nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

C.A. de Temuco Temuco, veintiocho de mayo de dos mil veinticinco VISTOS:

Con fecha 10 de noviembre de 2024, comparece nombre reservado en favor de doña nombre reservado, trabajadora dependiente, cédula nacional de identidad N.º RUT reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), Subcomisión Malleco, fundando su pretensión en el rechazo del pago del subsidio correspondiente a las licencias médicas N.º 100628773-1, 101894568-8, 102957225-5 y 104121454-2, por un total de 156 días a contar del 29 de marzo de 2024. Alega que dichas licencias fueron presentadas ante la COMPIN, la que, no obstante aprobar clínicamente el reposo, resolvió declarar “sin derecho a subsidio” conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del DFL N.º 44 de 1978, por estimar que no cumplía con los requisitos previsionales exigidos, particularmente la existencia de tres meses de cotizaciones dentro de los seis meses anteriores al inicio del reposo.

Expone que dicha decisión, confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución Exenta R-01-UJU-162062-2024, vulnera sus derechos fundamentales, en particular su integridad psíquica, su derecho a la protección a la maternidad y su derecho de propiedad, consagrados en los artículos 19 N.º 1, N.º 9 y N.º 24 de la Constitución Política de la República. Sostiene que la existencia del vínculo laboral se encuentra debidamente acreditada mediante contrato de trabajo suscrito con la empresa Ingeniería Azka Even Limitada, liquidaciones de sueldo de los meses de enero, febrero y marzo de 2024, boletas de pago y certificados de cotizaciones previsionales registradas ante las instituciones correspondientes. Añade que las cotizaciones del período cuestionado fueron efectivamente enteradas, sin perjuicio de haberse registrado en el sistema de manera posterior a la emisión de las licencias, situación que, a su juicio, no debe ser imputada a ella ni utilizarse como fundamento para negar el subsidio maternal.

Señala que el rechazo afecta no solo su situación económica, sino también el bienestar de su hija recién nacida, atentando contra el principio de interés superior del niño, consagrado tanto en la legislación nacional como en instrumentos internacionales ratificados por Chile.

Solicita que se deje sin efecto el rechazo administrativo, se ordene el pago del subsidio correspondiente a las licencias señaladas, y se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

La COMPIN Subcomisión Malleco, al evacuar su informe, indica que las licencias médicas individualizadas por la recurrente fueron efectivamente autorizadas desde el punto de vista clínico, no obstante lo cual, se resolvió que no procedía pago de subsidio por no acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 4 del DFL N.º 44 de 1978. Señala que del análisis del historial previsional de la recurrente se constató que las cotizaciones correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024 fueron registradas en el sistema en fecha posterior a la emisión de las licencias médicas, situación que no permitió verificar oportunamente la continuidad de la relación laboral. Agrega que la COMPIN consultó formalmente a la Superintendencia de Seguridad Social en atención a la eventual existencia de una relación laboral controvertida, considerando que la afiliación previsional se encontraba registrada por FONASA y que la tramitación se originó en el contexto de una discrepancia entre el empleador, la ISAPRE y la trabajadora. Concluye que la COMPIN actuó conforme a derecho, con apego al procedimiento y dentro del ámbito de su competencia legal y reglamentaria.

La Superintendencia de Seguridad Social, mediante en su informe, sostiene que no es la entidad que resuelve el otorgamiento o rechazo de licencias médicas ni del subsidio asociado a ellas, sino que se limita a pronunciarse, a través de resoluciones administrativas, respecto de las reclamaciones formuladas contra lo resuelto por las COMPIN en ejercicio de su competencia.

Refiere que se recabaron los antecedentes del caso de la COMPIN reclamada, entre los cuales consta el MEMORANDUM N° 06-2024, de fecha 14 de octubre de 2024, de la UNIDAD DE SUBSIDIO DE LA COMPIN SUBCOMISIÓN MALLECO, en el que se concluye que el vinculo laboral que se hace valer para impetrar el beneficio de seguridad social, en este caso, el subsidio por incapacidad laboral, sería simulado. Al respecto de señala lo siguiente: “…” la trabajadora en comento tiene pluriempleo, vale decir, cumple funciones para dos empleadores distintos por lo cual presenta dos licencias médicas para justificar ausencia laboral. Dado el punto anterior es que con el empleador individualizado como ingeniería Azka Even Limitada, Rut N° RUT reservado, no se cumplían los requisitos. En el certificado de cotizaciones previsionales adjunto a los antecedentes se muestra el pago de cotizaciones previsionales correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024, cancelados en el 19 de junio de 2024 y la cotización correspondiente a diciembre de 2023 pagada con fecha 14 de agosto de 2024. Evidentemente corresponden a cotizaciones previsionales necesarias para el cálculo del respectivo subsidio.

“Por su parte la ley indica lo siguiente: “El empleador debe retener las cotizaciones de sus trabajadores y pagarlas en las entidades recaudadoras (algunos bancos y en todas las Cajas de Compensación de Asignación Familiar) dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones. Si el plazo de 10 días vence en día sábado, domingo o festivo, dicho plazo se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Si el pago no es oportuno, las sumas adeudadas deben reajustarse conforme al IPC y aplicarse un interés penal, de acuerdo a una tabla emitida por la Superintendencia de Seguridad Social,” Que fue lo sucedido en el caso indicado. Por lo tanto, para quien suscribe resulta dudoso la existencia de un vínculo laboral concreto, ya que, si se cuenta con la capacidad de cancelación de un sueldo pactado, no se entiende la demora en el pago de cotizaciones, que justamente corresponde a las cotizaciones requeridas para el cálculo de subsidio de una licencia médica.

“La existencia de documento como el contrato de trabajo y que las imposiciones se encuentren pagadas, no es suficiente para tener por acreditada una relación laboral. En efecto, la prestación de servicios se debe acreditar con la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia (huellas laborales materiales y concretas), esto es, continuidad en los servicios prestados, asistencia del trabajador, cumplimiento de un horario, etc., hechos que no se han podido verificar en esta situación particular, puesto que, de acuerdo con contrato de trabajo, no se especifica el detalle de labores a realizar, ni dirección en la que cumplirá funciones la trabajadora, ni tampoco el horario de trabajo en el que se realiza la función para la que fue contratada, ya que en el contrato de trabajo solo indica que está acogida al inciso 2 del artículo 22 del código del trabajo, es decir, queda excluido de las limitaciones de la jornada de trabajo.

“Que acompañando a la licencia médica postnatal se puede visualizar el certificado de nacimiento de la recién nacida, y quien se registra como padre es don nombre reservado, Rut N° RUT reservado, dueño y representante legal de la empresa empleadora de la trabajadora en cuestión. De acuerdo con todo lo anterior expuesto, para quien suscribe el vínculo laboral es simulado, para obtención de beneficios de salud y previsión …”

Explica que analizados los antecedentes del caso, dicha Superintendencia procedió a dictar la Resolución Exenta N° R-01-UJU-162062-2024 de 16 de octubre de 2024, limitándose a informar los resultado de fiscalización laboral efectuada por la COMPIN, reiterando que la jurisprudencia vigente de ese Servicio establece que no existen preceptos que le habiliten para pronunciarse sobre asuntos de vínculo laboral, debiendo, en caso de existir dudas al respecto, someterse el asunto al conocimiento de los Tribunales de Justicia.

En efecto, agrega, en el referido dictamen, el que en ningún caso confirma el rechazo de las licencias reclamadas, se señala que:

“… 3.- Que, conforme se desprende del artículo 1°, del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene dos objetivos generales, a saber, permitir la ausencia justificada al trabajo y el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el periodo de incapacidad laboral; finalidades que resultan improcedentes en caso de licencias medicas presentadas por quien no acredita la condición de trabajador.

Que, el vinculo entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante la constatación de huellas materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de las labores, no bastando para estos efectos la sola exhibición de documentos formales, tales como contrato de trabajo, certificado otorgado por la propia empleadora, registros de asistencia, liquidaciones de remuneración o comprobantes de pago de cotizaciones previsionales.

Que, precisamente, las gestiones de fiscalización tienen por objeto evitar el pago improcedente de un subsidio por incapacidad laboral derivado del uso de una licencia médica, a quien no detente realmente la calidad de trabajador.

4.- Que, la COMPIN rechazó efectuar el pago del subsidio de las licencias médicas de que se trata, por no acreditarse la calidad de trabajadora dependiente de la reclamante.

5.- Que, sobre esta materia se debe hacer presente que la jurisprudencia vigente de este Servicio, establece que no existen preceptos que le habiliten para pronunciarse sobre asuntos de vínculo laboral, debiendo, en caso de existir dudas al respecto, someterse el asunto al conocimiento de los Tribunales de Justicia…”.

Sostiene que de acuerdo a lo resuelto, no es cierto que la Superintendencia de Seguridad Social haya rechazado las licencias medicas ni dispuesto no pagar el subsidio por incapacidad laboral de la supuesta trabajadora, sino que fue la COMPIN la que, en ejercicio de sus atribuciones legales, fiscalizó el legitimo ejercicio del derecho denominado “licencia médica”, como el subsidio por incapacidad laboral, prestación pecuniaria que reemplaza a la remuneración o renta, según se trate de un trabajador dependiente o independiente. Es más, agrega, de acuerdo con los antecedentes que obran en los respectivos expedientes administrativos, las licencias medicas fueron autorizadas, teniendo cobertura médica, pero sin derecho a subsidios al no comprobar la COMPIN huellas laborales efectivas de la relación laboral invocada. En relación con lo anterior, afirma, debe tenerse presente que el artículo 48 del D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, dispone que: “… Las Compin y las ISAPRE, deberán fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica …. Que, por otra parte, existe reiterada jurisprudencia emanada de los Tribunales Superiores de Justicia, que ha establecido que sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras de organismos como son las COMPIN y la Superintendencia de Seguridad Social, la determinación del vinculo laboral o de una relación laboral, es de competencia exclusiva de los tribunales de Justicia, cuando ello es materia controvertida como en el caso de la recurrente. Conforme a lo expuesto, estima, no han incurrido en una actuación ilegal o arbitraria, al omitir pronunciarse de la existencia del vínculo laboral que se invocó para hacer uso de licencias medicas y del subsidio por incapacidad laboral que se negó por parte de la COMPIN de la región de La Araucanía.

Por último, señala que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparadas por la acción cautelar que motiva estos autos.

Por su parte, el Fondo Nacional de Salud (FONASA) informa que no ha tenido participación en el rechazo de las licencias médicas ni en la calificación de su procedencia, puesto que su función en esta materia es actuar como pagador de subsidios de incapacidad laboral, una vez que se dicta resolución favorable por parte de la COMPIN o ISAPRE correspondiente. Indica que, al no haber sido autorizadas las licencias médicas para pago, no ha recibido orden de pago ni antecedentes que le permitan ejecutar desembolso alguno, razón por la cual estima que no ha incurrido en acto u omisión que pueda calificarse como ilegal o arbitrario.

Se trajeron los autos en relación, procediendo a la vista del recurso en la audiencia del pasado 12 de mayo, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 10 de noviembre de 2024, doña nombre reservado dedujo acción constitucional de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Malleco, de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), solicitando se restablezca el imperio del derecho con ocasión del rechazo del subsidio por incapacidad laboral derivado de las licencias médicas N.º 100628773-1, 101894568-8, 102957225-5 y 104121454-2, correspondientes a reposo maternal por embarazo, parto y puerperio. Alega que la COMPIN resolvió denegar el derecho al subsidio fundándose en que no se habría acreditado la existencia de vínculo laboral con su empleadora, Ingeniería Azka Even Limitada, desconociendo los antecedentes aportados y vulnerando con ello sus derechos constitucionales a la integridad psíquica, protección a la maternidad y propiedad.

SEGUNDO: Que de los antecedentes acompañados por la recurrente constan copia de contrato de trabajo vigente, liquidaciones de remuneraciones, registros de cotizaciones previsionales, documentación que no ha sido controvertida en forma judicial ni invalidada administrativamente, y que fue oportunamente presentada en sede administrativa. Asimismo, se acredita que las cotizaciones previsionales correspondientes al período anterior al reposo médico fueron efectivamente enteradas por el empleador, circunstancia reconocida por los propios informes técnicos, aun cuando dichas cotizaciones habrían sido pagadas al sistema con posterioridad a la fecha de emisión de las licencias.

TERCERO: Que la COMPIN Subcomisión Malleco, mediante Resolución de 16 de septiembre de 2024, resolvió calificar las licencias como autorizadas clínicamente, pero “sin derecho a subsidio”, fundándose en que no se habría acreditado el vínculo laboral requerido conforme al artículo 4 del DFL N.º 44 de 1978. Para sustentar dicha decisión, valoró antecedentes formales y emitió un juicio administrativo sobre la existencia de relación laboral, estimando que ésta sería inexistente o simulada, basándose en elementos tales como el carácter extemporáneo del ingreso de cotizaciones y supuestas relaciones personales con el representante legal del empleador, sin que conste que se haya requerido prueba adicional ni otorgado a la trabajadora una instancia contradictoria efectiva.

CUARTO: Que, ante el recurso de reposición interpuesto por la recurrente, la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta R-01-UJU-162062-2024, no confirmó expresamente lo resuelto por la COMPIN, sino que se abstuvo de pronunciarse sobre el fondo del asunto, limitándose a declarar que, conforme a su jurisprudencia administrativa reiterada, no tiene competencia para resolver sobre la existencia o inexistencia de un vínculo laboral, siendo dicha materia propia de la competencia de los Tribunales de Justicia. Pese a ello, no dejó sin efecto la resolución dictada por la COMPIN, permitiendo que subsistiera un acto administrativo cuya motivación principal reposa precisamente en un juicio de inexistencia de vínculo laboral, lo que la propia Superintendencia reconoció como materia ajena a su ámbito de decisión.

QUINTO: Que, en consecuencia, se configura una omisión relevante por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, la que, al no contar con competencia para pronunciarse sobre el vínculo laboral, debió dejar sin efecto la resolución recurrida de la COMPIN y disponer que se calificara el subsidio sobre la base de los antecedentes previsionales y contractuales efectivamente acompañados, o bien haber derivado el conocimiento del asunto a la autoridad competente, conforme a las normas del artículo 14 de la Ley N.º 19.880.

SEXTO: Que lo obrado por la COMPIN Subcomisión Malleco excedió su competencia reglada, al emitir un juicio de inexistencia de relación laboral sin contar con facultades para ello, sin investigación sumaria y sin someter el asunto al conocimiento de la jurisdicción competente, fundando la denegación de un derecho previsional en consideraciones subjetivas no demostradas. Esta actuación se estima contraria al principio de juridicidad consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, que exige que los órganos administrativos actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, conforme al procedimiento legalmente establecido.

SÉPTIMO: Que, además, la negativa del subsidio por razones de forma atribuibles a terceros, como lo sería el registro extemporáneo de cotizaciones previsionales, sin que exista dolo, simulación o falsedad atribuible a la trabajadora, implica una afectación directa a su derecho de propiedad sobre una prestación legalmente prevista, destinada específicamente a proteger su condición de trabajadora embarazada, resultando también comprometido su derecho a la integridad psíquica, dada la privación de recursos durante el período de maternidad, y el principio de protección preferente a la maternidad y a la infancia.

OCTAVO: Que, por consiguiente, concurre en la especie una actuación ilegal y arbitraria por parte de la COMPIN Subcomisión Malleco, consistente en la emisión de una resolución que desestimó un derecho previsional fundándose en una materia respecto de la cual carece de competencia; y una omisión por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, que, habiendo constatado dicha falta de atribución, no adoptó ninguna medida destinada a corregir o anular el acto administrativo afectado. Ambas conductas, en su conjunto, privaron a la recurrente del ejercicio legítimo de garantías constitucionales expresamente amparadas por la acción de protección, por lo que el recurso debe acogerse.

Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; en la Ley N.º 19.880; en el DFL N.º 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se resuelve:

I. Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), Subcomisión Malleco, y de la Superintendencia de Seguridad Social.

II. En consecuencia, SE DEJA SIN EFECTO la resolución de 16 de septiembre de 2024 dictada por la COMPIN Subcomisión Malleco, que resolvió denegar el pago del subsidio correspondiente a las licencias médicas N.º 100628773-1, 101894568-8, 102957225-5 y 104121454-2, emitidas a nombre de la recurrente.

III. SE ORDENA a la COMPIN Subcomisión Malleco que, dentro del más breve plazo, proceda a emitir acto administrativo que apruebe el pago del subsidio por incapacidad laboral correspondiente a las licencias médicas individualizadas, considerando válidos los antecedentes contractuales y previsionales acompañados por la recurrente en sede administrativa, prescindiendo de valoraciones o conjeturas sobre la existencia del vínculo laboral.

IV. SE ORDENA a la Superintendencia de Seguridad Social que supervise el estricto y oportuno cumplimiento de lo ordenado, adoptando, de ser necesario, las medidas administrativas que correspondan en su calidad de órgano de supervigilancia.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena, quien fue del parecer de rechazar el recurso de protección interpuesto de acuerdo con las siguiente consideraciones:

PRIMERO: Que no se ha desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos dictados por los órganos recurridos, los cuales se ajustaron a su competencia y al procedimiento que la normativa aplicable contempla.

SEGUNDO: Que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Malleco resolvió conforme a los antecedentes disponibles y en aplicación del artículo 4 del DFL N.º 44 de 1978, que exige, para el reconocimiento del subsidio por incapacidad laboral, la acreditación de un mínimo de cotizaciones previsionales. No corresponde a esta sede cautelar resolver sobre la suficiencia o autenticidad del vínculo laboral que se afirma, cuando sobre dicho aspecto existen elementos que generan duda razonable y cuya resolución compete a los Juzgados Laborales.

TERCERO: Que la Superintendencia de Seguridad Social, por su parte, no validó ni confirmó el fondo de lo resuelto por la COMPIN, limitándose a señalar, correctamente, que no tiene atribución para pronunciarse sobre la existencia de una relación laboral controvertida, por lo que no puede estimarse que haya convalidado acto ilegal alguno ni incurrido en omisión reprochable.

CUARTO: Que, por tanto, no se configura en autos un acto u omisión arbitrario ni ilegal que vulnere garantías fundamentales en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución, razón por la cual el presente recurso debe ser desestimado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del voto de mayoría de cargo del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado y del voto en contra, su autora.

N°Protección-7534-2024. (csd)