nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1 comparece Julio Antonio Cariqueo Burgos, abogado, cédula de identidad número RUT reservado, defensor de indígenas de CONADI, domiciliado en domicilio reservado, en beneficio de nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, pensionado, domiciliad en domicilio reservado de la Comunidad Indígena nombre reservado, del Lugar Janhue, comuna de Lautaro, interponiendo acción de protección en contra de nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado; y don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado ambos con domicilio en domicilio reservado de Comunidad Indígena nombre reservado, del Lugar Janhue, comuna de Lautaro, con la finalidad de que se reestablezca servidumbre de tránsito, por los siguientes fundamentos:

ANTECEDENTES DE HECHO. Señala que su representado es dueño de la Hijuela Numero 5, de la comunidad nombre reservado, ubicada en lugar Janhue de 0.33 hectáreas de superficie del Plano Divisorio del Predio encabezado por nombre reservado, comuna de Lautaro. Su título de dominio se encuentra inscrito a fojas 183 N°213 del año 1981 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro y que acompaña en un otrosí de su presentación.

Agrega que, los recurridos en su calidades de herederos de don nombre reservado son dueños de la Hijuela N°5, ubicada en el lugar San Janhue, comuna de Lautaro, que tenía una cabida aproximada de ocho hectáreas, cero tres áreas, de superficie, la que deslinda especialmente: NORTE, cerco quebrado que separa de las hijuelas números catorce, siete, catorce y quince; ESTE, camino público Lautaro -Vilcún y cerco quebrado que separan de las hijuelas números dieciséis, diecisiete, trece y ocho; SUR, cerco recto que separa de las hijuelas número tres y uno; y OESTE, cauce actual de estero Curaco que separa terrenos propiedad de don nombre reservado.

Explica que esta última propiedad está gravada con una servidumbre de tránsito en favor de la propiedad de su representado, según sentencia de división de la comunidad antes mencionada e inscripción de registro de hipotecas y gravámenes de Lautaro, a fojas 41, número 33 del año 1981.

Relata que el día 1 de noviembre del presente año los recurridos obstruyeron el camino/servidumbre, en el sentido de reducir con creces el ancho de este, permitiendo solo el tránsito peatonal, lo cual a la fecha restringe el acceso de vehículos motorizados de familiares de don nombre reservado., el camión aljibe que semanalmente le lleva agua potable a mi representado, la ambulancia que periódicamente controla las patologías del recurrente y la de cualquier vehículo de emergencia. Explica que en atención al estado de salud de don nombre reservado, quien presenta cuadros de hipertensión arterial crónica, artrosis de rodilla y caderas, obesidad tipo II y no le es posible concurrir personalmente a interponer el presente ha tomado dicha responsabilidad.

Expresa que la servidumbre de tránsito y/o camino contemplado para la hijuela 7, es su única vía de acceso a la propiedad, y conexión con el camino público, por lo que es vital tanto para el uso de la propiedad y el acceso a servicios básicos como la entrega del agua potable vía camión aljibe.

ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO. Refiere que los recurridos procedieron a restringir y bloquear el acceso por la servidumbre y/o camino, en la extensión que se emplaza sobre la hijuela N°5 de su propiedad. Así, hoy en día posee elementos que la hacen intransitable por esa parte, disminuyendo a su arbitrio el ancho de esta. Dicho acto arbitrario por parte de los recurridos, esto es, el cierre y reducción del ancho de la servidumbre de tránsito y/ camino es arbitrario e ilegal, y se genera todos los días a la fecha.

Explica que el cierre y reducción del ancho de la servidumbre injustificado, por parte de los recurridos, ha producido al recurrido daño de toda índole, tanto económicos, de diario vivir (como por ejemplo lograr abastecer su casa habitación de alimentos), y principalmente de abastecimiento de agua potable, con un riesgo inminente de peligro para su integridad física, y por supuesto un daño psicológico a consecuencia de lo anterior.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONCULCADAS. Considera que el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos constituye una amenaza permanente, afección directa y perturbación, y así una vulneración al libre ejercicio de las siguientes garantías constitucionales que se han visto seriamente conculcadas.

DERECHO DE PROPIEDAD O DOMINIO DEL ARTÍCULO 19 N°24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. Explica que, en la práctica, el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida se traduce en que las facultades de uso otorgadas mediante la conciliación de CONADI sobre la mencionada servidumbre se han visto conculcadas, ya que no se puede transitar sobre ella.

DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA DEL ARTÍCULO 19 N°1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. Esta garantía consagrada constitucionalmente se ve vulnerada debido única y exclusivamente a los actos ilegales y arbitrarios llevados a cabo por la recurrida, toda vez que se impide de manera absoluta el acceso de ambulancias, bomberos, vehículos de emergencia, el ingreso de sus familiares ante posibles emergencias y principalmente el ingreso de camiones de agua potable hacia el predio de doña nombre reservado, dificultando o impidiendo así la oportuna atención de enfermedades y ciertas situaciones de gravedad que le puedan llegar a afectar a sus 88 años de edad, dependiendo solo y exclusivamente del arbitrio de la recurrida. A dicha situación se expone diariamente, debiendo transitar por un lugar no habilitado para ser llevada a controles médicos y para poder ser abastecida de agua.

Pide tener por deducido recurso de protección en contra de nombre reservado y nombre reservado, acogerlo a tramitación y en definitiva dar lugar al presente Recurso, declarando que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal y que vulnera las garantías constitucionales invocadas, disponiendo el imperio del derecho y en consecuencia declarar y disponer que: 1.- Que, los recurridos ha incurrido en actos y hechos arbitrarios e ilegales que afectan el derecho de propiedad, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, ante la Ley, de don nombre reservado; 2.- Que, se ordene los recurridos a restablecer el ancho legal de la servidumbre establecido según sentencia de división de la Comunidad nombre reservado 1066, gravamen que debe soportar la hijuela N°5 de su dominio, a retirar cualquier elemento que pueda obstruir el tránsito, y ordenar todo otro trabajo que fuere necesario para la utilización de la Servidumbre de Tránsito existente, en el plazo que se determine o fije al efecto; 3.- Que, se ordene a los recurridos a su abstención en lo futuro de volver a realizar actos que importen e impidan el libre tránsito desde y hacia el camino público, esto es, de realizar actos que importen una afección directa a los Derechos conculcados; 4.- Todo con expresa condenación en costas de la recurrida.

Acompaña en su recurso los siguientes documentos:

1.- Copia de Inscripción de dominio de fojas 183, N° 213 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro del año 1981.

2.- Copia de Inscripción de dominio de fojas 204, N° 241 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro del año 2024.

3.- Certificado de Hipotecas y Gravámenes de Sucesión nombre reservado, años 1981-2024.

4.- Certificado N°052/2024, de médico de Salud Rural de Lautaro.

5.- Plano TM 1066 de Comunidad nombre reservado.

6.- Sentencia de División TM 1066.- A folio 7 consta Informe de la Primera Comisaría de Lautaro con la situación constatada por los funcionarios policiales en el lugar indicado en el recurso incluyendo fotografías de este.

A folio 14 comparece Jessica Verónica Aravena Duguet, Abogada Jefe de la Corporación de Asistencia Judicial comuna de Lautaro, en representación por los recurridos nombre reservado y nombre reservado, evacuando informe en el que indica lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO. Señala que, tal como se establece en el título de dominio de la hijuela número 7, inscrita a fojas 183 Nº213 del año 1981 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la comuna de Lautaro, la superficie de la hijuela número 7 es de 0.33 hectáreas, acepta que efectivamente una servidumbre en favor del recurrente.

Expresa que el reclamante señala que, con fecha 1 de noviembre, se “obstruye” la servidumbre al “reducir” su ancho. Sin embargo, posteriormente, en el numeral 1 del apartado Acto Ilegal y Arbitrario del recurso de protección, afirma que se “bloquea" el paso. Esto plantea una contradicción, ya que, según la RAE, “reducir” en este contexto significa “disminuir, aminorar, estrechar o ceñir”, mientras que “bloquear" implica “cerrar el paso”. Además, puntualiza- enfáticamente- que sus representados no han incurrido en el acto del que se les acusa. Sólo se ha limpiado la zona y reparado el cerco sobre la línea que siempre ha existido, no se ha reducido o ampliado. Niega que se haya restringido la servidumbre mencionada en autos, camino que tiene años de uso, sin reducir los metros que corresponden a la servidumbre, teniendo este siempre 4.9 metros.

Explica que un camión aljibe a que hacen mención los recurrentes tiene como máximo 2,55 metros de ancho y teniendo en cuenta que la servidumbre tiene 4,9 metros de ancho no genera inconvenientes para realizar el recorrido de forma natural y normal, como siempre lo ha hecho. Considera que no existe alteración, reducción o limitación alguna a la servidumbre usada por los recurrentes.

DERECHO. Sostiene que el artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra que el Recurso de Protección es “una acción cautelar de emergencia establecida para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales”, tal como señala el inciso 1 de este artículo “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 (...)”.

Desprende de lo anterior, el recurso procede en los casos que existe un derecho cierto y determinado que requiera una “cautela urgente” de los derechos amparables. Al referirse a los actos u omisiones arbitrarios o ilegales en el ejercicio de los derechos, estos constituyen el “presupuesto esencial y determinante de la protección”. En cambio, la privación, perturbación o amenaza representa un “presupuesto no esencial determinante de la protección”. Entonces, primero se analiza si existe una acción u omisión ilegal o arbitraria, al concurrir uno de estos presupuestos, se analizará si concurre o no la privación, perturbación o amenaza.

Expone que la servidumbre es un derecho real enumerado en el artículo 577 inciso 2 del Código Civil, y el artículo 820 del mismo código lo define así “es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño”. La carga que se presenta en la servidumbre pesa sobre uno de los predios, para favorecer al otro, y que origina en el uno la denominación predio sirviente y en el otro la de predio dominante. Es decir, se produce una relación jurídica activa-pasiva entre los propietarios de los predios. Por lo tanto, la conducta que se pide al dueño del predio sirviente es el deber de abstenerse de efectuar obras que perturben el ejercicio de la servidumbre. Pero en cuanto no perturban, puede hacerlo, porque sigue siendo dueño.

Estima que no existe una privación, perturbación o amenaza a la servidumbre que existe entre la hijuela 5 y la hijuela 7. Lo único que se ha hecho es cercar la servidumbre establecida, pero siguiendo los lineamientos establecidos previamente. No existe alteración a los metros que tiene de ancho la servidumbre en cuestión. Esto va en línea con la premisa de efectuar obras que no perturben el ejercicio de la servidumbre que son posibles de efectuar porque el dueño del predio sirviente, en este caso, mis representados, siguen siendo los dueños.

Concluye que es evidente que no existe motivo para impetrar el recurso que se presenta ya que no concurre acto contrario a derecho o actos carentes de fundamento, razonabilidad, lógica o producto del mero capricho. Indica que el actuar de sus representados ha sido conforme a la ley y, por tanto, no es pertinente una acción cautelar como esta. No hay legitimación activa porque no existe afectación de su derecho o interés y solo puede ser parte quién tiene un beneficio a costo directo del proceso en curso. En conclusión, a no existir acto u omisión, menos se podrá calificar de arbitrario e ilegal.

Pide tener presente lo expuesto en su presentación.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección;

SEGUNDO: Que, el recurrente señala que es dueño de la Hijuela Numero 5, de la comunidad nombre reservado, ubicada en lugar Janhue, de 0.33 hectáreas de superficie del Plano Divisorio del Predio encabezado por nombre reservado, comuna de Lautaro. Su título de dominio se encuentra inscrito a fojas 183 N°213 del año 1981 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro y que acompaña en un otrosí de su presentación.

Agrega que, los recurridos en su calidad de herederos de don nombre reservado son dueños de la Hijuela N°5, ubicada en el lugar San Janhue, comuna de Lautaro, que tenía una cabida aproximada de ocho hectáreas, cero tres áreas, de superficie, la que deslinda especialmente: NORTE, cerco quebrado que separa de las hijuelas números catorce, siete, catorce y quince; ESTE, camino público Lautaro -Vilcún y cerco quebrado que separan de las hijuelas números dieciséis, diecisiete, trece y ocho; SUR, cerco recto que separa de las hijuelas número tres y uno; y OESTE, cauce actual de estero Curaco que separa terrenos propiedad de don nombre reservado.

Interpone su acción de protección debido a que el 1 de noviembre del 2024 los recurridos obstruyeron el camino/servidumbre que existe en el inmueble de los recurrido en favor su predio, en el sentido de reducir con creces el ancho de este, permitiendo solo el tránsito peatonal, lo cual a la fecha restringe el acceso de vehículos motorizados, lo que amenaza, perturba y vulnera el libre ejercicio del derecho de propiedad y el derecho a la vida e integridad física psíquica, contemplados en los números 1 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente;

TERCERO: Que, en efecto, la naturaleza de la medida cautelar constitucional impetrada exige la concurrencia de garantías constitucionales indubitadas o no seriamente controvertibles, que se encuentren vulneradas, lo que significa en forma implícita la necesidad de urgencia en la pretensión deducida, con el fin de otorgar la debida protección, restableciendo el imperio del derecho todo lo que, atendido el mérito del informe de folio de folio 7 de la Primera Comisaría de Lautaro, no se verifica en la especie.

De lo anterior, se desprende que se solicita a esta Corte realizar un pronunciamiento propio de en un juicio de lato conocimiento, siendo necesario hacer presente que en un procedimiento de dicha naturaleza cada parte puede incorporar todas las pruebas que acrediten sus alegaciones, lo que no es propio de esta acción, tal como se ha patentado con antelación.

CUARTO: Así las cosas, la acción de protección no constituye la vía adecuada para la resolución del conflicto planteado, el que por su naturaleza corresponde a la de un asunto que no puede ser dilucidado por medio de una acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria;

QUINTO: A mayor abundamiento, y como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, el arbitrio interpuesto es un procedimiento de emergencia que no ha sido creado para ser utilizado en reemplazo de las acciones que el ordenamiento jurídico contempla para resolver conflictos entre partes, excediendo sus alegaciones el marco y los propósitos de la acción intentada;

SEXTO: De esta manera el recurso intentado no puede prosperar y deberá ser desestimado, resultando innecesario efectuar el análisis de las garantías constitucionales que se alegan vulneradas, ya que tal como queda evidenciado no existe los antecedentes que permitan entender que, los recurridos han materializado una acción que afecte en la esencia, los garantías constitucional pretendidamente conculcadas, desde que, es posible tener por efectivo que, no existe inconveniente para el tránsito en el camino de servidumbre que impida el acceso por el mismo.

Por las razones anteriores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de nombre reservado y don nombre reservado.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

Regístrese, y Archívese en su oportunidad.

N°Protección-7629-2024. (csd)