Protección contra DIRECCION GENERAL DEL CRÉDITO PRENDARIO

C.A. de Temuco Temuco, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece: RAUL HENRIQUEZ BURGOS, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien dice:

Que actuando en favor de don nombre reservado, empleado público, domiciliado en domicilio reservado, vengo en interponer recurso de protección en contra de la DIRECCION GENERAL DEL CRÉDITO PRENDARIO, representada por su director general, don ANDONI ELORRIETA ABÁSOLO, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

I.- ANTECEDENTES GENERALES 1.- Por Resolución TRA Nº 99/86/2018, de fecha 1º de julio de 2018, el recurrente fue nombrado en calidad a contrata, asimilado al Grado 10º de la Planta de Técnicos de la Dirección del Crédito Prendario, en adelante la nombre reservado. Actualmente se desempeña como nombre reservado de Temuco, función que ha cumplido en forma ininterrumpida desde su designación en el año 2018.

2.- Con fecha 6 de agosto de 2021, el recurrente presentó solicitud para acogerse al beneficio establecido en la Ley 20.948, consistente en el pago de una bonificación adicional que se otorga por una sola vez, a los funcionarios de carrera y a contrata que perciban la bonificación por retiro del Título II de la Ley 19.882 (a la cual tiene derecho), siempre que cumplan los requisitos establecidos en la misma normativa, entre ellos, que a la fecha de postulación “tengan veinte o más años de servicio, continuos o discontinuos, en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales”.

3.- El Servicio recurrido estimó que el recurrente no cumplía el citado requisito, desconociendo el tiempo en que desempeñó el cargo de alcalde de la comuna de Galvarino; motivo por el cual, y luego de efectuada la consulta a Contraloría General, interpuso recurso de protección en contra de ambas instituciones, el cual se encuentra en actual tramitación ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol Nº92.730-2022, en estado de relación. En el otrosí se acompaña copia del escrito de formalización del recurso.

4.- Por Resolución Exenta Nº312/OPCG, de fecha 12 de septiembre de 2022, firmada por su director nacional, se establecieron los equipos de trabajo de la nombre reservado, en cada una de las regiones del país, reconociendo en el primer lugar al Recurrente, como parte integrante del personal adscrito a la “Oficina de Temuco” y, además, se le designa como responsable de la Unidad, en calidad de “nombre reservado / Subrogante”.

5.- En esta calidad, se evalúa por la Recurrida el cumplimiento de las funciones del Recurrente, en el proceso de evaluación 2021-2022, y según informe de “Precalificación del Desempeño Según Factores” se califica en todos los Subfactores con la nota máxima – 10 puntos -, obteniendo así un total de 100 puntos, que lo ubica en la Lista 1 “Distinción”.

Para fundamentar la calificación del recurrente, el servicio recurrido argumenta en cada uno de los subfactores evaluados, que “su desempeño generalmente excede los requerimientos que exige el desarrollo del cargo.”

6.- No obstante lo anterior, por Resolución Exenta RA Nº 99/197/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, el director nacional de la nombre reservado dispone la no renovación del nombramiento del Recurrente, con vigencia ininterrumpida a contar del 1º de julio de 2018; resolviendo en su parte dispositiva lo siguiente: “DECIDO NO PRORROGARSE LA DESIGNACION A CONTRATA DE: 1) Don(a) nombre reservado…” Según consta de certificado que acompaño, esta Resolución fue despachada por carta certificada, con fecha 30 de noviembre de 2022, por lo que debe entenderse notificada recién el día 5 de diciembre de 2022, según el artículo 46 de la ley 19.880.

II.- ACTO ILEGAL Y ARBITARIO.

La Resolución por la cual el director nacional de la nombre reservado decide no renovar el nombramiento a contrata, constituye un ACTO ILEGAL y ARBITARIO, por las razones que paso a exponer en los párrafos siguientes.

Es ILEGAL, por cuanto infringe el principio de la protección de la confianza legítima, que como tal integra la legalidad que debe cumplir el servicio público y cuyo respaldo normativo se encuentra en el artículo 19 Nº 26 de la Constitución Política de la República.

En efecto, la conducta anterior del Servicio, consistente en el reconocimiento del Recurrente como parte del equipo de trabajo para el año 2023, en calidad de responsable de la oficina de Temuco (Ver Nº 4 anterior), y el resultado de la calificación de su desempeño, que le permitió ubicarse en la Lista 1 de “Distinción”; generó la legítima expectativa en el Recurrente de que su nombramiento sería renovado como lo ha sido en forma ininterrumpida durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

Como ha sido reconocido por la jurisprudencia judicial y administrativa, esta legítima expectativa es digna de protección legal, y obliga al Servicio a mantener una conducta coherente y respetuosa del precedente que había establecido con relación al Recurrente.

La falta de una conducta congruente hace que la decisión tomada en estas condiciones sea ILEGAL.

Es ARBITRARIA, por cuanto más allá del esfuerzo del recurrido de fundamentar la decisión - cuyo análisis escapa los límites de esta acción -, lo cierto es que deja en evidencia que la finalidad de su dictación es distinta al objetivo expuesto latamente por el director nacional de mejorar la gestión del Servicio.

En efecto, como ha sido expuesto en los antecedentes (Ver Nº 3 anterior) y es de perfecto conocimiento del recurrido, en la actualidad se encuentra pendiente de resolución una acción de protección cuya finalidad, en definitiva, es revertir la negativa del Servicio de reconocer un beneficio legal que le correspondía al Recurrente y que presupone – entre otros requisitos - la mantención de su condición de funcionario público de la institución.

Con la decisión impugnada, el Servicio pretende no solo privar ilegalmente al Recurrente de su fuente laboral, contradiciendo sus actos propios anteriores; sino que, además, anticipar a su favor la resolución de la acción de protección en actual tramitación, cuya legitimación radica en la calidad de funcionario del Servicio del recurrente, haciendo del todo ilusorio el cumplimiento de la sentencia a dictarse en caso de acogerse el recurso interpuesto.

De esta forma, bajo la apariencia de una Resolución “debidamente fundada”, el Servicio logra validar el acto denegatorio del beneficio impetrado por el Recurrente, dejando a firme su decisión – hoy impugnada – de no reconocer el tiempo desempeñando como alcalde de una comuna de la región. A este respecto, parece ser relevante al Servicio que el Recurrente haya sido elegido en ese cargo como militante de un partido político (RN) de oposición al actual gobierno.

El Servicio incurre así en un evidente caso de “desviación de poder”, pues ha ejercicio una prerrogativa legal, como lo es la no renovación de una contrata, para una finalidad totalmente distinta a aquella señalada por la Ley para justificar su atribución.

III.- GARANTIAS FUNDAMENTALES.

El accionar ilegal y arbitrario del servicio recurrido afecta el ejercicio de las siguientes garantías del Recurrente:

1.- LA IGUALDAD ANTE LA LEY (Art. 19 Nº2)

Por cuando se ha discriminado al Recurrente, con relación a otros funcionarios/as del Servicio que, habiendo sido incorporados a equipos de trabajo para el año 2023 y calificados con nota máxima en Lista de Distinción, se le han renovado sus nombramientos a contrata para el próximo año.

A diferencia del Recurrente, respecto de tales funcionarios/as el Servicio recurrido ha valorado sus méritos y calificaciones anteriores, reconociendo respecto de ellos la plena y efectiva aplicación del Principio de la Protección de la Confianza Legítima.

2.- DERECHO DE PROPIEDAD (Art. 19 Nº24)

Por cuanto, a consecuencia de la decisión de no renovar su contrata para el año 2023, se privará al Recurrente de su fuente laboral y del derecho a percibir las remuneraciones y demás beneficios legales y, además, como ha sido explicado en los apartados anteriores, se le privará del derecho a obtener el pago de una suma correspondiente a la bonificación especial por los años servidos en la administración municipal, en calidad de alcalde de una comuna de la región.

Lo anterior y respecto de la pérdida de su fuente laboral, se ve agravado aún más por la edad del Recurrente, 66 años, que hace prácticamente imposible acceder a un nuevo puesto de trabajo, considerando además la crisis económica que atraviesa actualmente nuestro país.

Solicita se sirva tener por interpuesta acción de protección en contra de la DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO; declararla admisible y, en definitiva, acogerla, declarar la ilegalidad y arbitrariedad del accionar del Servicio recurrido y ordenar se deje sin efecto la Resolución Exenta RA Nº 99/197/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, que dispuso la no renovación de la contrata del Recurrente para el año 2023; sin perjuicio de las demás medidas que pueda disponer el Iltmo. Tribunal en uso de sus facultades; todo ello con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Certificado Antigüedad Nº 2986, emitido por la nombre reservado;

2.- Resolución Exenta Nº 312/OPCG, de fecha 12 de septiembre de 2022, que establece equipo de trabajo de la nombre reservado;

3.- Precalificación del Desempeño de funciones del Recurrente, proceso 2021-2022;

4.- Resolución Exenta RA Nº 99/197/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, que dispone la no renovación de la contrata del recurrente; y 5.- Certificado del jefe del Departamento Administrativo de la nombre reservado, acerca de la notificación por carta certificada de la Resolución anterior.

A folio informa nombre reservado ANDONI ELORRIETA ABÁSOLO, Ingeniero Comercial, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Director General de la Dirección General del Crédito Prendario, quien dice:

FUNDAMENTACIÓN El acto administrativo que dispone no prorrogar la contratación de nombre reservado fue notificado conforme lo dispone la Ley N°19.880, es decir, se encuentra debidamente emplazado y se sustenta en el ejercicio de las facultades legales otorgadas a este Director, en el marco de un proceso de ejecución de un plan estratégico que ha venido desarrollándose en el Servicio desde que asumí el cargo, como es propio en toda administración sujeta a parámetros controlables.

Contrario a lo que alega el actor, no nos parece un acto ilegal ni arbitrario, no se sustenta en el desempeño del recurrente ni se trata de una instrumentalización del procedimiento para evitar que acceda a un beneficio que, en nuestra opinión, si bien no procede, siempre se ha dejado el espacio para que reclame ante quien estime conveniente.

Para dar cuenta de la fundamentación del acto administrativo impugnado, ilustraremos al órgano contralor respecto a la naturaleza del cargo de quien suscribe, en cómo es evaluado en su desarrollo, qué decisiones ha debido tomar para cumplir esos objetivos y cómo pretende llevar adelante la mejor administración en el marco de un proceso racional y justo.

Es menester señalar que la acción constitucional deducida tiene una fundamentación vaga e inconclusa carente de objetivos precisos y colmada de generalidades, lo cual le permitirá a la contraparte agregar nuevas alegaciones y, sin duda, crear un escenario de indefensión para esta parte, ya que no existe certeza de los argumentos que se deben rebatir.

ANTECEDENTES DE HECHO Y ADMINISTRATIVOS 1. La Resolución TRA N°99/86/2018, de fecha 31 de agosto de 2018, sanciona el ingreso del ex funcionario al Servicio, como contrata técnico grado 10° de la E.U.S., y señala que asume sus funciones el 01 de julio de 2018. Esta contrata ha sido prorrogada de forma sucesiva conforme las Resoluciones Exentas RA N°99/19/2019, 99/5/2020, 99/2/2021 y 99/1/2022.

2. Durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, sus funciones fueron calificadas como críticas, otorgándosele la asignación correspondiente, mientras que desde el año 2019 ejerce funciones directivas.

3. Luego, mediante Resolución Exenta RA N°99/197/2022, de 30 de noviembre de 2022, el Servicio declara que la contrata del ex funcionario no será prorrogada para el año 2023, resolución que fue notificada oportunamente, mediante carta certificada dirigida al domicilio informado por el recurrente el 01 de diciembre de 2022, conforme a la ley.

4. Así, considerando lo ya señalado, el acto administrativo impugnado fue dictado en el marco de las facultades que la ley otorga al Director General, jefatura que es evaluada conforme a criterios objetivos, cuyas decisiones se enmarcan dentro de un proceso que se ha desarrollado desde el inicio de su gestión y que, en este caso en concreto, se fundamenta en un plan estratégico sujeto a evaluación que tiene como objeto potenciar el Departamento de Crédito (con el llamado a concurso de Alta Dirección Pública para proveer el cargo de Jefatura del Departamento de Crédito) y, en consecuencias, la administración eficiente y eficaz de las unidades de crédito a nivel nacional.

5. Cabe señalar que el ex funcionario solicita, con fecha de 06 de agosto de 2021, el actor solicita acogerse a los beneficios de la Ley N°20.948, sobre bonificación adicional, lo cual es declarado inadmisible por el Servicio. Luego, el funcionario presentó acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en autos caratulados “nombre reservado con nombre reservado", Rol N°92730 – 2022, proceso que se encuentra en relación.

IV. AUSENCIA DE ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD EN LA ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CRÉDITO PRENDARIO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, son presupuestos necesarios para la procedencia del recurso de protección la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, de la cual deriva una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho, lo que no ocurre en la situación planteada por el recurrente.

1.- No se ha incurrido en ilegalidad ni en arbitrariedad en el acto objeto del recurso La Resolución Exenta RA N° 99/197/2022, conforme pasaremos a exponer, se encuentra debidamente dictada.

La jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha sostenido que un acto es ilegal cuando no se aviene a la normativa por la que debe regirse, lo que en este caso no ha ocurrido, toda vez que la Resolución Exenta RA N°99/197/022, ha sido dictada en absoluta conformidad a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico.

Sin perjuicio de que esta alegación es de suyo amplia, ambigua y, por qué no decirlo, carente de precisión, la indicada resolución fue sancionada conforme los preceptuado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 31 de la Ley N° 18.575, el Decreto con Fuerza de Ley N°25, de 1959, del Ministerio de Hacienda, y 1 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El inciso segundo del artículo 31 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de bases generales de la administración del Estado, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dispone:

"A los jefes de servicio les corresponderá dirigir, organizar y administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; responder de su gestión, y desempeñar las demás funciones que la ley les asigne".

La facultad directiva que consagra el artículo 31 siempre debe entenderse ejercida dentro de los principios que consagra el artículo 3 del mismo cuerpo legal, el cual señala: "los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas".

Además, cabe tener presente las atribuciones otorgadas al Director General de la Dirección General del Crédito Prendario, contenidas en el artículo 10, del D.F.L. N° 16, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Así, es la ley la que le otorga a la máxima autoridad del Servicio la facultad de decidir, en atención a sus planes de gestión, quienes formarán parte de los equipos de trabajo de la institución cada año, lo cual acreditada la competencia formal del Director General para dictar el acto que ha sido objeto de la presente acción constitucional. En el mismo orden de ideas, la Resolución TRA N°99/86/2018, la cual lo designó como contrata técnico grado 10° de la E.U.S., se encuentra condicionada con la cláusula“[…] mientras sean necesarios sus servicios […]”, la cual permite a esta autoridad mantener una constante evaluación del ejercicio de sus funciones.

El ex funcionario fue contratado antes de mi designación como Director General, por lo tanto, y al igual que todos los equipos de trabajo que formaban parte del Servicio al momento de mi designación, todos han sido objeto de control y evaluación de diversas formas, desde calificaciones a instrucciones directas dependiendo de las funciones que desempeñaban, tarea que muchas veces se tornó compleja en atención a las condiciones externas que afectaron el funcionamientos normal de todos los órganos que forman parte de la Administración del Estado, a saber, plena pandemia COVID-19.

En este contexto, al iniciar mis funciones como Director General, y con el objeto de comenzar a ejercer las facultades propias del cargo, especialmente las de dirigir y planificar las actividades del Servicio, considerando además el Decreto con Fuerza de Ley N°42, de fecha 30 de enero de 2004, que señala qué cargos tendrán la calidad de altos directivos públicos, se advierte que dos de las jerarquías del Servicio, solo una era titular, la jefatura del Departamento Jurídico, razón por la cual se estimó necesario promover el concurso ADP para proveer la jefatura del Departamento de Crédito, superior jerárquico de todas las unidades de crédito, que tendría como principal objetivo administrar las unidades al tenor del plan de gestión estratégica que este Director General debe cumplir en atención a su cargo de Alta Dirección Pública. Así́, mediante la Resolución Exenta RA N°99/121/2020, de nombre reservado, don nombre reservado asume sus funciones con fecha 28 de septiembre de 2020, a quien se le encomendó dirigir y evaluar todas y cada una de las unidades.

A poco andar, el titular del Departamento Jurídico renuncia a su cargo y, nuevamente, la segunda jerarquía del Servicio queda vacante, razón por la cual se convocó́ un nuevo concurso ADP para, mediante la Resolución Exenta RA N°99/76/2021, designar a don nombre reservado como jefatura Como queda de manifiesto, se trata de un cambio estructural en cuyo marco este Director es evaluado y controlado por órganos externos, para cuyas decisiones la ley me ha dotado de facultades expresas y, lo que se estima más relevante, constituye el marco habilitante de una administración eficiente, eficaz, y que debe ser ejercida con una mirada estratégica en función de los fines del Servicio y del Estado, siendo la designación del titular del Jefe del Departamento de Crédito y Jurídico una de varias medidas, las que fueron señaladas en el acto administrativo impugnado.

En conclusión, y luego de transcurrir un tiempo razonable que me ha permitido tener todos los antecedentes necesarios, y haciendo uso de la cláusula a la cual se encontraba sujeta la contrata del ex funcionario, el plan estratégico ya señalado que debe cumplir esta autoridad no fue alcanzado por el ex funcionario, a pesar de sus funciones directivas, sus funciones críticas, y las instrucciones impartidas a través de su jefatura directa, razón por la cual he decidido hacer uso de la cláusula regulada en su contrata, y no prorrogar su contrata para el año 2023 por no ser ya necesarios sus servicios.

Descartada la posibilidad de que la resolución impugnada haya sido ilegal, cabe tener presente que un acto arbitrario es aquel contrario a la justicia o a la razón, es decir, producto de la sola voluntad del que lo comete, circunstancias que no concurren en la especie.

Para efectos de la Ley 19.880, la fundamentación está prevista en los artículos 11 y 40, los que no serán abordados por ser conocidos de SSI., sin embargo, resulta pertinente alegar que el acto contiene una fundamentación manifiesta y clara, basado en una restructuración del Servicio respecto a un plan estratégico que debe ser ejecutado en un periodo determinado.

2.- Sobre el proceso de restructuración de la Dirección General del Crédito Prendario El jefe del Servicio que suscribe, asumió sus funciones en virtud del Decreto N° 19 de 2020, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a contar del 01 de mayo de 2020, en el marco de un proceso del Servicio Civil de Alta Dirección Pública.

Al iniciar sus funciones como Director General (y como ya fue señalado en el presente informe), se advierte que se estimó necesario promover el concurso ADP para proveer la jefatura del Departamento de Crédito y Jurídico. Así, mediante la Resolución Exenta RA N° 99/121/2020, de nombre reservado, don nombre reservado asume sus funciones con fecha 28 de septiembre de 2020 como jefe del Departamento de Crédito, y mediante la Resolución Exenta RA N° 99/76/2021, se designa a don nombre reservado como jefe de este Departamento Jurídico a partir del 01 de abril de 2021.

Con lo anterior damos cuenta de que las actuales jefaturas del Servicio fueron proveídas por el sistema de Alta Dirección Pública hace más de 18 meses, lo cual es garantía de procesos objetivos, racionales, y que responden a criterios técnicos.

Establecido lo anterior, este Director procede a evaluar los procesos críticos del Servicio, detectando nudos en los desempeños asociados a oficinas cuya creación se relaciona directamente con la capacidad de gestión de esta Dirección General, pero que debe ser abordada en el contexto de oficinas creadas en virtud de la facultad privativa de que dispone el Director General y que fue ejercida por sus predecesores, en el marco de evaluación que hicieron ellos bajo las circunstancias que en ese momento se vivían, y que, necesariamente deben ser evaluadas por las nuevas autoridades, es decir, por este Director, ya que este diagnóstico va asociado a las prioridades que establezca para el ejercicio de su gestión, así resulta visible el principio de gestión pública de nuevas autoridades, nuevas prioridades.

Dado lo anterior, se reconsideran la misión, necesidad y capacidad de gestión de la Oficina de Contraloría Interna, la Oficina de Remates Fiscales y Judiciales, la Oficina de Compras y Contrataciones Públicas, la Oficina de Servicios Generales y -para efectos del caso en concreto- la Oficina de Infraestructura y Mantención, a consecuencia de lo cual y, como remedial, se establece la necesidad de fijar una nueva organización interna, y reestructurar -volviendo a su cauce natural- las facultades de control y seguimiento de estos procesos -todo- esto con el objetivo estratégico de retomar el control de un área que se estima de la mayor relevancia para la correcta funcionalidad de nombre reservado, como lo es, el gasto público.

En consecuencia, como se puede apreciar, se trata de un proceso estructural en cuyo marco este Director es evaluado y controlado por órganos externos, para cuyas decisiones la ley lo ha dotado de facultades expresas y, lo que se estima más relevante, constituye el marco habilitante de una administración eficiente, eficaz y que debe ser ejercida con una mirada estratégica en función de los fines del Servicio y del Estado.

Dicho lo anterior, pasaremos a la enunciación de estas decisiones, consignadas en los correspondientes actos administrativos:

i. Mediante la Resolución Exenta Nº 336, de fecha 23 de noviembre de 2021, se deja sin efecto la Resolución Exenta Nº 132, de fecha 31 de marzo de 2020, que crea y fija funciones de la Oficina de Contraloría Interna de la Dirección General del Crédito Prendario, por la que se puso término al funcionamiento de dicha Oficina. El acto se motivó en el hecho de que se estableció una falta de ejecución y control oportuno por parte de la Oficina de Contraloría Interna sobre las labores propias de la Oficina de Remates Fiscales y Judiciales y Oficina de Compras y Contrataciones Públicas.

ii. Mediante Resolución Exenta N° 349, de fecha 30 de noviembre de 2021, se crea la Oficina de Desarrollo Intersectorial y se pone término a la Oficina de Remates Fiscales y Judiciales. En este sentido, efectivamente, se advierte que el desempeño de la Oficina de Remates Fiscales y Judiciales responde a un modelo propio del momento en que fue creada, y que, como consecuencia de la pandemia que ha afectado a nuestro país y al mundo, el desarrollo de tecnologías ha implicado potenciar el uso de plataformas tecnológicas y, especialmente, en lo que se refiere a los remates en línea, razón por la cual, surge la necesidad de crear la Oficina de Desarrollo Intersectorial, con el fin de fortalecer el uso de recursos tecnológicos y promover el cumplimiento de los fines propios del Servicio en el ámbito de su gestión a todo el país.

iii. En razón de la Resolución Exenta N° 347 del 29 de noviembre de 2021, las funciones del encargado de la Oficina de Compras y Contrataciones Públicas pasaron directamente a la jefatura del Departamento de Contabilidad. Este surgió como una consecuencia de“[…] la necesidad de que las funciones de la Oficina de Compras y Contrataciones Públicas sean asumidas por una jefatura de nivel jerárquico superior, que reporte directamente al Director General y que se relacione con otros integrantes de la administración del Servicio en condiciones tales de imprimirle imperio a los procesos que se ven ralentizados por razones de distinta naturaleza”.

iv. En este orden de ideas y, en razón del análisis estratégico que ha realizado el suscrito, el proceso de restructuración ha debido continuar, por lo que mediante la Resolución Exenta N°245 de 28 de julio de 2022, se modificó dependencia y estructura interna de oficinas que se indican en ella, pasando a depender la Oficina de Compras y Contrataciones Públicas directamente de la Dirección General del Servicio, se terminan las funciones de la Oficina de Infraestructura y Mantención y las labores que esta desarrollaba pasaron a la Oficina de Servicios Generales y a la señalada Oficina de Compras.

v. Mediante la Resolución Exenta N° 402 de 30 de noviembre de 2022, se modificó la estructura interna del Departamento Administrativo y se reformularon los perfiles de cargos indicados.

En consecuencia, en general, con estas modificaciones en la estructura orgánica del Servicio, se redefinió la naturaleza de las funciones distintas unidades ejecutivas del Servicio, a fin de facilitar el control y seguimiento, focalizándola en aspectos, de modo de disponer de una visión estratégica que comprenda todas las decisiones reguladas bajo el mismo régimen jurídico, con el objeto de homologarlas, sistematizarlas y que respondan a un criterio y responsables únicos ante la jefatura del Servicio.

3.- Acerca de la confianza legítima.

El recurrente alega que no se tuvo en consideración que su designación se encontraba amparada por la “confianza legítima”, entendiendo en esta institución una causal de inamovilidad del cargo que no existe de manera normativa, señala. nombre reservado actuó, precisamente, conforme a los instructivos que regulan la “confianza legítima”, tanto en la forma como en el fondo del acto impugnado.

Es la reestructuración orgánica general y estratégica de desempeño la parte integrante del fundamento del acto administrativo que señala la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2023, ya que el ejercicio de la encomendación de funciones del actor no se condice con las líneas estratégicas indicadas, que tributan a los objetivos impuestos por este Director.

Así entonces, y considerando la formación del recurrente y que su ejercicio directivo no se ha ajustado a las líneas estratégicas sugeridas para el cumplimiento de los fines señalados por este Director, así como que tampoco desarrolló competencias nuevas en esa línea, no advirtiéndose que tuviera una gestión abierta a los desafíos planteados por esta Administración, en particular con lo que dice relación con el servicio al cliente (por ejemplo orientación a la calidad; orientación a los procedimientos normativos y legales, a modo de ejemplo, el de especies incautadas y decomisadas), uso de las tecnologías en los procesos (Como por ejemplo plataforma de remates; plataforma de remates en línea; manejo de plataformas de uso de la información y comunicación telemáticas); y a la promoción con cumplimiento de metas asociados a las funciones del Servicio. Cabe señalar que, como se desprende claramente de lo expuesto, la motivación de la resolución impugnada estuvo fundada en un proceso de restructuración orgánico y estratégica de desempeño, que se ha implementado en el Servicio desde el año 2020, que constituye parte del mandato legal entregado a este Director por el Servicio Civil y ha sido consignada en los actos administrativos pertinentes que dan cuenta de la formalización de los mismos, y que se relaciona directamente con un plan que se traduce en una reestructuración estratégica relacionada con el desempeño de los funcionarios que cuentan con funciones directivas, dentro de los cuales están no solo las jefaturas señaladas en párrafos precedentes, sino que, además, el ex funcionario actor de la presente acción constitucional.

Lo anterior estuvo en concordancia con el nuevo dictamen de la Contraloría General de la República, instructivo sobre confianza legítima en contratas, Nº E156769/2021, en el que respecto a la motivación del acto señala que “De este modo, y en concordancia con los dictámenes Nos 12.248 y 18.901, ambos de 2017, y de este Órgano de Control, podrán servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentren suficientemente acreditados mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión, entre otros:

- La supresión o modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente.

- La modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario.”

En este mismo sentido el dictamen N° 11.027 de 2019, señala al respecto que “En este orden de ideas, y siguiendo lo expresado, entre otros, en los dictámenes Nos 6.400, 18.965, y 30.886, todos de 2018, y de esta procedencia, si bien la modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, o la supresión o modificación de planes, programas o similares, que hagan innecesarios los servicios del empleado, son supuestos que podrían servir de fundamento para prescindir de su vínculo, ello procederá solo en la medida que tales hechos se encuentren suficientemente acreditados mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión, como lo es, por ejemplo, la mención del acto administrativo dictado con anterioridad a la no renovación, a través del cual se hubiese realizado aquella clase de modificación orgánica (…)” . También ha precisado igual estándar el dictamen N° 13576 de 2019, En este mismo sentido, no fue posible su reubicación, en razón a que el cargo que ostentaba se encuentra muy por sobre cualquier otra labor a desarrollar en la nombre reservado.

4.- Con relación a una virtual anticipación de la decisión que pueda resultar del proceso judicial.

En el proceso pendiente caratulado “nombre reservado con nombre reservado" ventilado ante el Corte de Apelaciones de Santiago, este Servicio declaró que el solicitante no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la ley N° 20.948, para acceder a la bonificación adicional establecida en esa normativa. Este análisis fue corroborado por el órgano contralor, quien concordó con nuestra postura.

En ese sentido, sólo cabe agregar que son procesos distintos y que la Resolución Exenta RA N° 99/197/2022 no tiene relación alguna con aquel proceso judicial pendiente, ni directa ni indirectamente.

5.- Respecto a la alusión de tener una militancia de un partido opositor al actual gobierno.

Sobre este punto, no cabe sino indicar que, sin perjuicio de que el recurrente no invoca ningún antecedente para arribar a tal conclusión, la fundamentación del acto impugnado es clara, y en caso alguno se alude a las cuestiones que escapen a la valoración técnica que hizo esta superioridad.

6.- Respecto a la alusión de la Resolución Exenta N° 312 de 12 de septiembre de 2022, que “Establece equipos de trabajos 2023 de la Dirección General del Crédito Prendario, para la aplicación del incremento por desempeño colectivo de la Ley N° 19.553”.

Sobre el particular sólo cabe indicar que este acto administrativo debe emitirse en razón de una obligación normativa, conforme el artículo 5° del Decreto N° 983 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que el aprueba el reglamento para la aplicación de incremento por desempeño colectivo del artículo 7º de la ley Nº 19.553. Por una cuestión temporal, según la exigencia de la norma, se deben establecer los equipos de trabajo mediante una resolución antes del 15 de septiembre de cada año. Pero por esta misma circunstancia temporal no se puede afirmar que la superioridad del Servicio ejerce una comunicación anticipada de la renovación de la contrata, sino que debe cumplir la exigencia normativa con los equipos disponibles a la fecha límite, y por lo tanto sin considerar los posibles cambios de dotación que ocurran a partir del 15 de septiembre. En este mismo sentido, el artículo 9° del precitado decreto, permite los cambios del equipo de trabajo, mediante una resolución fundada. Por lo anterior, no es posible afirmar que la circunstancia de que el recurrente apareciera dentro del equipo de trabajo para el año 2023, implicara una anticipación de la decisión de renovar su designación a contrata.

Lo anterior pone de manifiesto, y de manera indubitada, que las alegaciones de arbitrariedad que alega el señor nombre reservado no son efectivas, y que el acto se encuentra debidamente fundado conforme lo dispone la norma y la jurisprudencia administrativa.

V. NO EXISTE VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES INVOCADOS POR EL RECURRENTE.

I. En relación a la virtual vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

El recurrente alega que la decisión del Servicio de no prorrogar su contratación implicaría una contravención a la igualdad ante la ley, considerando que no se tomó la misma decisión con otros funcionarios que tuvieron su misma calificación funcionaria y fueron parte de la Resolución Exenta N° 312 de 12 de septiembre de 2022.

Erróneamente el actor asigna un contenido equivoco a la garantía3, que la tornaría inaplicable en nuestro sistema. De esta manera, NO TODA DISTINCIÓN VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD, SI NO SÓLO AQUELLAS QUE CAREZCAN DE JUSTIFICACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE. Entonces S.S. Iltma., el actuar de la Dirección General del Crédito Prendario, no ha vulnerado la citada garantía constitucional de ninguna, no siendo ni ilegal ni arbitraria la dictación de la Resolución Exenta RA N°99/197/2022 por lo que deberá ser rechazado el Recurso en este aspecto. No existe una diferencia arbitraria o ilegal que lo afecte. En efecto, como se ha señalado, este Servicio ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones, sin caer en actuaciones arbitrarias o alejadas de la razón. Se han tenido presente todas las consideraciones hechas valer en los apartados previos de este informe para la adopción de la decisión que se impugna en estos autos, que la decisión se enmarca dentro de un proceso de restructuración del Servicio, y la consideración a su rol directivo, su perfil y la imposibilidad de reubicarlo en razón a las funciones que cumplía.

Como S.S. Iltma., bien conoce el artículo 19 N° 2 de la Constitución, cuya transcripción me permito copiar textual y entre comillas en este Informe: "La Constitución asegura a todas las personas: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Al respecto se ha entendido que dicho artículo es la recepción del principio de igualdad y no discriminación en nuestro ordenamiento constitucional. Al efecto, dicho principio exige que las personas sean tratadas de forma similar en iguales circunstancias. No obstante, Ilustrísima Corte, la doctrina y jurisprudencia están contestes en que evaluar si un acto constituye discriminación supone un ejercicio relacional entre dos sujetos en igualdad de condiciones. En este sentido los autores Sres. nombre reservado, señalan que “en primer lugar, la determinación de la existencia de igualdad o de discriminación supone un ejercicio relacional. En efecto, requiere necesariamente realizar una comparación entre la situación de uno o más sujetos respecto de uno o más objetos (recursos, cualidades, bienes, derechos, etc.). En segundo lugar, la discriminación requiere, en términos generales, una acción u omisión estatal, que puede consistir en una “distinción, exclusión, restricción o preferencia”. La mayoría de estas expresiones aluden a la concesión o negación de algo que se otorga a unos y no a otros, lo que nos sugiere que las diferenciaciones suelen ser jurídicamente más problemáticas.

Por su parte, S.S. Iltma., la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado sobre la discriminación lo siguiente: “ese principio posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno; se trata de un principio de derecho imperativo. Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. Es discriminatoria una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable”.

Además, es poco lo que podemos señalar respecto a este punto, a saber, la igualdad, ya que la recurrente no desarrolla este punto, solo lo menciona.

II. En relación a la virtual vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

El recurrente se refiere en este punto a un virtual derecho de propiedad de sus remuneraciones para el año 2023 y, sobre una eventual protección a la estabilidad del empleo por parte de nuestro ordenamiento jurídico, sin profundizar mayormente en la idea, sin embargo, ante la falta de desarrollo tampoco podemos presentar contra argumentos, salvo decir, que en este sentido, es la propia Ley la que dota al empleo a contrata de una naturaleza esencialmente transitoria, que se extiende como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, salvo que concurra excepcionalmente un acto administrativo en contrario que establezca la prórroga del empleado a contrata. De la misma manera, se reconoce la posibilidad de poner término anticipado a una contrata en el evento que no sean necesarios los servicios, para ello, es necesario que se dicte una resolución que dé los fundamentos del término, situación que se da en el caso del recurrente. Ahora bien, S.S. lltma., como los empleos a contrata son de carácter transitorio, no integran planta alguna dentro de la Institución y carecen de la propiedad del cargo que desempeñan, en este entendido, tampoco existiría un derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, ya que la contrata al ser esencialmente temporal, debe cumplir los siguientes presupuestos para que se radiquen en el patrimonio del funcionario: 1) que sea necesario el servicio; 2) que haya existido una prórroga de sus funciones y, 3) que la remuneración sea haya devengado. Por tanto, las prestaciones pecuniarias a futuro, constituirían sólo meras expectativas si no se dan las circunstancias mencionadas.

No obstante, lo expuesto, la Contraloría General de la República mediante recientes dictámenes ha generado la llamada doctrina de la “Confianza Legítima”, conforme a la cual se refuerza la idea de la motivación del acto, pero no establece -como se podría pretender- la inamovilidad del cargo, ni menos, desnaturaliza la temporalidad de la contrata, tampoco implica estabilidad absoluta del empleo, por cuanto, de existir fundamentos, la superioridad puede y debe disponer el término anticipado a una contrata donde la Administración puede poner fin a la relación contractual anticipadamente mediante un acto fundado que de cuente de los hechos que permiten tal decisión. Es lo que ha acontecido en el presente caso con la dictación ajustada a derecho de la Resolución Exenta RA N°99/103/2022.

Con el objeto de no ser reiterativo en lo ya expuesto, se hace presente que en Chile no existe un régimen de estabilidad absoluta del empleo, ni siquiera en materia de Código del Trabajo se contempla de esa manera, por tanto, no se podría hablar que existe una “propiedad” en el cargo de contrata que ejercía el recurrente en la Dirección General del Crédito Prendario. Ahora bien, y como ya se mencionó precedentemente, la naturaleza de la contrata es temporal, la Ley sólo garantiza la estabilidad en el empleo al personal de planta, conforme lo señala la letra f) del artículo 3, del Estatuto Administrativo. Por esta razón, no es procedente siquiera pensar que se detente una suerte de derecho de dominio sobre las contratas; pues al ser un cargo temporal, las remuneraciones futuras son solo mera expectativas. A mayor abundamiento y conforme lo preceptuado por la Contraloría General de la República en el dictamen N° 39562 del 2005, los empleados a contrata poseen una condición esencialmente temporal por lo que “resulta forzoso colegir que los servidores designados en tal calidad carecen de la propiedad del cargo que desempeñan a diferencia de los titulares”, a quienes el inciso segundo del Art 4° del Estatuto Administrativo, les ha concedido expresamente tal prerrogativa.

CONCLUSIÓN A modo de análisis de término, sólo nos queda advertir que la acción nos resulta amplia o ambigua en su planteamiento y desarrollo, lo que dificulta una respuesta certera, afectando nuestro legítimo derecho a la defensa. El Servicio tiene la plena disposición para comparecer ante SSI, sin embargo, ante la vaguedad de las alegaciones, pareciera que el actor no dota de la debida relevancia jurídica a “la petición concreta” que debe existir en todo procedimiento adversarial, como garantía del debido proceso, de modo tal de dar eficacia al principio de congruencia, requisito esencial en todo debate contencioso.

En este sentido, al deducir una acción sin concreción en la petición, deja al árbitrio del juzgador la determinación del objeto del conflicto, pero afectando nuestro legítimo derecho a la defensa. Será el Tribunal de SSI, la que determinará cual es el borde, contenido y alcances de la vulneración.

Sin perjuicio de lo anterior e interpretando las alegaciones, el recurrente estima que la Resolución de la Direccción General del Crédito Prendario que dispone la no prórroga del recurrente para el año 2023, por las razones que en ella se describen, afecta un conjunto de garantías, sin detallar cómo se produce la vulneración e incurriendo en un error de comprensión jurídica en el objeto de esta acción cautelar. En opinión del Serivicio y, tal como se ha manifestado a lo largo de este informe, estimamos que la superioridad se encuentra expresamente facultada para dictar actos de esta naturaleza, en la medida que sea suficientemente fundado, lo que hemos explicado latamente en el sentido que, la nombre reservado -como todo Servicio Público- debe cumplir con su misión legal, y siempre será objeto de un conjunto de controles que buscan dar eficacia al principio de eficiencia. Para estos efectos, el Director dispone de facultades previstas en la ley que le permiten administrar a través de actos y procesos administrativos, pero también a través de instrucciones y orientaciones directas a sus dependientes. En este marco, se ha desarrollado latamente que la decisión de terminar con la contratación de don nombre reservado obedece a un proceso de restructuración del Servicio, que tiene como principal objetivo el cumplimiento del plan estrategico asociado a las metas que debe cumplir esta autoridad en atención al cargo de Alta Dirección Pública, donde las labores encomedadas al recurrente requieren de un perfil y gestión distintas a las que se desarrollaban actualmente.

En respuesta a las alegaciones del actor y en razón de los argumentos de hecho y de derecho indicados en el presente informe, la Resolución Exenta RA N° 99/197/2022, de la Dirección General del Crédito Prendario, que dispuso la no renovación del actor, no constituye un acto que provoca directamente una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos a la igualdad ante la ley, y de propiedad invocados por el recurrente, en los términos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política.

El acto administrativo cumple las exigencias de legitimidad al encontrarse motivado, y tener un objeto y fin legítimos. Asimismo, se expresan en su texto los fundamentos que permiten al destinatario conocer las razones que se tuvieron en cuenta por la autoridad para adoptar la decisión.

Solicita se sirva tener por evacuado el informe solicitado en los autos y, en su mérito, rechazar el recurso de protección de autos, por no existir en el caso sublite una acción u omisión arbitraria e ilegal de esta parte que prive, perturbe o amenace alguna garantía constitucional del recurrente, con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

a) Resolución Exenta TRA N° 99/86/2019, de nombre reservado, que designa en calidad de contrata a don nombre reservado.

b) Resolución Exenta RA N° 99/1/2022, de nombre reservado, que prorroga contratación de don nombre reservado para el año 2022.

c) Providencia N° 01 de 02 de enero de 2022, del jefe del Departamento Jurídico de nombre reservado.

d) Oficio N° 52 de 15 de febrero, de nombre reservado, que informa ante reclamo de referencia N° R90253/2022; Oficio N° E180247 / 2022 de la I Contraloría Regional Metropolitana.

e) Oficio N° E191.111, de 11 de marzo de 2022, de la I Contraloría Regional Metropolitana.

f) Resolución Exenta RA N° 99/197/2022, de nombre reservado, que disponde la no prórroga de la contratación de don nombre reservado para el año 2023.

g) Decreto N° 19 de 2020, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que nombra a don nombre reservado como Director General del Crédito Prendario, ADP de I Nivel Jerárquico.

h) Resolución Exenta RA N° 99/121/2020, de nombre reservado, que nombra a don nombre reservado como Jefe del Departamento de Crédito, ADP de II Nivel Jerárquico.

i) Resolución Exenta RA N° 99/76/2021, que nombra a don nombre reservado como Jefe del Departamento Jurídico, ADP de II Nivel Jerárquico.

j) Resolución Exenta Nº 336, de fecha 23 de noviembre de 2021, se deja sin efecto la Resolución Exenta Nº 132, de fecha 31 de marzo de 2020, que crea y fija funciones de la Oficina de Contraloría Interna de la Dirección General del Crédito Prendario, por la que se pone término al funcionamiento de dicha Oficina.

k) Resolución Exenta N° 347 de 29 de noviembre de 2021, se reasignan las funciones de Encargado de la Oficina de Compras y Contrataciones Públicas a la jefatura del Departamento de Contabilidad.

l) Resolución Exenta N° 349 de 2021, que crea la Oficina de Desarrollo Intersectorial y pone término a la Oficina de Remates Fiscales y judiciales de la Región Metropolitana m) Resolución Exenta N° 245 de 28 de julio de 2022, de nombre reservado, se modifica dependencia y estructura interna de oficinas que se indican.

n) Resolución Exenta N° 402 de 30 de noviembre de 2022, de nombre reservado, que modifica estructura interna del Departamento Administrativo y reformula perfiles de encargados de oficina que indica.

o) Ebook de causa caratuladoa “nombre reservado con Dirección General del Crédito Prendario", rol ingreso Corte N° 92730 – 2022, de la la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Recurso de Protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las ga,rantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: De los antecedentes acompañados por la recurrente, más los hechos valer por la institución recurrida, se puede inferir que el actor se desempeñó, en forma ininterrumpida, para la recurrida desde el 01 de julio de 2018, por cuanto por Resolución TRA N°99/86/2018, de fecha 31 de agosto de 2018, se sanciona el ingreso del ex funcionario al Servicio, como contrata técnico grado 10° de la E.U.S., y asume sus funciones el 01 de julio de 2018. La anterior contrata fue prorrogada en forma sucesiva conforme las Resoluciones Exentas RA N°99/19/2019, 99/5/2020, 99/2/2021 y 99/1/2022.

TERCERO: Que por la resolución Exenta RA N°99/197/2022, de 30 de noviembre de 2022, en función de los argumentos que en dicha Resolución se expresan, se resuelve que la contrata del recurrente, no será prorrogada para el año 2023.

CUARTO: Que, para despejar un tema central de lo reclamado en la presente acción, cuestión que se ha controvertido en este recurso, y conforme a la reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, se debe tener presente que para estar en presencia de la figura de la legitima confianza, (varias veces señaladas por el recurrente como fundamento de su acción), es necesario considerar lo que en cuanto al plazo de permanencia requerido para su alegación en los Servicios respectivo, se exige como lapso mínimo, tanto por la jurisprudencia judicial como la administrativa, esto es, cinco años ininterrumpidos (v.g. sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 30 de junio de 2023, en Ingreso Rol N° 47.617-2023, considerandos 10° y 11°). En este sentido, en consecuencia, el actor no puede ampararse en ese principio, pues ha permanecido ligado al servicio un tiempo inferior al señalado.

QUINTO: Que, por otra parte, en cuanto a la fundamentación del acto impugnado, como puede observarse en el mentado acto, siendo este caso una decisión de no renovar la contrata para el año 2023, mal puede reprocharse ilegalidad o arbitrariedad de la recurrida al haber procedido de esa forma, toda vez que se comunicó oportunamente al recurrente esa decisión, facultad que no sólo contempla la ley, esto es el artículo 11 del D.F.L. 29 de 2005, Ministerio de Hacienda, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, sino que dicha posibilidad estaba contenida en el acto mismo que prorrogó la contrata por el año 2022, todo lo cual era conocido por el recurrente.

SEXTO: Que sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, el acto administrativo que es objeto del recurso, en concepto de esta Corte, sí es fundado como se desprende de su contenido, al resolver de lo forma que lo hizo, todo ello en el marco de un proceso de reestructuración que la DIRECCIÓN DE CRÉDITO PRENDARIO, en virtud de la decisión adoptado por quien tiene la competencia para hacerlo, había decretado SEPTIMO: Que de lo anterior, entonces, fluye que, por un lado, el vínculo que unía al recurrente con el órgano recurrido expiró en la fecha previamente establecida en la Resolución que prorrogó la contrata inicial, pues la vigencia del mismo era solo hasta el 31 de diciembre de 2022, comunicando la institución recurrida, mediante el aviso respectivo, su decisión de no renovar la vigencia de la contrata para el año siguiente, esto es el 2023, indicando como fundamento que los servicios del actor ya no se estimaban necesarios, en el contexto de la reestructuración u organización decretado por el Jefe Superior del Servicio, según da cuenta el acto administrativo impugnado y que se encuentra acompañados a este recurso.

OCTAVO: Que en consecuencia de lo anterior, al no existir un acto ilegal o arbitrario imputable la recurrida, al decretar la no renovación de la contrata con el recurrente, el presente recurso debe ser rechazado, resultando inoficioso ponderar las garantías fundamentales supuestamente vulneradas.

Por los fundamentos precedentes, más lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, artículo 11 del D.F.L. 29 de 2005, del Ministerio de Hacienda y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por RAÚL HENRÍQUEZ BURGOS, en representación de nombre reservado, en contra de DIRECCIÓN GENERAL DEL CRÉDITO PRENDARIO.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Ricardo Fonseca Gottschalk.

Rol N° Protección-75041-2022.(jog)