nombre reservado con FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO PUCÓN

C.A. de Temuco Temuco, doce de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparecen nombre reservado, psicóloga, y nombre reservado, psicólogo, en representación de sus hijos nombre reservado , y nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO PUCÓN, representada legalmente por doña nombre reservado, desconozco profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado , Región de la Araucanía , quienes han conculcado la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°2 ,N°10 y N°11 de nuestra Carta Política, todo ello en base a los argumentos de hecho y de derecho que pasan a exponerse:

En el año 2020, Diego cursó sexto año de enseñanza básica y Amalia el prekínder, en la Fundación Educacional Colegio Pucón, ambos aprobaron su año escolar normalmente. Es de señalar SS. Ilustrísima que el mismo año 2020, Renato se encontraba cursando tercer año de enseñanza media y Simón, segundo año de enseñanza media, ambos de apellidos nombre reservado.

Por graves problemas económicos ocasionados por la pandemia Covid-19 que afectó al país, tuvo que cerrar la consulta psicológica en el mes de marzo, que mantenía en Aviador Acevedo N°515, comuna de Villarrica. Durante varios meses, como madre de los niños ya individualizados, se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos y recién en el mes de noviembre, comenzó a recibir ingresos, en virtud de que implementó consultas psicológicas online en su domicilio, con un porcentaje bajo de pacientes. En cuanto a la situación laboral del padre, él es psicólogo, pero se dedica exclusivamente a elaborar evaluaciones periciales, las que requieren la presencialidad, siendo imposible poder realizarlas de forma virtual, lo que trajo como consecuencia que la situación económica de la familia nombre reservado, disminuyera considerablemente. Situación de la cual el Colegio tomó conocimiento, toda vez que se realizaron diversas solicitudes de beca escolar por parte de los padres, las cuales fueron denegadas y existiendo una deuda de escolaridad del año 2020 por un monto $3.828.500.- Es de suma importancia dar a conocer que, en ese mismo año, la Fundación Educacional Colegio Pucón, no logró adecuarse a los tiempos modernos en la educación debido que, al tratarse de una zona rural, no contaban en sus dependencias con la conectividad para que los docentes y los alumnos pudieran presenciar clases online, tampoco con una plataforma virtual donde se encontrara el material de estudios, guías y evaluaciones. Es más, los propios, profesores se comunicaban vía WhatsApp con los apoderados y le otorgaran las indicaciones de las actividades que los alumnos debían realizar y luego enviarles fotos de dichas actividades. Por lo anteriormente expuesto, es que como padres procedimos a realizar el día 4 de diciembre del 2020, una denuncia mediante el portal web de la Superintendencia de Educación, relatando la situación económica en la que nos encontrábamos producto de la pandemia y que los servicios educacionales prestados por el colegio fueron deficientes, sin existir rebaja alguna respecto de la mensualidad.

En el año 2021 sus hijos son matriculados y Diego cursó séptimo año de enseñanza básica y Amalia cursó Kínder, en la Fundación Educacional Colegio Pucón, cumpliendo los padres con el pago integro de la mensualidad de ese año escolar. Por lo que se procede a matricular en el año 2022, a Diego para que curse octavo año de enseñanza básica y Amalia para que curse primer año de enseñanza básica y también a su hijo Simón, quien cursó cuarto año de enseñanza media.

Debido a que el costo de vida ha aumentado, producto de la inflación que estamos viviendo como país, es que ha sido muy difícil poder cumplir con el pago de mensualidad del Colegio de los niños, por lo que se deben algunos meses del presente año, existiendo exactamente una deuda pendiente en el año 2022 de $1.508.884 pesos.

De todas maneras, y en relación con la escolaridad de sus hijos, como padres, en distintas oportunidades, sea de carácter presencial, por llamada telefónica y vía correo electrónico, han solicitado reunión para para poder conversar el tema con el Directorio del Colegio, la cual nunca fue concedida. Acto seguido vieron la factibilidad, vía correo electrónico, de que les otorgaran la posibilidad de abonar a la deuda, con la finalidad de asegurar que tanto Diego como Amalia sean matriculados para el período 2023, y así puedan cursar primer año de enseñanza media y segundo año de enseñanza básica , lo que no fue permitido, en virtud de que el día 29 de noviembre, vía correo electrónico, don nombre reservado, Director de Administración y Finanzas, les comunicó: “Junto con saludar, de acuerdo con solicitado hoy en reunión se informa que, de acuerdo con lo instruido por Directorio de Fundación Educacional Colegio Pucón, USTED DEBE TENER TODA SU DEUDA PAGADA DE AÑO 2020 Y AÑO 2022, LOS APODERADOS CON DEUDA NO PODRÁN MATRICULAR PARA EL PERIODO 2023 Y PERDERÁN SU CUPO EN COLEGIO PUCÓN.” Correo electrónico que se acompaña en un otrosí de la presentación.

El monto total de la deuda pendiente correspondiente a los años 2020 y 2022, asciende a la suma de $5.337.384.- siendo imposible poder pagar toda la deuda, debido a que no cuentan con esa cantidad de millones para satisfacer la totalidad del monto adeudado. Asimismo, su hijo Diego ha cursado toda su enseñanza básica en ese establecimiento educacional, no es idóneo que, por circunstancias económicas, tengan que dejar de ser parte de dicho colegio y, por otra parte, su hija Amalia, se encuentra iniciando sus primeros años educacionales, sintiéndose muy feliz de poder formar sus primeros amigos y de tener una relación tan cercana con la comunidad escolar.

Por otra parte es de suma relevancia dar a conocer que, en nuestro país para poder solicitar cupos para matriculas en un colegio público o particular subvencionado, se debe realizar las postulaciones en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), habiendo terminado el periodo de postulaciones el día 29 de noviembre del 2022.

Que el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política asegura a toda persona la “igualdad ante la ley” y, como podrá apreciar S.S Ilustrísima, ante la negativa del recurrido se ha afectado esta garantía toda vez que la no renovación de matrícula pone a Diego y Amalia, en un estado de desventaja frente a sus pares, encontrándose fuera del sistema educacional, al que tienen derecho como cualquier otro.

Que, en este mismo orden de ideas, dentro del catálogo de garantías constitucionales, que ampara nuestra Carta Política, se encuentra “el derecho la educación” establecido en el Artículo 19 N° 10, de nuestra Carta Fundamental, “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho Así, el accionar del colegio recurrido es ilegal y arbitrario, discriminatorio e injusto, y atenta contra la equidad que busca el sistema educativo chileno, violando así su garantía constitucional para escoger el establecimiento educacional en que se educan, establecido en el artículo 19 N° 11 de la Constitución Política de la República.

Solicitan tener por interpuesto, dentro de plazo legal, acción constitucional de protección en contra de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO PUCÓN, rut: RUT reservado,, representada legalmente por doña, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado ,ambos domiciliados en domicilio reservado , Región de la Araucanía, someterlo a tramitación y previo informe de la recurrida, declarar que se hace lugar al mismo, decretando el restablecimiento del imperio del derecho y disponiendo que la Fundación Educacional Colegio Pucón, deje sin efecto el por ser ilegal y/o arbitraria, la negativa del colegio de matricular a nombre reservado y nombre reservado y que se ordene a este darles, en ese establecimiento educacional, la matricula y atención correspondiente al año 2023, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos, en calidad de fundantes de esta acción constitucional, a saber:

1. Certificado de nacimiento de nombre reservado.

2. Certificado de nacimiento de nombre reservado.

3. Cadena de correos electrónicos con la Fundación Colegio Pucón 4. Denuncia ante la Superintendencia de Educación 5. Contrato de prestación de servicios educacionales año 2020.

A folio 10, informa ENRIQUE EDUARDO RUIZ-TAGLE METZNER, abogado, en representación, según se acreditará de la recurrida FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO PUCÓN, quien dice:

1.- En primer lugar, cabe hacer presente que la grave y compleja crisis sanitaria mundial por la pandemia COVID-19, llevó a nuestras autoridades nacionales a decretar estado de catástrofe y una serie de medidas destinadas a contener el contagio, lo que implicó importantes adaptaciones y cambios en distintos ámbitos de la vida, ya sean personales, sociales, culturales, laborales y, por cierto, educacionales.

Se trató de una situación de fuerza mayor, en la que, de acuerdo con las recomendaciones y medidas sanitarias decretadas, no era posible impartir clases presenciales, en ninguna institución de educación.

2.- En este escenario, FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO PUCON, Colegio Particular Subvencionado, en un brevísimo tiempo, abocó sus esfuerzos y recursos en adaptar las modalidades de enseñanza y de trabajo, para dar continuidad al proceso de aprendizaje de sus estudiantes, velando al mismo tiempo por la protección de su salud y la de todos los docentes, colaboradores, y sus familias. Así es como se puso en marcha para todos sus docentes y colaboradores el trabajo a distancia o teletrabajo, manteniendo los compromisos remuneracionales, y para todos los estudiantes, mecanismos alternativos de impartición de clases, a través de modalidad a distancia (online), única forma en la que fue posible dar continuidad al proceso formativo.

3.- Las medidas adoptadas se encontraban dentro del marco legal y normativo establecido por la autoridad educacional y demás autoridades educacionales, y sanitarias.

4.-Ese esfuerzo institucional se tradujo también en el otorgamiento de becas de aranceles, financiada íntegramente por FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO PUCÓN, con el propósito de apoyar a las familias de nuestros estudiantes.

En conclusión, el establecimiento de una modalidad de clases no presenciales no constituye un incumplimiento y no deriva en un acto arbitrario ni ilegal, sino que ha sido conforme a derecho. En efecto, de los antecedentes y de las normas contractuales, legales y reglamentarias atinentes a la materia S.S. Ilma. se pronunció categóricamente en el sentido que el hecho que un establecimiento, en el contexto de la pandemia, imparta clases online o con un sistema no presencial, lo ha sido con arreglo a derecho y en ningún caso puede estimarse como un incumplimiento o interrupción del servicio; por lo que no puede constituir un fundamento para el incumplimiento contractual, como lo es la pretendida autotutela de los apoderados recurrentes de no pagar e incumplir con el pago de la colegiatura; no pudiendo ser considerado acto ilegal o arbitrario la decisión de la Fundación Educacional de no suscribir un nuevo contrato de prestación de servicios educacionales y no conceder matrículas, con quienes decidan abiertamente no cumplir con sus obligaciones contractuales.

En efecto, en reunión (entrevista a apoderado), sostenida al efecto con fecha reciente, esto es con fecha 29 de noviembre de 2022, cuya acta suscrita por las partes se acompaña, con posterioridad a los antecedentes y propósito de la entrevista (donde se expresó el detalle de la deuda pendiente por atraso en el pago de la colegiatura y los requisitos para el proceso de matrícula 2023), se señaló como observación, por parte del apoderado, lo siguiente: “Apoderado reconoce deuda período 2022 y lo pagará antes del proceso de matrícula. El período 2020 apoderado no pagará deuda, ya que presentó recurso en SUPERINTENDENCIA EDUCACIÓN, por no prestación de Servicio Educacional, por lo que él quiere conversar con colegio y llegar a un acuerdo para pagar, pero no la totalidad de la deuda, porque él indica que ese año no se prestó servicio educacional. Apoderado si no llega a acuerdo con colegio presentará al SERNAC reclamo por ese año 2020”; suscribiendo a continuación dicha nota u observación reflejada en el ítem varios, del acta (al final).- Por ello, al no ser ni ilegal ni arbitraria la actuación de Fundación Educacional Colegio Pucón, la que se ampara en una relación contractual, procede el rechazo de la presente acción constitucional de protección.

En consecuencia, reiteramos que mi representada ha actuado con la debida diligencia, dando continuidad al proceso de enseñanza a través de las modalidades ya explicadas, cumpliendo con el contrato de prestación de servicios, por lo que no proceden ahora tratos de excepción a esta única familia que se ha negado a cumplir con sus obligaciones, solicitando rebajas de las deudas arancelarias reconocidas con argumentos improcedentes, siendo absolutamente necesarios esos ingresos para poder continuar con el financiamiento del proyecto educativo institucional.

Apoderado reconoce la deuda e indica que pagará el año 2022.

Respecto a la deuda 2020 apoderado señala que no pagará la deuda y que ya presentó recurso en la Superintendencia de Educación por no prestarse el servicio educacional el año 2020.

INEXISTENCIA DE ACTO ARBITRARIO E ILEGAL La imposibilidad de matricular a los alumnos obedece a la naturaleza propia del vínculo jurídico que une a mi representada FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO PUCÓN, con los apoderados doña nombre reservado y don nombre reservado, cual es un contrato privado de prestación de servicios educacionales. En efecto, el contrato aludido es un acto jurídico bilateral, oneroso y conmutativo, el cual genera derechos y obligaciones para ambas partes. En efecto, los recurrentes aluden a los derechos que emanan del contrato, pero se niegan a cumplir sus obligaciones, como lo es la obligación de pagar los aranceles. En este sentido, debemos recordar lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil, en el sentido que todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes.

El no otorgar la matrícula para el año 2023, para quien se ha negado sistemáticamente a cumplir con sus obligaciones, no es más que no celebrar un nuevo contrato de prestación de servicios educacionales, es importante entender que estos contratos son anuales; y que, en la matrícula, lo que se genera jurídicamente es un nuevo contrato de prestación de servicios educacionales para el año siguiente. Así las cosas, en el mes de noviembre y diciembre del año 2022, en el proceso de matrículas, lo que se suscribe es el nuevo contrato que regirá para el año siguiente, en este caso, el año 2023. Lo que pretende la recurrente con su acción de protección, es obtener, por pronunciamiento de S.S. Ilma., el forzar a celebrar un nuevo contrato de prestación de servicios educacionales, lo que escapa a los fines de este recurso.

Que, además, la propia legislación que regula la materia contempla esta posibilidad de no renovar la matrícula por incumplimientos de los apoderados por no pago, pero no siempre al término del año escolar o académico, tal como se ha hecho en este caso. Ello, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 inciso tercero (a contrario sensu), del DFL N° 2 (promulgado el 16 de Diciembre de 2009 y publicado el 02 de Julio de 2010), que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370, con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Educación; que dispone: “Art. 11 (inciso tercero) Del mismo modo, durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos”.- Que en razón de todo lo expuesto, la negativa de suscribir un nuevo contrato de prestación de servicios educacionales para el año 2023, en este caso tampoco es un capricho, no es un acto arbitrario e ilegal, sino que al ser un contrato privado prima plenamente la autonomía de la voluntad, y en el caso sub lite se encuentra amparado por los reiterados incumplimientos por parte de los propios recurrentes, apoderados doña nombre reservado y don nombre reservado; asimismo, tampoco es ilegal, puesto que los contratos legalmente celebrados son una ley para los contratantes. En definitiva, no puede intentarse por medio de una acción cautelar como la de protección se obligue a la contratación.

LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA OBLIGAR A SUSCRIBIR UN NUEVO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES Y MATRICULAR ALUMNOS.

Que el actor ha recurrido aduciendo un supuesto incumplimiento al contrato de prestación de servicios educacionales, (fundamentando en ello su decisión de no pagar lo convenido en el contrato); y supuestas vulneraciones a la Convención de los Derechos del Niño, y que con ello se afectarían las garantías constitucionales que indica.

Que, de esta forma, sin perjuicio de que dichas imputaciones son infundadas, las alegaciones del recurrente apuntan en ese sentido, por lo que existiendo mecanismos de impugnación jurisdiccionales respecto de dichas materias, solo cabe rechazar el recurso de protección deducido.

En este mismo sentido, a mayor abundamiento, cabe señalar que se han presentado denuncias en la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN (Cas – 128461) y en el SERNAC (N° Caso: R2020M4779895); iniciándose sendos procesos, en los que se requirieron informes de mi representada. Que, de esta forma, como es de conocimiento en relación al objeto de lo reclamado, existen además las acciones jurisdiccionales correspondientes en torno al contrato celebrado, siendo improcedente el utilizar una acción constitucional como la que se pretende, para los fines propuestos.

En relación a este punto cabe recordar que la acción de protección es una acción cautelar de urgencia, que no contiene las etapas ni garantías procesales propias de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o que tienen el carácter de indubitados; sin embargo, conforme a lo expuesto por el propio recurrente, existe una pretensión controvertida relacionada con un contrato, lo que escapa del ámbito propio de un recurso de protección.

En este mismo sentido, es manifiesto que si el recurrente estima vulnerados sus derechos, en calidad de consumidor o en calidad de parte del contrato, existe un procedimiento destinado precisamente a determinar la concurrencia y supuestas vulneraciones de dichos derechos siendo en consecuencia, improcedente el presente recurso atendida la disponibilidad de acciones y procedimientos idóneos para discutir y resolver asuntos de lato conocimiento.

INEXISTENCIA DE UN DERECHO INDUBITADO El recurrente intenta fundamentar la presente acción de protección en base a un supuesto “derecho a matrícula en el Colegio Pucón”, lo que no representa un derecho indubitado, ya que del propio instructivo del Ministerio de Educación, en la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl, que se acompaña, se contempla expresamente la opción de poner término al contrato de prestación de servicios una vez terminado el año escolar. En efecto, en la página 4 de dicho instrumento, en el punto denominado “Derecho a Matrícula”, se indica:

¿Qué pasa si el apoderado no cumple con los pagos establecidos?

No se podrá cancelar la matrícula durante la vigencia del año escolar respectivo. Se podría poner término al contrato respectivo una vez terminado el año.

De esta forma, por mucho que el recurrente se esfuerce, argumentativamente, no existe un derecho a la matrícula en su caso, sino un derecho a la educación, derecho, que es garantizado por nuestro Estado. El recurrente indica que al negarse la matrícula (supuesto derecho de los alumnos) se impide la posibilidad de estudios por este año 2023. Lo anterior es un falacia.

La educación de los alumnos se encuentra garantizada por el Estado, por lo que los alumnos en cuestión pueden y deberán estar recibiendo educación el año escolar 2023, según las directrices del Ministerio de Educación, que obliga a las instituciones educacionales a iniciar el año escolar en las fechas que determine. Así las cosas, si los alumnos no llegaren a recibiendo educación a esa fecha, será de exclusiva responsabilidad de sus padres, por no tomar las decisiones y las medidas pertinentes para que así sea. Cosa distinta es que la parte recurrente pretenda que los alumnos estudien única y exclusivamente en el establecimiento educacional de mi representada.

En resumen, si lo alumnos llegaren en algún momento a estar en la situación de no recibir educación, lo sería por única y exclusiva responsabilidad de sus tutores (padres en este caso), quienes los han puesto en esta situación al decidir no buscar un establecimiento educacional para los menores, derecho que tienen garantizado por el Estado, pero no puede imponerse a mi representada el garantizar este derecho cuando el sistema educacional es privado, aunque sea particular-subvencionado.

EN TODO CASO, NO EXISTE VULNERACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS La parte recurrente alega la supuesta transgresión de las siguientes garantías constitucionales:

A.- La del número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es de “IGUALDAD ANTE LA LEY”, desarrollando una especie de escueto reclamo por la negativa de suscribir un nuevo contrato y matrícula para el año 2023, sin señalar ni desarrollar ningún eventual tipo de situación discriminatoria y menos aún a alguna eventual discriminación arbitraria. Lo anterior, sin asumir tampoco que la situación que describe es de su propia responsabilidad como padres de optar por no inscribir o postular a sus hijos en el sistema Educacional Público o en otro establecimiento educacional, y al decidir no cumplir con las obligaciones contractuales para celebrar un nuevo contrato de prestación de servicios educacionales para el año 2023.

En efecto, la educación es un derecho garantizado por el Estado, y son los padres quienes tienen el derecho a escoger el sistema educacional que estimen pertinentes para sus hijos, sin embargo si el recurrente pretende un sistema de educación particular (como lo es en un Colegio Particular Subvencionado), necesariamente debe someterse a las reglas contractuales de este tipo de educación.

B.- La del número 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es de “EL DERECHO A LA EDUCACIÓN”, desarrollando un argumento falaz, al decir que se le está negando el derecho a la educación, citando la Convención de los Derechos del Niño; sin embargo, bajo ningún respecto pudiera sostenerse que Fundación Educacional Colegio Pucón pudiera estar incurriendo en un acto atentatorio a ese derecho, ya que es precisamente un establecimiento educacional, y tal como ha citado son precisamente “Los padres quienes tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos”; y son ellos quienes han optado por no asumir sus compromisos para participar en el proyecto educativo de este colegio, desconociendo esta parte si optarán o no por otro proyecto privado o por la educación pública. Se debe destacar que ninguna medida ha sido tomada durante el proceso educativo o el año escolar de sus hijos, que ha concluido, porque no correspondería; pero otra cosa muy distinta es pretender que esa relación privada se genere a la fuerza para el año 2023; y C.- La del número 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sin desarrollar idea o argumento alguno a su respecto.

En estos puntos, cabe recordar que un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. Al respecto, resulta manifiesto que no ha existido de parte de FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO PUCÓN un actuar arbitrario, lo cual se deduce del tenor del presente informe y de los antecedentes existentes y acompañados.

Que, asimismo, un acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente. En la acción deducida nada existe al respecto, hay total omisión; y sólo alude a una supuesta vulneración de normativa propia del ámbito del derecho del consumidor; lo que, por lo demás, tampoco es efectivo.

Solicita tener por evacuado el presente Informe para todos los efectos legales, solicitando que la presente acción constitucional sea rechazada, con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES suscrito el 18 de diciembre de 2019 entre FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO PUCÓN y la recurrente doña nombre reservado.

2.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES suscrito el 17 de diciembre de 2021 entre FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO PUCÓN y la recurrente doña nombre reservado.

3.- Correo electrónico de fecha 31 de julio de 2020 con envío de circular 22, sobre recordatorio de pago de colegiaturas, por existencia de alta morosidad y respuesta del apoderado don nombre reservado de fecha 3 de agosto de 2020, que señala “En relación a la circular, no puedo ni pagaré por un servicio que no se a prestado, considerando que existe un incumplimiento en su contrato de prestación de servicios” (sic).- 4.- Resolución Reservado N° 17, de fecha 24 de agosto de 2020, donde se otorga becas de 40% de colegiatura para Amalia y nombre reservado.

5.- Informe de fecha 17 de diciembre de 2020 emitido a Superintendencia de Educación, relativa a CAS 128461, referente a denuncia ingresada por el Sr, nombre reservado.

6.- Correo de fecha 21 de diciembre de 2020, Informando Plan de Medidas Extraordinarias para propender a Garantizar continuidad del proceso educativo.

7.- Carta respuesta de fecha 29 de diciembre de 2020 a doña nombre reservado, informando aprobación a su plan de medidas extraordinarias y citación a formalizar proceso de repactación.

8.- Informe- Respuesta a SERNAC de fecha 21 de enero de 2021, referente a denuncia ingresada por el Sr, nombre reservado.

9.- Registro (Acta) de Entrevista a apoderado, de fecha 29 de noviembre de 2022, suscrita por el apoderado don nombre reservado y don nombre reservado.

10.- Instructivo elaborado por el Ministerio de Educación, denominado “Admisión Escolar 2023. Matrícula y Regularización”.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario es la negativa del recurrido de otorgar matrícula para el año 2023, respecto de los menores Diego y Amalia, por cuanto sus padres registran una deuda de arrastre por los períodos 2020, 2021 y 2022, que asciende a un total de $5.337.384.- TERCERO: Que se debe tener presente que el propio actor ha calificado expresamente como “incumplimiento contractual” la forma en la que actualmente la recurrida, desarrolló su plataforma educativa durante el años 2020, tanto es así que presentó reclamo ante la Superintendencia de Educación. Además de lo antes expuesto, el recurrido niega la matrícula para los hijos de los recurrentes, por existir deuda de arrastre por los años 2020, 2021 y 2022; tales circunstancias escapan de la naturaleza cautelar de la acción constitucional interpuesta, por cuanto ésta constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos.

CUARTO: Que, de las alegaciones de la recurrente y de los antecedentes aportados a estos autos, se puede concluir que no estamos en presencia de derechos indubitados, sino de derechos personales cuya exigibilidad deriva del supuesto incumplimiento de un contrato. En consecuencia, deberá ocurrirse a la vía procesal pertinente para la declaración de los derechos que correspondan a través de un juicio de lato conocimiento, que otorgue a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, deducir excepciones, rendir pruebas e interponer los recursos que sean del caso, obteniendo, a través de éste, la tutela judicial que se pretende.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, y nombre reservado, en representación de sus hijos nombre reservado , y nombre reservado, en contra de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO PUCÓN, Redacción del abogado Integrante sr. Fernando Cartes.

Regístrese.

N°Protección-74217-2022. (sac)