nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Temuco Temuco, catorce de julio de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece JORGE MANUEL LENA SALGADO, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, correo electrónico correo reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo Recurso de Protección en favor de, don, nombre reservado, chileno, empleado, divorciado, cédula nacional de identidad número N°RUT reservado, de mí mismo domicilio, en contra de, CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES, persona jurídica, rol único tributario N°81.826.800-9, representada legalmente por, don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, desconozco profesión u oficio, o quien lo reemplace o subrogue , ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que se adopten las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucional establecidos en el artículo 19 numeral 3 y 24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza, priva y perturba a esta parte a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la recurrida, por los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación procederé a detallar:

I. HECHOS 1.- Mi representado tiene una relación convencional con la recurrida cuyo origen es por el otorgamiento de una suma de dinero por la recurrida en favor de la recurrente, lo cual ocurrió el 31 de marzo de 2009, en el cual se otorgó un crédito código 33 RUT reservado, cuyo monto original fue de $12.000.000.-, respecto del cual se procedía a realizar los respectivos pagos de la remuneración del deudor hace ya más de cinco años.

2.- Debido a constantes cobranzas extrajudiciales por la parte la recurrida, la recurrente concurrió presencialmente ante una sucursal de la recurrida en la comuna de Temuco, quienes con fecha 07 de febrero de 2023, emiten un certificado en el cual constaría que el recurrente tendría una morosidad de $3.137.164.-, así mismo, este documento indica que la fecha de vencimiento se produjo la primera de ellas el 31 de agosto de 2010, y la última el 31 de marzo de 2015 3.- Durante todos estos años, jamás el recurrente ha sido informado ni tampoco ha sido notificado de ninguna acción de cobranza judicial que haya sido iniciado en su contra. Por este motivo, y atendido a la sorpresiva información otorgada por la recurrente por la supuesta morosidad, se inicio una gestión judicial de exhibición de documentos en contra de la recurrida con la finalidad que exhibiera los instrumentos y/o libros en los cuales fundaría la supuesta deuda informada en el certificado de deuda de fecha 07 de febrero de 2023. Esta solicitud se siguió ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, causa ROL C-2024-2023, la cual, habiendo sido debidamente notificada, no compareció a la audiencia de exhibición, por lo que en conformidad al artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, por el solo ministerio de la ley, pierde el derecho de hacer valer los instrumentos o libros cuya exhibición fue solicitada. Posteriormente, el recurrente interpuso demanda de prescripción por la injusta morosidad informada la cual se encuentra en tramitación.

4.- El recurrente ejerce labores ante su empleador, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, y recibió por el mes trabajado de MAYO DE 2023, su liquidación de remuneración en la cual detecta un descuento que ha sido realizado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes), por un monto de $150.000.- 4.- Este cobro que la recurrida efectúa de la liquidación de remuneración mediante el cual pretender cobrarse el crédito que hemos señalado es absolutamente ilegal y arbitrario, toda vez que:

- Existe una gestión judicial de exhibición de documentos, en la cual la recurrente no ha comparecido y en su rebeldía por el sólo ministerio de ley en conformidad al artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, por el solo ministerio de la ley, pierde el derecho de hacer valer los instrumentos o libros cuya exhibición fue solicitada.

- Jamás la recurrente fue informada previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida de ejecutar el abusivo descuento que se materializó mediante la liquidación de remuneración otorgada por su empleador, a mayor abundamiento, el recurrente, jamás ha sido notificado de un juicio ejecutivo en su contra, y al contrario, no existen documentos en los cuales funda su deuda según lo informado, y con ello, ahora en un actuar arbitrario, pretender cobrarse mediante la remuneración de mi empleador.

Fluye de lo expuesto anteriormente S.S.I., que el uso amparado en la especial trato que la ley otorga a las Cajas de Compensación, en específico a la, CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES, ha sido abusivo, existiendo para el caso concreto un abuso del derecho en el ejercicio de las facultades que le concede la ley a un acreedor para buscar el cumplimiento de las obligaciones pretendidas, existiendo el caso concreto un descuento por planilla de la remuneración del deudor, de lo cual solo podemos concluir que su actuar es arbitrario e ilegal, agregando al caso, que en Chile no hay grupo privilegiados y existe en nuestra sociedad equidad que sirva de sustento o fundamento a su actuar.

Así las cosas, la recurrida, ha decidido usar la vía jurisdiccional para cobrar la deuda, y en este caso, estando la demanda notificada, pretendiendo burlar el derecho, usando ilegal y/o arbitrariamente la facultad que le otorga la Ley 18.833, la que sólo se contempla para un uso oportuno, lo que demás no procede por los antecedentes que han sido expuestos, debiendo la recurrente seguir con el juicio ejecutivo que inició, y de paso, restituir las sumas que obtuviere por los descuentos aplicados desde la notificación de la demanda.

II. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE PROTECCION La acción constitucional de protección, según lo señalado en el artículo primero del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucional, debe ser interpuesto dentro de un plazo de 30 días corridos desde la comisión del acto o de la ocurrencia de la omisión arbitraria e ilegal que ocasiona la privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales.

En el caso de autos, mi representado, ha tomado conocimiento de este actuar arbitrario e ilegal de las recurridas, en su liquidación de remuneración de mayo de 2023, que como un hecho público, es sabido que esta corresponde al mes pagado de mayo, cuya liquidación de remuneración se libera posterior al término del mes, es decir los primeros días de junio, en específico la recurrente tomó conocimiento de ella con fecha 07 de junio de 2023.

III. ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO DE LA RECURRIDA Y DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO A.

De la igualdad ante la ley y de la forma en que se ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

Todas las personas tienen derecho a que les sea reconocida igualdad ante la ley, ante las autoridades y órganos jurisdiccionales y tienen igual derecho a reclamar la protección del sistema jurídico, y en particular dentro de todo proceso, de ahí que nuestro 19 numeral 3 consagre la “igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos”. Que, el hecho arbitrario e ilegal de la recurrida ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que sin fundamento legal ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios, cuestión que la recurrida ha realizado, y ha obviado su tramitación presuntamente amparadas en una norma de la ley de cajas de compensación le permitiría seguir efectuando descuentos de la remuneración de la recurrente, todo con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que por lo demás, a la fecha se hallaría prescrita Cabe destacar que en un caso de similares características al presente ya ha tenido oportunidad de pronunciarse la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, que ha señalado: “La recurrida actuó de manera caprichosa a injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual había dado claras señales de desinterés en su cobro, por lo que resulta antojadiza su actual decisión de cobro de la deuda y hace procedente acoger el recurso de protección”.(CS Rol 68.700-2016).

Que, igualmente la Corte de Apelaciones de Temuco se ha pronunciado señalando: “Que si bien el artículo 22 de la Ley 18.833 señala que...Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de laremuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la caja acreedora. No cabe duda que dicha norma es aplicable sólo a aquellas deudas que son exigibles, puesto que se desprende con nitidez que el objetivo de dicha disposición legal es facilitar y garantizar a las cajas acreedoras el cobro de sus acreencias, pero de ninguna manera transformar tales obligaciones en imprescriptibles, puesto que si ese hubiese sido el objeto, el legislador debió haberlo dicho de manera expresa, puesto que, además de erigirse en una situación excepcionalísima, frente al silencio del legislador rigen necesariamente las disposiciones contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil sobre la prescripción como medio de extinguir las obligaciones”. (Corte de Apelaciones de Temuco, rol 5127-2016).

Que, igualmente la Excelentísima Corte Suprema se ha pronunciado señalando: “Sexto :Que en tales circunstancias debe concluirse que la recurrida ha actuado de maneracaprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 16 de la Ley N° 19.539 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente, por medio de las entidades pagadoras de pensiones, los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio en la especie resultaba improcedente, considerando el extenso lapso (más detres años) que alcanzó a transcurrir entre junio de 2014 y noviembre de 2017 sin que sehubieren llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito; con loque su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene enantojadiza, sin perjuicio del derecho de la Caja acreedora para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios y del afiliado de ejercer las defensas correspondientes.Séptimo: Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde seadeclarado y se otorgue amparo a la actora, pues de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el estado pueda amparar estas conductas, como tampoco esta forma abusiva de ejercer susatribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial,especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición devulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas adestiempo. (Excma Corte suprema. Rol 11.960-2018).

B.

Del derecho de propiedad, de la libertad contractual y de la forma en que se ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

El actuar de la recurrida no solo va en abierta contradicción a la invariabilidad de los términos del contrato laboral, sino que, además, priva al recurrente del legítimo derecho a percibir su remuneración completa resultado de su trabajo honesto. De lo dicho se desprende que sobre las remuneraciones y sobre los dineros que la conforman mi representado tiene el derecho de dominio, y que tales remuneraciones deben ser ingresadas a su patrimonio, motivo por el cual su descuento ilegal y extrajudicial por parte de las recurridas importan una clara vulneración de lo dispuesto en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la Republica.

La Corte Suprema se ha pronunciado al respecto: “Cuarto: Que, en tal orden de ideas, es posible concluir que la conducta de las recurridas aparece como arbitraria, toda vez que ha sido asentado fehacientemente que la obligación de tracto sucesivo se encuentra impaga desde la cuota Nº19, vencida en septiembre de 2009, esto es, 82 meses antes del inicio de los descuentos controvertidos, sin que en el tiempo intermedio la recurrida haya ejecutado acción alguna que resultare mínimamente eficaz para perseguir su cumplimiento, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, por lo que el acto cuestionado resulta antojadizo, caprichoso y carente de razón, privando al recurrente de su derecho de propiedad sobreparte de la retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña, derecho que se encuentra amparado en lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental”. (Corte Suprema Rol C-37889-2017).

La Corte de Apelaciones de Antofagasta se ha pronunciado al respecto: “QUINTO: Que es necesario señalar que conforme la legislación actual a las Cajas de Compensación se les faculta como forma de obtener el pago de los créditos sociales que otorgan, que se proceda a la retención de parte de la remuneración del trabajador, por lo que no se observa la ilegalidad alegada por el actor. Sin perjuicio de lo anterior, la referida facultad no puede ser ejercida de manera arbitraria, por lo que el forzar de forma unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, deviene el acto cuestionado en arbitrario, antojadizo, caprichoso y carente de razón, pues se intenta el cobro de una deuda que se encuentra a todas luces prescrita y luego de ocho años, privando al actor de su derecho de propiedad sobre parte de su remuneración, derecho que se encuentra amparado en lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que por lo demás lo ha dejado en la indefensión, sin que pueda hacer valer sus derechos respecto de la naturaleza y características de la deuda, razón por la que se acogerá el recurso.” (Corte de Antofagasta ROL 1068-2021).

Por otra parte, no menos importante, el artículo 54, y siguientes del Código del Trabajo, consagran el principio de la protección de las remuneraciones y la certeza de las mismas que tiene como objetivo garantizar la certidumbre al trabajador en cuanto a la remuneración que le corresponde recibir por la prestación de sus servicios y el artículo 58, del cuerpo legal citado, obliga al empleador a deducir de las remuneraciones los impuestos que la graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, naturaleza que no tienen los créditos que puedan solicitar los afiliados, más aún EN AQUELLOS CASOS EN QUE UNA POSIBLE DEUDA HAYA SIDO CONTRAÍDA CON MUCHA ANTIGÜEDAD en que eventualmente podría discutirse una posible prescripción y tampoco consta que se haya incoado algún procedimiento o juicio en su contra en sede judicial para el cobro de la deuda, por lo que debe estimarse como arbitraria la decisión de la institución que se dice acreedora en orden a requerir directamente a la empleadora del trabajador el descuento de las cuotas adeudadas mediante la vía de efectuar éste en la remuneración mensual que se paga al trabajador, como ocurrió en la especie y sin que se hayan dilucidado previamente las circunstancias de efectivamente adeudarse éstas y otras eventuales excepciones o defensas que puedan hacerse valer.

En este caso de marras, las entidades acreedoras no están facultada para hacer los descuentos pertinentes a mi representado, sino que debieron atenerse a lo pagado en su oportunidad que corresponde al total, o en su defecto, ejercer las acciones ordinarias que corresponda. Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo al actor, de lo contrario las Cajas de Compensación recurridas obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio ,especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo EJERCICIO ABUSIVO POR PARTE DE LAS RECURRIDAS DE LA FACULTAD ESTABLECIDA EN LA LEY DE CAJAS DE COMPENSACIÓN La doctrina y jurisprudencia adoptadas universalmente, es que este proceder extemporáneo y sorpresivo de las Cajas de Compensación no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, pues ni siquiera ha informado ni mucho menos acreditado frente a esta parte, los antecedentes judiciales formales que puedan sostener el descuento de la deuda.

En el caso de marras, la recurrida no fundamenta ni siquiera contractualmente este descuento abusivo, lo que en criterio de esta parte adolece de falta de razonabilidad y verosimilitud y por lo tanto la decisión adoptada no puede sino ser declarada como arbitraria y, por lo tanto, no la habilita para ejercer la facultad excepcional establecida en la ley de cajas de compensación, debiendo esta Ilustrísima Corte adoptar las medidas tendientes al restablecimiento del derecho.

Tanto el derecho de igualdad ante la ley (Art.19 N°3) como el de propiedad (art. 19 Nº24), se encuentran dentro del catálogo de derechos amparables por la vía de la acción de protección constitucional, por lo cual el presente recurso resulta plenamente procedente.

En conclusión, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad y de igualdad ante la ley de nuestro representado sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N°3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita ue se declare que se cometió por parte de, CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, un acto ilegal y arbitrario en los términos ya señalados precedentemente que vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 numeral 3 y 24 de la Constitución Política de la República, ordenando al recurrido que cesen los descuentos de la remuneración de mi representado, y la restitución de los dineros sustraídos, esto es la suma de $150.000.- adoptando las providencias que sean necesarias para reestablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Comparece INES RIQUELME ARAO, abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, evacuado el informe solicitando que sea rechazado en atención a los antecedentes de hecho y derecho que a continuación expone:

I.- DEL CRÉDITO SOCIAL OTORGADO POR MI REPRESENTADA.

1. Mi representada con fecha 31 de marzo de 2009, otorgó al señor nombre reservado el crédito código 330858140-3, por la suma de $12.000.889.- a una tasa de 1.75% en un plazo de 72 meses, y su primera cuota asciende a $301.895.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de abril de 2009.

2. Las cuotas del mes de abril de 2009 a julio de 2010 (1 a 16), se pagaron durante el periodo 10 de mayo de 2009 al 26 de octubre de 2010.

3. Las cuotas del mes de agosto de 2010 a marzo de 2015 (17 a 72), se encuentran en mora.

II.- NO EXISTE ACTUACIÓN ILEGAL O ARBITRARIA.

Es menester hacer presente a SS. Iltma. que, los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Por otro lado, mi representada se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita. Como bien sabe su SS. Iltma., la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, DECLARADA JUDICIALMENTE, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con mi representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

De este modo, esta parte rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

III.- CESE DE LOS DESCUENTOS Y RESTITUCIÓN DE LAS SUMAS DESCONTADAS.

No obstante lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, mayo 2023 Cabe señalar que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, mi representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Que, en estas circunstancias, esta parte solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que mi representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

IV.- JURISPRUDENCIA • ILTMAS. CORTES DE APELACIONES En un fallo reciente de fecha 9 de diciembre de 2022 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de protección rol 584 – 2022 se ha pronunciado por una causa de similares características, al alegar un actuar arbitrario de esta Caja de Compensación por realizar un supuesto “doble cobro”, ya sea por la vía judicial o por el descuento por planilla que la Ley ha autorizado a la recurrida.

Pues bien, dicho Tribunal ha rechazado dicho recurso, bajo el siguiente criterio:

Septimo: Que en la especie, acreditado como está, que la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes solicitó el descuento en las liquidaciones de sueldo del recurrente en el mes de abril, mayo y junio de 2021, por las sumas indicadas, lo que permite colegir que no se advierte ilegalidad, ni arbitrariedad en tal actuación, en tanto tal proceder se encuentra amparado en norma legal, esto el artículo 22 antes citado y justificado por la existencia de un crédito que, no ha sido desconocido por el recurrente y que se encuentra vigente, pues no consta la existencia de una resolución judicial que declare lo contrario, amparándose además su actuación en la circunstancia de haber comenzado a trabajar en una empresa afiliada a la Caja que hace el descuento.

Octavo: Que, con todo, este recurso no ha sido creado por el constituyente como medio rápido y fácil para ser empleado en reemplazo de las acciones que el ordenamiento jurídico contempla para solucionar todo tipo de conflictos entre partes con derechos o intereses en pugna, que les permita exponerlos y debatirlos en plenitud, rendir sus pruebas y, en su momento, obtener la sentencia que al final del juicio resuelva y declare quién tiene la razón y el derecho que reclama. Ambas partes estarían en situación de hacerlo, naturalmente por medio de acciones distintas. Noveno: Que, de esta forma, acontece que el asunto propuesto por el recurrente rebasa con mucho los límites que derivan de la naturaleza de la acción constitucional, ya que asentar la ilegalidad o arbitrariedad pasa necesariamente por dilucidar la improcedencia del descuento efectuado o si la obligación contraída por el recurrente se ha extinguido definitivamente, todo lo cual -desde luego-, resulta impropio en una acción de esta índole. Décimo: Que este escenario, como ya se adelantó, el actuar de la recurrida está dotado de legitimidad, y se encuentra conforme a sus facultades legales, por lo que la acción de protección no podrá prosperar.

EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Por el fallo expuesto precedentemente y que fue rechazado por el tribunal de alzada, el recurrente presentó recurso de apelación ante el máximo tribunal de la República bajo Rol 162851 – 2022, en reciente fallo de fecha 30 de diciembre de 2022 este Excmo. Tribunal confirmó la sentencia que rechaza dicho recurso, lo que hace dar mayor fuerza al razonamiento de esta parte recurrida confirmando la sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago (ROL 584 – 2022) que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de Caja Los Andes, por falta de oportunidad.

“Segundo: Que al informar la Caja de Compensación recurrida, ésta manifestó que dispuso voluntariamente “el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente, conforme a la ONI decretada en autos”, añadiendo que, adicionalmente, “dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde enero de 2022”, precisando a continuación que “las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, mi representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto”.

Cuarto: Que, en las anotadas circunstancias, esta Corte no se encuentra en condiciones de adoptar las providencias necesarias e indispensables para asegurar la debida protección del actor, en los términos que lo contempla el artículo 20 de la Constitución Política y, por consiguiente, al no existir en la actualidad cautela urgente que adoptar, el presente recurso de protección no puede prosperar por haber perdido oportunidad”

Solicita tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar por falta de oportunidad la acción de protección incoada en marras.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el abogado JORGE MANUEL LENA SALGADO, en representación de don nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES, atribuyendo a las recurridas como acto ilegal y arbitrario, el haber, ejecutado el descuento de parte de su remuneración mensual, del cual se percata en el mes de Mayo de 2023, en pago de cuotas de un préstamo supuestamente ya prescrito y que además se encuentra judicializado.

SEGUNDO: Que, la recurrida iindica que sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, mayo 2023 , agregando que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, su representada dispuso la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

TERCERO: Que, no hay controversia en relación a la efectividad a la fecha de la devolución de la sumas descontadas.

CUARTO: Que, para la procedencia de la acción cautelar de protección, es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, requisito que en la especie a la fecha ya no concurre, por haber ya desaparecido el agravio causado a la recurrente atendido el hecho que ya se dispuso cesar en el descuento y fueron devueltos los fondos, por lo que perdió oportunidad o actualidad jurídica el presente recurso, no existiendo medida cautelar que pueda adoptar esta Corte para restablecer el imperio del derecho.

QUINTO: Que, lo anterior queda claro cuando se aprecia que la petición central de la recurrente para restablecer el imperio del derecho son que cesen los descuentos de la remuneración de su representado, y la restitución de los dineros sustraídos, esto es la suma de $150.000.- adoptando las providencias que sean necesarias para reestablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

SEXTO: Que, conforme lo razonado en los considerandos precedentes, se evidencia que el fundamento principal sobre el cual se basa el recurso intentado ha perdido oportunidad, motivo por el que la acción será desestimada.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don JORGE MANUEL LENA SALGADO, en representación de don, nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado don Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-7452-2023.(jog)