nombre reservado con AFP PLANVITAL S.A.

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, por sí y a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A, representado por don nombre reservado, y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES por el acto ilegal y arbitrario de fecha 03 de marzo de 2026, que rechaza solicitud de retiro de fondos para extranjero, con la intención de solicitar se adopten las medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

El recurrente, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección contra AFP Planvital y la Superintendencia de Pensiones por el rechazo a su solicitud de devolución de fondos previsionales basada en la Ley N° 18.156. Argumenta que el rechazo, sustentado en la falta de "apostilla" de su certificado de afiliación del país de origen, es ilegal y arbitrario. Sostiene que presentó el respectivo certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el cual fue debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, cumpliendo así cabalmente con las formalidades del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Añade que adjuntó además una constancia electrónica de cotizaciones que es verificable en la web oficial de dicha institución (con código de validación), probando plenamente su afiliación a un régimen de seguridad social que cubre enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El recurrente esgrime que la exigencia de la apostilla constituye una interpretación excesivamente formalista y carente de razonabilidad, y que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente señalados en la Ley 18.156. Además, advierte que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, por lo que exigir una apostilla es exigir algo imposible, configurando un caso fortuito o fuerza mayor.

Apoya sus argumentos en abundante jurisprudencia reciente de distintas Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema que resuelven situaciones idénticas a favor del afiliado, ordenando la restitución.

Estima vulneradas las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, ya que se efectúa una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado y se le otorga un trato desigual frente a otros solicitantes (incluso de otras AFPs) a quienes sí se les ha aprobado el trámite, exigiendo formalidades adicionales no previstas por la ley. En cuanto a la garantía del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, se vulnera el derecho al dominio sobre sus propios ahorros previsionales al imponerle una carga desproporcionada que le impide disponer libremente de sus fondos, pese a cumplir todas las hipótesis de excepción que la legislación contempla.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Cédula de identidad para extranjeros del recurrente; Notificación de rechazo de la AFP Planvital; Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A folio 5, informa la AFP PLANVITAL S.A., quien insta por el rechazo del recurso con expresa condena en costas. Señala que su actuar no es ilegal ni arbitrario, pues se ajusta estrictamente a lo mandatado en el Oficio Ordinario N° 12.954 de julio de 2025 y el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, cuya observancia es obligatoria. Expresa que, de acuerdo con dicho oficio regulador, las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas no sirven para acreditar el requisito de cobertura previsional de la Ley 18.156, y que tampoco lo hacen las declaraciones juradas del afiliado. Aduce además que el rechazo no genera indefensión total —es un acto subsanable— y que la vía de protección no es la idónea, ya que el afiliado cuenta con diversos mecanismos para plantear su situación, ya sea ante la misma Administradora o ante la Superintendencia de Pensiones, mediante canales formales como sitio web, atención telefónica u otros medios disponibles. En consecuencia, el recurso interpuesto no resulta adecuado ni proporcional para conocer sobre este asunto.

Adjunta a su presentación Oficio Ordinario N° 12.954; Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N°54783-2024, de fecha 8 de mayo de 2025.

A folio 10, informa la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, quien plantea primeramente una excepción formal, indicando que la situación excede el ámbito del recurso de protección ya que se requiere la acreditación de un hecho debatido (el cumplimiento de la ley previsional), existiendo controversia sobre la validez de los certificados; alega que se busca un pronunciamiento declarativo y no la protección de un derecho indubitado. En el fondo, indica que la Ley 18.156 exige prueba fehaciente de la cobertura; y reitera la postura de que una Constancia Electrónica del IVSS, carente de firmas o legalización/apostilla, que menciona las coberturas de manera genérica, no es válida conforme al Art. 345 del CPC. Además, descarta el argumento de "fuerza mayor" por falta de representación diplomática en Chile, argumentando que el trámite de apostilla venezolana puede realizarse electrónicamente (web de RR.EE. de Venezuela) o por terceras personas en otros consulados. Advierte, finalmente, que acceder al retiro de fondos para un extranjero con residencia definitiva pone en riesgo las arcas fiscales, pues el Estado deberá garantizar a futuro pensiones básicas solidarias a quien ya no tendrá ahorros propios.

Solicita que se declare improcedente el recurso, y en subsidio, rechazarlo con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que, previo a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Cuarto: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco se puede reprochar arbitrariedad a la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que la recurrente debía cumplir al efecto, según se ha reseñado. Así ha sido resuelto recientemente por esta Corte de Apelaciones en fallos sobre Protección Rol 4198-2025; 3801-2025; 4217-2025, todos los cuales han sido confirmados por la Excma. Corte Suprema.

Quinto: Que, las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, por sí y a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A, y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, por estimar que no se configura en la especie un acto u omisión ilegal o arbitraria, que constituya amenaza o afectación de sus derechos fundamentales.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro don Alberto Amiot.

N° Protección-785-2026.(csd)