nombre reservado con SEREMI SALUD PÚBLICA

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS Comparece MARCELO BRUNET BRUCE, abogado, con domicilio en domicilio reservado, quien dice:

Que, interpone recurso de protección en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL (en lo sucesivo SEREMI) DE SALUD REGION DE LA ARAUCANIA, representada por el Secretario Regional Ministerial don Andrés Cuyul Soto, ambos domiciliados en domicilio reservado. Lo hago en favor de los derechos de doña nombre reservado, funcionaria a contrata escalafón administrativo E.U.S grado 20 de la EUS, de la Seremi de Salud Araucanía de la Subsecretaria de Salud Pública, domiciliada en domicilio reservado, Región de la Araucanía Recurro en contra de la decisión de fecha 25 de noviembre de 2022, manifestada en correo electrónico de parte de nombre reservado, jefa de Unidad de Personal de la Seremi de Salud de la Araucanía, donde se indica: “Por medio del presente, comunico a usted que su contratación transitoria, que la vincula con la Subsecretaría de Salud Pública, en modalidad de Contrata, Estamento Administrativo, finalizará el día de 30 de noviembre de 2022 por vencimiento del plazo de la contratación. la contrata no será renovada para el mes de diciembre”., en base a los antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer:

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

1. Mi representada ingresa el 07 de noviembre de 2019 al subdepartamento de Gestión y nombre reservado de la Seremi de Salud Araucanía de la Subsecretaria de Salud Pública, a contrata, en el cargo de administrativo grado 16, en reemplazo de la funcionaria nombre reservado, quien se encontraba con licencia médica, hasta el 13 de febrero de 2020.

En este periodo realiza funciones de secretaria y funciones administrativas en el subdepartamento Gestión y nombre reservado, bajo jefatura de nombre reservado, Jefa de la unidad de personal de dicho subdepartamento, el cual se encontraba a cargo de D. nombre reservado.

2. Desde el 14 de febrero de 2020 y hasta el 29 de marzo de 2020, se le vuelve a contratar en la Seremi de Salud Araucanía de la Subsecretaria de Salud Pública, a contrata, en el cargo de administrativo grado 16.

3. El día 22 de abril de 2020 a solicitud de nombre reservado jefe del Departamento Administración y Finanzas se le solicita cumplir funciones como secretaria y funciones administrativas en Departamento de Gabinete, bajo jefatura de Dra. nombre reservado Seremi de Salud de la Araucanía de la época, ya que ambas secretarias titulares se encontraban acogidas a teletrabajo.

En este periodo mantuvo también sus funciones en la unidad de recursos humanos las cuales se mantuvieron hasta el 24 de junio de 2020, continuando con sus funciones en gabinete hasta el 28 de febrero de 2021.

4. Es preciso mencionar que no fue posible que retomara sus funciones en la unidad de personal porque fue contratada otra funcionara en ellas, siendo contratada entonces bajo la modalidad código del trabajo regida por el decreto que declaraba alerta sanitaria por Covid -19 desde 30.03.2020 hasta 28.02.2021 sin disolución de continuidad.

5. El 01 marzo de 2021, se le vuelve a contratar, bajo la modalidad a contrata, hasta el 30 de junio de 2021, como Administrativo, asimilado a grado 19° E.U.S, de la Planta de ADMINISTRATIVOS, con jornada de 44 horas semanales, en la Seremi de Salud Araucanía de la Subsecretaria de Salud Pública, donde en común acuerdo con la autoridad, fue destinada a cumplir funciones como Analista en la Unidad de licencias médicas de la Compin Subcomisión Cautín a cargo de D. nombre reservado presidente de la Subcomisión.

En este periodo su jefatura directa fue D. nombre reservado , jefe de la unidad de Licencias Médicas.

Como se dijo, la relación contractual es contrata grado 19, manteniendo sucesivos contratos que le fueron prorrogados, sumando una totalidad de 1 año 8 meses en esta modalidad, ya que se iba a realizar un concurso interno para cubrir el cargo. Dicho concurso se realizó en el mes de Julio del presente año el cual fue declarado desierto ya que ningún postulante cumplió los requisitos de admisibilidad.

Mi representada indica que quedó fuera del concurso, ya que el tiempo para presentar los antecedentes fue de solo 4 días, no logrando obtener un certificado laboral del trabajo anterior (OTEC de capacitaciones), además coincidió con periodo de vacaciones de invierno y traslado de dependencias de toda la Seremi de salud.

6. En esta oportunidad se realizaron gestiones con la autoridad para mantenerla en las funciones del cargo hasta que fuera realizado el concurso nuevamente procediendo a una renovación de contrato desde septiembre de 2022 a noviembre del mismo año , en donde se cambia arbitrariamente de grado 19 a grado 20.

7. Con fecha 25 de noviembre de 2022, recibe un correo electrónico de parte de D. nombre reservado indicando que: “Por medio del presente, comunico a usted que su contratación transitoria, que la vincula con la Subsecretaría de Salud Pública, en modalidad de Contrata, Estamento Administrativo, finalizará el día de 30 de noviembre de 2022 por vencimiento del plazo de la contratación. La contrata no será renovada para el mes de diciembre”.

Es preciso mencionar que durante todo el periodo en que la funcionaria se desempeñó en la Seremi de Salud de la región de la Araucanía fue calificada con la nota máxima en todos los ámbitos que comprende el sistema de gestión de desempeño.

El 07 de diciembre de 2022, se contrata a doña nombre reservado, Rut: RUT reservado en reemplazo del cargo que quedó vacante al ser despedida mi representada nombre reservado, demostrando con esto que el cargo es muy necesario dentro de la Unidad puesto que fue reemplazada inmediatamente después de ocurrido el despido Las garantías que se han vulnerado y que se encuentran bajo amenaza en este caso, tal como será expuesto en el próximo apartado, son las descritas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, numerales 1, 2 y 24.

1. La decisión de la autoridad de no renovar la contrata de su representada, por las que había sido contratada el año 2019 y prorrogado los años 2020, 2021 y 2022, es absolutamente ilegal y atenta contra el principio de la Confianza Legítima La Igualdad ante la Ley Lo que ha ocurrido con esta exoneración arbitraria es precisamente lo que se prohíbe en la Carta de 1980: según ésta, son inconstitucionales las discriminaciones arbitrarias, vale decir, contrarias a la justicia, razón o bien común.

La recurrida ha vulnerado la igualdad ante la ley, dado que la decisión de la autoridad se debe en gran parte a la calidad de funcionaria nombrada en la administración anterior, siendo ésta la única potencial razón para ponerle término a su contrata.

El derecho de propiedad La Constitución garantiza y protege el derecho de propiedad. Las normas específicas de la propiedad, en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, aparecen consignadas en el Nº 24 del artículo 19.

La recurrida, en su actuar, ha trasgredido o prevé la posibilidad de que se trasgreda el goce pacífico y tranquilo de la esencia misma de la propiedad de la funcionaria nombre reservado, en dos sentidos:

El primero de ellos es que toda vez que en su actuar obvia la legalidad de la continuidad de la situación de estabilidad en la que se encuentra la señora nombre reservado, le afecta patrimonialmente, generando gastos imprevistos que contravienen a la estabilidad económica a que tiene derecho.

Infringe la recurrida la garantía citada cuando afecta patrimonialmente a la persona de mi representada; en circunstancias que tiene incorporado a su patrimonio los derechos correspondientes a su remuneración, el que sólo podría ser alterado por causa debidamente fundada. En la especie, no se aprecia respeto de tal derecho por medio del acto recurrido.

Pero en segundo término, la titularidad laboral de la que dispone la Sra.nombre reservado, se ha visto vulnerada flagrantemente, por el actuar del recurrido, puesto que se le ha impedido ejercer su función laboral, con acceso a los beneficios que dicho cargo considera.

Sin duda que la funcionaria por cuyos derechos recurro es propietaria del legítimo derecho a la estabilidad del empleo, en las condiciones, grados y jerarquía que actualmente tiene.

Solicita tener por interpuesta acción constitucional de protección, en favor de los derechos constitucionales de nombre reservado, en contra de la Seremi de Salud Araucanía de la Subsecretaria de Salud Pública representada por el SEREMI don Andrés Cuyul Soto, ya individualizados, acogerla a trámite, y en definitiva calificar que la acción recurrida, consistente en la decisión de fecha 25 de noviembre de 2022, manifestada en correo electrónico de parte de nombre reservado, jefa de Unidad de Personal de la Seremi de Salud de la Araucanía, donde se indica: “Por medio del presente, comunico a usted que su contratación transitoria, que la vincula con la Subsecretaría de Salud Pública, en modalidad de Contrata, Estamento Administrativo, finalizará el día de 30 de noviembre de 2022 por vencimiento del plazo de la contratación. la contrata no será renovada para el mes de diciembre”, es ilegal y arbitraria, y, previo los informes del caso y la correspondiente vista de la causa, acogerlo en todas sus partes, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el acto impugnado, la decisión de fecha 25 de noviembre de 2022 de fecha 25 de noviembre de 2022, y todo acto administrativo posterior que se haya emitido sobre el supuesto de la validez de la citada resolución y/o adoptando las demás medidas que juzgue adecuadas para el más pronto restablecimiento del derecho y la debida protección de doña nombre reservado.

b) Se reincorpore a doña nombre reservado en el cargo y jerarquía que ostentaba a la fecha del acto del cual recurrimos, a más tardar dentro de tercero día de que quede ejecutoriada esta sentencia, ordenándose a la SEREMI DE SALUD de la Araucanía, disponer de todas las medidas que permitan tal reincorporación.

c) Se restituyan las remuneraciones que no se le pagaron, producida el término de la contrata de doña nombre reservado.

e) Se condene a la SEREMI DE SALUD de la Araucanía al pago de las costas procesales y personales que correspondan.

Las medidas anteriores constituyen meras proposiciones para por lo que se solicita a esta I. Corte adoptar las medidas que estime para garantizar la tutela del derecho del recurrente.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Mandato judicial donde consta la personería para representar a la recurrente.

2. Copia del acto recurrido, la decisión de fecha 25 de noviembre de 2022, manifestada en correo electrónico de parte de nombre reservado, jefa de Unidad de Personal de la Seremi de Salud de la Araucanía, 3. Copia de resolución de 28 de octubre de 2020, designa contrata a nombre reservado

4. Copia de resolución de 16 de noviembre de 2020, designa contrata a nombre reservado calificaciones 5. Copia de Contrato de trabajo de 30 de marzo de 20220,de nombre reservado

6. Copia de resolución de 01 de septiembre de 2022, designa contrata a nombre reservado

7. Copia de resolución de 20 de septiembre de 2022, prórroga contrata a nombre reservado

8. Copia de evaluaciones (6)

9. Copia de certificado de 30 de noviembre de 2022 emitido por el SEREMI DE SALUD ARAUCANIA, que da cuenta la relación de servicio de mi representada nombre reservado, indicándose todo el período de contratación desde el 07 de noviembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2022, lo que acredita las contrataciones y sucesivas prorrogas ininterrumpidas de mi representada nombre reservado, y que reflejan la confianza legitima alegada.

A folio 14 informa recurrido quien dice:

En su presentación, el recurrente interpone la presente acción constitucional en contra de “la decisión de fecha 25 de noviembre de 2022, manifestada en correo electrónico de parte de nombre reservado, jefa de Unidad de Personal de la Seremi de Salud de la Araucanía, donde se indica: Por medio del presente, comunico a usted que su contratación transitoria, que la vincula con la Subsecretaría de Salud Pública, en modalidad de Contrata, Estamento Administrativo, finalizará el día de 30 de noviembre de 2022 por vencimiento del plazo de la contratación. la contrata no será renovada para el mes de diciembre”, Al respecto se solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, por cuanto esta Autoridad Sanitaria Regional no ha actuado de forma ilegal o arbitraria en el cumplimiento de sus funciones, por el contrario, siempre lo han hecho dentro del marco normativo que rige la función pública, apegados estrictamente a los lineamientos que la Contraloría General de la República y los Tribunales Superiores de Justicia han establecido para la desvinculación de un funcionario del servicio mediante la correspondiente resolución, según los fundamentos que se indican a continuación.

El artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, prescribe que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

A su vez, la doctrina nacional ha manifestado que, al mal llamado recurso de protección, es posible definirlo como "la acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores, a fin de solicitarles que adopten inmediatamente las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, frente a un acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer la autoridad o los tribunales correspondientes.

Así, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, están contestes en el hecho de reconocerle a esta garantía constitucional, los caracteres de una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria. Por ello, como contrapartida, el ámbito de su aplicación se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos prexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata, ilegalidad y arbitrariedad que como se dará cuenta en este informe, no se verifican en la especie respecto de esta SEREMI de Salud.

Finalmente, cabe agregar que para que esta acción de protección sea acogida, tienen que satisfacerse determinados presupuestos de procedencia de manera copulativa. Pues, la Excelentísima Corte Suprema de Chile, ha resuelto lo siguiente en esta materia, a saber:

* “PRIMERO: Que según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración, la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) Una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria; b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto; c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado”.

Que, conforme a lo anterior, y teniendo en consideración principalmente que la acción de protección es una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria, su ámbito de aplicación se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata, impidiéndose que este arbitrio pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, ya que las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante esta vía.

En efecto, cabe recordar que, la actora, solicita mediante esta acción de protección, que se adopten todas las medidas necesarias para dar efectivo resguardo a las garantías constitucionales que eventualmente le han sido conculcadas y se ordene dejar sin efecto el acto impugnado, ya que, a su juicio, se vulnero el “principio de confianza legítima” que favorece a la recurrente, ya que “había sido contratada el año 2019 y prorrogado los años 2020, 2021 y 2022”, lo que es absolutamente errado, por los fundamentos que se pasarán a exponer:

1.- Doña nombre reservado fue contratada en esta Secretaría Regional Ministerial de Salud, en las siguientes condiciones, en los periodos que en cada caso se indican:

a) Desde el 07.11.2019 y hasta el 29.03.2020, con calidad jurídica de suplencia por licencias médicas continuas, Estamento Administrativo, 16º E.U.S.

b) Desde el 30.03.2020 hasta el 30.06.2020, en modalidad de contrato de trabajo a plazo fijo, de acuerdo a las disposiciones del Código del Trabajo, y en virtud de la facultad establecida en el artículo 10 del Código Sanitario y del artículo 3 N°2 del Decreto 04, de 2020, del Ministerio de Salud, que decretó alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (espii) por brote del nuevo coronavirus (2019-ncov); siendo prorrogado en modalidad de contrato a plazo fijo hasta el 31 de diciembre de 2020, y prorrogado en modalidad de contrato por faena hasta el término de la estrategia de la alerta sanitaria.

c) Con fecha 01.03.2021, la recurrente renunció voluntariamente, y con fecha 08.07.2021, se firmó ante notario y se pagó el finiquito de contrato de trabajo, considerando para su cálculo el feriado legal proporcional, calculado según Dictamen N°60260/08, de la Contraloría General de la República.

d) Desde el 01.03.2021 al 30.06.2021, con calidad jurídica de Contrata Transitorio, Estamento Administrativo, Grado 19º E.U.S., contratada transitoriamente en cargo vacante, en espera del término del proceso de selección que dotará el cargo permanentemente, con el fin de mantener la continuidad de la función y resguardar del cumplimiento de los objetivos de la institución; siendo renovada en la misma calidad jurídica, por los periodos comprendidos entre 01.07.2021 al 31.12.2021, del 01.01.2022 al 31.03.2022, del 01.04.2022 al 30.06.2022, del 01.07.2022 al 31.08.2022 y del 01.09.2022 al 30.11.2022, finalizando la contratación el 30.11.2022.

2.- De la confianza legítima:

Tanto la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia como la de la Contraloría General de la Contraloría están contestes en que la confianza legítima del funcionario alberga la justa expectativa de ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura a juicio de ambas jurisdicciones, cuando concurre un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas mayores a dos años de dichas contratas, y que “…la confianza legítima no aplica en aquellos casos en que la normativa que regula el empleo corresponda a designaciones que el ordenamiento jurídico contemple para el reemplazo de otros servidores, como sucede con los contratos de reemplazo”, según se informa en el dictamen N°E254179, de 2022, del órgano contralor.

Además, la Contraloría General de la República ha señalado, en dictamen NºE156769, de 2021, que “el criterio en cuestión debe aplicarse a los funcionarios que han sido designados en empleos a contrata y otras figuras de designación semejantes regidos por los siguientes textos y normas legales:

Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.

Artículo 13 del decreto ley N° 1.608, de 1976.

Leyes Nos 15.076 y 19.664, relativas a profesionales funcionarios.

Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, artículo 48, letra c).

Ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, artículo 72, letra d).

Decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, en lo relativo al personal contratado por resolución (CPR).

Decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, en lo relativo a empleos a contrata y trabajadores a jornal de esa institución policial.

Decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, relativo al personal a contrata (PAC)”.

Que, teniendo en consideración lo anterior, en la especie no se cumple ninguno de los requisitos exigidos para que se configure la confianza legítima que alega la recurrente, en relación a sus periodos y modalidades de contratación, a saber:

a) Respecto del periodo comprendido entre el 07.11.2019 y el 29.03.2020 -según certificado de relación de servicio y de las propias resoluciones presentadas por la recurrente-, fue contratada como suplente para reemplazar a otra funcionaria que se encontraba haciendo uso de licencia médica, por lo que no se debe computar este plazo para determinar el cumplimiento del requisito temporal, de acuerdo al criterio jurisprudencial.

b) Respecto del periodo comprendido entre el 30.03.2020 y el 28.02.2021, fue contratada de acuerdo a las normas del Código del Trabajo - texto normativo no comprendido entre aquellos de los mencionados precedentemente-, fundado en el artículo 10 del Código Sanitario y el artículo 3 N°2 del Decreto 04, de 2020, del Ministerio de Salud, que decretó alerta sanitaria originada por el virus COVID-19.

c) Respecto del periodo comprendido entre el 01.03.2021 y el 30.11.2022, fue contratada mediante diversas renovaciones en calidad de transitorio (Resolución Exenta N°652, de fecha 19.05.2022; Resolución Exenta RA N°286/1685/2022, de fecha 20.09.2022 y Resolución Exenta RA N°286/1716/2022, de fecha 10.10.2022; todas de la Subsecretaría de Salud Pública), mientras se realizaba un proceso de selección para dotar definitivamente el cargo, con el objeto de mantener la continuidad de la función y resguardar el cumplimiento de los objetivos, además, no cumple con el requisito temporal de renovaciones sucesivas superiores a dos años.

d) Es importante tener presente, que doña nombre reservado no cumplió con los requisitos curriculares exigidos en el proceso de selección, tal como lo señaló en el recurso de protección de autos, por tanto, se estimó que no era apta para seguir desempeñando el cargo para el cual fue contratada, no renovándosele por tanto su contrato, poniéndosele término al 30.11.2022, no alcanzándose a generar en su beneficio la confianza legítima.

Que, al no configurarse los requisitos del principio de “legítima confianza”, esta SEREMI de Salud no estaba obligada a dictar un acto fundado que decidiera no renovar su contrata, ya que de acuerdo al artículo 10 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, “los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. Que, este sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al indicar que: “Así entonces, considerando que las labores del interesado comprendieron un periodo que no alcanzó a cumplir el lapso requerido, esto es, superior a dos años, corresponde señalar que a la época en que la autoridad decidió no prorrogar su designación por todo el año 2018, no se había generado la confianza de que trata el aludido dictamen N° 6.400, de 2018. En consecuencia, el término de la contrata se produjo por expreso mandato de la ley, al llegar el plazo previsto en la correspondiente designación, acorde con el artículo 57, N° 4, de la referida orden general N° 1.957, sin que esta Entidad de Control advierta ilegalidad o irregularidad alguna en dicha circunstancia”. Aplica criterio Dictamen 006571, de 2020.

Que, en definitiva, cabe hacer notar a que, la acción de protección de autos debe ser rechazada, también, por el hecho de no acreditarse ni verificarse en la especie el presupuesto de procedencia consistente en la existencia de una afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución. Así lo ha resuelto claramente la Corte Suprema al señalar que “es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas”, considerando, en este caso concreto, que ello no se advierte, aunque la ilegalidad del acto pueda establecerse”[6], por tanto, al no generarse el principio de confianza legítima en la actora, el acto por el cual se le puso término a su contrato no se constituye en uno arbitrario o ilegal, ya que la jurisprudencia ha señalado que en este caso el término de contrato cesa a la fecha de su término, por el sólo ministerio de la ley.

La parte recurrente señala que el acto recurrido ha vulnerado los derechos que se encuentran garantizados en el artículo 19 Nº1, 2 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

Que, en el recurso de protección se indica que la integridad síquica de la recurrente ha sido gravemente afectada, al ponerle término a su contrata, menoscabando sus capacidades intelectuales y técnicas, sin explicar de qué manera se ha producido, en qué consiste dicho menoscabo y cuáles han sido las consecuencias, limitándose solamente a transcribir la garantía constitucional supuestamente vulnerada.

Doña nombre reservado siempre estuvo contratada de manera transitoria, tal como ya se ha explicado latamente, primero haciendo suplencias, posteriormente de manera excepcional y mientras dure la alerta sanitaria y finalmente transitoriamente mientras se desarrollaba un proceso de selección para dotar definitivamente el cargo que ella estaba cubriendo; es decir, ella siempre supo que su situación era provisoria, excepcional, por lo que concluir que el término de sus funciones en la SEREMI de Salud la afectó en sus capacidades intelectuales y técnicas, es forzar el espíritu de la garantía constitucional que se alega infringida, ya que de acuerdo a lo expresado por el Tribunal Constitucional en sentencia causa ROL N°2867-15-INA, “afectar la integridad psíquica de una persona conlleva importantes secuelas somáticas que dejan huellas indelebles en ella”.

Que, respecto a la vulneración del principio de igualdad ante la ley, la recurrente indica que “la decisión de la autoridad se debe en gran parte a la calidad de funcionaria nombrada en la administración anterior, siendo ésta la única potencial razón para ponerle término a su contrata”, sin expresar nuevamente fundamento que dé razón a sus dichos. Se ha señalado en reiteradas ocasiones, que el último periodo de desempeño de funciones de doña nombre reservado fue en carácter de transitorio mientras se desarrollaba un proceso de selección de personal, no configurándose el principio de “confianza legítima”, latamente ya fundado, por tanto, ella estaba en pleno conocimiento que su contrato duraba hasta el 31.11.2022.

Cabe recordar que “el principio de igualdad aplicado al derecho no significa que todos los sujetos han de gozar o tener unos mismos derechos o verse compelidos por iguales obligaciones, ya que resulta evidente que el derecho, como técnica social que orienta y sanciona la conducta humana, diferencia las situaciones o hechos y asigna consecuencias jurídicas también diferentes o desiguales. Ello es la única manera, por lo demás y, aunque resulte paradójico, de cumplir, en determinadas hipótesis, con el principio de igualdad, que supone tratar no a todos por igual ni estipular todo por igual, sino tratar a quienes corresponda de modo igualitario y a otros, en otros contextos, de modo desigual. El derecho reconoce la idea de diferencia y desigualdad y opera, estableciendo distinciones normativas”.

En la especie, no se verifica en ningún caso un atentado a la igualdad ante la ley, desde que se confunde dicha garantía con la supuesta ilegalidad y arbitrariedad que le atribuye al acto, en atención a que acoger el recurso debe estar dirigido a realizar un examen de legalidad del acto, y como consecuencia de ello, de forma automática nos encontraríamos ante la vulneración de la igualdad ante la ley. El actor no es capaz de señalar en forma precisa y clara, de qué forma se estaría afectando esta garantía, no siendo suficiente a este respecto una mera enunciación del derecho para acreditarlo.

En cuanto a lo señalado sobre una supuesta vulneración al derecho de propiedad, debe desestimarse, en atención, una vez más a las modalidades en que fue contratada doña nombre reservado, debiendo considerarse además, que el legislador ha sido claro, al momento de establecer en el Estatuto Administrativo, texto normativo que rige a la función pública en virtud de la Ley Nº 18.834, que los funcionarios a contrata carecen de la propiedad sobre el empleo que desempeñan, a diferencia de los funcionarios titulares de un cargo en la planta de una entidad pública, a quienes el inciso segundo del artículo 4º de la referida norma, les ha concedido expresamente dicha titularidad. Esta idea ha sido ratificada en innumerables dictámenes de la Contraloría General de la República, entre ellos los Nº 13.048 de 2013, Nº 11.713 de 2011, Nº 48.621 y 61.637 de 2010. A mayor abundamiento, importante es tener en consideración lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago y confirmado por la Corte Suprema, al resolver un recurso de protección y señalar en el Considerando 10° de la sentencia, lo siguiente: “10º) Que salta entonces a la vista la impropiedad de alegar un supuesto derecho de dominio respecto del cargo que han desempeñado en las filas de la institución policial los recurrentes, ya que ello importaría que éstos, en relación a sus cargos, han podido usar, gozar y disponer arbitrariamente de los mismos. Esto significa, ni más ni menos, que se sostiene que podrían vender, ceder dichos cargos o realizar a su respecto cualquier otro acto jurídico, lo que no puede ser más ajeno a la naturaleza jurídica de un empleo en una entidad pública, cualquiera que ella sea... Lo mismo cabe señalar en relación con la afirmación de que se incorporó al patrimonio de quienes recurren el derecho a la carrera funcionaria de oficial de Carabineros de Chile. Ello tampoco constituye un derecho de propiedad, sino que es la simple consecuencia de ser titular de algún cargo público, y encontrarse en una institución en la que exista carrera funcionaria”.

En síntesis, respecto de la acción de protección de autos, en ningún caso, se verifica en la especie una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria imputable a esta SEREMI de Salud, que prive, perturbe o amenace los derechos de la recurrente, consagrados en el artículo 19 de la Constitución, numerales 1°, 2° y 24; por lo que no cabe sino indefectiblemente decretar su rechazo.

Se solicita a S.S. Iltma. que, en caso de acoger el presente recurso de protección, no se condene en costas a esta parte, por cuanto de los antecedentes y fundamentos esgrimidos, ha quedado demostrado que ha tenido motivo plausible para litigar.

Se acompañan los siguientes antecedentes:

1.- Certificado de relación laboral.

2.- Contrato de trabajo, de fecha 30.03.2020.

3.- Anexo de contrato de trabajo, de fecha 01.07.2020.

3.- Anexo de contrato de trabajo, de fecha 01.01.2021.

4.- Renuncia voluntaria, de fecha 01.03.2021.

5.- Finiquito de contrato de trabajo, firmado con fecha 08.07.2021.

6.- Resolución Exenta N°652, de fecha 19.05.2022, de la Subsecretaría de Salud Pública.

7.- Resolución Exenta RA N°286/1685/2022, de fecha 20.09.2022, de la Subsecretaría de Salud Pública.

8.- Resolución Exenta RA N°286/1716/2022, de fecha 10.10.2022, de la Subsecretaría de Salud Pública.

9.- Oficio CP N°177, de fecha 07.01.2021, de la SEREMI de Salud de La Araucanía.

10.- Resolución Exenta N°D9-002039, de fecha 18.07.2022, de la SEREMI de Salud de La Araucanía.

11.- Acta de adjudicación de proceso de selección interno, de fecha 19.08.2022, de la SEREMI de Salud de La Araucanía.

12.- Resolución Exenta CP N°19450, de fecha 14.09.2022, de la SEREMI de Salud de La Araucanía.

13.- Correo electrónico de fecha 25.11.2022.

14.- Certificados de pagos de cotizaciones previsionales.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, como ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el recurso de protección constituye una herramienta de emergencia que tiene por finalidad el restablecimiento de un derecho frente a situaciones materiales que amenazan o violan gravemente garantías consagradas en la Constitución Política del Estado o en tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado y no disputado, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue es su amparo o restablecimiento, siendo un requisito esencial para su procedencia que el acto u omisión recurrido sea ilegal o arbitrario.

SEGUNDO: Que, en la especie el acto recurrido consiste en el correo electrónico de fecha 25 de noviembre de 2022, por el cual, informan la finalización de contratación transitoria el día 30 de noviembre de 2022.

La cual a juicio del actor sería ilegal y arbitrario, por cuanto carecería de motivación del acto administrativo exigida en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880 y por no fundarse en criterios objetivos y no respetar la confianza legítima aplicable a su respecto.

El recurrente estima que lo anterior vulnera sus garantías constitucionales de los números 1, 2, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, razones por las cuales solicita se dejen sin efecto la resolución señalada, ordenándose dejar sin efecto la no renovación de su contrata y que se le paguen todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que medie entre la desvinculación y su efectiva reincorporación al servicio, con costas del recurso.

TERCERO: Que, lo primero que debe ser dilucidado es si el correo electrónico de fecha 25 de noviembre de 2022, remitido a la recurrente, se encuentra ajustada a derecho y está debidamente fundada, a fin de descartar cualquier ilegalidad o arbitrariedad en que pudiere haberse incurrido en su dictación, y sobre esta materia debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 19.880, que dispone que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada.

CUARTO: Que, del texto del correo electrónico remitido a la recurrente con fecha 25 de noviembre de 2022, se indica expresamente que tiene la calidad de contrata transitoria hasta el día 30 de noviembre de 2022.

En este punto, es preciso señalar que la recurrente tiene contratos transitorios en forma ininterrumpida desde el 01 de marzo de 2021 y hasta el 30 de noviembre de 2022.

QUINTO: Que será desestimada la alegación en cuanto a confianza legítima, por los períodos anteriormente desempeñados. Por cuanto del acuerdo con dictamen de Contraloría General de la República N° E156769/2021 del 17 de noviembre de 2021, que fija los criterios por los cuales, un funcionario puede hacer valer la confianza legítima, que en el caso de la recurrente no aplica, por cuanto tiene un período de contrata, cual que totaliza 20 meses.

SEXTO: Que atendido lo razonado no se visualiza por esta Corte la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad, habiéndose enmarcado el término dentro de las facultades de la recurrida, encontrándose suficientemente fundamentada dicha decisión, por lo que se procederá a rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Autoacordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por MARCELO BRUNET BRUCE, en representación de doña nombre reservado, en contra de SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD ARAUCANÍA.

Redacción del abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese y archívese.

Protección-75014-2022.(fcv)