nombre reservado con INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP)

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de mayo de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1-2022 comparece Ricardo René Ormazábal Nader, Abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, y en contra de INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, representado legalmente por su Director Nacional don Santiago Rojas Alessandri, en razón de los actos ilegales y arbitrarios que consta en la Resolución Exenta N.º 0085-044381/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022 emitida por la Subdirección Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Funda su acción en la falta de fundamentación contenida en la Resolución Exenta emitida por la recurrida y que desvinculó anticipadamente a su representado.

Lo anterior, queda de manifiesto de la sola lectura de la misma, la cual da cuenta de 2 fundamentos: a) Que don nombre reservado no cuenta, supuestamente, con los 2 años que lo harían ser merecedor del principio de confianza legítima en el ejercicio de su cargo y b) Que es facultad de la contraria el poder terminar anticipadamente la relación contractual habida entre ambos.

Lo cierto es que la recurrida hace referencia solo a que el fundamento radica en la necesidad de dotación de la Dirección Regional de INDAP, pero no entrega ningún otro fundamento que podría dar por cumplido los requisitos exigidos por ley y entendidos por la Contraloría General de la República para la procedencia de este tipo de facultades de la administración, siendo esta falta de fundamento, el argumento de arbitrariedad e ilegalidad que se alegarán en lo sucesivo.

LOS HECHOS:

1. Como consta en Resolución Exenta N°114504 de fecha 1 de agosto de 2019 se dispuso la designación de don nombre reservado a contar del día 29 de julio de 2019 relativo a las funciones de ejecutivo de sistema integral grado 12 profesional, en el área de Curacautín, para, posteriormente y en misma fecha, asumir el cargo de jefe de área subrogante.

2. Posteriormente, el día 16 de septiembre de dicho año, se le designa como jefe de área titular con el mismo grado y calidad jurídica y, seguidamente, con fecha 01 de diciembre de 2020, se cambia la calidad jurídica del recurrente a contrata estando más de un año ejerciendo funciones de jefe de área con alta responsabilidad administrativa con un grado menor y con la calidad jurídica de suplencia.

3. En este sentido, cada uno de los años mencionados se realizó la respectiva renovación de las funciones mediante resoluciones exentas, además de ejercer, en todos los años, el subrogante de la oficina Lonquimay, por lo que en algunos periodos su representado estuvo bajo una mayor carga laboral y mayores responsabilidades.

4. Además de lo anterior, desde el ingreso de su representado éste se debió reportar y rendir cuentas con su jefatura directa a cargo del Director Regional de INDAP, quien en ese entonces correspondía a doña nombre reservado.

5. Indicar prácticamente todo el tiempo de ejercicio de las funciones encomendadas, estas siempre fueron calificadas de forma positiva, todo lo cual se refleja en las hojas de calificaciones de los años 2020, 2021 y 2022, así como también, en los memorándum enviados por la Directora Regional solicitando la incorporación de notas de méritos en la hoja de vida de su cliente.

6. En ese sentido, con fecha 01 de diciembre de 2020 se le designa a su representado la calidad de contrata, como profesional asimilado a grado 9° EUR, situación que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2020 y mientras sean necesarios sus servicios, todo lo cual consta en resolución exenta RA N°166/1503/2020 de fecha 22 de diciembre de 2020 7.

Dicho vínculo se prorrogó nuevamente por un nuevo año más según da cuenta Resolución Exenta RA N°166/67/2021 de fecha 15 de enero de 2021, la cual, como se dijo, prorroga designación a contrata por el año 2021 y, según da cuenta Resolución Exenta RA N°166/1650/2021 de fecha 30 de diciembre de 2021 se vuelve a extender la designación a contrata para el año 2022.

8. Además de esta última resolución, existieron otras las cuales volvían a establecer la continuidad del servicio, dictándose la Resolución Exenta RA N°166/1510/2022 de fecha 24 de agosto de 2022 que extendía los mismos a contar del 01 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, grado 11° EUR.

9. Atendido lo anterior, el día viernes 18 de noviembre de 2022 se le cita a una reunión en donde se le comunica que se le desvinculará anticipadamente y que debía trabajar, en consecuencia, hasta el día 23 de noviembre de 2022, notificación que no firmó. En dicha reunión, se le comunica de manera verbal que el motivo de su despido era que éste no contaba con la llamada “confianza legítima”, situación que se hubiese cumplido el día 1 de diciembre recién pasado.

I.- Respecto de las Resolución Exenta 0085-044383/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022.

1.- En primer lugar, el día 17 de noviembre de 2022, la recurrida INDAP, representada, según da cuenta dicha resolución por nombre reservado, Subdirectora Nacional (s) del referido Servicio, dicta la Resolución Exenta N°0085-044381/2022 que: “Pone término anticipado al nombramiento a contrata de funcionario nombre reservado”. Resolución que le es notificada el día 18 de noviembre del corriente.

2.- Que, en ese sentido, en la referida resolución recurrida, se establece, en su parte considerativa, lo siguiente:

a.- Que en virtud de la configuración de plataforma SIAPER de la Contraloría General de la República, la cual solo permite un número limitado de caracteres e intervención en la referida resolución, se considera pertinente dictar el presente acto administrativo con la finalidad de exponer latamente las razones de hecho y derecho que fundamentan la decisión de anticipar el término de la contrata de don nombre reservado, profesional, grado 11° con desempeño en la Agencia de Área Curacautín – Región de la Araucanía de INDAP.

b.- Que el artículo 3°, letra c) de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, define el empleo a contrata como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.

c.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 10°, inciso primero de la ley 18.834, ya indicada, “los empleos a contrata durarán como máximo sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

d.- Que, la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N°85.700, de 28.11.2016, impartió instrucciones y estableció criterios complementarios para la aplicación de los dictámenes N°s 22.766 y 23.518, ambos de 2016, los que establecen entre otras materias que la decisión de no renovar, renovar o prorrogar por un grado o estamento inferior o por un plazo menor de un año o desvincular al funcionario antes del vencimiento de la designación deben materializarse a través de un acto administrativo fundado.

e.- Que mediante dictamen N° E156769/2021 del 17.11.2021, la Contraloría General de la República, emitió nuevo instructivo sobre confianza legítima en las contratas, en el cual reitera que sus pronunciamientos no afectan las facultades que tienen las autoridades competentes en torno a las contratas, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación, término anticipado o dispuestas en términos diferentes, por ejemplo, rebajando el grado asimilado de la contrata. Estos pronunciamientos solo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular a un funcionario antes del vencimiento del plazo debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado.

f.- Que, asimismo, en el dictamen referido en el numeral anterior, especifica cuáles son las condiciones que deben reunir las vinculaciones previas para generar la confianza legítima en los funcionarios, en las cuales se fija las sucesivas designaciones a contrata que debe tener el funcionario por un periodo tal que hace suponer que dicha conducta – renovación – seguirá repitiéndose. Se requiere que el organismo de la Administración del Estado haya requerido de manera constante y reiterada los servicios personales de un funcionario a través de designaciones a contrata, ya sea por contrata anual o por varias parcialidades que abarquen toda la anualidad.

g.- Que se reitera en el referido dictamen que, en cuanto a la duración que ha de tener cada una de las contratas previas y la extensión total del lapso necesario para provocar la confianza legítima, corresponde señalar que dicha expectativa se genera a partir de la segunda renovación.

h.- Que, de acuerdo a lo precisado textualmente en el dictamen N°E156769 del año 2021, don nombre reservado, a esta fecha no posee la confianza legítima, ya que “la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años. Así, en el evento de que una persona sea designada a contrata, por primera vez, luego que haya comenzado el año respectivo (incluso en diciembre), se entenderá que hubo una primera renovación anual si tal vinculación se extiende por todo el año calendario siguiente (ya sea en virtud de una sola designación o de varias sucesivas y continuas), entendiendo que existe una segunda renovación de dicho nexo funcionarial si este abarca toda la anualidad subsiguiente, en los términos aludidos. De lo anterior se colige que deberá haber transcurrido más de dos años para invocar la confianza de una nueva prolongación de su designación que, por una o más contratas sucesivas e ininterrumpidas, abarque toda la anualidad siguiente (aplican dictamen N°70.966 de 2016).

i.- Que, el funcionario nombre reservado, se desempeñó en calidad de suplente externo, sin embargo, el tiempo servicio en la mencionada calidad jurídica, no es aplicable para el principio de confianza legítima, tal como se precisó en los dictámenes 11184/2019 y N° E156769/2021, de Contraloría General de la República.

j.- Que, de lo anterior se desprende que don nombre reservado, dada su data de ingreso a la contrata con fecha 01 de diciembre del 2020, a esta fecha, no cumple con el tiempo mínimo para hacer valer la legítima confianza, ya que su desempeño dentro del Instituto de Desarrollo Agropecuario no supera los 2 años exigidos.

k.- Que, por otra parte, derivado de las necesidades de dotación de la Dirección Regional de INDAP Región de la Araucanía, las cuales se expresan en análisis de la dotación y grados existentes en la Dirección Regional de INDAP Región de la Araucanía, en concordancia con la política de personas vigentes en la institución del 24.03.2022, por el cual consta que la mayor dotación de la regional corresponde a personal administrativo que se encuentra en calidad transitorio (suplencia) y que es necesario incorporar a la dotación del servicio, por otra parte, mediante memorándum N°0900-030945/2022 la dirección regional solicita al Director Nacional, la contratación de 10 cupos para administrativos de soporte de área, ya que con estos se cumpliría el criterio de tener a lo menos dos administrativos por casa agencia de área, lo cual permite sostener el gran volumen de trabajo que genera la región, remitiendo el informe efectuado en marzo de 2022.

L.- Que, en consecuencia, las funciones que se desempeña el Sr. nombre reservado ya no serán requeridas pues los objetivos y necesidades institucionales no hacen referencia a labores profesionales, sino que administrativas, evitando así una subvaloración de los recursos, velando por la eficacia, eficiencia y correcta utilización de los fondos públicos.

m.- Que, lo expuesto constituye fundamento suficiente para finalizar anticipadamente su vínculo laboral, pues se estima que sus servicios no son necesarios y adicionalmente no cuenta con confianza legítima.

n.- Que, habiéndose dado contexto legal a la presente resolución se han expresado los fundamentos de hecho que han sido determinantes en la decisión de esta autoridad en orden a anticipar el término de la contrata de nombre reservado.

EL DERECHO:

Existencia de una acción u omisión reprochada.

En ese caso es claro, pues hablamos de una acción, una manifestación de voluntad de la entidad recurrida, traducida en un acto administrativo infundado e ilegal, nos referimos a la Resolución Exenta 0085-044381/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022.

Ilegalidad o Arbitrariedad de la Acción.

Ilegalidad: Se indican los siguientes vicios de legalidad.

a. Falta de la debida fundamentación y motivación en el acto jurídico. Siguiendo el imperativo y espíritu de los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sobre Bases de Procedimientos Administrativos, dispone dentro de los principios generales que rigen al procedimiento y actos administrativos:

Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sean que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelven recursos administrativos.

El acto debe ser debidamente motivado, esto es, claramente enunciados en cuanto los fundamentos de hecho y aspectos jurídicos que lo razonan, de forma tal que el acto pueda entenderse y valerse por sí mismo en forma y fondo. Es decir, por un lado, deben existir los presupuestos de hecho que justifican la dictación de un acto (de lo contrario es arbitrario) y luego, como una garantía de derecho a defensa y transparencia, esos presupuestos deben ser correctamente manifestados en la letra de la decisión.

Este detalle requiere entonces, entender que no basta una mera enunciación formal de normas y situaciones que puedan ser leídas, sino que deben estar completamente clara y desarrolladas en el acto, y, además, los hechos que la sustentan sean efectivos.

Indica que son completamente falsos los presupuestos de hecho que justifican la desvinculación. No se cumple con el mencionado artículo 11, de la referida ley, haciendo hincapié que el artículo 41, inciso cuarto del referido cuerpo normativo señala que las resoluciones contendrán una decisión, que será fundada.

Desde ya se señala que no se está criticando o negando que la administración no tenga facultad de terminar anticipadamente o no renovar contratas, sino que cuestionamos es que el acto administrativo en el caso en comento no cumple con el requisito de la debida fundamentación, basado en hechos falsos o incorrectos, defectuosamente descritos, y por tanto, no se ajustan a derecho.

Para el profesor, y actual Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, el elemento “causal o motivos del acto administrativo” tiene dos vertientes: “La primera es de carácter objetivo en cuanto se trata de analizar el porqué del acto administrativo. El segundo es su exteriorización, conocida como motivación. La causa o motivo se puede definir como la razón que justifica cada acto administrativo emanado de la Administración Pública. En ella están incorporados los elementos de hecho que se tuvieron para su dictación (ejemplo: para superar una emergencia sanitaria, se resuelve la destrucción de alimentos contaminados) como, asimismo, la causa legal justificatoria del acto administrativo (ejemplo: las disposiciones del Código Sanitario que admiten la medida de destrucción de los alimentos).

De acuerdo con el artículo 11 inciso 2° de la Ley de bases de procedimientos administrativo, “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”. Esta disposición permite sacar múltiples conclusiones o propósito de elemento causal, por lo de pronto se debe señalar simplemente que no sólo los actos de contenido negativo o gravamen deben ser motivados, sino que también los de contenido favorable, toda vez que exigencia del artículo 41 d dicha ley, las resoluciones contendrán las decisiones, que será fundada.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en toda actuación la Administración Pública debe actuar razonable, proporcionada y legalmente habilitada, por lo que la causa o motivo es un acto que debe expresarse en toda clase de actos administrativos”.

Siguiendo el esquema clásico propuesto por el mencionado autor en su obra, mencionaba los motivos en el acto administrativo, que pueden ser de dos tipos:

- Jurídicos (de derecho). Corresponde al conjunto de disposiciones legales y reglamentarias, así como los principios generales del Derecho Administrativo que aplica la Administración Pública al tomar la decisión y que la apoyan. Desde que la resolución es una decisión de aplicación del ordenamiento jurídico abstracto, la resolución debe contener todas aquellas normas generales y abstractas que aplica - Fácticos (de hecho). El conjunto de elementos de hechos que se ha tenido en cuenta en la resolución. Entre éstos, se debe considerar circunstancias que el acto administrativo pretende resolver, llenar o desarrollar. Por ejemplo, un cargo vacante, la resolución de nombramiento de un funcionario que tiene como elemento motivacional fáctico el hecho de que el cargo no se encuentre ocupado por funcionario alguno.

Esto se relaciona íntimamente con el elemento formal del acto, que incluye el componente “motivación”, que es la externalización de las razones que han llevado a la Administración Pública a dictar un acto. Con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho. Estos normalmente se encuentran reseñados en los considerandos del acto administrativo en particular. Es la expresión formal de los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de fundamento el acto, según nombre reservado y nombre reservado, autores de la obra “El vicio de la desviación de poder en los actos administrativos”. Muy importante es lo que agregan los autores respecto de la motivación que en verdad “se transforma en la obligación de otorgar conocimiento al sujeto pasivo de la justificación del actuar de la autoridad administrativa, como condición indispensable de la seguridad jurídica, principio rector del Derecho Público chileno”.

Cita jurisprudencia.

b.

Falta de Proporcionalidad del Acto Administrativo La Resolución que se impugna hace referencias ambiguas a situaciones supuestas, fundando en ello su decisión final. En efecto, el considerando 10 expresa en términos vagos que su representado, dada su data de ingreso a la contrata con fecha 1 de diciembre de 2020, a esta fecha, no cumple con el tiempo mínimo para hacer valer la legítima confianza ya que su desempeño dentro del Instituto de Desarrollo Agropecuario no supera los 2 años exigidos. Esta ambigüedad en el contenido de la resolución deja en evidencia la improvisación y arbitrariedad de la Resolución que ha dictado la autoridad, basándose solo en el tiempo transcurrido desde el ingreso a la desvinculación para constituir causal de justificación suficiente para prescindir de sus servicios anticipadamente más no en otro argumento de fondo.

Sabido es que existe el sistema de evaluación de desempeño, a partir del cual cada funcionario público es sometido a una medición respecto del desarrollo de su trabajo. Esta es la oportunidad en la que la autoridad administrativa le informa los funcionarios los logros alcanzados en su trabajo, las mejoras que son necesarias y los compromisos que asumen en pos de un mejor desempeño; situación que es cumplida por su representado, toda vez que en toda su carrera funcionaria contó con excelente evaluación, no teniendo anotaciones de deméritos ni observaciones negativas, calificándolo siempre con nota máxima atendido el correcto desempeño de su trabajo.

c.

De los Principios de Transparencia y de Publicidad del Acto Administrativo El artículo 16 de la Ley 19.880, de bases de los Procedimientos Administrativos, señala que el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adoptan en él.

De la lectura de la Resolución Exenta N° 0085-044383/2022, de 2022, se desprende una evidente vulneración a estos principios. Esta resolución invoca en sus considerandos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 fundamentos relativos a la falta de confianza legítima que tenía su representado, siendo este su argumento de base para desvincularlo anticipadamente, situación que es grave y atenta contra del principio de buena fe, ya que solo quedaban pocos días para que se cumplieran 2 años en condición de contrata.

Por su parte, el servicio no considera que, sin perjuicio de que la contrata se ordenó por R.E del año 2020, mi representado lleva vinculado al servicio desde marzo de 2019, ingresando como suplente, razón por la cual, de manera efectiva, su representado estuvo relacionado con la recurrida INDAP a partir de esa fecha, cumpliéndose ya, a la fecha de desvinculación, un periodo superior a los 2 años.

Además de lo anterior, en dichos considerandos solo argumentó qué se entendía por confianza legítima, pero no dio razones más allá de las expuestas para justificar y fundar la desvinculación anticipada.

Por su parte, los considerandos siguientes, esto es: 11, 12 y 13, indican como argumentos de complemento la necesidad de contar con una mayor dotación, toda vez que la mayor dotación de la Regional corresponde a personal administrativo transitorio (suplente) y que éstos deben ser ingresados a la dotación de servicio, indicando, además, que mediante memorándum N°0900-030945/2022 la Dirección Regional le solicita al Director Nacional la contratación de 10 cupos para administrativos de soporte de área y que éstos son necesarios para cumplir con el criterio de tener a lo menos 2 administrativos por cada agencia de área.

En comento de lo anterior, es indispensable indicar que dichos argumentos, no corresponden a fundamentos calificados para justificar una desvinculación anticipada, sino que, por el contrario, toda vez que esto mismo no hace referencia a desempeño, ni a funciones, ni labor deficiente de su representado.

En este contexto y como la resolución carecen de hechos concretos aplicables a su persona, no me puedo hacer cargo de ellos, haciendo menciones genéricas, sin fundamento más allá de los propios dichos en el acto administrativo, sin acompañar informes, estudios, forma de evaluación, entre otros, lo que conlleva en una vulneración directa del principio de transparencia ya que los motivos verdaderos de la desvinculación no fueron integrados en la resolución en comento, sino que la misma fue fundamentada de manera tal que no cumple con los requisitos mínimos de procedencia de uso de la facultad de desvinculación anticipada.

Análisis Crítico de la resolución impugnada.

Al respecto, cabe tener presente lo señalado por Contraloría en su Dictamen N° 6.400, de 2018, sobre confianza legítima, a saber “… tampoco basta la mera referencia formal a los motivos invocados por la autoridad toda vez que ello no permite conocer, de su sola lectura, cuál fue su raciocinio para arribar a tal decisión.”

Derrumba lo que falsamente se intenta sostener en la resolución impugnada, es decir, una relación entre contratación de personal, distribución de funciones en torno al volumen de trabajo y desvinculación anticipada del recurrente, lo sostenido por la Contraloría General de la República, en su dictamen N° 6.400, de 2018, “podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de antecedentes que respaldan esa decisión -como por ejemplo estudios o informes entre otros; una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación.” Todo lo cual no fue considerado en la resolución que prescinde de los servicios de mi representado, sino que vagamente hace referencia a la confianza legítima y a la necesidad de contratación de personal para soportar carga de trabajo, personal que nada tiene que ver con el cargo que desempeñaba su representado.

Así las cosas, resulta extraño, además, que, a esta altura del año, quedando poco para el término de este, se realicen nuevas contrataciones, atendido el presupuesto con el que cuenta INDAP para nuevos ingresos.

En virtud de lo señalado anteriormente, la Administración intenta, o pretende dar la imagen que está cumpliendo con el deber de motivación del acto, pero se equivoca. Sólo afirma cosas en un acto administrativo, pero no da razón de sus dichos con ningún antecedente concreto que permita fundamentarlos. En definitiva, es la cascara sin fondo que no da cuenta razonada de sus acciones.

Así, los actos administrativos que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo en condiciones diversas en los términos precisados en lo dictámenes 6400 y 85.700, deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”; por lo que no resulta suficiente fundamentar esas determinaciones con la expresión “por no ser necesarios sus servicios” u otros análogas.

Concuerda con su opinión, el dictamen N° 6.400, de 2018, indica que:

“En el mismo sentido, y tal como se señaló en el dictamen N° 11.318, de 2017, de este origen, es objetable que las decisiones antes mencionadas se fundamenten en que “se estudiarán e implementarán modificaciones en las funciones y una reestructuración en materia de personal de acuerdo a las nuevas políticas a instaurar”, puesto que ese tipo de argumentos se limitan a hacer referencia a una circunstancia futura, eventual e hipotética, sin contener los razonamientos y los antecedentes de hecho y derecho que sirven de sustento a determinaciones de esa especie.

A su vez, tampoco resulta suficiente la alusión a argumentos genéricos que podrían justificar la decisión respecto de cualquier funcionario a contrata, sin explicar la adopción de la medida respecto de la persona afectada. En tal sentido, la mera referencia a “deficiencias presupuestarias del servicio” no permite conocer la razón por la que la autoridad decidió alterar el vínculo con ese funcionario y no con el resto de los servidores que se encuentran en las mismas condiciones.

De este modo, y en concordancia con los dictámenes Nos 12.248 y 18.901, ambos de 2017 y de este Órgano de Control, podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión -como por ejemplo estudios o informes-, entre otros”.

Arbitrariedad No obstante, se estime que la autoridad obro formalmente en base a la ley, estima de todo modos, que el acto debe ser considerado arbitrario.

El acto, además de ilegal, es arbitrario, es decir, corresponde a un actuar no justificado en la razón sino en el mero arbitrio de la voluntad del recurrido, abusivo en cuanto a su contenido por los vicios denunciados anteriormente.

En esto concuerda con el autor Jorge Bermúdez “Frente a la inexistencia o error en los motivos del acto administrativo, en particular de los motivos de hecho, la resolución adolecerá de un vicio de abuso o exceso de poder y podrá ser tachada de arbitraria”.

En este contexto, señala que aparentemente, en el papel, las resoluciones parecieran haber cumplido con su deber de fundamentación, o al menos de motivación, pero esto es sólo una imagen carente de contenido, pues la falsedad e improcedencia de los motivos invocados muestran que adolece de falta de fundamentos.

Lo anterior, es evidente al tener presente el buen desempeño de su representado, acreditado con antecedentes objetivos, y la ausencia de antecedentes que den algún indicio que permita justificar algún tipo de reproche laboral. De esta forma falló la Excelentísima Corte Suprema, en la casa 5172, de 2018, reiterando los argumentos de la causal 147-2018, de protección de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que señala lo siguiente:

“9° La decisión de que la contrata no fuera renovada después del 31 de diciembre de 2017 fue tomada por la recurrida y no se dio a conocer a la afectada con la anticipación debida. Tampoco se le señalaron los motivos tenidos en cuenta para la no renovación de la contrata.

Este actuar, manifiestamente contrario a lo dispuesto en el citado oficio circular y dictamen citado –obligatorio por lo demás para el ente público recurrido- no puede sino ser calificado de una arbitrariedad, que afecta los derechos que más adelante se dirá, pues es fruto del capricho, de la mera voluntad y carente de causa”.

Interesante se hace revisar, que fue un factor para considerar la conducta como abusiva el hecho de no dar a conocer a la afectada con la debida anticipación. Ello va en armonía con el principio protector de estabilidad en el empleo.

En este contexto, se ha incurrido en abuso de poder por parte de la Administración, en desmedro de esta parte recurrente, la correspondiente posición de funcionario a contrata, pasándole a llevar sus derechos.

Cita jurisprudencia.

Existencia de atentado, privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de garantías constitucionales.

Las ilegalidades y arbitrariedades constituyen un inmediato y directo atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales, cuya protección se pretende.

Lo expuesto en los numerales anteriores, importa una privación o una perturbación, si se quiere, al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19, en sus números 2, 1, y 24, de nuestra carta fundamental, todo ello, en conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

a. 2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;

La igualdad es una de las nociones más importantes del constitucionalismo occidental. Ella no solo sirve de fundamento al régimen democrático de gobierno, sino que también constituye en una de las bases del ordenamiento jurídico.

En este caso, se ha vulnerado esta igualdad al desvincular a esta parte recurrente a través de un acto arbitrario e ilegal, por cuento por los motivos señalados se ha dejado a esta parte injustificadamente en una posición desfavorecida en relación con el resto de los funcionarios de la Dirección Regional de INDAP que están a contrata. ¿Qué determinó, en realidad, cuáles fueron las verdaderas razones que justifiquen la diferencia entre funcionarios que mantuvieron su contrata y que prestan labores en condiciones equivalentes?

En efecto, la igualdad de oportunidades lleva explícito el reconocimiento de que en la sociedad existen discriminaciones que deben ser erradicadas, empleando los diversos instrumentos de que dispone el Estado, entre otros.

b.

1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

Esta parte se ha visto afectada por esta situación, que ha causado una serie de situaciones de stress y sufrimiento. Principalmente, por perder ilegítimamente, la fuente de trabajo de un día para otro, de forma sorpresiva, sin previo aviso, ni posibilidad de reorganizar las finanzas, y sin respeto a la dignidad como trabajador y persona. Debe considerar también que la parte recurrente tiene una trayectoria de trabajo y servicio público, que ha sido pasada a llevar.

c.

24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

No se debe considerar la propiedad sobre el cargo, prerrogativa que no goza exactamente esta parte, sino a la propiedad sobre su derecho a la estabilidad en el empleo, conforme al artículo 84 de la ley N° 18.834.

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE INTERPORSICIÓN.

Según los antecedentes ya expuestos, la resolución N° 0085-044383/2022 de fecha 17 de noviembre de 2011, fue notificada el día 18 de noviembre del corriente, todo lo cual lo acredita el correo electrónico enviado por don nombre reservado, jefe de unidad de personas de INDAP Región de la Araucanía, por lo que su representado se encuentra dentro de plazo para accionar.

QUE LA CORTE DE APELACIONES RESPECTIVA ÉSTE EN CONDICIONES DE DIPONER SUBSANAR LA SITUACIÓN DENUNCIADA.

Indica que esta Corte aún puede adoptar medidas concretas para corregir la vulneración acusada como se requerirá en la parte petitoria de este recurso, principalmente en orden a dejar sin efecto las resoluciones atacadas, ordenar la inmediata revinculación del recurrente, y dejar sin efecto los efectos negativos patrimoniales de carácter remuneracional asociados al acto.

Pide dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 0085-044383/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022, y todos los actos posteriores dictados usando como fundamento dicha resolución, disponiendo:

1. Que se declare que la resolución recurrida es ilegal y arbitraria, y además, vulnera todas o algunas de las garantías constitucionales alegadas en el presente recurso.

a. Que se deje sin efecto la orden de terminación anticipada de la contrata que goza don nombre reservado, escalafón profesional asimilado a grado 11° E.U.R, perteneciente a la dotación de la Agencia de Área Curacautín-Región de la Araucanía.

2. Que se restituya a esta parte al mismo estado inmediatamente anterior a la dictación de las resoluciones recurridas, ordenando la reincorporación/retorno de funciones mediante de contrata en los mismos términos que se gozaba conforme a la resolución RA N° 166/1510/2022 de fecha 24 de agosto de 2022, que había dispuesto la contrata hasta el 31 de diciembre de 2022.

3. Que se ordene el pago de todas y cada una de las remuneraciones integras que el recurrente ha dejado de percibir por motivos no imputables a su voluntad, producto del término ilegal y arbitrario de la respectiva contrata, desde su desvinculación y hasta su efectiva reincorporación.

4. Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra medida que se pueda disponer para reestablecer el imperio del derecho y dar la debida protección a las garantías constitucionales afectadas.

5. Todo lo requerido con expresa condenación en costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta N° 0085-044381/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022; 2.

Acta de notificación personal y entrega de copia de resolución exenta de desvinculación y término anticipado al nombramiento a contrata de fecha 18 de noviembre de 2022; 3. Copia de Resolución exenta N°114504 de fecha 01 de agosto de 2019; 4. Carta de antecedentes y reconsideración de desvinculación enviada por don nombre reservado, al Director Regional INDAP; 5. Hoja de calificación periodo 2019-2020, N° Folio: 84711 respecto de don nombre reservado; 6. Hoja de calificación periodo 2020-2021, N° Folio: 89394 respecto de don nombre reservado; 7.

Hoja de calificación periodo 2021-2022, N° Folio: 96722 respecto de don nombre reservado; 8. Memorándum N°030751, N° de folio: 7468, de fecha 02 de septiembre de 2020, en donde se indica anotación de mérito; 9.

Memorándum N°226902, N° de folio: 8368 de fecha 09 de diciembre de 2021, en donde se indica anotación de mérito..

A folio N°9-2023 evacua informe el recurrido INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1. Don nombre reservado comenzó a prestar servicios para el Instituto en calidad de suplente desde el 29 de julio de 2019, en calidad de Profesional grado 12° EUR, en funciones de ejecutivo sistema integral, según Resolución Exenta N° 114504 de fecha 01 de agosto de 2020. Según Resolución Exenta N° 141470 de fecha 16 de septiembre de 2019, se le asignan las funciones de Jefe de Área de Curacautín, en calidad de suplente. Posteriormente, según Resolución Exenta Ra N° 166/1029/2020 de fecha 26 de junio de 2020, se le designa nuevamente en calidad de suplente desde el 01 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020, en calidad de suplente del funcionario don nombre reservado, grado 9° EUR.

2. Luego, mediante Resolución Exenta Ra N° 166/1503/2021 de fecha 15/01/2021 se le contrata desde el 1° de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020, en calidad de Profesional grado 9° EUR, como Jefe de Área de Curacautín, renovándose su contratación de manera continuada entre esa fecha hasta el año 2022. Así, con Resolución Exenta Ra N° 67 de fecha 15 de enero de 2021, se prorroga la contrata desde el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y con Según Resolución Exenta Ra N° 166/1650/2021, se prorroga la contrata desde el 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y mientras sus servicios sean necesarios. En el intermedio cabe agregar que la Resolución Exenta N° 0900-023176/2022 de fecha 04 de julio de 2022, puso término a las funciones del recurrente como Jefe de Área de Curacautín, a contar del 11 de julio de 2022 y le designó como Ejecutivo Integral en la misma zona, al mismo tiempo que la Resolución Exenta RA N° 166/1510/2022 de fecha 24 de agosto de 2022, se designa cambio de grado a 11° EUR1.

3. Finalmente, mediante Resolución Exenta N° 085-044381/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022 y la Resolución Exenta RA N° 166/2001/2022, de fecha 18 de noviembre de 2022, ambas de la Subdirección Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), se ordenó poner término anticipado a la contrata del funcionario sr. nombre reservado (a contar de la total tramitación del acto administrativo), resolución debidamente registrada en Contraloría y notificada personalmente al recurrente de conformidad a la Ley N° 19.880, de Bases de Procedimientos Administrativos, según consta de carta de fecha 18 de noviembre de 2022, del Director Regional (S), firmada por el referido.

II. ANTECEDENTES PROCESALES.

1 Las razones y motivaciones del cambio de grado están fundamentadas en lo estipulado en la Política de Gestión y nombre reservado, aprobado por Resolución Exenta N° 0070-007073/22, del 10 de marzo de 2022, letra E, Política de Procesos, Remuneraciones y Movilidad Interna, que señala que, en el caso de los cargos de jefaturas, se establecerá que una vez que el funcionario o la funcionaria deja de ocupar el cargo, podrá volver a un grado acorde a la nueva función a desempeñar.

Como consecuencia de los hechos descritos, el sr. nombre reservado, interpuso acción de protección en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO o INDAP, fundando su acción en que la decisión adoptada en la Resolución Exenta N° 085-044381/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022 ya citada, que puso término anticipado a su contrata, vulnera las garantías contempladas en los numerales 2, 1 y 24, todas del art. 19 de la Constitución Política de la República, constituyendo una acto arbitrario e ilegal en atención a una supuesta falta de motivación del acto administrativo impugnado y falsedad de las razones expuestas en el acto impugnado, afirmaciones del recurrente que mediante el presente informe serán desvirtuadas.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1. LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO ES LA VÍA JURÍDICAMENTE IDÓNEA PARA EL ASUNTO QUE SE DISCUTE.

1. El recurso de protección tiene la característica de ser una acción de naturaleza extraordinaria, cuyo objetivo es restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por la Constitución, por medio de un acto ilegal o arbitrario, y dicho acto u omisión perturbe o amenace las garantías que la Constitución asegura a todas las personas, las cuales conforme se expondrá más adelante no ha ocurrido en la especie, no habiendo vulnerado garantía alguna constitucional al recurrente. De la sola lectura de la acción interpuesta se concluye que el tema es ajeno a la naturaleza cautelar de dicha acción constitucional, toda vez que éste se trata de un mecanismo breve, de emergencia, rápido e informal, que soluciona de manera rápida y eficaz situaciones que requieran el restablecimiento del imperio del derecho.

2. En caso contrario, estaríamos desnaturalizando esta acción, transformándola en un sustituto de las acciones contenciosas administrativas generales que establece el ordenamiento jurídico y a las cuales el recurrente pudo acceder, como lo son el procedimiento establecido en el art. 59 de la Ley 19.880, esto es recurso de reposición y jerárquico 3.

Por su parte, la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua se ha pronunciado en igual sentido, específicamente en autos sobre recurso de Protección rol Nº 12.865-2021, por sentencia de fecha 02 de marzo de 2022, ha señalado:

“SÉPTIMO: Que, una situación diversa es no estar de acuerdo o discrepar con los fundamentos esgrimidos, no siendo esta la vía para plantear tal controversia y obtener la declaración de un derecho, ya que el recurso de protección es una acción cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de garantías y derechos preexistentes e indubitados, que se encuentren afectados por una acción u omisión ilegal y/o arbitraria, lo que no ocurre en el caso de marras, puesto que no goza de un derecho preexistente e indubitado, que le permita el ejercicio de esta acción cautelar. La jurisprudencia ha sido clara en señalar que la acción de protección y el procedimiento dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente emplear este arbitrio constitucional para declarar derechos (Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol Nº 31202-2014, de 28 de enero de 2015). OCTAVO: Que además, cabe precisar que tal como lo ha indicado la Contraloría General de la República, en diversos dictámenes, como por ejemplo el Nº 85.700, de fecha 28 de noviembre de 2016, el principio de confianza legítima no es aplicable a aquellos funcionarios que sirven cargos en la Administración Pública en virtud de nombramientos de carácter de suplente, como en estos autos acontece. De manera que se descarta su aplicación y procedencia en el caso concreto. NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior lo que pretende la recurrente es que esta Corte analice el mérito o conveniencia de la decisión, lo que se encuentra vedado, ya que ello entra por completo en la órbita de actuación de la propia Administración del Estado, siendo sólo relevante en este caso revisar los aspectos jurídicos de la decisión y los supuestos de hecho de la misma, por lo que estando suficientemente motivado el acto respecto del cual se recurre, se descarta asimismo la arbitrariedad, todo lo cual justifica el rechazo de la presente acción constitucional.”

2. NATURALEZA TRANSITORIA DE LAS CONTRATAS Y ALCANCE DE LA CLÁUSULA “MIENTRAS SEAN NECESARIOS SUS SERVICIOS”.

1. La potestad de la autoridad administrativa para poner término al vínculo que genera para el funcionario la situación “a contrata” se encuentra regulada en la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, norma que en su artículo 3° letra c) establece expresamente que el empleo a contrata se encuentra definido por su duración siempre limitada en el tiempo. Enseguida, el mismo cuerpo legal determina en su art. 10, en relación a la permanencia de los empleos a contrata, que esta clase de cargos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada. Esta distinción resulta esencial para entender el actuar de la autoridad y la legalidad del acto recurrido.

2. Por otro lado, en consistencia con la regulación legal antes enunciada, el carácter transitorio del empleo a contrata ha sido reconocido expresamente tanto por la jurisprudencia administrativa como judicial. Es así que la Contraloría General de la República en el Dictamen N° E15676/2021, que dicta nuevo instructivo sobre confianza legítima en las contratas, ha señalado:

“(…) Por su parte, el dictamen N° 23.518, de 2016, estableció que el término anticipado de una designación a contrata dispuesta con la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", debe materializarse por un acto administrativo fundado, correspondiendo, por tanto, que la autoridad que lo dicta exprese los motivos —esto es, las condiciones que posibilitan y justifican su emisión— los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado su decisión, sin que sea suficiente la simple referencia formal, de manera que su sola lectura permita conocer cuál fue el raciocinio para la adopción de su decisión.

Cabe destacar que los citados pronunciamientos no afectan las facultades que tienen las autoridades competentes en torno a las contratas —u otras figuras de designación semejante— en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquellas en que rija la cláusula antes referida u otra similar, de conformidad con las disposiciones legales respectivas, lo que ha sido consignado de manera expresa por la jurisprudencia vigente sobre la materia, según aparece de los dictámenes Nos 12.421, 28.530 y 33.999, todos de 2017, de este origen. El mismo razonamiento es aplicable a las renovaciones dispuestas en términos diferentes, por ejemplo, rebajando el grado asimilado de la contrata o reduciendo las horas asignadas en la designación anterior. En efecto, los aludidos pronunciamientos solo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado. En consecuencia, de forma alguna puede entenderse que los dictámenes de que se trata limitan las potestades que tienen las superioridades para incorporar al organismo funcionarios a contrata -o bajo otra figura de designación semejante-, determinar su grado remuneratorio y, en general, ejercer todas las facultades que les otorga el ordenamiento jurídico respecto del personal de su dependencia”.

3. En consecuencia, la Contraloría General de la República reconoce la posibilidad de poner término anticipado al vínculo de carácter estatutario del recurrente con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, atendido que su contratación y todas sus prórrogas, han sido dispuestas con la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”, exigiéndose como requisito simplemente que el acto que éste se encuentre fundado, como todo acto administrativo. Como podrá verse en el desarrollo de este informe, dichos requisitos se cumplen cabalmente en este caso.

4. Por su parte, la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado en igual sentido, específicamente en autos sobre recurso de Protección rol Nº 99.850-2016, por sentencia de fecha 20 de abril de 2017, ha señalado:

“Que la cláusula ya aludida, “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata. En efecto, la Ley Nº18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3º, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, tratando los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución”.

rega en el considerando cuarto:

“(…) que es posible considerar, entonces, que la expresión “mientras sean necesarios sus servicios” ha sido utilizada para permitir, en esta clase de nombramientos, la existencia de un período de vigencia que sea inferior al que restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan”.

Concluye la Corte confirmando el fallo apelado de la Corte de Apelaciones de Valdivia que rechazó el recurso de protección.

5. Asimismo, la misma Excma. Corte, en los autos sobre recurso de Protección Rol N° 39.403/2017, por sentencia de fecha 15 de enero de 2018, desestimó la acción incoada enfatizando el carácter esencialmente transitorio de la función a contrata, y la facultad que tiene la autoridad administrativa para ponerle fin en cualquier tiempo. El fallo establece:

“Que es posible considerar, entonces, que la expresión “mientras sean necesarios sus servicios” ha sido utilizada para permitir, en esta clase de nombramientos, la existencia de un período de vigencia que sea inferior al que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan”.

Y en su considerando quinto agrega:

“Que de lo razonado se concluye que la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la parte recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal solo ha hecho uso de la facultad antes descrita.”

Así, ante la inexistencia de un comportamiento antijurídico, la Corte revoca la sentencia apelada y rechaza el recurso de protección deducido.

6. Toda la jurisprudencia anteriormente citada contradice al único fallo citado por la contraparte en este punto, dictaminado en causa rol 7929-2019 de la Excma. Corte, según el cual aún con la referida cláusula no sería posible un término anticipado, fallo que por lo demás no es unánime sino que cuenta con un voto disidente de la Ministra María Eugenia Sandoval G., quien invocando los arts. 3 y 10 de la Ley N° 18.834 opina que la expresión "mientras sean necesarios sus servicios" ha sido utilizada para permitir, en esta clase de nombramientos, la existencia de un período de vigencia que sea inferior al que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan.

7. En el caso en particular del señor nombre reservado, sus renovaciones fueron efectuadas con la cláusula “mientras sus servicios sean necesarios” según dan cuenta resoluciones acompañadas, por lo que era perfectamente procedente poner término anticipado a sus funciones.

3. TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATA POR PARTE DE INDAP DENTRO DEL MARCO DE LA LEGALIDAD.

1. El recurrente señala que el término anticipado de su contrata incurrió en una serie de “vicios de legalidad”, afirmación del todo incorrecta según se dirá.

2. En primer orden, y según se ha visto ya, el término anticipado de la contrata en comento guarda perfecta concordancia con lo dispuesto en los arts. 3° y 10 de la Ley N° 18.834 al haberse utilizado la expresión "mientras sean necesarios sus servicios", tal y como lo refrenda la jurisprudencia administrativa y judicial citada. Nos remitimos a lo dicho en el acápite anterior.

3. En segundo lugar, la decisión de la autoridad de dar término anticipado a la contratación debe cumplir el requisito de quedar refrendada en la emisión de un acto administrativo formal que contenga el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, citando los antecedentes que respaldan esa decisión, acto administrativo que debe ser debidamente registrado ante Contraloría, y que finalmente deber ser debidamente notificado al funcionario conforme a la Ley N° 19.880, de procedimientos administrativos. Lo expuesto es precisamente la forma como procedió INDAP en el caso concreto, guardando estrictamente el principio de legalidad en su actuar público y ajustando su actuar a los estándares que solicita la Contraloría General de La República para las decisiones de este tipo.

4. Conforme al principio de legalidad contenido en el art. 7º de la Constitución Política, se establece que:

“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.

Bajo este principio debe expresarse que el acto administrativo de término anticipado de contrata para el funcionario reclamante emanó formalmente del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP) como Servicio Público Nacional. Dentro del INDAP, la facultad de desvincular funcionarios a contrata corresponde al Director Nacional conforme a la Ley Nº 18.910, Orgánica de INDAP, que en sus arts. 4 y 5 establece:

“Artículo 4°.- La Dirección superior y la administración del Instituto corresponderán al Director Nacional, quien tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo y será el Jefe Superior del Servicio.

Artículo 5°.- El Director Nacional tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

n) Designar al personal de planta y contratar empleados.

ñ) Ejercer, en materia estatutaria, remuneratoria y asistencial, las facultades propias de un jefe de servicio, en relación con su personal, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias pertinentes.”

A su vez el Director Nacional ha delegado esta facultad en el Subdirector Nacional por Resolución Exenta N°230906, de fecha 20 de diciembre de 2021. En consecuencia, como puede advertirse, el acto reclamado es un acto administrativo que emanó de la Subdirectora Nacional (S), Sra. nombre reservado, conforme a Resolución Exenta N° RA 166/785/2022 que establece orden de Subrogación del cargo referido, de fecha 02 de mayo de 2022, obrando dentro del marco de sus facultades delegadas.

5. Respecto al plazo para la dictación del acto que decide no prorrogar o renovar una contrata, según el dictamen 6.400 del año 2018 la facultad de prorrogar una contrata debe ser ejercida con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo de esa designación, lo que de conformidad con el nuevo criterio contenido en el dictamen N° 22.766 del año 2016, se traduce también en un límite temporal para que el Jefe de Servicio determine la no renovación del vínculo a través de la dictación del respectivo acto administrativo en aquellos casos en que se haya generado la confianza legítima de la renovación del vínculo. En este sentido, cuando se haya generado en el funcionario la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice su no renovación deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año. En la especie, aun cuando el recurrente no contaba con confianza legítima -según se dirá ya- y no estamos ante una no renovación sino un término anticipado, igualmente el acto recurrido fue dictado con fecha 17 de noviembre de 2022 (y notificado personalmente al día siguiente), en concordancia a lo prescito por la normativa y jurisprudencia administrativa.

6. Respecto a la notificación del acto recurrido, del propio recurso se desprende que el recurrente fue notificado personalmente al indicarse: “el día viernes 18 de noviembre de 2022 se le cita a una reunión en donde se le comunica que se le desvinculará anticipadamente y que debía trabajar, en consecuencia, hasta el día 23 de noviembre de 2022, notificación que no firmó”3.

7. Por otro lado, el recurrente acusa “falta de la debida fundamentación y motivación en el acto jurídico”4, indicando en términos específicos la existencia de una completa falsedad en los supuestos de hecho invocados en la resolución impugnada y que dan sustento a la misma, a saber, a) la inexistencia de confianza legítima que ampare al recurrente y, a su vez, b) las nuevas necesidades de dotación del servicio.

8. En relación a lo primero, haremos referencia a la inexistencia de confianza legítima en el caso de marras en el acápite 5 de este informe, circunstancia que es absolutamente real y efectiva según se dirá. Y respecto a lo segundo, las necesidades de dotación de la Dirección Regional de INDAP Región de la Araucanía, las cuales surgen del análisis de la dotación y grados existentes en la misma Dirección, se manifiestan en la resolución en concordancia con la política de personas que ya estaba vigente en la institución desde el 24 de marzo de 2022, por la cual consta que la mayor dotación de la Región corresponde a personal administrativo que se encuentra en calidad transitorio (suplencia) y que es necesario incorporar a la dotación del servicio y, por otra parte, mediante Memorándum N°0900030945/2022 la Dirección Regional efectivamente solicitó al Director Nacional, la contratación de 10 cupos para administrativos de soporte de área, ya que con estos se cumpliría el criterio de tener a lo menos dos administrativos por casa agencia de área, remitiendo el informe efectuado en marzo de 2022. Es decir, se trata de una política de personas y dotación de servicio respaldada en actos administrativos, que además fueron dictaminados con anterioridad al acto impugnado. No se trata, por tanto, de referencias a circunstancias futuras, eventuales o hipotéticas (o argumentos genéricos) como indica a modo de ejemplo el Dictamen N° 6.400/2018 de Contraloría, citado por la contraparte5.

9. Continuando con este supuesto vicio de ilegalidad, el recurrente afirma que en el caso de marras los fundamentos entregados son insuficientes, citando un fallo de la Excma. Corte Suprema (Rol 28.470-2018), que en su considerando cuarto y quinto indica que ha existido falta de fundamento en el acto administrativo en esa causa impugnado, al tratarse de una funcionaria en que se expresó prescindir de sus servicios debido a mal desempeño, limitándose la resolución a enunciar supuestos errores en gestiones de pagos y derivación de carga laboral a otros funcionarios, sin más, en una motivación que sólo abarcó un párrafo en el acto administrativo respectivo. Evidentemente esta jurisprudencia no resulta aplicable al caso de marras, no sólo porque la motivación de la resolución recurrida en esta causa es abundante y detallada, sino además porque el caso invocado por el recurrente corresponde a una funcionaria con más de dos renovaciones o anualidades bajo la modalidad contrata, es decir, sí contaba con confianza legítima, a diferencia de este caso.

10. Otro vicio de ilegalidad denunciado, consiste en la “falta de proporcionalidad del acto administrativo”, respecto del cual cabe decir lo siguiente:

a)

Como fundamento de este vicio, se citan partes de la resolución impugnada que no corresponden a esta, cuestión que al parecer se debe a la reutilización por parte del letrado del mismo escrito utilizado en alguna causa anterior, razón más que suficiente para desestimar esta alegación; y b)

Se agrega que el sr. nombre reservado tuvo un excelente desempeño funcionario, quien “en toda su carrera funcionaria con excelente evaluación, no teniendo anotaciones de deméritos no observaciones negativas, calificándolo siempre con la nota máxima”6, siendo su destitución (sic) desproporcional.

11. Agrega el recurrente que el acto impugnado viola los “principios de transparencia y publicidad del acto administrativo”, en base al hecho de haberlo desvinculado cuando “solo quedaban pocos días para que se cumplieran 2 años en condición de contrata”, cuestión que sería vulneratoria al principio de la buena fe. De esto cabe hacer dos consideraciones: a) la primera, el recurrente implícitamente reconoce que no ha cumplido con más de 2 años de contrata, lo cual tiene importancia para efectos de establecer si existe o no confianza legítima que le ampare para los efectos de este recurso; y b) no es posible comprender qué relación guarda el argumento brindado con los principios de transparencia y publicidad supuestamente vulnerados por del acto impugnado.

12. Por otra parte, se hace mención al período en que el recurrente sirvió en el instituto en calidad de suplente desde el año 2020, cumpliéndose con ello el plazo de 2 años necesario para la confianza legítima, olvidando que el mismo Dictamen E156769/2021 que cita en su recurso, establece claramente que ese régimen de contratación no sirve para computarlo para aquellos efectos, cuestión a la que ya se hará referencia.

13. Finalmente, en el acápite referido al “análisis crítico de la sentencia impugnada”7, se cita el Dictamen 6.400/2018 de la Contraloría, según el cual:

“(…) podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de antecedentes que respaldan esa decisión como por ejemplo estudios o informes entre otros; una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación”.

En definitiva, se establece que la desvinculación de un funcionario debe mirar a su desempeño personal y no a cuestiones de orden institucional, como acontece en la especie, a lo cual se agrega que tampoco se acompañarían antecedentes que fundamenten la decisión de este servicio. Sin embargo, frente a lo anterior cabe indicar dos cosas: a) en relación a lo primero, el recurrente omite citar los demás ejemplos que según el dictamen en comento permiten prescindir del vínculo entre el servicio y un funcionario, v. gr.: modificación de funciones del órgano o reestructuración; alteración o modificación de planes o programas; nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio; etc., es decir, todas razones de orden institucional que no miran necesariamente al desempeño personal del funcionario afectado (y dentro de las cuales se encuentran precisamente comprendidas las nueva condiciones de dotación requeridas por el instituto y que sirvieron como uno de los fundamentos de la resolución impugnada); y b) en cuanto a los antecedentes, cabe recordar que el dictamen es facultativo al utilizar la expresión “podrá servir de fundamento” y, por lo demás, los antecedentes fundantes si se encuentran citados en la resolución, según se ha explicado ya, a propósito de los actos administrativos que fijaron la política de personas requerida por INDAP para este año 2022 y el fundamento legal que permite comprender la improcedencia de confianza legítima en el caso de marras.

4. EL ACTO RECURRIDO Y SUS FUNDAMENTOS: INEXISTENCIA DE ARBITRARIEDAD INVOCADA.

1. El recurrente alega arbitrariedad del acto impugnado, reiterando como primer fundamento su supuesto buen desempeño como funcionario, así como la ausencia de antecedentes que permitan formular algún reproche laboral.

2. En cuanto a la jurisprudencia citada, no resulta aplicable al caso del sr. nombre reservado. En efecto, el fallo emanado de la Excma. Corte Suprema en causa rol 5172-2018, que califica de arbitraria la “no renovación” de la respectiva recurrente, no se dio a conocer a la afectada con la anticipación debida, vicio del cual no adolece la resolución recurrida aquí. Y por otro lado, en el caso resuelto ni siquiera se señalaron los motivos tenidos en cuenta para la referida desvinculación, a diferencia del caso de marras, en que lo discutido aquí es la veracidad o suficiencia de los motivos que sí fueron entregados.

3. Finalmente, respecto al fallo en causa rol 1265-2018 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la arbitrariedad acusada se refiere a un funcionario que contaba con más de 3 años de servicio bajo el régimen a contrata, a diferencia del sr. nombre reservado. Asimismo, la reestructuración del servicio que sirvió de fundamento al término anticipado allí, fue manifestado a través de una resolución posterior al acto impugnado, lo que claramente implicó una situación irregular. En el caso de marras en cambio, la política de personas de INDAP que implicó la necesidad de una nueva dotación del servicio, fue manifestada a través de actos administrativos a partir de marzo de 2022, muchos meses antes de la destitución del recurrente, según se explicó precedentemente (v. p. 11 del informe).

4. Así pues, las arbitrariedades acusadas no son aplicables en la especie, encontrándonos ante un acto perfectamente racional, según se refleja en sus fundamentos.

5. NO APLICACIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA AL RECURRENTE.

1. La Contraloría General de la República, mediante Dictamen N° E156769/2021 del 17 de noviembre de 2021 emitió nuevo instructivo sobre confianza legítima en las contratas, en el cual reitera que sus pronunciamientos anteriores no afectan las facultades que tienen las autoridades competentes en torno a las contratas, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación, término anticipado o dispuestas en términos diferentes, por ejemplo, rebajando el grado asimilado de la contrata. Estos pronunciamientos solo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular a un funcionario antes del vencimiento del plazo debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado.

2. Asimismo, en el dictamen referido especifica cuáles son las condiciones que deben reunir las vinculaciones previas para generar la denominada “confianza legítima” en los funcionarios, en las cuales se fija las sucesivas designaciones a contrata que debe tener un funcionario por un periodo tal que hace suponer que dicha conducta —la renovación— seguirá repitiéndose: se requiere que el organismo de la Administración del Estado haya requerido de manera constante y reiterada los servicios personales de un funcionario a través de designaciones a contrata, ya sea por contrata anual o por varias parcialidades que abarquen toda la anualidad.

3. En cuanto a la duración que ha de tener cada una de las contratas previas y la extensión total del lapso necesario para provocar la confianza legítima, corresponde señalar que dicha expectativa se genera a partir de la segunda “renovación”.

4. En ese orden de ideas, el recurrente don nombre reservado, a la fecha de la resolución recurrida y su notificación no poseía confianza legítima, ya que la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años. Así, en el evento de que una persona sea designada a contrata, por primera vez, luego que haya comenzado el año respectivo (incluso en diciembre), se entenderá que hubo una primera renovación anual si tal vinculación se extiende por todo el año calendario siguiente (ya sea en virtud de una sola designación o de varias sucesivas y continuas), y existirá una segunda renovación de dicho nexo funcionarial si este abarca toda la anualidad subsiguiente, en los términos aludidos. De lo anterior se colige que deberá haber transcurrido más de 2 años (anualidades calendario) para invocar la confianza de una nueva prolongación de su designación que, por una o más contratas sucesivas e ininterrumpidas, abarque toda la anualidad siguiente.

5. De lo anterior se desprende que el recurrente, dada su data de ingreso a la contrata con fecha 01 de diciembre del 2020, a la fecha del acto impugnado no cumplía con el tiempo mínimo para hacer valer la legítima confianza, ya que su desempeño dentro del Instituto de Desarrollo Agropecuario no superaba los 2 años calendario (o dos renovaciones) exigidos.

6. Cabe agregar, finalmente, que si bien el recurrente se desempeñó en calidad de suplente externo antes del 1° De diciembre de 2020, el tiempo servicio en la mencionada calidad jurídica no es aplicable para el principio de confianza legítima, tal como se precisa en los dictámenes 11184/2019 y N° E156769/2021 en comento, ambos de la Contraloría General de la República. En efecto, éste último EXPRESAMENTE señala:

“III. ESTATUTOS AFECTOS AL CRITERIO EN ANÁLISIS Considerando que el dictamen N" 22,766, de 2016, resuelve la situación de funcionarios que se encontraban en calidad de contrata a la data de su cese, y sin perjuicio de otras precisiones que más adelante se desarrollan en torno a la extensión y naturaleza de las vinculaciones previas que sirvan para generar la expectativa de la renovación, el criterio contenido en dicho pronunciamiento es aplicable a todas aquellas designaciones de funcionarios, de carácter temporal, susceptibles de ser renovadas por decisión de la autoridad (dictamen N° 58.864, de 2016), y que no correspondan a suplencias o modalidades de reemplazo de otros servidores.

Así, el criterio en cuestión debe aplicarse a los funcionarios que han sido designados en empleos a contrata y otras figuras de designación semejantes regidos por los siguientes textos y normas legales:”

7. En el mismo sentido, fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua:

“OCTAVO: Que además, cabe precisar que tal como lo ha indicado la Contraloría General de la República, en diversos dictámenes, como por ejemplo el Nº 85.700, de fecha 28 de noviembre de 2016, el principio de confianza legítima no es aplicable a aquellos funcionarios que sirven cargos en la Administración Pública en virtud de nombramientos de carácter de suplente, como en estos autos acontece. De manera que se descarta su aplicación y procedencia en el caso concreto”8.

6. COMENTARIOS RESPECTO A LAS PRESUNTAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS.

a. Art. 19 N° 2: principio de igualdad ante la ley.

El recurrente indica en su presentación en relación a la vulneración de la presente garantía, que existe una diferencia arbitraria por parte de INDAP, siendo un acto discriminatorio, carente de fundamentación o motivación. Respecto a este punto y como se ha explicado latamente, el Instituto de Desarrollo Agropecuario en cumplimiento con la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos del Estado, dictó una resolución debidamente fundada que se enmarca dentro del estándar que se establece para el caso concreto, siendo dicho acto registrado por la Contraloría y notificado al recurrente sin que exista algún tipo de diferencia con otro procedimiento de cese o no renovación de una designación de personal a contrata. De lo anterior se colige que el ejercicio del derecho de igualdad ante la ley debe entenderse como una igualdad jurídica que impide que en textos legales o en sus interpretaciones se establezcan privilegios o excepciones que se otorguen a unos excluyendo a otros encontrándose en iguales circunstancias. Dado que INDAP ha procedido de la misma manera para todos aquellos funcionarios en la misma situación (bástese con dar cuenta de los demás recursos de protección ingresados a esta Iltma. Corte, en los últimos 30 días, de parte de otros funcionarios que también fueron desvinculados al encontrarse en la situación del recurrido) no se puede colegir como ha existido por parte del Servicio una vulneración de la garantía constitucional señalada. Por lo demás, en relación con esta garantía de igualdad ante la ley, al actor le asistió el derecho de impugnar la decisión de la autoridad por medio de los recursos administrativos que establece nuestra legislación.

b. Art. 19 N° 1: derecho a la vida e integridad física y psíquica.

El recurrente alega que su desvinculación le ha generado estrés y sufrimiento. Respecto de ello, no cabe más que señalar que este instituto no puede hacerse cargo de circunstancias de ese tipo cuando se trata de una actuación como la recurrida, que ha sido ejecutada en perfecta conformidad con la ley de manera racional. Y por lo demás, es el recurrente quien tiene la carga probatoria de demostrar este perjuicio de orden moral, sin que se haya acompañado antecedente alguno que permita tenerlo por comprobado.

c. Art 19 N° 24: El derecho de propiedad 1.

En relación a la supuesta vulneración del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad, si bien es descartado por el recurrente, no está de más recordar que no existe el pretendido derecho sobre el empleo o calidad de funcionario público. La garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución no contempla una supuesta “propiedad del empleo o función”: la calidad de funcionario público no es un derecho adquirido ni forma parte del patrimonio del funcionario, ni es posible confundir la estabilidad funcionaria con una expresión del derecho de dominio, ya que resulta evidente que la estabilidad de la carrera funcionaria no puede ser un obstáculo para el ejercicio de las atribuciones que la ley ha conferido a las autoridades competentes. Es por lo anterior, que los funcionarios no tienen derecho de propiedad sobre su cargo, ni puede por tanto ser vulnerada su estabilidad en el mismo, dado que cesa por haber operado una causal legal de cesación de funciones derivado de la facultad de un órgano de la Administración del Estado para prescindir o alterar el vínculo con aquellos, emitiéndose el respectivo acto administrativo formal que contenga el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, citando los antecedentes que respaldan esa decisión, acto registrado ante Contraloría, y notificado conforme a la Ley N° 19.880, de procedimientos administrativos.

2. Y en cuanto a la propiedad sobre el “derecho a la estabilidad en el empleo”, conforme al art. 84 de la Ley N° 18.834, bástese con señalar que el fallo citado por la contraparte, emanado de la Corte Suprema (causa rol 28.470-2018), si bien establece que todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, importa la prohibición de ser apartado de éste, salvo que sea por razones o las causas legales, es decir, no se trata de una prohibición absoluta. En el caso de marras, la desvinculación del recurrente ha procedido con irrestricto apego a la ley, según se ha dicho latamente, enmarcándose por tanto en la excepción contemplada en la jurisprudencia citada.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta N° 114504, de fecha 01 de agosto de 2019, que designa en calidad de suplente, del Instituto de Desarrollo Agropecuario; 2. Resolución Exenta N° 141470, de fecha 16 de septiembre de 2019, que designa en calidad de suplente, del Instituto de Desarrollo Agropecuario; 3. Resolución Exenta RA N° 166/538/2020, de fecha 20 de marzo de 2020, que designa en calidad de suplente, del Instituto de Desarrollo Agropecuario; 4. Resolución Exenta RA N° 166/1029/2020, de fecha 26 de junio de febrero de 2020, que designa en calidad de suplente, del Instituto de Desarrollo Agropecuario; 5. Resolución Exenta RA N° 166/1503/2020, de fecha 22 de diciembre de 2020, que designa a contrata, del Instituto de Desarrollo Agropecuario; 6. Resolución Exenta RA N° 166/67/2021, de fecha 15 de enero, que prorroga cargos a contrata que indica, del Instituto de Desarrollo Agropecuario; 7.

Resolución Exenta RA N° 166/1650/2021, de fecha 30 de diciembre de 2021, que prorroga cargos a contrata que indica, del Instituto de Desarrollo Agropecuario; 8.

Resolución Exenta RA N° 166/1510/2022, de fecha 24 de agosto de 2022, designa contrata cambio de grado a 11° EUR, del Instituto de Desarrollo Agropecuario; 9.

Resolución Exenta N° 0900-023176/2022 de fecha 04 de julio de 2022, puso término a las funciones del recurrente como Jefe de Área de Curacautín, del Instituto de Desarrollo Agropecuario; 10.

Resolución Exenta N° 085-044381/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, que pone término anticipado al nombramiento a contrata de don nombre reservado, de la Subdirección Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario;11. Resolución Exenta RA N° 166/2001/2022, de fecha 18 de noviembre de 2022, de término anticipado de designación a contrata, de la Subdirección Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario; 12.

Resolución Exenta N°230906, de fecha 20 de diciembre de 2021, que delega facultades que indica, de la Dirección Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario; 13. Resolución Exenta N° RA 166/785/2022, de fecha 2 de mayo de 2022, que establece orden de subrogación; 14. Acta de notificación personal de 18 de noviembre de 2022, correspondiente a resoluciones 10 y 11; 15. Guía de admisión de carta certificada que da cuenta de acta y resoluciones 10 y 11 emitida por Correos de Chile, de fecha 18 de noviembre de 2022.

A folio N°19-2023 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha el actor corresponde a la Resolución Exenta RA N° N°0085-044381/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, emitida por el Instituto de Desarrollo Agropecuario que decide poner término anticipado a su contrata, estimando el recurrente que carece de fundamentos, tornándose ilegal y arbitraria, vulnerando su derecho la integridad física y psíquica, de igualdad y de propiedad.

TERCERO: Que, lo primero a determinar es si la Resolución Exenta N°0085-044381/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, se encuentra ajustada a derecho y está debidamente fundada, a fin de descartar cualquier ilegalidad o arbitrariedad en que pudiere haberse incurrido en su dictación. Sobre esta materia debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 19.880, que dispone que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada.

CUARTO: Que, al examinar el acto administrativo que se objeta, se aprecia que éste, a diferencia de lo planteado por la recurrente, se encuentra debidamente fundado, por cuanto indica de forma concatenada los razonamientos que llevaron a adoptar dicha decisión, existiendo un razonamiento que lo lleva a concluir la no renovación de su contrata por el año 2023. Lo que además se enmarca dentro de las facultades legales del servicio recurrido.

QUINTO: Que en la resolución exenta N°0085-044381/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, se indica expresamente que el recurrente fue designado por Resolución Exenta RA N° 166/1503/2020, del 01 al 31 de diciembre de 2020, la cual fue prorrogada por tres resoluciones exentas posteriores, que se individualizan, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Por su parte, en la mencionada Resolución Exenta se expresa que el actor no posee confianza legítima, toda vez que los períodos anteriormente desempeñados a las fechas indicadas, los realizó en calidad de suplente. Ratificando lo anterior con dictamen de Contraloría General de la República N° E156769/2021 del 17 de noviembre de 2021, que fija los criterios por los cuales, un funcionario puede hacer valer la confianza legítima, que en el caso de la recurrente no aplica, por cuanto el desempeño de sus funciones en carácter de contrata tiene una extensión de tiempo inferior a dos años.

SEXTO: Que sobre la extensión de tiempo necesario para configurar la confianza legítima, la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 26.131-2023 en sentencia de fecha 31 de marzo de 2023 ha señalado lo siguiente: “Décimo: Que, entonces, resulta imprescindible establecer desde cuando la persona que se vincula a través de contratas anuales con la Administración adquiere la confianza legítima respecto que su designación no sólo se cumplirá en la anualidad respectiva, sino que, además, será renovado.

Pues bien, en busca de un criterio unificador, esta Corte ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración.”

SÉPTIMO: Que, de lo señalado en los considerandos anteriores, y atendida las fechas de las Resoluciones Exentas que designaron al actor en su cargo a contrata, y las posteriores que prorrogaron la misma, se desprende que el periodo desempeñado es inferior a los dos años, por lo que no es aplicable al caso de autos el principio de confianza legítima.

OCTAVO: Que, en mérito de lo expuesto es posible concluir que el acto administrativo impugnado no contraviene la ley, más aun considerando la naturaleza transitoria de los cargos a contrata, pues fue dictado por autoridad competente en el ejercicio de sus atribuciones, y se encuentra debidamente fundado, sin que la decisión adoptada pueda ser considerada arbitraria o ilegal, puesto que no es consecuencia del mero capricho, sino del ejercicio de una potestad legal, por lo que se procederá a rechazar el presente recurso.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Ricardo René Ormazábal Nader, en favor de nombre reservado.

Regístrese.

Redacción de la Ministra María Georgina Gutiérrez Aravena.

Rol N° Protección-74882-2022 (pvb).