nombre reservado con MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

C.A. de Temuco Temuco, veintinueve de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece don STEPHAN SMITMANS BONILLA, abogado, en representación de don nombre reservado, ingeniero civil en obras civiles, ambos con domicilio, para estos efectos, en domicilio reservado, quien expresa:

Que interpone Recurso de Protección en contra de: 1) MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, representado por el ministro de dicha cartera, don JUAN CARLOS GARCÍA PÉREZ DE ARCE, o por quien en derecho lo represente, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana y 2) DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, del Ministerio de Obras Públicas, representada por don JAIME HUIDOBRO MEDEL o por quien en derecho lo represente, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, en razón de la dictación de la Resolución Exenta RA N° 97/1083/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, del Director Nacional de Vialidad (S), don JAIME HUIDOBRO MEDEL, que dispone la no renovación de la designación a contrata del recurrente, por las consideraciones de hecho y de derecho que pasa a exponer.

Que, mediante Resolución Exenta TRA Nº 97/343/2018, de fecha 25 de julio de 2018, de la Dirección Nacional de Vialidad, se contrató en calidad “A CONTRATA” al recurrente, para prestar servicios en Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, siendo asignado a la Oficina Provincial Malleco, ubicada en la ciudad de Angol, de esta Región.

Que, su contrata fue prorrogada del 1° de enero al 31 de diciembre del 2019. Posteriormente, del 1° de enero al 31 de diciembre del 2020. Luego, del 1° de enero al 31 de diciembre del 2021. Finalmente, la última prórroga de su contrata fue a contar del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, mediante la Resolución Exenta Nº 97/864/2021.

Que, el 23 de octubre de 2018, 3 meses después de haber comenzado a prestar servicios para la recurrida, mediante la Resolución Exenta N° 5607, del Director Nacional de Vialidad, se le delegaron una serie de funciones como Jefe Provincial de Vialidad.

Por su parte, mediante la Resolución Exenta N° 2321 de 2022, se dejaron sin efecto estas funciones, manteniendo al recurrente como funcionario a contrata, desempeñándose en la misma Oficina Provincial de Vialidad.

Que, como se expuso, en el caso del recurrente, se renovó su contrata cuatro veces, prestando servicios para la recurrida desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2022.

FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

La Resolución Exenta RA N° 97/1083/2022 es un Acto Administrativo, de modo tal que, en su dictación, ha de ajustarse a las prescripciones de la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en la que se asegura un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado.

DE LOS FUNDAMENTOS: FUNCIONES DE CARÁCTER DIRECTIVAS.

Que, como consta en la citada Resolución Exenta N° 5607, de 23 de octubre de 2018, del Director Nacional de Vialidad, si bien al actor se le delegaron una serie de funciones, estas no tendrían el carácter de directivas, más si el propio delegante (Director Nacional de Vialidad) establece en la misma Resolución que el recurrente dependerá jerárquicamente de dos autoridades regionales, como se refiere en el Resuelvo 5° de este Acto administrativo.

Que, no puede considerarse que su representado cumplía funciones directivas, si sus labores se sometían a la supervisión de 2 autoridades distintas, a nivel regional y que dependen a su vez del delegante, es decir del Director Nacional de Vialidad.

Además, como consta en la Resolución Exenta TRA Nº 97/343/2018, de fecha 25.07.2018, de la Dirección Nacional de Vialidad, se dispuso que se le asignaría el grado 8° de la ESCALA UNICA DE SUELDOS, grado que en ningún caso se le otorga a quienes asumen funciones que pudieran ser consideradas como directivas.

Que asumir que cualquier tipo de funciones que son delegadas en un funcionario lo ubican en un status de “Funcionario que ejerce funciones directivas”, llevaría a avalar que bastaría delegar cualquier función, para posteriormente determinar la terminación de una contrata, argumentando que no se configuraría en estos la “confianza legítima”, de la que se hablará más adelante.

Que esta supuesta argumentación o fundamento es meramente artificial y sólo busca ser usada de base para “justificar” los fundamentos posteriores.

Refiere que esas funciones que se le habían delegado le fueron quitadas, continuando con las que se señalaron en su contratación, durante meses y hasta la fecha y con el cargo de Analista en Planificación e Ingeniería.

DE LOS FUNDAMENTOS. PÉRDIDA DE CONFIANZA Que, como se desprende del acto recurrido, no se explican ni desarrollan las supuestas razones que habrían llevado a perder la confianza en el recurrente, argumentación de la que no está exenta la autoridad al tratarse de un Acto Administrativo que requiere ser fundado, exponiéndose de forma clara los fundamentos fácticos que llevaron a la situación descrita. Además, reitera que fue la propia autoridad la que meses antes de decidir su no renovación, le había quitado estas supuestas “funciones directivas” y don nombre reservado, cumplía las funciones permanentes que le fueron asignadas en su primera contratación.

DE LOS FUNDAMENTOS: CONFIANZA LEGÍTIMA.

Este supuesto fundamento se basaría en que el recurrente no se encontraría amparado por la confianza legítima, en virtud de las funciones que habría cumplido en algún momento.

Que, en el caso de marras, como se expuso anteriormente, el recurrente fue contratado en el mes de julio de 2018, renovándose 4 veces su contrata, siendo la última renovación hasta el 31 de diciembre de 2022.

Que, en virtud de lo anterior, sí le ampararía a su representado la confianza legítima.

Que, resulta pertinente referir que don nombre reservado, no se desempeñó en ninguno de los cargos referidos en la cita anterior y que, en virtud de la propia decisión de la autoridad, no cumplía hace meses con las funciones que le habían delegado.

Luego, no resulta pertinente que “se estime” que la administración se encuentre facultada para poner término anticipado a la contratación de cualquier funcionario al cual se le hayan delegado funciones o que haya sido designado en cualquier tipo de Cargo Funcional, más aún si por decisión de la propia autoridad ya no cumplía tampoco estas funciones al momento de disponerse su no renovación.

Alega, entonces, que el CARGO FUNCIONAL de Jefe Provincial de Vialidad no debe considerarse dentro de las excepciones a la configuración de la confianza legítima aludidas por los Dictámenes de la Contraloría General de la República.

En segundo lugar, de considerarse que el referido cargo efectivamente debe ser estimado dentro de las excepciones, lo anterior no exime al Jefe Superior del Servicio, en este caso al Director Nacional de Vialidad, a fundamentar las razones que la habrían llevado a perder la confianza que habría determinado la designación de don nombre reservado y en virtud de eso disponer la no renovación de su contrata, toda vez que todos los Actos Administrativos deben ser motivados.

En tercer lugar, insiste en que el recurrente ya no cumplía esas funciones o no desempeñaba ese cargo, por lo que no puede la administración basar su decisión en una premisa falsa.

DE LOS FUNDAMENTOS: TÉRMINO ANTICIPADO.

Que, en este punto resulta evidente toda la motivación aparente del acto administrativo recurrido.

Se expone que la decisión corresponde al “término anticipado”, pero en el Resuelvo Único, lo que se determina es no prorrogar su contrata por la anualidad 2023.

Evidentemente lo que hace la administración es tratar de entregar una fundamentación, pero únicamente al objeto de cumplir una formalidad, sin analizar el caso en concreto y sin relacionarse lo expuesto en los Considerandos del Acto con lo que en definitiva es resuelto.

DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA, LOS CARGOS DE EXCLUSIVA CONFIANZA Y LA “PÉRDIDA DE LA CONFIANZA QUE SUSTENTA LA CONTRATACIÓN”.

En razón de sus especiales características, esto es, que quienes lo sirven no gozan del derecho a la carrera funcionaria como tampoco de estabilidad en el empleo, pues se mantienen mientras cuenten con la confianza de la autoridad, es que el artículo 6º de la Ley Nº 18.834, los excluye del régimen de carrera funcionaria al señalar que ésta se iniciará con el ingreso en calidad de titular a 15 un cargo de la planta, y se extenderá hasta los cargos de jerarquía inmediatamente inferior a los de exclusiva confianza.

En este orden de ideas, se debe destacar que el término de las funciones de personas que sirvan cargos de exclusiva confianza se regula en los artículos 146 y 148 del último texto legal antes citado, previéndose la petición de renuncia y la declaración de vacancia, como mecanismos para cesar las funciones (SCS Rol Nos 18.910- 2018, 1277-2019). En otras palabras, el cargo de exclusiva confianza, no se define por la decisión de la autoridad a quien sirve el funcionario, sino por el ordenamiento jurídico.

CONCLUSIONES Que, todo lo expuesto anteriormente en este recurso, conlleva que el Acto Administrativo incurra en el vicio de motivación defectuosa por motivación aparente, al no contener una motivación real, dado que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión y sólo intenta dar un cumplimiento formal a la exigencia de motivar.

Que ha de concluirse, en consecuencia, que el acto impugnado, no cumple con la motivación que exige la ley, tornándose ilegal, al no adecuarse a las normas que regulan su dictación y también arbitrario, tanto al carecer de explicación racional la decisión final adoptada como en virtud de todo lo expuesto en los títulos anteriores, vulnerándose de esta manera la garantía constitucional de igualdad y no discriminación arbitraria consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, desde que no se divisa en la especie la razón de un tratamiento distinto en el caso de su representado, a quien se le ha decidido no renovar su contrata, respecto de otros casos en los cuales sí se ha respetado el principio de motivación suficiente el debido proceso consagrado a su vez en el numeral 3° inciso quinto del mismo artículo y el derecho de propiedad, consagrado en el numeral 24°, que tenía la recurrente sobre las remuneraciones que debía percibir al menos hasta el 31 de diciembre de 2023.

Solicita tener por interpuesto RECURSO DE PROTECCIÓN en contra del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD del Ministerio de Obras Públicas, ya individualizados, acogerlo en todas sus partes y en definitiva:

1. Ordenar se deje sin efecto la Resolución Exenta RA N° 97/1083/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, del Director Nacional de Vialidad (S), don JAIME HUIDOBRO MEDEL, que dispone la no renovación de la designación a contrata del recurrente, por ser este Acto Administrativo ilegal y arbitrario.

2. Ordenar la renovación de la contrata de don nombre reservado, para el año 2023, debiendo renovarse su contrata para los años siguientes, permaneciendo en el cargo en tanto no concluya por calificación deficiente o sanción adoptada en un sumario administrativo legalmente tramitado.

3. En subsidio de lo anterior, ordenar el pago de las remuneraciones correspondientes al año 2023.

4. Disponer cualquier otra medida adicional o alternativa a las referidas, destinada a restablecer el imperio del derecho.

5. Condenar a la recurrida al pago de las costas del recurso Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Resolución Exenta TRA Nº 97/343/2018, de fecha 25.07.2018, de la Dirección Nacional de Vialidad que dispone la contratación del recurrente.

2. Resolución Exenta D.V. N° 5607, de fecha 23 de octubre de 2018, del Director Nacional de Vialidad, mediante la cual se le delegan una serie de funciones, estableciendo la dependencia jerárquica del Director Regional de Vialidad y del Jefe del Departamento Regional de Conservación y Administración Directa.

3. Resolución Exenta RA N° 97/952/2019, de la Dirección Nacional de Vialidad, que prórroga la contrata del recurrente por la anualidad 2020.

4. Resolución Exenta RA N° 97/1083/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, del Director Nacional de Vialidad (S), don JAIME HUIDOBRO MEDEL, que dispone la no renovación de la designación a contrata del recurrente y que corresponde al Acto Administrativo respecto del cual se recurre.

A folio 14 informa doña nombre reservado, Directora Nacional (S) de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, señalando:

Que el recurso se interpone con ocasión de la Resolución Exenta RA N° 97/1083/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, del Director Nacional de Vialidad (S), que dispone la no renovación de la designación a contrata del recurrente, notificada al mismo con fecha 30 de noviembre de 2022 y fundada en los argumentos de hecho y de derecho que ella indica y, que se citan a continuación:

"Las funciones que desempeñó nombre reservado, son de carácter directivas, conforme a la autorización expresa contenida en los incisos 2" y 6o del artículo 67 del DFL N° 850 de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964 y del DFL N° 206, de 1960.

Que, según lo expuesto, debe existir una relación de confianza entre la autoridad y nombre reservado, toda vez que según los dictámenes N° 6.400, de 2018, y E156769, de 2021, ambos del Organismo Contralor, a propósito de la aplicación del concepto de confianza legítima, aplicable también a los términos anticipados, ha señalado que tratándose de los jefes de gabinete y asesores en gabinetes de ministros, subsecretarios y jefes de servicios, donde existe una especial naturaleza de confianza entre las pertinentes autoridades y quienes desarrollan las labores comentadas, no aplica el criterio señalado en dichos pronunciamientos, por lo que se estima que el funcionario en cuestión se encuentra en esa hipótesis, de manera que al no existir hoy esa naturaleza de confianza con la autoridad, el término de su contrata se ajusta a derecho.

Que, en efecto y en lo pertinente, conforme a lo señalado en dictamen N° 28.664, de 2018, en una situación análoga, la Contraloría General de la República, ha señalado que "los funcionarios a contrata a los cuales se les encomienden tareas directivas se encuentran en una situación diferente que la del resto del personal a contrata, por la relevancia que tienen las labores que los primeros desempeñan para el funcionamiento del servicio, cuya asignación y delegación consiste en una medida de buena administración que tiene el propósito de que el organismo pueda atender las necesidades públicas de una manera regular, continua y permanente, como lo ordenan los artículos 3o y 28 de la ley N° 18.575." Que, teniendo en consideración lo indicado en los puntos anteriores, se ha determinado el término anticipado de la contrata de nombre reservado, fundado en que se ha perdido la naturaleza de confianza que implica las funciones desempeñadas por aquel, dado que se ejercen de acuerdo a los lineamientos que debe recibir desde el Director Regional de La Araucanía de este Servicio, lo que importa un necesario e indispensable nexo de aquel vínculo, lo que no se presenta en la especie, razón por la que se estima que los servicios de nombre reservado, ya no son necesarios, y además motivado en la necesidad de contar con una persona respecto de la cual si exista la referida relación de confianza, para el desempeño de una función directiva, mediante su correspondiente encomendación.

Que, en este último sentido, la II Contraloría General Metropolitana de Santiago, mediante Resolución 4157/2022, indicó en un caso análogo, que la motivación expuesta por el Servicio, es decir, la pérdida de confianza entre el interesado y la autoridad, es un fundamento válido que permite entender y dar por justificada la decisión de desvincular anticipadamente al requirente.

Que, el artículo 11 de la ley N° 19.880, dispone, en lo que interesa, que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos* actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, la que deberá ser fundada.

Así, los actos administrativos en que se materialice la decisión de terminar anticipadamente una designación, como es del caso, deberán contener "el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta", de lo cual se da cumplimiento en los considerandos de la presente resolución.

INFORME DE LOS HECHOS OCURRIDOS Y FUNDAMENTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

El Sr. nombre reservado ingresó a prestar servicios a la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía, Provincia de Malleco, el año 2018, como profesional - ingeniero Civil, grado 8 de la E.U.S. bajo la calidad de Contrata, constando su contratación en la Resolución Exenta N° 97/343/2018, de fecha 14 de agosto de 2018.

Su designación a contrata se realizó a través de la Resolución TRA N° 97/343/2018, de fecha 14 de agosto de 2018, a contar de 9 de julio de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, y mientras fueran necesarios sus servicios, para ejercer el cargo funcional de Analista en Planificación e Ingeniería.

No obstante lo anterior, a través de la Resolución (E) D.V. N° 5607, de fecha 23 de octubre de 2018, se le delegaron una serie de atribuciones como Jefe Provincial de Vialidad de la Provincia de Malleco, para ser ejercidas dentro del territorio de la respectiva región.

La última prórroga de esta designación, se realizó a contar del 01 de enero de 2022, y hasta el 31 de diciembre de esa anualidad considerando la fórmula "y mientras sean necesarios sus servicios", a través de la Resolución Exenta N° 97/864/2021.

Dentro de las funciones que se le delegaron se encontraron atribuciones genéricas, ejecutivas, administrativas, relativas a personal, presupuestarías, y aquellas referentes a la circulación de vehículos con cargas indivisibles.

Los Jefes Provinciales de Vialidad, desempeñan dentro del marco de su competencia, funciones directivas, es decir, de responsabilidad sobre el personal y recursos que se encuentran bajo su supervigilancia así sobre como las atribuciones que detenta y el cumplimiento de metas asociadas a la gestión de la provincia.

En efecto, el objetivo del cargo consiste en proponer, a nivel provincial, los planes anuales de estudios y proyectos y los de ejecución de las obras y faenas de conservación y mantención que le corresponda realizar, cumpliendo y haciendo cumplir dichos planes en el territorio de su jurisdicción, una vez aprobado por el/la Director /a Regional de Vialidad, colaborar con sus superiores jerárquicos en el logro de los objetivos institucionales, siendo un gestor que planifique, organice, dirija, ejecute y evalúe, propiciando una debida coordinación y velando por el eficiente cuidado de los recursos públicos que se pongan a su disposición.

En cuanto a las funciones principales que desempeña, el perfil de cargo de la Jefatura Provincial las detalla, y establece que son las siguientes:

1.- Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos ministeriales.

2.- Planificar las actividades de la Oficina Provincial a su cargo, según lineamientos ministeriales y objetivos regionales.

3.- Controlar la ejecución del presupuesto asignado para e! período.

4.- Gestionar los recursos humanos de su dependencia.

5.- Administrar infraestructura, materiales y herramientas tecnológicas de su responsabilidad.

6.- Gestionar el cumplimiento de los indicadores de gestión a su cargo.

7.- Apoyar en términos técnicos a clientes internos/as y externos/as en materias propias de su especialidad.

8.- Responsable sobre el equipo de trabajo que dirige, realizando su gestión a través de estilos y prácticas motivadoras, que contribuyan a la formación de los/las funcionarios/as y a generar ambientes laborales sanos 9. Gestionar el desempeño de sus funcionarios/as, realizando retroalimentación presenciales y periódicas, sobre la base de juicios fundados, identificando aciertos y errores, fortalezas y áreas de mejora, desafíos y proyecciones respecto a resultados y/o comportamientos.

Adicionalmente, del mismo perfil de cargo, queda reflejado que las jefaturas provinciales poseen responsabilidad directa por supervisión del personal, por manejo presupuestario y por toma de decisiones. También, posee responsabilidad por manejo de información confidencial y responsabilidad alta por relación con clientes/usuarios internos/as o externos/as.

Así las cosas, y como es posible advertir tanto del perfil de cargo de la Jefatura Provincial, como de la Resolución de delegación de atribuciones, las funciones que desempeñó don nombre reservado son de carácter directivas, conforme a la autorización expresa contenida en los incisos 2o y 6o del artículo 67 del DFL N° 850 de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964 y del DFL N° 206, de 1960.

En cuanto al término de sus funciones, es preciso indicar que, encontrándose vigente la contrata del Sr. nombre reservado, a través de Resolución Exenta N° 2321 de fecha 05 de septiembre de 2022, se dejó sin efecto la delegación de atribuciones al funcionario como Jefatura Provincial de la Provincia de Malleco y, a través de la Resolución Exenta RA N° 97/1083/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, se puso término a la misma "por no ser necesarios sus servicios", de conformidad a los considerandos expresados en dicha Resolución.

Finalmente, se resuelve poner término anticipado a la designación de don nombre reservado, por no ser necesarios sus servicios en virtud de las consideraciones dispuestas en la Resolución Exenta RA N° 97/1083/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, la cual indica las razones y fundamentos de la decisión administrativa de la autoridad en ese sentido, con lo que cumple con la legislación vigente y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República sobre el particular.

ARGUMENTOS PARA RECHAZAR EL RECURSO.

La Dirección Nacional de Vialidad considera que el Recurso de Protección interpuesto por el recurrente debe ser rechazado en todas sus partes, al no verificarse ningún acto arbitrario e ilegal, en atención a que el cargo de Jefe Provincial es un cargo de exclusiva confianza.

Cabe precisar que, la Resolución Exenta RA N° 97/1083/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, es un acto administrativo, y en dicha calidad, goza de una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios desde su entrada en vigencia, de acuerdo a lo que prescribe el inciso final del artículo 3 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, se encuentran dictadas en el ámbito de atribuciones del Jefe Superior del Servicio y constituyen actos debidamente fundados, además, se encuentran amparadas tanto en las normas administrativas que se establecen en él, como en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República.

LA DESIGNACIÓN A CONTRATA ES ESENCIALMENTE TRANSITORIA En este sentido, el artículo 3o en su literal c), del Estatuto Administrativo, indica que "Empleo a contrata es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución".

Enseguida, el artículo 10 del mismo Estatuto, en su Título I, sobre normas generales, señala expresamente en su inciso primero "Los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que lo sirvan expirarán en funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos." Como es dable observar, la norma aludida establece un plazo máximo de vigencia del cargo a contrata, a cuya llegada cesa el vínculo por el solo ministerio de la ley, sin perjuicio de la posibilidad de que el cese se produzca antes.

En consecuencia, los preceptos del Estatuto Administrativo, no hacen más que establecer las causales de cese, naturaleza, derechos y obligaciones que se conceden a un grupo asimilable e igualitario como son los funcionarios públicos a contrata, según la función y naturaleza que la Constitución y las leyes han previsto para ellos.

A mayor abundamiento, resulta útil precisar que constituye una atribución exclusiva del jefe superior de un Servicio, designar a los funcionarios, no prorrogar los cargos a contrata y poner término anticipado a estos, entre otras.

LOS JEFES PROVINCIALES DE VIALIDAD DESEMPEÑAN UN CARGO DE EXCLUSIVA CONFIANZA El DFL 1-19175, que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en su artículo 66, dispone que "La desconcentración territorial de los servicios públicos nacionales se hará mediante direcciones regionales o provinciales a cargo del respectivo director regional o provincial, quien dependerá jerárquicamente del director nacional del servicio".

Por su parte, el D.F.L M.O.P N° 850/1997, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964 y del D.F.L. N° 206, de 1960 (Ley Orgánica del M.O.P.) no contempla los cargos de Jefes Provinciales, sino que estos tienen una naturaleza funcional, dado que la fórmula que se utiliza es la delegación o asignación de funciones directivas a través de la dictación de los respectivos actos administrativos, lo que ha sido reconocido por la C.G.R. por ejemplo, mediante los dictámenes N° 35.400 de 2000 y N° 21.351, de 2004.

En este sentido, la delegación de atribuciones a los recurrentes se encuentra amparada en el artículo 67 del D.F.L. M.O.P. N° 850/1997, el que dispone:

"Los Directores, el Fiscal, los Sub-Directores, en su caso, los Jefes de Departamento y los Secretarios Regionales Ministeriales, podrán con aprobación de su superior jerárquico, delegar alguna o algunas de sus atribuciones propias en funcionarios de su dependencia en la forma que indica la presente ley.

Los funcionarios antes indicados podrán delegar, en igual forma, las demás atribuciones que otras leyes les confiera.

La delegación se hará bajo la responsabilidad del delegante, sin perjuicio de la que le corresponda al delegado. La responsabilidad del delegante es la derivada de sus actuaciones propias en el acto de la delegación y de su obligación de supervigilary fiscalizar el correcto ejercicio de las facultades que hubiere delegado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior la responsabilidad derivada del ejercicio de las facultades delegadas, recaerá en el delegado.

Cuando la delegación de facultades recaiga en el personal a contrata, la que comprenderá también el ejercicio de las funciones directivas que se le encomienden, la responsabilidad derivada al ejercerlas será solidaria entre delegante y delegado." Es en este último párrafo donde se regula de manera explícita la legitimidad del nombramiento de funcionarios a contrata en cargos directivos, quienes mantienen una relación estrecha de responsabilidad y confianza con quien los nombra.

En línea con lo anterior, no existe impedimento para no prorrogar la contrata de un funcionario que detenta un cargo directivo a contrata por la causal de pérdida de confianza, como ocurrió en el presente caso, no siendo necesarios sus servicios. Así, según lo regulado en el dictamen N° 6.867/2020 "la misma fundamentación basada en la pérdida de confianza que puede invocarse para solicitarle la renuncia a un empleado titular, debe servir para justificar el término anticipado de una contrata asimilada a ese cargo." No es menos cierto además, que los Jefes Provinciales son nombrados de manera directa, sin concurso previo, y por el hecho de ostentar, en el momento de su designación, la confianza del Director Nacional, lo que aconteció en el caso de marras.

LA CONTRATA DEL RECURRENTE SE HIZO BAJO LA FÓRMULA "MIENTRAS SEAN NECESARIOS SUS SERVICIOS".

La última prórroga de la designación del recurrente, se realizó a contar del 01 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de esa anualidad y mientras fueran necesarios sus servicios, a través de la Resolución Exenta N° 97/864/2021.

Al respecto, cabe recordar los pronunciamientos de la Contraloría General de la República contenidos en los dictámenes N° 46.647 de 2007 y N° 24.256 de 2010, mediante los cuales la Entidad Fiscalizadora ha precisado que, cuando una designación a contrata ha sido dispuesta con la fórmula mientras sean necesarios sus servicios, la superioridad puede concluirla en el momento que juzgue conveniente, sin que para el efecto sea menester la aceptación del afectado.

Precisado lo anterior, el dictamen N° 48.251 de 2010 de la Contraloría General de la República, prevé que la aplicación de la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios", puede estar referida a las aptitudes personales del empleado (entendemos que una de ellas sería la calidad de confianza que recae sobre él), las cuales ya no son requeridas por el servicio, sin que ello implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las áreas que a aquél se le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario.

LA LEGÍTIMA CONFIANZA NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE NO PRORROGAR LA DESIGNACIÓN ACONTRATA Es efectivo desde que el Sr. nombre reservado entró como funcionario a la Dirección de Vialidad en el año 2018 y hasta el año 2022, se le renovó su contrata de manera ininterrumpida; pero aquello no significa que la contrata pueda no prorrogarse, en la medida que el acto administrativo que pone término a la misma, se encuentre debidamente fundado y motivado, como se verifica en la especie. Dicho lo anterior es posible concluir, entonces, que los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad; lo que no obsta a que los jefes superiores del Servicio, y dentro de la potestad discrecional que detentan, puedan ponerle término de manera anticipada o no prorrogar su renovación, si los servicios ejercidos ya no son requeridos.

Acentuándose este poder discrecional más aún, cuando la resolución de nombramiento en el cargo del recurrente, lo dispone expresamente como una posible causa de término.

NO ES EFECTIVO QUE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA SEA ILEGAL La no prorrogación de la designación a contrata del recurrente, se debió a la pérdida de confianza de la autoridad facultada para realizar su nombramiento. Dicho acto se materializó a través de la Resolución Exenta RA N° 97/1083/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022 y contiene las razones que fundamentaron la decisión de no prorrogar la contrata del recurrente. Su dictación se efectuó por la misma autoridad y se notificó personalmente con fecha 30 de noviembre de 2022, circunstancias todas, que excluyen la arbitrariedad e ilegalidad denunciadas por el nombre reservado.

Así las cosas, no se advierte la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, por cuanto la terminación del contrato del recurrente operó por el sólo ministerio de la ley, el día 31 de diciembre de 2022 en relación con el artículo 10° del Estatuto Administrativo, el que prevé que "los empleos a contrata durarán, como máximo sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el sólo ministerio de la ley...". Señalando a su vez en su artículo 153 que "El Término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento de plazo por el cual es contratado, produce inmediata cesación de sus funciones".

Es menester hacer presente que, la relación que vinculaba al funcionario con la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía no es de naturaleza contractual, sino estatutaria, naciendo con el nombramiento y terminando con la decisión de término anticipado, o bien, a través de la expiración del plazo establecido para su fin, el que no puede exceder del 31 de diciembre de cada año, siempre y cuando, no exista una resolución que renueve la contrata.

En consecuencia, el actuar del superior en el caso de autos se encuentra dentro de la esfera de sus atribuciones y fue realizado dentro del marco que establece la ley, incluida la interpretación realizada por la Contraloría General de la República.

NO ES EFECTIVO QUE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA SEA ARBITRARIA El artículo 11 de la ley N° 19.880, dispone, en lo que interesa, que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Por su parte el artículo 41, inciso cuarto del mismo cuerpo estatutario, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada.

En consecuencia, arbitrario es aquel acto que no expresa su causa, motivo o circunstancia, lo que no ocurrió en el caso materia de esta acción, como queda de manifiesto al leer la Resolución que pone término a su contrata, impugnada en autos y que detalla de manera clara y precisa los fundamentos que tuvo la Dirección de Vialidad para no prorrogar la contrata del recurrente para el año 2023.

Por tanto, la dictación de la Resolución Exenta RA N° 97/1083/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, no fue arbitraria ni ilegal, como erróneamente sostiene la parte recurrente; debido a que encontrándose vigente la contrata del actor, se decidió no prorrogar la misma para el año 2023 por no ser necesarios sus servicios al haberse perdido la confianza de la autoridad facultada para realizar su nombramiento, de conformidad a los considerandos y a las razones, fundamentos y hechos expresados en la resolución recurrida. Cumpliendo de esta manera, con la legislación vigente y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, la que, en su carácter de acto administrativo, goza de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios desde su entrada en vigencia. Además de haber sido dictada en el ámbito de atribuciones del Jefe Superior del Servicio.

ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS La decisión de no prorrogar la contratación del Sr. nombre reservado, tomada conjuntamente entre el Director Regional de Vialidad de La Araucanía, con las autoridades del Nivel Central consideró, también el clima laboral con los funcionarios de la provincia de Malleco, además de la relación con las autoridades externas a nivel Provincial.

Constancia de lo anterior, es la Resolución (E) DV.RA N° 1046, de fecha 25 de mayo de 2021, a través de la cual se aplicó la medida disciplinaria de censura al Sr. nombre reservado, como consecuencia del cargo único formulado en su contra, el que indica que: "Por haber infringido lo establecido en el artículo 64 del DFL N° 29/2004, Estatuto Administrativo, que señala que es obligación de las autoridades y jefaturas, letra c) desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo con instrucciones claras y objetivas, de general aplicación, velando permanentemente por que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios. Lo anterior en su calidad de Jefe Provincial Vialidad Malleco, por haber aprobado el sistema de turnos, propuesto por la Jefa Regional de Pesaje, sin resguardar la debida igualdad entre los funcionarios y haber destinado por Resolución DV PM N° 704 de 1 de octubre de 2018, a la funcionaría nombre reservado a la Unidad de Conservación de la Dirección de Vialidad, Provincial Malleco, ocasionándole una rebaja considerable de sus ingresos.”

LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AMENAZA, PERTURBA NI PRIVA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES AL RECURRENTE.

Los recurrentes sustentan su acción de protección en la supuesta vulneración de sus garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N° 2, N° 3 inciso 5°, y N° 24 de la Carta Fundamental, que habría cometido el Servicio con motivo de su desvinculación.

Sin perjuicio de que las consideraciones anteriormente señaladas bastarían para declarar improcedente el presente recurso de protección o en su caso, su rechazo, es pertinente señalar que no se ha visto amenazado, perturbado o privado en caso alguno ningún derecho constitucional del recurrente con ocasión de la dictación de las resolución impugnada.

LA RESOLUCIÓN QUE PONE TÉRMINO ANTICIPADO A LA CONTRATA DEL RECURRENTE NO ATENTA CONTRA SU DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.

Refiere el recurrente que la Resolución que contiene la decisión de no prorrogar su contrata atenta contra su derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo indicado, por cuanto no se divisaría en la especie la razón de un tratamiento distinto en su caso, desde que se ha decidido no renovar su contrata, respecto de otros casos en los cuales sí se ha respetado el principio de motivación y de debido proceso.

En efecto, como se ha señalado, el recurrente desempeñó un cargo de exclusiva confianza y en este sentido, la remoción de funcionarios de exclusiva confianza de la autoridad competente, constituye el ejercicio de una potestad discrecional entregada por la ley a la Administración, en consecuencia y, además del conocimiento técnico que debe tener el profesional, para desempeñar ese cargo, requiere contar con la confianza de quien lo designa para el ejercicio de esas funciones.

En este sentido, la remoción de funcionarios de exclusiva confianza de la autoridad facultada por Ley para efectuar el nombramiento, constituye el ejercicio de una potestad discrecional entregada por la ley a la Administración, por lo que no existe vulneración alguna al derecho de igualdad ante la Ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, la acción deducida no cumple el estándar mínimo de argumentación para sostener un trato diferenciado o discriminación arbitraria alguna en las decisiones contenidas en la resolución impugnada.

LA RESOLUCIÓN QUE PONE TÉRMINO ANTICIPADO A LA CONTRATA DEL RECURRENTE NO ATENTA CONTRA SU DERECHO AL DEBIDO PROCESO.

Adicionalmente, indica que la Resolución recurrida vulnera el derecho al debido proceso, contenido en el artículo 19 N° 3 inciso 5o de la Carta Fundamental, que prevé que 'Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos." Niega que la acción deducida, o los hechos acontecidos cumplan el estándar mínimo de argumentación para sostener que el recurrente fue siquiera juzgado sin un proceso legaimente tramitado, lo que atentaría contra el derecho fundamental garantido en el art. 19 N° 3 Inc. 5o del Texto Constitucional.

Como fue indicado, la normativa es clara en indicar las razones por las que, la autoridad correspondiente puede arribar a esa decisión, y una de ellas, es la pérdida de confianza. Por lo demás, se debe reiterar que las contratas son esencialmente transitorias, que no existe impedimento para su no renovación mientras la resolución sea fundada y, que su designación se hizo para el tiempo estipulado en el documento y, "mientras sean necesarios sus servicios", de manera que, una vez que estos no son indispensables, no existe impedimento para prescindir del funcionario.

Como se expresó, la dictación de la Resolución que no renovó la Contrata del recurrente se realizó por la autoridad competente dentro del ámbito de sus atribuciones, aplicando la normativa y la jurisprudencia administrativa vigente sobre la materia, lo que en ningún caso implica una vulneración del aludido derecho del ex funcionario.

LA RESOLUCIÓN QUE PONE TÉRMINO ANTICIPADO A LA CONTRATA DEL RECURRENTE NO ATENTA CONTRA SU DERECHO DE PROPIEDAD.

Finalmente, de acuerdo al recurrente, la Resolución Exenta RA N° 97/1083/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, del Director Nacional de Vialidad (S), atentaría contra su derecho de propiedad, asegurado para todas las personas en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, indicando que lo tenía sobre las remuneraciones que debía percibir al menos hasta el 31 de diciembre de 2023.

A este respecto, es dable indicar que no existe un derecho incorporado al patrimonio del demandante que obligue a prorrogar su contrata hasta el 31 de diciembre de cada año, o que impida a la autoridad a disponer su cese antes del 31 de diciembre de cada año, ni mucho menos sobre la eventual remuneración que habría percibido por desempeñarse en un cargo durante una próxima anualidad.

Sobre el particular conviene recordar que la jurisprudencia mayoritaria de nuestros tribunales está conteste en que sobre el empleo público no tiene el funcionario un derecho de propiedad homologable al que tutela el numeral 24° del artículo 19 constitucional, sino un derecho a la función, el que se traduce en su permanencia en el cargo respectivo mientras no se configure una causal legal de cesación en el mismo, que es lo que ha acontecido en el caso materia de esta acción.

No es, pues, el derecho a la función un derecho incorporado al patrimonio de su titular, ni mucho menos un derecho negociable como lo es el de dominio, sino un derecho estatutario, por entero sometido a la regulación unilateral del legislador, propia del Derecho Público.

Bajo estas consideraciones y de acuerdo a lo precedentemente señalado, tampoco se conforma de manera alguna transgresión a esta garantía constitucional invocada.

En ese sentido no existiendo vulneración alguna a las garantías constitucionales amparadas por la acción de protección, la misma debe ser rechazada, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resolución Exenta N° 97/343/2018, de fecha 14 de agosto de 2018, de Director Nacional de Vialidad.

2.- Resolución Exenta N°5607 de 2018, de Director Regional de Vialidad (S).

3.- Resolución Exenta RA N° 1046 de fecha 25 de mayo de 2021, del Director Nacional de Vialidad.

4.- Resolución Exenta N° 2321 de fecha 05 de septiembre de 2022 de Director Nacional de Vialidad.

5.- Resolución Exenta RA N° 97/1083/ 2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, de Director Nacional de Vialidad (S).

6.- Notificación de fecha 30 de noviembre de 2022 efectuada al Sr. nombre reservado.

7.- Perfil de cargo Jefatura Provincial de Vialidad.

A folio 18 informa Eliana Muñoz Zoffoli, Fiscal Nacional del Ministerio de Obras Públicas, quien ratifica el informe de la Directora Nacional (S) de Vialidad.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el arbitrio constitucional en análisis, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que, en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague, o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o, arbitrario, es decir, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él y que sea capaz de provocar alguna de las infracciones que se han indicado.

SEGUNDO: Que en el caso sublite el acto que se tilda de ilegal, arbitrario y por ende vulneratorio de derechos fundamentales, es la dictación de la Resolución Exenta RA N°97/1083/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022, emanada del Director Nacional de Vialidad (S), a través del cual se dispone la no prórroga de la contrata del recurrente para el año 2023, por no ser necesarios sus servicios.

TERCERO: Que para resolver, conviene dejar establecido el marco jurídico que regula el asunto sometido a la decisión de esta Corte de Apelaciones.

Que en primer lugar, el régimen normativo del cargo a contrata y la definición del mismo se encuentran consignados en el artículo 3° letra c) del DFL Nº 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto expresa que: “Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”; y en el artículo 10° del mismo texto legal, que regula su duración, al preceptuar que estos cargos durarán como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Que en cuanto a la motivación del acto administrativo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, dispone que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, lo que debe interpretarse en concordancia con el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, que establece que “Las resoluciones finales contendrán la decisión, la que será fundada”.

Por su parte, resulta pertinente citar –a propósito de un cargo de exclusiva confianza-, lo dispuesto en el inciso 2 y 6 del artículo 67 del DFL N°850 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15840 de 1964 y del DFL N°206 de 1960, que señala:

“Artículo 67º.- El Director General, con aprobación del Ministro de Obras Públicas, podrá delegar en los Directores, el Fiscal del Ministerio de Obras Públicas, los Sub-Directores, en su caso, los Jefes de Departamento, las facultades que esta ley señala.

Los Directores, el Fiscal, los Sub-Directores, en su caso, los Jefes de Departamento y los Secretarios Regionales Ministeriales, podrán con aprobación de su superior jerárquico, delegar alguna o algunas de sus atribuciones propias en funcionarios de su dependencia en la forma que indica la presente ley.

Los funcionarios antes indicados podrán delegar, en igual forma, las demás atribuciones que otras leyes les confiera.

La delegación se hará bajo la responsabilidad del delegante, sin perjuicio de la que le corresponda al delegado. La responsabilidad del delegante es la derivada de sus actuaciones propias en el acto de la delegación y de su obligación de supervigilar y fiscalizar el correcto ejercicio de las facultades que hubiere delegado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior la responsabilidad derivada del ejercicio de las facultades delegadas, recaerá en el delegado.

Cuando la delegación de facultades recaiga en el personal a contrata, la que comprenderá también el ejercicio de las funciones directivas que se le encomienden, la responsabilidad derivada al ejercerlas será solidaria entre delegante y delegado.

El Presidente de la República, para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, establecerá en el Reglamento, las funciones y atribuciones que específicamente pueden delegar los funcionarios, a que se refieren los incisos precedentes.”

Esta última norma, sin bien no contempla los cargos de jefes provinciales, estos tienen una categoría funcional utilizándose la fórmula de delegación o asignación de funciones directivas a través de la dictación del respectivo acto administrativo, encontrándose, por ende, la delegación sustentada en el artículo 67, del DFL 850/1997, ya citado.

CUARTO: Que, asimismo, es necesario consignar que constituye un hecho indubitado que el actor ingresó a prestar funciones para el servicio mediante el régimen de contrata el 25 de julio de 2018 y que mediante Resolución (E) D.V. N° 5607, de fecha 23 de octubre de 2018, se le delegaron atribuciones como Jefe Provincial de Vialidad de la Provincia de Malleco.

También lo es que la última prórroga de su contrata se efectuó mediante Resolución Exenta 97/864/2021, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año o mientras fueran necesarios sus servicios.

QUINTO: Que conforme a los antecedentes que obran en autos, es posible concluir, entonces, que el actor desempeñó el cargo de Director Provincial de Vialidad en Malleco, desde el 23 de octubre de 2018 y a lo menos hasta el 5 de septiembre de 2022, según consta de la Resolución Exenta 2321 de esa fecha, funciones que obedecen sin lugar a dudas a un puesto de exclusiva confianza cuya permanencia está sujeta a la mantención de la misma por parte de la superioridad del Servicio.

SEXTO: Que consecuentemente, habiendo cumplido el recurrente labores en un cargo de exclusiva confianza, mediante delegación de facultades y encontrándose vigente su contrata hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta que fueren necesarios sus servicios, la facultad implícita de la autoridad para poner fin a la vinculación de un empleado a contrata comprende también aquellas situaciones en que esta calidad se encuentra unida al desempeño de un cargo de exclusiva confianza del jefe superior del servicio, facultado para efectuar el nombramiento, que es lo que ocurrió verdaderamente en el caso sub judice.

Desde esa perspectiva, no existe impedimento alguno para no prorrogar la contrata de un funcionario que detentó un cargo de exclusiva confianza, por la causal de pérdida de la misma, no siendo ya necesarios sus servicios, desde que –como se dijo, la naturaleza de los cargos directivos obedecen a la exclusiva confianza del superior jerárquico, que es lo que habilita justamente el término de aquellos cuando ésta ya no exista, lo que constituye una cuestión facultativa y de carácter subjetivo del organismo contratante.

SÉPTIMO: Que en cuanto a la motivación del acto administrativo del que se reclama, es menester dejar establecido que de su sola lectura se advierte que éste contiene sobradamente los fundamentos que lo justifican, no incurriendo así el recurrido en la arbitrariedad que se achaca a su decisión.

OCTAVO: Que por lo dicho, no se avizora como la recurrida ha incurrido en un acto u omisión arbitrario o ilegal, toda vez que la resolución impugnada que puso término a la contrata del actor por no contar con la confianza de la autoridad, se ajustó al marco normativo y al ejercicio de una potestad discrecional que le confiere la ley, al estimar que el funcionario dejó de contar con la confianza requerida para el desempeño del cargo, amén que el acto administrativo que así lo dispuso contiene la fundamentación que la ley exige.

NOVENO: Que en cuanto al principio de confianza legítima que se dice, ampara el recurrente, debe tenerse presente que ésta tiene excepción en los cargos de exclusiva confianza puesto que se trata de una designación que no permite al funcionario a contrata obtener la legítima alternativa de permanencia en el cargo.

DÉCIMO: Que por último y tratándose de un cargo a contrata, siendo éste uno esencialmente transitorio, el jefe superior del Servicio goza de la facultad necesaria poner término a tal vinculación de manera anticipada o no prorrogar su renovación si los servicios ya no son necesarios, como fundadamente se expresa en la resolución recurrida.

Para así decidirlo, se tiene en consideración que aun cuando fuere efectivo que el actor desempeñó el puesto que dice detentar, tampoco le asistía la confianza legítima que pretende, desde que laboró para el servicio durante cuatro años, no alcanzando el periodo que tanto la jurisprudencia judicial como administrativa exigen para que opere tal amparo.

UNDÉCIMO: Que en síntesis, en concepto de esta Corte la autoridad no ha incurrido en abuso o exceso, por cuanto, ha hecho uso de sus facultades legales al emitir la Resolución Impugnada, ni tampoco ha contravenido la ley, ya sea considerando la naturaleza transitoria del cargo a contrata, la necesidad de los servicios o bien la modalidad bajo la cual se desempeñó el recurrente, esto es, como profesional y Jefe Provincial de Vialidad.

Consecuentemente, no existiendo un comportamiento antijurídico ni ilegal atribuible a la recurrida, el recurso deberá ser necesariamente desestimado, no correspondiendo pronunciarse, entonces, sobre las supuestas afectaciones o vulneración de garantías constitucionales denunciadas por el recurrente.

Por estas consideraciones y atento lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, el deducido por don STEPHAN SMITMANS BONILLA, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la ministra A. Cecilia Aravena López.

Protección-75304-2022.(fcv)