nombre reservado con SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGION METROPOLITANA

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS Comparece don nombre reservado, Chileno, Rut RUT reservado, profesor de Educación Física, soltero, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección es una acción, fundado en lo dispuesto en los artículos 19 números 2, 3 y 14, y artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, región de la Araucanía, representada legalmente don nombre reservado, chileno, de profesión, Asistente Social, ambos con domicilio domicilio reservado; en virtud de lo siguiente: Admisibilidad del Recurso. El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo: En su considerando primero, el Auto Acordado dispone que: “el recurso se interpondrá dentro del plazo fatal de 30 días corridos desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”. Al respecto, la Notificación y Requerimiento de Pago emanado por la Tesorería Regional de Temuco sobre el expediente N°10178 del año 2022, entregada por carta certificada en su domicilio el día 22 de Noviembre del año 2022. Se mencionan hechos que constituyen una vulneración de garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República: Cómo se verá en el desarrollo de esta acción, se reclaman hechos que constituyen vulneración de Garantías Constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, vulnerándose las Garantías Constitucionales del artículo 19 n° 2, 3, y 14, es decir el recurrido a causa de actos ilegales han privado, perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos de los por este recurso requeridos de protección. En virtud de lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, que consagra el principio de inexcusabilidad que obliga a los tribunales de justicia a conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado; teniendo especialmente presente que ninguno de los estados de excepción constitucional contemplados en la Constitución Política faculta a ningún órgano o agente del Estado a coaccionar a la población y restringir su libertad, multando por su desplazamiento, constituyendo una violación de carácter gravísimo a los Derechos Fundamentales; y así el Derecho Internacional también lo ha considerado, tal como : el Ayuntamiento de Barcelona (octubre 2022) ha revocado las 14.225 sanciones impuestas por incumplimientos de las normas covid-19 durante el primer y segundo estado de alarma, por un valor total de RUT reservado euros. Y en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 n° 2 de la Constitución Política, que señala: “(...) Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión (...)” en consecuencia este Recurso deberá ser declarado admisible a tramitación, por cuanto el estado de excepción constitucional de emergencia no podrá utilizarse como excusa por la magistratura para negarse a tutelar los Derechos Fundamentales que en este Recurso se reclaman. Los hechos que motivan este recurso, son los siguientes: Que en su calidad de profesor de educación física y deportista salí el día 11 de abril del 2021 a andar en bicicleta en las cercanías de la ruta S 11 con ruta S 155, en Lautaro camino Del Medio (sector rural).

En dicha instancia fue fiscalizado por funcionarios de la Seremi de Salud porque no contaba con su pase de movilidad para practicar ciclismo, tal como se ordena en el Decreto Exento N°43 de MINSAL (5 de Abril del 2021). Por lo que siendo las 12:30 hrs. se levantó un Acta bajo el folio N°76260, dando curso a la infracción suscrita por el Inspector Sanitario de la respectiva SEREMI. En dicha instancia se le conminó a no comparecer personalmente el 23 de Abril del 2021, y de hecho se tarjó el lugar donde se debía hacer sus descargos, y se le explicó que debía hacerlos por correo electrónico a raíz del estado de pandemia que existía; lo cual nunca pudo hacer, ya que no tuvo ningún correo electrónico de la entidad estatal que lo permitiera para éstas situaciones. Bajo la Resolución N°210910075 con fecha 12 de Octubre del 2021, notificada por carta el día 19 de enero del 2022, se dictó sentencia inmediatamente tal como lo faculta el art. 166 del Código Sanitario, condenándolo a una multa de 50 UTM en su equivalente en pesos al momento del pago, suscrita por la Seremi de Salud doña nombre reservado, frente a lo cual presentó fundado Recurso de Reposición con fecha 20 de enero del 2022, al correo electrónico correo reservado, el cual nunca fue resuelto o al menos notificado correctamente al suscrito. Así las cosas, el día 22 de noviembre del 2022 recién se enteró por carta certificada al domicilio de sus padres, de la Notificación y Requerimiento de Pago emanado por la Tesorería Regional de Temuco sobre el expediente N°10178 del año 2022, en donde se le informa que la multa adeudada asciende a $ 2.877.850 por concepto de multas COVID, providencia del 11 de octubre del 2022, lo cual le causó una ingrata sorpresa. Ya que, esperaba que se resolviera el recurso de reposición graduando la multa a la proporcionalidad de la falta, y a las atenuantes, cuestión que jamás se consideró y menos se pronunció legalmente la SEREMI sobre éste, omitiendo éste paso de carácter esencial en las garantías del debido proceso. Tal como se adjunta en el otrosí el correo del día 20 de Enero del 2022 dirigido a la recurrida. El Derecho: a) El acto recurrido es ILEGAL en cuanto no ha sido adoptado con criterios que puedan estimarse racionales de acuerdo a los hechos, sobre todo que no existió respuesta fundamentada o alguna resolución al recurso de reposición deducida en la oportunidad procesal correspondiente, tal como se acreditará en el otrosí. Por tanto, conculca la garantía constitucional del derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2), la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (art. 19 N°3), y el derecho de petición (art. 19 N°14) de la Constitución Política de la República de Chile de 1980. También el acto administrativo recurrido se ha dictado con infracción a la garantía constitucional del debido proceso, pues en su generación no ha sido legalmente tramitado, ya que no se ha dado cumplimiento a las normas de fundamentación que debe necesariamente contener de acuerdo a los artículos 3 y 40 de la Ley N 19.880, y con mayor énfasis el art. 45 de la citada norma. Por último, en la especie existe una infracción GRAVE a las normas del DEBIDO PROCESO, afectando este acto administrativo gravemente a mi persona, al no pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto, y remitir “a secas” la sanción a la Tesorería Regional de la República para cobrar la multa. No obstante, que su casilla electrónica, la tenía el recurrido desde el mismo momento que se cometió la infracción, según se refleja en el Acta bajo el folio N°76260, quedando claro la vulneración al art. 45 de la ley N°19.880 (aplica Dictamen N°16165/2014 del Ente Contralor), resultando INEXCUSABLE tal omisión. En todo caso, esa decisión deberá encontrarse debidamente fundamentada en el respectivo acto administrativo, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 11, inciso segundo, y 41, inciso cuarto, de la ley N° 19.880. En efecto, hay una violación flagrante al principio de la legalidad y la omnipotencia de la ley, ya que el precepto legal reseña textualmente: “En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento”. Pues bien, en materia de notificaciones el Código Sanitario se limita a consignar, en su artículo 165 que éstas se harán por los funcionarios que indica con sujeción a las instrucciones que se impartan, dejando testimonio escrito de su actuación. Luego, atendido que esa normativa no establece la forma precisa en que ha de practicarse el trámite en cuestión ni el marco legal al que deben ceñirse las instrucciones a las que alude, procede aplicar lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la mencionada ley N° 19.880, según los cuales los actos administrativos de efectos individuales deben notificarse a los interesados conteniendo su texto íntegro y por carta certificada o personalmente, en las condiciones previstas en esos preceptos, conforme al criterio sustentado en el dictamen N° 60.656, de 2011. En este sentido, es del caso considerar, por una parte, que el artículo 19 de la ley N° 19.880 admite que el procedimiento administrativo se realice a través de técnicas y medios electrónicos y, por otra, que la letra a) del artículo 30 del mismo ordenamiento menciona entre los datos que debe contener la solicitud que inicie un procedimiento de ese tipo, la identificación del medio preferente o el lugar a considerar para los efectos de las notificaciones. Luego, una interpretación armónica de las indicadas disposiciones permite sostener que el legislador ha previsto la posibilidad de que, en la medida que el afectado, de propia iniciativa, manifieste expresamente su voluntad en orden a ser notificado en el procedimiento administrativo a través del correo electrónico que señale, es procedente utilizar ese medio al efecto (aplica criterio contenido en el dictamen N° 767, de 2013). Lo cual en la especie no existe constancia indubitada de lo actuado y así evitar perjuicios como el acontecido.

En consecuencia, cabe concluir que si bien, por regla general, las notificaciones que se efectúen en un sumario sanitario deben realizarse por carta certificada o personalmente, acorde con lo previsto en el artículo 46 de la ley N° 19.880, excepcionalmente, cuando el afectado en dicho procedimiento formule una solicitud expresa en orden a que las actuaciones en el mismo se le notifiquen por correo electrónico, será válido proceder por esta vía, en la medida, por cierto, que se cumplan las condiciones previstas en el artículo 45 del mismo texto legal. b) El acto recurrido es ARBITRARIO, puesto que el único elemento jurídico de limitación a su imposición ocurriendo la infracción será el denominado principio de proporcionalidad. En efecto, resulta insostenible una multa ascendiente a 50 UTM, es de una desproporcionalidad insólita. Las multas que se imparten por parte de las Secretarías Ministeriales de Salud por no cumplir las medidas sanitarias vigentes son actos administrativos sancionatorios, esto significa según autores y jurisprudencia nacional, “un mal infligido por un órgano administrativo que supone una conducta ilícita por parte del particular con una finalidad esencialmente represora”. La materialización de lo recién señalado implica que, cada vez que los particulares transiten por comunas en cuarentena sin permisos, no se use mascarilla en la vía pública o se realicen reuniones masivas de personas, la autoridad sanitaria, Carabineros, o inclusive, la seguridad municipal de las comunas, podrán impartir sanciones pecuniarias a los infractores que pueden llegar hasta los $50.000.000. Estas sanciones son, así, un mal infringido al particular como resultado de su actuar rebelde y por exponer la salud propia y de todos los ciudadanos. Ahora bien, para efectos de determinar el monto efectivo de la multa, es necesario que se tengan en consideración los motivos que llevan a cada infractor a incumplir la norma sanitaria; si bien estos pueden tener similitudes, no serán idénticos, por tanto, la práctica punitiva estatal, debe siempre tener en consideración cual fue el móvil del infractor, con una especial revisión de los hechos concretos que se están sancionando. Este deber de consideración por parte Estado en el trato sancionatorio a los particulares, es una manifestación del principio de proporcionalidad, que en conjunto con otros principios como el derecho a defensa, la igualdad ante la ley y el derecho a reponer contra las resoluciones sancionatorias, constituyen el debido proceso, produciendo así que, el cuantum de la multa sea constitucional y ajustado a Derecho, limitando el actuar y defensa de los particulares a solo pagar el monto establecido por la autoridad. El principio que nos convoca, opera en base al siguiente esquema de análisis que buscar determinar:

/i/ la justificación de la finalidad perseguida con la sanción;

/ii/ la idoneidad de la medida para conseguir el correcto fin, debiendo existir una clara relación entre la multa y el resultado perseguido por la norma;

/iii/ la evaluación de la necesariedad de la medida sancionatoria, debiendo escoger la que menos agravio y perjuicios cause para el particular, y /iv/ el análisis de la proporcionalidad en sentido estricto, debiendo ser el cuantum de la multa equitativo y ajustado, según cual sea la exposición al riesgo de salud, tanto del sancionado como de terceros, en relación, con el motivo que impulsó al particular a violar la norma.

El principal efecto que se busca con la realización de este esquema de análisis, es la limitación del legítimo ejercicio poder sancionatorio estatal con el objeto que éste se ejerza adecuada y proporcionalmente. En tanto que “mal” que se aplica al particular en respuesta a una “infracción”, la sanción deber ser justa, esto es, proporcional a la gravedad de la infracción y sus condiciones concurrentes. En concreto, si la interposición de una multa implica que el particular vea afectado su patrimonio, en razón y a favor del Estado, como resultado de su infracción, con la proporcionalidad se obliga a que las decisiones administrativas sancionatorias deban tener justos motivos, siempre adecuados a la particularidad del infractor y su incumplimiento. La correcta fiscalización de las medidas sanitarias en el complejo escenario de la pandemia, ha requerido entregar facultades sancionatorias a entes que en un principio no estaban preparados para ello. Así las cosas, la seguridad municipal de cada comuna y Carabineros, hoy están facultados para interponer sanciones administrativas a los particulares por infringir las medidas sanitarias, las que corresponden por excelencia a la autoridad de salud, por tanto, se ha entregado cierta labor fiscalizadora y sancionadora, a entes no preparados para aplicar de manera necesariamente correcta criterios constitucionales que ilustran y subordinan a las multas administrativas. Este tema no deja de ser menor y hace que el principio en análisis y su aplicación adquiera especial relevancia como mecanismo que permita evitar que, por proteger la salud de las personas, pueda incurrirse en agravios injustos e innecesarios a los potenciales infractores. En resumidas cuentas, ya que el principio analizado existe, sin necesidad de una norma expresa que lo señale, toda vez que la ley señale un mínimo y un máximo a sancionar, trae consigo implícitamente la obligación de la aplicar la proporcionalidad. En este orden de ideas, claramente en el caso sublite no ha acontecido, porque podrían haber aplicado una amonestación, o en su defecto una multa mínima; considerando que era la primera infracción, sin antecedentes, y que se aplica a un profesional que es profesor de educación física que requiere mantener su estado físico, y la importancia de realizar actividad física como el ciclismo. El tratamiento penológico de la legislación chilena, condiciona directamente el cuantum de la multa al riesgo creado por el particular por violar la medida sanitaria, por lo cual, entre más riesgo, más alta la sanción, la operación de manera invertida implica que si no hay riesgo, la sanción deberá ser proporcionalmente más baja, o inclusive, ante una notable ausencia de creación de algún peligro, el particular no debiera ser sancionado. Finalmente, el Tribunal Constitucional, en diversas ocasiones ha entregado expreso reconocimiento a lo aquí expuesto, siendo destacable lo señalado en la sentencia la anotada bajo el Rol Nº 2648-2014: “Para el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, los órganos dotados de ius puniendi deben sujetarse a ciertos límites impuestos objetivamente por el legislador para efectos de la ponderación de la sanción. El esquema habitualmente utilizado se orienta a restringir la discrecionalidad del ente sancionador, a través de la incorporación de directrices que hacen obligatoria la consideración de las circunstancias para la determinación de las correspondientes sanciones, en el caso concreto.

Por lo expuesto, se colige que ésta acción constitucional es el único medio de reclamación, lo anterior al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto esta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Que, conforme a lo anterior, la motivación o fundamentación es requisito esencial de validez de un acto administrativo, la cual dice relación con las circunstancias de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto administrativo y que se expresan formalmente en su escrituración, deber que es plenamente aplicable en la especie como quiera que también se encuentra en el Código Sanitario, Decreto con Fuerza de Ley N°1/05, que fija entre otras, el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°2763/79 y el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud aprobado por D.S. N°136/04 del MINSAL. La recurrida, teniendo el carácter de órgano del Estado debe someter la dictación de sus decisiones a la ley N° 19.880, de Bases de Procedimientos Administrativos, que en su artículo 41 inciso 4° dispone: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.

Entonces, aparece que la referida resolución cuestionada, y que culmina en la Notificación y Requerimiento de Pago emanado por la Tesorería Regional de Temuco sobre el expediente N°10178 del año 2022, se encuentra inmotivada, lo que a todas luces es insuficiente como para estimar que existió una cabal fundamentación de dicha resolución administrativa, porque jamás existió un pronunciamiento acerca del recurso de reposición interpuesto, y así ponderar la sanción. En consecuencia, la actuación reclamada por la accionante carece de todo fundamento fáctico, apareciendo entonces que la autoridad de salud recurrida, ha incurrido en una arbitrariedad, pues en ella se ha prescindido de la exigencia constitucional, legal y reglamentaria, en orden a que el acto administrativo debe ser debidamente fundado y con apego al DEBIDO PROCESO, según se ha señalado en el razonamiento del punto “A”, por lo que no cabe sino concluir que el acto denunciado, en cuanto carece de fundamentos fácticos, son producto del mero capricho, toda vez que adolecen de sustentación lógica y debieren, en consecuencia, en arbitrariedad por falta de motivación.

Que, como corolario de lo anterior, encontrándose la resolución reclamada desprovista de una adecuada y racional fundamentación, sin respetar los requisitos mínimos del debido proceso, el principio de proporcionalidad y el derecho de petición a la autoridad a través del recurso de reposición, ello conduce a estimar que dichas conductas constituyen un actuar arbitrario e ilegal por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, región de la Araucanía. En otro orden de consideraciones, resulta útil señalar que nuestro Tribunal Constitucional agrega que en este tipo de casos perseguidos por la autoridad sanitaria y el Ministerio Público en el marco de la pandemia, “el castigo se sustenta en una ausencia de descripción de la conducta sancionada, pues el utilizar la oración ‘poner en peligro la salud pública’, tiene como contenido un resultado. En otras palabras, estamos ante un delito que carece de conducta, produciendo un factor o elemento derivado, que es una norma inconstitucional en el caso concreto, por vulnerar el ‘principio de taxatividad’, consagrado en el artículo 19 N°3, inciso noveno de la Carta Política.

Por tanto, pide tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra de la resolución dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, región de la Araucanía, representada legalmente por don nombre reservado, ya individualizado, admitirlo a tramitación y que, en definitiva se deje sin efecto tal resolución, corriendo el procedimiento, notificando formalmente del recurso de reposición interpuesto, considerando el principio de proporcionalidad y la atenuante de la irreprochable conducta anterior del recurrente, todo lo anterior con expresa y ejemplar condena en costas. Acompaña: Copia del envió del Recurso de reposición interpuesto el 20 de Enero del 2022 a las 11:27 hrs. vía email, enviado desde la casilla correo reservado dirigido a correo reservado. Copia de la Resolución N°210910075 con fecha 12 de Octubre del 2021, notificado por carta el día 19 de Enero del 2022 suscrita por la Seremi de Salud doña nombre reservado. Copia de la Notificación y Requerimiento de Pago emanado por la Tesorería Regional de Temuco sobre el expediente N°10178 del año 2022, cuya multa asciende a $ 2.877.850.

Informa la SEREMI SALUD DE LA ARAUCANIA, señalando: a) Efectivamente mediante Acta de Inspección N° 76260 de fecha 11.04.2021, levantada por funcionario(a) fiscalizador(a) de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud, se constató lo siguiente: “La persona individualizada en el encabezado superior se encuentra desplazando por cordón sanitario ubicado en ruta S11 con Ruta S155, comuna de Lautaro, sin su permiso de desplazamiento, emitido por Carabineros de Chile. Infringiendo lo estipulado en el instructivo de desplazamiento y la resolución exenta N° 43 del 05 de abril de 2021”. b) Lo anterior dio origen a sumario sanitario EXP21095518, el que fue resuelto mediante Resolución Exenta N° 210910075 de fecha 12.10.2021, la que aplicó multa de 50 UTM, la que fue notificada con fecha 19 de enero de 2022. c) Con fecha 20 de enero de 2022 se presenta por el infractor y recurrente de autos, recurso de reconsideración, el que es resuelto mediante Resolución Exenta N° 220910070 de fecha 26.07.2022, la que en lo pertinente sostiene lo siguiente: “1.- Que el recurrente expone, en síntesis, que se le indicó que se comunicarían con él para que tuviese la oportunidad de remitir sus descargos, lo cual no sucedió; tomando conocimiento a través de la notificación de la resolución impugnada. En cuanto a lo ocurrido el día de la fiscalización señala que durante el trayecto de regreso sufrió un desperfecto en la bicicleta, procediendo a repararla pero una vez hecho esto ya se encontraba fuera de la franja horaria. Agrega que antes nunca había infringido la normativa sanitaria y que la multa le es imposible de pagar, conforme a no contar con los recursos económicos suficientes para ello. Que es necesario tener presente el principio de proporcionalidad y que su conducta no fue con la intención de dañar la salud pública. Acompaña su Cartola Registro Social de Hogares. 2.- Que, realizando el análisis de los antecedentes que constan en el presente expediente, es posible constatar que el sumariado efectivamente no fue notificado de la posibilidad de realizar sus descargos, perdiendo la oportunidad para ello. Teniendo ello presente, esta Autoridad Sanitaria estima que se ha infringido el debido proceso y su derecho a la defensa, razón por la cual se procederá a sobreseer a la persona individualizada.” La citada resolución fue notificada al infractor mediante correo electrónico con fecha 20.12.2022. d) Como se podrá advertir, si bien el recurso de protección que nos ocupa indica que jamás se le consideró lo expuesto en su reconsideración, ello no resulta efectivo pues si bien aún no se había notificado la resolución, su recurso sí había sido considerado a tal punto de que se acogieron sus argumentos y se dejó sin efecto la multa inicialmente impuesta, cuya demora se había generado básicamente porque tenía dispuesto como forma de notificación, el envío de carta certificada, lo cual se había retrasado considerando la gran carga de trabajo que ha significado para esta SEREMI el resolver y notificar más de 30.000 sumarios sólo de materia Covid. No obstante ello, se notificó la resolución que resolvió su recurso vía correo electrónico como se dijo, con fecha 20.12.2022. e) Que, se hace presente que, respecto a la notificación o comunicación que hace Tesorería General de República, ello corresponde a una gestión de nivel central e independiente de esta Autoridad Sanitaria, la cual es realizada respecto de todas las multas e independiente de si se ha presentado o no recurso de reconsideración, lo que podría explicar la razón de que se haya iniciado de su parte, gestión de cobro, lo que como se reitera, son gestiones ajenas a la voluntad de esta Seremi Regional. f) Que, si bien se ha decretado en estos autos de protección orden de no innovar, se hace presente que en atención a lo resuelto en recurso de reconsideración y a la notificación del mismo, con fecha 20.12.2022 se registra “descarga exitosa de Multa de RUT reservado a Tesorería General de la República” por lo que, al dejarse sin efecto la multa, no debiesen de generarse nuevas acciones de cobro de dicha institución. g) Que, teniendo en consideración los antecedentes expuestos, se puede concluir categóricamente que no ha existido una actuación arbitraria e ilegal de parte de esta Autoridad Sanitaria que constituya una vulneración a garantías constitucionales como lo pretende la recurrente en su recurso. h) En resumen, la actuación de esta Autoridad Sanitaria Regional, se trató de un procedimiento más de fiscalización en cumplimiento de las facultades y competencias de que goza esta Autoridad Sanitaria Regional, cuyos plazos han tardado más de lo deseado en atención a la carga exponencial de trabajo a causa de la pandemia, por ello se solicita se rechace el recurso de protección impetrado. i) Finalmente, importa señalar que, pese a que resulta infundado el recurso de protección impuesto, se solicita que, en caso de acogerlo, no se condene en costas a esta parte, por cuanto de los antecedentes y fundamentos esgrimidos, ha quedado demostrado que esta parte ha tenido motivo plausible para litigar. Se acompaña al presente informe: Copia Resolución Exenta N° 210910075 de fecha 12.10.2021 y comprobante de notificación. Copia Resolución Exenta N° 220910070 de fecha 26.07.2022 y comprobante de notificación.

Finalmente compareció VICTOR MANUEL GOMEZ ESPINOSA, abogado del Servicio de Tesorerías, en representación del Fisco de Chile, señalando: I) ANTECEDENTES DE HECHO: 1.- En primer término, cabe precisar que el Servicio de Tesorerías en ejercicio de sus facultades legales, ha iniciado el cobro de obligaciones tributarias de dinero, en contra del deudor nombre reservado RUT.: RUT reservado, como consecuencia de Multa Covid cursada por el Director de Servicio de Salud de conformidad a loa dispuesto por la Ley 21.388. Tal acción ejecutiva especial se ha materializado en el Expediente Administrativo Rol 10.178-2022 de la comuna de Lautaro. 2. Consta fehacientemente en dichos autos que el deudor, fue legalmente notificado y requerido de pago con fecha 07 de noviembre de 2022, en su domicilio de domicilio reservado, esto es, el domicilio indicado en la nómina de deudores morosos y que consta a fojas 1 del expediente administrativo 10178-2022 Lautaro, domicilio que a la fecha de inicio de la demanda, registraba el contribuyente ante el SII de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Código Tributario. 3.- Consta asimismo, que habiéndose decretado orden de no innovar mediante resolución de fecha 09 de diciembre de 2022 la cual fue notificada a la Tesorería Regional de Temuco con fecha 14 de diciembre de 2016, se dio cumplimiento a lo ordenado mediante resolución de fecha 16 de diciembre de 2022, conforme consta en expediente administrativo que se acompaña. 4. Finalmente, con fecha 20 de diciembre de 2022 el ente girador ha procedido a la descarga de la multa que ha originado el expediente administrativo 10178-2022 Lautaro, produciéndose en consecuencia el cierre del mismo, cesando todas las acciones de cobro originada en dicho expediente de cobro. Acompaña: expediente administrativo Rol 10178-2022 Lautaro y certificado de deuda del contribuyente recurrente de autos.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio;

2°) Que la recurrente ha denunciado que la Secretaría Regional Ministerial de Salud le cursó una multa desproporcionada, en un proceso que no ha respetado los principios mínimos de bilateralidad y racionalidad, todo lo cual conculca las garantías constitucionales que indica en su libelo.

3°) Que informando la recurrida, explicó que efectivamente el recurrente no fue notificado de la posibilidad que tenía para efectuar sus descargos, perdiendo la oportunidad para ello, por lo que se reconoce que la especie se le vulneró su derecho a la defensa, procediendo en definitiva a sobreseer al actor. Por ello, actualmente ya no hay multa que pagar, descargándose la misma del sistema. A mayor abundamiento, Tesorería informó indicando que se inició que efectivamente el proceso de cobro, pero dado que la SEREMI descargó, la deuda del sistema, han cesado todas las acciones de cobro.

4°) Que de lo expuesto en los informes señalados en el motivo precedente, aparece de manifiesto que la acción cautelar de protección deducida en estos antecedentes ha perdido oportunidad, no concurriendo en la especie un acto u omisión arbitrario o ilegal que perturbe o amenace el legítimo ejercicio de algún derecho constitucional, no existiendo medida cautelar alguna que pueda adoptar esta Corte para restablecer el imperio del derecho.

5°) Que así las cosas, atendido lo reflexionado precedentemente, resulta del todo necesario, desechar la presente acción, como se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-74248-2022. (sac)