser su campo’ [… poco tiempo después, mi padre] se enfermó de pena, de impotencia, de alcoholismo […]”. (nombre reservado).

12) Un testimonio dibuja, grosso modo, cuál fue la situación inmediatamente después de la pérdida de la tierra de la mapulof: “Aunque yo era pequeño, recuerdo los amargos primeros días cuando perdimos nuestra tierra (…) fueron tiempos tristes para todas las familias (…) Mi madre lloraba cuando nos robaron la tierra, mi padre se enfermó porque quedó sin nada para alimentar a su gran familia, mis hermanos menores se quejaban de hambre. nombre reservado nos dejó en la calle, en la calle y sin nada (…) Cercaron y no nos dejaban pasar y nuestros animales no tenían pasto; talaron parte del bosque y nosotros no podíamos recoger ramas secas para leña (…) de hambre y frío fueron esos tiempos. Teníamos algunas ovejas, vacas, caballos y cerdos que no tenían dónde alimentarse porque no nos dejaron utilizar las tierras donde nuestros animales, siempre, habían pastoreado (…). Con mi padre y mis hermanos tuvimos que ir lejos a buscar o robar ramas de maqui y de quilas para alimentar nuestros animales que estaban botados de hambre. Los usureros sabían nuestra situación, nos ofrecieron precios bajísimos por nuestros animales y tuvimos que vender; no teníamos pasto y teníamos que comprar algunas cositas para comer nosotros (…) Sólo nos quedaron algunas gallinas (…) Fueron tiempos terribles (…) Mi padre se enfermó grave (…) En ese tiempo, era difícil reclamar o quejarse porque nombre reservado podía denunciarnos como revoltosos o comunistas, él era el ‘dueño’ de nuestra tierra y tenía amigos en carabineros y el gobierno. También, nadie sabe si nombre reservado le pagó en dinero al abuelo nombre reservado porque no hay registrada ninguna compra o inversión, por ello, en la familia pensamos que solo hubo pago en mercancías”. (nombre reservado).

13) Cabe subrayar que la familia nombre reservado, no conoce -hasta ahora-ningún documento que pruebe, demuestre o acredite una venta de terrenos de nombre reservado a nombre reservado.

14) En 2001, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en un informe jurídico sobre una superficie de 72,886 has. ubicada en “TRES ESQUINAS COMUNA DE PUCÓN, inscrita a nombre de la SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA Y FORESTAL LOS PELLINES LIMITADA (propiedad de nombre reservado y nombre reservado), concluye que la tierra objeto del informe no provienen de un TM, negando que esta corresponda a la hijuela adjudicada a nombre reservado en 1930 cuando se hizo la división del TM N°1530; por tanto, la afirmación de la CONADI niega la evidencia demostrada en documentos oficiales y es contraria a los testimonios de los descendientes de nombre reservado, vecinos y personas que conocen los detalles de lo ocurrido.5 15)

En abril de 2021, comienzan trabajos, por parte de una empresa o trabajadores contratados por nombre reservado, en tierras que están comprendidas en el TM que sólo habían sido utilizadas para ceremonias y ninguna planta o árbol había sido tocado. La mapulof no había reclamado porque, hasta ahora, ese espacio no había sido intervenido por personas extrañas y tampoco se tenían indicios que sitios sagrados y ceremoniales podrían ser violados. La cronología de los hechos es la siguiente:

a) 09/04/2021, se inician trabajos de demarcación sin que la mapulof haya sido consultada o, al menos, informada de dichos trabajos que la afectan directamente porque: i) desacraliza sitios sagrados y ceremoniales; ii) no se hicieron las consultas pertinentes de conformidad con el espíritu y la letra del Convenio N˚169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas; y, iii) se talaron árboles, arbustos y plantas nativos (indispensables para la medicina mapuche).

b)

10/04/2021 al 15/04/2021, los trabajos continúan sin que la mapulof tenga respuestas de parte de nombre reservado o del personal de la empresa que realiza los mencionados trabajos.

c)

12/04/2021, en la tierra removida y en el suelo abierto aparecen restos de cerámica que la mapulof sabía que existían porque, otrora, allí se realizaban las grandes ceremonias.

d)

Los primeros días de junio del presente año la mapulof constata que: i) es imposible obtener una respuesta sobre el propósito de los trabajos; y, ii) la destrucción de la masa vegetal -según las demarcaciones- iba a tener un impacto negativo irreversible sobre el espacio territorial que estaba siendo intervenido.

e)

Durante el mes de junio y julio, los trabajos continúan de manera intermitente.

f)

06/07/2021, miembros de la mapulof fotografiaron el sitio y restos de cerámica (que los deja en su lugar y conserva sólo algunos para, eventuales, denuncias o gestiones, pues los restos deben ser devueltos, lo más pronto posible, a la Ñukemapu).

g)

14/07/2021 a las 15 hrs., miembros de la mapulof concurren al sitio para realizar una, obligatoria y regular, ceremonia llamada wichacar que consiste en tocar música con instrumentos tradicionales en los lugares sagrados y ceremoniales. Trabajadores de la empresa contratada por nombre reservado atacan a los participantes lanzándole ladrillos y piedras y amenazándolos con golpizas y denuncias.

h) Los resultados de los incidentes producidos en la ceremonia descrita en el literal supra fueron: i) la joven (17 años) nombre reservado fue herida en la cara con un ladrillo; ii) su padre nombre reservado fue herido en una mano; iii) los miembros de la mapulof conocen el nombre de uno de los agresores; iv) se llamó a carabineros que acompañaron los heridos a constatar lesiones al Hospital de Pucón; y, vi) los carabineros no registraron el nombre de los agresores “por estar fuera de plazo”.

i)

A partir del 15/07/2021, miembros de la mapulof han recibido amenazas verbales de trabajadores de la empresa y guardias de seguridad de las empresas de nombre reservado.

16) La preocupación por los sitios sagrados y ceremoniales se acrecienta porque el 05∕08∕2021, ingresaron máquinas a trabajar a dichos sitios. La cronología es la siguiente:

a)

El 05∕08∕2021, a las 09.06 hrs. llegaron trabajadores de nombre reservado (o de una empresa contratada por él) para continuar los trabajos en los sitios sagrados y lugares de ceremonias de la mapulof.

b)

Los trabajadores llegaron acompañados de tres funcionarios de carabineros; el objetivo era instalar una “reja de deslinde”.

c)

La mapulof y algunos vecinos se opusieron a dichos trabajos que no han sido consultados ni evaluados social y medioambientalmente; los carabineros y los trabajadores insistieron en continuar los trabajos, para los cuales, según carabineros “tenían una orden judicial”.

d)

Miembros de la comunidad decidieron tirarles agua a los carabineros quienes se protegían con sus escudos protectores.

e)

Carabineros solicitó refuerzos y, a las 10.00 hrs. llegaron, aproximadamente, 20 efectivos en tres vehículos y una moto.7 f)

El mayor HERNÁNDEZ, funcionario de carabineros que dirigía la operación advirtió que tenían “una orden de la Fiscalía para hacer el cerco”. Se le solicitó ver dicha orden y respondió que “no la tenía en ese momento”, pero, ésta se encontraba en la Comisaría de Pucón e invitó a que un miembro de la mapulof lo acompañara para comprobar que la orden existía.

g)

Los miembros de la mapulof, temiendo una detención, no aceptaron la invitación policial.

h) A pesar de la oposición de la mapulof, el jefe de la operación dio la orden de continuar los trabajos; los miembros de la mapulof les tiraron un poco de tierra y bastante agua.

i)

Frente a la actitud y la protesta de la mapulof, el jefe de la operación gritó: “Vayan a lavarse indios culiaos” y a una ñaña (señora) dirigente que reclamó por el trato, le gritó: “Anda a lavarte”.

j)

A las 10.52 hrs., los trabajadores y los carabineros se retiraron afirmando que “atacarán con todo”.

k) El 09∕08∕2021, en la mañana, se vieron en el lugar miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de carabineros en el lugar de los trabajos y en la tarde, más de 20 carabineros, “atacaron con todo”, dispararon y lanzaron bombas lacrimógenas y de gas pimienta; a las 18.00 hrs. había niños en el hospital y, en sus casas, ancianos afectados por los gases lacrimógenos 17)

Los párrafos siguientes describen y ubican los sitios sagrados y ceremoniales de la mapulof:

18) Un REWE es, a la vez, un símbolo y un sitio sagrado, es una estilizada estatua simbólica de madera nativa y, al mismo tiempo, es sacro el lugar donde ésta se encuentra ubicada; esto se desprende de la etimología de la palabra “re” = puro, genuino, exclusivo y “we” = lugar o espacio; allí se realizan fütakamarekun (grandes ceremonias) para ejercer la espiritualidad de la cultura mapuche. Algunos investigadores, analizando informaciones entregadas por personas ancianas, afirman que la estatua es “la forma de marcar un lugar sagrado”. Aunque un rewe no se utilice para ceremonias y/o la estatua se haya fundido en la Tierra, el lugar no pierde su sacralidad, todo lo contrario, su antigüedad lo hace más sacro e intocable. En el retazo de tierra que aquí se hace referencia, existen dos rewe antiguos; uno conocido y el otro está guardado en la memoria de pu kuifikeche (los ancianos). Un anciano de una comunidad vecina relata:

“Cuando celebrábamos un ngillatún en mi mapulof, invitábamos a todas las familias de la mapulof nombre reservado y, ellos, antes de ir, realizaban ceremonias en su rewe para pedirle permiso para participar en nuestro ngillatún. No recuerdo dónde se encontraba ese rewe, pero, existía uno en el cual se realizaban ceremonias comunitarias”. (Ismael Hauiquifil).

19) Un ELTÚN, regularmente, se traduce como cementerio, pero, la idea de “camposanto” refleja mejor la concepción mapuche de estos sitios. Allí reposan las miembros de la mapulof (comunidad) que han terminado su paso por la Tierra.

En el retazo de tierra que aquí se hace referencia, existen dos eltún: el primero, asignado a las autoridades de la comunidad como pu lonko, pu machi ka pu weichafe (jefes de comunidad, machis y guerreros), este sitio está delimitado por añosos koygües (Nothofagus dombeyi); el segundo, es asignado para otros miembros de la mapulof y está delimitado por viejos boldos (Peumus boldus).

Todo parece indicar que los dos cementerios (ambos, fácilmente, identificables) fueron utilizados por varias comunidades, pues, miembros de la mapulof declaran:

“Al eltún […] llegaban a su descanso personas provenientes de las comunidades de la zona tales como los PANGUILEF y los PAILLALEF, (nombre reservado); y, también afirman que “descansaban en el eltún quienes morían de camino […]”, (nombre reservado).

20) Con respecto al primer eltún, conocido como “EL ELTÚN DE LA MACHI”, para este recurso, se han recogido los siguientes testimonios:

En el Anexo III, figura la ubicación aproximada de los lugares sagrados y los sitios ceremoniales de la mapulof. Los ancianos hablan de otro eltún que no ha sido identificado.

“Hace ya varios años, se encontró un ‘palo corneta’, un palo que un rayo ahuecó y hacía que sonara como una trutruka [instrumento de viento]; cuando sacaron ese palo encontraron una figura de oro; en ese espacio estaba el cementerio de la machi” (nombre reservado). “Ahí nosotros encontramos una figura de oro […que] estuvo en manos de todos, hasta en las mías, y, después desapareció […]. Ahí es donde aparecen cántaros, ahí es donde surge esa energía y ahí es donde se sentían los ruidos de los kultrunes [tambores…] el papá [nombre reservado] dijo que ahí había muchas machi sepultadas […] por eso se sentía y, esa energía está, se ve. Cuando hay cementerio de machi […] allí ellas están con todo […] Ahí está la fuerza divina de la naturaleza, así que por eso es más importante, muy importante […] ahí llevamos muday [bebida] con el papá y él hacía rogativas y pedía permiso […]”. (nombre reservado).

21) Hoy, el eltún de la Machi está siendo utilizado como basural de un supermercado de nombre reservado;11 están talando árboles, arbustos y plantas y destruyendo restos (probablemente, también piezas completas) arqueológicos con las máquinas que han ingresado.

22) Un NGUILLATUWE, es un espacio territorial donde se realiza el NGUILLATÚN la más grande e importante ceremonia, intra y extra, comunitaria; es la ceremonia donde confluyen toda la espiritualidad y las expresiones artísticas de una o varias comunidades con sus rogativas, agradecimientos y demandas de tiempos mejores; también, con sus danzas y música, es un homenaje a los espíritus y un momento de amistad y cariño para con los miembros de la comunidad y sus invitados especiales. Un ngillatuwe, en general, es un lelfún [una pampa] o terreno plano que -durante el ngillatún- alcanza su máximo de sacralidad; en tiempos normales es un espacio que sigue siendo sacro y los miembros de la comunidad están obligados a defender, cuidar, respetar y honorar.

23) Algunos miembros de la mapulof nombre reservado, recuerdan la realización de nguillatún y todos coinciden al indicar dónde está el ngillatuwe. Así, entre muchos otros, se destacan los siguientes testimonios:

a)

“Aquí cerca se celebraba nguillatún, era voluntaria la participación, nos reuníamos las familias y hacíamos la ceremonia. Se juntaban familias [… de la región;] llegaba gente a caballo de varias mapulof para participar de la celebración […]”; (nombre reservado).

b)

“Hay un nguillatuwe en el camino viejo que iba hacia la balsa de Quelhue, que está en la vuelta de ‘Tres Esquinas’, a 300 mts. al fondo, por camino a Balsa Vieja”; (nombre reservado).

c)

“El lelfún [pampa del nguillatún] está casi igual; se le conoce como ‘EL POTRERO DEL CIPRÉS’; hay un manchón de colihue y avellano en el bajo; son espacios cerrados, nunca se limpiaban. Los bosques son espacios que no se tocan”. (nombre reservado).

d)

“Hace como 60 años se hizo el último nguillatún; antes de que la abuela DELFINA enfermara grave. Se hizo porque había plagas de ranas y ratones; el lugar se caracteriza porque es como un hualwe (humedal); dicen que después del nguillatún aparecieron los ratones ahogados en el lago […]”; (nombre reservado).

e)

“El último [nguillatún] fue hace 52 años; el espacio está marcado; se mantuvo como pampa, nunca se sembró, había dos boldos y dos cipreses […] Cuando se hacen y se hacían nguillatún, cada familia se preocupaba en contar con alimentos, atender a la gente, cada familia carnea un animal. Por lo que cuenta mi mamá había un nguillatuwe aquí en la zona urbana de Pucón, participaba toda la gente, hacían ceremonias […] mi mamá participaba; luego el espacio fue ocupado, con ello fueron disminuyendo las celebraciones; entonces, mi madre siguió participando donde vivían mis abuelos paternos […]”; (nombre reservado).

Ver Anexo II, foto 004.

24) El KURREWEN WUR-WUR es un sitio ceremonial y sagrado que puede ser traducido como “lugar donde las mujeres dan a luz”.12 La importancia de este sitio es que, en toda la zona de la Cuenca del Mallolafkéñ, es el único que, hasta ahora, se mantiene como lo fue cuando era utilizado. Se encuentra en un bosque con copihueras donde se destaca un añoso koygüe que forma un arco natural. Los relatos ponen, particular, énfasis en la existencia de una especial energía femenina asociada a las mujeres parturientas que iban a dar a luz a ese sitio; afirman que cuando alguien se acerca al lugar -a veces- se escuchan llantos de niños recién nacidos. Para los miembros de la mapulof se trata de un lugar sagrado relacionado con la sangre y el nacimiento, los árboles y las copihueras.13 Un testimonio dice:

“Desde la casa de Luisa [nombre reservado] hacia atrás hay un arco de koygüe donde se dice que las mujeres daban a luz, es una zona de muchos copihues; es como un ñukekoygüe [coigue/madre], tiene una energía diferente; donde hay sangre de mujer mapuche, sale vida […] El papá siempre me decía a mí que no pasara por allí porque yo quería jugar en el árbol; él me decía: ‘No hija, no pase por ahí’ y dábamos la vuelta […] lo que yo escuchaba y le decía: ‘parece que llora una guagüita porque yo escuchaba ese llanto’ […]”; (nombre reservado).

25) El TRENG-TRENG, también es un espacio sagrado para los miembros de la mapulof y hace referencias a la leyenda/mito fundacional del pueblo mapuche donde se enfrentaron las serpientes Kai-kai que decidía sobre las lluvias, las inundaciones y los diluvios y Treng-treng que defendía la tierra y la gente. Se trata de una altura arbolada “donde nunca alcanza el agua”. Para la concepción mapuche del mundo y la vida, en el treng-treng, se aúnan el respeto/recuerdo del mito fundador y la defensa de los árboles y de los bosques. Un vecino chileno afirma que:

“Por eso ellos [los miembros de la mapulof] nunca autorizaron sacar o voltear un árbol ahí”. (nombre reservado).

26) Téngase presente que, en general, para las culturas indígenas -más allá de los servicios eco-sistémicos que prestan los árboles y los bosques-, se ha escrito que:

“Firmemente enraizados en la tierra y elevándose hacia el cielo, los árboles representan una ligazón con el cosmos; por su esperanza de vida que, bastante seguido, sobrepasa la de los humanos, los árboles simbolizan, por excelencia, las nociones de tiempo, madurez y longevidad […] Brote, floración, fructificación, caída de las hojas, este ciclo anual de los árboles de hojas caducas es, a gran escala, una prueba tangible de la existencia de fuerzas creadoras obrando en la naturaleza; así, los árboles llegaron a ser símbolos de la fertilidad”.

27) En 2011, miembros de la mapulof encontraron fragmentos arqueológicos (al parecer, algunos de origen prehispánico) de cántaros, pipas de fumar, huesos y pedacitos de cerámica o greda. La mayoría de dichos fragmentos -como ya se ha dicho- fueron devueltos a los sitios considerados como sagrados;15 sólo unos pocos fueron, ceremonialmente, guardados, previendo, eventuales, saqueos u otros atropellos (por acción u omisión).

II.- EL DERECHO 28)

De la lectura de los hechos presentados, en general, se desprende que existirían asuntos graves relacionados con derechos, libertades, deberes y obligaciones establecidos en disposiciones de la Constitución, el ordenamiento jurídico interno e instrumentos internacionales que, de conformidad con su legislación, Chile ha ratificado o adherido. Esos asuntos, grosso modo, tienen que ver con: a) tierras y territorios y recursos indígenas; b) derecho a la consulta; c) derechos medioambientales; d) derechos culturales; y, e) derechos religiosos.

29) Se debe destacar que el art. 5 de la Constitución establece que: “[…] es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”; en consecuencia, a las disposiciones del ordenamiento jurídico interno, es preciso agregar los compromisos adquiridos (vía ratificación o adhesión) por el Estado chileno contenidos en instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional medioambiental y del derecho internacional cultural, v.g., la Declaración universal de derechos humanos; los Pactos internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; la Convención americana de derechos humanos; la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; el Convenio sobre la diversidad biológica; los instrumentos (tratados, declaraciones y recomendaciones) sobre derechos culturales elaborados por la UNESCO; y, los instrumentos sobre derechos medioambientales elaborados por el sistema onusino; la Declaración de nombre reservado y su Programa de acción; y, en particular, las disposiciones pertinentes del Convenio N°169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (en adelante, C.169), y de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (en adelante, DDPI).

30) Con la ratificación del C.169 -que entró en vigor en Chile el 15 de septiembre de 2009- el Estado se comprometió, ante la comunidad internacional y frente a los pueblos indígenas que habitan el país, a respetar y cumplir con todas y cada una de las disposiciones del tratado. La DDPI, para su aprobación, contó con el voto favorable de Chile -sin plantear observaciones, objeciones ni interpretaciones- en la Asamblea General de nombre reservado el 13 de septiembre de 2007; así, con la aprobación de la DDPI, el Estado adquirió el compromiso moral de respetar los derechos y las obligaciones que esta establece e implementarla o utilizarla como referencia en todos los “asuntos” referidos a indígenas.

31) La OIT ha escrito que:

“El C.169 es un tratado internacional que adquiere carácter obligatorio para los Estados en virtud de su ratificación […]16 Más allá del círculo de los países ratificantes, […] es un punto de referencia internacional, citado y utilizado por los órganos de la ONU, órganos regionales de derechos humanos y tribunales nacionales […] ha inspirado numerosas políticas de desarrollo y medidas de protección, y, también marcos legislativos nacionales […] Los Estados ratificantes tienen la obligación de aplicar el Convenio de buena fe, en la legislación y en la práctica, y asegurar que los pueblos indígenas sean consultados y puedan participar en el proceso [;] esto implica que los Estados deben revisar y adaptar la legislación, las políticas y los programas a lo estipulado en el Convenio y garantizar que se alcancen, en la práctica, los resultados previstos, incluyendo la eliminación de las diferencias socioeconómicas […] En algunos de los países ratificantes el Convenio adquiere fuerza de ley desde su ratificación y puede invocarse ante los tribunales nacionales, los cuales pueden aplicar directamente sus disposiciones […]”.17 32)

El C.169 es un tratado internacional que fue ratificado por el Estado chileno y está en vigor, por tanto, y, de conformidad con el art.5 de la Constitución, hace parte del ordenamiento jurídico interno y se puede invocar ante los tribunales.

33) El C.169 y la DDPI, son instrumentos internacionales que han sido definidos como “normas mínimas” para garantizar a los pueblos y las comunidades indígenas el goce y ejercicio de derechos particulares y específicos, taxativamente, instituidos para ellos con el objetivo de garantizar a los dichos comunidades y pueblos el beneficio pleno y cabal de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales establecidos en todos los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.

34) Con respecto a la administración de justicia para los pueblos y comunidades indígenas, el C.169 establece que:

a)

“Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”. (art.8.1).

b)

“Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos […]”. (art. 12).

35) Estrechamente ligado a lo planteado en el párrafo supra, la DDPI, en su art.40, dice:

“Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos”.

36) Cuando se trata de iniciativas legales, administrativas u otras o proyectos que afecten a los pueblos o las comunidades indígenas, es imperioso subrayar lo dispuesto en el párrafo 57 de la Resolución 1/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adoptada el 10/04/2020, en la que llama o pide a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a:

“Abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS [Organización Mundial de la Salud] de adoptar medidas de distanciamiento social) dispuestos en el Convenio N°169 de la OIT y otros instrumentos internacionales y nacionales relevantes en la materia”.

37) En consecuencia, las obligaciones del Estado dimanan de una considerable normativa legal, constitucional, tratados internacionales (ratificados y en vigor) y declaraciones (a las cuales ha adherido formalmente) que, en materias relacionadas con pueblos y comunidades indígenas, norman el actuar del Estado y, en particular, de las autoridades encargadas de administrar justicia.

38) Para los objetivos del recurso de protección que se presenta, las disposiciones (nacionales e internacionales) invocadas en párrafos infra, buscan:

a)

Proteger las tierras comprendidas en el TM;

b)

resguardar los sitios sagrados, asegurando el respeto y el acceso a los mismos como una de las dimensiones del ejercicio de la libertad religiosa;

c)

enunciar disposiciones que viabilizan o permiten solicitar la suspensión de trabajos, medidas y proyectos que afectan, directamente, a la mapulof, y que, además, se ejecutan sin la realización de un proceso de consultas previsto; y, d)

solicitar las urgentes gestiones y medidas que, más adelante, se indican.

A) TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS.

39) Se ha afirmado que “la relación de los pueblos indígenas con sus tierras y territorios tradicionales constituye […] una parte fundamental de su identidad y espiritualidad y está profundamente arraigada en su cultura y en su historia”. También se ha escrito que “los efectos ambientales y sociales negativos de los proyectos de inversión en tierras que los indígenas consideran sagradas constituyen una seria amenaza para la sobrevivencia física y cultural de esos pueblos”.

40) También, se ha escrito que “es posible aseverar que los pueblos indígenas conceptualizan y valoran, en general, la tierra, como un espacio geográfico sacro-colectivo creado y asignado por sus dioses o sus espíritus donde: a) moran sus dioses; b) están sus espíritus; c) yacen sus ancestros; d) tienen asidero (real y simbólico) sus mitos y sus leyendas; e) sus antepasados vivieron y lucharon; f) está escrita su historia; g) viven y se reproducen física y culturalmente; h) pretenden mantener, proteger, reproducir, recrear, desarrollar, controlar, proyectar y trasmitir a las generaciones futuras el conjunto de sus patrimonios culturales; e, i) reclaman el derecho a seguir existiendo en tanto pueblos.

41) En el plano internacional, la referencia obligada para todos los “asuntos indígenas” es el estudio de la Subcomisión de prevención de discriminaciones y de protección a las minorías, titulado Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas; y, los principales instrumentos internacionales son, sin ninguna duda, el C.169 y la DDPI, pues, en ellos tienen su base de argumentación jurídica y filosófica los instrumentos, guías, manuales, estudios, declaraciones, programas de acción, recomendaciones y resoluciones que –a propósito de derechos, libertades, deberes y obligaciones de pueblos y comunidades indígenas- el sistema onusino ha adoptado o elaborado con posterioridad.

42) Del estudio ya mencionado supra, para los objetivos del recurso que se solicita, es pertinente citar algunos pasajes medulares de la constatación y de la reflexión jurídica filosófica que hizo la, ya indicada, Subcomisión de la ONU:

a)

“Es esencial conocer y comprender la relación particular, profundamente espiritual, que los [pueblos] indígenas tienen con la tierra, elemento fundamental de su existencia y sustrato de todas sus creencias, costumbres, tradiciones y culturas”. (párrafo 196).

b)

“Para los indígenas, la tierra no es, simplemente, un objeto de posesión y de producción; la relación integral de la vida espiritual de los [pueblos] indígenas con la Madre Tierra, con sus tierras tiene profundas incidencias […]”. (párrafo 197).

c)

“[…] la tierra no es una mercadería de la cual alguien puede apropiarse, sino que es un elemento natural del cual cada uno debe poder gozar libremente”. (párrafo 197).

d)

“Los [pueblos] indígenas tienen el derecho natural e inalienable de conservar los territorios que poseen y de reivindicar las tierras de las que han sido espoliados; es decir tienen derecho al patrimonio natural y cultural que contiene el territorio y es a ellos a quien corresponde decidir libremente de la utilización y de la explotación […]”. (párrafo 198).

e)

“El derecho de los [pueblos] indígenas a poseer las tierras que ellos y sus ancestros han explotado desde tiempos inmemoriales no está lo suficientemente garantizado ni realmente aplicado, como tampoco el derecho a continuar a beneficiarse de los modos de ocupación tradicional de la tierra y de la explotación de sus recursos, y, el derecho a gozar de las riquezas que contienen esas tierras […]”. (párrafo 199).

f)

“La historia de los [pueblos] indígenas abunda en ejemplos de lo que pasa cuando sus derechos a la libertad religiosa y a la cultura son violados como efecto de la apropiación de las tierras a las cuales, en tanto pueblos, están unidos desde hace milenios […]”. (párrafo 201).

43) El estudio citado en el párrafo supra y los debates de los trabajos normativos que desembocaron en la adopción del C.169 y la DDPI, demostraron que, en la concepción jurídico-filosófica de los pueblos indígenas, era cuasi imposible separar la propiedad de la tierra o de los territorios indígenas de la religión o la espiritualidad; por ello, ambos instrumentos proponen y llaman a los órganos y organismos especializados del sistema onusino como asimismo a las autoridades nacionales encargadas de administrar justicia, en asuntos relacionados con indígenas (en particular, con respecto a tierras, territorios y recursos), a tener debidamente en cuenta el derecho consuetudinario o sistemas jurídicos de los pueblos indígenas.

a) Normativa interna.

44) La Constitución chilena no tiene ninguna disposición –específica- a propósito de “tierras indígenas”, pero, a este respecto la ONU ha escrito que “no se conoce ningún sistema jurídico que excluya a los indígenas del derecho a la propiedad” en general o de la tierra en particular.

45) La Ley N˚19.253, en su art.12, define que:

“Son tierras indígenas: 1°Aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión provenientes de los siguientes títulos: […] b) Títulos de merced de conformidad a las leyes de 4 de diciembre de 1866; de 4 de agosto de 1874, y de 20 de enero de 1883”.

46) Se puede observar que la Ley N˚19.253, en sus arts. 12 a 22 (ambos inclusive) se refieren a tierras, pero -como lo han demostrado los Relatores especiales de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (Stavenhagen y Anaya)-24 esas disposiciones se alejan de lo establecido en el C.169 y en la DDPI; por tanto, debería aplicarse la primacía del derecho internacional por sobre el derecho doméstico.

b. Normativa internacional.

47) El C.169, en sus arts. 13 a 19 (ambos inclusive) se refiere a tierras, territorios y recursos. En los literales infra, se destacan algunos asuntos medulares que, para los efectos del recurso que se solicita, son fundamentales.

a)

“Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación” (art.13.1).

b)

La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios,25 lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. (art.13.2).

c)

“[…] en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia […]”26. (art.14.1).

d)

“Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. (art.14.3).

e)

“Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”. (art.17.3).

f)

“La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”. (art.18).

24…Así lo plantearon ante el Consejo de derechos humanos y la Asamblea General de la ONU en sus respectivas intervenciones orales.

25 El término “territorios” fue objeto de una larga discusión entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores; se argumentó que la inclusión del término “podía amenazar la seguridad nacional”; en el sentido opuesto, se explicó que éste “daba cuenta de la relación especial que los pueblos indígenas mantienen con sus tierras” y, también se esgrimió que el término ya figuraba en el Convenio N˚107 que era el instrumento que se estaba revisando. La Conferencia internacional de la OIT decidió mantener “[…] la expresión ‘territorios’, que fue agregada al término ‘tierras’, y no substituido por este último [… como] una fórmula que pudiera aplicarse a diferentes situaciones, sin menoscabar las posibilidades de que el Convenio fuese ratificado […]”. (OIT, “Pueblos indígenas y tribales: Guía para la aplicación del Convenio N°169 de la OIT”, pág. 15).

26 El art. 14 “dispone también que deberán tomarse medidas apropiadas para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y tribales a utilizar las tierras que no son necesariamente ocupadas por ellos, pero a las que tradicionalmente han tenido acceso. El ‘uso’ de tierras que estos pueblos no ocupan, pero a las que han tenido acceso para sus ‘actividades tradicionales de subsistencia’, fue reconocido como un derecho adicional y no como una alternativa al derecho de propiedad. El Convenio establece que, en los casos apropiados, deben adoptarse medidas para la salvaguarda de este derecho”. (OIT, “Pueblos indígenas y tribales: Guía para la aplicación del Convenio N°169 de la OIT”, pág. 19).

48) Un documentado informe onusino afirma que:

“Los territorios de los pueblos indígenas incluyen las tierras que el Estado les reconoce o reserva de una u otra forma, las tierras que tradicionalmente poseen en régimen consuetudinario (tengan o no título oficial de propiedad) y las demás zonas que son de importancia cultural o religiosa para ellos o en las que tradicionalmente tienen acceso a recursos que son importantes para su bienestar físico o sus prácticas culturales”.27 49)

La DDPI, tanto en su parte preambular como dispositiva, reconoce los derechos y las particulares relaciones que los pueblos indígenas mantienen (y tienen el derecho a seguir manteniendo) con sus tierras y territorios y los recursos (materiales y espirituales) que éstos contienen.

50) De la parte preambular de la DDPI, es preciso destacar, inter alia, los siguientes párrafos:

a)

“Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses”. (párrafo 6).

b)

“Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”. (párrafo 7).

c)

“Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades”. (párrafo 10).

51) De la parte dispositiva de la DDPI, para los objetivos del recurso que se presenta, es preciso destacar, inter alia, los siguientes arts:

a)

“Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras”. (art.25).

b)

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”. (art.26).

c)

“Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso”.

(art.27).

d) “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hay poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. 2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada”. (art.28).

B) EL DERECHO A LA CONSULTA.

a) Normativa internacional.

52) La mayoría de las denuncias que, por discriminación, hacían los indígenas a órganos y organismos onusinos estribaban, en lo central, en el hecho que proyectos de desarrollo, centrales hidroeléctricas, obras viales u otras afectaban, directamente, sus tierras, aguas, sitios sagrados o ceremoniales, medio ambiente, economía y formas de vida, es decir, destruían sus comunidades. Los proyectos, impulsados por los Estados o empresas privadas, sin más información que la presencia de máquinas y obreros trabajando, eran (y son) publicitados como “proyecto de interés para la patria” o “urgente necesidad del progreso”. En ausencia de disposiciones específicas, los órganos (Comités) encargados de la vigilancia, cumplimiento y promoción de tratados internacionales de derechos humanos, con algunos bemoles menores, catalogaron los mencionados hechos denunciados como “graves discriminaciones” y “actos de negación de la presencia -física y cultural- de los pueblos indígenas”.

53) Posteriormente, el C.169, en 1989, en su art.6, establece:

“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a)

consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b)

establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c)

establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

54) Dicho art. -que establece algunas condiciones fundamentales y mínimas que deben observar y respetar los Estados ratificantes del tratado cuando lo apliquen o implementen-, se trata de una disposición general que se aplica a todo el instrumento y, por supuesto, a sí mismo;28 y, ha sido definido por la OIT como “la piedra angular del Convenio”. También, la OIT ha expresado que:

“Si bien la consulta y la participación son objetivos importantes por sí mismos, son también el medio por el cual los pueblos indígenas pueden participar plenamente en la adopción de las decisiones que les afectan”.

55) La implementación del art.6 ha sido difícil porque los Estados han buscado aberrar su esencia; los órganos internacionales30 que se han ocupado de su puesta en práctica, han precisado que debe entenderse como condición para llevar a cabo toda iniciativa que pueda afectar, directamente, derechos o intereses de comunidades y pueblos indígenas. Para contribuir a la correcta implementación se ha precisado que:

a)

Por “consultar” se entiende: “preguntar su opinión a otra u otras personas y tratar con ellas cierto asunto”.

b)

Por “procedimientos adecuados”, se debe entender: formas, métodos, maneras, sistemas, órganos o políticas adaptados y apropiados a las particulares y específicas características culturales de los pueblos indígenas o comunidades consultados, para que éstos, a través de sus “instituciones representativas”, puedan participar de manera efectiva en todos los asuntos que “directamente” les conciernen.

c)

Se debe entender que las “instituciones representativas”, pueden ser de dos tipos: i) las instituciones tradicionales (comunitarias, “clánicas”, etc.) o, ii) aquellas que los pueblos o comunidades indígenas decidan o creen libremente para que los representen (de manera permanente o coyuntural).

d)

Por “establecer los medios”, debe entenderse que el Estado debe: crear mecanismos, vías, procedimientos, órganos o instancias para que los pueblos indígenas “puedan participar libremente” y, si fuera necesario, “proporcionar los recursos necesarios”.

e)

Se entiende que la participación será sin discriminación, es decir, como mínimo “en la misma medida que otros sectores de la población” del país.

f)

Se precisa que la participación debe ser “a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan”.

g)

Se establece que “las consultas llevadas a cabo en aplicación” del Convenio se harán “de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias”, lo que presupone que estas se realizarán de manera informada, libre, sin omitir ningún elemento, actor o consecuencia, sin presiones de ningún tipo, y, en condiciones de igualdad y de respeto.

h) Se precisa que el objetivo de las consultas es llegar “a un acuerdo o lograr el consentimiento” de los pueblos indígenas “a cerca de las medidas propuestas”.

i)

Se parte de la base de que todo contrato o acuerdo es una convención (entendida como ajuste o concierto entre dos o más personas o entidades) basada en el consentimiento; para que la convención sea válida, es preciso que el consentimiento sea verdadero; si el consentimiento está viciado porque una de las partes lo ha arrebatado u obtenido por vía violenta, sorpresa, engaño o dolo, la convención es nula; en consecuencia, el “acuerdo”, teniendo en cuenta las condicionantes mencionadas, debe entenderse como cosa acordada o decidida por dos o más personas después de hablar o discutir sobre el asunto de que se trata; el “consentimiento”, debe entenderse como la acción de consentir, es decir, autorizar, dejar, permitir.31 56)

La DDPI, en su art.19, establece que:

“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

57) Se ha escrito que esta disposición es “uno de los artículos básicos de la Declaración de nombre reservado sobre los derechos de los pueblos indígenas nombre reservado”.32 El Foro Permanente de nombre reservado para las cuestiones indígenas, ha establecido que el consentimiento previo, libre e informado implica los siguientes elementos:

a)

“No debe haber coerción, intimidación ni manipulación.

b)

Debe tratar de obtenerse el consentimiento con suficiente antelación a cualquier autorización o comienzo de actividades y que se hayan respetado las exigencias cronológicas de los procesos de consulta/consenso con los pueblos indígenas.

c)

Debe proporcionarse información que abarque (por lo menos) los siguientes aspectos: la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad propuesto; la razón o razones o el objeto u objetos del proyecto y/o actividad; duración y zonas que se verán afectados; evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de precaución, entre otros.

d)

Los pueblos indígenas deben especificar qué instituciones representativas están autorizadas para expresar el consentimiento en nombre de los pueblos o comunidades afectados, garantizando un equilibrio de género y tener en cuenta las opiniones de los niños y los jóvenes, según proceda.

e)

La información debe ser precisa y revestir una forma accesible y comprensible, entre otras cosas en un idioma que los pueblos indígenas comprendan plenamente.

f)

Las consultas deben celebrarse de buena fe. Las partes deben establecer un diálogo que les permita hallar soluciones adecuadas en una atmósfera de respeto recíproco con buena fe, y una participación plena y equitativa. Las consultas requieren tiempo y un sistema eficaz de comunicación entre las partes interesadas”.

58) Un cardinal informe onusino precisa que “el consentimiento cumple una función de salvaguardia de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”.

59) Abordando la situación de los pueblos indígenas de Chile y específicamente con respecto a la consulta, el Comité de derechos humanos, el Comité de derechos del niño, el Comité para la eliminación de la discriminación racial37 y el Consejo de derechos humanos, se pronunciaron en el sentido que, las disposiciones relativas a la consulta contenidas en el C.169 y la DDPI, eran una obligación adquirida (respectivamente, vía ratificación y adhesión) que conmina al Estado a consultar a los pueblos indígenas con carácter previo a la adopción de medidas legislativas, administrativas, políticas, proyectos o actividades que afecten, directamente, sus derechos y sus intereses. Esta obligación está firmemente asentada en el derecho internacional de los derechos humanos; así, el incumplimiento del derecho de consulta o su implementación sin observar sus características esenciales, evidentemente, compromete la responsabilidad internacional de los Estados.

60) La Corte Interamericana de derechos humanos (CIDH), tratando un caso específico, pero analizando, en general, el derecho a la consulta previsto en el C.169 y la DDPI, concluyó que:

“La obligación de consulta [a los pueblos indígenas], además de constituir una orma convencional, es también un principio general del derecho internacional”.

61) Para la implementación del derecho de consulta, a la búsqueda de un consentimiento, los organismos y órganos internacionales que se ocupan de “cuestiones indígenas”, desarrollaron el concepto de “consentimiento libre, previo e informado (CLPI)” basándose en una serie de instrumentos internacionales que, inter alia, incluye el C.169, la DDPI, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). A este propósito se ha dejado constancia que:

“El CLPI es un derecho específico que pertenece a los pueblos indígenas y está reconocido [… internacionalmente que] les permite otorgar o negar el consentimiento a un proyecto que pueda afectarles a ellos o a sus territorios […;] además, el CLPI les permite también negociar las condiciones en las que el proyecto será diseñado, implementado, monitoreado y evaluado”.

b. Normativa interna.

62) El 04∕03∕2014, el Ministerio de desarrollo social, publicó el Decreto N˚66 que aprueba el reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena en virtud del art. 6 N˚1, letra a) y N˚2 del Convenio N˚169 de la OIT.

63) El mencionado decreto ha recibido críticas porque: a) fue publicado sin consulta con los pueblos indígenas; b) no se ajustaría a la letra ni al espíritu del art.6 del C.169; y, c) las instituciones gubernamentales responsables de implementarlo han confundido “consulta” con “información parcial”, se alteraron “listas de participantes” para elaborar “listas de aprobación” o se invitó a participar en las consultas a personas indígenas que no tenían ninguna relación con el sujeto de la consulta.

64) Visto lo anterior, es pertinente invocar la primacía del derecho internacional sobre el derecho doméstico y utilizar como guías conductoras los procedimientos sugeridos y las recomendaciones hechas por organismos internacionales, en particular, la Comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones (CEACR) de la OIT y la Corte interamericana de derechos humanos (CIDH).

C) DERECHOS MEDIOAMBIENTALES.

65) Para los pueblos indígenas, es imposible hacer una separación taxativa entre el medio ambiente y su, particular y específica, concepción de la Madre Tierra indisolublemente asociada a los intereses y derechos de las generaciones futuras.

66) La Unión internacional para la conservación de la naturaleza (UICN) y organizaciones internacionales medioambientalistas o ecologistas -teniendo como base las filosofías y las prácticas de los pueblos indígenas- designan dichos pueblos como “custodios de la Tierra” y “conservadores de importantes espacios y nichos para la diversidad biológica del planeta”. Por lo anterior, los instrumentos (tratados y declaraciones), programas de acción, resoluciones, estudios y directrices internacionales del sistema onusino, referidos a “cuestiones medioambientales”, se basan, se inspiran o hacen suyas filosofías, reflexiones y prácticas indígenas.

67) Frente a los graves problemas medioambientales que enfrenta el planeta (entre otros, cambio climático, pérdida de diversidad biológica,41 escasez hídrica, destrucción de ecosistemas y explotación irracional de los recursos naturales), es en la responsabilidad generacional donde coinciden las preocupaciones de una gran parte de la ciudadanía planetaria con las concepciones indígenas. Así, se debe tener presente que la Conferencia General de la UNESCO, en 1997, adoptó la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras (DRG); para los efectos del presente recurso, es necesario destacar que las generaciones actuales:

a)

“[…] tienen la responsabilidad de garantizar la plena salvaguardia de las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y futuras […]”. (art.1).

b)

“[…] tienen [también] la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un planeta que en un futuro no esté irreversiblemente dañado por la actividad del ser humano. Al recibir la Tierra en herencia temporal, cada generación debe procurar utilizar los recursos naturales razonablemente y atender a que no se comprometa la vida con modificaciones nocivas de los ecosistemas y a que el progreso científico y técnico en todos los ámbitos no cause prejuicios a la vida en la Tierra. (art.4).

c)

“[…] deberán velar por preservar la diversidad cultural de la humanidad respetando debidamente los derechos humanos y libertades fundamentales”. (art.7).

d)

“[…] tienen la responsabilidad de identificar, proteger y conservar el patrimonio cultural material e inmaterial y de transmitir ese patrimonio común a las generaciones futuras […]”. (art.7).

e)

“[…] deben abstenerse de realizar actividades y de tomar medidas que puedan ocasionar o perpetuar cualquier forma de discriminación para las generaciones futuras […]”. (art.11).

a) Normativa interna.

68) Se debe considerar que la mapulof en beneficio de la cual se presenta este recurso, se encuentra en la Cuenca del Mallolafkéñ (Cuenca del Lago Villarrica) que fue declarada por las autoridades gubernamentales como saturada medioambientalmente a través del Decreto Supremo N°43, de 19 de octubre de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, que declara zona saturada por clorofila "a", transparencia y fósforo disuelto, a la Cuenca del Lago Villarrica.

69) Se debe tener presente, además, que se está talando bosque nativo que, por el carácter sacro del espacio, no había sido tocado por la mapulof y constituye un pequeño “pulmón verde” que presta servicios eco sistémicos a una parte urbanizada de la Comuna.

70) El art. 8 de la Constitución dice:

“El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”.

71) Los Arts. 19.8 y 20 (segundo párrafo) de la Constitución rezan:

“El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza” (art. 19.8). Y, el texto constitucional, en su art.20 (segundo párrafo), establece que: “Procederá también, el recurso de protección en el caso del Nº8. del art.19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.

72) La Ley N˚19.300 sobre bases generales del medio ambiente, modificada por la ley N˚ 20.173, desarrolla y complementa, en dos arts., lo dispuesto en el art. 19.8 de la Constitución cuando establece:

“Art.1. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia”.

“Art.3. Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, estará obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley”.

73) Además, la Ley citada en el párrafo supra, en su art. 11.f), prevé que es necesario un Estudio de nombre reservado cuando se trate de:

“f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural”.

74) En “asuntos medioambientales”, debe considerarse el rol que, en materia de protección de recursos forestales y otros, juega la Corporación nacional forestal (CONAF). Para el recurso que se presenta, es necesario destacar que la CONAF tiene, entre otras, por misión “la fiscalización de la legislación forestal y ambiental”, y, entre sus objetivos:

“nombre reservado fomento, protección y desarrollo sostenible del recurso forestal para generar bienes y servicios, propendiendo a la forestación, restauración y recuperación de los bosques, formaciones xerofíticas y los componentes de la naturaleza asociados a estos, aportando al desarrollo económico, ambiental y social del país, mediante la fiscalización y monitoreo del uso del suelo, establecimiento y manejo de bosques plantados, nativos y otros recursos vegetacionales, y el resguardo fitosanitario de los mismos”. (objetivo 2).

b. Normativa internacional.

75) Cabe destacar que Chile, inter alia, es Parte en los principales tratados y declaraciones del derecho internacional medioambiental; v.g.: el Convenio sobre la diversidad biológica (CDB), la Convención marco de las nombre reservado plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”.

76) La Declaración de nombre reservado sobre medio ambiente y desarrollo, que acuñó el concepto de “desarrollo sostenible”, fue adoptada durante la Conferencia de las nombre reservado sobre medio ambiente y desarrollo (CNUMAD), además, emitió una declaración y elaboró un programa de acción.

77) La Declaración mencionada supra, en su Principio 22 dice:

“[Los pueblos indígenas] y sus comunidades, así como las comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberán reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible”.

78) Del Programa de acción de la CNUMAD (designado también, Agenda XXI) es necesario acentuar el Capítulo XVI titulado: El reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y de sus comunidades que, específicamente, hace hincapié en el reconocimiento de los derechos y el rol que los pueblos indígenas juegan en el resguardo del medio ambiente, la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible.

79) La Declaración “El futuro que queremos”, que fue adoptada en la Conferencia Río + 20, en su párrafo 197 dice:

“[…] Reconocemos […] que los pueblos indígenas y las comunidades locales a menudo son los que más directamente dependen de la biodiversidad y los ecosistemas, y, por tanto, frecuentemente son los más inmediatamente afectados por su pérdida y degradación. (párrafo 197).

80) Va de suyo que, para los efectos del recurso que se presenta, los instrumentos medioambientales citados en los párrafos supra, en su letra y filosofía, son invocados in toto.

D) DERECHOS CULTURALES.

81) Las culturas de los pueblos indígenas, internacionalmente, son consideradas y valorizadas como parte del patrimonio cultural común de la humanidad y es responsabilidad de los Estados reconocer, valorizar y proyectar las culturas (y sus valores) en sus dimensiones tangibles e intangibles.

82) Un informe de la ONU precisa que:

“Los derechos culturales43 protegen los derechos de todas las personas, individualmente y en comunidad con otros, así como de grupos de personas, para desarrollar y expresar su humanidad, su visión del mundo y el significado que dan a su existencia y desarrollo mediante, entre otras cosas, valores, creencias, convicciones, idiomas, los conocimientos y las artes, las instituciones y las formas de vida. Puede considerarse también que protegen el acceso al patrimonio cultural y a recursos que permiten que esos procesos de identificación y desarrollo tengan lugar”.

83) A propósito de los pueblos indígenas, la UNESCO ha escrito que: “La amenaza de extinción que se cierne sobre las culturas de los pueblos indígenas no puede dejar indiferente a la UNESCO. En total, estos pueblos suman unos 350 millones de personas repartidas en más de 70 países del mundo y representan más de 5.000 culturas. Hoy día, a menudo se encuentran marginados y privados de los derechos humanos básicos, particularmente de los derechos culturales [… Los pueblos] indígenas ocupan un lugar significativo, representativo de la diversidad cultural, en el paisaje planetario [;] en efecto, encarnan una visión global del mundo y del hombre, que permanece íntimamente vinculado a la naturaleza y a la tierra a la que todos pertenecemos […] Nos incumbe hoy ponernos a la escucha de [esos pueblos] que ofrecen una visión original de la civilización humana […]”.45 84)

También, internacionalmente, se ha establecido que:

“El derecho de acceso al patrimonio cultural y a su disfrute comprende el derecho de las personas y las colectividades a, entre otras cosas, conocer, comprender, entrar, visitar, utilizar, mantener, intercambiar y desarrollar el patrimonio cultural, así como a beneficiarse de este y de las creaciones de otros. Comprende asimismo el derecho a participar en la determinación, la interpretación y el desarrollo del patrimonio cultural, así como en la concepción y la ejecución de políticas y programas de preservación y salvaguardia. El patrimonio cultural constituye, además, un recurso fundamental para otros derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión […]”.

85) Es evidente que, en el caso de la mapulof para la que se solicita protección, se plantean, entre otros asuntos, problemas culturales.

a) Normativa internacional.

86) El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, en su art.15, establece que:

a)

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar en la vida cultural […]. (art.15.1).

b)

“Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura”. (art.15.2).

87) La Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial cultural y material, fue ratificada por Chile el 20∕02∕1980. Este tratado, entre otros asuntos, dice:

a) “Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente”. (art.4).

b)

“Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país; cada uno de los Estados Partes en la presente Convención procurará […]:” (art.5).

“adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general”; (art.5.a).

“instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permita llevar a cabo las tareas que le incumban”; (art.5.b)).

“adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio. (art.5.d)).

c)

“Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se obliga a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural […] situado en el territorio de otros Estados Partes enesta Convención”. (art.6.3).

88) La Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural, fue ratificada por Chile el 20∕02∕1980. Este tratado, inter alia, reza:

a)

“Considerando que el deterioro o desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo”. (párrafo preambular).

b)

“A los efectos de la presente Convención se considerará ‘patrimonio cultural`: […] los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico”. (art.1).

c)

“Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente”. (art.4).

d)

Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país; cada uno de los Estados Partes en la presente Convención procurará […]”. (art.5).

“adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general”. (art.5.a).

“instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permita llevar a cabo las tareas que le incumban” (art.5.b)

“desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural”. (art.5.c).

e)

“Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se obliga a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural”. (art.6.3).

89) La Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, fue ratificada por Chile y está en vigor desde el 10∕03∕2009, en su parte preambular, inter alia, dice:

a) “Considerando la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible”. (párrafo preambular).

b)

“Considerando la profunda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y natural”. (párrafo preambular).

c)

“Reconociendo que las comunidades, en especial las indígenas, los grupos y en algunos casos los individuos desempeñan un importante papel en la producción, la salvaguardia, el mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana”. (párrafo preambular).

d)

“Reconociendo que las comunidades, en especial las indígenas, los grupos y en algunos casos los individuos desempeñan un importante papel en la producción, la salvaguardia, el mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana”. (párrafo preambular).

90) El tratado citado supra, en su art.2, precisa las siguientes definiciones:

a)

“Se entiende por ‘patrimonio cultural inmaterial’ los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana […]”. (art.2.1).

b)

“El ‛patrimonio cultural inmaterial’, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes (art.2.2):

“tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial”; (art.2.2.a)). “artes del espectáculo”; (art.2.2.b))”. “usos sociales, rituales y actos festivos”; (art.2.2.c)). “conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo”; (art.2.2.d)). “técnicas artesanales tradicionales”. (art.2.2.e)).

c)

“Se entiende por ‛salvaguardia’ las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión - básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos”. (art.2.3).

91) El mismo tratado, en su art.5, crea un Comité intergubernamental para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y, en su art.11, refiriéndose a la salvaguardia del patrimonio de cada Estado Parte, establece que incumbe a éstos:

“adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio”; (art.11.a).

“entre las medidas de salvaguardia mencionadas [… les corresponde] identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes”. (art.11.b).

92) Y, con respecto a la salvaguardia, en su art.15, la Convención conmina a los Estados que la han ratificado a:

“[…] lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo”.

93) La Declaración de la UNESCO sobre los principios de la cooperación internacional, en su art.1, reza:

“1. Toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos.

2. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura.

3. En su fecunda variedad, en su diversidad y por la influencia reciproca que ejercen unas sobre otras, todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad”.

94) La Conferencia mundial sobre las políticas culturales, convocada por la UNESCO, emitió la Declaración de México sobre las políticas culturales, que, en su parte preambular, dice:

“La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (párrafo preambular).

95) Para los efectos del presente recurso, se precisa que la Declaración citada supra, en sus párrafos dispositivos, establece:

a)

“Hay que reconocer la igualdad y dignidad de todas las culturas, así como el derecho de cada pueblo y de cada comunidad cultural a afirmar y preservar su identidad cultural, y a exigir su respeto”. (párrafo 9).

b)

“El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas”. (párrafo 23).

c)

“Todo pueblo tiene el derecho y el deber de defender y preservar su patrimonio cultural, ya que las sociedades se reconocen a sí mismas a través de los valores en que encuentran fuente de inspiración creadora” (párrafo 24).

d)

“El patrimonio cultural ha sido frecuentemente dañado o destruido por negligencia y por los procesos de urbanización, industrialización y penetración tecnológica”. (párrafo 25).

b. Normativa interna.

96) La Ley Nº 21.045,47 en su art.1.3 y 1.6 establece principios orientadores que, respectivamente, se refieren al reconocimiento cultural de los pueblos indígenas y al patrimonio cultural como bien público; dichos principios se leen como sigue:

“De reconocimiento cultural de los pueblos indígenas. Reconocer, respetar y promover las culturas de los pueblos indígenas, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su historia y su cosmovisión, teniendo especial consideración con el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio cultural indígena” (principio 3).

“Del patrimonio cultural como bien público. Reconocer que el patrimonio cultural, en toda su diversidad y pluralidad, es un bien público que constituye un espacio de reflexión, reconocimiento, construcción y reconstrucción de las identidades y de la identidad nacional” (principio 6).

97) Entre otras funciones y atribuciones del Ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio, la Ley Nº 21.045, en su art. 3.4 y 20 establece que son competencias de dicho Ministerio:

“Promover y colaborar en el reconocimiento y salvaguardia del patrimonio cultural indígena, coordinando su accionar con los organismos públicos competentes en materia de pueblos indígenas […]”. (art.3.4).

“Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia cultural, artística y patrimonial en que Chile sea parte, y explorar, establecer y desarrollar vínculos y programas internacionales en materia cultural y patrimonial […]”. (art.3.20).

98) La Ley citada supra, en su art. 26, crea el Fondo del patrimonio cultural, que:

“[…] tendrá por objeto financiar, en general, la ejecución total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, registro, investigación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, conservación, adquisición y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educación en todos los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indígenas” (art.26).

99) El Art. 28.f) de la Ley 19.253, establece que:

“El reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas contemplará: […] f) La promoción de las expresiones artísticas y culturales y la protección del patrimonio arquitectónico, arqueológico, cultural e histórico indígena”.

E) DERECHOS RELIGIOSOS.

100) Con respecto a la religiosidad y espiritualidad del pueblo mapuche se ha escrito que:

“Posiblemente en Chile sean pocos los grupos o sectores que manifiesten con tanta claridad como los mapuches, que su identidad, su ser (inseparable de las condiciones de vida: de la tierra (mapu), los animales, la naturaleza), se liga, hasta confundirse, con lo sagrado (las divinidades, los antepasados)”.48 101)

En el caso de los pueblos indígenas, en general, la UICN (como herramienta de trabajo) dice que:

“El significado cultural y espiritual de la naturaleza, se define en relación con los atributos de la naturaleza que son evidentes en todos los niveles de la ordenación ecológica que van desde especies de flora y fauna a formaciones geológicas y topográficas características de paisajes terrestres y acuáticos; pueden abarcar diversas manifestaciones como los cielos nocturnos, características naturales monumentales, sitios locales íntimos, así como las prácticas, conocimientos, creencias, relaciones (no) humanas e instituciones asociadas a ellos”.49 102)

Cabe destacar que, durante mucho tiempo en el plano internacional, persistió una posición política que negaba la categoría de “religiones” a las - particulares y específicas- filosofías y concepciones de la creación del mundo y de la vida de las culturas indígenas. El estudio de la ONU ya mencionado dio el primer paso -concreto- para decantar el debate cuando afirmó:

“Por ‘religiones’ no solamente hay que entender aquellas que son consideradas como ‘las grandes religiones del mundo’, sino también otras creencias o fes que tienen, esencialmente, la misma función”.50 103)

Los debates de los procesos normativos que desembocaron en el C.169 y la DDPI, superaron la mencionada posición y, hoy, de conformidad con los dos instrumentos nombrados, las religiones indígenas son (y deben ser) consideradas con el mismo valor y significado que el derecho internacional de los derechos humanos les atribuye a todas las religiones del mundo.

a) Normativa interna.

104) El art. 1. (segundo párrafo) de la Constitución establece que:

“El Estado […] debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible […]”.

105) El art. 19.6 de la Constitución dice:

“La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos51 y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor […]”.

106) El art. 19.6 de la Constitución Política, al utilizar el término “creencias”, como lo hacen otras Cartas Magnas, hace referencia a un Ser Superior - indisolublemente- vinculado a la libertad religiosa, garantizando y permitiendo el ejercicio de todas las actividades o “cultos” que constituyen la expresión de ceremonias representativas vinculadas a las creencias de un pueblo; ergo, el Estado -de conformidad a lo establecido en la Constitución y en una miríada de instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos- a través de sus autoridades y organismos está obligado a proteger y garantizar a todas las personas el libre ejercicio de todas las creencias y respetar sus sitios sagrados del modo que está consagrado en la Constitución y específicas disposiciones internacionales cuando se trata de personas o comunidades indígenas.

107) El art.19 de la Ley N°19.253 establece que:

“Los indígenas gozarán del derecho a ejercer comunitariamente actividades en los sitios sagrados o ceremoniales, cementerios, canchas de guillatún, apachetas, campos deportivos y otros espacios territoriales de uso cultural o recreativo, que sean de propiedad fiscal. La Comunidad Indígena interesada podrá solicitar la transferencia a título gratuito de los inmuebles referidos en el inciso anterior”.

b. Normativa internacional.

108) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 18.1, indica que:

“Toda persona tiene derecho […] a manifestar su religión o creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas y las enseñanzas”.

109) La Convención Americana de Derechos Humanos, en su art. 12.2 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18.2 coinciden en señalar que:

“Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o de sus creencias o de cambiar de religión o de creencias”.

110) El C.169, en su parte preambular, inter alia, dice:

“Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones […]”.

111) El C.169, en su art. 5.a), dice que en la aplicación de este tratado:

“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”.

112) El tratado citado en el párrafo supra, englobando en “las costumbres” los derechos religiosos, en su art. 8, indica que:

“1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. […]. 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos […]”.

113) La DDPI, en su art.11.2, dice:

“Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

114) La DDPI, en su art. 12.1 y 2, establece que:

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y vigilar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.

2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados”.

115) La Declaración de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones (que, en su art.3 establece que la discriminación “por motivos de religión o convicciones constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios de la Carta de las nombre reservado y debe ser considerada como una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales […]”), en su parte peambular, inter alia, dice:

“Considerando que la religión o las convicciones, para quien las profesa, constituyen uno de los elementos fundamentales de su concepción de la vida y que, por tanto, la libertad de religión o de convicciones debe ser íntegramente respetada y garantizada”.

116) Además, la declaración citada supra, en el art. 1.1 y 2 de la parte dispositiva, afirma que:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su elección”.

117) El mismo instrumento internacional, en su art. 2.1, establece que:

“2.1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares”.

118) Las Directrices Akwé:Kon (DAK),52 inter alia, establecen que:

a)

Un “lugar sagrado puede referirse a un lugar, objeto, edifico, zona o característica natural o área considerada por los gobiernos nacionales o por las comunidades indígenas como de particular importancia, de conformidad con las costumbres de una comunidad indígena o local por razón de su significado religioso o espiritual” (párrafo 6.a).

b)

“En cualquier [proyecto de] desarrollo que […] probablemente repercuta, en lugares sagrados y en tierras y aguas tradicionalmente ocupadas o utilizadas por comunidades indígenas y locales, éstas deberían ser invitadas a participar y han de ser respetadas, plenamente, en todas las etapas del proceso de evaluación y desarrollo, incluidas las de planificación y de realización”. (párrafo 12).

c)

“Los posibles impactos en todos los aspectos de la cultura, incluyendo los lugares sagrados, […] deben tenerse en cuenta al desarrollar evaluaciones de impactos culturales” (párrafo 24).

d)

“[…] cuando un lugar sagrado vaya a ser afectado por un [proyecto de] desarrollo propuesto y no exista ninguna ley para proteger el lugar, la comunidad local e indígena a la que atañe puede desear que se elaboren protocolos concernientes al lugar en el contexto del [proyecto de] desarrollo propuesto”. (párrafo 32).

e)

“[…] el personal asociado a [… proyectos de] desarrollo debería reconocer que muchos lugares sagrados y otros lugares de importancia cultural pueden tener funciones importantes respecto a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y, por extensión, al mantenimiento de los recursos naturales de los que depende el bienestar de dichas comunidades”. (párrafo 31).

119) Las DAK, en su párrafo 27.d), utilizan “sitios de actividades rituales” confiriéndoles los mismos valores y resguardos que estipula para los “lugares sagrados”. La UICN define “sitio sagrado” como “un área de especial significado espiritual para los pueblos y comunidades; y, “sitios naturales sagrados” como “nombre reservado de agua o tierra que tiene especial significado espiritual para los pueblos y comunidades [indígenas]”;53 también, establece como definiciones de trabajo y explica que “cuando dice ‘creencias religiosas de la comunidad’ o ‘tradiciones espirituales’, se refiere a creencias religiosas de un pueblo indígena, tal como se expresan a través de las creencias y las prácticas locales culturales”.

Se sebe señalar a su Señoría Ilustrísima que:

120) Que vistos y analizados los hechos; estudiadas las disposiciones nacionales e internacionales citadas y/o invocadas; leídas, con atención, las argumentaciones de resoluciones internacionales; y, recogiendo el raciocinio de estudios, directrices, manuales e informes citados de órganos y organismos internacionales; aunque es asunto -exclusivo y privativo- de la ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES rechazar o aceptar un recurso de protección, la recurrente se atreve a afirmar que se configuran violaciones, atropellos y negaciones de derechos y libertades a la mapulof objeto de la presente solicitud.

121) En el caso expuesto de la mapulof nombre reservado, se configuran violaciones, relativizaciones, atropellos y negaciones de derechos y libertades, expresamente consagrados en la Constitución Política de Chile; las siguientes disposiciones constitucionales, desde el punto de vista de este mandatado, deben ser objeto de atención de la ILUSTRE CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO:

- Art.1, segundo párrafo, que se lee: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.”

- Art.19.6, que se lee: “6°. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones”.

- Art.5, segundo párrafo, que se lee: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

- Art.19.8, que se lee: “8°. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

- Art.20, segundo párrafo, que se lee: “Procederá también, el recurso de protección en el caso del No. 8. del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.

Señalar también a su Señoría Ilustrísima que:

122) Son recurridos/as:

- nombre reservado porque el –desconocido- negocio, trato o traspaso de la tierra que correspondió a nombre reservado hecha por él y nombre reservado está a la base de la pérdida de tierra y de los problemas de desacralización de los lugares sagrados y sitios ceremoniales de la mapulof y el no esclarecimiento de esta situación puede transformarse en una fuente de conflictos mayores.

- CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI) porque, de conformidad con el art.5 de la Constitución no ha aplicado, in toto, el Convenio de la OIT N˚169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y no ha velado por los intereses y derechos de la mapulof como lo establece la filosofía y la letra de la Ley N˚19.253; tampoco, en el caso que se presenta, no ha utilizado las referencias de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es un compromiso adquirido por el Estado chileno cuando la Asamblea General de la ONU la aprobó; y, tampoco ha respetado lo dispuesto en el párrafo 57 de la Resolución 1/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) porque es una importante herramienta para el cumplimiento de lo dispuesto en el art.19.8 de la Constitución; no ha cumplido con su misión y objetivos de velar por los derechos e intereses de la mapulof; ha ignorado la filosofía y la letra del Convenio sobre la diversidad biológica (CDB); no ha utilizado las referencias de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas; y, tampoco ha respetado lo dispuesto en el párrafo 57 de la Resolución 1/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

- MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, SEREMÍA DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA porque no ha cumplido con su misión y objetivos para velar por los derechos e intereses de la mapulof; no ha actuado de conformidad con el espíritu y la letra de la Ley N˚21.045; no ha considerado las disposiciones citadas del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, la Convención interamericana de derechos humanos y del Convenio N˚169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; no ha respetado precisas disposiciones de las –citadas- de los siguientes tratados: Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial cultural y material, Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural y Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; tampoco, en el caso que se presenta, ha utilizado las referencias de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, SEREMÍA DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, porque no ha cumplido con su misión y objetivos para velar por los derechos e intereses de la mapulof; no ha actuado de conformidad con el espíritu y la letra de la Ley N˚ N˚19.300 sobre bases generales del medio ambiente (modificada por la Ley N˚ 20.173); no ha considerado el Convenio sobre la diversidad biológica (CDB), la Convención marco de las nombre reservado sobre cambio climático (CMNUCC), la Declaración de nombre reservado sobre medio ambiente y la Declaración El futuro que queremos; ); no ha utilizado las referencias de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas; y, tampoco ha respetado lo dispuesto en el párrafo 57 de la Resolución 1/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pide declarar lo siguiente:

a)

Ordene la detención de todas las obras o faenas de construcción, limpieza y∕o preparación que se están efectuando y que afectan a gran parte de la parcela que, en 1930, fue asignada a nombre reservado.

b)

Declare que el rewe, los eltún, el nguillatuwe, el kurrewen wur-wur y el treng-treng son sitios sagrados y lugares ceremoniales de la mapulof (comunidad).

c)

Declare también el libre acceso de las autoridades religiosas y demás miembros de la mapulof a los, mencionados, sitios sagrados y lugares ceremoniales según lo establecen sus propias costumbres y tradiciones.

d)

Establezca que las piezas arqueológicas o pedazos de ellas deben ser tratadas según las costumbres y las tradiciones de la mapulof.

e)

Ordene al Sr. nombre reservado entregar en un plazo acotado, toda la documentación que le permite acreditar la propiedad de gran parte de la hijuela (74,975 has.) que, vía división del TM N˚1530, en 1930, fue asignada a nombre reservado y que le habría sido vendida por nombre reservado; y, en particular, le informe de cómo y de qué manera pagó dicha propiedad, y, en qué fecha y dónde se registraron los trámites correspondientes.

f)

Solicite a la CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI), en un plazo acotado, un informe -detallado y circunstanciado- sobre las tierras comprendidas en la hijuela (74,975 has.) que, vía división del TM N˚1530, en 1930, fue asignada a nombre reservado y las tierras que, hoy, figuran como propiedad de la SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA Y FORESTAL LOS PELLINES LIMITADA e incluya, en dicho informe, cómo, en el caso de la mapulof, implementó lo dispuesto en el Convenio N˚169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Resolución 1∕2020 de la Corte interamericana de derechos humanos; le recuerde su obligación legal de velar por los derechos e intereses de los pueblos indígenas; y, le recuerde también que varios instrumentos internacionales de derechos humanos incluyen, para los pueblos y comunidades indígenas, entre otros, asuntos económicos y culturales, destacando que en los derechos culturales están incluidos los derechos religiosos, el carácter sacro de la Tierra, la protección de los lugares sagrados y sitios ceremoniales y el libre acceso a los mismos.

g)

Solicite también a la CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) -en un plazo acotado- un informe, detallado y circunstanciado, sobre los efectos ocasionados al bosque nativo y la espiritualidad de la mapulof por los trabajos que se están desarrollando e incluya, en dicho informe, cómo, en el caso de la mapulof, implementó lo dispuesto en el Convenio N˚169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y el párrafo 57 de la Resolución 1∕2020 de la Corte interamericana de derechos humanos esto, sin soslayar el derecho de consulta que reclama la mapulof.

h) Ordene al MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO que, por la vía de su SEREMÍA DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, efectúe una fiscalización de las faenas que se están realizando y elabore un informe -detallado y circunstanciado- en un plazo acotado, sobre las medidas que ha adoptado y∕o adoptará para cumplir con el mandato que lo conmina salvaguardar el patrimonio cultural de la mapulof y dar cumplimiento a su deber de velar por el cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales en materia cultural, artística y patrimonial que, vía ratificación de tratados, Chile ha adquirido; investigue e informe sobre cuál ha sido el destino que se le ha dado a las piezas o pedazos de piezas arqueológicas que han encontrado los ejecutores de los trabajos; y, asimismo, le recuerde que en los derechos culturales, entre otros, están incluidos los derechos religiosos, el carácter sacro de la Tierra y la protección de los lugares sagrados y sitios ceremoniales.

i) Ordene también al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE que, por la vía de su SEREMÍA DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, sin soslayar el hecho que la Cuenca del Mallolakkéñ (lago Villarrica) fue declarada medioambientalmente saturada, efectúe una fiscalización de las faenas para determinar si para los trabajos que se están realizando, existe la necesidad de ingresar al Sistema de evaluación de nombre reservado (SEA) y/o las medidas que correspondan de acuerdo a la legislación ambiental; y, al mismo tiempo, le solicite, en un plazo acotado, un informe -detallado y circunstanciado- sobre los efectos medioambientales de los trabajos, hasta ahora, ejecutados y, en dicho informe, integre cómo ha implementado lo dispuesto, en el caso de la mapulof, el Convenio N˚169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y el párrafo 57 de la Resolución 1∕2020 de la Corte interamericana de derechos humanos.

Sin perjuicio de otras medidas de protección que SS ILTMA, estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de las recurridas, todo ello con condenación en costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Un anexo respecto de la situación jurídica del inmueble en que se encuentran los sitios ceremoniales y sagrados en donde ocurren los actos arbitrarios e ilegales; 2. Un set de fotografías del lugar en donde ocurrieron los hechos descritos en lo principal; 3. Fotografía de Google maps, informando ubicación aproximada de sitios sagrados y ceremoniales de la mapulof nombre reservado y; 4. El Título de merced otorgado en favor de doña nombre reservado.

A folio N°19-2021 evacua informe la recurrida MINISTERIO DE LA CULTURA, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO quien solicita el rechazo del recurso, con costas. Indica que con fecha 07.04.2020 la Oficina Técnica Regional (OTR) de la Región de la Araucanía de la Secretaría Técnica (ST) del Consejo de Monumentos Nacionales (en adelante, CMN) recibió una llamada telefónica por parte de representantes del Lof nombre reservado, señalando que existiría una afectación en un sitio arqueológico en el predio norte adyacente del Supermercado nombre reservado, ubicado en la ciudad de Pucón, Región de la Araucanía.

En atención a lo anterior, el 08.04.2021 profesionales de la OTR de la ST-CMN Región de la Araucanía del CMN sostuvieron una reunión con los denunciantes quienes señalaron sobre la afectación que existiría en el sitio arqueológico ubicado en el sector posterior del Supermercado nombre reservado, en la ciudad de Pucón (Ingreso CMN N°2081 del 12.04.2021). En atención a lo anterior, se tomó contacto en terreno con el Sr. nombre reservado, Gerente de Operaciones holding nombre reservado, quien -después de la consulta a abogado de holding nombre reservado - no autorizó la inspección del lugar. Sin perjuicio de aquello, fue posible observar que efectivamente se estaba llevando a cabo una obra de construcción de camino, con escasa intervención subsuperficial y maquinaria pesada (excavadoras).

Con el fin de confirmar los antecedentes aportados en la reunión sostenida con los denunciantes, mediante vía telefónica se recibe posición geográfica de referencia (coordenadas UTM probables) del sitio arqueológico en el lugar denunciado, por parte de nombre reservado, Académica Pontificia Universidad Católica de Chile-CIIR.

En atención a lo anterior, mediante correo electrónico del 09.04.2021, la OTR de la 5T-CMN Región de la Araucanía informó al Sr. nombre reservado, Gerente de Operaciones Holding nombre reservado, sobre los antecedentes y coordenadas que se contaban sobre el posible sitio arqueológico en el lugar de las obras, además de informar las disposiciones de la Ley N°17.288 en lo que respecta a los Monumentos Arqueológicos (MA).

Posteriormente, mediante vía telefónica, el Sr. nombre reservado, Gerente de Operaciones Holding nombre reservado, autorizó una visita al lugar. En aquella visita se autoriza la revisión del área indicada por la OTR de la ST-CMN Región de La Araucanía, según las coordenadas de referencia que disponía. En atención a ello, sólo se permite inspeccionar exclusivamente el área intervenida por excavaciones de zanjas e instalaciones de postes y despeje de camino, no encontrando restos arqueológicos en el lugar inspeccionado.

10. Mediante correo electrónico de, (Ingreso CMN N° 2353 del 22.04.2021) nombre reservado, Académica Pontificia Universidad Católica de Chile-CIIR, informa sobre la existencia de un sitio arqueológico en el predio norte del supermercado nombre reservado en la ciudad Pucón y remite nuevas coordenadas de su ubicación, para la evaluación actual del estado del sitio. Así también, con fecha del 27.05.2021, remite enlace de Capítulo IV de la actualización del Plan Regulador de Pucón (PRC), que indica la referencia al sitio arqueológico identificado tras el supermercado nombre reservado de la ciudad de Pucón (Ingreso CMN N° 3063 del 27.05.2021).

11. En atención a los nuevas coordenadas y antecedentes que disponía la OTR de la ST-CMN Región de la Araucanía, el 22.04.202 se reitera la solicitud de autorización - vía correo electrónico – al Sr. nombre reservado, Gerente de Operaciones Holding nombre reservado, para realizar una nueva visita técnica al lugar, sin recibir respuesta por parte del destinatario.

12. En atención a la falta de respuesta de los propietarios del lugar referido en la denuncia, con fecha del 23.06.2021, en sesión ordinaria, el CMN acordó oficiar a los propietarios del supermercado nombre reservado indicando que si bien no se registró evidencias arqueológicas en el marco de las recientes excavaciones realizadas para la instalación de un muro, se cuenta con antecedentes publicados (PRC) que dan cuenta de la presencia de un sitio arqueológico al interior del predio posterior al supermercado, por lo que se solicita formalmente la autorización para realizar una visita al sector por parte de la OTR de la ST-CMN de la Región de la Araucanía, específicamente al camino interior y cancha y aquellos sectores despejados de vegetación, que permitan la visibilidad del sustrato, con el fin de determinar el estado de conservación de dicho sitio. Lo anterior fue comunicado por medio del Ord. CMN N°3971 del 07.09.2021 (Ord. CMN N°3971-2021).

III. Marco normativo aplicable y consideraciones legales respecto a la procedencia del recurso de protección A. Sobre la Ley N°21.045 y la Lev N°17.288 que Legisla sobre Monumentos Nacionales.

13. La ley N° 21.045 creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley.

14. Asimismo, con la entrada en vigencia de la Ley 21.045, se constituyó el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC) que tiene por objeto implementar políticas y planes, diseñar y ejecutar programas destinados a dar cumplimiento a las funciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en materias relativas al folclor, culturas tradicionales, culturas y patrimonio indígena, patrimonio cultural material e inmaterial; e infraestructura patrimonial, como asimismo, a la participación ciudadana en los procesos de memoria colectiva y definición patrimonial.

15. A su vez, dentro de las unidades dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se encuentra la Secretaría Técnica del CMN -y sus distintas Oficinas Técnicas Regionales-, que tiene entre sus funciones: promover y ejecutar planes y programas relativos a la recuperación, valoración y sustentabilidad del patrimonio protegido por la Ley N2 17.288 sobre Monumentos Nacionales.; asesorar al CMN en todo aquello que dicho organismo le requiera y ejecutar las decisiones que éste adopte; acordar la elaboración de planes de manejo para regular las intervenciones en los monumentos nacionales y determinar su pertinencia respecto de los bienes ya declarados o que por el solo ministerio de la ley quedan bajo la tuición y protección del Estado, sin perjuicio de las facultades del CMN; llevar el Registro de Monumentos Nacionales; y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 30 de la Ley N° 17.288.

16. Por otra parte, Los Monumentos Nacionales (MN) son aquellos definidos en el art. 1- de la Ley N2 17.288, que legisla sobre Monumentos Nacionales. Porsu parte, el CMN es el órgano técnico al cual le compete la tuición y protección de los Monumentos Nacionales en la forma que señala la ley, de conformidad con los artículos l9 y 2^ de la Ley N2 17.288. Que, la parte final del artículo 3°, de la Ley N° 17.288, que Legisla sobre Monumentos Nacionales, dispone que el Secretario del Consejo de Monumentos Nacionales será el encargado de tramitar sus acuerdos, entreoirás funciones, y que tendrá el carácter de ministro de fe para todos los efectos legales.

17. Dentro de las distintas categorías de Monumentos Nacionales, se encuentran los Monumentos Arqueológicos. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 21° de la Ley N° 17.288, por el solo ministerio de la ley, son Monumentos Arqueológicos de propiedad del Estado los lugares, ruinas, y yacimientos y piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional.

18. Es atribución y deber del CMN conceder autorizaciones para realizar prospecciones o excavaciones arqueológicas en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos Gs NQ 6 y 22° de la Ley Ns 17.288, y con el artículo 5e del Reglamento sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas, contenido en el D.S. N2 484 de 1990 del Ministerio de Educación (en adelante, "Reglamento de Arqueología").

19. Por su parte, el artículo 26 de la Ley Ne 17.288 y el artículo 23 del Reglamento de Arqueología regulan los hallazgos arqueológicos no previstos. Estas disposiciones prescriben que las personas que al hacer excavaciones en el territorio nacional hallaren Monumentos Arqueológicos, deben informar el descubrimiento a las autoridades competentes, debiendo resguardarse el sitio hasta que el CMN se haga cargo.

20. Frente al reporte de un hallazgo no previsto, el CMN analiza los antecedentes y se pronuncia sobre las medidas pertinentes, para la protección y resguardo de los Monumentos Arqueológicos, según las características particulares de cada caso.

B. Sobre la falta de fundamentos de recurso de protección interpuesto 21.

Que, según los antecedentes que se han señalado en los puntos anteriores, el CMN, por medio de su OTR de la Región de la Araucanía ha realizado todas las gestiones pertinentes respecto a la denuncia efectuada y las fiscalizaciones pertinentes. Así, a la fecha, no se ha podido confirmar la existencia de un sitio arqueológico en el lugar, sin perjuicio de los antecedentes que han sido aportados, razón por la cual, se ha comunicado en reiteradas oportunidades la normativa sobre MN, especialmente qué hacer en caso de un hallazgo no previsto, según indica el artículo 26 de la Ley N° 17.288.

22. Que, en relación con los antecedentes aportados, conviene tener presente que frente denuncias que recibe el ST-CMN sobre posibles afectaciones a MN, el CMN en sesión del 17.06.2021, aprobó el "Procedimiento para Atención de Denuncias" de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales cuya ejecución se realizó mediante la Resolución Exenta N- 482-2021 de la Secretaría Técnica.

23. Dicho instrumento, de gestión interna, constituyen importantes y útiles herramientas para la eficaz y oportuna gestión de las denuncias que recibe el Consejo de Monumentos Nacionales, en relación con infracciones a la Ley N2 17.288, incluidos los delitos contra el patrimonio cultural. Al respecto, en su capítulo sobre "Gestión de Denuncias", respecto al ingreso a los predios, dispone: En caso de realizar visita a terreno a predio fiscal o privado, si la inspección puede realizarse desde fuera del bien en cuestión, se realizará de esa manera y no se solicitará el ingreso. De ser necesario el ingreso al inmueble para realizar una adecuada evaluación de los hechos denunciados, debe solicitarse la autorización previa al propietario cuando este sea privado.

24. Así, conforme a las directrices del Servicio, se han realizado todas las gestiones necesarias en el marco de la denuncia recibida, como también se ha solicitado oportunamente la autorización para el ingreso al predio, por distintas vías, siendo la última comunicada por medio del Ord. CMN N°3971-2021 y que responde a un acuerdo del Consejo sobre la materia.

25. Que, por otra parte, conviene hacer presente que la acción de protección ha sido concebida, como medio cautelar y de urgencia para la protección subjetiva de una serie de derechos constitucionales. Por su parte, en la presente acción, los recurrentes solicitan como supuesta forma de corregir la infracción constitucional, que este Ministerio adopte las medidas necesarias para evitar la afectación del sitio, cuestión que sí ha sido realizada en los párrafos anteriores.

En tanto sobre la supuesta falta del Ministerio sobre la infracción al deber de efectuar una consulta indígena, contraviniendo de esa forma el Convenio N° 169 de la OIT, normativa que tiene precisamente como objeto garantizar la igualdad ante la ley. Al respecto, basta con señalar que, tal como se demostró anteriormente, tanto el Convenio N° 169 de la OIT como el Reglamento de Consulta Indígena regulan cuándo una medida administrativa es susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, y en consecuencia cuándo resulta procedente efectuar una consulta indígena.

Indica que al no existir, en los términos de la normativa señalada, algún acto administrativo de este Ministerio que sea susceptible de afectación directa en relación a alguna medida administrativa, no resulta procedente efectuar una consulta indígena. Por tanto, no se ha infringido la normativa en cuestión, ni por lo cual no se ha conculcado las garantías constitucionales señaladas por los recurrentes.

IV. Sobre la supuesta vulneración de garantías constitucionales Sobre la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público (art. 19 N° 6 de la CPR).

Señalan los recurrentes que la infracción a los derechos que la normativa establece para resguardar y proteger los sistemas de vida y cultura de las comunidades recurrentes, también implica una privación de sus derechos religiosos y culturales vinculados a la protección y conservación de su patrimonio arqueológico.

Al respecto, se debe hacer presente que la parte recurrente no especifica cuál sería el derecho específico que se habría infringido, ni tampoco se advierte cuál es acto administrativo que habría vulnerado ese derecho, y con ello, afectado el ejercicio de la garantía en cuestión. Por el contrario, el recurso simplemente hace una alusión genérica a disposiciones del Convenio N° 169 de la OIT, relativas a la protección de los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos indígenas. Para efectos entonces de una procedencia de esta acción de protección, constituye un deber del recurrente, dar cuenta precisa y detallada como los supuestos actos lesivos de esta garantía constitucional, afectan la misma, considerando que además, como lo ha entendido el constituyente de 1980, el numeral 6° del artículo 19 citado, contiene un fase interna o volitiva de desarrollo del derecho constitucional (libertad de conciencia) que se genera en el fuero interno de las personas, cuestión que se manifiesta en la creencia o fe y el ejercicio del culto al cual se adhiere, con los límites en las cláusula abiertas indeterminadas (moral, buenas costumbres, orden público). Considerando de esta forma que eventuales elementos arqueológicos de significación patrimonial, pueden tener proyección religiosa, la privación denunciada no se constata a menos que se dé cuenta la forma en que no es posible la práctica de actividades religiosas relacionada con los hechos imputados.

30. En cualquier caso, debe hacerse presente que, según ya se ha señalado, que no hay ningún acto administrativo de este Ministerio que pueda haber vulnerado las disposiciones del Convenio N° 169 de la OIT.

B. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, contemplado en artículo 19 N° 8 de la CPR:

31. Como se ha señalado, se han tomado todas las medidas y se han realizado, a la fecha, todas las gestiones pertinentes según las competencias del CMN, considerando el mandato legal y constitucional como organismo técnico encargado de la tuición y protección de los MN. Aquí es importante anotar que el rol de los organismos vinculados con la materia se circunscribe a aquello en lo que se cuenta con la respectiva habilitación legal y constitucional, no pudiendo extralimitarse en las acciones que se emprendan al efecto, todo lo anterior, considerando el artículo 6 y 7 del Código Político, en relación con el artículo 2 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (actuación dentro de su competencia y sometimiento a la Constitución y las leyes).

32. Finamente, en relación con esta garantía, podemos sostener que la enunciación de una infracción constitucional como la citada, tampoco se observa configurada, básicamente por la inexistencia de un acto administrativo (en los términos de la ley N° 19.880) que se relacione de manera directa (y aún indirecta) con algún impacto hacia el ecosistema o medioambiente objeto del recurso. Dicho de otra forma, el Ministerio no ha generado acciones administrativas, sancionadas a través de los instrumentos internos o reglamentarios respectivos que conculquen la garantía constitucional denunciada.

Por las razones expuestas, y no existiendo en la especie ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación del Ministerio, ni privación, perturbación o amenaza a las garantías y derechos fundamentales de la parte recurrente, el recurso de protección de autos debe ser rechazado, con costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Minuta con antecedentes técnicos e informes de terreno; 2.

Ingreso CMN N°2081 del 12.04.2021; 3. Ingreso CMN N° 2353 del 22.04.2021; 4. Ingreso CMN N°3063 del 27.05.2021; 5.

Ord. CMN N°3971 del 07.09.2021.

A folio N°21-2021 evacúa informe la recurrida CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA.

1.-EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO.- Indica que el recurso de autos debe ser rechazado por haberse presentado fuera del plazo fatal de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales. De acuerdo con lo dispuesto en el N° 1 del referido Auto acordado, el recurso o acción de protección debe interponerse dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. En el caso de autos la recurrente expone en su libelo expresamente que:

“15) En abril de 2021, comienzan trabajos, por parte de una empresa o trabajadores contratados por nombre reservado, en tierras que están comprendidas en el TM que sólo habían sido utilizadas para ceremonias y ninguna planta o árbol había sido tocado. La mapulof no había reclamado porque, hasta ahora, ese espacio no había sido intervenido por personas extrañas y tampoco se tenían indicios que sitios sagrados y ceremoniales podrían ser violados. La cronología de los hechos es la siguiente:

a) 09/04/2021, se inician trabajos de demarcación sin que la mapulof haya sido consultada o, al menos, informada de dichos trabajos que la afectan directamente porque: i) desacraliza sitios sagrados y ceremoniales; ii) no se hicieron las consultas 5 En el Anexo I, figuran, cronológicamente, los datos entregados en los párrafos 9 y 14 supra. pertinentes de conformidad con el espíritu y la letra del Convenio N˚169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas; y, iii) se talaron árboles, arbustos y plantas nativos (indispensables para la medicina mapuche).

b) 10/04/2021 al 15/04/2021, los trabajos continúan sin que la mapulof tenga respuestas de parte de nombre reservado o del personal de la empresa que realiza los mencionados trabajos.

c)

12/04/2021, en la tierra removida y en el suelo abierto aparecen restos de cerámica que la mapulof sabía que existían porque, otrora, allí se realizaban las grandes ceremonias.

d)

Los primeros días de junio del presente año la mapulof constata que: i) es imposible obtener una respuesta sobre el propósito de los trabajos; y, ii) la destrucción de la masa vegetal -según las demarcaciones- iba a tener un impacto negativo irreversible sobre el espacio territorial que estaba siendo intervenido.

e)

Durante el mes de junio y julio, los trabajos continúan de manera intermitente…”

Señala que la recurrente expresamente ha señalado en su recurso que tuvo conocimiento de los hechos materia del recurso con fecha abril de 2021, sin embargo, la acción de protección se ha presentado con fecha 11 de agosto de 2021, es decir, excediendo con creces los plazos establecidos en el N° 1 del Auto Acordado de tramitación del Recurso de Protección, debiendo perentoriamente interponerse dentro de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión.

2.- EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO RESPECTO DEL ACTUAR DE CONADI.- El recurrente señala expresamente en su recurso respecto al actuar de CONADI lo siguiente:

“14) En 2001, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en un informe jurídico sobre una superficie de 72,886 has. ubicada en “TRES ESQUINAS COMUNA DE PUCÓN, inscrita a nombre de la SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA Y FORESTAL LOS PELLINES LIMITADA (propiedad de nombre reservado y nombre reservado), concluye que la tierra objeto del informe no provienen de un TM, negando que esta corresponda a la hijuela adjudicada a nombre reservado en 1930 cuando se hizo la división del TM N°1530; por tanto, la afirmación de la CONADI niega la evidencia demostrada en documentos oficiales y es contraria a los testimonios de los descendientes de nombre reservado, vecinos y personas que conocen los detalles de lo ocurrido.”

Que, según lo expuesto por la recurrente la CONADI habría cometido un actuar ilegal y arbitrario el año 2001 al emitir un informe jurídico sobre el predio “TRES ESQUINAS COMUNA DE PUCÓN”, inscrita a nombre de la SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA Y FORESTAL LOS PELLINES LIMITADA, es decir el actuar negligente de CONADI se habría producido hace 20 años, excediendo con creces los plazos establecidos para impetrar la presente acción. Además tampoco adjunta el informe y por lo tanto no se puede tener certeza respecto a lo señalado.

3.- FACULTADES DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA.- El artículo 39 de Ley 19.253 señala que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es el organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional. Además le corresponderán las siguientes funciones:

a)

Promover el reconocimiento y respeto de las etnias indígenas, de sus comunidades y de las personas que las integran, y su participación en la vida nacional;

b)

Promover las culturas e idiomas indígenas y sistemas de educación intercultural bilingüe en coordinación con el Ministerio de Educación;

c)

Incentivar la participación y el desarrollo integral de la mujer indígena, en coordinación con el Servicio Nacional de la Mujer;

d)

Asumir, cuando así se le solicite, la defensa jurídica de los indígenas y sus comunidades en conflictos sobre tierras y aguas y, ejercer las funciones de conciliación y arbitraje de acuerdo a lo establecido en esta ley;

e)

Velar por la protección de las tierras indígenas a través de los mecanismos que establece esta ley y posibilitar a los indígenas y sus comunidades el acceso y ampliación de sus tierras y aguas a través del Fondo respectivo;

f)

Promover la adecuada explotación de las tierras indígenas, velar por su equilibrio ecológico, por el desarrollo económico y social de sus habitantes a través del Fondo de Desarrollo Indígena y, en casos especiales, solicitar la declaración de nombre reservado de acuerdo a esta ley;

g)

Mantener un Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas y un Registro Público de Tierras Indígenas sin perjuicio de la legislación general de Registro de la Propiedad Raíz;

h) Actuar como árbitro frente a controversias que se susciten entre los miembros de alguna asociación indígena, relativas a la operación de la misma, pudiendo establecer amonestaciones, multas a la asociación e incluso llegar a su disolución. En tal caso, actuará como partidor sin instancia de apelación;

i) Velar por la preservación y la difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de las etnias y promover estudios e investigaciones al respecto;

j) Sugerir al Presidente de la República los proyectos de reformas legales y administrativas necesarios para proteger los derechos de los indígenas, y k) Desarrollar todas las demás funciones establecidas en esta ley.

En el cumplimiento de sus objetivos, la Corporación podrá convenir con los Gobiernos Regionales y Municipalidades respectivos, la formulación de políticas y la realización de planes y proyectos destinados al desarrollo de las personas y comunidades indígenas.

4.- IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN.- Refiere que como se señala en el punto anterior, la letra d) del art. 39 de la Ley 19.253, indica que la CONADI puede asumir, cuando así se le solicite, la defensa jurídica de los indígenas y sus comunidades en conflictos sobre tierras y aguas y, ejercer las funciones de conciliación y arbitraje de acuerdo a lo establecido en esta ley.

Según la norma expuesta, la CONADI solo podría actuar a petición de parte “CUANDO SE LE SOLICITE”, cuestión que no ha ocurrido en el caso de autos ya que ésta Corporación no ha recibido solicitud ni petición formal por parte de los recurrentes de asesoría en la materia que los atañe y por lo tanto, malamente esta Corporación podría cometer una actuar ilegal o arbitrario respecto de actos que nunca ha tenido conocimiento y de los cuales tampoco está facultado a actuar legalmente sin la petición formal de los recurrentes Pide que el recurso sea rechazado por extemporáneo e improcedente por no existir ningún acto ilegal ni arbitrario en el actuar de esta Corporación, todo lo anterior con expresa condenación en costas.

A folio N°40-2021 evacúa informe el recurrido MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, quien solicita el rechazo del recurso, con costas, por cuanto (i) la acción cautelar no es la vía idónea para discutir materias medioambientales de naturaleza reglada; (ii) la acción interpuesta no cumple los requisitos para su procedencia; (iii) las medidas solicitadas en el petitorio no forman parte de las competencias de este Ministerio; (iv) en cumplimiento de su mandato legal, el Ministerio del Medio Ambiente ha realizado diversas actuaciones para la debida gestión ambiental de la zona; y, (v) el Ministerio del Medio Ambiente ha dado cumplimiento a los tratados e instrumentos internacionales en materia ambiental, según se dará cuenta en este informe.

(i) LA ACCIÓN CAUTELAR NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA DISCUTIR MATERIAS MEDIOAMBIENTALES DE NATURALEZA REGLADA.

Indica que existe consenso en la doctrina y jurisprudencia con respecto a que el recurso de protección es una acción de urgencia, de carácter cautelar que busca el restablecimiento del imperio del derecho respecto de quien ha sido privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales de carácter preexistentes, indubitados y no discutidos.

En el caso de autos, la Recurrente está accionando respecto de la supuesta omisión ilegal y arbitraria de este Ministerio, consistente en no respetar el espíritu de la Ley N˚19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y no considerar una serie de instrumentos internacionales, solicitando informar si los trabajos que está realizando el señor nombre reservado deben ingresar o no al SEIA.

En este contexto, es importante recordar que la acción de protección se ha entendido con aplicación supletoria al derecho común, debiendo en cada caso, ejercer las acciones pertinentes mediante las vías que dispone la Ley y no mediante una acción de protección. En efecto, el artículo 20 de la Constitución señala que la acción de protección se encuentra destinada a obtener el restablecimiento del imperio del derecho respecto de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, que han amenazado, privado o perturbado el legítimo ejercicio de los derechos que la misma norma indica, “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Las pretensiones por las cuales se intente solicitar la paralización de una actividad o determinar si corresponde o no su ingreso al SEIA, son materias ambientales que desde la creación de la nueva institucionalidad ambiental, específicamente con la dictación de la Ley N° 20.600 y la Ley N° 20.417, corresponde al Servicio de Evaluación Ambiental, a la Superintendencia del Medio Ambiente y a los Tribunales Ambientales administrar, fiscalizar y juzgar, respectivamente.

Asimismo, la nueva institucionalidad ambiental faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “SMA”), para decretar medidas de urgencia con el objeto, precisamente, de precaver daños inminentes. De igual forma, la Ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, establece medidas cautelares que se pueden solicitar ante el tribunal ambiental que resulte competente, para casos de daño inminente.

De este modo, el recurso de protección no es la vía para evaluar decisiones administrativas que deban ser adoptadas con sujeción a una competencia y procedimiento de órganos técnicos de la Administración del Estado o para resolver cuestiones de lato conocimiento como el caso alegado en autos, por cuanto no estamos frente a un derecho indubitado.

Por otra parte, los Recurrentes aluden a incumplimientos por parte de este Ministerio del contenido de la Ley N°19.300 y otros instrumentos internacionales, sin señalar en concreto cuales serían las disposiciones supuestamente transgredidas. Sin perjuicio de no indicar las disposiciones, materias como las de la especie no pueden ser definidas a través de la oportunidad procesal que se crea con ocasión de la interposición de un recurso de protección, toda vez que se trata de un asunto cuyo análisis y procedencia requiere de un proceso de lato conocimiento, que busca definir si esta Secretaría de Estado ha generado un marco normativo adecuado y efectivo, análisis que excede el ámbito propio del procedimiento que debe ser sustanciado ante esta Ilustrísima Corte al enfrentarse a una acción constitucional como la interpuesta.

Lo señalado, deja en evidencia que no estamos ante un derecho indubitado, presupuesto necesario para alegar la violación de una garantía constitucional, sino más bien ante materias de carácter técnico asociadas a cuestionamientos acerca del ejercicio de las atribuciones con que cuenta esta Secretaría de Estado.

Cita jurisprudencia al efecto.

De esta manera, tal como lo han indicado nuestras Cortes, el recurso de protección no es la vía idónea para tratar estas materias, requiriendo procedimientos de lato conocimiento. Ello se evidencia en el hecho que las alegaciones en cuestión no tienen como fundamento una situación de emergencia imputable a este Ministerio y que requieran de un procedimiento de urgencia, sumario y cautelar para el restablecimiento del derecho.

Finalmente, se hace presente que el ordenamiento jurídico contempla expresamente la posibilidad de acudir ante la Contraloría General de la República, para que dicho organismo realice un control de legalidad de la actuación de la Administración, que en el presente caso dice relación con el ejercicio de la facultad de dictación de normas y planes de manejo.

(ii) ACCIÓN INTERPUESTA NO CUMPLE CON REQUISITOS DE PROCEDENCIA En efecto, el recurso de protección es improcedente por las siguientes consideraciones:

a)

Interposición extemporánea.

b)

Falta de imputación de una acción u omisión de carácter determinado.

c)

Ausencia de arbitrariedad e ilegalidad.

d)

Falta de vínculo de causalidad entre las omisiones imputadas y el perjuicio reclamado.

a) Interposición extemporánea.

En cuanto al plazo de interposición del recurso de protección, se debe tener presente el Acta número 94-2015, que contiene el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema “Sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales” (en adelante, “Auto Acordado”) en el que se señala respecto al plazo para interponer un recurso de protección que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”

Refiere que los recurrentes exponen detalladamente la cronología de los hechos, indicando que los trabajos comenzaron en abril del presente año, de los cuales tuvieron conocimiento inmediato. Sin embargo, la acción de protección fue incoada con fecha 11 de agosto de 2021, es decir, de manera extemporánea, excediendo ampliamente los plazos establecidos en el Auto Acordado.

b) Falta de imputación de una acción u omisión de carácter determinado.

Para que el recurso de protección de autos prospere se debe imputar una acción u omisión determinada, que emane de un deber de actuar (o de abstenerse) para con los Recurrentes por parte de la Administración y que este deber se encuentre consagrado legalmente. No es efectivo que la mera inacción de la Administración, como los Recurrentes plantean, sea suficiente para vulnerar los derechos constitucionales invocados. Los Recurrentes, para definir la supuesta omisión, solo hacen mención a deberes genéricos que recaen sobre el Ministerio del Medio Ambiente sin señalar de manera precisa cuál sería la conducta omitida de este órgano que les causó un perjuicio.

No es suficiente el invocar la infracción a figuras genéricas y deficientemente construidas, sino que se debe identificar con precisión cuáles son las conductas que la autoridad debió ejecutar o respecto de las que debió abstenerse para dar cumplimiento a las mismas. Solo contando con tal información S.S. Iltma., podría concluir si la autoridad incumplió su deber y ordenar las medidas necesarias para el restablecimiento de los derechos conculcados.

Este aspecto cobra especial relevancia respecto del recurso de protección ambiental que, según el artículo 20 inciso segundo de la Carta Fundamental, requiere la determinación precisa de la autoridad a la que se le imputa la afectación.

Los recurrentes afirman que habría una omisión por parte de este Ministerio al no cumplir “con su misión y objetivos para velar por los derechos e intereses de la mapulof”, agregan que “no ha actuado de conformidad con el espíritu y la letra de la Ley N˚ N˚19.300 sobre bases generales del medio”; y por último, indican que no ha dado cumplimiento a una serie de convenios internacionales e instrumentos categorizados como “soft law” de derecho internacional, los cuales contienen directrices no vinculantes a seguir por los Estados, tales como, la Declaración de nombre reservado sobre Medio Ambiente; la Declaración El futuro que Queremos; la Declaración de las nombre reservado sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y, la Resolución 1/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ninguna de dichas afirmaciones se identifica con precisión cuáles serían las conductas que el Ministerio debió ejecutar en base a un mandato legal, sino que de manera genérica se indican diversos cuerpos normativos sin señalar las omisiones que causaron el supuesto perjuicio.

Indica que la determinación precisa del deber de conducta consagrado en una disposición normativa es una exigencia que deviene del principio de legalidad, por cuanto, como consagra el artículo 7°de la Constitución Política de la República, los órganos del Estado actúan válidamente dentro de su ámbito de competencias y en la forma prescrita por la ley. Es dentro del marco normativo donde la autoridad va a actuar (o no actuar) válidamente.

En este sentido, la omisión que se reclama por medio de una acción de protección requiere una mínima determinación, pero además debe estar vinculada a un derecho personal del recurrente para exigir la actuación de la Administración en torno a una prestación concreta. De esta manera, para que prospere la acción de protección es necesaria la identificación de una obligación de este Ministerio de realizar determinada prestación, ya sea que esté contenida en una norma, en un acto o en un contrato y que esta obligación establezca derechos a favor de los Recurrentes para que puedan exigir cierta prestación.

En tal caso, es decir, existiendo una obligación concreta para este Ministerio que redunde en derechos positivos a favor de los ciudadanos, la intervención judicial ordenará que se realice la debida prestación administrativa, o bien, la reparación de los daños ocasionados con la inactividad. Por el contrario, aquellos casos en los que la Administración no tiene un deber de actuación concreto respecto de un ciudadano en particular, no es posible ordenarle judicialmente cierta actuación sin vulnerar el principio de separación de poderes consagrado en el artículo 7° de la Constitución Política de la República.

En conclusión, los Recurrentes no imputan una acción u omisión precisa y determinada, que se encuentre amparada en el ordenamiento jurídico, y les reconozca un derecho para exigir determinada prestación.

c) Ausencia de arbitrariedad e ilegalidad.

El recurso de protección requiere, para prosperar, que se trate de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, esto es, carentes de fundamento o contrarios a la ley, como lo ha afirmado en reiteradas oportunidades la Excelentísima Corte Suprema6. Es decir, se requiere acreditar determinada acción u omisión y, además, su calificación de arbitraria o ilegal. Asimismo, dada la naturaleza sumaria de la acción, la infracción por la cual se recurre debe ser evidente7 y ostensiblemente arbitraria o ilegal.

A partir de la lectura del recurso interpuesto por los Recurrentes, no queda clara cuál sería la arbitrariedad en la que habría incurrido el Ministerio del Medio Ambiente, y que habría tenido como consecuencia la vulneración de las garantías establecidas en el artículo 19 N°6 de la Constitución.

Los Recurrentes simplemente se limitan a señalar cómo dichas garantías estarían siendo afectadas, sin embargo, no abordan los motivos por los cuales el actuar de este órgano de la Administración del Estado sería arbitrario, por lo que no se daría cumplimiento a este requisito.

En cuanto a la ilegalidad, y tal como se señaló precedentemente, es importante tener presente que el actuar de la Administración ha de constreñirse por lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución. De esta manera, la legalidad de la actuación u omisión de la Administración constituye el estándar de revisión de cualquiera de sus actos, de conformidad con el artículo 2° de la Ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que otorga acción contra los actos que impliquen exceso o abuso. Por lo anterior, la doctrina ha señalado que para poder precisar si un determinado acto es ilegal deberá estudiarse y analizarse la eventual contravención a una norma jurídica.

De esta forma, los Recurrentes no dan cuenta de la supuesta ilegalidad de las omisiones recurridas ni argumentan por qué estas serían contrarias a las disposiciones establecidas en la Ley, limitándose únicamente a señalar en forma genérica el incumplimiento de deberes e incluso refiriéndose a instrumentos no vinculantes.

Más específicamente, los Recurrentes se refieren a los siguientes aspectos para construir la ilegalidad de la omisión imputada:

- “no ha cumplido con su misión y objetivos para velar por los derechos e intereses de la mapulof”.

- “no ha actuado de conformidad con el espíritu y la letra de la Ley N˚ N˚19.300 sobre bases generales del medio ambiente”.

- “no ha considerado el Convenio sobre la diversidad biológica (CDB), la Convención marco de las nombre reservado sobre cambio climático (CMNUCC), la Declaración de nombre reservado sobre medio ambiente y la Declaración El futuro que queremos”.

- “no ha utilizado las referencias de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

- “no ha respetado lo dispuesto en el párrafo 57 de la Resolución 1/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

En las afirmaciones transcritas, se puede apreciar que los Recurrentes no dan cuenta de la supuesta ilegalidad de la omisión recurrida, señalando genéricamente el incumplimiento de deberes, sin identificar las disposiciones legales supuestamente infringidas como consecuencia de las omisiones en las que este Ministerio habría incurrido. Por otra parte, recurre además a instrumentos no vinculantes, cuyo incumplimiento no puede ser catalogado como una omisión ilegal, puesto que no existe un deber legal de cumplimiento.

d) Falta de vínculo de causalidad entre las omisiones imputadas y el perjuicio reclamado.

Interesa referirse a la existencia de causalidad -o más bien a la falta de ella- entre la supuesta omisión ilegal en que habría incurrido este Ministerio y la conculcación de garantías constitucionales invocadas.

El vínculo de causalidad supone necesariamente una relación de causa y efecto entre una acción y/u omisión ilegal o arbitraria y el resultado agraviante, esto es, la vulneración de garantías constitucionales.

Cuando se trata de una omisión, ésta debe ser arbitraria o ilegal, en tanto debe existir normativamente la obligación de desplegar una o más acciones específicas en un contexto determinado y que, pese a ello, el agente obligado se haya mantenido en inactividad.

Adicionalmente, la omisión ilegal o arbitraria debe encontrarse efectivamente vinculada al resultado, en una relación de causa y efecto; el que para el caso de la omisión, significa que de haberse desplegado la acción supuestamente omitida, no se habría producido el resultado antijurídico.

En específico, las supuestas omisiones ilegales o arbitrarias imputadas por los Recurrentes a esta Secretaría del Estado son: (a) no haber cumplido con la misión y objetivos para velar por los derechos e intereses de la mapulof; (b) no haber actuado de conformidad con el espíritu y la letra de la Ley N˚ N˚19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; (c) no considerar el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención Marco de las nombre reservado sobre Cambio Climático, la Declaración de nombre reservado sobre Medio Ambiente y la Declaración El futuro que Queremos; (d) no haber utilizado las referencias de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y, (e) no haber respetado lo dispuesto en el párrafo 57 de la Resolución 1/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al respeto, cabe señalar que la Recurrente no explica cómo estos tratados e instrumentos habrían sido vulnerados ni menos aún, cómo el incumplimiento de dichos instrumentos ocasionaría la privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales que se considera conculcadas, obviando así la imprescindible descripción de la relación de causalidad entre unos y otros.

A mayor abundamiento, la causalidad, para el caso de omisiones, exige que el agravio se produzca como consecuencia directa de la inacción por parte de la autoridad determinada. En este caso, los Recurrentes no han indicado de qué forma se les ha privado, vulnerado o amenazado el legítimo ejercicio de una garantía constitucional. Así, para tener por acreditado el nexo causal resulta necesario que la supuesta omisión ilegal o arbitraria atribuida a esta Secretaría del Estado haya determinado o producido necesariamente el resultado (privación, perturbación o amenaza).

En este orden de ideas, queda en evidencia que no existe omisión ilegal o arbitraria alguna imputable a este Ministerio que implique una vulneración de las garantías constitucionales de los Recurrentes.

(iii) LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN EL PETITORIO NO FORMAN PARTE DE LAS COMPETENCIAS DE ESTE MINISTERIO Indica que los Recurrentes no dan cuenta cómo la supuesta omisión que se imputa de manera genérica habría afectado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ni amenazado, privado o perturbado su derecho a la libertad de conciencia. Consecuentemente, el actuar requerido en el petitorio para el restablecimiento del imperio del Derecho, no involucra de ninguna manera las competencias de esta Secretaría de Estado.

En efecto, los Recurrentes solicitan que el Ministerio del Medio Ambiente “efectúe una fiscalización de las faenas para determinar si para los trabajos que se están realizando, existe la necesidad de ingresar al Sistema de evaluación de nombre reservado (SEA) y/o las medidas que correspondan de acuerdo a la legislación ambiental”.

Sin embargo, dicha alegación no se condice con la naturaleza ni con las funciones otorgadas por el artículo 70 de la Ley N° 19.300 al Ministerio del Medio Ambiente y, en consecuencia, de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de La Araucanía.

En efecto, a partir de la dictación de la Ley N° 20.417 en el año 2010, la institucionalidad ambiental chilena se vio fortalecida mediante la creación del Ministerio del Medio Ambiente (“MMA”), el Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) y la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”), estableciéndose distintas competencias para cada uno de ellos.

En este sentido: (i) El MMA es el encargado de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley N° 19.300; (ii) el SEA es el servicio encargado de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”), de conformidad con el artículo 81, letra a) del mismo cuerpo legal; y, (iii) la SMA, de acuerdo con el artículo 2 de su Ley Orgánica fijada por el artículo segundo de la Ley N° 20.417, tiene por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y, o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley así como imponer sanciones en caso que se constaten infracciones de su competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 10 de la Ley N° 19.300 y 3 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que “Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, los proyectos o sus modificaciones que sean susceptibles de causar impactos ambientales deberán someterse obligatoriamente al SEIA para su correspondiente evaluación ambiental, identificándose una serie de tipologías de ingreso.

Sin perjuicio de que el recurso discurre sobre una serie de normativa sectorial, en lo que se refiere a fiscalización ambiental y, más concretamente, en relación con la falta de ingreso de un proyecto al SEIA, cabe tener presente que el artículo 3, letra i), de la Ley Orgánica de la SMA señala que dicho órgano tendrá las siguientes funciones y atribuciones: “i) Requerir, previo informe del Servicio de Evaluación, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de proyectos o actividades que conforme al artículo 10 de la ley Nº19.300, debieron someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental, para que sometan a dicho sistema el Estudio o Declaración de nombre reservado correspondiente” (subrayado y énfasis agregados).

Además, el artículo 35 letra b) de dicho cuerpo normativo, dispone que a la SMA le corresponde exclusivamente el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de “La ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella. Asimismo, el incumplimiento del requerimiento efectuado por la Superintendencia según lo previsto en las letras i), j), y k) del artículo 3º.”

A mayor abundamiento, cabe tener presente que la Contraloría General de la República, en Dictamen N° 027035N19, de fecha 11 de octubre de 2019, señaló: “la Superintendencia del Medio Ambiente ejerce sus facultades de fiscalización y sanción respecto de actividades o proyectos no solo en la medida que habiéndose sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, hayan obtenido y cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental favorable, sino que también abarca, en general, y en lo que interesa, el cumplimiento de los instrumentos y normas de carácter ambiental respecto de los que la ley le ha otorgado expresamente competencia, y de los demás instrumentos o normas de carácter ambiental que no estén bajo el control y fiscalización de otros órganos del Estado”.

Afirma que la Superintendencia del Medio Ambiente es el servicio público competente para fiscalizar el cumplimiento de los instrumentos de carácter ambiental que se contemplan en nuestro ordenamiento jurídico ambiental y sancionar su incumplimiento. De ahí se sigue que, no le corresponde a este Ministerio ejercer tales atribuciones, so pena, de contradecir el principio de legalidad contenido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República. Por lo que, no es posible configurar la omisión planteada por la Recurrente al no existir habilitación legal para actuar en el sentido indicado en el recurso de protección.

En efecto, según lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ello se encuentra reafirmado en la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la que en su artículo 2° establece que “los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico” (énfasis agregado).

Indica que el Ministerio del Medio Ambiente no cuenta con facultades para fiscalizar la actividad objeto de autos y su eventual incumplimiento. Llevar adelante dichas diligencias implicaría actuar fuera del ámbito de la propia competencia del órgano, con infracción a las disposiciones legales precitadas.

En consecuencia no cuenta con antecedentes asociados al asunto de autos, ni puede ejecutar acción alguna al respecto, toda vez que las competencias respecto de la fiscalización y posible sanción de la actividad denunciada por la recurrente se encuentran radicadas en la SMA, a partir de las disposiciones legales expresadas.

(iv) EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, CUMPLIENDO CON SU MANDATO LEGAL, HA REALIZADO DIVERSAS ACTUACIONES PARA LA DEBIDA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA El Recurrente afirma en su libelo que el Ministerio del Medio Ambiente “no ha actuado de conformidad con el espíritu y la letra de la Ley N˚ N˚19.300 sobre bases generales del medio ambiente (modificada por la Ley N˚ 20.173)”.

Sin perjuicio de que no se especifican las disposiciones que han sido omitidas de manera ilegal por este órgano, es necesario señalar que el Ministerio del Medio Ambiente ha realizado gestiones ambientales en cumplimiento a las obligaciones que le impone el citado cuerpo legal.

En este sentido, según lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

De esta forma, esta cartera ministerial es el órgano de la Administración del Estado responsable de elaborar políticas, planes, programas y normas en materia ambiental.

Agrega que en concordancia con lo anterior, el artículo 70 de la citada Ley N°19.300, establece en forma específica las funciones y atribuciones que le corresponden a este Ministerio, todas de carácter programático y normativo.

Así, el artículo 70 literal n), indica que le corresponde a esta cartera ministerial “coordinar el proceso de generación de las normas de calidad ambiental, de emisión y de planes de prevención y, o descontaminación, determinando los programas para su cumplimiento”.

Respecto a lo anterior, el año 2013 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N°19, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que “Establece las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales del lago Villarrica” (en adelante “NSCA lago Villarrica).

Posteriormente, transcurridos 3 años desde la entrada en vigencia de la NSCA lago Villarrica, y según los informes técnicos de cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, se evidenció la superación de 3 parámetros de calidad del agua, con lo cual, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de La Araucanía (en adelante “Seremi de La Araucanía”) elaboró el informe técnico de antecedentes para declarar a la cuenca del lago Villarrica como zona saturada por Clorofila “a”, transparencia y fósforo disuelto.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N°19.300, la declaración de zona saturada fue formalizada mediante el Decreto Supremo N° 43, de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente y publicado en el Diario Oficial el 6 de agosto de 2018.

Posteriormente, y en concordancia con el artículo 44 de la Ley N°19.300, este Ministerio dio inició la elaboración de un Plan de Descontaminación para la cuenca del lago Villarrica (en adelante “PDA del lago Villarrica”), cuyo procedimiento se encuentra establecido en el D.S. N°39, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que “Aprueba Reglamento para la Dictación de Planes de Prevención y de Descontaminación”.

De esta manera, mediante la Resolución Exenta N°437, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente se aprobó un Anteproyecto de PDA del lago Villarrica, el cual fue publicado en el Diario Oficial con fecha 8 de junio de 2020, iniciándose un proceso de Consulta Pública, el cual, dadas las condiciones sanitarias por pandemia global por COVID-19, finalizó con fecha 15 de julio de 2021 y, actualmente, se está dando respuesta a las observaciones emanadas del proceso de consulta pública del Anteproyecto de este Plan.

Por otra parte, cabe hacer presente que el Anteproyecto del Plan tiene por objetivo lograr la reducción de los niveles de contaminación por nutrientes del lago (fósforo), en un período de 15 años, por medio de al menos 50 medidas concretas.

Adicionalmente, en aplicación del Convenio N° 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo y del Decreto Supremo N° 66, de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, que Aprueba Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta Indígena en virtud del artículo 6 N° 1 letra A) y N° 2 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y deroga normativa que indica (en adelante “D.S. N°66/2013”), se realizará por parte de este Ministerio, un Proceso de Consulta Indígena sobre el Anteproyecto del PDA del lago Villarrica, convocándose para ello a los pueblos indígenas y sus instituciones representativas. Las observaciones de la participación ciudadana y los acuerdos arribados en el proceso de consulta indígena permitirán elaborar el proyecto definitivo del Plan de manera participativa con la comunidad.

Finalmente, es relevante mencionar que desde el año 2019 a la fecha, el Ministerio del Medio Ambiente, junto a la Seremi de La Araucanía, han desarrollado estudios técnicos para consolidar la información de base que ha permitido elaborar el Anteproyecto del PDA del lago Villarrica, con un monto sobre los $181.000.000. Asimismo, la Dirección General de Aguas, en el marco del trabajo de monitoreo de la NSCA lago Villarrica, ha instalado 2 boyas telemétricas en la comuna de Pucón, con un costo unitario estimado en $50.000.000 cada una.

(v) EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS TRATADOS E INTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA AMBIENTAL Por otra parte, el Recurrente indica una serie de infracciones a tratados internacionales derivadas de la supuesta omisión en la que, a juicio de los Recurrentes, habría incurrido el Ministerio del Medio Ambiente. Al respecto, cabe señalar que dichas infracciones no son tales, conforme se acreditará a continuación.

a) Convenio sobre Diversidad Biológica En cuanto a la supuesta infracción del Convenio sobre Diversidad Biológica (“CDB”), los Recurrentes no señalan la forma en la que se estaría infringiendo las disposiciones de dicho tratado. Adicionalmente, los Recurrentes no indican cómo dicha infracción se relacionaría con las supuestas omisiones en las que habría incurrido el Ministerio del Medio Ambiente, por lo que dicha falta de determinación y claridad no permite a esta parte ejercer su derecho a defensa de manera adecuada.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, cabe destacar que el CDB fue ratificado por Chile el 9 de septiembre de 1994, y promulgado mediante Decreto Supremo Nº 1.963, de 1994, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que fue publicado en el Diario Oficial con fecha 6 de mayo de 1995.

En este contexto, el año 2003 se desarrolló la primera Estrategia Nacional de Biodiversidad a la luz de los compromisos adquiridos por Chile en el CDB y su plan estratégico (2011-2020).

Esta Estrategia fue actualizada por el Decreto Supremo N°14, de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente, que “Aprueba Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030”, el cual corresponde a un instrumento de política pública que establece los principales lineamientos estratégicos y metas nacionales en materia de conservación y uso sustentable de la biodiversidad al 2030.

Se establece como marco estratégico “impulsar la conservación de la biodiversidad del país, en todos sus niveles, en un marco de buena gobernanza territorial, que garantice el acceso justo y equitativo a los bienes y servicios ecosistémicos para las generaciones actuales y futuras, y fomente las capacidades del país para resguardar, restaurar y usar sustentablemente este patrimonio y legado natural.”

Al respecto, cabe señalar que el punto focal de dicho tratado es CONAF, que cuenta con instrumentos como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (2017-2025), que incluye dentro de sus temáticas la degradación de la tierra y desertificación.

En ese contexto, el Ministerio del Medio Ambiente sólo puede actuar en el marco de sus competencias. Por ejemplo, existe una coordinación en materia de políticas con CONAF, lo que ha permitido movilizar recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y Fondo Verde del Clima con la finalidad de promover el manejo sustentable de la tierra y el pago por servicios ecosistémicos.

Adicionalmente, le informamos que el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura están elaborando un Plan Nacional de Restauración de Paisajes (2021-2030), dirigido a la restauración de paisajes silvoagropecuarios y su entorno natural. Lo anterior, se desarrollará en la ecorregión mediterránea a partir de mediados de 2022.

Por otra parte, actualmente este Ministerio se encuentra trabajando con el Ministerio de Agricultura en la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el Sector Silvoagropecuario como parte de la Estrategia Climática de Largo Plazo, lo que permitirá reforzar el trabajo coordinado con CONAF en materia de desertificación, degradación de la tierra y lucha contra la sequía.

Por último, en relación con la protección de humedales, es necesario hacer mención a la promulgación de la Ley Nº21.202, publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de enero de 2020, la cual modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos.

Para el caso de la cuenca del lago Villarrica, mediante Resolución Exenta N° 62, de 2021, del Ministerio de Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 2 de febrero de 2021, esta Secretaría de Estado inició el proceso de declaración de oficio de humedales urbanos de los siguientes humedales: “La Poza y Delta del Trancura, Lago Villarrica”, en la comuna de Pucón, y “Mallolafquen, Lago Villarrica”, en la comuna de Villarrica.

b) Convenio Marco de las nombre reservado sobre Cambio Climático Por su parte, respecto de lo indicado por los Recurrentes, en cuanto a una supuesta infracción al Convenio Marco de las nombre reservado sobre Cambio Climático (“CMNUCC”), los Recurrentes vuelven a omitir una explicación sobre la forma en la que se estaría infringiendo las disposiciones de dicho tratado.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el Ministerio del Medio Ambiente ha desarrollado un conjunto de acciones para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales relacionados a dicho tratado, así como al Acuerdo de París. En esta línea, destaca la reciente actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (“NDC”) de Chile, presentada ante la CMNUCC el 9 de enero de 202010.

Dicho instrumento contiene nuestras contribuciones en materia de cambio climático ante la comunidad internacional, entre las que se encuentra – y que pudieran relacionarse con la materia del recurso - la Contribución para el sector Integración – Transversal a los Ecosistemas11, en virtud del cual nos comprometemos a contar con una Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes durante el año 2021, “que considerará la incorporación, a procesos de restauración, de RUT reservado hectáreas de paisajes al 2030, priorizando aquellas con mayor vulnerabilidad social, económica y ambiental”.

A mayor abundamiento, en relación con este compromiso, se señala que los objetivos de restauración del citado plan “se centrarán en conciliar de manera sustentable la recuperación de la productividad de suelos agrícolas y forestales, la conservación, manejo sostenible y restauración de bosques y de los diferentes tipos de ecosistemas (…)”.

De manera similar, nuestra NDC también considera una Contribución en Integración – UTCUTS – Bosques N°5 (I5), en virtud de la cual nos comprometemos como país, al 2030, a forestar 200.000 hectáreas, de las cuales 100.00 corresponden a cubierta forestal permanente, con al menos 70.000 hectáreas con especies nativas, y se disponen un conjunto de condiciones para cumplir con este compromiso, indicando que la forestación se priorizará “en áreas en las que la forestación contribuya a la conservación y protección de suelos, humedales, cabeceras de cuenca, cursos y cuerpos de agua”12.

Lo anterior, evidencia que el Ministerio del Medio Ambiente no ha infringido en forma alguna el Convenio señalado. Muy por el contrario, el actuar de esta Secretaría de Estado da cuenta de su permanente compromiso de dar cumplimiento a los tratados internacionales que suscribe.

Se debe tener en consideración que el Ministerio del Medio Ambiente coordina la elaboración de la NDC, la que contiene materias que corresponden a competencias de múltiples organismos del Estado, dado lo transversal de las medidas requeridas para hacer frente a los efectos del cambio climático.

Adicionalmente, a nivel regional, la Seremi de La Araucanía coordinó el proceso de conformación del Comité Regional de Cambio Climático (CORECC) en el año 2017, en donde participan actualmente diversos actores de Servicios Públicos, Municipalidades de la región y el sector académico con vinculación en la materia.

El CORECC, tiene como función principal promover y facilitar la elaboración e implementación, a nivel regional y local, de las políticas, planes y acciones en materia de Cambio Climático, según las necesidades y posibilidades regionales y locales. En este sentido, se ha mantenido una planificación de reuniones, en donde se ha levantado la información sobre cambio climático en la región, y se ha avanzado en la incorporación de la variable climática en el accionar de las diferentes instituciones. Actualmente, al alero del CORECC, la región se encuentra desarrollando un “Plan Regional de Cambio Climático”, el cual permitirá focalizar acciones en la región respecto a la adaptación y mitigación frente a las amenazas climáticas comunales.

Finalmente, es necesario mencionar que en septiembre del presente año, fue anunciado por parte del Gobernador Regional, un paquete de 11 medidas que buscan combatir la crisis climática que hoy vive la región, tras declarar oficialmente emergencia climática en La Araucanía, con el apoyo transversal de los Consejeros Regionales, según acuerdo N°3141 del 01 de septiembre de 2021. Entre estas medidas se encuentra precisamente el financiamiento del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, junto a una serie de acciones, entre las que se suma además el financiamiento del programa: “Protección, monitoreo y restauración de servicios ecosistémicos de la cuenca del lago Villarrica” (código BIP RUT reservado), el cual busca apoyar técnicamente la implementación del PDA del lago Villarrica.

c) Otros instrumentos internacionales Los Recurrentes sostienen que el Ministerio del Medio Ambiente no ha considerado lo dispuesto en la Declaración de nombre reservado sobre Medio Ambiente; la Declaración El futuro que Queremos; la Declaración de las nombre reservado sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y, en la Resolución 1/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin perjuicio de tratarse de declaraciones y resoluciones que orientan el actuar de los Estados y de no poseer un carácter vinculante, el Estado de Chile y en particular, el Ministerio del Medio Ambiente, ha avanzado decididamente en materia ambiental y en el cumplimento de sus compromisos internacionales como da cuenta lo informado en este Informe y el rol que el país se encuentra actualmente despeñando en la Conferencia de las nombre reservado sobre el Cambio Climático de 2021 (COP 26), dónde Chile hizo entrega oficial de la presidencia de la instancia multilateral, cargo que ostentó por dos años. En dicha instancia, presentó asimismo su Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) para alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Se recordó además la Alianza de Ambición Climática por la Carbono Neutralidad impulsada por Chile para sumar organizaciones de todo tipo en sus compromisos de ser carbono neutral.

Se destacan, asimismo, los esfuerzos de los Champions de Chile y Reino Unido en las campañas “Race to Zero” y “Race To Resilience” que han sumado más de 7.000 instituciones comprometidas con un plan concreto, con metas y acciones específicas basadas en la ciencia. Adicionalmente, se ha enfatizado que en el periodo de presidencia de Chile se relevó la adaptación al mismo nivel de la mitigación y la inclusión de los océanos. También se relevó la importancia de la creación de un Atlas de Riesgo Climático a nivel comunal (ARCLIM), para todo el territorio nacional, instrumento clave para la adaptación. Por último, se informa que Chile impulsó un proceso de descarbonización estableciendo el cierre inmediato de las primeras plantas a carbón apenas se asumió la presidencia el 2019 y el cierre al 2025 del 65% de todas las centrales a carbón en Chile.

Lo anterior, entre muchas otras medidas, tales como la generación de una Hoja de Ruta Nacional para un Chile Circular sin Basura 2040; una Hoja de Ruta de Economía Circular en la Construcción; una Hoja de Ruta de Economía Circular en el Plástico; Implementación de la Ley REP; creación de un Fondo para el Reciclaje; Desarrollo de la primera Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO); desarrollo de un Programa Nacional de Residuos Sólidos ; Desarrollo Proyecto de Ley de Residuos Orgánicos; Protección de más de 220.000 hectáreas de humedales desde el 2018 a la fecha; desarrollo de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030; Establecimiento e implementación del Plan Nacional de restauración de Paisajes; nuevos Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies Amenazadas (Plan Recoge); procesos de elaboración de nuevas Normas de Calidad Ambiental y de Emisión así como Planes de Prevención y de Descontaminación en curso; desarrollo sostenido del programa de recambio de calefactores; los esfuerzos por incorporar la gestión del ruido, la luz y olores molestos como contaminantes ambientales; los grandes avances en materia de educación ambiental y participación ciudadana; y, el desarrollo de distintos procedimientos de consulta indígena, todas tareas llevadas a cabo por esta Secretaría de Estado, demuestran los esfuerzos en la materia y dar cumplimiento a las directrices contenidas en las declaraciones antes mencionadas.

A folio N°45-2021 evacúa informe el recurrido nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

I.- LA ACCION INTERPUESTA ES EXTEMPORÁNEA.

La acción o recurso de protección debe interponerse en el plazo fatal de 30 días corridos, contado el termino desde el momento de la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión que motiva el recurso o desde que se haya tenido noticias o conocimientos ciertos de los mismos.

De la exposición detallada de los hechos en los que se hace descansar la causalidad jurídica que motiva el recurso, se advierte que los recurrentes en el punto 15) del apartado I, indican señaladamente que el hecho constitutivo del acto arbitrario o ilegal, habría acaecido en el mes de abril del año 2021, época en que comenzaron los trabajos de demarcación que los afectarían directamente porque desacralizan sitios sagrados y ceremoniales, agregando mediante una declaración expresa que de ese hecho tomaron conocimiento o noticia en forma inmediata, con lo cual están reconociendo que desde esa época surge el derecho a deducir la acción de protección.

Es importante destacar que si bien en la relación de hechos aluden los recurrentes a situaciones acaecidas en el 05/08/2021, donde menciona que ingresaron maquinas a trabajar a los sitios que consideran sagrados y lugares ceremoniales, se refieren a los mismos trabajos de delimitación de los cuales ya tenían conocimiento en el mes de abril, por lo que el interés para recurrir de protección no nace desde esa fecha, sino que cuando comenzaron los trabajos.

Es un hecho, según se desprende del merito de autos, que la acción de protección fue presentada con fecha 11 de agosto de 2021, con lo cual excede el plazo determinado por el auto acordado de la Excma Corte Suprema, conforme al acta Nº 94-2015, cualquiera sea el criterio a partir del cual se pueda determinar el momento en que deba computarse el plazo, esto es, desde que se cometió el hecho o desde que se tuvo noticia.

Es importante hacer presente que aquí el cómputo no debe hacerse desde el momento de la ocurrencia de la secuela que produzca la conducta agraviante, que por lo demás es coetánea lo manifestado por los recurrentes, sino que estrictamente con sujeción al momento en que el hecho sucedió y que los recurrentes se han preocupado de esclarecer detalladamente II.- FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL RECURRIDO.

La legitimación en o para la causa, es la vinculación que tienen las partes de un proceso concreto con la relación jurídica sustantiva sobre que éste recae y que habilita (la vinculación) a una de ellas para asumir la posición de recurrente y coloca a la otra en la necesidad de soportar la carga de ser recurrido.

En el presente caso, de acuerdo a los antecedentes que se acompañan en el otrosí, el recurrido carece de la legitimación pasiva para intervenir en el presente recurso de protección, por no encontrase vinculado jurídica y directamente al asunto sobre el cual recae el presente proceso, no pudiendo por esta razón acogerse el recurso interpuesto por no tener el recurrido un interés jurídico que permita reclamar en su contra la intervención jurisdiccional en esta materia, según se pasa a demostrar a continuación.

En efecto, el sujeto pasivo del recurso de protección es aquél que ha causado la lesión o afectación al derecho constitucional garantizado, siguiendo los términos del artículo 20 de la Constitución Política del Estado, que señala que la acción ha de dirigirse en contra del que “ha provocado por su acción u omisión una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías” protegidos por la Constitución. En tal sentido el Auto Acordado señala sobre este punto lo siguiente: “3. Acogido a tramitación el recurso, la Corte de Apelaciones ordenará que se informe, por la vía que estime más rápida y efectiva, la persona o personas, funcionarios o autoridad que según el recurso o en concepto del Tribunal son los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal, que haya podido producir privación, perturbación o amenaza del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger, ….”

En relación al sujeto pasivo, el recurrente señala en el punto 15) del apartado I, que nombre reservado,o sea, sería el responsable de contratar a una empresa o trabajadores, para realizar los trabajos en terreno, imputándole dicha conducta por suponerlo el propietario del predio.

Sin embargo, tal afirmación no es efectiva, por lo que él recurrente yerra respecto de la persona del sujeto pasivo en contra del cual debió dirigir su recurso, ya que, el predio en el que se realizaron los trabajos corresponde al inmueble denominado LOTE TRES ESQUINAS, de 613.244 metros cuadrados de superficie, respecto del cual existe un título inscrito que confiere dominio individual a la INMOBILIARIA TRES ESQUINAS LIMITADA, según consta del asiento registral de fojas 901, Nº 1755 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raìces de Pucon, correspondiente al año 2013.

En consecuencia, resulta inconcuso que la acción protectora está dirigida equivocadamente hacia la persona del recurrido, ya que al no ser propietario carece de la facultad para ordenar los trabajos, lo que hace que mi representado carezca de la legitimación pasiva para asumir la posición jurídica de recurrida en el presente recurso III.- AUSENCIA DEL PRESUPUESTO DE HECHO EN FUNDA LA ARBITRARIEDAD E ILEGALIDAD COMO BASE DE LA VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DENUNCIADAS EN EL RECURSO.

En relación con la presente acción constitucional, quien está legitimado para interponerlo es “el que sufre una lesión a sus derechos constitucionales” tutelados por este remedio procesal, sobre la base de una acción u omisión arbitraria o ilegal del recurrido, lo que no sucede en el presente caso.

La parte recurrente hace descansar la causalidad jurídica que produce la conculcación de derechos fundamentales en un acontecer positivo, que consistente en trabajos de delimitación que califica como de gran envergadura realizados en terrenos que en el pasado formaban parte de la extensión material de la Hijuela de 74,975 hectáreas asignada a doña nombre reservado en la división de al Comunidad Indígena del mismo nombre amparada en el Título de Merced N° 1530 de 1908, en los que existen sitios sagrados y lugares de ceremoniales, cuyo espacio físico no había sido objeto de intervención por terceros, trabajos realizados por quien no goza de un derecho legítimo en atención a que los títulos que pueda exhibir en su favor arrancan en su origen de compras hechas a nombre reservado que habrían sido mal habidos, de cuyos antecedentes no tendrían conocimiento por lo que para ellos no hay prueba o demuestren que esos terrenos fueron adquiridos legítimamente por el señor nombre reservado, cuestionando además el carácter no indígena que se le asigna al mencionado predio.

Lo primero que hay que precisar es que los hechos denunciados no son efectivos, y corresponden a una apreciación errada de los mismos, lo que deriva en la ausencia de un acto arbitrario o ilegal que pueda imputarse que haya causado u ocasionado las secuelas que se mencionan en el recurso.

Lo primero que debe recordarse es que el predio en cuestión corresponde al LOTE TRES ESQUINAS, de 613.244 metros cuadrados de superficie, de propiedad de la INMOBILIARIA TRES ESQUINAS LIMITADA.

Si bien, la sociedad encargó a terceros trabajos en el predio de limpieza y de mejoramiento, dichas labores no son más que la expresión de las facultades inherentes al derecho real de dominio del que es titular, en la que se comprende la facultad de disposición material o ius abutendi, que le permite al dueño de un predio efectuar libremente las modificaciones o transformaciones que desee sobre la cosa corporal en la que recae su dominio.

Asimismo, a diferencia de lo planteado por los recurrentes, solo se trata de trabajos menores que comprenden un espacio reducido dentro de la extensión total del predio y destinados exclusivamente a generar un cerramiento interno que no cambia ni altera el deslinde que delimita su propiedad con las de los recurrentes, en otras palabras no se trata de un intervención en el cerco que separa la extensión material de ambos predios, sino que una reja interna levantada a distancia del cerco divisorio dentro de la propiedad, y construcción de un camino interior colindante a dicha reja de un ancho aproximado de 10 metros en todo su recorrido con una extensión a lo largo de aproximadamente de 100 metros, con el cual la propietaria busca establecer un mejor acceso a la propiedad por la utilidad o ventaja que ello representa para las actividades propias del propietario.

Esta afirmación se ve refrendada por lo informado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que indica respecto a los trabajos realizados en el predio en que incide la denuncia de los recurrentes que según lo observado en inspección efectuada en terreno por los profesionales de la OTR de la ST-CMN Región de La Araucanía, se trata “solo de trabajos menores para la construcción de un camino interior dentro de la propiedad de los recurridos, y con escaza intervención superficial” (punto 6 del apartado II, intitulado “Antecedentes generales de los hechos”)

Ese mismo informe, puntualiza a continuación que revisadas las áreas según las coordenadas donde podían existir restos que den cuenta de la existencia de un sitio arqueológico, e inspeccionar el área intervenida por las excavaciones de zanjas, instalaciones de postes y despeje de camino, - que corresponde a los hechos denunciados por los recurrentes como los actos de afectación, y que sirven de fundamento al presente recurso -, no se encontraron restos arqueológicos en el lugar inspeccionado ( punto 9 del apartado II, intitulado “Antecedentes generales de los hechos”).

En consecuencia, existiendo un título de dominio vigente y siendo los trabajos realizados en el predio tareas menores de limpieza y construcción de un camino interior para su mejor aprovechamiento, los cuales no han comprometido espacios sagrados o sitios ceremoniales, al no haberse constatado en el lugar de los trabajos vestigio alguno arqueológico que dé base a la existencia de los mismos, no puede sino concluirse la ausencia de un acto ilegal, por cuanto los trabajos realizados se enmarca dentros de las facultades propias del dominio según lo dispone en los artículos 565, 566, 568, 569, 576, 577 y 582 del Código Civil, y artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la Republica, y no han podido en consecuencia vulnerar los derechos fundamentales supuestamente conculcados referidos a la libertad de conciencia, artículo 19 N° 6 y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, artículo 19 N° 8, ambos de la Constitución Política, que los recurrentes ven amenazados.

Tampoco puede estimarse como un acto arbitrario en el sentido de irracional, desproporcionado para el fin querido o falto de oportunidad porque ante la ausencia de vestigios en el espacio físico intervenido que den cuenta de la existencia de un sitio sagrado o espacio ceremonial, no hay razón para morigerar la libertad que el dominio ofrece a su titular, absteniéndose de ejecutar actos que puedan ocasionar un daño a los recurrentes, pues los temores o apreciaciones de afectación manifestados por estos en su recurso no son más que especulaciones que no resultaron ser reales, por lo que reiteramos que no ha existido la vulneración o afectación de derechos denunciada.

Es importante dejar en claro que los hechos materiales relatados fueron los que motivaron el recurso, ya que no existen otros trabajos dentro del predio; y si bien, ante la ausencia de los vestigios en el área inspeccionada, se han proporcionado por la académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doña nombre reservado, según informa el Ministerio de La Cultura, de la existencia de sitios arqueológicos en otros sectores del predio, proporcionando nuevas coordenadas, estas no son materia del recurso y aún se encuentran en proceso de investigación respecto a lo cual no existe nada concluyente a la fecha, ni hechos que hayan sido denunciados como actividades realizadas por la propietaria que puedan comprometer los eventuales descubrimientos, existiendo respecto de la sociedad propietaria la voluntad de colaborar para el estudio y desarrollo de aquella investigación.

Indica que si bien se admite que la ley pueda establecer limitaciones derivadas de la función social de la propiedad donde pudiese tener cabida conforme al normativa interna, ciertas restricciones a la forma de usar, gozar y disponer del bien, para el caso de comprobarse fehacientemente la existencia de aquellos sitios sagrados, como cementerios, o lugares ceremoniales, lo cierto es que al tiempo de ejecutarse los trabajos no existía ni existe aún ninguna comunicación o notificación formal o acto de autoridad oficial que fundado en las leyes vigentes haya impuesto a la sociedad una restricción en el ejercicio de las facultades propias del dominio.

Sostiene que si los recurrentes pretenden imputar una conducta contraria a derecho como fuente de afectación de derechos fundamentales debe instar primeramente por la comprobación del hecho que le sirve de sustento, esto es, la efectividad de posibles sitios sagrados o lugares ceremonialeas que pudieren verse afectados por la realización de trabajos en el predio, presupuesto fáctico indispensable para decidir si se debe o no producir la consecuencia jurídica que vincula a la conducta como causa eficiente de la vulneración de las garantías fundamentales denunciadas en el recurso, toda vez que es el recurrente quien primero avanza una afirmación, y los supuestos de hecho de aquella afirmación requerirán de prueba.

Se impone aquí el concepto de credibilidad de los hechos que como presupuesto fáctico sustenta el recurso, requiriéndose para ello, - en una apreciación prima facie -, acreditar su verosimilitud o apariencia, proporcionando pruebas que sin ser completas sean suficientes para demostrar la existencia del hecho, de los cuales carece el recurso, toda vez que no se advierte en él ningún indicio de menor valor o circunstancial como para derivar o efectuar confirmaciones periféricas, pero no completas, de haberse producido el acto ilegal o arbitrario que permita formular a su respecto un juicio de reproche, y ocurre que los antecedentes no desmuestran nada de aquello.

IV.- El planteamiento respecto a la supuesta falta de legitimidad en la adquisición de la tierra por parte de don nombre reservado, es una materia que excede la competencia de un recurso de protección, a).-Los hechos presentados por los recurrentes, como base de la vulneración de las garantías constitucionales denunciadas, se circunscriben no solo a lo señalado en el acápite anterior, sino que también a que existiría un cuestionamiento respecto a los negocios jurídicos que significaron el traspaso de parte de la tierra que correspondió a la Hijuela asignada a nombre reservado, celebrados por el recurrido con don nombre reservado, por cuanto estiman que es la base de la pérdida de tierra y de los problemas de desacralización de los lugares sagrados y sitios ceremoniales de la mapulof y el no esclarecimiento de esta situación puede transformarse, según su apreciación, en una fuente de conflictos mayores.

Es evidente la impertinencia del cuestionamiento señalado como causalidad jurídica de la violación de garantías constitucionales, toda vez que controvertir respecto a la validez y eficacia de los negocios jurídicos celebrados en el pasado por el recurrido don nombre reservado con uno de los antecesores en el dominio, don nombre reservado, dice relación con un conflicto destinado a resolver situaciones surgidas entre particulares, con ocasión de la celebración de contratos que tienen su origen en juicios interpretativos de sus cláusulas o análisis de causales de invalidación intrínsicos inherentes a la estructura del acto o extrínsecos por causas ajenas a él, que por su naturaleza no pueden ser resuelto en un recurso de protección, atendida sus especiales características, como es su sumariedad y rapidez, no siendo el medio idóneo para solucionarlo, debiendo recurrirse a las acciones ordinarias o especiales que el ordenamiento jurídico contempla para ello.

La complejidad, falta de evidencia u ostensibilidad del derecho invocado o del agravio contra el cual se reclama, al alegar en forma vaga y genérica la existencia de contratos sin pago y/o truculentos, impiden plantear este cuestionamiento con ocasión de este recurso lo que lo hace inadmisible.

b).- Sin perjuicio de lo anterior, y solo a modo de disipar cualquier duda o cuestionamiento respecto de la honestidad y rectitud de su representado, esta parte viene en señalar que todas las adquisiciones hechas por el recurrido señor nombre reservado en las que tuvo intervención el señor nombre reservado, se efectuaron a través de actos y contratos válidamente celebrados, todos contenidos en instrumentos públicos, y por ende, con el mérito probatorio que les confiere el hecho de haber intervenido un funcionario público en su otorgamiento.

Es así que el primer título de don nombre reservado corresponde a una adjudicación en un partición celebrada con don nombre reservado y nombre reservado en el año 1981, según consta de escritura pública de fecha 30 de enero de 1981 otorgada en Villarrica, ante don nombre reservado, suplente del Titular don nombre reservado y que derivó en la inscripción de fojas 466 vuelta, Nº 355 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica, correspondiente al año 1981.

Posteriormente, por escritura pública de fecha 6 de mayo de 1981, otorgada en Villarrica, ante el Notario Público don nombre reservado, celebrado con don nombre reservado, adquirió un retazo de 5,40 hectáreas, según consta de inscripción de fojas 1208 vuelta, Nº 742 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica, correspondiente al año 1981.

Por escritura pública de fecha 20 de octubre de 1981, otorgada también en Villarrica, ante el Notario Público don nombre reservado, celebrado con don nombre reservado, adquirió otro retazo de 5 hectáreas, según consta de inscripción de fojas 1867 vuelta, Nº 1260 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica, correspondiente al año 1981.

Posteriormente por escritura pública otorgada también en Villarrica de fecha 23 de diciembre de 1982, ante el Notario Público don nombre reservado, compró 5 hectáreas 1750 metros cuadrados según consta de inscripción de fojas 40 vuelta, Nº 20 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica, correspondiente al año 1982.

Y finalmente adquirió por escritura pública de fecha 12 de enero de 1982 otorgada también en Villarrica, ante el Notario Público don nombre reservado, compró 2 retazos de 1 hectárea y 21,33 hectáreas de superficie según consta de inscripción de fojas 74, Nº 49 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica, correspondiente al año 1982.

c).- Como se advierte todos los negocios fueron celebrados en presencia de un ministro de fe, un notario, y ocurre que la fe pública notarial ha sido entendida como la potestad legal de autenticar hechos jurídicos, asegurando en éste caso la verdad de la versión documental de los hechos, presenciados por el notario, porque se trata de hechos evidentes para éste, cuya existencia y circunstancias él acredita.

En efecto, consignar en el instrumento público lo declarado por las partes es una tarea cumplida por el propio oficial público que ha tenido lugar en su presencia, y por tanto percibidos por él porque fueron expuestos o narrados por las partes al funcionario, quien procedió a volcarlos en el instrumento público, lo que permite afirmar que la fe pública alcanza al hecho de que el vendedor nombre reservado manifestó ante el oficial público que su voluntad era celebrar los contratos en los términos en que fueron redactados.

Además, en esta tarea de recibir la manifestación de voluntad de quienes otorgan el acto y de volcarlos al documento el ministro de fe ésta atento a la capacidad de éstos por ser un requisito de la validez del negocio instrumental, lo que hace presumir que el notario al autorizar el instrumento evalúo los elementos constitutivos de la capacidad de los sujetos intervinientes y que su juicio fue favorable para el ingreso de ellos al documento.

La intervención del notario hace plena prueba, esto es, produce la debida convicción respecto a que las partes contratantes están contestes en cuanto a la manera en que tal instrumento fue otorgado, de acuerdo a lo dispuesto en artículo 1700, en relación al artículo 17, ambos del Código Civil; y si bien la fe pública no ampara la veracidad de lo declarado, no debe olvidarse que existe una presunción de verdad en función de la buena fe, con la que se asume se conducen las personas al momento de contratar.

Esto es así por cuanto se entiende que cada parte expresa clara, exacta y unívocamente su voluntad, de conocer las circunstancias de hecho y las normas, y también de tener conciencia del acto vinculante que lleva a efecto, que obliga a proteger a quienes contratan confiando en la responsabilidad del declarante y en la concordancia entre lo manifestado y lo realmente querido.

Es por todas las razones expresadas que esta parte sostiene que las alegaciones de los recurrentes de maquinación o ardid en las adquisiones efectuadas por el recurrido son insuficientes para darle credibilidad, sino existe una prueba completa o plena de conductas específicas que destruyan el mérito probatorio del instrumento público y la presunción de buena fe.

V.- La circunstancia que el inmueble de propiedad de la Inmobiliaria Tres Esquinas Limitada, comprenda una superficie que en su origen formaba parte de la hijuela adjudicada a nombre reservado en el año 1930, proveniente del Título de Merced Nº 1530, no le quita el carácter de predio no indígena.

1.- En el punto 14) del apartado intitulado “Los Hechos”, los recurrentes señalan que en el año 2001 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en un informe jurídico referido al inmueble de marras en ese entonces de propiedad de la Sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal Los Pellines Limitada, según inscripción de fojas 865, Nº 531 del Registro de Propiedad del año 1997 del Conservador de Bienes Raíces de Pucón, antecesora en el dominio de la actual propietaria Inmobiliaria Tres Esquinas Limitada, que corresponde al documento signado como Memorándum Nº 6 de fecha 17 de enero de 2001, contiene un hecho falso.

Al respecto, indican que el Memorándum afirma que la tierra objeto del informe no proviene de un Titulo de Merced, negando la evidencia demostrada en documentos oficiales respecto a la historia de la propiedad y contraria a los descendientes de nombre reservado, deslizando aunque no lo señala expresamente, que la conclusión contenida en el punto 4 de dicho documento respecto a que el predio no tiene la calidad de indígena, estaría equivocada. Por dicha circunstancia.

A este respecto cabe señalar que esta parte no desconoce el origen de la propiedad que lo vincula al Título de Merced Nº 1530 de nombre reservado, sin embargo, este hecho admitido no implica negarle el carácter de tierra no indígena, porque si bien existe un error en la afirmación en cuanto a que no ha podido determinarse que el predio proviene de aquellos títulos que establece el Nº 1 del artículo 12 de la ley 19.253, porque en el hecho si tiene un origen que lo vincula a los títulos mencionados en el Nº 1 letra b) del mencionado artículo, no es el origen lo que determina la condición de indígena del predio, sino que la circunstancia de no haberse encontrado el predio ocupado en propiedad o posesión por parte de persona o comunidades indígenas, al momento que entró en vigencia el cuerpo legal ya señalado, que es lo que señala el mismo documento en la parte final del punto 3, que en consecuencia ha sido citado por los recurrentes de forma trunca o parcializada a conveniencia.

2.- En efecto, es un hecho indiscutible que el concepto de tierra indígena se construye sobre dos pilares fundamentales a los cuales se les identifica con la denominación de elemento personal (subjetivo) y real (objetivo). En base al primero, se afirma que la tierra indígena supone necesariamente, que quien lo detente tenga la calidad especial de persona indígena o de comunidad indígena, ( artículo 2 y 10 de la Ley N° 19.253); y que el segundo requisito implica una limitación en cuanto a que no todas las tierras son aptas o susceptibles de adquirir el calificativo de indígenas, quedando circunscritas solo a aquellas que señaladamente se indican en los distintos numerandos y letras del artículo 12 de la citada ley.

Sin embargo, el contenido normativo de la citada disposición es más complejo al comprender otros elementos de hecho adicionales que son de relevancia jurídica, cuyo análisis es fundamental para la correcta interpretación y aplicación de la ley en esta materia, siendo su concurrencia copulativa necesaria por cuanto la calificación jurídica de tierra indígena se produce por la suma de todas las circunstancias que constituyen su tipicidad, y a partir de la conjunción de esa totalidad, esto es, con la concreción del último elemento, se puede afirmar con certeza que un determinado predio es o no indígena.

Dentro de estos elementos adicionales de trascendencia jurídica se encuentra la voz “actualmente”, cuyo significado implica la exigencia que la concurrencia copulativa de los dos elementos esenciales que definen la calidad de tierra indígena de un predio, deben estar presentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley, esto es, al 5 de octubre de 1993, ya que es en ese momento, que debe darse la situación jurídica que el predio este ocupado en propiedad o posesión por una persona indígena, y que provenga en alguno de los títulos que se mencionan en el artículo 12 de dicha ley, que para este caso sería la letra d) de dicha norma.

Indica que examinado el asunto a la luz de lo expresado en el punto anterior, se advierte que es un hecho acreditado según la historia registral del predio, que a la fecha de entrada en vigencia de la actual ley indígena, esto es, al 5 de octubre de 1993, éste se encontraba ocupado por don nombre reservado, quién no es persona indígena, según fluye de sus propios apellidos, de manera que faltando a esa fecha el elemento personal, el predio no adquirió con la nueva ley la condición de tierra indígena.

3.- De lo anterior se concluye que dicho predio no adquirió la calidad de tierra indígena con la entrada en vigencia de la ley indígena, la situación jurídica quedó asentada como una condición inamovible, que no puede verse modificado por las posteriores mutaciones que experimente la titularidad del dominio.

En consecuencia, la situación jurídica existente en el momento de entrada en vigencia de la ley indígena es el que marca el devenir de la propiedad respecto a su calidad jurídica presentándose como un sello que determina si la adquisición que se efectúa con posterioridad por los sucesores o causahabientes, a título universal o singular, lo es o no de una tierra indígena.

En conclusión, no existe el acto ilegal y arbitrario que denuncian los recurrentes por cuanto desde un punto de vista material no ha tenido lugar la conducta, desde que el presupuesto fáctico no ha tenido lugar en la realidad ni es procedente en derecho, de forma tal que no concurren en la especie los requisitos que permitan el acogimiento de la presente acción de protección de derechos constitucionales. En consecuencia, el recurso de protección deducido no está en condiciones de prosperar.

Sostiene que la petitoria del recurso o acción constitucional deducido en autos, excede con creces el de una acción de carácter cautelar, como ésta. En efecto, en lo que nos interesa como recurrido, es que la letra a) derechamente importa desconocer una de facultades del dominio de un tercero, la de la letra b) importa una declaración socio-jurídica, la de las letras c), d) y e) participan de las mismas deficiencias, y en el recurso de protección, no se puede pedir hacer declaraciones, sino que simplemente dar por establecida o no la infracción de la garantía reclamada, y obrar en consecuencia, y la última, tratándose de información pública, no corresponde que sea acogida.

A folio N°54-2021 evacúa informe la recurrida CORPORACION NACIONAL FORESTAL.

Indica que Inmobiliaria Tres Esquinas Limitada, representada por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, presentó el 29 de junio de 2021, la solicitud N°259/341-13/21, sobre Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques Nativos para ejecutar obras civiles respecto de los predios denominados: LOTE TRES ESQUINAS, rol de avalúo 103-31 de la comuna de Pucón, provincia de Cautín, de la región De La Araucanía; y de la HJ. N° 1 LT. A QUILACO, rol de avalúo 148-5 de la comuna de Pucón, provincia de Cautín, de la región De La Araucanía. El objetivo de la corta propuesta es la construcción de un camino de acceso al sector de bodegas y personal del recinto comercial denominado “supermercados nombre reservado”

Esta solicitud fue aprobada por La Resolución Nº 259/341-13/21 y autorizó la intervención de 0,47 há, para la construcción de un camino, para lo cual se despejará una faja de 12 metros de ancho en tres sectores que totalizan una longitud de 391 m., en un renoval de Roble de segundo crecimiento en el Predio Tres Esquinas. La intervención se realizara durante el año 2021, mientras que la reforestación se realizará en el predio Hijuela N°1 Lote A de Quilaco, en la comuna de Pucón, de propiedad de Inversiones Pucón S.A., representada por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, durante el año 2022. Se reforestará igual superficie con 1666 pl/há de Ulmo y Roble en un área compuesta por praderas naturales. Las medidas de protección contemplan el manejo de líquidos peligrosos y combustibles. El plan de manejo contempla además, retirar todo el material vegetal que resulte de la intervención para evitar riesgos de incendios forestales.

Con respecto a qué efectos ocasionados en el bosque nativo y la espiritualidad de la mapulof, por los trabajos que se están desarrollando y la aplicación del convenio N°169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales e independientes y la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y el párrafo 57 de la Resolución 1/2020 de la Corte Interamericana de derechos humanos, podemos señalar que nuestra Corporación, al momento de la evaluación del Plan de Manejo antes señalado, no se tuvo antecedentes de la existencia del estudio arqueológico que mencionan los recurrentes ni de otro que concluya la existencia de una zona de valor arqueológico protegida, ni tampoco después ha tenido alguna información al respecto, y ya que tampoco se trata de tierra indígena, no se vio impedimento en aprobar la solicitud de Plan de Manejo de Obras Civiles presentada por los propietarios, ya que cumple con los requisitos establecidos en la Ley N°20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y con su Reglamento General.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Resolución impugnada N°259/341-13/21, de 27 de agosto de 2021; 2.- Solicitud de Plan de Manejo N°259/341-13/21, de fecha 29 de junio de 2021, de la Jefatura Provincial Cautín de la Corporación Nacional Forestal; 3.- Resumen Plan de Manejo; 4.- Plano de corta del Plan de Manejo de Obras Civiles; 5.- Carta complementaria al Plan de Manejo de Obras Civiles N°259/341-13/21, presentada por el ingeniero forestal nombre reservado.

A folio N°56-2022 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible, una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitraria, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en estos autos se ha impetrado recurso de protección en contra de nombre reservado, de la CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, de la CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO SEREMÍA DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, y del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, SEREMÍA DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Indican los recurrentes como conculcadas las garantías constitucionales previstas en los N°6 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, fundado en hechos ocurridos desde inicios del mes de abril de 2021, consistente en actos de demarcación, tala de árboles, arbustos, y plantas nativas, construcción de un cierre o cero y un camino de acceso al predio de propiedad de la sociedad del recurrido Sr. nombre reservado, que habría afectado lugares ancestrales y ceremoniales de alta connotación para los recurrentes miembros del mapulof nombre reservado, como asimismo, una alteración el ecosistema y medio ambiente.

A. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO:

TERCERO: Que, a su turno, los recurridos Corporación Nacional de nombre reservado, Ministerio del Medio Ambiente y don nombre reservado, alegaron previamente la extemporaneidad, fundado en que los hechos denunciados constituirían en alteraciones y construcciones efectuadas en el mes de abril de 2021, presentándose la respectiva acción constitucional el 21 de agosto de 2021, es decir, fuera del plazo de 30 días previsto en el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales. La Corporación de Desarrollo Indígena, a su vez, alegó que el recurso era extemporáneo a su respecto, por cuanto, la única intervención que se le imputa sería aquella consistente en la elaboración de un informe el año 2001, habiendo transcurrido más de 20 años, por lo que sería igualmente extemporáneo.

CUARTO: Que, para resolver adecuadamente la extemporaneidad alegada, conviene recordar que la recurrente efectúa un extenso relato respecto de los hechos que motivan el presente recurso, los cuales, habrían tenido lugar desde inicios de abril de 2021, desarrollándose luego otros, en los meses de junio y julio del mismo año, situando el último acontecimiento el día 8 de agosto de 2021, por lo que debe tenerse en cuenta que atendida la naturaleza de la reclamación, la sucesión de hechos concatenados uno a los otros, el último vestigio fáctico reclamado, se encuentra dentro del plazo de 30 días previsto en el auto acordado. En efecto, desde el 8 al 21 de agosto, sólo han transcurrido 13 días a la fecha de interposición del recurso. Por lo que de ello se puede desprender que la acción interpuesta se encuentra dentro de plazo legal.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento respecto de las alegaciones de extemporaneidad, tanto la doctrina como la jurisprudencia han estimado que cuando el sustrato fáctico del recurso refiere hechos que pudieren tener efectos permanentes en el tiempo, como sería en la especie, la instalación de cercos y establecimiento de un camino interior, debe desestimarse las alegaciones de extemporaneidad, por la propia naturaleza de los hechos denunciados.

B. EN CUANTO A LAS FACULTADES DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA:

SEXTO: Que, respecto de la alegación especial de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y que está vinculada a lo prescrito por el artículo 39 de Ley 19.253 que señala que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es el organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional.

Dichos supuestos tampoco cabe acogerlos, por cuanto el informe referido en el libelo, dice relación con un antecedente de contexto hecho valer por los recurrentes, pero en caso alguno se limita a ello los presuntos incumplimientos imputados a la referida corporación, a la que, también le achaca no haber dado cumplimiento a las normas legales que la regulan y, la elaboración de una consulta previa.

Como también no se precisa en el libelo la forma y circunstancias en que esta vulneración se habría acaecido. El recurso discurre en términos genéricos de las vulneraciones que, a su entender, se habría producido por el órgano administrativo, pero en ningún caso la refiere a circunstancias fácticas precisas y determinadas, incluso a esta Corte no le queda claro de qué forma se habría producido la infracción por parte de CONADI al no dar cumplimiento a los mandatos legales sustantivos y adjetivos para con la recurrente que justificarían su existencia.

Por ende, en este aspecto tampoco puede prosperar dicha alegación.

C. EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA:

SÉPTIMO: Adicionalmente, el Sr. nombre reservado, formuló como otra alegación la falta de legitimación pasiva, por cuanto, el predio en que habrían ocurrido los hechos sería de propiedad de la Sociedad Agrícola y Ganadera Tres Esquinas Ltda. y no de él, por lo que resultaría improcedente, la acción interpuesta en contra del referido recurrido.

OCTAVO: Que, en cuanto a esta alegación, sin perjuicio de resultar efectiva la circunstancia que la titularidad del predio en que ocurren los hechos denunciados, ello no implica necesariamente que no se pueden cuestionar hechos materiales efectuados en él, que pudieren vulnerar derechos o garantías constitucionales protegidas, por lo que no basta, para enervar la acción constitucional, máxime si el mismo auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección sobre garantías constitucionales permite poner en conocimientos de terceros o de cualquier otra autoridad la acción en el caso de estimar que se encuentran o pudieren resultar afectados, por lo que a prime facie corresponde desestimar la presente acción.

Que en las condiciones anotadas en lo que precede, queda en evidencia que la recurrida mantiene interés en las resultas de este recurso, por cuya razón corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación alegada por ésta vía.

D. EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO:

NOVENO: Que, en cuanto al fondo del asunto y estándonos al tenor del recurso esgrimido por esta vía cabe precisar que el predio en cuestión corresponde al LOTE TRES ESQUINAS, de 613.244 metros cuadrados de superficie, de propiedad de la INMOBILIARIA TRES ESQUINAS LIMITADA.

DECIMO: Que todos los recurridos pidieron el rechazo de la acción constitucional por diversos motivos que constan en sus respectivos informes, sin perjuicio de lo cual, corresponde primeramente a esta Corte determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la acción de protección planteada.

UNDECIMO: Que, reiteradamente se ha dicho que debe invocarse actos arbitrarios e ilegales que afecten un derecho de carácter indubitado y la conculcación de alguna de las garantías protegidas o tuteladas por la acción constitucional de protección, debiendo analizarse, si concurren o no éstos.

DUODÉCIMO: Que los hechos fundantes del recurso refieren diversos actos efectuados por parte de la empresa en que es parte el recurrido Sr. nombre reservado, consistentes en demarcación, movimientos de tierra y en definitiva, la construcción de un cerco y un camino interior de acceso, sosteniendo que en dichos actos se habrían vulnerado diversos derechos consagrados tanto por nuestra legislación interna como por instrumentos de derecho internacional. Sostiene que se habrían afectado sus derechos a la tierra, territorios y recursos naturales, el derecho a la consulta previa previsto en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, derechos medioambientales, derechos culturales y, finalmente, derechos de carácter religioso. Sin embargo, el recurrente efectúa una relación ambigua e imprecisa de cómo los actos considerados arbitrarios e ilegales, producen una afectación a tales derechos.

DÉCIMO TERCERO: Que, primeramente, la recurrente no refiere explícitamente alguna reivindicación territorial, o una afectación concreta a la propiedad indígena, pues reconoce expresamente que los hechos habrían tenido lugar en el predio de la recurrida. Asimismo, sólo indica que las compras efectuadas por la familia del recurrido Sr. nombre reservado habían sido por actos de dudosa legalidad, indicando que el precio se habría pagado a través de la entrega de ciertos productos de primera necesidad.

DÉCIMO CUARTO: Que, ante las alegaciones de la recurrente, tal como se ha venido razonando cabe destacar que la Ley referida al respecto dispone en su artículo 13 que las tierras que ha definido como indígenas, por exigirlo en interés nacional gozarán de la protección de la ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, grabadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas, salvo previa autorización de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y disponiendo, además otras limitaciones protectoras.

DECIMO QUINTO: Que, el artículo 17 de la misma Ley previene que la división de las reservas y liquidación de comunidades y subdivisiones de comunidades de hecho, que se practiquen de acuerdo a la presente ley serán indivisibles aún en caso de sucesión por causa de muerte, salvo que las excepciones que la misma disposición previene y que no tienen relación con el presente caso.

DECIMO SEXTO: Que por otro lado, el artículo 18 previene que la sucesión de las tierras indígenas individuales se sujetará a las normas del derecho común con las limitaciones establecidas en esta ley.

DECIMO SEPTIMO: Que el artículo 56 previene que las cuestiones que dieren lugar el dominio, posesión, división, administración, explotación, uso y goce de tierras indígenas, y los actos y contratos que se refieran o incidan en ellas, y en que sean parte o tengan interés indígena, serán resueltas por el juez de letras competente de la comuna donde se encontrare ubicado el inmueble, de conformidad a las disposiciones del libro I y II del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a las siguientes normas. Y a continuación el artículo regula el procedimiento.

DECIMO OCTAVO: Que la normativa antes reseñada y en virtud de su texto literal deja bajo el ámbito del Juez de Letras toda cuestión que se refiera a tierras indígenas y lo son entre otras como se ha visto las tierras que resulten de la división de un título de merced, cual es uno de los aspectos alegados por el recurrente.

DECIMO NOVENO: Que, para este caso, cabe recordar que, las normas referidas son de orden público y pueden hacerse valer en cualquier estado del juicio; por lo que no es posible prorrogar la competencia del juez de letras a un juez o instancia distinta, como pudiere sostenerse, invocando otra norma de orden público, pero resulta que la normativa que se ha citado es especial y obedece al sentido tutelar de la ley 19.253.

VIGESIMO: Que, a mayor abundamiento los recurrentes, solo en caso de estimarlo pertinente, en cuanto refieren a actos coerción y engaño para la adquisición de las tierras por parte del recurrido nombre reservado, podrían perfectamente accionar de nulidad absoluta fundado en los vicios que reclaman por la vía correspondiente en un procedimiento de lato conocimiento.

Que, al respecto, en cuanto a este aspecto reclamado por los recurrentes, no existen antecedentes en el proceso que permitan imputar la vulneración de una garantía que deba ser revisada por esta Corte, toda vez que analizados los antecedentes el recurrido Sr. nombre reservado, aparejó los antecedentes registrales de la propiedad, sin que aparezca algún elemento que permita establecer lo indicado por los recurrentes.

VIGESIMO PRIMERO: Que, respecto de la existencia de un derecho indubitado, de la lectura del recurso se advierte que no existen antecedentes concretos que permitan establecer la efectividad de la titularidad de los derechos colectivos invocados, ni mucho menos, la eventual conculcación de los mismos por parte de los recurridos.

Que, consecuencia de lo señalado, respecto de los hechos atribuidos al Sr. nombre reservado, todos ellos se enmarcan dentro de la esfera de las potestades del derecho de propiedad confiere a su titular, sin que aparezca de los antecedentes que se haya hecho de auto tutela o algún otro actuar antijurídico, pues, no se indica que con los actos desplegados por el aludido recurrido se haya alterado el acceso a algún lugar sagrado o religioso o al lugar que habitan los recurrentes.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, respecto a la infracción del derecho a la consulta previa, previsto en el artículo 6° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tampoco aparecen antecedentes que permitan estimar corresponda efectuar dicho trámite. En efecto, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, así como el Estado de Chile, han adoptado las medidas tendientes a implementar el referido convenio y, particularmente, el derecho a la consulta a través del establecimiento de diversos mecanismos e instrumentos, por lo que ha existido acatamiento a las reglas que lo regulan, no habiéndose procedido a realizar la consulta, por cuanto, no aparece que esta resulte procedente en la especie.

Que, además, por otra parte la recurrida ratificó ante esta Corte que los recurrentes no han solicitado la representación legal para ejercer la defensa de los derechos eventualmente amagados y que forman parte de este recurso.

VIGESIMO TERCERO: Que, respecto de los derechos medioambientales y la vulneración de sus sitios sagrados y religiosos, se requirió informe al Ministerio de Medio Ambiente, quien indicó que atendida la regulación prevista en la Ley N° 19.300, y sus modificaciones (Leyes N° 20.600 y N° 20.417), las facultades de administración, fiscalización y juzgamiento de las materias medioambientales, corresponden al Servicio de Evaluación ambiental, a la Superintendencia de medioambiente y a los Tribunales Ambientales, careciendo dicho servicio de prerrogativas para adoptar las medidas que los recurrentes requieren. Asimismo, refiere que se han cumplido realizando diversas actuaciones para el cumplimiento de las normas internas y externas en la materia, por lo que no ha existido ningún acto arbitrario e ilegal de su parte. Por lo anterior, en consecuencia, no puede prosperar en este aspecto el recurso incoado contra los recurridos.

VIGESIMO CUARTO: Que a juicio de la recurrida dejó en claro que los hechos materiales relatados fueron los que motivaron el recurso, ya que no existen otros trabajos dentro del predio; y si bien, ante la ausencia de los vestigios en el área inspeccionada, se han proporcionado por la académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doña nombre reservado, según informa el Ministerio de La Cultura, de la existencia de sitios arqueológicos en otros sectores del predio, proporcionando nuevas coordenadas, estas no son materia del recurso y aún se encuentran en proceso de investigación respecto a lo cual no existe nada concluyente a la fecha, ni hechos que hayan sido denunciados como actividades realizadas por la propietaria que puedan comprometer los eventuales descubrimientos, existiendo respecto de la sociedad propietaria la voluntad de colaborar para el estudio y desarrollo de aquella investigación.

Como también indica que si bien se admite que la ley pueda establecer limitaciones derivadas de la función social de la propiedad donde pudiese tener cabida conforme a la normativa interna, ciertas restricciones a la forma de usar, gozar y disponer del bien, para el caso de comprobarse fehacientemente la existencia de aquellos sitios sagrados, como cementerios, o lugares ceremoniales, lo cierto es que al tiempo de ejecutarse los trabajos no existía ni existe aún ninguna comunicación o notificación formal o acto de autoridad oficial que fundado en las leyes vigentes haya impuesto a la sociedad una restricción en el ejercicio de las facultades propias del dominio.

VIGESIMO QUINTO: Que, respecto de la presunta conculcación a derechos culturales, se recurrió contra el Ministerio de la Cultura, las Artes y al Patrimonio, quien informó que de abril de 2021 se recepcionó una denuncia relativa al hallazgo de restos arqueológicos en el predio en que habría ocurrido los hechos que motivan el presente recurso. Sin embargo, luego de diversas actuaciones, se estableció que no existían tales restos. Incluso refiere haber efectuado una segunda búsqueda que no se pudo concretar, adoptando las medidas que, como servicio, le corresponden. En consecuencia, en dicho actuar, tampoco puede advertirse algún acto arbitrario e ilegal, que pudiere hacer prosperar la acción de protección, siendo incluso, inoficioso pedir nuevo informe, si la descripción del lugar en que éstos restos presuntamente estaría efectuada en el recurso es vaga e imprecisa.

VIGESIMO SEXTO: Que, finalmente, se recurrió fundado en la conculcación de sus derechos religiosos, por afectación a sus sitios sagrados y ceremoniales. A su respecto, los recurridos en general, descartaron la eventual conculcación de estos derechos. Especialmente, la Corporación Nacional Forestal informó que se había autorizado la tala de ciertas especies arbóreas del predio para la construcción de una obra civil, indicando que se autorizó y se aprobaron los respectivos planes de manejo, habiendo actuado conforme a la legislación vigente. En el mismo sentido, el Ministerio de la Cultura y Las Artes, descartó la existencia en el lugar en que se emplaza la construcción de sitios ceremoniales, por lo que no, puede establecerse la conculcación alegada.

VIGESIMO SEPTIMO: Que, por lo anterior, no aparece ningún acto arbitrario e ilegal que afecte algún derecho indubitado de los recurrentes, si todos los recurridos han actuado conforme a las reglas legales que los regulan, no apareciendo arbitrariedad o desidia en su actuar.

VIGESIMO OCTAVO: Que, respecto de las garantías presuntamente conculcadas, tampoco aparece que éstas sean amenazadas, perturbadas o amagadas en forma alguna. Respecto de la primera garantía invocada el artículo 19 N° 6 de la Carta Fundamental prescribe “La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.

Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones”;

VIGÉSIMO NOVENO: Que, a juicio de la recurrente, de lo expresado se podría vislumbrar que supuestamente se verían afectadas la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, alegada por los recurrentes, en relación con el artículo 13 Nº 1 del Convenio 169 que dispone: “Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.

Que, cabe destacar que la eventual intervención recaería sobre un lugar sagrado denominado Menoko, toda vez que la pretensión del recurrente es establecer que se encontraría vulnerado el derecho a practicar la propia religiosidad mapuche, al impedírseles acceder a un lugar sagrado y ejercer el culto que expresan en el libelo.

Que, de los antecedentes latamente expuestos, no aparece ningún elemento que permita establecerlos como afectados, pues, no aparece que los actos efectuados por el Sr. nombre reservado y la empresa en que éste participa, haya afectado algún lugar ceremonial de los referidos genéricamente en el recurso, ni tampoco que se haya privado o afectado a los recurrentes de manifestar sus creencias o la realización de actos de significación religiosa.

TRIGESIMO: Que, respecto de la otra garantía denunciada como afectada, el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política asegura “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

A su respecto, tampoco aparece conculcado por el actuar de los recurridos, pues, respecto de los Servicios Públicos requeridos, todos han desarrollados sus funciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente y, particularmente el Ministerio del Medio Ambiente, a través de su respectiva Secretaría Regional Ministerial y, los actos particulares desplegados en la propiedad de la Sociedad Tres Esquinas Ltda., tampoco se divisa tal conculcación, ya que aparece debidamente acreditado que se han gestionado las autorizaciones de la autoridad administrativa competente, para talar especies nativas y efectuar las obras proyectadas, por lo que deberá también desestimarse la acción incoada respecto de esta garantía, máxime si, el inciso 2° del artículo 20 del Código Política, exige que se denuncie este derecho cuando aparezca “afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”, no requiriéndose la arbitrariedad habitualmente exigida, siendo necesaria que la descripción de la afectación sea determinada, lo que no acontece en estos autos.

TRIGESIMO PRIMERO: Que, atendida la naturaleza eminentemente cautelar de la acción de protección, las peticiones planteadas por los recurrentes exceden el marco del referido recurso, así como las medidas que esta Corte pudiere adoptar, debiendo realizarse necesariamente en otra sede en la que puedan rendir las probanzas necesarias para sustentar sus pretensiones, por lo que deberá desestimarse el recurso de protección en los términos planteados, sin perjuicio de otros derechos que se puedan hacer valer por la vía y ante quien corresponda.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 19 N° 6 y 8, artículo 20 y demás pertinentes de la Constitución Política de la República, lo dispuesto en los N°2 y siguientes del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección sobre garantías constitucionales, se declara I.- Que, SE RECHAZA, sin costas, las alegaciones de extemporaneidad opuesta por los recurridos Corporación Nacional de nombre reservado, Ministerio del Medio Ambiente y don nombre reservado.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, la alegación de falta de legitimación pasiva opuesto por don nombre reservado.

III.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, Lonko, y de don nombre reservado, Werkéñ ambos del lof nombre reservado, en contra don nombre reservado, de la CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, de la CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO SEREMÍA DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, y del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, SEREMÍA DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Sr. Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-7974-2021.(jog)