nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

C.A. de Temuco Temuco, siete de octubre de dos mil veintidós.

Vistos:

Que comparece don nombre reservado, Habilitado en Derecho, en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y doña nombre reservado, todos trabajadores del Supermercado nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, representada legalmente por su Alcalde, Señor Pablo Astete Mermoud, médico, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en apremiar verbalmente la clausura y el lanzamiento o desalojo, sin suficiente motivación, del establecimiento comercial en que desempeñan sus labores los trabajadores en el Supermercado nombre reservado, de propiedad de la INMOBILIARIA YUSSEF Y ZIHAD SpA, lo que vulneraría las garantías de los numerales 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que sus representados son trabajadores en un supermercado denominado comercialmente Supermercado nombre reservado, que es de propiedad de la sociedad INMOBILIARIA YUSSEF Y ZIHAD SpA, representada legalmente por don nombre reservado, quienes se encuentran trabajando bajo la amenaza permanente de la Municipalidad, quien dice que los va a desalojar a la brevedad porque el supermercado no cuenta con patente comercial ni recepción definitiva, cuestión que sería falsa, toda vez que su jefe, el Sr. nombre reservado tiene patente comercial provisoria vigente y la recepción definitiva se encuentra tramitando en la Municipalidad de Villarrica, Dirección de Obras Municipales, entidad que debido a la contingencia sanitaria producto de la enfermedad SARS COVID - 19, retardó los procesos administrativos de esta naturaleza, lo que sería un hecho público y notorio.

No obstante, lo anterior, sin previo aviso, y con prepotencia con fecha 13 de abril de 2022, constituyó una funcionaria de la municipalidad recurrida con la finalidad de clausurar el establecimiento mercantil donde trabajan, apremiándolos con lanzarlos con la fuerza pública por no cumplir con las disposiciones de la ley, al funcionar sin patente comercial definitiva y por no tener aun la recepción definitiva el inmueble de acuerdo a la Ley de Urbanismo y Construcciones.

Agrega que sus representados exigieron el Decreto Alcaldicio, pero la funcionaria, quien con una actitud displicente se negó y amenazó con denunciarlos ante Carabineros.

Indica que jamás Carabineros o algún funcionario de la Municipalidad iniciaron algún proceso de fiscalización, situación del todo irregular, para que se adopte una medida como la de clausura y lanzamiento de los ocupantes sin existir proceso legal ante tribunales de justicia, y de existir no se le ha notificado al propietario del supermercado ni a los trabajadores que representa, para hacer sus descargos.

Sostiene que sus representados se sienten amenazados de perder su fuente laboral, único origen de su sustento y alimentación diaria, sin que se haya notificado a ellos como trabajadores ni a su jefatura, un Decreto Alcaldicio que ordene la clausura del establecimiento de comercio en donde trabajan mensualmente, así como su lanzamiento con la fuerza pública y de existir dicho acto administrativo carece de notificación y motivación o fundamentación suficiente, pues no consta notificación e instrucción de denuncia ante el Juzgado de Policía Local por infracción de a las ordenanzas y normas vigentes sobre rentas municipales.

Aduce que el acto recurrido aparece emitido al margen de las hipótesis legales que el aludido Decreto Ley N°3.063 contempla para el ejercicio de la facultad de clausura que radica en el alcalde.

Además, la misma decisión, de existir, pues no se ha demostrado fehacientemente que dicha decisión de clausura y lanzamiento de los ocupantes del inmueble donde funciona el supermercado, no satisface los estándares legales de fundamentación requeridos por la Ley N°19.880, precisados en particular en el Artículo 11 de dicho estatuto legal, pues carece de motivaciones que justifiquen la medida de clausura, y aquellos que se limita a citar son desconocidos en su contenido sin que se acredite debidamente por la recurrida que son efectivos.

Invoca como vulneradas las siguientes garantías constitucionales:

Su derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (Nº3 inciso 5to Artículo 19 Constitución Política de la República). La recurrida ha procedido en forma arbitraria, sin permitir a sus representados que existan reales instancias de defensa ante una amenaza de clausura y lanzamiento de los ocupantes, donde pudieran los trabajadores hacer sus descargos, debidamente asesorados y ante un ente imparcial u objetivo como es el Juzgado de Policía Local. En este contexto mis representados exigen un proceso racional y justo, donde se le permita hacer sus descargos y rendir prueba de sus aseveraciones y no ser injustamente objeto de una medida tan extrema como la clausura y lanzamiento de los ocupantes del establecimiento comercial, sobre todo si se encuentran trabajando para generar un ingreso para ellos y sus familias.

El derecho a la libertad de trabajo y su contratación de sus trabajadores.

En este contexto sus representados abogan por sus fuentes de trabajo, quienes no podrán recibir su remuneración y se verán privados de su fuente laboral, quienes ya se han visto afectados por la emergencia sanitaria, más aun con la decisión arbitraria de amenazar con clausurar el establecimiento donde desempeñan sus labores y más aún con lanzarlos a la calle cuando concurran a la clausura.

Su derecho de propiedad. Sostiene al respecto que tiene en su patrimonio el derecho de exigir el respaldo o motivación del acto administrativo que provoca la clausura del establecimiento de comercio donde laboran a diario, con los antecedentes que respaldan dicha sanción.

La clausura, como sanción caprichosa en este contexto, priva a mis representados del uso, goce y disposición de su salario, y en concreto su fuente laboral, facultades inherentes al dominio que le asegura el número 24 del Artículo 19 de la Constitución Política dela República.

Pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva se ordene a la recurrida que debe dejar sin efecto cualquier amenaza o apremio relativo a clausura o lanzamiento de los ocupantes del inmueble en que funciona el Supermercado nombre reservado, entre ellos, sus representados, a menos que la recurrida notifique e instruya un proceso infraccional que resuelva la clausura y lanzamiento de los trabajadores sin, amenazas proferidas por funcionarios de la recurrida, relativas a la clausura del local comercial ubicado en Camino Villarrica Loncoche, Lote 33, Ñancul, Comuna de Villarrica, y lanzamiento de los ocupantes, entre ellos los recurrentes como trabajadores del supermercado, con costas.

A folio 17 evacúa informe la recurrida Ilustre Municipalidad de Villarrica, solicitando su rechazo, con costas.

Alega en primer término, la extemporaneidad de la acción, por cuanto no sería creíble que los recurrentes hayan tomado conocimiento de la amenaza de lanzamiento el día 13 de abril del 2022, en su calidad de trabajadores, por cuanto el Decreto Alcaldicio N° 1.424 que declaró la inhabilidad de las obras en que funciona el supermercado y ordenó el desalojo del inmueble al propietario y a todos los ocupantes, fue dictado con fecha 12 de octubre del 2021, y ni siquiera el propietario, sino la empresa que ejerce el giro de supermercado, y aparente empleador de los recurrentes de autos, presentó reclamo de ilegalidad municipal con fecha 3 de diciembre del 2021, el cual fue desestimado por esta Corte por sentencia definitiva de fecha 31 de marzo del 2022 dictada en causa Rol Contencioso Administrativo N° 21-2021.

Por lo anterior, concluye que es inverosímil que los recurrentes, y aparentes trabajadores de Inmobiliaria Yussef y Zihad SpA., no hayan tomado conocimiento de la decisión administrativa contenida en el Decreto Alcaldicio N° 1.424 de fecha 12 de octubre del 2021; sobre todo considerando que su propio empleador ejerció una acción judicial en contra del municipio.

En segundo término, alega falta de legitimación activa de los recurrentes, por cuanto mediante la presente acción, están cuestionando la decisión administrativa de su representada, respecto al desalojo de todos los ocupantes de la construcción del supermercado en la propiedad denominada parcela N° 33 ubicado en sector Ñancul, Kilómetro 8 camino Villarrica a Loncoche de dominio de Inmobiliaria Najwa y Amira Limitada. Dicha decisión se encuentra contenida en el Decreto Alcaldicio N° 1.424 de fecha 12 de octubre del 2021, el que versa sobre el incumplimiento del artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ya que existe una obra o construcción habitada y destinada a uso sin existir recepción municipal, siendo el propietario y su arquitecto los únicos interesados para solicitar recepción definitiva de la obra, situación que no han realizado.

De lo anterior, concluye que los trabajadores no tienen interés alguno en la presente controversia, y evidentemente carecen de legitimación activa, ya que ni siquiera podrían comparecer administrativamente para subsanar defectos respecto de una construcción en una propiedad de un tercero, puesto que no revisten el carácter de interesados al tenor de lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En consecuencia, si no tienen interés para comparecer de forma administrativa, con mayor razón no lo tienen en sede jurisdiccional, y en específico, en la presente causa de protección.

En cuanto al fondo, niega haber efectuado un acto arbitrario y/o ilegal, y de garantías fundamentales conculcadas, por cuanto el Decreto Alcaldicio N° 1.424 de fecha 12 de octubre del 2021 que ordenó el desalojo de todos los ocupantes del inmueble denominado parcela N° 33, y donde funciona el supermercado, fue impugnado mediante un reclamo de ilegalidad municipal, y esta Iltma. Corte ya estableció que se ajustó absolutamente a derecho. Por tanto, no se evidencia cuál sería el acto arbitrario e ilegal cometido por la Municipalidad de Villarrica.

Por último, las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas por la parte recurrente, igualdad ante la ley y derecho a la libertad del trabajo, no son tal; dado que una declaración de inhabilidad de la construcción del supermercado que funciona como lugar de trabajo, así como orden de desalojo de todos los ocupantes, en ningún caso exime de las obligaciones laborales que le competen al aparente empleador Inmobiliaria Yuseff y Zihad Spa. Luego, es el mismo empleador quien tendrá que responder ante sus trabajadores respecto a infracciones que haya cometido a la normativa de la Ley General de Urbanismo y Construcciones o a la Ley de Rentas Municipales.

Acompaña los siguientes documentos a su informe:

Decreto Alcaldicio N° 677 de fecha 10 de junio del 2020 de la Ilustre Municipalidad de Villarrica; Acta Clausura de fecha 4 de septiembre del 2020 emitida por el Secretario Municipal de Villarrica; Sentencia definitiva de fecha 26 de febrero del 2021 en causa Rol Protección N° 8343-2020 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco; Sentencia definitiva de fecha 8 de abril de 2021 en causa Rol N° 22.158-2021 de la Excma. Corte Suprema; Informe especial N° 280 de fecha 29 de junio del 2021 emitido por la Contraloría General de la República; Decreto Alcaldicio N° 1.424 de fecha 12 de octubre del 2021 de la Ilustre Municipalidad de Villarrica; Decreto Alcaldicio N° 1.764 de fecha 1 de diciembre del 2021 de la Ilustre Municipalidad de Villarrica y Sentencia definitiva de fecha 31 de marzo del 2022 en causa Rol Contencioso Administrativo N° 21-2021 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco.

A folio 27 se dispuso prescindir del informe solicitado a don nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que el recurso o acción constitucional de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que en el caso materia de esta acción constitucional excepcional, el acto reclamado como arbitrario e ilegal dice relación con que la Municipalidad recurrida dispuso el desalojo del supermercado en el que prestarían funciones como trabajadores los recurrentes, lo que a su juicio sería ilegal y arbitrario, por cuanto no habría existido un procedimiento administrativo de fiscalización que justifique la medida adoptada, adoleciendo de falta de motivación en los términos del artículo 11 de la Ley 19.880, lo que afectaría el debido proceso, y su derecho a la libertad del trabajo y de propiedad.

Tercero: Que por lo señalado anteriormente el acto ilegal o arbitrario consistió en la orden de desalojo dispuesto por la Municipalidad de Villarrica.

Que según consta de los antecedentes aportados por la recurrida, dicho acto proviene del Decreto Alcaldicio N° 1.424 de fecha 12 de octubre del 2021, que ordenó el desalojo de todos los ocupantes del inmueble denominado parcela N° 33, y donde funciona el supermercado, lo anterior fundado en el incumplimiento del artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ya que existe una obra o construcción habitada y destinada a uso sin existir recepción municipal.

En cuanto a la excepción de prescripción.

Cuarto: Que, los recurrentes alegan que tomaron conocimiento de los hechos vulneratorios el 13 de abril de 2022, ya que, dicho día se constituyó una funcionaria de la Municipalidad recurrida con la finalidad de clausurar el establecimiento mercantil donde trabajan, apremiándolos con lanzarlos con la fuerza pública por no cumplir con las disposiciones de la ley, al funcionar sin patente comercial definitiva y por no tener aun la recepción definitiva el inmueble de acuerdo a la Ley de Urbanismo y Construcciones.

Que tal como manifiesta la recurrida lo que se impugna es el decreto Alcaldicio N°1424 del 12 de octubre de 2021, resolución administrativa que en su oportunidad fue materia de un recurso administrativo que fue rechazado.

Por lo que, atendida la data de expedición de dicho acto administrativo cuestionado, la fecha en que se interpuso el presente recurso excede con creces el contemplado en el auto acordado para su presentación.

En cuanto a la excepción de falta de legitimidad pasiva.

Quinto: Que los recurrentes se identifican todos ellos como trabajadores del supermercado, sin agregar mayores antecedentes que acrediten sus dichos, quienes verían amenazadas sus fuentes de trabajo lo que los habilitaría a recurrir por esta vía al existir un trato desigual y una afectación a su propiedad.

Que el decreto Alcaldicio N° 1424 del 12 octubre el 2021 declara la inhabilidad de las obras existentes en la propiedad de la parcela número 33 localidad de Ñancul hasta que se obtenga su recepción definitiva por la Dirección de Obras Municipales ordenándose el desalojo de la propiedad de la inmobiliaria Najwa y Amira limitada rut: RUT reservadodesde la notificación del presente decreto al propietario y a todos los ocupantes del inmueble ordenándose el auxilio de la fuerza pública una vez transcurrido el plazo señalado.

Que existió un reclamo de ilegalidad de fecha 11 de noviembre 2021 interpuesto por nombre reservado en representación de la sociedad inmobiliaria Yussef y Zihad Spa en contra del decreto alcaldicio 1424, el cual es rechazado por no ser el propietario ni existir ilegalidad. Lo que fue reclamado judicialmente en causa Rol N ° Contencioso Administrativo-21-2021, ante esta Corte la que resolvió:

“Séptimo: Que, en ese orden de ideas, no siendo controvertido que las obras en que funciona el supermercado del reclamante no cuentan con recepción definitiva, no se vislumbra la ilegalidad reclamada, ajustándose a derecho el acto administrativo impugnado, al haberse dictado por la autoridad competente, encontrarse motivado y por satisfacer el fin dispuesto por el legislador, por lo que no cabe sino el rechazo del presente reclamo de ilegalidad.”

Sexto: Que, de conformidad a lo dispuesto en la ley general de Urbanismo y construcción, en los artículos que se indican a continuación, se puede observar que la municipalidad cuenta con facultades y es el propietario o arquitecto quien debe solicitar los permisos, lo que dice relación con el resguardo y protección de las personas que pudiesen encontrase habitando el establecimiento.

“Artículo 144.- Terminada una obra o parte de la misma que pueda habilitarse independientemente, el propietario y el arquitecto solicitarán su recepción definitiva por la Dirección de Obras.

Artículo 145° Ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total.

Artículo 146°.- El Director de Obras Municipales, mediante resolución fundada, podrá ordenar la paralización de cualquier obra en los casos en que hubiere lugar a ello.

Comprobado que una obra se estuviere ejecutando sin el permiso correspondiente o en disconformidad con él, o con ausencia de supervisión técnica, o que ello implique un riesgo no cubierto, sin perjuicio de las sanciones que corresponda, ordenará de inmediato su paralización, fijando un plazo prudencial para que se proceda a subsanar las observaciones que se formulen.”

Séptimo: Que tal como indica la recurrida en su informe la situación laboral de los trabajores empecé al empleador quien deberá responder, encontrándose protegidos sus derechos por el Código laboral, debiendo además resguardarse sus condiciones en el lugar de trabajo de conformidad al artículo 184 del cuerpo legal antes citado, lo que se ve reforzado por la actuación de la Municipalidad al hacer uso de sus facultades al no contar el establecimiento con la recepción definitiva, protegiendo así a los ocupantes.

Por lo que se acogerá la excepción planteada.

Sin perjuicio de lo anterior en cuanto al fondo:

Octavo: Que se han agregado Decreto Alcaldicio N° 677 de fecha 10 de junio del 2020 de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, que ordenó la clausura inmediata del recinto de giro supermercado perteneciente la propiedad a la inmobiliaria Yussef y Zihad SPA RUt RUT reservado, por no contar con patente municipal y por venta clandestina de alcohol. Más acta de Clausura de fecha 4 de septiembre del 2020 emitida por el Secretario Municipal de Villarrica donde se deja constancia de que concurre personal municipal a fin de proceder a la clausura del establecimiento, no fue necesaria concurrencia de Carabineros, se notificó al administrador y ocupantes, se deja constancia de que no se constató la venta de alcoholes. Posteriormente se entregó por Decreto Alcaldicio n °628 del 6 de mayo de 2021 una patente provisoria por 30 días a fin de que se subsanaran los defectos la que caducaría en caso de incumplimiento de pleno derecho en el plazo antes señalado. Lo que se ratifica en el Informe de la Contraloría General n°280-2021 acompañado.

Que luego se dictó el Decreto Alcaldicio 1424 que ordenó la clausura del establecimiento ubicado en parcela n° 33 por no contar con la recepción definitiva, siendo el propietario del inmueble la inmobiliaria Najwa y Amira limitada rut: RUT reservado

Que se interpuso reclamo de ilegalidad municipal, el que se resolvió por decreto 1764 del 1 de diciembre el 2021, rechazándose. Siendo recurrido judicialmente por Recurso administrativo n° 21-2020 del 31 de marzo del 2022, el cual también fue rechazado, dicho recurso fue deducido por el representante legal de la sociedad inmobiliaria Yussef y Zihad SPA en contra de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, en dicho fallo en su considerando sexto se deja constancia que no es controvertido que las obras en qué funciona el supermercado no cuentan con recepción definitiva, no vislumbrándose la ilegalidad reclamada ajustándose a derecho el acto administrativo impugnado.

Que además existió recurso de protección Rol 8343-2020 fallado el 26 de febrero de 2021 por inmobiliaria Yussef y Zihad SPA, en contra de Decreto Alcaldicio n° 677 del 10 de junio de 2020 que ordeno la clausura del Supermercado el cual en su considerando cuarto indica:

“…que el señor alcalde de la Municipalidad de Villarrica dictó el acto recurrido consistente en el Decreto N 677 de fecha 10 de junio de 2020, en uso de las facultades legales consagradas del artículo 58 del Decreto de Ley N 3.063, toda vez que el establecimiento comercial cuya clausura se ordenó, estaba funcionando y abierto al público, sin contar con las patentes municipales que para tales efectos se requieren….”

Noveno: Que, atendido los hechos y antecedentes documentales proporcionados por las partes, no ha sido posible constatar acto ilegal o arbitrario alguno que perturbe o amenace ninguna de las garantías invocadas por los recurrente, comprobándose, por el contrario, que el señor alcalde de la Municipalidad de Villarrica dictó el acto recurrido consistente en el Decreto Nº1.424 de fecha 12 de octubre de 2021, en uso de las facultades legales consagradas del artículo145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, toda vez que el establecimiento comercial cuyo desalojo se dispuso, estaba funcionando, sin contar con la recepción definitiva de la edificación que para tales efectos se requiere, legalidad del mismo que fue refrendada por esta Corte por sentencia firme dictada en autos Rol Contencioso Administrativo 21-2021.

Décimo: Por otra parte, atento la propia línea argumentativa del recurrente, aparece de manifiesto que el objeto final pretendido no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar. Pues se pretende dejar sin efecto la ejecución del desalojo, lo cual fue decretado por Decreto Alcaldicio que goza de presunción de legalidad e imperio, por lo que esta vía constitucional no puede constituirse en una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados.

Además, dicho acto fue dictado por la autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones, el cual no es ni ilegal ni arbitrario como se consignó en el considerando precedente, motivo más que suficiente para rechazar el presente recurso, tal como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por lo razonado y atendido lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acortado de Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Excelentísima Corte Suprema y demás normas legales pertinentes, se declara:

Que se acogen las excepciones de prescripción y falta de legitimidad pasiva y SE RECHAZA, sin costas el recurso interpuesto por don nombre reservado, Habilitado en Derecho, en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y doña nombre reservado, quienes serían trabajadores del Supermercado nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Villarrica.

Redacción de la ministra (S) señora Viviana Ibarra Mendoza.

Regístrese.

Rol N° Protección-7399-2022 (pvb).