nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN

C.A. de Temuco Temuco, siete de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN, representada por su alcaldesa, doña JACQUELINE ROMERO INZUNZA, por haber dictado la resolución 220 del 23 de Febrero de 2023, notificada a esta parte con fecha 28 de febrero de 2023, por la que se rechaza la reposición interpuesta en contra de la resolución N° 218 de 25 de enero de 2023, y que la destituye de su cargo de planta de 44 horas en el servicio de salud de la Municipalidad de Pitrufquén, actos que para la recurrente constituyen una vulneración de sus garantías constitucionales según lo preceptuado y garantizado en la Constitución Política de la República.

Mediante Decreto Alcaldicio Exento N°337 de fecha 02 de julio de 2021, la alcaldesa de la Municipalidad de Pitrufquén, Jacqueline Romero Inzunza, ordenó instruir Investigación Sumaria a fin de establecer hechos informados respecto al cumplimiento y cobro de la prestación de servicios odontológicos en el marco del convenio “Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica, Componente Morbilidad en el Adulto”.

1) Que, en correspondencia con lo expuesto en forma precedente, y no pudiendo establecerse responsabilidad administrativa en la sustanciación de la Investigación Sumaria ya indicada, mediante Decreto Alcaldicio Exento N°623 de fecha 22 de noviembre de 2021, ordenó elevar a sumario administrativo la Investigación Sumaria señalada en el numeral anterior, a objeto de establecer la responsabilidad administrativa respecto del correcto cumplimiento y cobro de la prestación de servicios odontológicos en el marco del convenio “Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica, Componente Morbilidad en el Adulto”

2) Con fecha 6 de mayo de 2022, como consecuencia del Sumario Administrativo ordenado instruir mediante Decreto Alcaldicio Exento N°623 de fecha 22 de noviembre de 2021, se me formula nuevamente (textual) el siguiente cargo: “En el sumario administrativo que instruyo en cumplimiento del decreto N°623 de 22 de noviembre de 2021, se ha resuelto formular a Ud. el siguiente cargo:

FALTA AL PRINCIPIO DE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA, QUE CONSISTE EN OBSERVAR UNA CONDUCTA FUNCIONARIA INTACHABLE Y EL DESEMPEÑO HONESTO Y LEAL DE LA FUNCIÓN O CARGO, CON PREEMINENCIA DEL INTERÁS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR. Lo que se traduce en cobros indebidos de actividades odontológicas no realizadas a usuarios/as del Programa de mejoramiento del acceso la atención odontológica, componente de morbilidad en el adulto y registro y entrega de información que no se condice con la realidad.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo N°136 de la Ley 18.883, Ud. Dispone de 5 días hábiles para hacer sus descargos, a los que podrá acompañar todos aquellos antecedentes o medios de prueba que estime puedan servir en su defensa.

Asimismo, a contar de esta fecha, tendrá acceso al conocimiento del proceso administrativo, personalmente o por medio de un abogado que designe para ello.

Con esta fecha se notifica vía correo certificado el Cargo anteriormente expuesto.

Desde esta misma fecha se considerarán 3 días hábiles para acreditar toma de conocimiento”.

Que, en forma previa, el cargo formulado, YA SE INDICÓ Y EXPUSO EN SU OPORTUNIDAD, este no cumple los requisitos que se exigen para su validez, puesto que los mismos han sido redactados en términos vagos e imprecisos, circunstancia que por ese solo hecho vicia el proceso sumarial en estudio.

Expresa que en este sentido, cabe advertir que las imputaciones que se formulen en un sumario administrativo deben ser concretas y precisas y, necesariamente, contener detalladamente los hechos constitutivos de la o las infracciones que se les imputa a los inculpados y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado, de modo de permitir a los afectados asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, el servicio pueda fundadamente determinar, si fuere procedente, la aplicación de la medida disciplinaria que en derecho amerite la falta administrativa. (Aplica dictamen N° 24.285, de 1998).

Así, entonces, los cargos deben consistir en la descripción precisa y detallada de los hechos en que tendría responsabilidad el afectado, no siendo posible la imputación de conductas genéricas o imprecisas tales como "mala conducta funcionaria" o "incumplimiento de sus deberes", u otros que no permitan una respuesta o defensa adecuada. (Aplica dictamen N° 5.699, de 1995).

Refiere que los cargos que se le imputaron contienen conductas genéricas e imprecisas, puesto que establecen una supuesta transgresión al Principio de Probidad, sin fundamentar o explicar en qué sentido se produce aquello, esgrimiendo los mentados cargos que la vulneración al referido principio se atribuiría al hecho de haber efectuado supuestos “cobros indebidos”, asociados a “actividades odontológicas no realizadas a usuarios/as del Programa de mejoramiento del acceso la atención odontológica, componente de morbilidad en el adulto”, como asimismo, a la aparente omisión en el “registro y entrega de información que no se condice con la realidad”.

Advierte que no se indican en los señalados cargos que se le formulan:

- De que cobros indebidos se trata;

- Cuáles fueron las actividades odontológicas no realizadas;

- Quienes fueron los usuarios a quienes no se les efectuó las atenciones dentales u odontológicas y el referido periodo;

- En que fechas o período de tiempo (al menos), no se efectuaron las prestaciones;

- Qué registro no se condice con la realidad. (Cual es la realidad)

- Qué entrega de información no se condice con la realidad. (Cual es la realidad)

- Que normas se infringieron con estas supuestas conductas contrarias al ordenamiento jurídico.

En efecto, la validez de la formulación de cargos y el cumplimiento de su finalidad depende de que al inculpado se le notifique tal imputación, y en ella se le comuniquen las acciones u omisiones en que incurrió y las normas que infringió, de manera que, al tomar conocimiento de ella, se encuentre en condiciones de desvirtuarla en los descargos, o a través de los otros mecanismos que contempla el ordenamiento aplicable. La omisión acusada acarrea indefensión.

Asimismo, y conforme a las exigencias constitucionales que configuran el debido proceso, las acusaciones que se formulen en el contexto de un procedimiento administrativo dirigido por la Administración del Estado, deben ser concretas y precisas, exigencia fundamental del derecho a la defensa de los imputados previsto en el artículo 19, N° 3, de la Carta Fundamental.

Sostiene que los cargos señalados precedentemente y que le son formulados, se alejan completamente en el sentido de ser concretos y precisos, por el contrario, son absolutamente vagos e imprecisos, TODO LO CUAL NO HACE SINO CONSIDERAR QUE LA ACTUACIÓN O INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO DE MARRAS SE LLEVÓ A CABO CON PRESCINDENCIA ABSOLUTA DE RAZONAMIENTO Y FUNDAMENTACIÓN ADECUADA, CON UNA LIVIANDAD Y DESPROLIJIDAD ABSOLUTA.

En consecuencia, y sin perjuicio de las consideraciones precedentemente expuestas, las que por sí solas constituyen vicios procesales de notable amplitud, es de suma importancia seguir el análisis y profundizar al respecto, pudiendo enfáticamente sostener, que dentro de la vaguedad e imprecisión del cargo que se le formula, dicho cargo se encuentra irrefutablemente asociado e incorporado a mi calidad o tipo de contratación, esto es, en virtud al contrato de prestación de servicios a honorarios para la ejecución del convenio “Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica, Componente Morbilidad en el Adulto” y no a su calidad de funcionaria pública, cargo de planta que he desarrollado normalmente y he sido calificada de forma intachable.

Esta comprobación surge por hechos que han quedado plasmados en el expediente administrativo y que son los siguientes:

a) La referencia que en el cargo mencionado se hace al decreto alcaldicio exento N°623 de fecha 22 de noviembre de 2021, el cual busca determinar la existencia de responsabilidad administrativa respecto del correcto cumplimiento y cobro de la prestación de servicios odontológicos A TRAVES DE LA SUSCRIPCIÓN por esta parte DE UN CONTRATO A HONORARIOS, en el marco del convenio “Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica, Componente Morbilidad en el Adulto”.

b) Porque, cuando se me hace entrega de copia del expediente, con fecha 07 de enero de 2022, se indica:

“Según lo solicitado, se entrega copia íntegra de expediente sumario administrativo, investigación ordenada mediante el decreto alcaldicio exento N°623 del 22 de noviembre de 2021, a objeto de establecer la responsabilidad administrativa respecto del correcto cumplimiento y cobro de prestación de servicios odontológicos en el marco del convenio “Mejoramiento del acceso a la atención odontológica, componente morbilidad en el adulto” a la Srta. nombre reservado, RUT N°RUT reservado, a quien se le formularon cargos en la presente investigación”

c) Porque, cuando se me otorga prórroga para formulación de descargos con fecha 07 de enero de 2022, se señaló, nuevamente textual:

“Según lo solicitado por la Srta. nombre reservado, RUT N° RUT reservado, a quien se le formularon cargos en la presente investigación se entrega copia íntegra de expediente sumario administrativo, investigación ordenada mediante el decreto alcaldicio exento N° 623 del 22 de noviembre de 2021, a objeto de establecer la responsabilidad administrativa respecto del correcto cumplimiento y cobro de prestación de servicios odontológicos en el marco del convenio “Mejoramiento del acceso a la atención odontológica, componente morbilidad en el adulto”, se le entregan 5 días de prorroga en este periodo, contado hasta el día 19 de enero de 2022 presentar sus descargos, defensas o presentar pruebas”.

Que, establecido lo anterior, es de notable importancia precisar y señalar, a su vez, que como rola a fojas N°191 del expediente administrativo de marras, mediante Decreto Alcaldicio N°1089 de fecha 27 de mayo de 2021, “fue aprobado mi contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, para la realización del componente Morbilidad Adulto del programa mejoramiento al acceso de la atención odontológica”. AL CUAL SE LE PUSO TÉRMINO EN SU OPORTUNIDAD Y POR EL CUAL SE ME PAGARON LOS SERVICIOS REALIZADOS, SIN SER OBJETADOS, Y VISADOS Y FIRMADOS POR TODOS LOS ENTES CORRESPONDIENTES.

Que, en concordancia con lo expresado en forma previa, es posible advertir preliminarmente, un vicio de tal envergadura que afecta la total tramitación del proceso sumarial de marras, puesto que se me formulan cargos por supuestos hechos asociados al referido convenio o programa mencionado en el cual como se dijo, realicé labores como higienista dental en virtud a mi “contratación en calidad de honorarios”.

Que, sobre el particular, y sin que sea necesario ahondar en las supuestas infracciones que supuestamente se me irrogan, se debe tener en consideración dos normas fundamentales, cuales son el artículo 4 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y el artículo 13 de la Ley 19.280.

El artículo 4 citado, dispone que se podrá contratar sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad, mediante decreto del alcalde.

Señala, además, que se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Concluye indicando que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de ese Estatuto.

Por su parte el artículo 13 enunciado, dispone que las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no puede exceder del 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta.

Expresa, que en cuanto a la naturaleza jurídica de la función, cabe señalar, que las tareas cumplidas a honorarios, Y POR LAS CUALES SE ME ATRIBUYE FALTA A LA PROBIDAD Y SE ME APLICA LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN (ahora respecto del cargo que desempeño en propiedad y al cual accedí vía concurso público y que no tiene que ver con el contrato a honorarios en que se me acusa), constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares a la Administración, que no confiere a quien los efectúa, la calidad de funcionario público, o sea en el desempeño de esas funciones, a los contratados no les son aplicables las normas estatutarias que rigen la labor de esos funcionarios (Aplica dictámenes N°s 11.862 de 1990 y 6.187 de 1996).

De hecho, la circunstancia que se incluyan cláusulas que contemplen derechos y obligaciones similares a lo previsto en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, no permite considerarlos como tales (Aplica dictamen N° 39.451 de 1997).

Atendido lo anterior, solamente serán aplicables en estas convenciones, las normas contenidas en el respectivo contrato, así como la normativa del Título XXIX, Libro IV del Código Civil (artículo 2116 y siguientes), relativas al mandato.

El pacto por el cual la Administración contrata sobre la base de honorarios los servicios de una persona, no sólo constituye el marco de los derechos y obligaciones de quien los presta, sino también de quien los requiere, de tal manera que el convenio resulta igualmente vinculante para ambas partes (Aplica dictamen N°12.473 de 2002).

Asimismo, resulta necesario recordar que, según lo previsto en el artículo 11 de la ley N° 18.834, podrá contratarse “sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución”, agregando que también se “podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales”. El inciso tercero de la misma norma dispone que “Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

En conclusión, de conformidad a lo expuesto, no resulta posible incorporar en los convenios a honorarios una cláusula en virtud de la cual se someta al respectivo prestador de servicios a las disposiciones sobre responsabilidad administrativa que prevé la ley N° 18.834, sin existir fuente legal que habilite para ello.

En otros términos, en el régimen funcionario las medidas disciplinarias deben ser acreditadas mediante investigación sumaria o sumario administrativo, y sólo pueden aplicarse a los funcionarios que incurran en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, “mientras que el personal contratado a honorarios que infringe sus obligaciones no incurre en responsabilidad administrativa, sino en incumplimiento del contrato, situación esta última que regula el Código Civil”.

Las infracciones que cometan las personas que se desempeñen en la Administración Pública en una calidad distinta a la de funcionarios públicos deben ser sancionadas conforme a las normas particulares que rigen sus labores en cada caso, no siéndoles aplicables las normas sobre responsabilidad disciplinaria establecidas en la ley N°18.834, para los funcionarios públicos, vale decir, para quienes se desempeñen en cargos de planta o a contrata.

ASÍ, NO PROCEDE COMO YA HEMOS ANTICIPADO, HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA AL PERSONAL CONTRATADO SOBRE LA BASE DE HONORARIOS, CUYO ES EL CASO DE MARRAS, EN UNA INVESTIGACIÓN SUMARIA O EN UN SUMARIO ADMINISTRATIVO, PORQUE NO TIENEN LA CALIDAD DE FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PÚBLICOS y, en tal virtud, están marginados de los deberes y obligaciones propias de estos servidores, contenidas en los respectivos estatutos administrativos. POR LO TANTO, NO SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA LEY Nº 18.834, LO QUE IMPIDE INVESTIGAR Y ESTABLECER LA EVENTUALIDAD RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE PUEDA ASISTIRLES.

Agrega que, a mayor abundamiento, y siguiendo el análisis previo, en el caso de marras, la fiscal administrativa ni siquiera reparó mi contratación en calidad de honorarios para efectuarme o formularme cargos, MISMA SITUACIÓN QUE ES CAUSAL DE UN VICIO DE NULIDAD QUE SE REPITE AHORA EN EL DECRETO ALCALDICIO N°218 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, EN EL QUE ILEGALMENTE SE ME APLICA LA MEDIDA DE DESTITUCIÓN, esto, al efectuar labores como higienista dental en el convenio “Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica, Componente Morbilidad en el Adulto”.

Asimismo, su contratación para llevar a cabo el referido convenio se plasmó en un contrato de prestación de servicios a honorarios, el cual correspondía a servicios o prestaciones que yo realizaba fuera de mi horario habitual de trabajo, como se menciona en la cláusula segunda del respectivo contrato, el cual comenzó el 06 de abril de 2021 y terminaría en principio el 31 de diciembre de 2021, luego de ejecutarse las 860 acciones que indicaba el referido contrato a honorarios en su clausula primera, poniéndose en todo caso fin o término, con fecha 12 de julio de 2021, acontecimiento que reafirma lo razonado latamente en forma anterior, ya que se me está atribuyendo responsabilidad administrativa, lo cual como ya indicamos no corresponde, en circunstancias que la autoridad administrativa puso término, a mi contratación en dicha calidad, y aun más se me pagaron las prestaciones efectuadas conforme a dicha contratación a honorarios y para el referido Programa, situación que tampoco fue analizada durante la sustanciación del proceso SUMARIAL POR LA FISCAL ADMINISTRATIVA, NI REPARADA EN LA DICTACIÓN ACTUAL DEL DECRETO POR EL CUAL SE RECURRE EN ESTA OPORTUNIDAD, limitándose la fiscal, como se denunció y expuso en mis respectivos descargos, que una vez que se eleva la investigación sumaria preliminar a sumario administrativo, a añadir al expediente todo lo obrado por la investigadora inicial, y solo efectuar un par de actuaciones o diligencias consistentes en tomar declaraciones a terceras personas.

De acuerdo con el precepto transcrito, las responsabilidades administrativas derivadas de la denuncia de marras deberán perseguirse en el correspondiente sumario sólo respecto de los empleados que tengan la calidad de funcionarios, por el contrario, el personal sujeto a contrato de honorarios responderá solamente de acuerdo con las normas del arrendamiento de servicios inmateriales, establecidas en el Párrafo Noveno, Título XXVI, del Libro IV, del Código Civil.

En otros términos, en el régimen funcionario las medidas disciplinarias deben ser acreditadas mediante investigación sumaria o sumario administrativo, y sólo pueden aplicarse a los funcionarios que incurran en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, MIENTRAS QUE EL PERSONAL CONTRATADO A HONORARIOS QUE INFRINGE SUS OBLIGACIONES NO INCURRE EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SINO EN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS QUE REGULA EL CÓDIGO CIVIL.

En consecuencia, con el mérito de lo expuesto y citas legales y administrativas, cúmpleme informar que no puede iniciarse un sumario en contra de un trabajador contratado a honorarios en el sistema de salud primaria municipal, porque en esa condición contractual no tiene la calidad de funcionario que se requiere para que se pueda establecer la responsabilidad administrativa, más aun si dichas funciones para la cual suscribí un contrato de prestación de servicios a honorarios las efectué fuera de mi horario laboral, emitiendo un informe el cual fue visado por el encargado señalado en el contrato, prestaciones que fueron pagadas y contrato que además se encuentra terminado, como ya había expresado anteriormente.

a) Otro de los vicios del procedimiento y que afectan la validez del mismo, y por el cual debiese anularse todo lo obrado, lo cual, por cierto, ni siquiera fue advertido con la dictación del Decreto Alcaldicio N°218 de fecha 25 de enero de 2023, dice relación con que a fojas N°656, y luego de haber presentado RECUSACIÓN FUNDADA en contra de la fiscal administrativo, ES ELLA, O SEA LA MISMA FISCAL QUIEN RESUELVE LA REFERIDA RECUSACIÓN.

En efecto, la fiscal administrativa, respecto de la recusación formulada por quien suscribe, resolvió la recusación ella misma y no la Alcaldesa de la comuna de Pitrufquén, en el siguiente tenor:

“Ni esta fiscal ni el actuario, tienen causales de recusación para este sumario administrativo”.

Lo anterior ya es burdo, es decir, una vez más es notorio la existencia de un vicio de nulidad que afecta el procedimiento, puesto que, al resolver de esa forma, es decir, resolviendo la recusación la propia fiscal administrativa y no su superior, en este caso la Alcaldesa de la Comuna de Pitrufquén, transgrede lo indicado en el artículo 132 de la ley N°18.883, el cual establece en su inciso tercero que, “El fiscal o el actuario podrán declararse implicados por algunos de las causales mencionadas en el artículo 131 o por algún otro hecho que a su juicio les reste imparcialidad. En este caso resolverá la autoridad que ordenó el sumario en el mismo plazo indicado anteriormente, en lo relativo al fiscal y éste respecto del actuario”.

En efecto y vislumbrando ya en la oportunidad que se formuló la recusación respectiva, esta parte denunció el actuar irregular de la fiscal administrativa y del actuario en la sustanciación del proceso sumarial, lo cual a su vez fue latamente manifestado en los descargos respectivos hechos valer e informados pertinentemente, todo lo cual por cierto fue omitido.

b) Otro de los vicios del procedimiento y que afectan la validez del mismo, y por el cual debiese anularse todo lo obrado, PUESTO QUE ES DE TAL ENVERGADURA, lo cual por cierto, ni siquiera fue advertido con la dictación del Decreto Alcaldicio N°218 de fecha 25 de enero de 2023, NI TAMPOCO CON LA EMISIÓN DEL ACTUAL OFICIO ORDINARIO N°220 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 y sumado a los vicios de nulidad ya señalados en los motivos precedentes, alegados en la etapa procesal pertinente, se agrega aún más, otro, el cual consiste en que a FOJAS N°682, y estando aun en la etapa de formulación de descargos, la fiscal administrativa, esto es, la Sra. nombre reservado, procede a efectuar y emitir la Vista Fiscal.

Reclama que se le formula cargos y efectúa su vista fiscal, todo esto incluso antes de presentar sus descargos, es decir, la deja en total indefensión y aun así emite su Vista Fiscal proponiendo mi destitución.

Dentro de la estructura de tramitación o etapas de un procedimiento administrativo, la fiscal administrativa SE SALTA y OMITE TODO EL PERIODO DE FORMULACIÓN DE DESCARGOS Y LISA Y LLANAMENTE EMITE SU VISTA FISCAL sin escuchar a esta involucrada Y OBVIAMENTE EFECTUANDO UN PREJUZGAMIENTO, CONTRARIANDO PRINCIPIOS ESENCIALES ENTRE LOS CUALES SE PUEDE MENCIONAR LA IGUALDAD DE ARMAS O DEBIDO PROCESO, COMO ASIMISMO, EL PRINCIPIO DE JURIDICIDAD.

Lo anteriormente descrito además de constituir un vicio de nulidad que afecta el proceso administrativo, incide en un aspecto que es de suma relevancia, el cual consiste en efectuar un prejuzgamiento, puesto que en esta Vista Fiscal ya está sugiriendo se me sancione. Es más, indica que “…no habiendo tenido un actuar acorde a lo descrito en el presente artículo, se configura la presencia de una conducta no acorde a su rol de funcionaria pública”.

Es decir, sin siquiera haberse escuchado a esta involucrada al no haber transcurrido el plazo de formulación de descargos, la fiscal administrativa lisa y llanamente emite su Vista Fiscal.

El análisis somero y laxo del expediente, trasunta en otro VICIO PROCESAL que CONLLEVA UNA FALTA AL DEBIDO PROCESO DE GRAN ENVERGADURA, el cual, por cierto, sumado a todos los anteriores NUNCA FUE REPARADO CON LA DICTACIÓN DEL ACTUAL DECRETO ALCALDICIO, ES DECIR, LA ALCALDESA NUNCA NI A PETICIÓN DE SU DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA, ORDENÓ LA REAPERTURA DE LA PIEZA SUMARIAL A EFECTOS DE SUBSANAR TALES VICIOS DE NULIDAD, LO CUAL ACARREA POR CIERTO LA NULIDAD DE TODO LO OBRADO, PUESTO QUE CUALQUIER ANÁLISIS JURÍDICO INCLUSO SOMERO, básico, HABRÍA ADVERTIDO DICHA SITUACIÓN.

Manifiesta que, precisamente, fue la etapa de descargos la oportunidad procesal de hacer valer dichas alegaciones y defensas, en fin, todas actuaciones de las cuales se colige que la fiscal ni siquiera estuvo dispuesta a analizar, menos leer aparentemente o bien razonar, solo es posible advertir un sesgo y afán de querer sancionar, motivada por instrucciones de su superior, puesto que como ya dijimos, ME FORMULA CARGOS (vagos e imprecisos) Y AL MISMO TIEMPO YA HABÍA EMITIDO SU VISTA FISCAL Y PROPUESTO UNA SANCIÓN EN MI CONTRA, SIN SIQUIERA YO HABER EXPRESADO Y OPUESTO DESCARGOS.

TODO LO CUAL NO HACE SINO CONSIDERAR QUE LA ACTUACIÓN O INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO DE MARRAS SE LLEVÓ A CABO CON PRESCINDENCIA ABSOLUTA DE RAZONAMIENTO Y FUNDAMENTACIÓN ADECUADA, CON UNA LIVIANDAD Y DESPROLIJIDAD ABSOLUTA, lo cual por cierto conlleva la nulidad de todo lo obrado.

MISMA SITUACIÓN QUE SE REPITE CON LA DICTACIÓN DEL DECRETO ALCALDICIO N° 218 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023 y con el OFICIO ORDINARIO N°220 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023.

3) Siguiendo el análisis de los vicios de legalidad establecidos y denunciados durante la sustanciación del sumario administrativo, la misma Contraloría Regional de la Araucanía, en su Oficio N°E179607/2022, “A FOJAS N°635 A N°642”, del presente sumario administrativo, expresó que en relación a mi persona, estamos frente a una contratación a honorarios, es decir, no estamos frente a un régimen estatutario, por ende no cabría la destitución, sino el término del contrato de honorarios, que es lo que ocurrió en su oportunidad una vez realizadas las prestaciones para las cuales fui contratada y por las cuales por cierto se me pagó, indicando al respecto lo siguiente:

“ANALISIS.-1.- Contratos de prestación de servicios a honorarios entre la Municipalidad de Pitrufquén y las señoras nombre reservado y nombre reservado.

Sobre el particular, cabe recordar que en virtud de lo previsto en el inciso tercero del artículo 4° de la ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales – aplicable supletoriamente en virtud de lo previsto en el artículo 4° de la citada ley N°19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal-, las personas contratadas a honorarios se rigen por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les son aplicables las disposiciones contenidas en dicho cuerpo normativo.

De esta forma, quienes sean contratados a honorarios en la Administración, no revisten la calidad de funcionarios públicos y el propio convenio constituye la única norma reguladora de sus relaciones con ella, de manera que aquellos no poseen otros beneficios que los que se contemplen expresamente en el pertinente acuerdo de voluntades, los cuales no pueden ir más allá de los establecidos en la ley para los empleados estatales (aplica dictamen 9.804, de 2014, de la Contraloría General).

Ahora bien, según consta en los contratos de prestación de servicios a honorarios suscritos entre el municipio y la odontóloga, señora nombre reservado, y por separado, con la higienista dental, señora nombre reservado, aprobados por los decretos Alcaldicios N°s 1.075 y 1.039, ambos de 2021, respectivamente, las servidoras fueron contratadas para prestar servicios relacionados con el componente “Morbilidad Adulto” del programa comprendido entre el 6 de abril y el 30 de junio de la misma anualidad. Asimismo, es importante hacer presente que la cláusula segunda del contrato de la señora nombre reservado, indica que los servicios se ejecutarán de lunes a sábado, posterior a su jornada habitual de trabajo, misma clausula que contiene el contrato de la señora nombre reservado.

Enseguida de los documentos tenidos a la vista, consta que la Municipalidad de Pitrufquén efectuó el pago de los servicios prestados por ambas servidoras en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2021, mediante los decretos de pago N°s 1.727 por $5.364.000 y 2.104 por $8.586.000, a la señora nombre reservado y N°s 1.986 por $2.980.000 y 2.105 por $4.717.500 a la señora nombre reservado, todos de 2021, razón por la cual, se entiende que el hecho denunciado sobre el no pago de honorarios de los meses de abril y mayo se encuentra superado” .

La fiscal administrativa ninguna de estas situaciones reparó, ni tampoco lo hizo el Decreto Alcaldicio N°218 de fecha 25 de enero de 2023, ni a su vez el Oficio Ordinario N°220 de fecha 23 de febrero de 2023 emitido por la autoridad comunal, por el contrario, persistieron en los vicios de ilegalidad denunciados y no efectuaron ni subsanaron ninguno de los mismos.

4) En conclusión, de acuerdo a las consideraciones precedentemente expuestas, el mérito del proceso sumarial y reglamentación relativa a la materia, SE OBSERVÓ UNA SERIE DE DEFICIENCIAS Y VICIOS DE NULIDAD en la sustanciación del presente acto administrativo, como asimismo, en la dictación del Dictamen o Decreto Alcaldicio N°218 de fecha 25 de enero de 2023, todos los cuales vulneran y transgreden palmariamente mi derecho al DEBIDO PROCESO Y A UNA ADECUADA DEFENSA, como asimismo, al PRINCIPIO DE JURIDICIDAD.

5) En síntesis y tal como puede advertirse, las situaciones o hechos vulneratorios son los siguiente:

6) –FALTA DE DESCRIPCION DE LOS HECHOS QUE CONSTITUIRIAN LOS CARGOS FORMULADOS.

7) –VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO EN ESPECIFICO DEL DERECHO A DEFENSA.

8) –FALTA DE FUNDAMENTOS FACTICOS DE LA RESOLUCION DE DESTITUCION Y DE LA RESOLUCION QUE RECHAZA LA REPOSICION. EL ACTO ES INFUNDADO POR ENDE ES ILEGAL Y ARBITRARIO.

EL ACTO RECURRIDO.

El acto que del que se recurre, corresponde a la resolución de fecha 23 de Febrero de 2023, notificada a esta parte con fecha 28 de febrero de 2023, por la que se rechaza la reposición interpuesta en contra de la resolución N° 218 de 25 de enero de 2023 que decreta la destitución de su cargo.

Forma en que la Resolución N°218 de 25 de enero y N° 220 de 23 de febrero de 2023, vulneran el debido proceso.

Falta de fundamento.

No cabe duda de que todo acto administrativo como lo es un decreto alcaldicio exento, debe contener el fundamento en el que se basa la decisión tomada, en otras palabras, debe expresar las consideraciones no solo de derecho si no que las de hecho en que se fundamenta la decisión, el acto administrativo por la trascendencia que tiene y por las graves consecuencias que implican sus efectos jurídicos, debe bastarse asimismo, los fundamentos expresados deben ser verídicos y atingentes al caso concreto del funcionario de que se trate, y no puede ser una mera enunciación para que formalmente como es el caso, el acto jurídico administrativo cumpla con lo formalmente exigido.

Por el contrario, debe expresar de manera verídica, grave, precisa y decir relación con la situación concreta de que se trata.

Nada de lo expresado encontramos en la resolución impugnada solo hace una referencia a la vista fiscal y a las conclusiones que ella expresa la fiscal, pero no desarrolla cuales son estas conclusiones y de qué manera le llevan a tomar tan drástica decisión, esta resolución es infundada, esta falta de fundamento trae como consecuencia el hecho de que la resolución pasa a ser arbitraria e ilegal, dicha circunstancia acarrea indefensión de mi parte, pues al no conocer de manera pormenorizada, concreta y atingente los hechos en que se funda.

Señala que no menciona porque razón por actuaciones ligadas a un contrato de honorarios o verificados en el marco y desarrollo de este se toma la decisión de poner termino a contrato en propiedad al que se accedió vía concurso.

En estricto rigor la resolución es una especie de carta de despido, que por lo mismo no solo debe bastarse, asimismo, sino que también debe permitir con su sola lectura, entender y poder razonar y entablar una defensa, el acto no cumple con aquel mínimo requisito.

GARANTÍAS FUNDAMENTALES CONCULCADAS:

DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 19 N° 2 CPR).

La Carta fundamental señala en el artículo 19 que: “La Constitución asegura a todas las personas: Nº2: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres mujeres son iguales ante la ley” Esta garantía constitucional se vulnera principalmente en lo que se refiere a que ninguna autoridad puede establecer discriminaciones y diferencias arbitrarias, en consecuencia se vulnera la garantía de mi representado ya que a través de un acto que carece de fundamentación se le destituye de su cargo, como he señalado se ataca por el presente la resolución que rechaza la reposición deducida en contra de la que originalmente destituye de sus funciones a mi representado, como ninguno de los actos tiene fundamentos esto provoca que el acto sea arbitrario e ilegal, además se discrimina arbitrariamente.

La discriminación es patente cuando se me sanciona por una conducta que no tiene sanción pues se encuentra desempeñada en el desarrollo de una función prestada bajo modalidad a honorarios de los que fui desvinculada por ende existe doble sanción el termino del contrato de honorarios en el que ocurrió la supuesta irregularidad, y se me destituye de mi función ejercida en propiedad a la que accedí vía concurso público, hay una discriminación abiertamente arbitraria e ilegal.

La falta de justificación del acto recurrido, permite concluir la absoluta falta de rigurosidad y apego al Derecho que requiere cualquier acto de la Administración del Estado a fin de respetar el principio de Juridicidad.- DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO Y SU PROTECCIÓN (ARTÍCULO 19 N° 16 CPR). LA CONSTITUCIÓN ASEGURA A TODAS LAS PERSONAS:

Nº16: La libertad de trabajo y su protección.

Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos…” Es menester señalar US. Iltmas., que mi representado ve coartada su libertad de trabajo, pues que duda cabe el actuar a través del decreto recurrido, se le priva de su empleo y de remuneración. DERECHO DE PROPIEDAD (ARTÍCULO 19 N° 24 CPR). La Carta Fundamental señala que “a Constitución asegura a todas las personas: Nº24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.” Este derecho fundamental se ve claramente amenazado, ya que mi parte por efecto de la actuación arbitraria de la recurrida se ve afectada no solo en el libre ejercicio de su trabajo sino que también en los ingresos obtenidos en su calidad de funcionario o el mismo empleo que se ve afectado por la caprichosa actuación que por medio del presente recurso se pide dejar sin efecto. A la luz de lo expuesto, queda de manifiesto que de la ilegalidad y arbitrariedad se sigue el directo e inmediato atentado al derecho consagrado en Art 19 Nº24 de la Constitución que reconoce a todas las personas, el derecho a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo, prerrogativa ésta que, la judicatura está en el deber de preservar. Es de recordar en este plano que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto. Ya en el primero de los artículos de la constitución se proclama el anhelo del crecimiento de toda persona en lo que el trabajo juega un rol protagónico; y, como no podía ser menos, no se piensa en el individuo, sino en la persona, que se distingue de aquél por su sentido de integración e identidad social, en importante grado forjada en el servicio a la comunidad que conlleva el empleo público. Aparte de tan elevados bienes incorporales, por cierto, susceptibles de la propiedad que la constitución garantiza a toda persona, está el nivel de lo pecuniario, que en una situación como la de autos se asocia a las seguridades que proporciona al funcionario y a quienes de él dependen, el estipendio periódico.

Solicita se sirva tener por presentado recurso de protección en contra de doña JACQUELINE ROMERO INZUNZA, alcalde de la MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN, ya individualizados, ordenarle que informe a V.S.I., en el plazo que US. I. fije, y, en definitiva, ordenar que la recurrida cese el acto ilegal y arbitrario dejando sin efecto la resolución 220 de 23 de febrero de de 2023 y N° 218 de 25 de Enero de 2023, y mediante la cual se me destituye. Ordenando, se deje sin efecto, restituyéndome además en todos mis derechos, estatutarios y remuneratorios, ordenando finalmente que la recurrida se abstenga de todo acto que perturbe o amenace el libre ejercicio de sus derechos, restableciéndose el imperio del derecho y tomándose todas las medidas necesarias que US. Determine, sean las solicitadas o las que US. determine, con expresa condenación en costas Acompaña Resolución 220 de 23 de febrero de 2023.

A folio 9 informa KURT ROUSSEL DÍAZ, abogado, en representación, de la recurrida MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, gran parte del texto del recurso dice relación con persecución y hostigamientos por parte de la administración y personal del departamento de salud, sin embargo, no existe consistencia en aquello, ya que la investigación sumaria y posterior sumario administrativo arrojó como resultado que la recurrente informó prestaciones odontológicas que no fueron ejecutadas, responsabilizando a terceros por dichos cobros, (etc)

Lo pretendido por la recurrente, es que a través de un proceso de naturaleza cautelar se deje sin efecto la sanción administrativa, causa de pedir que debe ser conocida en un proceso de lato conocimiento y no mediante un procedimiento de naturaleza cautelar.

Finalmente, y solo a medio de ilustración, por su parte, el Art. 420 del código del trabajo indica: Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: e) Las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social.

Por tanto., solicita acoger la presente excepción de incompetencia, y en el fondo rechazar el presente recurso de protección.

EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO Que tal como se desprende del recurso o acción de protección intentado por la recurrente, su acción de protección se dirige en contra del decreto de fecha 23 de febrero de 2023, por el que se rechazó la reposición interpuesta en contra del decreto 218 de 25 de enero de 2023. En ese sentido es necesario precisar que las municipalidades son entes autónomos del Estado por ende sus actuaciones son mediante decreto y no resoluciones como erróneamente lo indica la recurrente. En ese sentido las normas que justifican la excepción que se alega de extemporaneidad del recurso son las siguientes.

El Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, publicado el 27 de junio de 1992, modificado por los Auto Acordados de fecha 9 de junio de 1998 y de fecha 25 de mayo de 2007, su última modificación la encontramos en Acta 94 – 2015 de la Corte Suprema, Texto Refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales en su N°1 señala:

“El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

Que para efectos de poder computar el plazo de 30 días que tiene la recurrente para impetrar el presente recurso de protección, comienza desde la fecha de la notificación del decreto de destitución, esto es, desde el 13 de febrero de 2023, y no desde la fecha que se le notifica el rechazo de su recurso de reposición, pues el decreto que falló el recurso de reposición por sí solo no es decisorio, pues ya contiene la decisión que no varía lo resuelto, es decir, solo confirma lo resuelto.

Que, a mayor abundamiento, las acciones que se pudieron entablar en contra del Decreto Alcaldicio N°218 de fecha 25 de enero de 2023 son totalmente indiferentes en cuanto a su interposición y plazo.

Por todo lo anterior, solicita declarar inadmisible por extemporaneidad el presente recurso de Protección.

EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO ANTECEDENTES PRELIMINALES Que, para efectos de contextualizar, Mediante Decreto Alcaldicio N° 177, de fecha 23 de diciembre de 2020, la recurrente, Sra. nombre reservado, es designada como titular en la dotación del Departamento de Salud Municipal de Pitrufquén a partir del 01 de enero del año 2023.

Que, mediante decreto Alcaldicio N° 1039 de fecha 27 de mayo de 2021, la Sra. nombre reservado es contratada para prestar servicios a honorarios desde el 06 de abril hasta el 30 de junio de 2021 en el programa “Mejoramiento al acceso de la atención odontológica” en el componente “morbilidad adulto”, en extensión horaria, esto es, desde las 17:00 a 20:00 horas.

Que, en el considerando séptimo del contrato de prestación de servicios a honorarios de la Sra. nombre reservado se establece de forma textual: “Teniendo presente que el personal contratado a honorarios ejerce función pública, estos deberán ajustarse y cumplir con la normativa de la Ley de Probidad administrativa contenida en el título III de la Ley N° 18.575, elevando las partes de este contrato a elemento esencial para efectuar la presente contratación el no incurrir el servidor público en faltas a la probidad según lo regulado en la normativa vigente, y especialmente en las contravenciones al principio de probidad reguladas en el Artículo 62, y las incompatibilidades indicadas en el artículo 56 de la Ley N° 18.575 que indica lo siguiente…”

Que, luego de tomar conocimiento de posibles irregularidades en los pagos fundados en los informes entregados por la recurrente, mediante Ordinario N°51 de fecha 29 de junio de 2021, la Directora del Departamento de Salud Municipal informa a la Alcaldesa de la comuna de Pitrufquén inconsistencias detectadas en la ejecución del programa “mejoramiento de acceso a la atención odontológica, componente morbilidad en el adulto”, ejecutado por la Odontóloga y la higienista dental Sra. nombre reservado.

Que, el Ordinario indicado en el número anterior contiene el informe preliminar de auditoria programa odontológico morbilidad adulto de fecha 24 de junio de 2021 y de fecha 29 de junio de 2021, evacuados por el Odontólogo a cargo del programa, donde se indica que se realizó una revisión al azar respecto de los pacientes atendidos por el Odontólogo nombre reservado, donde lo informado coincidía con lo cobrado. Igualmente se realizó misma revisión respecto a los pacientes de la Odontóloga nombre reservado donde no había diferencias entre lo informado y lo observado en el examen oral efectuado para emitir los informes. Sin embargo, al proceder a las revisiones de la Odontóloga que trabajaba con la recurrente, se determinó que además de no haber registro en el Sistema de SSAR de las atenciones, por ejemplo en el caso de uno de los 8 pacientes revisados no habían composite en las piezas 1.2, 1.1, 2.1, 2.2 ya que estas se encontraban sanas, igualmente se informaron restauraciones en piezas que no existían y atenciones en piezas que si existían pero que no tenían composite.

Que, debido a lo informado, mediante Decreto Alcaldicio Exento N°337, de fecha 02 de julio de 2021 se instruye investigación sumaria respecto a la odontóloga y su higienista dental, Sra. nombre reservado.

Que, de la investigación se resuelve se eleve a sumario administrativo en consideración a los hechos denunciados y a la complejidad de la materia investigada.

Que, mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 623 de fecha 22 de noviembre de 2021 se instruye sumario administrativo.

Que, dentro de las diligencias efectuadas en el proceso administrativo tendiente a esclarecer tanto la veracidad como falsedad de los hechos puestos en conocimiento por parte del Departamento de Salud al Municipio, de la declaración del odontólogo nombre reservado, coordinador en esa época de todos los programas odontológicos, se desprende que ese año (2021) fue la primera vez que se contrataba a personal por actividad realizada, ya que hasta el año 2019, las contrataciones se pagaban por hora. Y que queda evidenciada la imposibilidad de ejecutar la cantidad de acciones que la recurrente informó y cobró.

Que, la pregunta N°19 realizada al odontólogo nombre reservado se indicó: En registro clínico electrónico de fecha 18 de mayo de 2021, a modo de ejemplo, la paciente nombre reservado registra 26 acciones en una atención, cuál es su opinión al respecto. ¿Es factible realizar todas esas operaciones, por qué? A lo que su respuesta fue. No, no es posible.

Que, igualmente, la pregunta N°23 realizada al odontólogo nombre reservado fue: Después de la supervisión, ¿Qué medidas se tomaron por parte de las prestadoras de servicio y la administración? A lo que su respuesta fue: Tengo antecedentes y evidencia que solicitaron formalmente copia de ese informe y citaron a los pacientes supervisados anteriormente sin autorización, no estaban agendados menos registrados. Y emitieron un contrainforme, desconozco su contenido.

De uno de los pacientes citados solicitaron al Doctor Saúl para evidenciar que, si la acción fue realizada, paciente que además no cumple con el requisito por tener 60 años. Ese mismo día, al término de la intervención del Dr. Saúl, solicitaron una lámpara fotocurada por lo que se evidencia que se utilizó para restauraciones a pacientes supervisados. Y en cámaras del Cesfam se registran los pacientes supervisados atendidos por la Dra. nombre reservado quienes permanecieron un promedio de 25 minutos en consulta, adulterando las pruebas de la supervisión.

Que, con fecha 03 de septiembre de 2021, se solicita informe técnico a doña nombre reservado, Referente Técnico del Servicio de Salud Araucanía Sur.

Que, del informe técnico emitido por doña nombre reservado, se desprende en el cuarto párrafo que: “En cuanto a la cantidad de prestaciones realizadas en cada consulta realizada, llama la atención el volumen registrado considerando que de acuerdo a las orientaciones técnicas del programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica, la atención odontológica de morbilidad en adultos de 20 años y más debe tener un rendimiento de 2 a 3 consultas por hora y debe incluir una o más actividades recuperativas, tales como destartraje supragingival y pulido coronario, exodoncia (dientes que por su diagnóstico no corresponden a urgencias GES) Restauraciones y Destartraje subgingival.

Que, debido a consulta que efectúa la recurrente a Contraloría Regional de la Araucanía, donde fue reclamado un término anticipado de prestaciones de servicios. Mediante Dictamen N° 179607/2022 se concluye entre otros, que no hay termino anticipado y la incorporación de dicho dictamen al sumario administrativo.

Que, de los antecedentes del propio sumario administrativo se desprende que se efectuaron cobros por prestaciones no realizadas.

En este sentido, de acuerdo a lo expuesto en el cuadro anterior, se habrían realizado un promedio de hasta 69 actividades diarias y considerando que las labores debían ejecutarse en general, en aproximadamente 3 horas al día, se advierte la ejecución de hasta 23 actividades –en promedio- por hora por parte de las prestadoras de servicios en comento, lo cual no guardaría coherencia con el ya citado rendimiento esperado por el SSAS en el contexto de pandemia Covid-19.

Que, de acuerdo a los antecedentes que obran en sumario administrativo que se adjunta, se logró determinar la falta a la probidad administrativa de la recurrente, por lo que mediante Decreto Alcaldicio N° 218 de fecha 25 de enero de 2023 se determina la destitución de la Sra, nombre reservado, el cual le fue notificado personalmente con fecha 13 de febrero de 2022.

Posteriormente, presentó recurso de reposición en contra de la resolución del sumario administrativo, el cual fue resuelto en el mismo sentido, ya que los vicios reclamados por la recurrente, ninguno afectó su derecho a defensa y las copias solicitadas le fueron entregadas incluso al momento de señalar que su abogado había extraviado la documentación.

Que, en cuanto a la alegación de la recurrente al señalar que su contratación al ser honorarios carece de responsabilidad administrativa, eso no es efectivo, ya que existe basta jurisprudencia administrativa que, en cuanto a la obligación de dar cumplimiento a la probidad administrativa, tal obligación es transversal, es más, en la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios a honorarios, el cual fue firmado por la recurrente, ésta se obliga a dar cumplimiento a dicho principio.

Que, en cuanto a su calidad contractual, no es posible separar en una misma persona la planta de la dotación del departamento de salud que ella poseía y su calidad a honorarios, ya que además como se desprende claramente del dictamen evacuado por Contraloría Regional de la Araucanía, la recurrente en horario destinado a ejercer sus funciones como planta citaban pacientes que debían atenderse entre las 17:00 y 20 horas.

a) Que, en cuanto a la recusación de la fiscal y el actuario, se puede indicar que con fecha 25 de marzo de 2022, se toma declaración a la recurrente, Sra. nombre reservado donde presenta recusación, la cual fue desestimada, ya que ni la fiscal ni el actuario eran encargados de programas o sectores que pudiesen ver comprometida su imparcialidad, se habían entregado las copias integras solicitadas por la recurrente antes de la reapertura del sumario administrativo y la razón de la misma. Igualmente, se adjunta la documentación que sustenta la ausencia de inhabilidad.

b) Que, con fecha 26 de abril de 2022, en las dependencias del Cesfam se toma declaración a la recurrente, en donde la primera pregunta es si tiene alguna recusación contra el fiscal o actuario a lo que su respuesta fue NO.

En cuanto a la fecha de la vista fiscal, desde un punto de vista técnico, esta no tiene relevancia, ya que la Sra. nombre reservado tuvo todas las instancias administrativas para ejercer su derecho a defensa. Se trata más bien de un error que no causa indefensión alguna respecto a la recurrente, debido, justamente, a que pudo ejercer su derecho sin impedimento alguno cuestión que contempla el debido proceso aludido, es más, basta jurisprudencia administrativa determina cuando se afecta el debido proceso, no encontrándose en la práctica las causales invocadas en el presente recurso.

C. EN CUANTO A LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. La razón principal por la que los supuestos vicios del procedimiento no puede ser alegados en esta instancia judicial, radica en que es improcedente la acción de protección como remedio para una presunta vulneración verificada en el marco de un sumario administrativo, en que los derechos fundamentales, en su gestación, surgieron como una garantía de los ciudadanos frente a la potestad del Estado, es decir, aparecieron como una forma de protección en la relación “vertical” que se produce entre el ente Estado y el ciudadano. En esa virtud, es de toda trascendencia que la legislación administrativa haya tomado tantos resguardos, precisamente ante el complejo vínculo del Estado frente a la persona, en particular cuando esta última además se encuentra al servicio de aquél, en un rol de funcionario público, quien como tal debe someterse a su autoridad no sólo como ciudadano, sino además como trabajador. Por ese doble sometimiento, es que la fórmula seguida por el ente administrativo es tan reglada y en detalle controlada. Que, es conveniente señalar, que el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, resulta un planteamiento erróneo de la recurrente intentar que, por esta instancia jurisdiccional de orden netamente cautelar, se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma; y finalmente la medida terminal adoptada. Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar, como se postula en la especie- que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades”, línea de razonamiento que es ampliamente compartida por la Excelentísima Corte Suprema. (rol N°99.592-2020). Que, enfocarse en consideraciones en torno a posibles arbitrariedades e ilegalidades o abocarse al examen de presuntas conculcaciones de derechos, es un ejercicio estéril cuando lo que en realidad persigue la recurrente es obtener una nueva revisión del mérito de la sanción a ella aplicada como fruto de un procedimiento legalmente tramitado, que concluyó en una resolución fundada, sólo aduciendo un parecer discrepante en torno al juicio de proporcionalidad recaído en la magnitud de la misma (petición que la recurrente no hizo), atendidas las circunstancias invocadas, sin que de la revisión de los antecedentes se desprenda de modo manifiesto, no obstante, que aquélla haya estado cimentada en el mero capricho del órgano resolutor, al estar refrendada inclusive por el ente contralor, o que haya exorbitado el margen de sus competencias y atribuciones al escoger una de entre el catálogo jurídico de las que le ofrecía el Estatuto concernido. Finalmente invocar el auxilio constitucional por la presunta transgresión de garantías fundamentales si ha sido el propio Estatuto Administrativo el que estableció un procedimiento idóneo al efecto, por lo demás, utilizado en plenitud por la recurrente. Colige que la respuesta es negativa y advierte que no es la vía propicia para alcanzar el efecto perseguido.

Solicita tener por evacuado el informe requerido y en definitiva, rechazar en todas sus partes la acción de protección deducida por la recurrente, toda vez que es infundada e improcedente, con expresa condenación de costas.

Acompaña a su presentación:

1.- Copia íntegra de sumario administrativo, donde se encuentra toda la documentación fundante de procedimiento administrativo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Recurso de Protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que los antecedentes dan cuenta que con fecha 23 de febrero de 2023 se dicta Resolución N° 220, notificada a la actora el 28 de febrero de 2023, mediante la cual se rechaza reposición interpuesta en contra de la Resolución N° 218 de fecha 25 de enero de 2023, que aplica sanción de destitución a la recurrente.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de incompetencia realizada por el recurrente, esta será rechazada, toda vez que se refiera al fondo del asunto sometido a conocimiento, y que esta Corte necesariamente se debe pronunciar, además que no corresponde ser resuelta como excepción previa, puesto que ya fue admitido a tramitación el presente recurso.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, alegada por la recurrida, esta será rechazada, por cuanto el recurso de protección fue interpuesto el día 23 de marzo de 2023, respecto de Resolución N°220 de fecha 23 de febrero de 2023, y notificada el día el 28 de febrero de 2023, es decir, dentro del plazo de 30 días corridos que señala el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

QUINTO: Que, con los antecedentes del recurso y del informe de la recurrida, documentos acompañados, el presente recurso de protección no puede prosperar, por cuanto, no concurre el presupuesto consistente en que el acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales esgrimidos. Toda vez que, en el sumario administrativo, la recurrente ejerció todos los derechos y recursos que la ley permite. Finalizando este, con la sanción que señala la recurrente.

SEXTO: Que, conforme a lo anterior, en la especie, resulta evidente que faltan los supuestos de hecho que permitan justificar la procedencia del recurso de protección, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda calificarse de arbitraria o ilegal, lo que conlleva que no exista amago ni vulneración de las garantías, que la recurrente estima como afectadas. Todo lo cual determina que el recurso interpuesto debe ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, declara:

1.- Que se rechaza la excepción de incompetencia, alegada por la recurrida.

2.- Que se rechaza la excepción de extemporaneidad, alegada por la recurrida.

3.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra la Municipalidad de Pitrufquén.

Redacción a cargo de la abogada integrante Sra. Claudia Lecerf Henríquez.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

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