nombre reservado con TESORERÍA GENERA DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

VISTO:

A folio N° 1, comparece CAROLINA BELÉN GRANDÓN TORRES, Abogada, en representación convencional de don nombre reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, fundado en los siguientes antecedentes:

1.1 DE LA DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.

El 1 de marzo de 2022, se ingresó una demanda solicitando la declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales y de seguridad social, en el marco de un procedimiento de aplicación general. Esta demanda fue presentada en contra del ex empleador de mi representado, el FISCO DE CHILE.

El caso se tramitó ante el Juzgado de Letras de Angol, bajo el RIT O-12-2022, la acción se basaba en la prestación de servicios personales bajo subordinación y dependencia en la entonces Gobernación Provincial de Malleco, que posteriormente se convirtió en la Delegación Presidencial Provincial durante el periodo comprendido entre el 2016 a 2021. El 12 de julio de 2022, el juzgado rechazó la demanda mediante sentencia Dictada por don nombre reservado, Juez Subrogante del Juzgado de Letras de Angol.

Luego, con fecha 23 de julio de 2023 se alzó en contra de la sentencia mediante recurso de nulidad ingresado en la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco con el ingreso Laboral - Cobranza - 320 – 2022, oportunidad en que se confirmó lo realizado por el juzgado de letras de Angol, rechazándose el recurso de nulidad interpuesto mediante sentencia de 13 de enero de 2023.

Finalmente, ante el fallo de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, se presentó recurso de unificación de jurisprudencia con fecha 28 de enero de 2023, el que fue sustanciado mediante con el ingreso número Reforma Laboral / 25910 – 2023, de la Excma. Corte Suprema, acogiéndolo con fecha 03 de abril de 2024, dictando sentencia de reemplazo que señaló:

“SE ACOGE LA DEMANDA INTERPUESTA POR DON nombre reservado EN CONTRA DEL FISCO DE CHILE, SÓLO EN CUANTO:

I.- SE DECLARA LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE EL 7 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, Y QUE SE DESPIDIÓ AL ACTOR SIN CAUSAL. EN CONSECUENCIA, SE CONDENA A LA DEMANDADA A PAGAR LOS CONCEPTOS QUE SE SEÑALAN:

A) $1.400.000 POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIO; Y $8.400.000 POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR SEIS AÑOS DE SERVICIOS, TOMANDO COMO BASE DE CÁLCULO LA REMUNERACIÓN A QUE ALUDE LA MOTIVACIÓN SEXTA DE ESTA SENTENCIA.

B) RECARGO LEGAL DEL 50 % DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 168 LETRA B) DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.

C) COTIZACIONES PREVISIONALES DEL D.L. Nº3.500 ADEUDADAS, DESCONTÁNDOSE, EN CONSECUENCIA, AQUELLAS ENTERADAS POR EL ACTOR, DEBIENDO OFICIARSE A LAS ENTIDADES PERTINENTES PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR.

II.- LAS SUMAS SEÑALADAS DEBERÁN PAGARSE CON LOS REAJUSTES E INTERESES QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 63 Y 173 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.

III.- CADA PARTE SOPORTARÁ SUS COSTAS”

Luego de lo anterior, dicho fallo de unificación y sentencia de reemplazo fue comunicado al tribunal de instancia – Juzgado de Letras de Angol – con fecha 15 de abril de 2023, remitiéndose a cobranza el 6 de junio del mismo año.

1.2 DE LA COBRANZA.

Con fecha 14 de junio de 2024 se remitieron los antecedentes a cobranza, quedando bajo el RIT C-15-2024 del Juzgado de Letras de Angol (cobranza), ordenándose en una primera resolución que se liquidaran los rubros a que fue condenado el fisco, de conformidad al artículo 466 del Código del Trabajo. Pues bien, dicha liquidación se efectuó con fecha 25 junio de 2024, por la suma de $21.591.684 (Veintiún millones quinientos noventa y un mil seiscientos ochenta y cuatro pesos) ordenándose con fecha 26 de junio de 2024, que se tuviera por aprobada si no fuere objetada dentro de quinto día, en señalando además que se cumpliese con lo dispuesto en el artículo 752 del Código de procedimiento Civil, lo que se verifico con fecha 11 de julio de 2024, mediante resolución que ordenó:

“Encontrándose firme la liquidación practicada en autos, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la demandada. Remítase al Ministerio de Justicia copias de las sentencias definitivas de primera y segunda instancia y de la Ilustrísima Corte Suprema, autorizadas, dictada en causa RIT. O-12-2022, con certificación de encontrarse ejecutoriada, conjuntamente con la liquidación practicada en autos.

Téngase presente que el beneficiario corresponde al demandante nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado”.

Se cumplió con lo señalado previamente mediante el oficio 728/2024 de 11 de julio de 2024 dirigido a la Subsecretaría De Justicia Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos, la que, en cumplimiento de los preceptos señalados, emitió la Resolución Exenta N°. 2814 de 24 de septiembre de 2024, por el cual se establece en el numero «1° que el servicio de Tesorería pagará la suma única y total de $21.591.684 Veintiún millones quinientos noventa y un mil seiscientos ochenta y cuatro pesos, a don nombre reservado, RUN RUT reservado; o a quienes sus derechos representen, debiendo acreditarse al momento del pago, la vigencia y suficiencia del poder con facultad para percibir como en derecho corresponda. Lo anterior, según lo indicado por el Consejo de Defensa del Estado en su Informe N° 1343, de 28 de agosto de 2024, y en las copias autorizadas de las piezas y/o certificaciones de autos mencionadas en dicho documento, que se acompañan a la presente resolución; todas correspondientes a la causa caratulada “nombre reservado CON FISCO DE CHILE. CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO” RUC N° 22-4-RUT reservado, RIT N° O-12-2022 y RIT C-15-2024, del 1° Juzgado de Letras de Angol»

2 SITUACIÓN DE AGRAVIO.

Habiendo sido positivo el resultado del Contencioso, y ya con la Resolución Exenta N°. 2814 de 24 de septiembre de 2024 del Ministerio de Justicia, con fecha 7 de octubre del presente año, se concurrió a la Tesorería ubicada en la ciudad de Angol, a efectos de cobrar lo que, en definitiva, consistía en una serie de indemnizaciones de origen laboral a las que fue condenado el FISCO.

Sin embargo, en esa oportunidad, mi representado se vio amargamente sorprendido toda vez que de los $21.591.684 que debía recibir, solo obtuvo la exigua suma de $1.104.102, toda vez que el habría sido «Compensada» la suma de $20.927.171, por deudas fiscales cuyo origen data del año 2013, según datos obtenidos en el momento.

Cabe señalar que mi representado no había tomado conocimiento de la circunstancia de la deuda, toda vez que dé así haberlo sido hubiese podido realizar trámites y gestiones incluso tendientes a la prescripción de esta, convenios de pago o incluso prerrogativas que son propias de la nueva ley de cumplimiento tributario.

Por lo anterior, mi representado tomo conocimiento cierto y efectivo del hecho al momento de concurrir al cobro de lo que habría obtenido en el juicio laboral en el que habría resultado victorioso, esto es el 7 de octubre del año en curso, lo que desde luego también satisface los presupuestos de temporalidad que precisan el presente recurso.

3 FUNDAMENTOS DEL RECURSO.

3.1 DESARROLLO El artículo 19 N°20 de la Constitución Política faculta a cualquier persona para acudir ante la Corte de Apelaciones con el fin de que se adopten de inmediato las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

En el presente caso, consideramos que la acción de la contraparte, consistente en "retener" y "compensar" las presuntas deudas tributarias que mantendría el recurrente, cuyas fechas de vencimiento datan del año 2013 inclusive, constituye un acto carente de razonabilidad, siendo por ende arbitrario e ilegal, más aun tratándose de retenciones sobre obligaciones generadas por el mismo fisco que, en su calidad de empleador, fue condenado – es decir – reprochado, mediante las sentencias referidas en el título preliminar.

En este sentido, es palmaria la situación en que se ve involucrado mi representado, así, el FISCO, quien, mediante la delegación provincial, otrora gobernación, lo mantuvo en una situación irregular, lo que solo fue enderezado por un tribunal de la república, el que soberanamente dentro de lo que le compete, condena al estado al pago de una serie de indemnizaciones y prestaciones las que tenía derecho percibir, y que fueron conculcadas mediante la acción irregular de servicio de Tesorerías.

En este sentido, la recurrida, Tesorería General de la República, no poseería la facultad de compensar las deudas que provengan de sentencias judiciales por las que el fisco haya sido condenado, como ocurre en la especie, esto en atención a que dicha forma de extinguir las obligaciones no puede ser entendida pura y simplemente de la misma forma que se entiende regulada en el Código Civil, pues uno de sus requisitos es que “debe” operar previa actuación del Tesorero competente, en este sentido, en el área específica del derecho tributario, que opera con criterios propios y diversos al derecho común, en este sentido se ha señalado que toda figura acuñada en la Teoría del Derecho, antes de ser trasladada automáticamente al Derecho tributario, debe ser contrastada con las peculiaridades de esta rama del Derecho (nombre reservado, 2011), lo que nos obliga a calificar la facultad con que cuenta la recurrida aplicando ciertos matices y definiendo concretamente su forma de ejercerla.

En el caso de la compensación, originaria del ámbito del derecho privado donde hay igualdad entre las partes, por existir un texto expreso que la hace aplicable a la extinción de la obligación tributaria, la cuestión ahora es determinar los alcances de esta aplicación en el derecho tributario y cómo debe ejercerse la facultad otorgada a la Tesorería para compensar deudas con créditos contra el Fisco, según lo regulado por el artículo 6° del DFL 1/1994 sobre Estatuto de Tesorerías.

Ni el Código Tributario ni el Estatuto de Tesorería contienen disposiciones que definan el mecanismo mediante el cual opera la facultad de compensar deudas. Por ello, es necesario recurrir a la norma contenida en el artículo 1° de la Ley N°19.880 sobre Bases de Procedimientos Administrativos, que establece su carácter supletorio ante la ausencia de otras disposiciones legales. En este sentido, la Contraloría General de la República, mediante Dictamen N°27163-2009, ha señalado que esto "significa que su uso procede en la medida en que la materia en la cual incide la norma de este cuerpo legal que pretende aplicarse, no haya sido prevista en el respectivo ordenamiento administrativo especial y, en tanto sea conciliable con la naturaleza del respectivo procedimiento específico, sin que pueda afectar o entorpecer el normal desarrollo de las etapas y mecanismos que dicho procedimiento contempla para el cumplimiento de la finalidad particular que la ley le asigna".

Por lo tanto, frente al silencio normativo denunciado, son aplicables las normas contenidas en la Ley N°19.880 a la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en su calidad de órgano de la Administración del Estado. Esta entidad debe proceder a la emisión de un acto administrativo terminal cada vez que ejerza la potestad de compensar deudas de contribuyentes con créditos de estos contra el Fisco, y dicho acto debe ser notificado al contribuyente. De acuerdo con el artículo 3° inciso primero de esta ley, las decisiones escritas adoptadas por la Administración se expresarán a través de actos administrativos, definidos en el inciso segundo como “Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos.”.

El artículo 5° establece que “El procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen se expresarán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que se configure alguna excepción establecida en la ley.”. El artículo 11 inciso segundo de la misma ley indica que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”. Finalmente, el artículo 45 dispone que Los actos administrativos de efectos individuales, deberán ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro”.

Lo anterior no resulta peregrino, ya que ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema en un fallo en causa ingreso 31.797-2024 reciente de 18 de octubre de 2024, que reproduce parcialmente.

Por todo lo anterior, no podemos dejar de concluir que lo obrado por la recurrida lo ha sido fuera del marco de sus atribuciones, al compensar el crédito adeudado a mi representado, ejecutando una actuación arbitraria e ilegal que ha afectado el derecho de propiedad de mi representado sobre los créditos laborales que le concedió, en definitiva, la Excma. Corte Suprema en sentencia de reemplazo ingreso número Reforma Laboral / 25910 – 2023, de 3 de abril de 2024, respecto de causa laboral O – 12 – 2022 del Juzgado de Letras de Angol.

Ahora bien, a más inri, mi representado además, por circunstancias personales, y a propósito también de la situación de irregularidad en que el fisco lo mantenía, en contumaz irregularidad de incumplimiento de normas laborales, se encuentra calificado entre el 0% y 40% de los menores ingresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica, existiendo en su grupo domestico dos personas de la tercera edad, entre ellos el mismo recurrente, y una persona con dependencia o discapacidad, padeciendo además una serie de padecimiento de salud, que van desde Diabetes, pasando por un cáncer operado entre otras patologías –percibiendo una jubilación cuanto menos exigua – ya que aún no se recupera lo ordenado en cuanto cotizaciones previsionales –, lo anterior no es una mera lamentación, tiene estricta relación con que con el resultado del juicio eventualmente se lograría mejorar la situación vital del grupo familiar de mi representado o solventar los gastos que son propios de su situación de salud, viéndose en riesgo a propósito del actuar del servicio de tesorerías, su derecho a la salud.

3.2 DERECHOS CONCULCADOS.

Lo cierto es que la actuación arbitraria de la que se da cuenta por parte del servicio de tesorerías vulnero el artículo 19.24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad sobre los créditos laborales de los cuales mi representado era titular.

También, en una forma que debemos reconocer indirecta, pero ciertamente vinculada a lo anterior, se conculca o afecta lo dispuesto en el artículo 19.1 en cuanto a su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y este derecho se encuentra entre aquellos que pueden ser objeto de tutela por parte de este recurso.

3.3 FORMALIDADES.

Para efectos de claridad y aun reiterando en parte lo dicho, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° del AA sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, al haber sido emitido el acto recurrido consistente en la retención y compensación arbitraria e ilegal, y que esta solo fue conocida en forma cierta el día 7 de octubre del año en curso, en las dependencias de Tesorería General de la Republica de la Ciudad de Angol, cuando al recurrente se le impone de tal situación es que este recurso puede ser impetrado hasta el día 6 de nov. de 24.

Conforme a lo expuesto, solicita ordenar dejar sin efecto la retención de $20.927.171, debiendo ser las mismas restituidas a su representado sin más trámite dentro de tercero día, con los reajustes e intereses legales que procedan, y cualquier otra medida que US ILMA. Juzgue necesaria para restablecer el imperio del derecho, todo con expresa condena en costas del recurso, por su actuar.

A compaña a su presentación, los siguientes documentos:

1. Fallo Excma. Corte Suprema de 3 de abril de 2024 Rol N° 25.910-2023, que acoge recurso de Unificación, y sentencia de reemplazo que acogió las pretensiones del recurrente.

2. E-book causa O-12-2022, sustanciada ante el 1° juzgado de Letras de Angol, caratulada nombre reservado/FISCO DE CHILE, donde consta el cúmplase de los fallos de la Excma., Corte Suprema.

3. E-book Causa C-15-2024 de cobranza laboral sustanciada ante el mismo tribunal, caratulada nombre reservado con FISCO DE CHILE 4. Resolución Exenta N°. 2814 de 24 de septiembre de 2024 del Ministerio de Justicia, con fecha 7 de octubre del presente año.

5. Comprobante de egreso de Tesorería General de la Republica donde consta monto total Compensado.

6. Comprobante de compensación, emitido por Tesorería general de la república.

7. Cartola Registro Social de hogares del recurrente.

8. Certificado de Patologías emitido por el Dr. nombre reservado y anexos.

9. Liquidación de pensiones, abril a septiembre de 2024.

10. mandato judicial otorgado mediante escritura pública otorgada el 09 de febrero de 2022, suscrita ante el Notario Público Titular de Angol, nombre reservado, suplente del Titular, nombre reservado, la que se encuentra archivada en el repertorio de instrumentos públicos bajo el número 405.

A folio N°8, evacua informe el recurrido FISCO DE CHILE – SERVICIO DE TESORERÍAS, quien expone lo siguiente:

Sobre la materia, y para mejor comprensión de V.S. Ilustrísima, es necesario realizar una relación de los hechos, para luego expresar los fundamentos que, a juicio de este Servicio, hacen improcedente la acción de protección impetrada.

Que, tal como se puede desprender del comprobante de compensación, que se acompaña a estos autos, que esta se realizó con fecha 27-09-2024 Tesorería General de la República procede a compensar deudas por la suma de $20.927.171.- Lo anterior, considerando que, efectivamente, la recurrente mantiene deudas exigibles por concepto de créditos fiscales extinguiéndose el total de la deuda, como se deprende del mismo certificado acompañado por la actora.

III. EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN IMPETRADO.

1) USO DE UNA FACULTAD LEGAL Que la facultad de compensación se encuentra otorgada al Servicio, en el DFL 1, del 26/10/1994, en su artículo 6°, relativo a las deudas que los contribuyentes mantienen con el Fisco, que dispone: "Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

El artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, entrega la facultad de compensar del Servicio de Tesorerías ya que dispone, que, "estará facultado para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante”.

Asimismo, el artículo 1.656 del Código Civil los dictámenes N°53.461 de 2007, N°32868 de 2012 y N° 64.591 de 2012, de la Contraloría General de la República, precisan que “el Servicio de Tesorerías cuenta con facultades para compensar las deudas de los contribuyentes con los créditos que ellos tengan, a su vez, en contra del Fisco, para cuyo efecto las respectivas acreencias deben estar en condiciones de ser solucionadas en los términos que establece la Ley”.

2) HECHO ILEGAL Y ARBITARIO Que para que tenga lugar un acto arbitrario e ilegal como lo aducido por la actora en el texto de la acción interpuesta, es preciso como lo ha sostenido de manera unánime la doctrina nacional, definiendo lo arbitrario “como aquello que carece de fundamento racional o que se fundamenta en el mero capricho” o de manera más extensa en la “ falta de fundamento racional de un acto , cuando el acto se desarrolla por mero capricho, cuando hay falta de proporcionalidad entre el fin y los medios que se utilizan , cuando hay falta de hechos que justifiquen un proceder” y será ilegal, lo que contraviene una norma jurídica específica” debiendo entenderse el actuar en términos amplios abarcando la ley en sus diversas especies , los reglamentos, las ordenanzas, los decretos e incluso la ley del contrato.

De lo anterior colige, que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta a lo que dispone la ley, razones por las cuales corresponde el rechazo del recurso planteado por la recurrente.

Que el actuar del Servicio de Tesorerías obedece al uso de sus facultades privativas dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con las exigencias contempladas en el artículo 1656 del Código Civil.

3) NATURALEZA DE LA ACCIÓN Cabe precisar respecto a la naturaleza del recurso de protección consagrado en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario ilegal que impida o perturbe su ejercicio. Que para el caso de autos lo que está en discusión es la procedencia de la compensación de deudas por concepto de crédito Universitario CAE, dicha discusión no se encuentra protegida por el recurso de protección, dado que no existen derechos indubitados, sino por el contrario lo que se busca es la declaración de un derecho en un procedimiento propio de un procedimiento declarativo, siendo esta sede improcedente dada la naturaleza de la misma que tiene por objeto protección de dichos derechos no la declaración de los mismos. Que consta el cobro de las deudas en los expedientes administrativos N° 10.633-2014 y N° 10.104-2014 ambos de Temuco, los cuales acompañado en un otrosí; donde se hicieron idénticas presentaciones solicitando devolución de fondos compensados las cuales fueron rechazadas con fecha 17/10/2024 notificadas por correo electrónico con esa misma fecha, sin que existan recursos presentados o pendientes, la cual es la instancia para ventilar el asunto controvertido, pudiendo hacer uso del recurso de apelación si así lo hubiere estimado.

4) LA COMPENSACION TRIBUTARIA Se ha definido la compensación como “un modo de extinguir las obligaciones que opera por el solo ministerio de la ley, cuando dos personas son personal y recíprocamente deudoras y acreedoras de obligaciones líquidas y actualmente exigibles, en cuya virtud se extinguen ambas hasta el monto de la de menor valor”. (Ramos Pazos, nombre reservado: De las Obligaciones, Editorial Jurídica de Chile, 6° Edición, pág. 849). Dicha definición corresponde a la denominada compensación legal, que es aquella que se produce por el solo ministerio de la ley y cuya regulación positiva se encuentra en el Título XVII del Libro IV, artículos 1655 al 1664 del Código Civil. Como explica Rodríguez Grez “El fundamento de la compensación se halla en la necesidad de evitar un doble pago, ya que, si dos personas son recíprocamente deudoras y acreedoras, carece de sentido que una reclame el cumplimiento de la obligación y simultáneamente se vea compelida a pagar a la otra”. (Rodríguez Grez, Pablo: Extinción convencional de las obligaciones. Editorial Jurídica de Chile, año 2010, vol. 1, pág. 323).

Ahora bien, en el ámbito del derecho tributario, la compensación posee consagración y regulación legal expresa, a saber, en los artículos 6 y 7 del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías. Y, se ha dicho por la doctrina, que como forma de extinción “tiene lugar cuando el Fisco como el contribuyente son acreedores y deudores recíprocos por aplicación de obligaciones tributarias, siempre que las deudas sean líquidas y exigibles” (Radovic Schoepen Angela, Obligación Tributaria, Editorial Conosur Ltda., 1998, pág. 283) Que, precisado lo anterior, viene al caso señalar que el artículo 6 del Estatuto del Servicio de Tesorerías dispone a la letra: “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”. Siguiendo la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, entre otros, en sentencia Rol Nro. 10.942-2013, Rol Nro. 134.274-2022 y Rol Nro.35.185- 2016, en las cuales se reconoce expresamente la facultad de compensar de la Tesorería en casos en que el contribuyente titular de un crédito en contra del Fisco mantiene, a su vez, una deuda tributaria con el mismo, cuyo es el caso de autos.

Es más, la jurisprudencia de esta Corte también ha dicho que “la compensación, en tanto modo de extinguir obligaciones, opera por el solo ministerio de la ley y aun sin el conocimiento de los deudores, siempre que se cumpla con los requisitos contemplados en el artículo 1656 del Código Civil, a saber: a) Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad; b) Que ambas deudas sean líquidas y c) Que ambas sean actualmente exigibles”. Agrega la misma sentencia: “Que, constatando la concurrencia de los requisitos legales para que opere, por el solo ministerio de la ley, lacompensación, no cabe imputar al recurrido algún actuar ilegal o arbitrario pues, como se ha podido advertir, estando en presencia de los presupuestos previstos por el legislador, el modo de extinguir del que se trata opera de pleno derecho, aún sin el conocimiento de los deudores recíprocos. Más aún, es el propio ordenamiento jurídico, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del DFL N° 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, el que faculta al Tesorero para que proceda a la compensación de deudas…” (SCA de Santiago Rol 30.850-2013 y Rol 2.550-1993).

Que finalmente para mayor claridad en la especie no ha operado la retención sino una compensación legal, facultad que de ninguna manera podría constituir un hecho ilegal o arbitrario.

Así solicita, rechazar el recurso, por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

A folio N° 9, se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, analizado el mérito de los antecedentes, resulta que lo discutido entre las partes es la procedencia de la compensación para solucionar la acreencia del actor por concepto de Crédito con Garantía Estatal con la suma que le otorga la Resolución Exenta N° 2814, de fecha 24 de septiembre del año 2024 del Ministerio de Justicia.

Así, existiendo posiciones contrapuestas al respecto, no es posible sostener la existencia de un derecho indubitado susceptible de ser protegido en esta sede a favor de la recurrente.

TERCERO: Que el artículo 6 del D.F.L. N° 1 del Ministerio de Hacienda que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, establece que “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.”

CUARTO: Como se puede advertir, del claro tenor de la norma transcrita, en el considerando precedente las compensaciones que realiza la Tesorería General de la República constituyen el legítimo ejercicio de una facultad que le ha sido otorgada legalmente por lo que no se visualiza un actuar ilegal o arbitrario de la recurrida.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la presente acción constitucional de protección no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos y acciones que pudieran hacer valer las partes ante quien corresponda.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por la Abogada CAROLINA BELÉN GRANDO TORRES, en representación de don nombre reservado, en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Adoptada la decisión con el voto en contra del Sr. nombre reservado Sergio Oliva Fuentealba, quien estuvo por acoger la acción de protección por las siguientes consideraciones:

1.- Que por la acción de protección la recurrente pide dejar sin efecto la retención de $ 20.927.171, efectuada por la Tesorería General de la República correspondiente a una suma de dinero obtenida por don nombre reservado en la causa laboral RIT O-12-2022 del Juzgado del Trabajo de Angol seguida en contra del Fisco de Chile, entidad que justifica esta retención, por deuda por concepto de CRÉDITO UNIVERSITARIO AVAL DEL ESTADO “CAE” que mantiene el recurrente con el Fisco.

2.- Que, en relación a lo debatido confluyen las normas del DFL 1, de Octubre de 1994, que Fija el texto refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías; el Decreto Ley N° 1263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y la ley N° 20.027, que Establece Normas para el Financiamiento de Estudios de Educación Superior.

3.- Que el artículo 6 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1994 dispone que: "Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

Por su parte, el artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado asigna la facultad de compensar del Servicio de Tesorerías ya que dispone, que, "estará facultado para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante”.

Finalmente, el inciso 1° del artículo 17 de la ley N° 20.027 en el año 2005, dispone: “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda(…)”.

4.- Que de la lectura de los preceptos citados fluye que el Servicio de Tesorerías está facultado “para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco” (artículo 6 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1994); para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante” (art. 34 del D.L. 1.263, de 1975) y “retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito” (inciso 1° del artículo 17 de la ley N° 20.027), disposiciones todas que giran en torno a la idea de que el Servicio de Tesorerías puede compensar y retener créditos que las personas tuviesen contra el Fisco como también imputar los mismos a impuestos que se le adeudaren.

5.- Que importante es señalar que la Ley N° 20.027 en el año 2005 estableció una regulación especial no sólo para el financiamiento de estudios de educación superior de un determinado grupo de estudiantes, sino que regula la obtención del pago de los créditos garantizados, a través de la retención de la devolución de impuestos a la renta o la deducción de las remuneraciones obtenidas por los beneficiados.

6.- Que es necesario destacar que lo que permite el inciso 1° del artículo 17 de la ley N° 20.027 a la Tesorería General de la República es la retención del impuesto a la renta que corresponda devolver al contribuyente, sin que se aluda a otros ingresos que pueda percibir el contribuyente, como el pago de una indemnización obtenida en un juicio laboral, como ocurre en la especie.

Por ello, siendo la ley N° 20.027 una ley posterior al decreto con fuerza de ley N° 1 de 1994 y D.L. 1.263, de 1975 y además tener un carácter de especial, en razón de la materia y los sujetos involucrados, ya que se refiere a financiamientos de estudios y créditos otorgados a estudiantes, sus normas, conforme a los artículos 4 y 13 del Código Civil, deben prevalecer (Sentencia Corte Suprema Rol 12.546-2022 y Sentencia RDJ, sentencia de 11 de diciembre de 1950, T. 47, sección 1a, págs. 546 a 550), sobre las que establece el artículo 6 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1994 y artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, que se refieren a impuestos y tributos.

7.- Asimismo, si bien es cierto el Servicio de Tesorería tiene facultad para compensar deudas, esa compensación solamente puede aplicarse a la existencia de impuestos adeudados, no a créditos impagos, de manera que la retención de la suma de $ 20.927.171.- efectuada por el Servicio de Tesorería por concepto de crédito Universitario Aval del Estado “CAE” deviene en ilegal y arbitraria, por lo cual la acción de protección en concepto de este disidente debe ser acogida.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado nombre reservado Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

N°Protección-7481-2024 (pvb).