Protección contra CLÍNICA ALEMANA DE TEMUCO S

C.A. de Temuco Temuco, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 30 de julio de 2021 comparece don nombre reservado, Médico en representación de SOCIEDAD DR. nombre reservado Y GAJARDO SERVICIOS MÉDICOS Y NUTRICIONALES LIMITADA, del giro prestaciones médicas, quien interpone acción de protección en contra de CLÍNICA ALEMANA DE TEMUCO S.A. representada por don nombre reservado, Ingeniero Comercial, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en comunicar que pondrá término unilateral al contratos de arrendamiento, privando, perturbando y amenazando los legítimos derechos que emanan de contratos legalmente celebrados y actualmente vigentes, lo que vulneraría las garantías de los numerales 2, 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que durante muchos años, los médicos que trabajan en la Clínica se han relacionado con la Clínica recurrida en virtud de una estructura contractual que contempla un contrato de arrendamiento de bien inmueble, en virtud del cual los médicos de la Clínica pueden usar y gozar de las consultas médicas, sistemas, infraestructura y demás instalaciones de la Clínica, por lo cual pagan rentas mensuales en relación a la cantidad horas que se use el inmueble arrendado en el respetivo periodo pactándose asimismo una invariabilidad del precio de renta por el término de 3 años, el que se reajustaría conforme a la variación que experimente del Índice de Precios al Consumidor.

No obstante lo anterior, Clínica Alemana de Temuco, desconociendo los acuerdos previos que permitieron la consolidación de los contratos de arrendamiento vigentes, a fin de obtener mejores condiciones en su calidad de arrendador y prestador institucional de salud, ofreció a los médicos un nuevo contrato de arrendamiento de consultas médicas de simple adhesión y, ante la objeción de muchos de los integrantes del cuerpo médico, la recurrida decidió de manera ilegal poner término unilateral a los contratos de arrendamiento desconociendo los términos que exige la ley para dichos efectos.

Afirma que la recurrida entregó un comunicado de aviso de término de contrato de arrendamiento sin expresión de causa, fechado y firmado ante notario por su representante legal, don nombre reservado, con fecha 29 de junio del año en curso. Anunciando como fecha de término del contrato el 15 de septiembre de 2021, a partir de la cual los médicos no podrán ejercer su profesión de la forma en que lo han hecho por años en la Clínica, haciendo presente que sus pacientes le han manifestado imposibilidad de agendar horas en el sistema con posterioridad a la fecha señalada.

Sostiene que ha celebrado un contrato de arrendamiento de bien inmueble urbano de carácter indefinido con la Clínica, por el cual paga renta mensuales en relación a la cantidad de veces que se use el inmueble arrendado en el respetivo periodo, del cual emanan derechos preexistentes e indubitados que serían los que la Clínica amenaza con la comunicación de término unilateral de los mismos.

Argumenta que el actuar de la recurrida es ilegal por cuanto dicho desahucio, al ser desformalizado, infringe el artículo 3° de la Ley N° 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos, por cuanto en los contratos de duración indefinida el desahucio solo puede efectuarse judicialmente o mediante notificación personal efectuada por un notario. Asimismo infringe el plazo señalado en el citado artículo que es de de dos meses, contado desde su notificación, y se aumenta en un mes por cada año completo que el arrendatario hubiera ocupado el inmueble., sin poder exceder seis meses.

En este caso, de prosperar la estrategia antijurídica de la Recurrida, ocurrirá que el día 15 de septiembre próximo simplemente no podrá ingresar a trabajar, por cuanto la recurrida manejas las agendas e instalaciones.

Invoca como vulneradas las siguientes garantías constitucionales:

1. Infracción al derecho de propiedad, consagrado por el artículo 19 N° 24 de la Constitución.

Sostiene al efecto que nuestra doctrina y jurisprudencia ha sido unánime en entender que de los contratos nacen derechos que constituyen bienes incorporales que están amparados por la garantía constitucional de derecho de propiedad, dentro de los cuales se incluyen el que a dicha convención se le ponga término en conformidad y con irrestricto apego a las disposiciones legales que los regulan, pues de esa forma se protegen sus derechos, normas que no se habrían respetado.

Señala que la Excma. Corte Suprema ha fallado, en sede constitucional, que el arrendatario tiene una especie de dominio sobre el derecho de uso y goce que emanan del contrato de arrendamiento el cual se encuentra amparado por el artículo 19 N 24 de la Constitución Política de la República”

Agrega que también tiene un derecho de propiedad sobre los ingresos que les genera el legítimo ejercicio de su profesión y, al privarlo la Clínica de la posibilidad de trabajar en el inmueble arrendado, afecta su derecho de dominio sobre tales ingresos. Cita al efecto fallo de esta Corte en causa Rol 700-2019. Sentencia confirmada por la Excma. Corte Suprema, con fecha 8 de agosto de 2019, causa rol 21.072-2019.)

2.- Infracción a la libertad de trabajo y su protección, contemplado art. 19 N°16 de la Constitución, la cual se afectaría, desde que la recurrida lo amenaza con que pondrá término a su contrato de arrendamiento, en virtud del cual ejerce su profesión, y porque, de forma ilegítima, quiere impedir el acceso a las dependencias de la Clínica y, además, le perturba en la atención que puede brindar a los pacientes, aun cuando existe un contrato vigente que le permite desarrollar su labor según las garantías que la Constitución establece.

3.- Infracción al derecho a desarrollar cualquier actividad que no sea contraria a la moral, el orden público o a la seguridad nacional, contemplado en art. 19 N°21 de la Constitución, la cual se habría vulnerado porque, Clínica pretende obstaculizar la actividad económica que realiza por años en sus dependencias, facultado por el contrato de arrendamiento que mantiene vigente con la Recurrida. Expresa que la conducta desplegada por la recurrida, que alcanza el extremo de hacer incierto si podrá ejercer su actividad económica el 17 de agosto, pues ha anunciado que no lo permitirá.

4.- Infracción al derecho a igualdad ante la Ley, contemplado por el art. 19 N°2 de la Constitución. Al respecto refiere que la Excma. Corte Suprema ha resuelto recientemente que:“el término unilateral de la convención celebrada entre las partes y posterior desalojo del terreno que sirve de sede comunitaria a la Junta de Vecinos Villa La Araucaria, que la autoridad administrativa pretende justificar en la resolución de disolución de la que el presidente de la organización no tuvo noticia en la forma que la ley dispone para tal cometido a efectos de ejercer el derecho de impugnación, es ilegal en cuanto excede las atribuciones que le ha conferido la ley, porque al existir una situación de derecho privado como es la existencia de un contrato de comodato se advierte en las actuaciones impugnadas por esta vía una expresión de autotutela que no es dable aceptar a entes públicos como tampoco a particulares bajo ningún respecto.

Que tal y como señala el fallo en alzada, el actuar de la recurrida en orden a declarar el término unilateral del contrato de comodato basado en una decisión de disolución de la junta vecinal, sin que se encontrase afinada, así como la irrupción mediante el uso de la fuerza en la sede comunitaria, constituyen una transgresión a las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental, por lo que debe ser corregida en los términos expuestos en el laudo impugnado” (Excma. Corte Suprema, sentencia de fecha 2 de marzo de 2017, Rol 2910-2017).

Concluye que la comunicación de término de los contratos de arrendamiento intentada por la Clínica es ilegal, arbitraria y vulnera la garantía constitucional de la igual ante la ley, toda vez que la Recurrida se ha situado en una indebida posición de privilegio respecto de los arrendatarios recurrentes.

Pide que se acoja su recurso de protección, y en definitiva se ordene dejar sin efecto las comunicaciones efectuadas por la Recurrida informando sobre el término de los contratos de arrendamiento de sus médicos, debiendo cesar inmediatamente la recurrida sus actos ilegales y arbitrarios, especialmente que se permita la agenda de pacientes y uso de los sistemas informáticos, restableciendo de esta forma el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos:

1. Copia de carta de fecha 29 de junio de 2021, enviada por Clínica Alemana de Temuco; 2. Fotografía de sobre de Correos de Chile de fecha 30 de junio de 2021; 3.-Copia de contrato de arrendamiento entre la recurrente y Clínica Alemana de Temuco ”; 4. Copia de escritura pública de la sociedad “nombre reservado y Gajardo Servicios Médicos y Nutricionales Limitada, 5. Captura de pantalla correspondiente a la agenda digital de la consulta del dr. nombre reservado, en que se aprecia bloqueo de agenda.

A folio 13, informa Mario Navarro Olivares, Abogado, en representación convencional, de CLÍNICA ALEMANA DE TEMUCO S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Alega inexistencia de actos arbitrarios e ilegales que importen vulneración de los derechos y garantías constitucionales que se invocan:

En primer término alega que la naturaleza jurídica del contrato celebrado con fecha 1 de abril de 2019 es de carácter innominado, y controvierte que se trate de un simple contrato de arrendamiento de inmueble gobernado por la ley 18.101.

Es innominado, al comprender no sólo el uso y goce de una consulta médica, sino también una serie de relaciones complejas en materias de salud, del orden médico, cumplimiento de directrices y regulaciones emanadas de las Autoridades Médicas de la Institución, registro de información clínica y bioestadística, derecho a uso de la Imagen de la Clínica, uso de identificadores como miembro del cuerpo de médicos, cumplimiento de la lex artis y secreto médico, manejo de fichas clínicas y protección de datos, personal paramédico y de enfermería, personal de apoyo administrativo como secretarias, limpieza, seguridad, uso de infraestructura hospitalaria, uso preferente del equipamiento para la atención y diagnóstico de pacientes, uso de equipamiento de imageneología, laboratorios, papelería, energía eléctrica, agua, calefacción, teléfonos, internet, página web, programas computacionales, agendamiento y toma de horas, recepcionistas, entre otros.

A parte de lo anterior, y reforzando el carácter de innominado del contrato, las consultas médicas, además de ser una infraestructura limitada, son usadas por horas, y por distintos profesionales, esto es, no hay una titularidad respecto de una consulta en específico.

Afirma que su regulación no se compadece con los términos de la ley 18.101, ni con el desahucio que dicho cuerpo legal establece como forma de término para los contratos de duración indefinida.

Agrega que implícitamente la Cláusula Duodécimo aleja la naturaleza jurídica del contrato celebrado de un “simple arrendamiento de inmueble urbano” al quedar expreso en el texto del contrato formas de término del mismo, distintas de aquellas consideradas en la ley 18.101 de arrendamiento de predios urbanos.

Sostiene que conforme a cláusula Cuarto del contrato, mi representada Clínica Alemana de Temuco podía ponerle término, sin expresión de causa, mediante un aviso por escrito que debía ser remitido a la contraparte, con 60 días de anticipación al día en que se pretendía su término, facultad y derecho que también correspondía y podía ejercer la recurrente, toda vez que la cláusula en comento fue establecida en términos recíprocos para ambas partes.

Conforme lo anterior, al remitir la carta de término su representada no hizo otra cosa que ejercer un derecho-facultad que consta en un contrato que fue legalmente celebrado y que por expreso mandato legal, artículo 1545 del Código Civil, es una ley para los contratantes.

Aduce que tampoco existe arbitrariedad, no obedeciendo la decisión a un mero capricho, sino que su infraestructura es limitada, y atendido el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, leyes y Decretos de la Autoridad sanitaria, que como centro privado de salud, a partir de febrero del año 2020, les limitan en cuanto a la libertad de actuación tanto en personal, cuanto en infraestructura, mientras dure la Pandemia, y, en consecuencia, se deben organizar conforme a una emergencia sanitaria real y sumamente grave, inédita en los últimos años.

Alega que no se ha visto afectada la garantía del artículo 19 N° 16 de la Constitución Política, por cuanto la recurrente es una sociedad comercial de responsabilidad limitada, resulta improcedente la invocación de la garantía constitucional de la libertad de trabajo ya que su protección está reservada a personas naturales, al trabajador.

Errada imputación de Infracción al derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, contemplado en el artículo 19 N°21 de la Constitución, recurrente pese a la comunicación escrita remitida por mi representada puede seguir ejerciendo libremente su actividad económica, siendo su socio y representante legal un médico que ejerce su profesión en la especialidad de traumatología.

En tanto la recurrente es una persona jurídica legalmente constituida en Chile, con iniciación de actividades vigente, sus titulares pueden organizar los diversos medios a su alcance a objeto de obtener resultados económicos; son libres de tomar decisiones coordinadas relativas a la producción, inversión, distribución y consumo de los bienes, en fin, mi representada no ha intervenido de manera alguna en dicha libertad empresarial.

Afirma que su actuar se realizó dentro del margen de la ley, por lo que no puede erigirse en una amenaza a las posibilidades de la recurrente de realizar en forma libre las prestaciones de salud que son materia de su giro.

Aduce que la actuación de su representada no es ni ilegal ni arbitraria, y por ello no se evidencia de qué forma mi representada ha vulnerado la Garantía Constitucional de la igualdad ante la ley respecto de la sociedad comercial recurrente; o bien, de qué forma se asimila la carta remitida por mi representada con la autotutela de que da cuenta la sentencia que reproduce el recurrente en apoyo de su acción, por cuanto solo ejerció un derecho-facultad contractual, y comunicar por escrito el término de un contrato que fue libremente celebrado, y que tiene las cualidades de consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, principal, de plazo indefinido e innominado, de forma alguna ha vulnerado esta garantía constitucional de la igualdad ante la ley de la persona jurídica recurrente.

Niega haber infringido al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, por cuanto fueron las partes las que estipularon la forma y modalidad para poner término al contrato que los vinculó, por lo que encontraba legalmente facultada, para remitir la carta de término.

Luego, al discrepar con la contraria en relación a la naturaleza jurídica del contrato, rechaza que la forma de ponerle término sea aquella contemplada en la ley 18.101 de arrendamiento de predios urbanos, y que considera el desahucio como forma de terminación de aquellos contratos de plazo indefinido.

Terminado el contrato, como natural consecuencia, termina el derecho de uso y goce de la consulta médica, lo que en caso alguno implica una vulneración del derecho de propiedad de la recurrente.

Por último, su representada nada tiene que ver con la afectación del derecho de dominio sobre los ingresos de la sociedad recurrente, ya que los puede generar libremente, conforme a su esfuerzo, pero no usando y gozando las consultas médicas a partir de la fecha de término del contrato consignada en la carta de aviso; haciendo presente, eso sí, que don nombre reservado -no la sociedad comercial recurrente- se encuentra acreditado como médico ante la Clínica Alemana de Temuco, por lo que no se ha prohibido su ingreso a sus instalaciones, sigue con su credencial que lo identifica como médico de la Clínica Alemana, puede usar los estacionamientos y ejecutar sus labores profesionales como procedimientos quirúrgicos y uso de pabellones conforme a la disponibilidad existente, pudiendo generar libremente ingresos por esas atenciones. Lo anterior sin perjuicio de poder atender pacientes en otros establecimientos distintos de Clínica Alemana de Temuco.

Alega que el recurso de protección no es la vía para resolver cuestiones de fondo como las planteadas, haciendo presente que las partes estipularon una cláusula compromisoria, por lo que los reclamos de fondo deben interponerse para ser resueltos ante un árbitro, que en caso de desacuerdo de las partes, será de derecho tanto en el procedimiento como en el fallo.

Finalmente hace presente que con el mérito del Decreto N°4, de 2020, del Ministerio de Salud, debimos redirigir todos nuestros esfuerzos para la resolución integral de patologías agudas o agudizadas de pacientes Covid 19 que requieran distintos niveles de cuidados: Básicos y/o Medios y/o Críticos, derivados por vía de Urgencia; incluyendo todos los servicios que ocupen los pacientes en sus distintos niveles de cuidados: Básicos y/o Medios y/o Críticos, para dar resolución integral a su estado de salud, requiriendo cualquier tipo de unidades de hospitalización: básica, aguda o de UPC (UCI,UTI) o requerir intervenciones quirúrgicas, incluidos los partos.

Señala que mientras dure la pandemia, tiene a disposición de la autoridad todos los recursos humanos (profesionales médicos y profesionales de salud no médicos), con la finalidad de otorgar los servicios de salud que se requieran, a fin de que se garantice que las atenciones en salud alcancen los niveles de calidad exigibles.

Pese a todas estas limitaciones y cambios en los protocolos de atención en materias de salud, como institución hemos mantenido, en la medida de lo posible, la atención de nuestros clientes y pacientes, con altos estándares éticos y de cumplimiento de la lex artis en cuanto a la oportunidad y éxito de todas las prestaciones, lo que sin duda ha significado un esfuerzo de magnitud.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Contrato celebrado con la sociedad recurrente. 2.

Carta de aviso de término, con sus comprobantes de envío certificado, debidamente autorizados por Notario Público. 3.

Resolución Exenta N°356, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, promulgada el 18 de Mayo de 2020 y publicada el 19 del mismo mes y año, que Instruyó aumento de capacidad ventilatoria a los prestadores privados de salud cerrados de alta complejidad. 4.

Resolución Exenta N°266, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales, promulgada el 02 de Marzo de 2021 y publicada el 04 del mismo mes y año, que instruyó aumento de capacidad camas cuidados intensivos a los prestadores públicos y privados de salud cerrados de alta complejidad. 5.

Resolución Exenta N°307, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales, promulgada el 15 de Marzo de 2021 y publicada el 17 del mismo mes y año, que instruyó la suspensión de cirugías que indica. 6.

Resolución Exenta N°334, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales, promulgada el 29 de Marzo de 2021 y publicada el 30 del mismo mes y año.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario- o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Tercero: Que el acto respecto del cual el recurrente predica arbitrariedad e ilegalidad, dice relación con la decisión de la recurrida de poner término unilateral a un contrato de arrendamiento de un inmueble urbano que le vincula con el actor, desconociendo los términos que exige la ley para dichos efectos, apuntando que el desahucio efectuado por la Clínica, al ser desformalizado, infringe el artículo 3 de la Ley N° 18.101, por cuanto en los contratos de duración indefinida aquel solo puede efectuarse judicialmente o mediante notificación personal efectuada por un notario, infringiendo asimismo el plazo señalado en el citado artículo que es de dos meses, contado desde su notificación, y se aumenta en un mes por cada año completo que el arrendatario hubiera ocupado el inmueble, sin poder exceder seis meses.

Cuarto: Que la recurrida por su parte desconoce la naturaleza jurídica que el recurrente imputa a la vinculación contractual que los liga, aseverando que la misma es de naturaleza innominada, pues comprende no sólo el uso y goce de una consulta médica, sino también una serie de relaciones complejas en materias de salud y del orden médico, que identifica. Añade que, conforme a la cláusula Cuarta del contrato, la Clínica podía ponerle término, sin expresión de causa, mediante un aviso por escrito que debía ser remitido a la contraparte, con 60 días de anticipación al día en que se pretendía su término, facultad y derecho que también correspondía y podía ejercer la recurrente.

Quinto: Que de lo anterior resulta, que la primera controversia planteada por las partes dice relación con la naturaleza jurídica de la relación que vincula a las partes y consecuencialmente la normativa que se aplica a la misma.

Sexto: Que tenido a la vista el contrato celebrado entre las partes con fecha 1 de abril de 2019 (acompañado por ambos litigantes), verifican estos sentenciadores que resultan plausibles los planteamientos de ambas partes en torno a la naturaleza jurídica de la vinculación contractual que les liga, ello a partir de la lectura de los derechos y obligaciones que se regulan entre los considerandos octavo y undécimo inclusive del mismo.

Séptimo: Que enfrentado a dicho escenario este Tribunal, la conclusión es que la controversia planteada excede el ámbito del presente arbitrio constitucional que –como se dijo- es de naturaleza meramente cautelar (en sentido amplio) y, por esencia, breve y concentrado, para dar respuesta oportuna a afectaciones flagrantes, notorias o evidentes que impliquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinados derechos y garantías constitucionales, y es del todo evidente que una situación como la planteada no puede ser dilucidada a través de la acción de urgencia incoada.

En efecto, la naturaleza propia de la acción constitucional de protección y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, constituye un arbitrio destinado a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales que se dicen afectados son indubitados y no discutidos, lo que no acontece en el caso propuesto, en que se ventilan las discrepancias surgidas en el cumplimiento de obligaciones entre las partes de dicho contrato.

Así las cosas, no es el recurso de protección la vía idónea para discutir los hechos denunciados en relación al cumplimiento del contrato que vincula a las partes, la que trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el recurso de que se trata.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la tramitación y fallo del Recurso de Protección, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de SOCIEDAD DR. nombre reservado Y GAJARDO SERVICIOS MÉDICOS Y NUTRICIONALES LIMITADA, en contra de CLÍNICA ALEMANA DE TEMUCO S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Alexis Gómez Valdivia.

Protección-7708-2021.(fcv)