nombre reservado con CORPORACIÓN EDUCACIONAL EL BOSQUE

C.A. de Temuco Temuco, tres de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado, abogado, quien interpone recurso de protección en contra de CORPORACIÓN EDUCACIONAL EL BOSQUE, nombre reservado° 65.115.066-3, representada legalmente por su factor de comercio y Rectora doña nombre reservado, chilena, ignora profesión u oficio, y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN, nombre reservado° 61.980.220-9, representada legalmente por su Director Regional don OSCAR ENRIQUE VILLAR BREVIS, profesor, y/o quien lo subrogue, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, todo en favor de los estudiantes y apoderados de la comunidad educativa en general del Liceo Camilo Henríquez.

Funda su recurso en que, con fecha 22 de julio del año 2021, continúa el abandono de la Comunidad Educativa del Liceo Camilo Henríquez, por cuanto los profesores del Liceo Particular Subvencionado Camilo Henríquez de Temuco cumplieron ya casi 150 días de huelga legal, lo que ha generado un problema a los alumnos que deberían estar cursando sus clases, y en particular los estudiantes del Liceo Camilo Henríquez que se encuentran cursando Cuarto Año Medio que se encuentran ad portas de rendir la Prueba de Transición Universitaria.

Refiere que, la paralización la llevan a cabo el 60% de los profesores sindicalizados, quienes tienen un conflicto con el sostenedor del establecimiento que es la Corporación Educacional El Bosque, por lo que existen a la fecha cerca de 3.000 estudiantes del Liceo Camilo Henríquez que continúan con sus clases interrumpidas respecto de cuyo contrato de prestaciones de servicios, con la recurrida Corporación Educacional El Bosque, les obliga a seguir pagando las cuotas de mensualidad y anualidad sin recibir como contraprestación la debida prestación de servicios educacionales suscrita.

Detalla que, desde el mes de marzo del año en curso, se dio comienzo a la huelga legal por parte de los profesores del Liceo Camilo Henríquez, presentando padres y apoderados diversas acciones en contra de la Corporación Educacional El Bosque, buscando precisamente el retorno a las actividades lectivas, pero ello no ha tenido resultados favorables, continuando la recurrida institución educacional con el cobro indiscriminado de las mensualidades.

Manifiesta que durante las pocas clases online que han presenciado cierta cantidad de alumnos, se encuentran las materias de historia, inglés y religión. Ellas –las materias mencionadas- en mucho distan de la entrega de calidad a la cual los estudiantes del emblemático Liceo se encontraban acostumbrados, clases que duran por debajo las horas lectivas que se deben cumplir, con trabajos e información de regular calidad que la Institución Educacional publicita entregar, además del hecho que no todos los cursos del liceo cuentan con las clases mencionadas. Así, existen cursos en que definitivamente no se imparten las clases mencionadas y que de hacerlo no satisfacen con las necesidades educacionales acordes a calidad de los estudiantes y con el nivel de conocimiento que se debería entregar.

Señala que, respecto de la Superintendencia de Educación, esta omite sus obligaciones de supervigilancia de la Educación y/o fiscalización, al señalar que no son los responsables de fiscalizar por la falta de prestación del Servicio Educativo, delegando la función a la Inspección del Trabajo o a la Contraloría, afectando en consecuencia la esencia del Derecho a la Educación, a la Igualdad ante la Ley.

Estima que tales conductas vulneran, en primer lugar, la garantía fundamental del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que se logra constatar una clara infracción a los Derechos de Propiedad, de no solo de los derechos educacionales intangibles de los alumnos, sino además del patrimonio dinerario de los apoderados y de los montos de subvención pertenecientes a cada alumno para fines educacionales en razón del no cumplimiento de contrato por parte de la recurrida.

En segundo lugar, señala que se ha vulnerado el derecho a la educación, atendida la falta de prestación de servicios en el ámbito educacional, agregando que si bien el recurso de protección no ampara directamente el derecho a la educación en forma específica, indirectamente las protege por la vía del derecho de propiedad sobre los bienes incorporales que ya se han incorporado al patrimonio del educando, estudiante y de la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, derechos intangibles e incorporales referentes al sistema educativo.

Finalmente expone que se ha conculcado la salud psíquica y emocional de los estudiantes por la falta de información y comunicación, denegando las llamadas, correos electrónicos e incluso publicando en noticias del Diario Austral donde señalan de manera escueta que son ellos los que se encuentran en la razón del conflicto.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso y se declare:

1. La existencia de la perturbación de las garantías constitucionales del Artículo 19 N° 1 sobre integridad psíquica, Numeral 11 sobre Libertad de Enseñanza y el Numeral 24, todos de la Constitución Política de la República, por un lado, cometer la acción ilegal y arbitraria de cobrar las mensualidades y arancel, la omisión de no ejercer su labor fiscalizadora y no impedir el pago de las subvenciones o copagos por alumno que realiza el Estado para fines educacionales.

2. Que mientras no se restablezca del imperio del derecho, se mantenga inalterable el patrimonio activo de los apoderados y alumnos, suspendiendo el cobro y pago del servicio educativo.

3. Que mientras no se restablezca del imperio del derecho, se ordene suspensión del pago por parte del Estado de Chile de la subvención otorgada por cada alumno para fines educacionales.

4. Se ordene a la recurrida, realizar los actos que permitan a iniciar las clases de forma normal, continua y sin interrupciones; o que en que definitiva esta Iltma. Corte decrete las medidas que juzgue necesarias para el efectivo restablecimiento del imperio del derecho y asegurar la debida protección de los Derechos constitucionalmente protegidos de apoderados y estudiantes recurrentes; y se condene con ejemplar y expresa condenación en costas a los recurridos.

A folio 12, comparecen don nombre reservado y nombre reservado, abogados, en representación de la Superintendencia de Educación, apuntando que la Superintendencia de Educación forma parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación Parvularia, Básica y Media, creado mediante la Ley N° 20.529, de 2011, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación parvularia, básica y media y su fiscalización (LSAC), a fin de dar cumplimiento al deber del Estado de propender al aseguramiento de una educación de calidad en sus distintos niveles.

En primer lugar, a efectos de enmarcar las competencias de la Superintendencia conforme al mandato del legislador, es de importancia hacer presente que la LSAC establece en su artículo 48 que esta entidad fiscalizadora tiene por objeto, principalmente, fiscalizar, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a la normativa educacional, así como velar por la legalidad del uso de los recursos que éstos reciben como aporte estatal.

Indica que, respecto a las competencias de esta Superintendencia para fiscalizar normativa educacional con contenido laboral, el legislador ha incorporado distintas materias relacionadas al personal docente y asistente de la educación que, si bien son de naturaleza laboral, están vinculadas al proceso educativo, razón por la cual su fiscalización se encuentra en la esfera de atribuciones de este Servicio, con ciertas limitaciones. En ese sentido, una limitación viene dada por la materia a fiscalizar, tal como lo ha confirmado la jurisprudencia de la Contraloría General de la República (CGR), la fiscalización de esta obligación que recae sobre el sostenedor corresponde estrictamente al pago de remuneraciones o cotizaciones previsionales, sin que la SIE pueda verificar aspectos como la procedencia o mérito de su otorgamiento, así como la correcta determinación de sus montos, tal como lo señala el Dictamen N° 36, de 2017, de esta Superintendencia. En definitiva, la Superintendencia se encuentra habilitada para fiscalizar el cumplimiento de aquellas obligaciones con contenido laboral que se encuentren vinculadas inherentemente a la prestación del servicio educativo y que, por lo mismo, el legislador expresamente le haya otorgado la calidad de normativa educacional. De esta forma, todas las materias de orden laboral que no se encuentran cubiertas por la normativa educacional ya señalada, queda bajo el amparo de los organismos especializados dispuestos por la ley, por lo que no corresponde a la Superintendencia de Educación pronunciarse sobre el derecho a huelga de los trabajadores/as de los establecimientos educacionales en paro, ni calificar la legalidad de dicha movilización.

Refiere que desde el inicio de la problemática laboral que ha generado la huelga legal del “Sindicato de trabajadores del Liceo Camilo Henríquez”, es dable indicar que, al mes de junio de presente año, fueron ingresadas un total de 58 denuncias en contra del señalado establecimiento educacional y respecto al tema denunciado clasificado como “Ausencia de docentes e incumplimientos de horas de clases” y “Falta de docentes o asistentes de la educación” es del caso informar que, se solicitaron antecedentes al establecimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la LSAC y al revisar la documentación aportada por el colegio, se pudo arribar a la conclusión de que el establecimiento estaría actuando conforme a la normativa educacional vigente, en atención a que un centro educativo en huelga legal, en un proceso de negociación colectiva, se encuentra en un periodo excepcional en el que suspende la entrega del servicio educativo, debiendo, en los casos que corresponda, elaborar un plan de recuperación de actividades o clases e informarlo al Departamento Provincial de Educación correspondiente.

Agrega que solo una vez conocido el Plan de Recuperación del establecimiento es posible ejercer facultades fiscalizadoras respecto a su cumplimiento, por lo que una vez ejecutado el plan de recuperación por parte del establecimiento educacional la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación fiscalizará su materialización.

Luego, respecto a la temática “Uso de la Subvención”, con fecha 20 de abril del presente año, se ingresó denuncia de oficio en contra de la entidad sostenedora Corporación Educacional El Bosque, que administra, entre otros establecimientos educacionales, el Liceo Camilo Henríquez de Temuco, que cuenta con administrador y representante legal, cargo que ejerce don nombre reservado, según la Declaración del Sostenedor ante la SIE. Al respecto, cabe señalar que se realizó fiscalización, levantando acta N° 210900275, de fecha 29 de abril de 2021, iniciándose un proceso administrativo sancionatorio por eventuales infracciones a la normativa educacional ya antes referida, conforme al artículo 66 y siguientes de la Ley N° 20.529, encontrándose sancionada en primera instancia y pendiente de resolución el recurso de reclamación ingresado con contra de dicha sanción.

Manifiesta que a contrario de lo sostenido por la recurrente, se hace presente que dicha Superintendencia ha dado respuesta a múltiples respuestas a oficios de solicitud de información, aclaraciones de la normativa educacional, entre otras, por parte de integrantes de la comunidad educativa, el Sindicato de Trabajadores, Senadores (as) y Diputados (as) de la República, Contraloría Regional de la Araucanía y el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, las cuales se adjuntan en un otrosí del presente informe.

Concluye señalando que no se logra acreditar por parte de los recurrentes de qué forma, este servicio, estaría infringiendo garantías constitucionales, pues, claro está, que no ha existido una omisión arbitraria o ilegal en el ejercicio de las funciones de la Superintendencia.

Acompaña a su informe: 1. ORD. N° 0508, del 27 de abril de 2021, dirigido a H. Senadora de la República señora nombre reservado; 2. ORD. N° 0528, del 03 de mayo de 2021, dirigido a la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Camilo Henríquez; 3. ORD. N° 0535, del 03 de mayo de 2021, dirigido al Prosecretario General de la Cámara de Diputados; 4. ORD. N° 0536, del 03 de mayo de 2021, dirigido al Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Henríquez; 5. ORD. N° 0537, del 03 de mayo de 2021, dirigido a la Abogada Secretaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados; 6. ORD. N° 0622, del 24 de mayo de 2021, dirigido al Contralor Regional de la Araucanía; 7. ORD. N° 0624, del 24 de mayo de 2021, dirigido al Prosecretario de la Cámara de Diputados; 8. ORD. N° 0631, del 26 de mayo de 2021, dirigido al Prosecretario de la Cámara de Diputados; 9. ORD. N° 0659, del 07 de junio de 2021, dirigido al Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

A folio 14, comparece don Jorge Lagos Araya, abogado, en representación de la parte recurrida CORPORACIÓN EDUCACIONAL EL BOSQUE, quien informa que dicha persona jurídica es una sin fines de lucro, con giro único educativo, constituida de acuerdo a las normas establecidas en los artículos 58 A y siguientes, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº20.845, Ley de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado, por tal no existe retiro de utilidades y que, tanto los dineros provenientes de la recaudación que se recibe por concepto de Financiamiento Compartido (FICOM) como los aportes del Estado son destinados al proyecto educativo en un 100%, de lo cual, anualmente, se debe dar cuenta a la Superintendencia de Educación.

Expone que no existe una claridad en el recurso interpuesto, éste no contiene una adecuada mención de las peticiones que se someten al fallo de vuestra Corte, puesto que, no sólo omite garrafalmente individualizar parte de los perjuicios que demanda en el texto del libelo, sino que además se contradice con lo esgrimido, ya que los recurrentes no dejan en claro cuál es la reclamación que quieren realizar por medio del presente recurso de protección, ya que en un punto hablan de la no realización de clases, luego de falta de prestación del servicio de educación que emanan de los contratos suscritos por los apoderados, los cuales a consideración de éstos vulneran los derechos de los consumidores, por lo que el presente recurso no es el mecanismo idóneo para resolver el conflicto, al ser materias contractuales, por un eventual incumplimiento de contrato o materias sobre la Ley Nº 19.496, normas sobre protección de los derechos de los consumidores.

En segundo lugar, refiere, los hechos enunciados y que se atribuyen a ésta, no son de aquellos que puedan constituir la vulneración de alguna de las garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que estos, más bien, corresponden a conflictos suscitados en el ámbito propio de una relación contractual cuya solución no puede alcanzarse a través de esta vía, cuyo objeto es cautelar la protección y amparo de derechos indubitados que pudieren ser objeto de afectación por terceros, lo que fue resuelto por esta Iltma. Corte bajo el Rol de ingreso Nº 1644-2021, el cual tiene el mismo tenor que el recurso de autos.

Manifiesta que contar del 09 de marzo de 2021, el Sindicato de trabajadores del Liceo Camilo Henríquez de Temuco, ha hecho efectiva la Huelga Legal en un proceso de negociación colectiva que inició el año 2019, por lo que no se impartirán las asignaturas en los cursos cuyos docentes se encuentren sindicalizados, no pudiendo el establecimiento efectuar reemplazo de los mismos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 345 inciso 2° del Código del Trabajo, que prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga, lo cual fue informado vía correo electrónico el día 10 de marzo a todos los estudiantes, informando de ello a la Seremi de educación y a la Dirección del trabajo, no pudiendo presentar aún un calendario de recuperación de clases sino hasta que la huelga llegue a su fin.

Indica que, conforme a la cláusula decimotercera del contrato de prestación de servicios educacionales suscrito por los apoderados que se acompaña, señala: “Vigencia: El presente contrato de prestación de servicios educacionales comenzará a regir a partir del primero de marzo del 2021 y expira al término del año escolar 2021. Se deja expresa constancia que además podrá ser renovado para el año escolar siguiente por mutuo y expresó acuerdo de las partes el que será expresado en la suscripción de un nuevo contrato prestación de servicios educacionales. Además se deja establecido que frente a situaciones excepcionales de suspensión de clases presenciales por caso fortuito, fuerza mayor, desastres naturales u otras como huelgas, tomas etcétera, el establecimiento educacional no asume responsabilidad alguna ni incurre en incumplimiento toda vez que las clases pueden ser recuperadas y/o realizadas de manera presencial u online en modalidad sincrónica o asincrónica, es decir, el proceso educativo se puede llevar a cabo con medidas alternativas, aunque en la práctica dichas medidas pedagógicas y/o administrativas sean distintas a las originalmente pactadas Las medidas alternativas serán determinadas por la Dirección del establecimiento dentro de los plazos y condiciones que establezca el Ministerio de Educación, todo de conformidad a la normativa educacional vigente e informadas oportunamente a los padres y/o apoderados lo que es conocido y aceptado por el apoderado que suscribe el presente contrato.”

Expone que el establecimiento educacional ha mantenido informado oportunamente de la situación tanto a las autoridades educacionales como a nuestros estudiantes y sus apoderados, así con fecha 01 de abril de 2021, se informó a todos los apoderados por parte de Subdirección Académica, las medidas de apoyo pedagógico a implementarse durante este periodo de contingencia. No es efectivo lo señalado en recurso interpuesto por lo apoderados, respecto a que no se ha dado respuesta a los apoderados de sus llamados telefónicos o correos electrónico. Es más, de igual forma se ha atendido a todo padre y apoderado que ha asistido de manera presencial al establecimiento educacional a fin de aclarar sus dudas, como asimismo por medio del portal del establecimiento educacional se ha informado de todo lo que está sucediendo en el liceo.

Respecto al no pago de las mensualidades en el Liceo por parte de los padres y apoderados, la sanción es el cobro de intereses y reajustes de los mismo, asunto que producto de las medidas adoptadas por la Corporación educacional para el Liceo Camilo Henríquez de Temuco, no se sancionará con éstas, es decir, no se cobrarán intereses ni se reajustarán los montos debidos, siendo esto un beneficio para los apoderados. Asimismo, se eximió a la mayoría de los padres y apoderas individualizados en este recurso del pago de matrículas, como así también el establecimiento siempre ha becado a sus alumnos que cumplan con los requisitos para recibir ese tipo de beneficio. Durante los años 2020 y 2021, aparte de las becas ya existentes, se creó la beca Covid, para ayudar a los padres y apoderados que no podían financiar la matrícula y mensualidades, producto de una disminución de sus ingresos. Sin perjuicio de ello, refiere que el cobro de mensualidades escolares no es ni ilegal ni arbitrario, tal como lo establecen los recurrentes, a esta situación en particular se debe aplicar la regla general contemplada en el artículo 1545 del Código Civil, destacando que su representada no ha dejado de impartir las clases.

Añade que con fecha 13 de agosto del año en curso, se ha puesto término a la huelga de los trabajadores del Sindicato del Liceo Camilo Henríquez de Temuco, por tal se hará entrega del Plan de recuperación de clases, al Departamento Provincial de Educación para su aprobación y posterior implementación a fin de redimir las horas de las asignaturas de aquellos docentes que se encontraban haciendo uso de su derecho a Huelga, para que puedan dar cumplimiento a la entrega del plan educativo anual para no perjudicar a los alumnos.

Finalmente niega la vulneración de derechos fundamentales, especialmente por cuanto no se puede inferir de ninguno de sus párrafos que su representada ha tomado una medida irracional o arbitraria, por el contrario, como se ha señalado lo que se busca es proteger a los alumnos y su derecho a la educación, ya que esta parte no ha accionado en contra de ningún apoderado que mantenga una deuda vigente, ni la cancelación de la matrícula ni el cobro de las prestaciones por vía judicial, tampoco se ha negado conectarse a las clases que su representada está impartiendo. A mayor abundamiento, con el fin de dar apoyo a los trabajadores en huelga, los alumnos, libremente, tomaron la decisión de no conectarse durante una semana a clases. Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: 1. Ordinario Nº621 de fecha 25 de marzo de 2020 emitido por la Superintendencia de Educación; 2. Recomendaciones del Ministerio de Educación Covid-19; 3. Ord Nº 09/2021 del 09.03.21 se informó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación y el Departamento Provincial de Educación Cautín Norte del inicio de la referida huelga en el establecimiento educacional; 4. Rex. N° 1571/2020 de la Secretaría Regional Ministerial de Educación que fija calendario escolar para el año 2021; 5. Plan de medidas extraordinarias para enfrentar consecuencias económicas derivadas del covid‐19 / ley 21.290, Liceo Camilo Henríquez de Temuco; 6. Protocolo de entrega de material pedagógico a comunidad educativa ante Covid-19; 7. Contrato de prestación de servicios educacionales suscritos por los recurrentes; 8. Print de la plataforma digital del Liceo Camilo Henríquez de Temuco, por la cual mantiene informada a la comunidad escolar de los beneficios y procesos que se han ido implementando en el establecimiento educacional.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, como lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, el recurso de protección constituye un mecanismo que tiene por finalidad el restablecimiento de un derecho, frente a situaciones materiales que amenazan o violan gravemente garantías constitucionales. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

TERCERO: Que, el recurrente sostiene la existencia de un actuar ilegal y arbitrario emanado de los sostenedores del Liceo Camilo Henríquez, de esta ciudad, por cuanto estos-muy fundamentalmente, más allá de otros reclamaciones como ausencia de información- han incumplido el contrato de prestación de servicios educacionales al no impartirse la totalidad de las materias del plan curricular habida consideración de la existencia de una huelga de un grupo de profesores, sin perjuicio de indicar- al mismo tiempo- que se han entregado algunas clases para ciertos cursos, y de admitir que existe un proceso de huelga legal.

CUARTO: Que, por su parte, la sostenedora recurrida ha sostenido la efectividad de la existencia del proceso de negociación colectiva y huelga de un grupo de profesores, encontrándose impedida legalmente de reemplazar a dichos trabajadores, reconociendo que algunas de las clases producto de ello, no son impartidas; empero, se ha manifestado, la huelga ha finalizado con fecha 13 de agosto del año en curso, por lo que presentarán ante la Secretaría Regional Ministerial del ramo el plan de recuperación de las clases no efectuadas, negando en consecuencia la existencia de un actuar ilegal o arbitrario que conculque derechos fundamentales de los apoderados y estudiantes.

A su turno, la Superintendencia de Educación ha expresado que carece de competencias en lo relativo al proceso de huelga de dichos trabajadores, y que ha realizado todas las actuaciones que, en el ámbito de sus competencias, establecen sus normas orgánicas, pero que entre ellas no se encuentra la de calificar o intervenir un proceso de huelga legalmente tramitado, pues ello dice relación con otros órganos fiscalizadores, sin perjuicio de expresar que, en lo relativo al uso de la subvención ello fue fiscalizado y se procedió a aplicar al liceo, ya señalado, una sanción que se encuentra reclamada. A lo que sumó que se han investigado al menos cincuenta y ocho denuncias que se han formulado, por lo que no es efectivo que no haya desplegado sus facultades, por el contrario ello se ha llevado adelante, por lo que no se divisa de qué forma, en base a dicho correcto actuar, se haya atentado en contra de las garantías que se estiman conculcadas.

QUINTO: Que, como consecuencia de lo planteado en el recurso y de lo informado por las recurridas, se vislumbra que existe una controversia central relativa a los alcances del contrato de prestación de servicios suscrito por los recurrentes y la Corporación sostenedora del Liceo ya señalado, el que, por su propia naturaleza, debe ser resuelta en un juicio de lato conocimiento, pues implica fijar el sentido y alcance de las normas contractuales que se convinieron. Debiendo indicarse a este respecto que ha sido la propia Corporación Educacional la que ha señalado que existe, precisamente, una cláusula que la exime de responsabilidad para el evento de que la suspensión de las clases se deba a una huelga legal, cuyo es el caso.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, como ha sido reconocido por parte de la recurrida, Corporación Educacional El Bosque, al haber finalizado el proceso de negociación colectiva y de huelga, con fecha 13 de agosto del año en curso, realizará la presentación del plan de recuperación de las clases no efectuadas, en los términos del artículo 5° de la Resolución Exenta N° 1571/2020 de la Secretaría Regional Ministerial de Educación que fija calendario escolar para el año 2021, por lo que, el recurso ha perdido oportunidad en dicho preciso aspecto, debido a la obligación que pesa sobre la entidad educacional ya señalada, adicionándose con ello otro motivo que, necesariamente, conduce al rechazo de la acción constitucional impetrada, desde que en las condiciones citadas no se vislumbra actuación ilegal o arbitraria que haya afectado las derechos constitucionales que expresa el recurrente, ya que como es manifiesto la suspensión de las clases es consecuencia de una proceso legal de huelga regido y votado de conformidad a las normas del Código del Trabajo y no a un actuar al margen de la ley o querido por el mero capricho.

SÉPTIMO: De igual modo, conforme a lo informado, la Superintendencia de Educación ha ejecutado todas y cada una de las actividades de fiscalización que le son atingentes para los casos, como el que se ha señalado, sin embargo es manifiesto que dicho órgano no posee la competencia de suspender un proceso de huelga en curso y votado legalmente por quienes adscriben al sindicato respectivo y ordenar el reemplazo de los trabajadores que se encuentran ejerciendo sus derecho colectivo de negociación, lo que pareciera exigir el recurrente a aquella, de manera que con ello no se divisa la omisión infractora de derechos que pretende el recurrente, constando de lo informado por la entidad fiscalizadora que, por el contrario la misma ha desarrollado diversas actividades de su competencia y ha dado respuesta a cincuenta y ocho denuncias, incluyendo un proceso de fiscalización que terminó en sanción.

OCTAVO: Que, de conformidad a lo señalado en los considerandos anteriores, es necesario concluir que en el presente caso no concurren los requisitos que habilitan acoger la acción de protección prospere, en particular no se vislumbra una acción u omisión vulneradora de garantías constitucionales imputable a los recurridos y por cuanto lo pretendido, en otro aspecto, excede los márgenes de la finalidad de la acción cautelar impetrada, como es aquello relativo a la interpretación de normas contractualmente convenidas, razones por las que, necesariamente ha de desestimarse.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don JUAN PABLO JARAMILLO GONZÁLEZ, abogado, en favor de los estudiantes y apoderados de la comunidad educativa en general del Liceo Camilo Henríquez, en contra de CORPORACIÓN EDUCACIONAL EL BOSQUE, y contra la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN, todos ya individualizados.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial sr. nombre reservado.

Protección Rol N° 7509-2021. (sac)