ARIDOS PMCH LTDA. con MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN

C.A. de Temuco Temuco, seis de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

HUGO GUILLERMO MOLINA RIVEROS, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional según se acreditará de ÁRIDOS PMCH LTDA., representada legalmente por don nombre reservado, deduciendo Acción de Protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN, persona jurídica de Derecho Público representada para estos efectos por su alcaldesa, Sra. JACQUELINE DEL CARMEN ROMERO INZUNZAERO MARTÍNEZ, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, en consideración lo que expone. ANTECEDENTES PRELIMINARES. En nuestro sistema democrático existen una serie de instituciones públicas que tienen por objeto la debida protección de los derechos de las personas y ciudadanos con objeto de evitar y sancionar posibles arbitrariedades de otros entes públicos y privados. Este sistema de contrapesos institucionales se ve reforzado por una serie de mecanismos jurídicos para controlar y evitar la arbitrariedad en el accionar de dichos organismos públicos, los que por mandato de los Artículos 6 y 7 de la CPR sólo están facultados para actuar conforme al marco de sus competencias legales y en la forma que prescriba la ley. Ahora bien, dentro de los entes públicos tenemos a Las Municipalidades que son definidas como "corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas". Es así, la presente Acción de Protección es el recurso adecuado, idóneo y único con el que cuenta el recurrente, en su calidad de víctima de los actos absolutamente ilegales y arbitrarios cometidos por el Sr. alcalde, con el fin que S.S. Iltma. pueda dejarlos sin efecto, particularmente porque dichos actos ilegales y arbitrarios vulneran las garantías constitucionales contempladas en la CPR en favor de mi representado, en particular aquellas que se encuentran consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, N°3 inciso 5°, 16, 21 y N°24 de nuestra Carta Fundamental. 2. DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. Con fecha 28 de julio del año 2022, don nombre reservado, en representación de la empresa Áridos PMCH Ltda. ingresó vía oficia de partes solicitud de permiso municipal para la explotación de un pozo de lastre para la extracción de material pétreo. El objeto de la actividad económica es implementar una faena extractiva en un predio ubicado en el sector Ancue de la Comuna de Pitrufquén, por un volumen aproximado de cuarenta mil metros cúbicos sobre una superficie de diez mil metros cuadrados, con un periodo de operaciones de 18 meses aproximadamente, fuente generadora de trabajo. En cuanto a su ubicación y emplazamiento, el pozo se encuentra ubicado en el Sector Ancue, kilometro 2,7 de la ruta S-710. El tipo de pozo corresponde a un pozo seco, en el cual se considera un volumen de extracción de 40.000 metros cúbicos en una superficie de 10.000 metros cuadrados. En cuanto a los criterios de localización del referido pozo se puede establecer que:

1. NO SE ENCUENTRA EN UNA ZONA O AREA PROTEGIDA;

2. NO ES LECHO DE nombre reservado;

3. NO EXISTE FLORA NI FAUNA EN ESTADO DE CONSERVACIÓN;

4. NO CORRESPONDE A UN SITIO DE INTERES ARQUEOLÓGICO O TURÍSTICO.

5. SE ENCUENTRA A MAS DE 12 KMS. DE LA COMUNA DE PITRUFQUÉN Y A 10 DE LA COMUNA DE GORBEA.

6. LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN UN TERRENO PARTCICULAR DE PROPIEDAD DEL SR. nombre reservado.

7. NO CORRESPONDE A TERRENOS CON SUCEPTIBILIDAD A EROSION, INESTABILIDAD GEOTÉCNICAS E INUNDACIONES.

Características Del Entorno.

El área del proyecto corresponde a un predio de características rurales, sin uso por parte de su propietario, además no presenta la existencia de boque nativo en el lugar. En lo que a aspectos técnicos de la faena el sector se encuentra habilitado correctamente en cuanto a señaléticas y medidas de seguridad en cuanto su funcionamiento, además medioambientalmente se encuentra sujeta a la normativa vigente para sus procesos. Componentes medioambientales. En lo que a Calidad del aire se refiere por ser un área abierta presenta una buena ventilación con frecuentes vientos y lluvias las cuales ayudan a la dispersión y asentamiento del material particulado en suspensión, sin embargo, producto del normal funcionamiento se generará material particulado y emisiones de gases las cuales no tendrán ningún efecto ya que serán de carácter transitorio por las características topográficas. En relación a los Ruidos, la contaminación acústica generada consistente en el movimiento de tierra y carga de camiones, implicará un leve incremento en el nivel de decibeles lo cual disminuirá la calidad acústica del entorno. Se trata de condiciones transitorias e inevitables las cuales no afectaran en gran manera a la población ya que no existen localidades pobladas cerca del lugar a intervenir, además el aumento en la presión sonora ocurrirá en horarios de trabajo los cuales van desde las 8:00 am hasta las 18:00 pm. En cuando a la Geomorfología, el terreno en cuestión corresponde a una zona sin extracciones anteriores de topografía plana sin relieves pronunciados, el material que se pretende extraer es árido. Respecto de las Aguas en el lugar. No existe un cauce de agua mayor en las cercanías del proyecto, el polígono de extracción se delimita en una zona en la cual no toca los álveos de ríos ni masas de aguas superficiales. Sobre la Flora, existe presencia de flora en el lugar comprendida entre matorrales arbustos y árboles, la zona comprendida para la extracción presenta zonas boscosas menores. No se evidencia fauna autóctona que se pueda ver afectada por los trabajos de explotación del empréstito, solo se encuentran aves las cuales habitan en sectores adyacentes. No existe beneficio paisajístico alguno ya que este pertenece a un predio particular. Que, en carpeta administrativa conjuntamente con la solicitud, se acompañaron los siguientes antecedentes: 1. Certificado de dominio vigente de la propiedad objeto del recurso. 2. Contrato de arrendamiento. 3. En lo que, a las relaciones con las comunidades del sector, consta en presentación de carpeta administrativa una carta autorización emitida por el presidente de la comunidad indígena Ancue, Sr. nombre reservado quien con voto favorable del miembro de la comunidad autorizaron al Sr. nombre reservado, socio de la compañía para la apertura y extracción de áridos conforme a sus objetivos sociales. 4. Resolución exenta, donde consta la solicitud de pertinencia de ingreso al SEIA del proyecto “Pozo nombre reservado” de la comuna de Pitrufquén quien se ha pronunciado al respecto declarando que el denominado proyecto “no está obligado a ingresar al sistema de evaluación medioambiental”, en atención a la cantidad de material a extraer conforme los antecedentes presentados y lo dispuesto en el art. 10 letra i) y letra p) de la ley 19.300 y art. 3 literal i.5.1) y letra p) del D.S N°40/2012 Reglamento del SEIA. 5. Plano del lugar. 6. Pago de Patente Municipal ($330.016.-). 3. EN RELACION AL PRIMER INFORME JURÍDICO. Presentada la solicitud, con fecha 15 de noviembre del año 2022 la dirección jurídica de la Ilustre Municipalidad se pronuncia en su informe N°23, a su respecto señalando en sus conclusiones “Que si bien se cumpliría con los requisitos técnicos y jurídicos, -en cuanto a la solicitud de permiso de extracción se refiere resulta imperativo que, previo a otorgar la autorización la unidad del medio ambiente en colaboración con la dirección de obras Municipales efectué un estudio y análisis certero orientado a determinar si efectivamente la zona debe o no ser protegida, toda vez, que es efectivo que muestra Ordenanza de Extracción de Áridos vigente estable lineamientos expresos de protección respecto de zonas susceptibles de protección bajo los lineamientos de la hoja de ruta medioambiental aprobada en la sesión ordinaria N°32 del Consejo Municipal. Que, mediante ingreso N°3330, en presentación hecha por el Ingeniero Ambiental nombre reservado, evacua informe de respuesta aportando nuevos antecedentes al proceso administrativo subsanando vicios en relación a la primera presentación. 4. DEL SEGUNDO INFORME. Posteriormente, en informe jurídico N°27 de fecha 22-09-2022, se pronuncia sobre aquello. Previamente da cuenta que con fecha 29 de agosto del año 2022 la directora de obras municipales evacua informe en relación a la solicitud de la empresa Áridos PMCH LTDA. Donde se estableció que: a. Se tomó registro en terreno del lugar de la faena. b. Se verifico el hecho que el lugar no es lecho ni ribera de rio. c. Se adjuntó pago de derechos.

d. Plan de manejo (informe topográfico) e. Pago de Tasas. Con todo, se trajo a la vista un informe técnico medioambiental el cual señala que existe un curso natural de agua que desemboca y alimenta hídricamente a la cuenca del rio Toltén. Señala además dicho informe, “Que habiéndose identificado en la zona de interés un conjunto de intervenciones prexistentes correspondientes a pozos de extracción de áridos, algunos de los cuales se encuentran señalados y denunciados por la Contraloría Regional por carecer de permiso municipal. Que el departamento jurídico analizando los antecedentes estimo que resulta improcedente acceder por el momento a autorizar la extracción del material por parte del solicitante. En definitiva, por segunda vez la municipalidad niega al solicitante la autorización para la realización de su actividad económica. Sumado a la negativa de la Municipalidad para autorización la faena consta la presentación de cuatro denuncias: 1. Denuncia 23005 de feca 07-09-2022, por nombre reservado. Motivo de la denuncia CAMIONES A EXCESO DE VELOCIDAD. 2. Denuncia 23362 de fecha 28-09-2022, por doña nombre reservado. Motivo de la denuncia, PRESUNTAMENTE SE ESTAN SECANDO LOS CAMPOS. 3. Denuncia 23094 de fecha 28-09-2022, por doña nombre reservado. Motivo de la denuncia SE ESTAN DAÑANDO LOS FLUJOS DE AGUA EN EL ECOSISTEMA. 4. Denuncia 23403 de fecha 30-09-2022, por don nombre reservado, motivo de la denuncia SECTOR ANCUE EL AGUA ES VITAL PARA TODOS. Por las denuncias incoadas, la superintendencia instruyó una investigación para determinar la efectividad de ellas, las que en ORD N° 15 de fecha 06-01-20023, contestando oficio 237 de fecha 05-12-2022 la Ilustre Municipalidad de Pitrufquén Informa a la SMA. Sobre el requerimiento de información en relación a las denuncias realizadas en contra del denominado “POZO nombre reservado”. En dicho ORD. se informó en relación a la situación informada aludida en la denuncia se constató mediante informe N°62 de fecha 27-12-2022 que el “Pozo nombre reservado” actualmente no ha comenzado a funcionar, habiéndose verificado en terreno que no existe actividad extractiva ni movimiento de maquinarias en terreno contemplado dentro del proyecto. 5. DENUNCIA DE SILENCIO POSITIVO. Así las cosas, a esta instancia no se justifica una negativa por parte de la municipalidad toda vez que el solicitante ha cumplido con la totalidad de la documentación exigida, es que con fecha 19-04-2023 se interpone vía oficina de partes denuncia en silencio positivo invocando las normas del art. 23 de la ley 19980. En relación al escrito presentado, con fecha 04 de mayo del año en curso mediante oficio ORD.N°492 la Municipalidad se pronuncia respecto de la petición formulada por Áridos PMCH LTDA., y además teniendo como fundamentos la solicitud formulada el 28-07-2022, lo informado por la directora de obras y el departamento jurídico mediante informes N°23 y 39 respectivamente, las denuncias hechas ante la superintendencia del Medio Ambiente, que en su concepto son denuncias concretas en contra del proyecto, lo que en la especie resulta ser completamente falso. Resolviendo en definitiva RECHAZAR por tercera vez, la solicitud de funcionamiento, extracción y apertura para la comercialización de áridos. 6. DERECHOS VULNERADOS, AMENAZADOS Y/O PERTURBADOS. Sin perjuicio de las infracciones a las garantías denunciadas esta parte, nos referiremos a la garantía del artículo 19 N°2, 21 y 24 de la Constitución Política de la Republica. La garantía constitucional de la igualdad ante la ley se encuentra consagrada en el artículo 19 N° 2 de la CPR, el cual dispone: “La Constitución asegura a todas las personas: 2° La igualdad ante la ley.” En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

En último término, la igualdad ante la ley exige que tanto las normas jurídicas como el trato de las Autoridades sean iguales para todas aquellas personas que se encuentren en idénticas circunstancias, sin conceder privilegios o prerrogativas ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se encuentren en condiciones similares. La administración (municipalidad) debió cumplir con estándares de independencia y objetividad similares a los utilizados en otros casos de pozos que si fueron autorizados en el tiempo intermedio por la alcaldesa sin las cortapisas impuestas a mis representados lo que consta en decretos alcaldicios concediendo autorizaciones de extracción a pozos ubicados en las cercanías del denominado “Pozo nombre reservado” Garantía Constitucional del art. 19° N° 21.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. El acto arbitrario e ilegal en el caso sub-lite es la infracción por parte de la municipalidad a la garantía constitucional del art. 19 N°21 de nuestra Constitución Política de la República esto es EL DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Esta infracción se traduce en la negativa sistemática de la Municipalidad en autorizar la extracción de los áridos, entendiendo que el solicitante ha cumplido cabalmente con todos los requisitos impuestos por la autoridad, yendo más allá incluso. Esta garantía, conocida como el derecho a la libre iniciativa económica, fue consagrada en la Constitución de 1980 en los términos siguientes: La Constitución asegura a todas las personas: "21° El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Esta garantía, como lo señala expresamente el texto, ampara el desarrollo de cualquier actividad económica que no contraríe la moral, el orden público o la seguridad nacional. Una actividad económica deja de ser legitima cuando emplea arbitrios que conduzcan a la marginación de otros empresarios por razones que no derivan de su ineficiencia; puede realizarse en forma contraria a su naturaleza cuando interviene en campos que no le son propios y puede no ser razonable cuando su tarea empresarial busca objetivos ajenos al fin lícito de la empresa. Siempre que una desviación como las señaladas ocurra, la actividad económica está operando al margen de la legislación reguladora y no puede pretender la protección constitucional del Nº 21 del art.19. La garantía en estudio protege el derecho a la libre iniciativa en materia económica aún de vulneraciones provenientes de particulares se ratifica con la discusión que, en la Comisión de Estudio de la Constitución de 1980, se produjo al estudiar el precepto que, en el futuro, consagraría al llamado de Recurso de Protección. Para concluir, el artículo 19 Nº 21 de la Constitución asegura el derecho a desarrollar actividades económicas conforme a las leyes que las regulan. La vulneración a esta garantía puede originarse de actos u omisiones de cualquier autoridad pública lo que en la especie aquí ha ocurrido con la conducta desplegada por la recurrida. El derecho de propiedad se circunscribe dentro del Orden Público Económico, institución jurídica integrada por una serie de normas constitucionales que establecen las bases de nuestro sistema económico y el marco en que se deberán desarrollar las relaciones entre el Estado, los particulares y la sociedad. El Orden Público Económico se define como el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución3, su finalidad es restringir la actividad del Estado, otorgándole un carácter de subsidiario. Es trascendental hacer referencia a las facultades esenciales que de ella emanan. Estas son: El uso, consiste en servirse de la cosa según su naturaleza, sin que su utilización importe su destrucción. La facultad de goce permite al propietario apoderarse o servirse de los frutos y productos que emanen de la cosa sobre la que se ejerce el derecho. nombre reservado señala, “a nivel constitucional, implica en forma fundamental reconocer los derechos naturales de las personas en materia económica, habilitando al legislador para regular el libre ejercicio de las garantías y pudiendo, sin afectar su esencia, limitar o restringirlos, pero por ningún motivo suprimirlos. Las Garantías Constitucionales que resguardan este principio se incluyen en el artículo 19 Nº 20: igual repartición de los tributos, Nº 21: derecho a desarrollar cualquier actividad económica, Nº 22: obligación del Estado y sus organismos a no discriminar arbitrariamente en materia económica, Nº 23: la libertad para adquirir el dominio sobre cualquier clase de bienes, Nº 24: derecho de propiedad y Nº 25: derecho de propiedad intelectual e industrial. Estos principios y garantías serán eficaces tan sólo en la medida que exista un mecanismo de reclamación contra la inconstitucionalidad de la norma legal y un Tribunal encargado de resolverla, a saber: a) el Recurso de Protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política, tiene por finalidad proteger de cualquier privación, perturbación o amenaza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías en él enumerados y; b) el Recurso de Amparo Económico, creado por la Ley Nº 18.971, de 10 de marzo de 1990, persigue cautelar las infracciones cometidas respecto del artículo 19 Nº 21 de la Carta Fundamental. Sabido es que, dentro de las facultades que comprende el derecho de propiedad está el usar, gozar y disponer de la cosa. Para hablar de las facultades que comprende el derecho de derecho de propiedad debemos Finalmente, encontramos la facultad de disposición, que no debemos confundir con la capacidad de disposición. La jurisprudencia ha reconocido que en ciertos casos la facultad de goce puede constituir un derecho de carácter inmaterial respecto del derecho de dominio. Así en el caso “Pellet con Pardo” se da un tratamiento distinto a la facultad de goce al señalar que “las transmisiones de cualquiera de las estaciones de radiodifusión, televisión, es un derecho de goce, que se encuentra amparado por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, el asegurarse el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre cosas corporales o incorporales. En efecto, el derecho de goce aludido queda comprendido en que aquellos asegurados por la norma constitucional, toda vez que, conforme con lo dispuesto en el artículo 583 del Código Civil sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad”. En la especie, la recurrida ha conculcado esta garantía en comento al privar a su propietario quien ha entregado en arriendo la propiedad con el objeto de ser explotada y recibir réditos por ello, viendo impedida la facultad de usar y gozar de su derecho de dominio en plenitud.

Por ello pide, tener por interpuesta Acción de Protección de Garantías Constitucionales, en contra de la MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN, representada por su Alcaldesa doña Jacqueline Romero Inzunza, ambos ya individualizadas, quienes ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales que importan privación, perturbación y/o amenaza del legítimo ejercicio de la garantías fundamentales invocadas, en razón de los hechos referidos que al ordenar la autorización para la extracción de material pétreo desde el proyecto denominado “Pozo nombre reservado”, debiendo adoptar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del Derecho, y como peticiones concretas: 1. Se ordene a la recurrida, autorizar a la empresa Áridos PMCH LTDA. su funcionamiento para la extracción de 40.000 metros cúbicos de material pétreo sobre una superficie de 10.000 metros cuadrados por el termino de 18 meses de obra o faena. 2. Dictar las demás medidas que se estimen pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca en la presente Acción de Protección; y. 3. Se condene en costas al recurrido. Acompaña: 1. Solicitud de permiso municipal. 2. Informe jurídico N°23. 3. Respuesta informe jurídico N°23. 4. Informe jurídico N°39. 15-11-2022 5. Ord. N°15 6. Ord. N°492 7. Decreto municipal N°1155. 8. Decreto municipal N°534. 9. Decreto Municipal N°1675. 10. Decreto municipal N°1700.- KURT ROUSSEL nombre reservado, abogado, C.N.I RUT reservado, y CONSTANZA ROMERO PAREDES, abogada, C.N.I. RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos, en domicilio reservado, en representación de la MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN, institución de derecho público, R.U.T RUT reservado, representada legalmente por su alcaldesa doña JACQUELINE ROMERO INZUNZA, chilena, divorciada, del mismo domicilio, informando: I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE PROTECCIÓN. Para efectos de determinar la admisibilidad de la presente acción de protección, resulta fundamental analizar, en su esencia, lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que crea tal medio cautelar de garantías constitucionales, que dispone: Artículo 20.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Tal como lo expresa la norma recién citada, y ratifica el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, la acción o recurso de protección procede contra actos u omisiones, arbitrarios o ilegales, que puedan ocasionar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por tanto, para que la acción incoada por el actor sea susceptible de ser acogida por resulta fundamental que existan, a lo menos, indicios claros de un acto u omisión arbitraria y/o ilegal perpetrada por la Municipalidad de Pitrufquén, a través de un acto administrativo, que vulnere las garantías fundamentales del recurrente; lo que, a criterio de esta parte, en la especie no se vislumbra, cuestión que será sustentada mediante los argumentos de hecho y de derecho que se expondrán mediante el presente informe. Por otra parte, en lo que respecta al cómputo del plazo para la interposición del recurso, y como se demostrará en transcurso del presente, el recurrente no da cuenta de una fecha cierta respecto de la ejecución del supuesto acto o la ocurrencia de la omisión ilegal y arbitraria, a partir de la cual se pueda contar el plazo de treinta días otorgado por el legislador, debiendo, en efecto, declararse inadmisible, toda vez que ni siquiera el recurrente se refiere al cumplimiento del plazo para su interposición.

II. SOBRE EL ACTO U OMISIÓN ILEGAL Y ARBITRARIO QUE SE RECLAMA. Que, de la lectura del libelo de acción de protección presentado por el recurrente, no se logra dilucidar cual sería el presunto acto u omisión respecto del cual el actor recurre, ya que, de su lectura, se puede observar que éste alude, de manera evidentemente escueta, a la supuesta conducta ilegal y arbitraria, ejecutada por nuestra representada, que habría vulnerado sus garantías fundamentales, expresándolo en los siguientes términos: “El acto arbitrario e ilegal en el caso sub-lite es la infracción por parte de la municipalidad a la garantía constitucional del art. 19 N°21 de nuestra Constitución Política de la República esto es EL DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Esta infracción se traduce en la negativa sistemática de la Municipalidad en autorizar la extracción de los áridos, entendiendo que el solicitante ha cumplido cabalmente con todos los requisitos impuestos por la autoridad, yendo más allá incluso.” Como se puede apreciar S.S.I., el acto u omisión ilegal que sustentaría la acción de protección de autos sería “la negativa sistemática de la Municipalidad en autorizar la extracción de los áridos, entendiendo que el solicitante ha cumplido cabalmente con todos los requisitos impuestos por la autoridad, yendo más allá incluso”. III. SOBRE LA MATERIALIZACIÓN DEL ACTO U OMISIÓN ILEGAL Y ARBITRARIO QUE SE RECLAMA. En primer lugar, S.S.I, para determinar si existe una acción ilegal o arbitraria por parte de la Municipalidad de Pitrufquén, es menester tener en consideración lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que prescribe: Artículo 3º. Concepto de Acto administrativo. Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos.

Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones. El decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro "Por orden del Presidente de la República", sobre asuntos propios de su competencia. Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión. Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias. Las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente. Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional. Así las cosas, y como se desprende del libelo de protección, el recurrente no logra explicar, de manera concreta y con exactitud, cuál es el acto ilegal y arbitrario en contra del cual dirige el recurso (llámese decreto alcaldicio o una resolución equivalente), pues no se refiere específicamente a una decisión escrita que fuera adoptada por esta Administración, donde se contenga una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública, que niegue de forma definitiva la autorización solicitada. En ese mismo sentido, el recurrente solo manifiesta que el actuar ilegal y arbitrario de la Municipalidad de Pitrufquén, se derivaría de dos informes jurídicos emitidos por la Dirección de Asesoría Jurídica de dicha entidad edilicia; no obstante, al respecto vale tener a la vista lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, a saber: “Artículo 38. Valor de los informes. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. Si el informe debiera ser emitido por un órgano de la Administración distinto del que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera evacuado, se podrán proseguir las actuaciones.” Que, como se acreditará mediante la documentación que se acompaña en un otrosí de esta presentación, ninguno de los informes jurídicos a los que alude el recurrente son vinculantes, ya que no contienen ni manifiestan una decisión formal, donde se manifieste o materialice un acto administrativo terminal con respecto a la solicitud de autorización realizada por el Sr. nombre reservado. De esta forma, la ambigüedad manifestada en el libelo de acción de protección no permite dilucidar, específicamente, cuál es la acción u omisión ilegal o arbitraria, materializada en un respectivo acto administrativo, que estaría vulnerando los derechos fundamentales de don nombre reservado. Por todo lo anteriormente explicado, la acción de protección incoada no es susceptible de ser admitida a tramitación, pues el relato de los hechos y, principalmente, su parte petitoria, es sumamente vaga e imprecisa, ya que no se logra dilucidar cual es, concretamente, el acto administrativo que se pretende impugnar, o la supuesta omisión, teniendo en consideración que la Municipalidad de Pitrufquén siempre ha dado respuesta a las presentaciones realizadas por el recurrente, otra cosa es que el actor no concuerde con el criterio de nuestra representada. IV. EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO ➢ LOS HECHOS. Para efectos de contextualizar lo informado por medio del presente, resulta necesario exponer los hechos que dieron origen a la acción deducida por don nombre reservado. - Que, con fecha 28 de julio de 2022, don nombre reservado ingresa carpeta y solicitud de autorización para la extracción de 40.000 M3 de material árido, cuyas labores de extracción se realizarían en el sector de Ancúe, propiedad individualizada como Lote A, Rol N°387-225, de la comuna de Pitrufquén. - Que, la solicitud junto con los respectivos antecedentes es derivada en primera instancia a la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Pitrufquén, donde es evaluada por un profesional de dicha dirección, siendo observada con fecha 18 de julio de 2022. Al respecto es dable señalar, que las observaciones técnicas realizadas por esa dirección fueron subsanadas por el solicitante de forma posterior. - Que, con fecha 29 de agosto de 2022, la Directora de Obras Municipales, evacua Informe Técnico de Extracción de Áridos N°27/2022, donde manifiesta que la empresa solicitante cumpliría con los requisitos solicitados en la Ordenanza de Extracción de Áridos de la comuna de Pitrufquén. - Que, con fecha 06 de septiembre de 2022, es ingresado a la Dirección de Asesoría Jurídica, el Informe Técnico de Extracción de Áridos N°27, por instrucción de la Sra. Alcaldesa, para efectos de evacuar informe jurídico al respecto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N°18.695. - Que, con fecha 22 de septiembre de 2022, la Dirección de Asesoría Jurídica emite el Informe Jurídico N°23/2022, mediante el cual efectúa observaciones de carácter jurídico, y además, se tiene a la vista Informe Técnico Ambiental emitido por la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de Pitrufquén, de fecha 20 de septiembre de 2022, el cual se pronuncia respecto de la situación relativa a las actividades de extracción de áridos en el sector de Ancúe, de la comuna de Pitrufquén; donde informa a la autoridad edil, que en dicho sector ha tenido lugar una sobreexplotación de recursos naturales, por lo cual recomienda que no se otorguen más permisos de extracción de áridos en el sector rural de Ancúe, a fin de resguardar su potencial ecológico, turístico y educativo. - Que, mediante el referido Informe Jurídico N°27, la Dirección de Asesoría Jurídica concluye que la recomendación efectuada por la Unidad de Medio Ambiente es coherente y asertiva, y se ajusta a los lineamientos contenidos en la Hoja de Ruta Ambiental Comunal aprobada mediante Acuerdo N°222 de fecha 17 de mayo de, toda vez que en los entornos del sector de Ancúe, se encuentran situados, al menos, dos grandes pozos de extracción de áridos, que han sido clausurados por su ilegalidad, y que han afectado el paisaje en general de dicho sector, cuyo sector además se encuentra cercano al Rio Donguil, el cual es susceptible de ser declarado como humedal. De acuerdo con lo anterior, se sugirió tener en consideración la recomendación realizada por la Unidad de Medio Ambiente. - Que, con fecha 28 de octubre de 2022, don nombre reservado realiza una nueva presentación, mediante la cual subsana las observaciones jurídicas contenidas en el Informe Jurídico N°23. - Que, con fecha 11 de noviembre de 2022, ingresa a la Oficina de Partes de la Municipalidad de Pitrufquén, el Ordinario OAR N°208/2022, de fecha 07 de octubre de 2022, proveniente de la Superintendencia de Medio Ambiente, que se refiere a 4 denuncias recibidas con respecto a la sobreexplotación de pozos de árido, específicamente, un total de 7 existentes, ubicados en el sector de Ancúe, a los cuales se agregaría un octavo pozo, derivado del proyecto de extracción denominado “Pozo nombre reservado”, del Sr. nombre reservado. - Que, el Ordinario OAR N°208/2022 da cuenta de una serie de denuncias, a través de las cuales se manifiesta que las extracciones realizadas en el Sector de Ancúe, han generado la rotura de las napas producto de las excavaciones, generando problemas de abastecimiento de agua. - Que, con fecha 15 de noviembre de 2022, la Dirección de Asesorpia Jurídica emite un nuevo Informe Jurídico N°39, que se pronuncia respecto de la presentación realizada por el Sr. nombre reservado de fecha 28 de octubre de 2022. Mediante el referido informe, se señala que, si bien se habrían subsanado las observaciones de carácter jurídico, existirían nuevos antecedentes que influyen en el otorgamiento de la autorización solicitada, principalmente lo informado mediante el Ordinario OAR N°208/2022, de fecha 07 de octubre de 2022, proveniente de la Superintendencia de Medio Ambiente. Por lo cual, se sugirió que no se otorgará la referida autorización sin que antes se evaluará a cabalidad los efectos del proyecto en el sector afectado por sobrexplotación, ya que resultaba fundamental prevenir que la extracción pudiera generar la rotura de las napas subterráneas, a raíz de la profundidad de la propia excavación, generando problemas de abastecimiento para la comunidad rural de Ancúe. - Que, finalmente, la Dirección de Asesoría Jurídica manifiesta en el referido informe, que éste no es vinculante ni contiene una decisión final en cuanto a la materia de que trata. - Que, con fecha 19 de abril de 2023, don nombre reservado, ingresa a la Oficina de Partes de la Municipalidad de Pitrufquén, una denuncia de Silencio Positivo, con respecto a la solicitud de autorización para la extracción de 40.000 M3 de material árido, realizada con fecha 28 de julio de 2022.

- Que, con fecha 04 de mayo de 2023, la Municipalidad de Pitrufquén emite el Oficio Ordinario N°492, en virtud del cual resuelve la denuncia y solicitud de aplicación de Silencio Administrativo Positivo, realizada con fecha 19 de abril de 2023 por don nombre reservado. - Que, mediante el referido Oficio Ordinario N°492, la Municipalidad de Pitrufquén determinó rechazar en todas sus partes la denuncia de Silencio Positivo de fecha 19 de abril de 2023, en su lugar, aplicó el Silenció Administrativo Negativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley N°19.880. V. SOBRE LAS RECLAMACIONES. Del análisis de los antecedentes que obran a disposición de la Municipalidad de Pitrufquén, con relación a la solicitud de autorización de extracción de áridos realizada por don nombre reservado, se puede colegir, que la principal reclamación que efectúa el recurrente, dice relación con que su solicitud cumple técnicamente con los requisitos establecidos en la Ordenanza de Áridos vigente en la comuna de Pitrufquén, y que, por lo tanto, la entidad edilicia debería acceder a otorgar el permiso respectivo. En el mismo sentido, el recurrente ha manifestado que no es factible negarle la autorización solicitada en base un informe técnico medio ambiental, ya que aquel antecedente no se encuentra contemplado en la Ordenanza de Áridos Vigente, como requisito copulativo para acceder al permiso de extracción. VI. EL DERECHO. ▪ En cuanto a los permisos de extracción de áridos: Es del caso señalar que el municipio es el órgano público que puede autorizar la extracción de áridos, tanto de cauces de ríos y esteros. Asimismo, puede cobrar las tasas que establezca en su ordenanza local por este concepto, en ríos y esteros, bienes nacionales de uso público como de pozos lastreros en una propiedad particular. Además, puede otorgar una patente si la actividad contempla algún proceso de elaboración y los productos son vendidos directamente por el producto. La Ley N° 11.4021, establece en su artículo N°11, que la extracción de ripio y arena de los cauces de ríos y esteros podrá realizarse con autorización de la municipalidad respectiva y previo informe técnico de la Dirección General de Obras Públicas. Además, el mismo cuerpo legal faculta a los municipios para cobrar los derechos o subsidios que establezca la ley. Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece en su artículo N° 5° la responsabilidad que le cabe al municipio de “administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna” salvo que expresamente una ley determine la responsabilidad de otro órgano. El mismo cuerpo legal señala en su artículo N°36, que los bienes municipales y los bienes nacionales de uso público incluido el subsuelo, que administra el municipio pueden ser objeto de concesiones y permisos, respecto de los cuales, el municipio respectivo, puede darles termino en cualquier momento, en caso de que se produzca menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando concurran otras razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponder. ▪ En cuanto a la protección del medio ambiente: La Ley N° 19.300 establece en su artículo N°10 los proyectos y actividades susceptibles de causar impacto ambiental y que debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. En relación a la extracción de áridos cabe considerar sus letras i) y s) que señalan lo siguiente: I) Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda; s) Ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración física o química a los componentes bióticos, a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano, y que impliquen su relleno, drenaje, secado, extracción de caudales o de áridos, la alteración de la barra terminal, de la vegetación azonal hídrica y ripariana, la extracción de la cubierta vegetal de turberas o el deterioro, menoscabo, transformación o invasión de la flora y la fauna contenida dentro del humedal, indistintamente de su superficie. Luego el reglamento de esta Ley, Decreto N° 40 de 20137, precisa que el concepto de proyecto o actividad de extracción de áridos o gredas, de dimensiones industriales corresponde a lo siguiente: Se entenderá que los proyectos o actividades de extracción de áridos o greda son de dimensiones industriales cuando: i.5.1 Tratándose de extracciones en pozos o canteras, la extracción de áridos y/o greda sea igual o superior a diez mil metros cúbicos mensuales (10.000 m³/mes), o a cien mil metros cúbicos (100.000 m³) totales de material removido durante la vida útil del proyecto o actividad, o abarca una superficie total igual o mayor a cinco hectáreas (5 ha); i.5.2 Tratándose de extracciones en un cuerpo o curso de agua, el volumen total de material a remover durante la vida útil del proyecto o actividad sea igual o superior a veinte mil metros cúbicos (20.000 m³) tratándose de las Regiones de Arica y Parinacota a Coquimbo, o a cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m³), tratándose de las Regiones de Valparaíso a Magallanes y Antártica Chilena, incluida la Región Metropolitana de Santiago; i.5.3 Tratándose de extracciones de arena en playa, entendiéndose por ésta aquella porción de territorio comprendida entre la línea de baja y alta marea, la extracción sea igual o superior a cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3) durante la vida útil del proyecto. Resulta sumamente relevante señalar S.S.I., que la Ley N° 19.300 establece la distinción entre los proyectos que deben presentar una declaración de impacto ambiental o a un estudio según si se presentan algunas de las siguientes condiciones: a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos; b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire; c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y áreas con valor para la observación astronómica con fines de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar; e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, y f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. ▪ En cuanto a las atribuciones de la municipalidad en materia de protección del medio ambiente: El artículo 4°, letra b), de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone: Artículo 4º.- Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: (…) b) La salud pública y la protección del medio ambiente El artículo 5°, en su inciso tercero, de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone: “(…) Sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros organismos públicos, las municipalidades podrán colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro de los límites comunales.”

Por su parte, el artículo 65 de la Ley N°19.300, dispone lo siguiente: “Artículo 65.- Sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en otras normas legales, las municipalidades recibirán las denuncias que formulen los ciudadanos por incumplimiento de normas ambientales y las pondrán en conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente para que ésta les dé curso. La municipalidad requerirá a la Superintendencia del Medio Ambiente para que le informe sobre el trámite dado a la denuncia. Copia de ésta y del informe se hará llegar a la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente. Con el mérito del informe, o en ausencia de él transcurridos treinta días, la municipalidad pondrá los antecedentes en conocimiento del Ministerio del Medio Ambiente.” Que, como se desprende de la normativa antes citada, la municipalidad tiene diversas facultades en lo que refiere al cuidado y protección del medio ambiente. Al respecto, hay que tener presente que, en la especie, y de acuerdo a las cantidades de extracción informadas por el recurrente, su actividad no sería de magnitud industrial, y contaría con la carta de pertinencia expedida por el SEIA, que acredita que el proyecto no debe ser sometido a evaluación de impacto ambiental. No obstante, ello no significa que el proyecto no pudiere generar un impacto ambiental en el sector de Ancúe, y es ahí donde surge la problemática, toda vez que el recurrente afirma que su proyecto no tendrá mayor impacto, sin embargo, existe preocupación en las comunidades aledañas, pues han manifestado que la sobreexplotación originada por los pozos de extracción de áridos en el sector de Ancúe, amenaza el abastecimiento hídrico que yace en las napas subterráneas del sector. Al respecto, se puede señalar que, si bien el proyecto “Pozo nombre reservado” no supera los 100 mil M3, el proyecto se encuentra situado en una zona geográfica evidentemente sobreexplotada, pues existen a su alrededor diversos pozos lastreros de grandes magnitudes, los cuales se encuentran clausurados a la fecha del presente informe. ▪ Observaciones importantes que tener en consideración respecto a la normativa medio ambiental aplicable a los áridos: ➢ El Sistema de evaluación ambiental evalúa los impactos ambientales de un proyecto o actividad y aprueba o rechaza la solicitud mediante un Certificado de Calificación Ambiental. Según señala la Ley N°19.300 tiene la obligación de someter a este procedimiento los proyectos de extracción industrial de áridos, turba o greda. La norma califica el carácter industrial del proyecto según el volumen y/o área del proyecto. ➢ Las normas vigentes no precisan otras exigencias que las señaladas respecto del procedimiento de extracción de áridos, particularmente sobre la extracción no industrial, sin perjuicio de que los municipios pueden establecer otras exigencias a través de sus ordenanzas locales sobre la materia. ➢ La extracción no industrial engloba extracciones de distinta magnitud y características, que no encuentran categorizadas en las normas vigentes. ➢ No existen normas que establezcan estándares generales respecto de la extracción no industrial, como lo es el caso del proyecto “Pozo nombre reservado”. ➢ Tampoco se dispone de información que permita dar cuenta de los mecanismos de control y fiscalización específicos para esta materia, que aseguren el cumplimiento de las normas vigentes. ➢ Ante las lagunas legales que existen sobre la extracción no industrial de áridos, y existiendo denuncias concretas en contra del proyecto de extracción del recurrente de autos; la Municipalidad de Pitrufquén, debe tomar medidas concretas tendientes a prevenir que dicho proyecto, -o cualquier otro de características similares en cuanto a su eventual impacto-, no genere efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo y el agua, o la alteración significativa de los sistemas de vida de las comunidades circundantes; así como también, una eventual alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de la zona de Ancúe. Por todo lo anteriormente señalado, esta parte estima S.S.I., que no existe arbitrariedad o ilegalidad en el actuar de la Municipalidad de Pitrufquén, toda vez que, como se demostrará, -y sin perjuicio de que el proyecto cumple en lo técnico-, el proyecto del Sr. nombre reservado constituye un riesgo medio ambiental para el sector de Ancúe y su comunidad aledaña, y es deber de mi representada, velar por bienestar general de la comunidad local, por sobre los intereses particulares, cuando aquellos amenazan con la afectación de la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Pitrufquén.

Por tanto, pide tener por evacuado el informe requerido por V.S.I., mediante resolución de fecha 06 de junio de 2023, folio 3, y, en definitiva, rechazar la acción de protección deducida por el recurrente, toda vez que es infundada e improcedente, con expresa condena en costas. Acompaña:

- Expediente completo del procedimiento administrativo iniciado a solicitud de don nombre reservado, respecto de la autorización para la extracción de 40.000 M3 de material árido en el sector de Ancúe, propiedad individualizada como Lote A, Rol N°387-225, de la comuna de Pitrufquén.

- Mandato Judicial de fecha 12 de julio de 2021, Repertorio N°506- 2021.

- Mandato Judicial de fecha 12 de julio de 2021, Repertorio N°507- 2021.

POR LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República está establecido en favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere el citado artículo. El afectado puede, en tal caso, ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, sin perjuicio de los derechos que pueda valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEGUNDO: Que, la recurrida a través del presente recurso solicita que a través del presente recurso se ordene a la I. MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN, autorizar a la empresa Áridos PMCH LTDA. su funcionamiento para la extracción de 40.000 metros cúbicos de material pétreo sobre una superficie de 10.000 metros cuadrados por el termino de 18 meses de obra o faena y se dicten las demás medidas que se estimen pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca en la presente Acción de Protección ya que a su juicio ha operado el silencio positivo conforme a las normas del art. 23 de la ley 19980.

TERCERO: Que, la recurrida indica en relación con la situación del silencio que, con fecha 19 de abril de 2023, don nombre reservado, ingresa a la Oficina de Partes de la Municipalidad de Pitrufquén, una denuncia de Silencio Positivo, con respecto a la solicitud de autorización para la extracción de 40.000 M3 de material árido, realizada con fecha 28 de julio de 2022. Que, con fecha 04 de mayo de 2023, la Municipalidad de Pitrufquén emite el Oficio Ordinario N°492, en virtud del cual resuelve la denuncia y solicitud de aplicación de Silencio Administrativo Positivo, realizada con fecha 19 de abril de 2023 por don nombre reservado. Que, mediante el referido Oficio Ordinario N°492, la Municipalidad de Pitrufquén determinó rechazar en todas sus partes la denuncia de Silencio Positivo de fecha 19 de abril de 2023, en su lugar, aplicó el Silenció Administrativo Negativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley N°19.880.

CUARTO: Que, el Decreto Ley Nro. 3063 de rentas Municipales en su Art. 42º Nº3 faculta a los Municipios para otorgar los permisos y cobrar derechos por la extracción de arena, ripio y otros materiales, desde bienes nacionales de uso público, como lo son los cauces de ríos, esteros y lagos. Asimismo, la Ley Nº11.402 del M.OP., en su Art. 11º señala que la explotación de ripios y arenas en los cauces naturales se deberá efectuar con permiso de los Municipios correspondientes, previo informe técnico favorable del Ministerio de Obras Públicas a través del Departamento de Defensas Fluviales de la Dirección General de Obras Públicas. En conclusión, la legislación vigente relativa a la extracción de áridos desde los cauces naturales determina que son los Municipios los organismos que otorgan los permisos administrativos y concesiones de extracción. Para ello, previamente, se debe contar con la aprobación técnica de la Unidad de Defensas Fluviales del MOP. En consecuencia, se encuentra normado que las Municipalidades podrán cobrar derechos por los permisos que otorguen para la extracción de arena, ripio o materiales, de bienes nacionales de uso público o desde pozos lastreros de propiedad particular, salvo cuando se trate de materiales destinados a la ejecución de obras públicas. Asimismo el al artículo 58 del Decreto 2385, que fija el texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N°3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales, el cual establece que: "La mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho pago, facultará al alcalde para decretar la inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento, por todo el tiempo que dure la mora y sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere ejercitar para obtener el pago de lo adeudado. Del mismo modo, podrá el alcalde decretar la clausura de los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que les fueren impuestas en conformidad con los artículos precedentes. La violación de la clausura decretada por el alcalde será sancionada con una multa de hasta el equivalente a cinco unidades tributarias mensuales cada vez que sea sorprendido abierto el local o ejerciendo el giro". Adicionalmente, los Municipios se encuentra obligados a aplicar la clausura de un establecimiento sin patente, conforme al artículo 19, N° 21, de la Carta Fundamental, que únicamente reconoce el derecho a desarrollar cualquier actividad económica si se respetan las normas legales que la regulan, de manera que no hacerlo, afecta la garantía de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria en el trato que el Estado y sus organismos, deben dar en materia económica.

QUINTO: Que, en el ámbito municipal la ley 18.695 establece que ante el silencio del municipio opera el silencio negativo. Al efecto, el artículo 151 del referido texto normativo dispone que en el caso de los reclamos que se interpongan en contra de las omisiones ilegales de la municipalidad el plazo para reclamar corre desde el requerimiento y que se considerará rechazado el reclamo si el alcalde no se pronunciare dentro del término de quince días, contado desde la fecha de su recepción en la municipalidad.

En el presente caso, no tienen aplicación las normas de la ley 19.880 al existir texto expreso que dirimió el curso de acción, Se está ante procedimientos reglado en que la aplicación supletoria de la ley 19.880 en los que respecta al silencio es improcedente, por lo que no es posible concluir como indica la recurrente que ha operado el silencio positivo.

SEXTO: Que, adicionalmente se debe consignar, que no corresponde que se discuta en esta instancia ordenar a la I Municipalidad de Pitrufquén, autorizar a la empresa Áridos PMCH LTDA. la extracción de 40.000 metros cúbicos de material pétreo sobre una superficie de 10.000 metros cuadrado, en el área indicada con a anterioridad, ya que se está ante una cuestión que es propia de una acción de lato conocimiento, y del ámbito de la discrecional administrativa técnica, existiendo además la vía específica a través del cual el recurrente debe encauzar su actuar. En efecto, cabe a la recurrente encauzar su reclamación a través del procedimiento previsto en el artículo 151 de la ley 18.695 presentado la correspondiente reclamación de ilegalidad ante la omisión alcaldicia, no pudiendo entenderse que lo actuado hasta la fecha haya supuesto dar aplicación a dicha normativa, razón por la cual aún se conserva el derecho para hacer uso de la misma.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE DESESTIMA el recurso de protección deducido por el abogado HUGO GUILLERMO MOLINA RIVEROS, en representación convencional de ÁRIDOS PMCH LTDA., en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Roberto David Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-7329-2023.(jog)