nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE CARAHUE

C.A. de Temuco Temuco, ocho de octubre de dos mil veintiuno.

A la presentación del abogado Eduardo Contreras Díaz, folio 27: téngase presente.

A la presentación del abogado Adolf Topp Cruces, folio 28: téngase presente.

VISTOS:

A folio 1, comparece don EDUARDO FRANCISCO CONTRERAS DIAZ, abogado, habilitado para el ejercicio de la profesión, en representación de doña nombre reservado, casada, secretaria administrativa domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE CARAHUE, Rut N° RUT reservado, representado por su Alcalde, don HECTOR ALEJANDRO SAEZ VELIZ, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso en que la actora ingresó a trabajar en la Municipalidad de Carahue con fecha 2 de mayo de 2017 como encargada de la Oficina de Vialidad Comunal, y desde el 1 de enero de 2018 y hasta el último día de trabajo se le destina a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD municipal), entre otras funciones municipales permanentes de la Municipalidad de Carahue, no obstante que por orden del Alcalde, le correspondió apoyar muchas veces en actividades de la Dirección de Desarrollo Comunitario que no eran propias de su contrato, o reemplazar a otros funcionarios sobre todo en periodo de vacaciones, hacer trabajo administrativo de otros departamentos, participar en todos los eventos de verano en apoyo a los departamentos que realmente les correspondías realizar dichas actividades.

Señala que durante el año 2020 y luego en 2021, el Alcalde le exigió ser parte de su equipo de campaña para la reelección como Alcalde, si bien inicialmente le ayudó durante todo el año 2020 fuera de horario, luego el Alcalde le solicitó que lo ayudara durante la jornada de trabajo a lo que su representada le manifestó que no correspondía por instrucciones de Contraloría General de la República.

Indica que su representada, por amistad familiar apoya la candidatura del candidato nombre reservado por cierto fuera del horario laboral, lo que hace que el alcalde lo amenace de despido. Cuando se realizar las elecciones el 15 y 16 de mayo de 2021, pocos días después, el alcalde cobra venganza emitiendo una carta que pone termino anticipado del contrato de su representada que finalizaba el 31 de diciembre de 2021, y le manda a decir que las cuentas se pagan.

Sostiene que con fecha 20 de mayo de 2021, el administrador municipal y jefe de campaña del reelegido alcalde le envía a su representada una carta en que, sin fundamento alguno, le pone término anticipado a los contratos que libremente habían firmado ambas partes y que tenía duración hasta el 31 de diciembre de 2021. Con esta carta se le informa que no seguirá trabajando desde el 1 de julio de 2021, agregando que no se le entregó algún decreto, sino que solo una carta, la que no constituye un acto administrativo, agregando que a la época de su despido llevaba más de 4 años y 2 meses de contrato continuo desempeñándose para la Municipalidad de Carahue en funciones habituales y permanentes de la Municipalidad, siendo el tenor de dicha carta el siguiente: “Junto con saludarle cordialmente a través de la presente nos permitimos comunicar a usted que a partir del 1 de julio de 2021, se ha resuelto poner término a sus dos contratos de prestación de servicios por honorarios que lo vincula a la Municipalidad de Carahue, contratos suscritos con fecha 4 y 7 de enero de 2021 y aprobados mediante decretos N° 197 y 033 de fechas 04 y 07 de enero de 2021. Lo anterior en base a lo señalado en la cláusula SEPTIMA del referido contrato, en la que indica: “Terminación anticipada: No obstante lo expresado en la cláusula sexta precedente LA MUNICIPALIDAD, se reserva la facultad de colocar término al presente contrato en cualquier momento, sin expresión de causa, circunstancia que el (la) PRESTADOR(A) DE SERVICIOS, declara conocer y aceptar expresamente para lo cual bastará la dictación del Decreto Alcaldicio que así lo disponga. Asimismo, EL (LA) PRESTADOR DE SERVICIOS podrá hacer uso de la facultad indicada en la presente cláusula, en cuyo caso deberá dar aviso a la municipalidad con a lo menos 5 días de anticipación.” Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Atentamente, nombre reservado, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CARAHUE”

Refiere que el director de DIDECO, no siendo secretario municipal ni alcalde, pone término anticipado abruptamente al contrato, el que fue firmado el 4 de enero de 2021 por todo el año 2021, por lo que en la especie se ha incorporado a su patrimonio el derecho de permanecer en su cargo hasta el 31 de diciembre de 2021, y recibir en su patrimonio los pagos por los servicios prestados, existiendo sobre dichos bienes incorporales un derecho de propiedad, amparado constitucionalmente.

Manifiesta que en el presente caso se evidencia una discriminación política por cuanto no existe fundamento real del término anticipado de su contrato.

Así, refiere que la comunicación es ilegal al no cumplir con lo ordenado en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, por dictar una resolución invalidatoria sin audiencia del interesado. En segundo lugar, porque dicha comunicación no es un acto administrativo terminal, y no contiene fundamentación ni argumentación legal o fáctica real, contraviniendo los artículos 16, inciso 2° del artículo 11, artículo 41 inciso 4° de la Ley 19.880 de Procedimiento Administrativo. En tercer lugar, señala que dicha decisión viola el principio de confianza legítima, por cuanto desde el 2 de mayo de 2017, cada fin de año se le ha renovado el contrato a honorarios hasta llegar el año 2021 en que se le renueva por una nueva anualidad, y finalmente por cuanto la resolución tomada por el alcalde es discriminatoria, constituyendo una manifiesta vulneración del legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de la recurrente, en particular el derecho a la igualdad ante la ley, para quienes están en la misma condición, sin argumentar, sin fundamento valedero alguno, que no sea ejercer una facultad discrecional del Alcalde de terminar anticipadamente su contrato, siendo ella la única a quien se le termine anticipadamente su contrato, sin dar ningún fundamento ni menos expresar los hechos en que se funda. Solo que hace uso de una faculta de terminar anticipadamente el contrato, tomando una decisión arbitraría de poner término al contrato de esta recurrente sin procedimiento previo alguno, sin debido proceso, sin establecer hechos fundantes. Discriminación porque a nadie más de sus colegas se les puso término al contrato de forma anticipada, sin dictar acto administrativo alguno, y en la eventualidad de haberlo dictado, carece de Notificación dicho acto administrativo.

Estima que tales conductas vulneran la garantía fundamental del derecho al juez natural, Al disponer la Recurrida, la invalidación de los Contratos firmados el 4 y 7 de enero de 2021, de este recurrente, significó la conformación de una comisión especial, ya que a la Administración le está vedado invalidar actos administrativos que han creado derechos para sus destinatarios de buena fe, alterando por sí y ante sí, el derecho de propiedad de esta recurrente de los dineros otorgados en acatamiento a una norma interna de total validez, incorporados en el contrato a honorarios, cuyo origen no lo olvidemos es la misma autoridad invalidante. Alteración de statu quo, que realizada por el recurrido, y que está proscrita por la Carta Fundamental en su artículo 19 Nº 3 inciso 4º.

En segundo lugar, señala que la actuación ilegal del recurrido, ha vulnerado el derecho de propiedad de esta recurrente, sobre el derecho de permanecer prestando servicios hasta el término del contrato mientras no medie una causal legal de expiración del contrato, al cual accedió de manera ajustada a la ley, vulnerándose el articulo 19 Nº24 de la Constitución.

En tercer lugar, expone que se ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley, por cuanto, al impedir el debido proceso que tenemos todos derecho, un proceso que permita saber los reales motivos por los cuales se está poniendo término anticipado al contrato a honorarios de la Recurrente, y que le otorgue derecho a la defensa de sus intereses. Dañando la legítima expectativa de continuar prestando servicios hasta el 31 de diciembre de 2021.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso y se ordene que se deje sin efecto la comunicación de fecha 20 de mayo de 2021, por el cual se invalidó o dejo sin efecto los Contratos a honorarios del 4 y 7 de enero de 2021 aprobado por el Decreto N° 033 y 197, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021; o dejando sin efecto alguna resolución que pueda existir, sin su debida notificación a su representada o supuestamente notificada a su representada, restableciendo los efectos de los contratos a honorarios suscrito entre el recurrente y la recurrida, que se disponga la continuidad de la ejecución de dichos contratos a honorarios con las funciones indicadas y honorarios pactados hasta el cumplimiento del contrato y se ordene el pago de los honorarios por todo el periodo en que no me fueren pagados. Lo anterior con expresa condenación al pago de las costas del presente recurso.

Acompaña a su recurso: a) Comunicación de fecha 20 de mayo de 2021, según el cual se deja sin efecto el contrato suscrito entre las partes con fecha 4 y 7 de enero de 2021; b) Decreto N° 033 del 7 de enero de 2021 y su contrato a honorarios; c) Decreto N° 197 del 4 de enero de 2021 y su contrato a honorarios; d) Decreto 2324 del año 2017, y contrato a honorarios del año 2017; e) Decreto 119 del 2 de enero de 2018, y su contrato de honorarios para el año 2018; f) Contrato a honorarios de junio de 2018; g) Decreto 037 del 2 de enero de 2019, y su contrato a honorarios por todo el año 2019; h) Decreto 100 del 2 de enero de 2019, y su contrato a honorarios por todo el año 2019; i) Decreto 074 del 2 de enero de 2020, y su contrato a honorarios por el año 2020; j) Decreto 141 del 2 de enero de 2020, y su contrato a honorarios por el año 2020; k) Mandato Judicial de fecha 26 de julio de 2021.

A folio 7, informa don nombre reservado, abogado, por la Municipalidad de Carahue.

Señala que con fecha 4 de enero de 2021, su representada la Municipalidad de Carahue, representada por su alcalde suscribió 2 contrato de prestación de servicios a honorarios con la recurrente uno de ellos con financiamiento externo y el segundo con financiamiento municipal. Se fijaron de mutuo acuerdo los honorarios por la suma de $5.409.460 en 12 cuotas de $450.788 y el otro contrato de la misma fecha con recursos municipales por la suma de $3.129.384 en 12 cuotas de $260.782.

Indica que la cláusula quinta de ambos contratos indican: “las partes dejan expresa constancia que el prestador de servicios no es dependiente ni empleado de la Municipalidad, no adquiere tal carácter por este convenio, que realizará esta labor sin vinculo de subordinación y dependencia. Manifiesta más adelante que el prestador de los servicios no formará parte de la dotación municipal, sin perjuicio de coordinarse para el cumplimiento de sus actividades”. Luego respecto de la terminación anticipada, la cláusula séptima de los contratos establecen que no obstante lo expresado en la cláusula sexta precedente la municipalidad se reserva la facultad de poner término al presente contrato en cualquier momento, sin expresión de causa, circunstancia que el prestador de servicios declara conocer y aceptar expresamente, para lo cual bastaría la dictación del decreto alcaldicio que así lo disponga.

Sostiene que mediante decreto alcaldicio número 1466 de fecha 24 de mayo de 2021 y decreto 403 de fecha 20 de mayo de 2021, se dispuso poner término de contrato de prestación de servicios a honorarios a partir del 1 de julio de 2021 a doña nombre reservado, quien se desempeñaba como apoyo administrativo del programa Oficina de Protección de Derechos de la Infancia como aporte municipal SENAME.

Manifiesta que Municipalidad de Carahue niega completa y absolutamente lo indicado en el recurso de protección, en cuanto al hecho de haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario que pudiera dar lugar a la acción de protección, por cuanto su representada actuó en el marco de lo que indicaba el contrato de honorarios suscrito entre las partes en forma libre y espontánea, es decir, la municipalidad se actuó ajustado a derecho invocando la cláusula séptima del contrato suscrito entre las partes.

Expone que es efectivo que el funcionario municipal don nombre reservado, Directivo Municipal y Director de Desarrollo Comunitario, por orden de su superior jerárquico (alcalde) hizo entrega de la carta de termino anticipado de despido según lo ordenaba el contrato celebrado, terminación de contrato que se perfeccionó con la dictación de los decretos alcaldicio 1466 y 403 de mayo de 2021, donde se manifiesta la voluntad del superior del servicio.

Expresa la improcedencia del recurso de protección, por cuanto no se dan ninguno de los presupuestos para que la acción de protección sea la vía idónea para discutir la pretensión del recurrente, toda vez, que se ha deducido una acción laboral encubierta, la que necesariamente debe ser discutida en un tribunal laboral o civil donde se pueda con la prueba que se aporte al proceso discutir la pretensión. Es así, como esta parte niega que se vean vulnerada la garantía constitucional de propiedad, siendo el contrato suscrito entre las partes es un vínculo de naturaleza civil, expresado a través de un contrato de honorarios. Esta aclaración tiene especial relevancia atendido que a las personas que prestan servicios a honorarios, no les asisten los derechos que la normativa establece en favor del personal regido por el Código del Trabajo ni el estatuto administrativo. De esta manera, los derechos y obligaciones que nacen de un contrato a honorarios están circunscritos a los términos en que las partes acordaron se llevaría a cabo la prestación de los servicios. En ese sentido, la contraria se confunde en su argumentación y expresa principios que no vinculan o alcanzan a la contratación bajo la figura de honorarios. Es así, como la Contraloría General de la República en innumerables dictámenes ha manifestado que este principio no se aplica a los contratos a honorario (dictamen N° 22.766 de 2016).

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: 1- Decreto Alcaldicio 1466 de fecha 24 de mayo de 2021; 2- Decreto Alcaldicio 403 de fecha 20 de mayo de 2021; 3- Contratos de honorario suscrito entre las partes; 4- Escritura pública de mandato judicial.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, la actora ha impugnado como ilegal y arbitraria la decisión adoptada por la I. Municipalidad de Carahue, en orden a disponer el término anticipado de la vinculación en régimen de contrato de prestación de servicio existente entre las partes.

TERCERO: Que, conforme a lo señalado por las partes y los antecedentes acompañados en estos autos, se concluye lo siguiente:

a. En virtud de Decreto Alcaldicio N° 33, de fecha 7 de enero del año en curso, se aprobó el contrato de prestación de servicios a honorario suma alzada entre las partes, indicándose como fecha de inicio el 4 de enero y de término el día 31 de diciembre, ambas fechas de 2021, siendo el objeto de dicho contrato la realización de actividades vinculadas con el ámbito de difusión y promoción de derechos, proporcionando la participación activa de los actores locales, preparar material de difusión y promoción del quehacer de la OPD, mantener registro de sus acciones del día y mantener informado al coordinador respecto de los avances del programa, b. Conforme al Decreto Alcaldicio N° 197 de 4 de enero de 2021, se aprobó el contrato de prestación de servicios a honorarios suma alzada entre las partes, obligándose la actora a realizar, entre otras, las siguientes funciones: trabajar en equipos multidisciplinarios sensibilidad para trabajar con infanto adolescentes vulnerados en sus derechos y con sus familias, acoger a usuarios que soliciten información, orientación o atención en OPD, apoyar la gestión administrativa del coordinador.

c. Que, ambos contratos suscritos por la actora y la I. Municipalidad de Carahue establecen en su cláusula séptima la facultad de la recurrida de poner término al contrato en cualquier momento, sin expresión de causa.

d. Que, mediante comunicación de fecha 20 de mayo de 2021, la recurrida informó a la actora el término anticipado de los contratos de prestación de servicios que los unía.

e. Que, posterior a ello, por medio de los Decretos Alcaldicios N° 403 de 20 de mayo de 2021 y N° 1466 de 24 de mayo de 2021 la recurrida formalizó mediante un acto administrativo la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios f. Que, las partes se encontraban ligadas previamente en virtud de sucesivos contrato de prestación de servicios desde el año 2017.

CUARTO: Que, respecto de los hechos impugnados, como se consignó en el considerando anterior, con fecha 20 de mayo del año 2021, comunicó al actor el término anticipado del contrato a honorarios, dando cuenta de la aplicación de la cláusula séptima del contrato. Luego, mediante la dictación de dos actos administrativos formaliza el término de dicho vínculo contractual, sin expresar algún fundamento y considerando la misma comunicación de terminación del contrato que le había entregado anteriormente.

QUINTO: Que, en ese orden de ideas, se estima que constituye una actuación arbitraria por parte de la Municipalidad el haber comunicado el término del contrato a honorarios sin haberse dictado previamente acto administrativo alguno, cuestión que se hizo en forma posterior, circunstancia que de por sí constituye una infracción a la propia Ley Orgánica de Municipalidades en relación al artículo 3 de la Ley 19.880, que dispone que las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos, esto es, mediante la dictación de los respectivos decretos alcaldicios, los cuales, por cierto, deben ser posteriormente notificados, lo que no se ha acreditado en autos.

SEXTO: Que, como estableció anteriormente esta Corte en autos Rol N° 7658-2021, tratándose de una decisión que término anticipado a un contrato, y sin perjuicio de sus cláusulas contractuales, cobra especial relevancia el deber de fundamentación que rige los actos de los Órganos de la Administración del Estado, ello conforme a la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos. Así, entre los principios previstos en esa ley se encuentran aquéllos sobre transparencia y publicidad consagrados en su artículo 16, en el que se dispone que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. A su turno, se consigna en dicho cuerpo legal la obligación del artículo 11 inciso segundo, consistente en motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten las potestades y prerrogativas de las personas. Por último, es útil destacar que el artículo 41 inciso cuarto, primera parte del aludido texto legal, ordena: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.

SÉPTIMO: Que, atendido los hechos ya señalados, se estima que estos han afectado el derecho del recurrente a la igualdad ante la ley, por poner término anticipado a la relación estatutaria que unía a las partes pretiriendo los requisitos que el ordenamiento jurídico exige para ello, y además, en arbitraria, porque se decidió la separación del actor de sus funciones, sin la dictación del respectivo acto administrativo previo y sin fundamento alguno, constituyendo ello una vulneración al derecho de la igualdad, contenido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE, con costas, el recurso deducido por don EDUARDO FRANCISCO CONTRERAS DIAZ, abogado, en representación de doña nombre reservado, en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE CARAHUE, todos ya individualizados, dejándose sin efecto los Decretos Alcaldicios N° 403 de 20 de mayo de 2021 y N° 1466 de 24 de mayo de 2021que dispuso el término anticipado del contrato de prestación de servicios a honorarios de la actora, así como la comunicación de fecha 20 de mayo del mismo año, debiendo mantener plenamente vigente los contratos de prestación de servicios de marras, en los mismos términos y condiciones pactados en las que se desempeñaba al momento de ser desvinculada y por el período correspondiente al año presente año.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7677-2021. (sac)