nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Temuco Temuco, veintidós de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, por sí y a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A, representado por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario de fecha 11 de febrero de 2026, que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero, con la intención de solicitar se adopten las medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Señala que solicitó a AFP Modelo la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, cuerpo normativo que establece la exención de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros. El 11 de febrero de 2026, fue notificada vía correo electrónico del rechazo de su solicitud, fundado en que el certificado de afiliación previsional de Venezuela "no cumple con los criterios de aceptación", siendo insuficiente una declaración jurada ante notario chileno.

Sostiene que dicho rechazo desconoce el cumplimiento efectivo de los requisitos legales, exigiendo formalidades adicionales —como la apostilla— que no están previstas en el artículo 1 de la citada ley. Señala que la exigencia de apostillar el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) representa una carga imposible debido al hecho público y notorio de la inexistencia actual de relaciones y representaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Agrega que la afiliación es un hecho acreditable y verificable mediante la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emanada del I.V.S.S., la cual cuenta con un código verificador público, por lo que la interpretación de la recurrida adolece de un excesivo e irracional rigorismo formalista que desatiende la finalidad del legislador y configura un acto arbitrario e ilegal.

Estima conculcada las garantías fundamentales de la igualdad ante la ley, la cual se afecta al imponer requisitos extralegales —legalización/apostilla en un contexto de ruptura diplomática— y otorgar un trato excluyente y desigual frente a otros solicitantes extranjeros que han obtenido resoluciones favorables estando en iguales circunstancias legales. Además acusa la infracción de la garantía del derecho de propiedad ya que se vulnera al retener injustificadamente el dinero correspondiente a las cotizaciones previsionales de la recurrente, limitando las facultades esenciales del dominio sobre sus fondos sin fundamento legal válido, al haberse acreditado que posee afiliación en el extranjero que cubre las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Pide que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada (constancia electrónica del I.V.S.S. y declaración jurada), ordenar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y disponer la restitución y devolución efectiva de los fondos de pensión a la recurrente.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Notificación de rechazo de retiro de fondos para técnico extranjero; Cedula de identidad para extranjeros; Constancia de afiliación previsional del país de origen; Título universitario apostillado; Declaración jurada.

A folio 5, se informa por la recurrida, señalando que la Ley N° 18.156 instituye un régimen de excepción y, en consecuencia, es obligatorio el cumplimiento estricto y copulativo de todos sus requisitos. Sostiene que el artículo 1° de la ley exige que el trabajador acredite su afiliación a un régimen de seguridad social extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Argumenta que la Superintendencia de Pensiones, organismo que fija la interpretación obligatoria para las AFP (Art. 94 D.L. 3.500), dispuso en el Compendio de Normas y Oficio N° 21.480 de 2017 que el cumplimiento de dicho requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución extranjera debidamente legalizada o apostillada. Alega que la constancia electrónica del I.V.S.S. acompañada carece de firmas autorizadas y no satisface las solemnidades de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, exigencias ineludibles para que instrumentos públicos extranjeros surtan efecto probatorio en Chile y protejan la fe pública. Concluye que no ha existido un actuar caprichoso, sino pleno acatamiento al principio de legalidad, normas sectoriales y jurisprudencia obligatoria emanada de su organismo contralor, siendo jurídicamente inválida la declaración jurada personal para suplir la certificación oficial exigida.

Pide que se rechace el recurso íntegramente con expresa condena en costas.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Título Profesional del recurrente; Constancia electrónica de cotizaciones de la recurrente; Declaración jurada ante notario de la recurrente; Certificado de relación laboral emitido por el empleador HOSPITAL INTERCULTURAL NUEVA IMPERIAL, RUT RUT reservado

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, previo a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

CUARTO: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que la recurrente debía cumplir al efecto, según se ha reseñado. Así ha sido resuelto recientemente por esta Corte de Apelaciones en fallos sobre Protección Rol 4198-2025; 3801-2025; 4217-2025, todos los cuales han sido confirmados por la Excma. Corte Suprema.

QUINTO: Que, las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N°2, N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la AFP MODELO S.A, por estimar que no se configura en la especie un acto u omisión ilegal o arbitraria, que constituya amenaza o afectación de sus derechos fundamentales.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-773-2026.(jog)