nombre reservado con INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP)

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de abril de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece JOSE LUIS NEIRA VEJAR, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, funcionario a contrata del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO INDAP, grado 13, para estos efectos de mi domicilio, quien dice:

Que interpone recurso de protección en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO INDAP, persona jurídica de derecho público, representada por su director nacional don SANTIAGO ROJAS ALESSANDRI, ignoro profesión u oficio y/o por su Subdirectora Nacional (S) nombre reservado, ignoro profesión u oficio, todos con domicilio para estos efectos en Temuco, domicilio reservado de Temuco por la actuación ilegal y arbitraria al dictar la resolución de fecha 17 de Noviembre de 2022 Nª 0085-044242/2022 que comunica la decisión de no renovar la contrata de mi representado para el año 2023 todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, según paso a exponer:

Mi representado, de profesión Ingeniero agrónomo, se desempeña como ejecutivo Integral área INDAP Villarrica, en virtud de designación a contrata de fecha 1 de Marzo de 2022, Resolución exenta Nº 166/484/2022 Cargo al que accedió en marzo de este año, después de haber sido más de 10 años extensionista del programa PRODESAL, hasta que se dio la oportunidad de postular al concurso público, concurso mixto para dos agencias de áreas una Villarrica y la otra Puerto Saavedra y por la cercanía a su residencia en la comuna de Gorbea seleccionó la postulación a la ciudad a la comuna de Villarrica a dicho cargo.

Luego de superar todas las pruebas y evaluaciones satisfactoriamente, ganó el concurso, para la comuna de Villarrica y en paralelo otro postulante se adjudicó el concurso de la ciudad de Puerto Saavedra, el que no ha sido objeto de término de contrata como ocurre con mi representado.

Sus labores en el Área Indap Villarrica, comenzaron el día 01 de marzo de 2022, teniendo un desempeño satisfactorio, obteniendo en ambas evaluaciones buenas calificaciones de parte de su jefatura, por ser un funcionario con vocación de servicio público, trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales, buena disposición al trabajo, asistencia y responsabilidad. Además en este periodo obtuvo una nota de mérito por resolver de forma eficaz las consultas y requerimientos de los usuarios.

Ademas mi representado ha realizado durante el año varias capacitaciones para mejorar sus competencias y poder entregar un servicio integral, realizando capacitaciones en tenencia y propiedad indígena, evaluación de proyectos de riego tecnificado, ya que es contraparte técnica de riego del área, Curso online de introducción a la agroecología, este último muy importante para la agricultura familiar campesina, donde también se es contraparte del programa y Curso Introducción a los Seguros Agropecuarios.

Dentro de sus otras funciones en el Área de Villarrica esta a cargo del programa PRODESAL, el cual por su experiencia anterior le permite tener un muy buen manejo, aportando con nuevas ideas y estrategias para ir en su mejora constantemente, además de tener la cartera crediticia del sector centro de la comuna de Villarrica, dentro del área trabaja junto a otros 2 ejecutivos, cada uno tiene un sector asignado (norte, centro y sur) donde se entrega atención a los requerimientos de usuarios y comunidades indígenas en diversos rubros, producción animal, cereales, hortalizas, frutales menores, turismo rural y artesanías, etc.

El día 05 de diciembre, llega a su domicilio una carta certificada de INDAP, que notifica la decisión de no prorrogar su contrata para el año 2023, decisión del todo arbitraria e ilegal ya que no contiene fundamento real y atingente al caso concreto del recurrente.

Tanto su jefatura directa como usuarios y representantes del consejo asesor de área Villarrica (CADA) se manifiestan sumamente sorprendidos con esta decisión y tratan a través de correos enviados al director regional de INDAP, revertir esta decisión, a lo que se suma la incertidumbre económica que enfrentara mas cuando esta próximo a ser padre.

Sabido es que las contratas tienen su vencimiento legal el 31 de diciembre de cada año, pero no es menos cierto que en el caso de accederse al cargo via concurso mi representado tiene la legitima confianza que de ello proviene similar a la que proviene de haber permanecido mas de 2 años bajo la modalidad de contratación de que su contrata será renovada periódicamente y que no podrá ponerse termino a esta si no que en virtud de calificación deficiente o de un sumario administrativo, tal como lo ha resuelto repetitivamente nuestra Excelentísima Corte Suprema, la contrata es un contrato a plazo indefinido que solo puede ponerse termino a través de las dos vías señaladas.

La Contraloría General de la República a través de sus Dictámenes N° 22.766 y 23.518, ambos de 2016, consagró a través del principio de la confianza legítima el derecho a la estabilidad en el empleo a las/os funcionarias/os a contrata que prestan servicios en la administración pública.

La confianza legítima es un derecho que las/os funcionarias/os a contrata han incorporado a su patrimonio y que sólo podría ser conculcado en forma excepcional, mediante un acto administrativo debidamente fundado.

Debemos concluir forzosamente que la no renovación de una contrata por todo el periodo siguiente hasta el 31 de diciembre de 2023, a la luz de los antecedentes en especial la forma de acceso al cargo y la falta de fundamento de la resolución de termino, lo que hace caer el fundamento de accidentalidad del cargo, impide su no renovación sin expresión de un razonamiento real que lo justifique y sin que se expresen los hechos y fundamentos de derecho en que se basa, abre una puerta hacia a la discriminación por sexo, orientación sexual, militancia u opinión política, credo, edad, raza, condición social y en general cualquier circunstancia o característica subjetiva que en nada se relacione con las aptitudes requeridas para el desarrollo de los servicios prestados por el servidor público.

A mayor abundamiento, la Constitución Política de la República reconoce en su artículo 1° que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Por su parte, el artículo 19 N°2 de la misma Constitución garantiza la igualdad ante la ley, prohibiendo a la propia ley y a toda autoridad establecer diferencias arbitrarias. El Estatuto Administrativo, sobre el particular previene en su inciso 3° del artículo: “Prohíbase todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo”. En dicho contexto, pretender una facultad discrecional de la autoridad para fundar falazmente una no renovación de su contrata, o derechamente no fundarla, iría en abierta contradicción con el principio de legitima confianza del funcionario a seguir prestando sus servicios renovados por un periodo completo, así como de las garantías constitucionales de no discriminación e igualdad ante la ley, que impiden a la autoridad establecer diferencias arbitrarias fundadas en aspectos subjetivos.

GARANTÍAS FUNDAMENTALES CONCULCADAS:

DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 19 N° 2 CPR).

La Carta fundamental señala en el artículo 19 que: “La Constitución asegura a todas las personas: Nº2: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres mujeres son iguales ante la ley” Esta garantía constitucional se vulnera principalmente en lo que se refiere a que ninguna autoridad puede establecer discriminaciones y diferencias arbitrarias, en consecuencia se ha procedido a efectuar la vulneración ya que se discrimina arbitrariamente, a mi representado, dejándolo fuera del servicio público, en lugar de cualquier otro funcionario en igual calidad, sin fundamento racional o posible falta en la gestión, lista de demérito, sanción administrativa o cualquier canon razonable que justifique la desvinculación, incumpliendo como se ha señalado más arriba, normas legales, reglamentarias, Dictámenes de la Contraloría General de la República, que establecen procedimientos objetivos para actuar en la situación de hecho que en esta oportunidad se examina. La autoridad recurrida distingue entre funcionarios de manera caprichosa y sin respaldo técnico a su decisión, lo cual es ante la normativa legal, inaceptable, completamente abusivo y un atentado a la garantía constitucional. La justificación del acto recurrido, es errada, engañosa, insuficiente e inexistente, sin citar siquiera normativa válida alguna que ampare el actuar administrativo, permite concluir la absoluta falta de rigurosidad y apego al Estado de Derecho que requiere cualquier acto de la Administración del Estado a fin de respetar el principio de Juridicidad .- DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO Y SU PROTECCIÓN (ARTÍCULO 19 N° 16 CPR). LA CONSTITUCIÓN ASEGURA A TODAS LAS PERSONAS: Nº16: La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos…” Es menester señalar US. Iltmas., que mi representado desempaña funciones de carácter necesario y permanente dentro de la repartición recurrida, siendo calificado en lista 1 durante todo el periodo de tiempo desempeñado.- DERECHO DE PROPIEDAD (ARTÍCULO 19 N° 24 CPR). La Carta Fundamental señala que “a Constitución asegura a todas las personas: Nº24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.” Este derecho fundamental se ve claramente amenazado, ya que el recurrente ingresó voluntariamente a la administración, cumpliendo con todos los requisitos de ingreso, por lo que esta calidad de funcionario público a contrata ha sido incorporada al patrimonio del funcionario, la confianza legítima de su renovación por el periodo 2023 corresponde a un derecho que ha ingresado a su patrimonio, no pudiendo privar de esta condición la administración, a su persona, sino por los propios medios que indica la ley, para el caso; sumarios o actos administrativos debidamente justificados. Se ha conculcado el derecho a la estabilidad en el empleo público en cuanto el recurrente no puede ser privado de su cargo sino por las causales que la Ley contempla, lo que comporta una especie de propiedad garantizada como bien incorporal por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Al no existir acto que fundamente la decisión de no renovar la contrata por el periodo 2023 el acto es infundado y por ende arbitrario e ilegal.

A la luz de lo expuesto, queda de manifiesto que de la ilegalidad y arbitrariedad se sigue el directo e inmediato atentado al derecho consagrado en Art 19 Nº24 de la Constitución que reconoce a todas las personas, el derecho a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo, prerrogativa ésta que, la judicatura está en el deber de preservar. Es de recordar en este plano que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto. Ya en el primero de los artículos de la constitución se proclama el anhelo del crecimiento de toda persona en una escalada de realizaciones en las que el trabajo juega un rol protagónico; y, como no podía ser menos, no se piensa en el individuo, sino en la persona, que se distingue de aquél por su sentido de integración e identidad social, en importante grado forjada en el servicio a la comunidad que conlleva el empleo público.

Aparte de tan elevados bienes incorporales, por cierto susceptibles de la propiedad que la constitución garantiza a toda persona, está el nivel de lo pecuniario, que en una situación como la de autos se asocia a las seguridades que proporciona al funcionario y a quienes de él dependen, el estipendio periódico. En la realidad, las contratas no son cargos excepcionales porque constituyen la mayoría del empleo público en los servicios centralizados y descentralizados del país.

Solicita se sirva tener por presentado recurso de protección en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO INDAP, representada por SANTIAGO ROJAS ALESSANDRI, ignoro profesión u oficio y/o por su Subdirectora Nacional (S) nombre reservado, ya individualizados, ordenarle que informe a V.S.I., en el plazo que US. I. fije, y, en definitiva, ordenar que la recurrida cese el acto ilegal y arbitrario de no renovar la contrata del recurrente por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, dejando sin efecto la resolución exenta Nº 0085-044242/2022 que dispone la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2023, ordenando, se renueve su contrata por todo el 2023 a fin de que continúe en su cargo y funciones de los cuales se le pretende cesar de forma arbitraria e ilegal restituyéndole además en todos sus derechos, estatutarios y remuneratorios, ordenando finalmente que la recurrida se abstenga de todo acto que perturbe o amenace el libre ejercicio de sus derechos, restableciéndose el imperio del derecho y tomándose todas las medidas necesarias que US. Determine, sean las solicitadas o las que US. determine, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación: Acompaño la resolución exenta Nº 0085-044242/2022, convocatoria a concurso publico por el cual accedió al cargo el recurrente, la contrata por la que recurrente accedió al cargo.

Tres correos en que se pide su reincorporación para el año 2023.

1 y 2 informe de desempeño del recurrente A folio 10 informa DAVID TAPIA QUEAFENA, abogado, por el INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP), quien dice:

Don nombre reservado, comenzó a prestar servicios para el Instituto en calidad de CONTRATA a contar del 01 de marzo de 2022 y hasta el 31 de mayo de 2022, como Ejecutivo Integral de la Agencia de área de Villarrica grado 13° EUR, según Resolución Exenta RA N° 166/484/2022 de fecha 01 de marzo de 2022, en virtud de Memorándum N° 0085-003992/2022 de la Subdirección Nacional, que da respuesta a Memorándum N° 0900-003472/2022, que autorizo el cierre y contratación proceso de selección mixto, para proveer la función de Ejecutivo de Servicios Integrales Agencia de Área de Villarrica.

Finalmente, mediante Resolución Exenta N° 0085-044242/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022 y la Resolución Exenta RA N° 166/1992/2022, de fecha 18 de noviembre de 2022, ambas de la Subdirección Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), se ordenó no prorrogar la contrata del funcionario Sr. nombre reservado para el año 2023, resolución debidamente registrada en Contraloría y notificada, mediante carta certificada al recurrente de conformidad a la Ley N° 19.880, de Bases de Procedimientos Administrativos, según consta de guía de admisión SISVE: 822453763, de fecha 18 de noviembre de 2022, emitida por Correos de Chile.

Es dable señalar que el Sr. nombre reservado, fue citado a reunión el día 18 de noviembre de 2022, para notificar las resoluciones previamente indicadas, reunión a la que no asistió.

ANTECEDENTES PROCESALES.

Como consecuencia de los hechos descritos, el Sr. nombre reservado, interpuso acción de protección en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO o INDAP, fundando su acción en que la decisión adoptada en la Resolución Exenta N° 0085-044242/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022 ya citada, que no prorrogó su contrata para el período año 2023, vulnera las garantías contempladas en los numerales 2, 16 y 24, todas del art. 19 de la Constitución Política de la República, constituyendo una acto arbitrario e ilegal en atención a una supuesta falta de motivación del acto administrativo impugnado y concurrencia de confianza legítima en favor del recurrente, afirmaciones que mediante el presente informe serán desvirtuadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1. LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO ES LA VÍA JURÍDICAMENTE IDÓNEA PARA EL ASUNTO QUE SE DISCUTE.

1. El recurso de protección tiene la característica de ser una acción de naturaleza extraordinaria, cuyo objetivo es restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por la Constitución, por medio de un acto ilegal o arbitrario, y dicho acto u omisión perturbe o amenace las garantías que la Constitución asegura a todas las personas, las cuales conforme se expondrá más adelante no ha ocurrido en la especie, no habiendo vulnerado garantía alguna constitucional al recurrente. De la sola lectura de la acción interpuesta se concluye que el tema es ajeno a la naturaleza cautelar de dicha acción constitucional, toda vez que éste se trata de un mecanismo breve, de emergencia, rápido e informal, que soluciona de manera rápida y eficaz situaciones que requieran el restablecimiento del imperio del derecho.

2. En caso contrario, estaríamos desnaturalizando esta acción, transformándola en un sustituto de las acciones contenciosas administrativas generales que establece el ordenamiento jurídico y a las cuales el recurrente pudo acceder, como lo son el procedimiento establecido en el art. 59 de la Ley 19.880, esto es recurso de reposición y jerárquico ante la propia administración y reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, conforme lo dispuesto en el art. 160 del Estatuto Administrativo.

2. NO RENOVACIÓN DE LA CONTRATA POR PARTE DE INDAP DENTRO DEL MARCO DE LA LEGALIDAD.

El recurrente señala que la no renovación de su contrata es un acto ilegal y arbitrario: “El actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, vulnera las garantías del art. 19 de la Constitución Política de la Republica, en su numeral 2, 16 y 24, por cuanto no da un trato igualitario a todos los funcionarios que vía concurso accedieron a contrata. Respecto del segundo numeral del Artículo 19, sindicado como vulnerado, se refiere a la prohibición de toda discriminación que no se base en la capacidad idoneidad personal, esto en estrecha relación con el anterior pues se discrimina a este funcionario por cuanto al no existir un criterio técnico, un parámetro de comparación concreta que permita justificar la separación la decisión es arbitraria e ilegal, y por último se ha vulnerado el derecho de propiedad pues el contrato y su retribución económica han ingresado a su patrimonio, vulnerándose el derecho de propiedad con las resoluciones dictadas por la autoridad recurrida, se vulnera la legitima confianza de que se va a renovar su contrata por un periodo determinado cumpliendo los requisitos para ello .”, señalando que gozaba de confianza legítima, afirmaciones del todo incorrectas según se dirá.

En primer orden, la potestad de la autoridad administrativa para no renovar el vínculo que genera para la funcionaria la situación “a contrata” se encuentra regulada en la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, norma que en su artículo 3° letra c) establece expresamente que el empleo a contrata se encuentra definido por su duración siempre limitada en el tiempo. Enseguida, el mismo cuerpo legal determina en su art. 10, en relación a la permanencia de los empleos a contrata, que esta clase de cargos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley. Esta distinción resulta esencial para entender el actuar de la autoridad y la legalidad del acto recurrido.

En segundo lugar, la decisión de la autoridad de no renovar una contratación debe cumplir el requisito de quedar refrendada en la emisión de un acto administrativo formal que contenga el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, citando los antecedentes que respaldan esa decisión, acto administrativo que debe ser debidamente registrado ante Contraloría, y que finalmente deber ser debidamente notificado al funcionario conforme a la Ley N° 19.880, de procedimientos administrativos. Lo expuesto es precisamente la forma como procedió INDAP en el caso concreto, guardando estrictamente el principio de legalidad en su actuar público y ajustando su actuar a los estándares que solicita la Contraloría General de La República para las decisiones de este tipo.

4. Conforme al principio de legalidad contenido en el art. 7º de la Constitución Política, se establece que:

“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.

Bajo este principio debe expresarse que el acto administrativo de no renovación de contrata para el funcionario reclamante emanó formalmente del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP) como Servicio Público Nacional. Dentro del INDAP, la facultad de desvincular funcionarios a contrata corresponde al Director Nacional conforme a la Ley Nº 18.910, Orgánica de INDAP, que en sus arts. 4 y 5 establece:

“Artículo 4°.- La Dirección superior y la administración del Instituto corresponderán al Director Nacional, quien tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo y será el Jefe Superior del Servicio.

Artículo 5°.- El Director Nacional tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

n) Designar al personal de planta y contratar empleados.

ñ) Ejercer, en materia estatutaria, remuneratoria y asistencial, las facultades propias de un jefe de servicio, en relación con su personal, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias pertinentes.”

A su vez el Director Nacional ha delegado esta facultad en el Subdirector Nacional por Resolución Exenta N°230906, de fecha 20 de diciembre de 2021. En consecuencia, como puede advertirse, el acto reclamado es un acto administrativo que emanó de la Subdirectora Nacional (S), Sra. nombre reservado, conforme a Resolución Exenta N° RA 166/785/2022 que establece orden de Subrogación del cargo referido, de fecha 02 de mayo de 2022, obrando dentro del marco de sus facultades delegadas.

Es dable señalar que el mismo recurrente reconoce la legalidad del acto administrativo señalado: “1) Naturaleza. Tanto respecto de la no renovación de una contrata, como de su renovación en condiciones diferentes o su término anticipado, los dictámenes N°22.766 y 23.518, ambos de 2016, respectivamente, han señalado que tales determinaciones deben efectuarse a través de la emisión del pertinente acto administrativo. En este caso la resolución exenta de 17 de noviembre de 2022 N° 0085-044242/2022”

5. Respecto al plazo para la dictación del acto que decide no renovar una contrata, según el Dictamen 6.400 del año 2018 la facultad de prorrogar una contrata debe ser ejercida con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo de esa designación, lo que de conformidad con el nuevo criterio contenido en el dictamen N° 22.766 del año 2016, se traduce también en un límite temporal para que el Jefe de Servicio determine la no renovación del vínculo a través de la dictación del respectivo acto administrativo en aquellos casos en que se haya generado la confianza legítima de la renovación del vínculo. En este sentido, cuando se haya generado en el funcionario la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice su no renovación deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año. En la especie, aun cuando el recurrente no contaba con confianza legítima —según se dirá ya—, igualmente el acto recurrido fue dictado con fecha 17 de noviembre de 2022 (y despachado a través de carta certificada al día siguiente, sin perjuicio que el recurrente fue citado el día 18 de noviembre a una reunión en la cual se le notificaría personalmente, y no asistió), en sobrada concordancia a lo prescito por la normativa y jurisprudencia administrativa.

6. Respecto a la notificación del acto recurrido, del propio recurso se lee que el recurrente fue notificado a través de carta certificada al indicarse: “El día 05 de diciembre, llega a su domicilio una carta certificada de INDAP, que notifica la decisión de no prorrogar su contrata para el año 2023 (…)”.

Erróneamente expresa el recurrente: “(en este caso tampoco se cumplía con aquello ya que la resolución de fecha 17 de noviembre de 2022y se notificó recién el 5 de diciembre), olvidando el Artículo 46, inciso segundo, de la Ley N° 19.889, que señala expresamente:

“Quienes carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos, podrán solicitar por medio de un formulario, ante el órgano respectivo o ante el encargado del registro señalado en el inciso anterior, que la notificación se practique mediante forma diversa, quien deberá pronunciarse dentro del tercer día, según lo establezca el reglamento, y deberá hacerlo de manera fundada en caso de denegar la solicitud. La notificación se realizará en la forma solicitada si fuere posible o mediante carta certificada dirigida al domicilio que debiere designar al presentar esta solicitud. En caso de notificaciones por carta certificada, éstas se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.”

7. Por otro lado, el recurrente acusa falta de motivación del acto administrativo impugnado, en contraposición a lo dispuesto en los arts. 11 y 41 inc. 4° de la Ley N° 19.880, al señalar (página 3):

“(...) decisión del todo arbitraria e ilegal ya que no contiene fundamento real y atingente al caso concreto del recurrente.” esenciales de este recurrente, claro resulta que este fundamento o motivo debe además ser pertinente, atingente y real no creado artificialmente como en este caso, no basta un relato sin sustento real como fundamento.”

En definitiva, se acusa falta de motivación de la resolución en comento, pues no contiene fundamento real y atingente al caso concreto del recurrente, citando Dictámenes No 22.766 de 2016, Nº85.700 de 2016, y Nº6.400 de 2018 de la Contraloría General de la República y basta jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema, que previa revisión, dan cuentan de situaciones que difieren de la presente, pues son casos en que los funcionarios si poseen confianza legítima.

8. Sin embargo, el recurrente no comprende que las exigencias de fundamento adicional a que se refiere aplican para el caso de funcionarios a contrata que ya cuentan con confianza legítima. En efecto, si esa confianza no existe —como es el caso de marras, según se explicará más adelante—, rige el acápite VIII del dictamen NºE156769/2021 “NUEVO INSTRUCTIVO SOBRE CONFIANZA LEGÍTIMA EN LAS CONTRATAS”, el cual señala expresamente: Es decir, al no existir confianza legítima que ampare al funcionario a contrata, basta como suficiente fundamento para su no renovación dar cuenta de la naturaleza transitoria de los servicios, en conformidad con los arts. 10 inc. 1° y 153 inc. 1° de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, tal y como sucede en el caso de marras.

9. Por otra parte, se hace mención al período en que el recurrente sirvió en diferentes municipalidades como extensionista del programa PRODESAL, cumpliéndose con ello el plazo de 2 años necesario para la confianza legítima, olvidando que el mismo Dictamen E156769/2021 que NO cita en su recurso, establece claramente que para que se aplique el principio de confianza legítima “(…) deberá haber transcurrido más de dos años para invocar la confianza de una nueva prolongación de su designación que, por una o más contratas sucesivas e ininterrumpidas, abarquen toda la anualidad siguiente (aplica dictamen N° 70.966, de 2016). cuestión a la que ya se hará referencia.

Por otro lado, deber recordarse que Contraloría General de la República, mediante Dictamen Nº E156769/2021 del 17 de noviembre de 2021 emitió nuevo instructivo sobre confianza legítima en las contratas, en el cual reitera sus pronunciamientos anteriores en la misma materia no afectan las facultades que tiene las autoridades competentes en torno a las contratas, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación, término anticipado o dispuestas en términos diferentes, por ejemplo, rebajando el grado asimilado de la contrata. Estos pronunciamientos sólo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular a un funcionario antes del vencimiento del plazo debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado.

Asimismo, en el dictamen referido especifica cuáles son las condiciones que deben reunir las vinculaciones previas para generar la denominada “confianza legítima” en los funcionarios, en las cuales se fija las sucesivas designaciones a contrata que debe tener un funcionario por un periodo tal que hace suponer que dicha conducta —la renovación— seguirá repitiéndose: se requiere que el organismo de la Administración del Estado haya requerido de manera constante y reiterada los servicios personales de un funcionario a través de designaciones a contrata, ya sea por contrata anual o por varias parcialidades que abarquen toda la anualidad.

En cuanto a la duración que ha de tener cada una de las contratas previas y la extensión total del lapso necesario para provocar la confianza legítima, corresponde señalar que dicha expectativa se genera a partir de la segunda “renovación”. En ese orden de ideas, el recurrente Sr. nombre reservado, a la fecha de la resolución recurrida y su notificación no poseía confianza legítima, ya que la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de un año. Así, en el evento de que una persona sea designada a contrata, por primera vez, luego que haya comenzado el año respectivo (incluso en diciembre), se entenderá que hubo una primera renovación anual si tal vinculación se extiende por todo el año calendario siguiente (ya sea en virtud de una sola designación o de varias sucesivas y continuas), y existirá una segunda renovación de dicho nexo funcionarial si este abarca toda la anualidad subsiguiente, en los términos aludidos. De lo anterior se colige que deberá haber transcurrido más de 2 años (anualidades calendario) para invocar la confianza de una nueva prolongación de su designación que, por una o más contratas sucesivas e ininterrumpidas, abarque toda la anualidad siguiente.

6. De lo anterior se desprende que el recurrente, dada su data de ingreso a la contrata con fecha 01 de marzo del 2022, a la fecha del acto impugnado no cumplía con el tiempo mínimo para hacer valer la legítima confianza, ya que su desempeño dentro del Instituto de Desarrollo Agropecuario no superaba los 2 años calendario (o dos renovaciones) exigidos.

Así pues, no es efectivo que el recurrente se encuentre amparado por la confianza legítima, toda vez que previo al 01 de marzo del año 2022, no se encontraba ligado contractualmente a INDAP, a través del programa PRODESAL, sino que a la entidad ejecutora ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GORBEA, con la cual el Instituto a celebrado diferentes convenios de colaboración desde el año 2017, sumado a los contratos entre profesional y Municipalidad de Gorbea, desde el año 2017 a 2021, que dan cuenta de la ausencia de renovaciones contractuales por parte de INDAP con el recurrente y falta de una relación laboral “ininterrumpida”.

COMENTARIOS RESPECTO A LAS PRESUNTAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS.

a. Art. 19 N° 2: principio de igualdad ante la ley.

1. El recurrente indica que el acto impugnado vulnera este derecho:

“(…) ya que se discrimina arbitrariamente, a mi representado, dejándolo fuera del servicio público, en lugar de cualquier otro funcionario en igual calidad, sin fundamento racional o posible falta en la gestión, lista de demérito, sanción administrativa o cualquier canon razonable que justifique la desvinculación(…) La autoridad recurrida distingue entre funcionarios de manera caprichosa y sin respaldo técnico a su decisión, lo cual es ante la normativa legal, inaceptable, completamente abusivo y un atentado a la garantía constitucional”.

2. En cuanto a la similitud en condiciones con otros funcionarios, no es efectivo, ya que el resto de funcionarios si posee confianza legítima, lo que da cuenta de un derecho adquirido por parte de estos. En cuando a la línea respecto de la vulneración del propio de confianza legítima, no cabe más que reiterar lo ya dicho en este informe respecto de la legalidad del acto administrativo cuestionado en el recurso y el irrestricto respecto al principio de confianza legítima en base a la jurisprudencia administrativa analizada, lo cual damos por reproducido aquí para todos los efectos.

3. Agrega el recurrente que “(…) otro postulante se adjudicó el concurso de la ciudad de Puerto Saavedra, el que no ha sido objeto de término de contrata como ocurre con mi representado.”

Siendo efectivo que producto del concurso señalado, se efectuó la contratación de 2 funcionarios, nombre reservado y nombre reservado, éste último, a diferencia del Sr. nombre reservado, se encontraba previamente vinculado a INDAP a través de contratos a honorarios desde aproximadamente el año 2015, siendo los años de servicio señalados un canon objetivo, razonable y legal.

4. Sin desmedro de lo anterior, cabe reiterar además que el Instituto de Desarrollo Agropecuario, en cumplimiento con la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos del Estado, dictó una resolución debidamente fundada que se enmarca dentro del estándar que se establece para el caso concreto, siendo dicho acto registrado por la Contraloría y notificado al recurrente sin que exista algún tipo de diferencia con otro procedimiento de cese o no renovación de una designación de personal a contrata. De lo anterior se colige que el ejercicio del derecho de igualdad ante la ley debe entenderse como una igualdad jurídica que impide que en textos legales o en sus interpretaciones se establezcan privilegios o excepciones que se otorguen a unos excluyendo a otros encontrándose en iguales circunstancias. Dado que INDAP ha procedido de la misma manera para todos aquellos funcionarios en la misma situación (bástese con dar cuenta de los demás recursos de protección ingresados a esta Iltma. Corte, en los últimos 30 días, de parte de otros funcionarios que también fueron notificados de su no renovación al encontrarse en la situación del recurrido) no se puede colegir como ha existido por parte del Servicio una vulneración de la garantía constitucional señalada. Por lo demás, en relación con esta garantía de igualdad ante la ley, al actor le asistió el derecho de impugnar la decisión de la autoridad por medio de los recursos administrativos que establece nuestra legislación.

b. Art 19 N° 16: derecho a la libertad de trabajo y su protección 1. En primer lugar, el derecho invocado no resulta aplicable al caso objeto de recurso, desde que no existe aquí relación laboral alguna regida por el Código del Trabajo. El sr. nombre reservado se encontraba ejerciendo tareas en calidad de funcionario público para este servicio bajo el régimen “a contrata”, esto es, en conformidad con la Ley N° 18.575 y el Estatuto Administrativo, fundamentalmente, razón suficiente para descartar el recurso en este aspecto.

2. Pero además de lo anterior, el recurrente invoca el inciso 3° del numerando 16, esto es, relativo a la interdicción de la discriminación arbitraria en materia laboral, derecho que no está amparado por el art. 20 de la Carta Fundamental que sólo se refiere a en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso 4°.

c. Art 19 N° 24: El derecho de propiedad 1. En relación a la supuesta vulneración del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad, el recurrente indica que en mérito de la confianza legítima tiene el derecho de percibir sus remuneraciones para la próxima anualidad 2023. Respecto de esto, no cabe más que reiterar una vez más que el Sr. nombre reservado carece absolutamente de la referida confianza, según se explicó en el acápite, por lo que el fundamento de esta especie de propiedad queda descartado.

2. A mayor abundamiento, no está de más recordar también que no existe el derecho sobre el empleo o calidad de funcionario público. La garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución no contempla una supuesta “propiedad del empleo o función”: la calidad de funcionario público no es un derecho adquirido ni forma parte del patrimonio del funcionario, ni es posible confundir la estabilidad funcionaria con una expresión del derecho de dominio, ya que resulta evidente que la estabilidad de la carrera funcionaria no puede ser un obstáculo para el ejercicio de las atribuciones que la ley ha conferido a las autoridades competentes. Es por lo anterior, que los funcionarios no tienen derecho de propiedad sobre su cargo, ni puede por tanto ser vulnerada su estabilidad en el mismo, dado que cesa por haber operado una causal legal de cesación de funciones derivado de la facultad de un órgano de la Administración del Estado para prescindir o alterar el vínculo con aquellos, emitiéndose el respectivo acto administrativo formal que contenga el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, citando los antecedentes que respaldan esa decisión, acto registrado ante Contraloría, y notificado conforme a la Ley N° 19.880 de procedimientos administrativos.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de lo expuesto, rechazar la acción de protección interpuesta por el recurrente.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Resolución Exenta RA. Nº 166/484/2022 de fecha 01 de marzo de 2022;

2. Resolución Exenta Nº 0900-006252/2022 de fecha 03 de marzo de 2022;

3. Resolución Exenta RA. Nº 166/1043/2022 de fecha 10 de junio de 2022;

4. Resolución Exenta Nº 0085-044242/2022de fecha 17 de noviembre de 2022;

5. Resolución Exenta RA. Nº 166/1992/2022 de fecha 18 de noviembre de 2022;

6. Acta de notificación (personal) de las dos resoluciones anteriores (5 y 6), de fecha 18 de noviembre de 2022.

7. Guía de admisión, Carta Certificada de fecha 18 de noviembre de 2022;

8. Resolución Exenta N° 0070-000375/2022 de fecha 05 de enero de 2022, Aprueba norma técnica y procedimiento operativo del programa de desarrollo local (PRODESAL) y deja sin efecto resoluciones que indica.

9. Decreto Exento N°231, de fecha 24 de febrero de 2021, que aprueba los convenios de prestación de servicio a honorarios de profesionales y expertos, contrato entre profesional nombre reservado y Municipalidad de Gorbea.

10. Resolución Exenta N°230906, de fecha 20 de diciembre de 2021, que delega facultades que indica, de la Dirección Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario 11. Resolución Exenta N° RA 166/785/2022, de fecha 2 de mayo de 2022, que establece orden de subrogación.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el recurso de protección constituye una herramienta de emergencia que tiene por finalidad el restablecimiento de un derecho frente a situaciones materiales que amenazan o violan gravemente garantías consagradas en la Constitución Política del Estado o en tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado y no disputado, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue es su amparo o restablecimiento, siendo un requisito esencial para su procedencia que el acto u omisión recurrido sea ilegal o arbitrario.

SEGUNDO: Que, en la especie el acto recurrido consiste en la resolución exenta N°0085-044242/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, que dispone el no renovación de contrata por el años 2023, para el recurrente nombre reservado, por no ser necesarios sus servicios, la cual a juicio del actor sería ilegal y arbitrario, por cuanto carecería de motivación del acto administrativo exigida en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880 y por no fundarse en criterios objetivos y no respetar la confianza legítima aplicable a su respecto.

El recurrente estima que lo anterior vulnera sus garantías constitucionales de los números 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, razones por las cuales solicita se dejen sin efecto la resolución señalada, ordenándose dejar sin efecto la no renovación de su contrata y que se le paguen todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que medie entre la desvinculación y su efectiva reincorporación al servicio, con costas del recurso.

TERCERO: Que, lo primero que debe ser dilucidado es si la Resolución Exenta N°0085-044242/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, se encuentra ajustada a derecho y está debidamente fundada, a fin de descartar cualquier ilegalidad o arbitrariedad en que pudiere haberse incurrido en su dictación, y sobre esta materia debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 19.880, que dispone que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada.

CUARTO: Que en la resolución exenta N°0085-044242/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, se indica expresamente que el recurrente fue designado por resolución exenta Resolución Exenta RA N° 166/484/2022, del 01 de marzo de 2022, al 31 de mayo de 2022, la cual fue prorrogada por resolución Exenta RA N° 166/1043/2022, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Que además de lo ya señalado, se expresa en dicha resolución que no posee confianza legítima, toda vez que los períodos anteriormente desempeñados, los hizo en calidad de suplente. Ratificando lo anterior con dictamen de Contraloría General de la República N° E156769/2021 del 17 de noviembre de 2021, que fija los criterios por los cuales, un funcionario puede hacer valer la confianza legítima, que en el caso de la recurrente no aplica, por cuanto tiene sólo un período en carácter de contrata, cual es el año 2022.

Qué de lo expuesto, además, se puede observar, que la resolución contiene los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se apoya para tomar la decisión, existiendo un razonamiento que lo lleva a concluir la no renovación de su contrata por el año 2023. Lo que además se enmarca dentro de las facultades legales del servicio recurrido.

QUINTO: Que atendido lo razonado no se visualiza por esta Corte la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad, habiéndose enmarcado el término dentro de las facultades de la recurrida, encontrándose suficientemente fundamentada dicha decisión, por lo que se procederá a rechazar el presente recurso, tal como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Autoacordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Redacción del abogado integrante Reinaldo Osorio Ulloa.

Regístrese.

Rol N° Protección-75057-2022 (pvb).